Bogotá y Cundinamarca deben actuar de forma coordinada y armónica, con el fin de atender debidamente las necesidades de sus habitantes. Pero para alcanzarlo es indispensable que su actuar se caracterice por lealtad y transparencia. Por eso, cuando identifiqué que Cundinamarca activó un esquema diseñado para drenarle recursos a la capital, levanté la voz.

Nada de esto ocurrió de la noche a la mañana: el “matriculazo” se instaló como una práctica silenciosa que opera desde hace años y ya generó una pérdida de 1,1 billones de pesos para la ciudad. Y sí, lo digo con toda claridad: Cundinamarca se aprovecha de Bogotá violando la ley y generando una competencia desleal.

El mecanismo funciona con precisión quirúrgica. Primero, varios municipios ofrecen tarifas bajas para atraer matrículas de carros que en realidad circulan casi todo el tiempo en Bogotá. Luego, la gobernación entrega descuentos del 50% y del 20% en el impuesto vehicular durante los dos primeros años. Todo esto pese a que el Consejo de Estado ya declaró, en 2014 y 2022, que los descuentos sobre el impuesto de vehículos establecidos por los distritos y departamentos son ilegales.

Aun así, el plan continúa y produce un incentivo perverso: que miles de propietarios registren sus vehículos y paguen impuestos fuera de la ciudad, a pesar de que circulan cotidianamente en la capital. En otras palabras, Bogotá pone las vías, Bogotá pone el trancón, Bogotá pone el aire contaminado… y otros se quedan con la plata.

Desde el 2015, Bogotá ha dejado de matricular 241.000 vehículos. Cada uno de esos carros circula, contamina y desgasta nuestras vías todos los días. Tres de cada diez vehículos que transitan por la capital se matriculan en otro territorio. El desbalance tributario se vuelve insostenible. Para que se hagan una idea, con esos 1,1 billones de pesos perdidos se pudieron haber financiado seis Centros de la Felicidad completos. Ese dinero ya no volverá.

Ante este escenario, actuaré. Presentaré una demanda de nulidad contra la Ordenanza 002 de 2024 de la Asamblea Departamental de Cundinamarca que establece los descuentos sobre el impuesto de vehículos, porque viola de manera abierta la Ley 488 de 1998 y la Constitución. Los departamentos no tienen competencia para conceder descuentos sobre un impuesto que es propiedad de la Nación. La norma es clara y el precedente judicial también.

Sin embargo, el beneficio sigue operando como si nada. Por eso, la acción judicial que impulsaré no busca un choque político, sino restaurar el equilibrio y frenar una práctica que lesiona e impide ilegalmente el recaudo al que tiene derecho Bogotá.

El Alcalde Galán, consciente del rezago tributario, anunció como medidas para 2026 que los vehículos no matriculados en Bogotá tendrán pico y placa dos sábados al mes y un incremento del 50% en el pico y placa solidario. La ciudad decidió cerrar una puerta que permaneció abierta demasiado tiempo.

Teniendo en cuenta estas medidas, y con el propósito de nivelar la cancha desde ya, propongo al Gobierno distrital que los municipios de Cundinamarca que nivelen la tarifa de la matrícula con la de Bogotá, sean exentos de la medida de pico y placa cada dos sábados al mes.

Además, propongo abrir la discusión nacional sobre el domicilio fiscal de los vehículos: no puede seguir siendo solo el domicilio del organismo de tránsito donde se registra, sino también el lugar donde realmente reside y circula el propietario o poseedor.

Gobernador Jorge Emilio Rey, el “matriculazo” contra Bogotá es inaceptable. No se puede hablar de unión y armonía entre territorios, mientras no hay justicia ni lealtad.

Bogotá se respeta. Quien genera la carga, debe contribuir a pagar el costo. Y yo seguiré defendiendo esa premisa. Mi deber como concejal de la ciudad es actuar. Aquí no hay improvisación: hay justicia tributaria.

Juan David Quintero