El hundimiento del proyecto de referendo de autonomía fiscal propuesto por el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, era previsible. Una idea tan mala como la de la vaca, que nació coja, que avanzó con titulares más que con sustento técnico, y que terminó como era de esperar: archivado por su inviabilidad y por el enorme riesgo que representaba para la equidad regional del país.

La propuesta pretendía cambiar la manera en que se distribuyen los recursos de la Nación hacia departamentos y municipios, en nombre de una supuesta “justicia territorial”. Sin embargo, era evidente que el impacto real iba a ser una redistribución profundamente inequitativa: Antioquia y unos pocos departamentos concentrarían más recursos, mientras que las regiones más pobres, que dependen de la solidaridad del Sistema General de Participaciones, verían reducida su capacidad para financiar salud, educación, agua potable y saneamiento básico. En otras palabras, lo que se vendió como descentralización, en la práctica significaba recentralización de la riqueza en favor de los más fuertes.

No había una fórmula clara de compensación para los territorios que saldrían perdiendo. Tampoco se garantizaba estabilidad fiscal ni se explicó cómo se ajustaría la regla de sostenibilidad de las finanzas públicas. Era un salto al vacío que desconocía la lógica constitucional de solidaridad y la obligación de cerrar brechas entre regiones. No se puede hablar de equidad territorial cuando la consecuencia es arrebatarle a Chocó, La Guajira, Putumayo o Vichada los pocos recursos que hoy sostienen sus escuelas y hospitales.

Es más, no se puede hablar de descentralización cuando en la misma Antioquia se han concentrado los recursos en Aburrá y en el Oriente dejando en el olvido a las demás subregiones. Hablemos, por ejemplo, de Murindó y Vigía del Fuerte, municipios en el Urabá sin vías de acceso, sin energía eléctrica las veinticuatro horas del día, con graves problemas para el acceso al agua potable, para los cuales los recursos de la millonaria Antioquia no han llegado. O el Bajo Cauca, que genera unos ingresos enormes para el departamento por la explotación minera y la ganadería extensiva pero que ha sido dejada a su suerte por la Gobernación.

Este hundimiento es un golpe más a la improvisación del gobernador Rendón. Primero fue la “vaca” para financiar las vías 4G, una idea para mover su falsa narrativa de “abandono” del Gobierno Nacional. Después vino la ilegal “tasa de seguridad”, la misma que quienes lo financiaron no quieren pagarle por inconveniente. Ahora, un referendo que nunca tuvo consenso nacional y que apenas alcanzó a dar titulares mediáticos antes de desplomarse en el Congreso. Tres intentos, tres fracasos

El Gobernador Rendón debería más bien sincerarse, admitir que la plata que le quería quitar a los más pobres del país no era para Antioquia, era para la élite a la que él representa a la cual nunca le ha interesado el Urabá, el Bajo Cauca, el Magdalena Medio.

Lo que proponía el gobernador de Antioquia no era descentralización, sino concentración: acumular poder y recursos en unas pocas capitales, dejando a los municipios pequeños y a las comunidades olvidadas.

La descentralización sin equidad sólo profundiza las brechas que convirtieron a Colombia en uno de los países más desiguales del mundo. El reto no es dividir más, sino construir un país justo, donde la riqueza llegue al campo, a las veredas, a los barrios populares, y no se quede en manos de unos pocos.

Alejandro Toro