En Antioquia todos lo sabían, pero nadie lo decía. Hoy, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, dos ganaderos acaban de confirmar lo que se intentó ocultar por más de dos décadas: que la Gobernación de Álvaro Uribe Vélez sabía de las masacres de El Aro y La Granja. Un secreto a voces que, gracias a los testimonios de Francisco y Jaime Ángulo Osorio, se abre paso pese a los intentos de encubrimiento, y que acerca a la justicia a los verdaderos responsables de aquellas atrocidades cometidas en Ituango.

Los hermanos Ángulo, condenados por el asesinato de Jesús María Ovalle y reconocidos financiadores del paramilitarismo en el Bajo Cauca, admitieron ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas Especiales de la JEP que tanto la Gobernación de Antioquia como el Ejército tenían pleno conocimiento de las incursiones armadas. No se trataba de hechos aislados ni de “excesos” fuera del control estatal: era un entramado en el que las instituciones fueron clave para que los paramilitares sembraran el terror en la región.

Según su testimonio, la masacre de La Granja se planificó en la finca El Porvenir. A esa reunión fueron citados ganaderos y comerciantes de Ituango con una invitación allegada a las oficinas de Colanta en Caucasia, y allí se encontraron con dos nombres fundamentales en la historia del paramilitarismo: Ramiro Vanoy, alias “Cuco” Vanoy, comandante del Bloque Mineros, y Carlos Mauricio García, alias Doble Cero, jefe del Bloque Metro. No eran personajes menores. En la sentencia de Justicia y Paz de 2015 por la masacre de El Aro, la justicia ya había ordenado investigar el posible rol de Álvaro Uribe como gobernador. Y fue Doble Cero quien, con franqueza brutal, les dijo a los empresarios presentes que las autodefensas habían crecido gracias al Estado. Sin ese apoyo, nunca habrían alcanzado el tamaño e influencia que tuvieron.

El relato de los Ángulo no deja dudas sobre la conexión institucional. A través del empresario Jhon Echeverri, cara visible de la Convivir de Ituango —una fachada para el paramilitarismo—, mantenían contacto directo con el entonces secretario de Gobierno de Uribe, Pedro Juan Moreno. Desde allí fluía información estratégica para el Ejército y la Gobernación: zonas para bombardear, rutas de control, logística.

Las revelaciones van más allá. Para cometer la masacre de El Aro, Francisco Ángulo aseguró que viajaron junto con Jhon Echeverri y miembros de la Cuarta Brigada en un vuelo de reconocimiento para señalar dónde debían bombardear. Echeverri no se limitaba a hacer de intermediario: acompañaba a los paramilitares a seleccionar víctimas y luego arrojaba sus cadáveres por los voladeros de Chingalé, en la vía Ituango-Medellín.

El papel de Pedro Juan Moreno también queda expuesto. Según los hermanos, fue él quien más impulsó la creación de la Convivir en Ituango. Su asesor, de apellido Zapata, entregaba directamente los formularios a los paramilitares para legalizar las asociaciones. La velocidad con la que esa Convivir fue aprobada es reveladora: creada en papeles el 15 de julio de 1996, al día siguiente ya contaba con aval del general Carlos Alberto Ospina de la Cuarta Brigada, y nueve días después con el visto bueno de la Gobernación de Antioquia. Una gestión exprés que deja claro el interés oficial en dar soporte jurídico a lo que en la práctica era un ejército ilegal.

Álvaro Uribe nunca ha negado su respaldo a las Convivir, pero lo presentado ante la JEP confirma que no fue un simple visto bueno a una política de seguridad rural. Funcionarios de su administración intervinieron directamente en la creación de esos grupos fachada del paramilitarismo. Es decir, desde la Gobernación se les entregó en las manos a los paras y sus financiadores la documentación y legitimidad necesarias para camuflar actividades criminales bajo un barniz de legalidad.

Las confesiones de los Ángulo encajan con otras piezas que la justicia ha venido recopilando. El testimonio de Juan Guillermo Monsalve ya había señalado que el Bloque Metro, el comandado por Doble Cero, nació en la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez. En Justicia y Paz, los jefes paramilitares describieron la complicidad de sectores empresariales y políticos. Lo que ahora emerge con fuerza es la confirmación de que la Gobernación de Antioquia no fue ajena ni indiferente: fue un engranaje activo de ese entramado de violencia.

Más de 25 años después, las víctimas de El Aro y La Granja siguen esperando verdad y justicia. El desplazamiento, el asesinato de campesinos y el terror impuesto en Ituango no pueden quedar en la impunidad. El país tiene derecho a saber hasta dónde llegaron las responsabilidades políticas y qué tan profundo fue el involucramiento del Estado en la consolidación paramilitar. La justicia transicional, a través de la JEP, tiene el reto histórico de esclarecerlo.

El país debe asumir este capítulo con la seriedad que merece. No basta con reconocer la barbarie; hay que señalar a quienes, desde el poder, la facilitaron. Y aquí el nombre de Álvaro Uribe Vélez no puede seguir siendo un intocable. Las confesiones de los Ángulo, sumadas a las evidencias previas, dejan claro que su Gobernación tuvo un rol directo en el fortalecimiento de los paramilitares en Antioquia. Esa verdad incomoda, pero es necesaria.

Porque la paz no se hará con silencios cómplices. Se hará cuando la justicia alcance también a los que gobernaron desde los escritorios, mientras en los campos de Antioquia corría la sangre. Se hará cuando Uribe Vélez dé explicaciones no solo ante la historia, sino ante los tribunales. Y se hará, sobre todo, cuando las víctimas de El Aro y La Granja reciban lo que les ha sido negado durante un cuarto de siglo: verdad, justicia y dignidad.

Alejandro Toro