De acuerdo con un reciente boletín de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (ANALDEX) las exportaciones de Colombia hacia Venezuela crecieron en un 47%, tras la reapertura de la frontera entre los dos países durante el año 2024.
Los principales productos que se vendieron desde Colombia hacia el vecino país fueron confitería, leche en polvo y en otras presentaciones, bombas centrífugas, aceite de soya y de palma. Los departamentos más exportadores fueron Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Norte de Santander.
Según ANALDEX, «entre enero y noviembre de 2024, las exportaciones colombianas a Venezuela sumaron US$885,5 millones, con un incremento de 47% frente al mismo periodo de 2023, según cifras de la Dian, con análisis de Analdex. Esto ubica al vecino país en el doceavo lugar que más compra bienes de Colombia, cuando se esperaba que ingresara más rápido al top 10».
“En general, el resultado es positivo, al tener en cuenta los vaivenes políticos que han pasado en Venezuela. Sin embargo, el Ministerio de Comercio proyectaba superar la barrera los US$1.000 millones en exportaciones en 2024, no obstante, no parece que se vaya a alcanzar. Esperemos que la incertidumbre que viene durante los próximos días no afecte de manera contundente este buen avance en materia comercial”, aseguró Javier Díaz, presidente de Analdex.
No así, el líder gremial recomienda estar atento a las decisiones que tome Venezuela, luego de la nueva posesión de Nicolás Maduro en la presidencia y las posturas que asuma Donald Trump, luego de que asuma el poder en los Estados Unidos.
«Hay que estar atentos con lo que pueda suceder con el nuevo mandato en Venezuela y también con la postura de Donald Trump con este país, dado que podría afectar la capacidad de compra del vecino país. Recordemos que Venezuela llegó a ser, a finales de la primera década del siglo XXI, el primer socio comercial de Colombia”, puntualizó.
En un hito que promete transformar el panorama energético de América Latina, los gobiernos de Colombia y Panamá han anunciado una inversión conjunta de 800 millones de dólares para hacer realidad el proyecto de interconexión eléctrica entre ambos países. Este ambicioso emprendimiento, que lleva varios años en planes y estudios, no solo representa un esfuerzo significativo en infraestructura, sino también una apuesta estratégica para el desarrollo sostenible, la integración regional y la transición hacia energías más limpias.
La importancia de esta interconexión radica en múltiples factores. En primer lugar, facilitará el intercambio de energía entre dos países con perfiles complementarios en su generación eléctrica. Mientras que Colombia cuenta con una matriz eléctrica basada predominantemente en fuentes renovables, como la hidroenergía, Panamá está en proceso de diversificar su oferta energética. La conexión permitirá que ambos países se beneficien de un suministro más confiable, estableciendo un sistema más resiliente frente a eventualidades climáticas o fallos técnicos.
El proyecto se alinea con los objetivos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que bajo la presidencia del organismo a cargo del Presidente Gustavo Petro aboga por la integración energética como un pilar para el crecimiento económico y social. Con una región interconectada, se podrá optimizar el uso de los recursos naturales, reducir costos operativos y mejorar la competitividad de los mercados locales.
En el contexto actual de crisis climática, la interconexión también ofrece oportunidades para acelerar la transición hacia energías limpias. Al facilitar el intercambio de electricidad proveniente de fuentes renovables, este proyecto contribuye a reducir la dependencia de combustibles fósiles y a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto no solo tiene implicaciones ambientales positivas, sino también económicas, al fomentar la inversión en tecnologías sostenibles.
El éxito de este proyecto también ha sido posible gracias al liderazgo y la gestión de figuras clave como el Ministro de Minas, Andrés Camacho, quien ha impulsado estrategias para fortalecer la infraestructura energética del país; la Ministra de Ambiente de Colombia, que ha garantizado la sostenibilidad ambiental del proyecto mediante rigurosos procesos de evaluación y mitigación de impactos; y el Presidente de ISA, Jorge Carrillo, cuya visión y compromiso han sido fundamentales para materializar esta interconexión como un ejemplo de eficiencia y colaboración regional.
