La semana pasada ocurrió un hecho de gran importancia para todos los colombianos, que pasó completamente desapercibido. Por lo tanto, hay que rescatarlo, resaltarlo y felicitarlo.

Desde esta columna hemos sido parte, desde hace años, de una cruzada que busca proteger los recursos públicos de la contratación pública que se esfuman ilícitamente y principalmente en lo que se conocen como los contrataderos¹.

La semana pasada, el secretario de la Transparencia de la Presidencia de la República logró que 285 mil millones de pesos aprobados en el OCAD PAZ estuvieran librados de la “intermediación” de este tipo de entidades que facilitan y normalmente se usan para la más grande corrupción en nuestro país. En las propias palabras del secretario Idárraga: “Para la nueva convocatoria de proyectos y por solicitud de la @STransparencia …se decidió que tanto el ejecutor de los proyectos como el responsable de la interventoría serán únicamente los municipios que presentaron los proyectos o los departamentos, evitando así la contratación a través de fondos mixtos o asociaciones de municipios”, “solicitamos al OCAD PAZ garantizar el pleno cumplimiento de la Ley 80 de 1993 en la ejecución de los recursos de la Paz, por lo cual, las figuras jurídicas que pretendan saltarla (fondos mixtos o contrataderos) deberá estudiarse su exclusión como ejecutantes de recursos de la paz, debido a los altos riesgos de corrupción que pueden generar…” (Idárraga, 2024). Se entiende que el Departamento Nacional de Planeación DNP aceptó esta solicitud (Medina, 2024).

Sobre los contrataderos hemos explicado cómo funcionan en artículos anteriores. En resumen, son entidades formadas por los municipios y gobernaciones, con régimen privado, a la que se les encargan los procesos de contratación de las entidades gubernamentales con el fin principal de saltarse la Ley 80 de 1993 o Estatuto de la Contratación Pública, y así no cumplir con sus normas y controles, y por el contrario, tener la libertad que da el régimen privado de contratación, que permite ampliamente escoger al que se quiera que sea el contratista, sin control alguno de los recursos públicos, originando así un enorme boquete por donde se cuela la corrupción a borbotones. Lo que logró el secretario Idárraga fue precisamente lo que vehemente solicitamos en el artículo “La estrategia anticorrupción que sí serviría” (Fonseca, 2024).

Esta es quizás, la más grande vena rota que tenemos en Colombia, en donde los políticos, desde congresistas y altos funcionarios hasta alcaldes, en un enorme contubernio a plena luz del día y completamente conocido por todos los agentes del Estado, incluyendo por supuesto, a las entidades de control (Procuraduría PGR y Contraloría CGR) que no actúan cumpliendo su misión, y mediante el cual logran llevarse ilícitamente los recursos monetarios de todos nosotros todos los días. Todos traicionando al país.

Gracias al secretario Idárraga por su tesón; sabemos que no es fácil lograr éxitos yendo contra la corriente principal y generalizada de la corrupción, para proteger los recursos públicos de las manos criminales de tantos corruptos.

Buen ejemplo. Solo a partir del ejemplo podremos recuperar al país.

Por favor ¡siga adelante!

¹ CONTRATADEROS es un neologismo inventado por el ingeniero Rodrigo Fernández, experto en contratación pública.

Rafael Fonseca Zarate