El acceso a los medicamentos esenciales es uno de los pilares del derecho fundamental a la salud. En Colombia ese derecho está reconocido en la Constitución y en la Ley Estatutaria de Salud. Sin embargo, para miles de usuarios de la Entidad Promotora de Salud (EPS) FAMISANAR, entre otras, este reconocimiento no pasa de ser un enunciado vacío. La negación reiterada de medicamentos básicos refleja la incapacidad de la entidad para responder de manera digna y oportuna a las necesidades de los pacientes.

Negar medicamentos significa condenar a los enfermos a vivir bajo el riesgo permanente de complicaciones graves. Una persona hipertensa que no recibe su tratamiento puede sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular. Un diabético sin insulina o hipoglicemiantes orales está expuesto a daños irreversibles en la visión, el riñón o el sistema circulatorio. Un paciente con prostatitis, al no recibir sus medicamentos, enfrenta dolor, infecciones recurrentes y deterioro progresivo en su calidad de vida. La ciencia médica ha demostrado de manera contundente que la continuidad en los tratamientos es vital, y aun así la EPS insiste en prácticas que vulneran este principio.

A este panorama se suma una pésima decisión que refleja la desconexión entre las EPS, sus operadores logísticos y la realidad de los pacientes. En Bogotá, la empresa RAMÉDICAS, contratada por FAMISANAR para la entrega de medicamentos, ha implementado un sistema de atención por “pico y cédula”, como si la enfermedad y el sufrimiento pudieran ajustarse a turnos arbitrarios. Este modelo absurdo desconoce que la salud no espera, que un diabético no puede aplazar su dosis de insulina hasta que coincida el último dígito de su cédula con el día de atención en la farmacia, que un hipertenso no puede suspender su tratamiento porque el calendario logístico se lo impone. Adicionalmente la mayoría de las veces que recurre a reclamar sus medicinas, en el día que le coincide con el último número de su cédula, estas no están disponibles.

Los usuarios quedan atrapados en medio de la disputa política y contractual que enfrenta al Gobierno Nacional con las EPS. Las reformas en curso, los cuestionamientos a la sostenibilidad financiera del sistema y los cruces de señalamientos entre las partes han creado un ambiente de incertidumbre. Es evidente que el sistema de salud colombiano requiere una transformación estructural. Eliminar a los intermediarios financieros puede ser un paso necesario, pero el tránsito hacia ese nuevo modelo debe hacerse de manera progresiva. La infraestructura de las redes hospitalarias públicas no está hoy en capacidad de asumir toda la demanda de servicios de salud que antes gestionaban las EPS, de allí la necesidad hoy, de contar con las IPS (Institución Prestadora de Servicios) privadas para garantizar el servicio.

El fortalecimiento de la medicina preventiva, es sin duda una meta indispensable. Pero sus resultados se verán reflejados en el mediano y largo plazo. Mientras tanto existen miles de personas que ya padecen enfermedades crónicas y que requieren medicamentos diarios para sobrevivir. Estos pacientes no pueden esperar a que los cambios estructurales comiencen a dar frutos, porque cada día sin tratamiento representa un riesgo real de vida.

En un momento de transición del sistema de salud el deber más elemental del Estado, es garantizar que los tratamientos no se interrumpan. Gobernar implica prever y anticipar los efectos de los cambios, establecer planes de contingencia y actuar con rapidez para que la ciudadanía no se vea expuesta a riesgos innecesarios. La tarea del Ministerio de Salud consiste en garantizar que ningún paciente quede desprotegido mientras se define el rumbo de la política pública. Cada paciente que no recibe tratamiento termina representando mayores costos para el sistema en hospitalizaciones, urgencias y procedimientos de alta complejidad que pudieron evitarse.

La confianza en el sistema de salud se debilita cuando la población percibe que sus derechos no están protegidos ni por la EPS ni por el Gobierno. Esa desconfianza mina la legitimidad institucional y alimenta un sentimiento de abandono que erosiona la relación entre la ciudadanía y el Estado. Si el acceso a un medicamento esencial depende de trámites interminables, de discusiones contractuales o de un pulso político, la idea misma de salud como derecho fundamental pierde sentido.

El Gobierno debe diseñar y ejecutar de inmediato un plan de contingencia que asegure la entrega oportuna y continua de medicamentos esenciales. Se requiere también un sistema de vigilancia y sanción que impida que las EPS actúen con impunidad frente a sus usuarios. Y lo más importante, es necesario que el Ministerio de Salud asuma con decisión su papel de garante del derecho a la salud. La crisis actual con FAMISANAR y otras EPS es un síntoma de un sistema que arrastra problemas estructurales, pero también es la muestra de que existen graves dificultades administrativas que agravan esos problemas.

El Estado existe para proteger la vida de las personas y no para exponerlas a la incertidumbre y al abandono. La salud y la vida no son variables de negociación ni pueden convertirse en moneda de cambio en los debates sobre el futuro del sistema. Son derechos fundamentales que el Estado está obligado a proteger hoy, no mañana, porque cada día que pasa sin medicamentos es un día en el que la vida de miles de pacientes queda en riesgo.

Luis Emil Sanabria D