La primera vez que participé de un Consejo de Paz, fue en 1992, cuando se estaba iniciando la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y el E.P.L., pues esta guerrilla había pactado una figura de participación complementaria a las Asambleas Comunitarias que definían participativamente la realización de proyectos de desarrollo y productivos, en zonas en donde esta organización tuvo influencias, todo esto bajo la figura del Plan Nacional de Rehabilitación-PNR surgido de la política de paz en el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), desarrollado en el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) y asumido como elemento sustancial para ejecutar algunos acuerdos firmados con las guerrillas de la época.
Por esa época me habían responsabilizado del proceso de reinserción de las y los excombatientes guerrilleros que operaban en los Santanderes y el Sur de Cesar, y avanzar colectivamente en propiciar cambios en las zonas de influencia guerrillera, buscando incidir en la superación de la pobreza, en mejorar la presencia institucional y avanzar en el proceso de cambio, a raíz de la recién estrenada Constitución Política y la figura de la democracia participativa. Los consejos de paz eran un modelo cerrado de concertación entre la institucionalidad, algunos líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz, buscando aportar ideas para la inversión en proyectos de desarrollo y la superación de las en las zonas de anteriores operaciones militares de las guerrillas desmovilizadas.
Posteriormente, la idea de la creación de un Consejo Nacional de Paz- CNP y de Consejos Regionales, comenzó a marcar la agenda del movimiento nacional por la paz y la recién conformada REDEPAZ en 1993, buscando reglamentar el artículo 22 de Constitución Política Nacional que define la Paz como derecho y deber. Se recogieron firmas de respaldo a un proyecto de Ley que, aunque no alcanzaron para que este fuera discutido en el congreso, sirvió de guía en la continuidad de la iniciativa que se ventiló con más fuerza en la campaña del mandato de los niños y niñas por la paz en 1996 y en el mandato por la paz de 1997, realizados por la sociedad civil durante el gobierno de Ernesto Samper P (1994-1998). Fue a través de la Ley 434 de 1997, que finalmente se creó esta instancia y que casi automáticamente fue acogida por algunos de los recién elegidos gobernadores.
Se instaló el Consejo Nacional de Paz y algunos departamentales, se intentó ponerlos a marchar efectivamente, pero su importancia y operatividad nunca fueron valoradas por los siguientes gobiernos. En época de los diálogos del Caguán entre el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), el CNP no jugó como colectivo ningún papel preponderante, y luego su figura fue languideciendo hasta desaparecer en los gobiernos de Álvaro Uribe V (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010- 2014). Solo en el segundo gobierno de Santos (2014-2018), y gracias nuevamente a la iniciativa de la sociedad civil, se conformó un Comité de Impulso para convocar el CNP; este comité, haciendo uso de acciones legales logró que finalmente se convocara la conformación e instalación del Consejo Nacional de Paz y el Comité Nacional de Paz -instancia de dirección del Consejo- y se promoviera la instalación de Consejos Departamentales y Municipales; Sin embargo, esta instancia no logró jugar algún papel destacado en los diálogos entre el Gobierno Nacional y las FARC-Ep, y su actuación fue relegada a unas cuantas sesiones, poco productivas.
Paralelamente, en los diálogos para el logro del acuerdo de Paz firmado en 2016, entre el Gobierno Nacional y la FARC-Ep, se incluyó la figura de un Consejo Nacional de Reconciliación y Convivencia, que luego en la implementación y gracias a las gestiones del recién instalado Consejo Nacional de Paz y el Alto Comisionado para la Paz, se fusionarían mediante decreto ley 885 de 2017 firmado por el presidente Santos, se ampliaran sus facultades y su conformación, dando origen al nuevo Consejo Nacional de Paz Reconciliación y Convivencia- CNPRC que, aunque irregularmente y más por iniciativa del Comité, logró avanzar en algunos temas relacionados con sus funciones y la construcción de lo que debería ser una política estatal de reconciliación y convivencia, que incluiría un fuerte componente de Cultura de Paz.
Con la llegada de otro gobierno, esta vez en cabeza del presidente Iván Duque (2018-2022), el entusiasmo duraría poco, y el papel del CNPRC y de los Consejos territoriales, se fue marchitando, así como la implementación del acuerdo y el optimismo de la sociedad frente a la construcción de la paz. Solo algunos Consejos Territoriales mantuvieron el respaldo de sus respectivos gobiernos y el entusiasmo de sus miembros.
Con la elección de Gustavo Petro y Francia Márquez, quien fuera presidenta del Comité Nacional de Paz en el 2021, se preveía tal y como fue sugerido por la comisión de empalme, que esta figura jugaría un papel destacado en la construcción de la llamada Paz Total. Algunos llegamos a soñar que en lugar citar con urgencia, solo los Consejos de Seguridad, también se convocaría ante algún hecho violento relevante, al menos el Comité Nacional de Paz; sin embargo, pasados más de trece meses de gobierno, y luego de reinstalada la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional-ELN, logrado un primer acuerdo con las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, e instaladas mesas de diálogo con grupos armados urbanos en Medellín, Buenaventura y Cali, esta instancia ha sido convocada solo una vez, en una sesión bastante irregular, con la participación del Presidente de la República y del Alto Comisionado para la Paz, así como de delegadas y delegados de sectores sociales y empresariales, que ya cumplieron su periodo legal.
Mientras tanto, la mesa de diálogo Gobierno Nacional- ELN, pactó sus propios mecanismos de asesoría para la construcción de la metodología de participación ciudadana, como es el caso del Comité Nacional de Participación- CNP, proceso que no incluye la figura del Consejo Nacional de Paz; ocurriendo lo mismo en la mesa de diálogo con el Estado Mayor Central de las FARC, que al parecer tampoco lo incluye, al igual que en las mesas de diálogo a nivel urbano. Sin embargo, esta instancia o algunos de sus miembros, que ya cumplieron su periodo legal de representación, siguen actuando a nombre de un Comité Nacional que tampoco tiene vigencia.
Todo lo anterior demuestra que, esta figura legal no cumplió, ni cumple, con las expectativas de los diálogos de paz actuales, ni hace parte del andamiaje metodológico que los debiera promover y sustentar, o de una política pública en relación con la reconciliación, la convivencia y la cultura de paz, lo que inevitablemente me lleva a proponerle al Gobierno Nacional, que promueva un proyecto de ley que derogue la vigencia de la Ley 434 de 1997 y el decreto 885 de 2017, previa consulta con las y los voceros de los firmantes de paz de la FARC-Ep, y que en su defecto, se promueva un Consejo Asesor para construir y promover una política pública en materia de Cultura de Paz, Reconciliación y Convivencia, en donde un grupo importante y con experiencia de personas provenientes de diversos sectores de la sociedad, pueda asesorar la construcción de la ruta que nos lleve a la firma de un Gran Pacto Nacional de Paz.
