Con el insistente interrogante ¿dónde está la plata? el analista financiero Vicente Calvo puso el dedo en la llaga sobre el incumplimiento sistemático de las EPS de la principal condición habilitante para su funcionamiento: la constitución y actualización de las reserva técnicas y su inversión en activos líquidos que garanticen el pago oportuno de las obligaciones de las EPS con las IPS, que son las clínicas, hospitales, laboratorios y demás servicios de apoyo a la garantía del derecho de la salud de sus afiliados y afiliadas.

Por tratarse de una condición habilitante para el aseguramiento en salud, la principal función de las EPS, su incumplimiento es de suma gravedad. Pero más grave aún es que los informes de la Superintendencia de Salud muestran que desde 2016, la mitad de las EPS vienen incumpliendo.

Pues bien, el 21 de diciembre pasado, el contralor general en funciones, Carlos Mario Zuloaga, dio unas primeras respuestas a los interrogantes planteados desde varios la sociedad civil y el gobierno sobre el destino de los dineros públicos que por valor superior a los 80 billones de pesos manejan las EPS. Dichas respuestas provocaron la presentación de una inusual acción popular por parte del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en salvaguarda del patrimonio público, la moralidad administrativa y el derecho a la salud.

Y no es para menos. Los hallazgos preliminares de la Contraloría permiten concluir que los fondos de la Unidad por Capitación (UPC) parecen haber sido utilizados por algunas EPS para aumentar el patrimonio de sus dueños en vez de garantizar la salud de sus afiliados. En otros casos, previa autorización administrativa, el gobierno les ha permitido pagar deudas antiguas en vez de atender pacientes, como fue caso del Decreto 995 de 2020, dictado durante la pandemia. Veamos los hallazgos del análisis técnico de quince EPS realizado por la Contraloría:

1. El plan de inversiones de las reservas técnicas de dichas EPS asciende a apenas $4.9 billones, menos de una tercera parte de los $15.6 billones que exigen los requisitos de habilitación financiera.
2. Algunas EPS han girado anticipos, léase préstamos sin intereses, a IPS de propiedad del propio grupo empresarial, grave indicio de desvío de fondos en función del conflicto de intereses que constituye la integración vertical.
3. También han utilizado las reservas en rubros no autorizados como el pago de multas impuestas por la DIAN y la Superintendencia de Salud.
4. Hay dos casos de grave incumplimiento: Famisanar contrató el 45% de los servicios con su propia red cuando la norma la limita a un máximo de 35% y la Nueva EPS facturó en 2022 servicios por $2.3 billones, pero realizó pagos por $3.8 billones, una suma $1.5 billones superior a lo facturado que será objeto de un proceso de responsabilidad fiscal.

Los hallazgos fiscales que sustentan la acción popular justifican la realización de una auditoría forense de los usos y destinos de los dineros públicos confiados a las EPS y el levantamiento del velo corporativo del complejo andamiaje de los grupos empresariales que las agencian. Solo uno de estos registra ganancias en sus distintas empresas por $600 mil millones en 2022, pero paradójicamente, la EPS que paga las cuentas de las IPS con las que está integrada verticalmente, perdió $200 mil millones. Sin lugar a duda, debemos preguntar con el ministro de Salud y la acción popular, ¿dónde está la plata? y la Contraloría prestar su plena colaboración a la justicia para esclarecer el interrogante.

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