Por último, pero no menos importante, este megaproyecto puede convertirse en un modelo de cooperación internacional. En un mundo donde las tensiones y los conflictos a menudo dominan las relaciones internacionales, el compromiso de Colombia y Panamá de trabajar juntos para un objetivo común envía un mensaje de unidad y visión compartida.
Sin embargo, también es fundamental considerar los desafíos asociados a la implementación de este tipo de infraestructura. Aspectos como el impacto ambiental, la consulta previa con comunidades afectadas y la garantía de transparencia en el manejo de los recursos económicos deben ser prioridad para ambos gobiernos. Solo así se podrá asegurar que los beneficios del proyecto se distribuyan de manera equitativa y sostenible.
La interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá no es solo un proyecto técnico, sino un paso trascendental hacia un futuro más integrado, sostenible y próspero para la región. Con la visión y el compromiso adecuados, esta iniciativa tiene el potencial de marcar un antes y un después en la historia del desarrollo energético latinoamericano.
Si en algo están de acuerdo la mayoría de los colombianos (el 90 %) es que el gobierno colombiano no debe reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela el próximo 10 de enero de 2025, cuando se realice la posesión presidencial.
Así lo indican los resultados del módulo Evaluación y Gestión Gobierno Nacional de la Encuesta Polimétrica de Cifras y Conceptos, en alianza con la Universidad del Rosario y la fundación Konrad Adenauer, que se realizó entre 1.618 personas en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín.
Según el análisis, el 58 % de los encuestados está totalmente de acuerdo en que el presidente Gustavo Petro exija al gobierno electo de Nicolás Maduro en Venezuela la divulgación pública de las actas electorales. Únicamente el 29 % afirmó estar totalmente en desacuerdo.
El 51 % está totalmente en desacuerdo en que el Gobierno Nacional conserve las relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con Venezuela, debido a la falta de legitimidad de Maduro en el poder. Solo el 28 % está totalmente de acuerdo en que continúen
El rechazo de los colombianos a Nicolás Maduro se extiende a los procesos de negociación de la «Paz Total» con el ELN y las disidencias de las Farc. El 74 % de los encuestados está totalmente en desacuerdo en que el presidente lo mantenga como garante de los mismos.
El rechazo al panorama político con el vecino país también se evidencia en los hidrocarburos, pues el 65 % de los encuestados está en contra que el gobierno Petro convierta al Estado venezolano como su principal proveedor internacional de gas para Colombia. Solo el 28 % tiene una opinión favorable en este campo.
Poca confianza en los estamentos de seguridad
Uno de los flagelos que más afecta a los colombianos es la escalada de la inseguridad que se presenta en las zonas urbanas y rurales. Se le preguntó a los encuestados en la confianza que les genera el Ejército Nacional, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y la Presidencia de la República, organismos encargados de velar por la seguridad en el país.
De estos estamentos, el Ejército Nacional genera mucha confianza a los encuestados en un 42 % y solo el 21 % le tiene poca confianza.
Sin embargo, la Presidencia de la República, con un 49 %; el Ministerio de Defensa Nacional, con un 44 % y la Policía Nacional, con un 41 %, le generan desconfianza a los encuestados.
Cabe resaltar que la Policía Nacional, la fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos, solo genera mucha confianza en el 17 % de los encuestados. Es este ítem, igual comportamiento presentan la Presidencia de la República (21 %) y el Ministerio de Defensa (18 %).
Para los encuestados, los principales factores para aumentar la confianza en la Policía y en el Ejército Nacional serían combatir la corrupción dentro de estas instituciones (61 %), mayor transparencia (44 %), sancionar las conductas negativas al interior de ambas instituciones (37 %), mejorar la capacitación a los policías y soldados (34 %), promover mayor conciencia sobre los Derechos Humanos (29 %) y mejorar el diálogo con la ciudadanía (28 %).
