Pareciera que no hay día en la multinacional petrolera que esté exenta de malas noticias producto de la falta de seriedad, rigor y profesionalismo desde su alta dirección empresarial. Nuevamente el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa (exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro) vuelve a manchar las páginas energéticas de Colombia con otro caso de presunta corrupción, pero sabíamos que lo que mal empezó también mal terminaría. La revelación de presuntas presiones internas para favorecer a la firma Gaxi en el millonario negocio de la regasificación de gas, sumada a viejos cuestionamientos por la compra del “apartamento 901”, contratos irregulares y líos judiciales por helicópteros, pinta un cuadro de favorecimientos y conflictos de interés. Aunque Roa niega cualquier irregularidad, la sombra de la corrupción se cierne sobre la empresa más importante del país, debilitando la narrativa de transparencia que prometía el actual gobierno.

El impacto político es innegable, toda vez que este caso no solo golpea la credibilidad de Roa como alto directivo empresarial, sino que también estremece la Casa de Nariño y el propio presidente Petro, quien quedó expuesto por haber confiado la gerencia de su campaña a un personaje opaco cercado por investigaciones en la Procuraduría y el Consejo Nacional Electoral; así mismo la oposición política habla de tráfico de influencias y de una captura política de la estatal petrolera, mientras el mercado internacional mira con recelo la inestabilidad en la empresa que representa más del 12 % de los ingresos fiscales del país.

Y como si lo anterior fuera poco, el riesgo se amplifica en el frente externo desde que la propia Ecopetrol reportó al regulador del mercado de valores estadounidense (SEC) los procesos que comprometen a Ricardo Roa, y en dicho contexto, esta Comisión en caso de hallar indicios de soborno o lavado de activos puede remitir el expediente al Departamento de Justicia (DOJ), lo que situaría a Roa bajo una lupa mucho más preocupante. El caso Roa no ocurre en el vacío, sino en un ámbito donde Colombia y Venezuela han venido estrechando lazos de cooperación, tanto en el plano militar como en el minero-energético. Mientras Ecopetrol queda bajo la lupa judicial gringa, el gobierno Petro impulsa acuerdos estratégicos con Caracas que van desde operaciones conjuntas de seguridad en la frontera hasta proyectos para compartir infraestructura energética y explorar mecanismos de integración en hidrocarburos y gas. Esa cercanía con un país señalado por Washington a través del “Cartel de los Soles” multiplica los riesgos, porque cualquier sospecha sobre corrupción o lavado de activos en la estatal petrolera podría interpretarse como un eslabón más en una cadena de vulnerabilidades que conecta la política interna, la relación bilateral con Venezuela y la ya compleja interlocución con Estados Unidos.

Mientras tanto, en la otra cara de la moneda energética, la semana pasada se realizó el primer congreso de la energía en Neiva, al que tuve el honor de ser invitado como ponente, convocado por los tres principales actores energéticos de la Regional Sur: la electrificadora regional, la multinacional Ecopetrol y las directivas del sindicato petrolero USO, siendo una cita ineludible. Lo que más poderosamente me llamó la atención ocurrió en un espacio informal, durante el almuerzo, cuando las reflexiones espontáneas de asistentes, anfitriones y expositores dejaron al descubierto lo que muchos pensamos en voz baja, pero en que la gran mayoría coincidimos… en punto de que el sector energético necesita reactivarse con urgencia, mediante nuevos contratos, mayor ritmo en exploración y recobro, y la valentía de abordar con seriedad técnicas como el satanizado Fracking (que vale la pena ampliar en otra columna), evaluándolas en un plano estrictamente científico y no bajo el prisma del catastrofismo político-ambiental que ya empieza a teñir el debate electoral de 2026. Por supuesto, nadie niega que esa revisión técnica debe hacerse con el mayor compromiso ambiental, pero lo que no podemos permitir es que el futuro energético colombiano y su desarrollo humano territorial quede atrapado en discursos ideológicos vacíos que paralizan al sector y al país en general.

Pero realmente lo más preocupante es lo que hay en juego en materia de geopolítica energética mundial, tanto en Europa, Asia y con los vecinos venezolanos no es nada halagüeño; la demanda mundial por los recursos energéticos se va a intensificar cada día más y más por la extensión demográfica, el crecimiento exponencial de tecnologías desde la movilidad en vehículos eléctricos, el uso de redes sociales y la inteligencia artificial que revolucionó la forma en que vivimos, mientras tanto Roa parece seguir ocupado en complacer a su jefe, atrapado en un sofisma propio del siglo XIX, como si aún buscara resolver los dilemas de la revolución industrial que tanto obsesionaban al viejo marxismo: la eterna pugna entre obreros y burgueses, las huelgas en los talleres siderúrgicos, la jornada que se extendía hasta el anochecer y la demanda por horas extras. Esa mirada anacrónica contrasta con el telón de fondo de un mundo que exigirá cada vez más energía, impulsado por el crecimiento demográfico, la movilidad eléctrica, el consumo digital y la inteligencia artificial.

Colombia no puede darse el lujo de improvisar en un escenario tan complejo y este caso de corrupción que involucra a Roa no debe verse como un hecho aislado, sino como la evidencia de que la política energética del actual gobierno perdió el rumbo. La lección nos quedó clara y nos urge recuperar la dirección con madurez, combinando sostenibilidad con productividad y asegurar que la llamada transición energética justa deje de ser un simple sofisma ideológico para transformarse en un verdadero motor de desarrollo humano territorial y nacional.

Luis Fernando Ulloa