De manera insólita, se han impuesto las “jugaditas” que inauguró el senador Macías del Centro Democrático para no respetar el contenido de las reglas de juego dispuestas en la ley para el relacionamiento entre el Gobierno y la Oposición. En ese entonces, con mayorías de gobierno en el legislativo se las arreglaron para no escuchar la réplica de la Oposición. En la actualidad, el presidente del Senado, senador conservador Efraín Cepeda cambia el orden del día para impedir la continuación del debate sobre la consulta popular y su votación en el Senado.

En su lugar, inicia otro debate que busca dar a entender que la oposición si quiere debatir la reforma laboral que archivaron, sin discusión, en la Comisión Séptima con apenas ocho votos de los 104 que componen la plenaria. Dicho archivo fue apelado ante la plenaria del Senado hace seis semanas (marzo 18) y los informes radicados  para sustentarla, desde el 30 de abril cuando los ponentes plantearon insistentemente que fuera agendada.

El Presidente del Senado le dio de largas hasta el día en que se debía votar la Consulta Popular, en una maniobra evidente dirigida a cubrir la espalda de la oposición que afirma defender los derechos de los trabajadores, pero vota en contra de que  el pueblo se pronuncie para defenderlos. En consecuencia, modificaron el orden del día para votar la apelación y hundir la consulta popular. Continúa el bloqueo institucional de la oposición en el Senado de la República.

Lo que estamos presenciando es un pulso más de la lucha de clases. El multimillonario Warren Buffet, quien un día descubrió que su secretaria pagaba más impuestos por su salario, que él por sus billonarios dividendos, le afirmó a un periodista del New York Times: “Claro que la lucha de clases existe. Y nosotros, los de la clase rica la estamos ganado.” Cualquier parecido en Colombia no es pura coincidencia, es el modelo económico concentrador de la riqueza que han impuesto por conducto de la ley que hoy codifica los intereses del capital en desmedro de los del trabajo.

La consulta popular habilitaría a la ciudadanía para votar si desea recuperar los derechos cercenados en 2002 por la Ley 789 del gobierno de Álvaro Uribe. En esa coyuntura de crisis económica, le pidieron a los trabajadores el sacrificio de sus garantías laborales, con la promesa de que se generaría empleo y se reduciría la informalidad. Es más, la misma ley planteaba que si no se creaba el empleo prometido, la derogarían.

Pues bien.  La Ley 789 no formalizó ni creó el empleo prometido y llevamos 23 años sin que el Congreso haya cumplido su promesa de derogarla. Ahora, ante la reforma laboral del Gobierno Petro, la oposición del Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador, Partido de la U, e increíblemente, una proporción importante del Partido Liberal alega que la reforma laboral generará desempleo e informalidad. Con todo dicen que van a discutir la reforma que adversan. Causan hilaridad semejantes contradicciones.

Nota relacionada: «La aprobación a la apelación no fue sino una distracción para justificar el hundimiento a la consulta popular»: Clara López

Para justificar hundir la consulta popular, la oposición ofrece la treta de la apelación como si de verdad tuvieran la voluntad política de  la reforma laboral y no solo unos artículos que les den aroma de democracia. Qué va!!!

Como el Congreso no tiene la voluntad política para permitir la consulta, se abre paso un movimiento en favor de una Asamblea Constituyente para esa clase trabajadora maltratada reclame su poder Constituyente. Solo el pueblo en su ejercicio de participación democrática puede recuperar sus derechos.

Clara López Obregón