Aunque ya empezó a abrirse el mercado de aguardientes en la capital, todavía continua la batalla por independizarse de Cundinamarca

Desde antes de iniciar mi labor como concejal de Bogotá, ya me estaba preguntando por qué aguardientes diferentes al Néctar o al Antioqueño, como el Amarillo, el Blanco, el Líder y otros, no se podían vender en el Distrito Capital. Revisando el tema con mi equipo, encontramos que desde la colonia existe un monopolio rentístico de licores que permitió el desarrollo local y regional en el país.

Este mecanismo se incluyó en la Constitución de 1886 y, actualmente, se encuentra establecido en el artículo 336 de la Constitución de 1991 y regulado en la Ley 1816 de 2016. Si bien, el monopolio rentístico de licores destilados tiene como objetivo generar rentas para asegurar la prestación de servicios públicos esenciales a cargo del Estado, como la salud, la educación y el deporte, es una figura anacrónica que su finalidad se podría alcanzar por otros medios, como con tributación, sin afectar el mercado y a los consumidores.

Ese carácter anacrónico de este monopolio se puede ver en la Ley 1816. Por ejemplo, los incisos primero y segundo del artículo 28 de esta norma, establecían que los departamentos que ejercían el monopolio de producción quedaban facultados para suspender la expedición de permisos para la introducción y comercialización de aguardiente, nacional o extranjero, en sus territorios. Lo anterior, cuando existiera la posibilidad de un incremento súbito e inesperado de productos similares en sus territorios, que representara una amenaza de daño grave a la producción local.

Esto permitió el abuso y la arbitrariedad de varias gobernaciones, como Cundinamarca, que bloqueó el ingreso de otros aguardientes diferentes a los de la Empresa de Licores de Cundinamarca (ELC), como el Aguardiente Amarillo, al mercado de Bogotá y del departamento.

Afortunadamente, el pasado 4 de febrero de 2025, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los incisos primero y segundo del artículo 28 de la Ley 1816, debido a que afectaban la libre competencia y la libertad de elección de los consumidores. La Corte también aclaró que la protección del mercado de las licoreras departamentales no contribuía de ninguna forma al aumento del recaudo de rentas del monopolio.

A pesar que la decisión de la Corte se tomó en febrero, solo hasta ahora estamos empezando a ver su cumplimiento por parte de los departamentos. El 23 de mayo, Antioquia autorizó por 10 años la introducción y venta del Aguardiente Amarillo en su territorio. Por su parte, Cundinamarca, el 5 de junio, también autorizó por 10 años la introducción y comercialización de este aguardiente en Bogotá y el departamento.

Celebro que con estas decisiones se esté avanzando en la libre comercialización de licores destilados en el país. Sin embargo, todavía queda mucho por batallar y, concretamente, en el caso de Bogotá.

Esta ciudad es la capital de todos los colombianos y no debería tener un monopolio rentístico especial atado a Cundinamarca, en el cual, según el artículo 16 de la Ley 1816, solo recibe el 10,5% de lo que se causa por el consumo de licores destilados en su jurisdicción y Cundinamarca. Además, no puede ejercer ningún control sobre la ELC porque no hace parte de su Junta Directiva.

La ley que regula el monopolio rentístico de licores destilados en el país, además de ser anacrónica, permite que Cundinamarca tenga secuestrada a Bogotá. Esta norma debería garantizar que el Distrito Capital pueda gestionar sus recursos de manera eficiente y autónoma, asegurando que la mayor parte de estos ingresos se destinen a sectores cruciales como la salud y el deporte. Y más, si se tiene en cuenta que el mercado de Bogotá es mucho más grande que el de Cundinamarca.

Las cifras son contundentes. Según Hacienda Cundinamarca, en 2023, el departamento recibió alrededor de $256 mil millones por concepto de participación en el monopolio rentístico de licores destilados en su jurisdicción y Bogotá, mientras que el Distrito Capital solo recibió cerca de $30 mil millones.

Bogotá necesita gobernarse a sí misma, proteger sus rentas, hacer respetar su autonomía y liberar su economía. Entonces, el brindis es por el futuro y por la batalla que nos espera para lograr su independencia rentística de Cundinamarca.

Juan David Quintero