Que un exjefe de Estado haya sido encontrado culpable de manipular el sistema judicial afecta gravemente la legitimidad de la figura presidencial, erosiona la confianza ciudadana en el Estado, deteriora la imagen internacional del país y debilita la ya golpeada cultura de paz. Cuando quien representó la soberanía y el cumplimiento de la Constitución incurre en prácticas corruptas, el daño, lamentablemente, se extiende a toda la estructura republicana y democrática.

La condena a 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe por soborno a testigos y fraude procesal representa un hecho histórico, doloroso y profundamente revelador para Colombia. Es la comprobación de que, en nuestra débil democracia, es posible lograr que nadie este por encima de la ley, pero también la evidencia de que nuestras instituciones aún son frágiles frente a los arremetidas del poder político y económico, la polarización y la desinformación.

El senador Iván Cepeda ha jugado un papel fundamental y titánico en este proceso. Fue inicialmente víctima de falsas denuncias por parte de Uribe, y con persistencia, integridad y respeto por las vías legales, logró demostrar la verdad en los estrados judiciales. Su actuar contrasta con la actitud de los hijos del expresidente, quienes en lugar de acatar el fallo y promover el respeto por la justicia, han atacado a la jueza Sandra Heredia, y a la institucionalidad, propagando teorías conspirativas y profundizando el clima de odio.

Como si no bastara con la agresión interna, asistimos también a una inaceptable intromisión de actores políticos extranjeros como el senador estadounidense Marco Rubio, que en abierta violación del principio de no injerencia, pretende desacreditar el sistema judicial colombiano. A esto se suma la actitud incendiaria de candidatas del Centro Democrático como María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, quienes han instrumentalizado la condena para polarizar aún más el país, exaltando a Uribe como mártir, incitando al desconocimiento del fallo y a golpeando la autonomía de la justicia.

Todo esto constituye un peligroso retroceso. La justicia está siendo asediada. Las juezas y fiscales que cumplen con su deber son estigmatizadas. Las víctimas son silenciadas o ridiculizadas. El Estado Social de Derecho está siendo desdibujado en nombre de una lealtad política mal entendida. Y mientras tanto, millones de jóvenes observan un espectáculo de odio y negación de la verdad.

Las conductas delictivas de un exjefe de Estado así como las agresiones sistemáticas al sistema de justicia que emprenden sus seguidores, son un atentado contra la institucionalidad y una agresión directa contra la ciudadanía. En un régimen democrático, el pueblo enajena su poder soberano mediante el voto, entregando un mandato de representación y confianza a quien ocupa la Presidencia de la República. Ese poder delegado implica, integridad, lealtad a la ley, y responsabilidad frente a la paz y la reconciliación nacional. Defender la justicia, es defender a las instituciones, y también defender la dignidad del pueblo que depositó su poder para que se ejerza con rectitud y no en beneficio personal o político.

Frente a este panorama, resulta urgente y necesario un gran Acuerdo Nacional. Un pacto entre las fuerzas democráticas, los movimientos sociales, los partidos, las organizaciones de víctimas, la academia y la ciudadanía. Ese acuerdo debe poner en el centro la verdad, el respeto a la Constitución y la defensa de los derechos fundamentales. Debe comprometerse con fortalecer la justicia para que no sea selectiva ni manipulable, que actúe con independencia frente al poder económico, político o militar.

La paz no se construye sobre la mentira, ni la democracia sobre la impunidad. La condena a Álvaro Uribe no debe ser utilizada para dividir al país, sino para preguntarnos, con honestidad, qué clase de nación queremos ser. ¿Una en la que el poder lo justifica todo? ¿O una en la que la ley, la ética y la verdad sean principios inquebrantables?

Hoy más que nunca, Colombia necesita unidad, no alrededor de caudillos ni partidos, sino alrededor del valor supremo de la justicia, la democracia y los Derechos Humanos. Porque solo con justicia hay paz. Y solo con paz, hay futuro.

Luis Emil Sanabria D.