Diseñar e implementar una política pública de seguridad integral es un propósito esencial para el próximo gobierno, máxime cuando el país rural padece actualmente un control territorial desbordado y asfixiante por parte de bandas narco-terroristas. Esta tarea gubernamental implica efectuar previamente un análisis riguroso, que, de suyo, nos exige ahondar en tres aspectos cruciales: (1) las acciones que han desplegado los gobiernos antecedentes sin alcanzar su finalidad, (2) lo que medianamente ha servido teniendo posibilidades de mejorar y, (3) lo que no ha servido para nada y debe erradicarse con urgencia y diligencia. Es así como obtendremos un diagnóstico real de la situación.

En primer lugar, es necesario mencionar que el punto uno (las acciones que han desplegado gobiernos antecedentes) y dos (lo que medianamente ha servido con posibilidades de mejorar) nos permiten evaluar la idoneidad o impertinencia de lo que se ha hecho en materia de seguridad.

En segundo lugar, el punto tres (lo que debemos erradicar con suma urgencia y diligencia) es el detonante para proponer nuevas alternativas encaminadas a obtener resultados satisfactorios en el marco de una administración pública racional, abierta, eficiente y oportuna congruente con las dificultades de la nación.

¿Cuál ha sido, en mi opinión, el problema del actual y de los últimos dos gobiernos colombianos en materia de seguridad?

Muy puntual: los gobiernos colombianos están en mora de consolidar como regla general la toma de decisiones basadas en datos, evidencia científica e investigaciones de campo, y correlativamente establecer como excepción el uso de la intuición o la lógica. Jamás a la inversa.

Mi propuesta concreta: es imperativo enfrentar las crisis de seguridad y los problemas de orden público del país basados en datos, evidencia científica e ideas generadas a través de una inmersión profunda, y dejar en un ámbito secundario las soluciones sustentadas en intuiciones, creencias y opiniones dada la disolución de aquellas en la punta del iceberg.

Tomen nota de esto: a los bandidos ya no se les enfrenta únicamente con intuiciones, firmeza, entereza y ‘creencias lógicas’ sino con inteligencia y estrategia. En 2002 bastaba con tener firmeza y determinación. Hoy, 23 años después, estamos en mora de adaptar y modernizar a nuestra fuerza pública con tecnología de punta e inteligencia artificial.

Hay que establecer una IA diseñada exclusivamente para neutralizar a los malvados. Ello es viable legal y financieramente acorde al presupuesto nacional. Ya no basta contar con el valiosísimo apoyo de la comunidad urbana y rural, ni con motivar a las fuerzas militares, pues ahora tenemos que ir más allá toda vez que Colombia ha tocado fondo y retrocedimos al siglo XX: los criminales se pasean tranquilamente por el país y se sienten vigorosos ejerciendo control territorial.

La única forma de darle solución al asunto es mediante el uso del sofisticado avance tecnológico para neutralizar o eliminar a quienes representan una amenaza para la sociedad.

En una próxima columna expondré con rigor y exactitud mi propuesta para diseñar una política pública de seguridad sustentada en inteligencia artificial. Todo de conformidad al estado colombiano.

Observación para los precandidatos y candidatos presidenciales: la única alternativa para resolver con eficacia nuestros problemas es profundizando en ellos hasta sumergirnos en la raíz, no quedándonos en la superficie con lugares comunes disfrazados de ‘soluciones’. Evitar sumergirse en la raíz de las dificultades es un terrible acto de displicencia con el país.

Adenda: El Ministerio de Defensa y Seguridad Nacional anunció la adquisición de diez y seis aviones de combate. Muy bien, pero, ¿para cuándo anunciará la adaptación de IA en los sistemas de inteligencia y contrainteligencia de las FFMM?

Juan David Escobar

@JuanDaEscobarC