Ciudadanos se sienten inseguros
El 46 % de los encuestados se siente muy inseguro caminando solo o sola en su barrio de noche y solo el 20 % manifestó sentirse muy seguro. Entre las razones que consideran que han afectado su percepción de seguridad en su municipio están las siguientes: hurtos y robos (57 %), consumo de drogas (37 %), falta de policía (35 %), presencia de pandillas (15 %) y falta de iluminación en las calles (15 %).
Los encuestados afirmaron en un alto porcentaje que en el último año ellos o alguien con quien viven ha sido víctima de hurto o robo de pertenencias en un 45 %. Le siguen el fraude o estafa (10 %), el delito cibernético (9 %), la extorsión (6 %), el acoso o violencia sexual (5 %), la agresión física (5 %), la violencia doméstica o intrafamiliar (4 %), la violencia de género (2 %) y el secuestro o intento de secuestro (1 %).
A pesar de este panorama, solo el 54 % de los afectados denunció estos delitos. Entre las principales razones para no denunciar del 44 % que no hizo, están las siguientes: las autoridades no hacen nada (41 %), fueron pérdidas menores (14 %), antes habían denunciado y no pasó nada (13 %), no sabía cómo o dónde denunciar (9 %), un familiar o amigo estuvo entre los agresores (3 %), lo amenazaban si lo hacía (2 %) y los agresores se podían enterar de la denuncia (2 %).
“Existe un debate prolongado entre las autoridades locales y nacionales sobre las cifras de criminalidad y su relación con los sentimientos de inseguridad. Generalmente, se argumenta que, aunque las estadísticas de criminalidad disminuyen, los sentimientos de inseguridad aumentan”, dijo Juan Carlos Ruiz, experto en seguridad y profesor de la Facultad de Estudio Internacionales, Políticos y urbanos de la Universidad del Rosario.
En su opinión, este debate es erróneo, ya que se están comparando dos mediciones distintas: por un lado, están los registros de denuncias, que el Estado recopila; por otro, las encuestas de percepción, que reflejan más fielmente la realidad y que deben ser tomadas en cuenta por los gobernantes para una mejor gobernabilidad.
“Este tema es crucial porque cuando los ciudadanos sienten temor y perciben que sus denuncias no tienen resultados, se deslegitima los gobiernos de turno. Esto genera la sensación de que no hay mejoras en la calidad de vida, afectando así la confianza en las instituciones”, afirmó Ruiz.
Investigación CNE, paro camionero y marchas
Se indagó entre los encuestados sobre la investigación que realiza el Consejo Nacional Electoral (CNE) a la campaña presidencial, el manejo del paro camionero por el diésel y las marchas que piensa convocar Gustavo Petro.
El 59 % conoce la investigación que realiza el CNE por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña electoral de Gustavo Petro Presidente. Al respecto, el 41 % considera que esta indagación es legítima y adecuada, el 28 % piensa que es un intento de desestabilizar al gobierno, el 15 % no tiene suficiente información para manifestar su percepción sobre la misma y el 13 % indica que esta no afecta la estabilidad del gobierno.
Ahora bien, el 65 % considera que esta investigación ha afectado directamente de manera negativa la percepción sobre la imagen del presidente, el 29 % cree que no ha perjudicado su imagen y el 5 % piensa que la ha afectado de manera positiva.
El 40 % de los encuestados se mostró en total desacuerdo con el manejo dado por el Gobierno a la crisis del paro camionero de 2024 tras el aumento del precio del diésel. Solo el 27 % manifestó estar totalmente de acuerdo.
Cabe resaltar que el 59 % de los encuestados está totalmente en desacuerdo con que el presidente Gustavo Petro convoque marchas a nivel nacional en apoyo a su gobierno, frente a un 21 % que sí está de acuerdo.
Para Carlos Charry, director del Doctorado y la Maestría en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, “los problemas de seguridad, que siguen siendo una preocupación local importante, son factores que parecen estar influyendo en la percepción del presidente, a pesar de que a nivel macroeconómico el DANE ha reportado un crecimiento económico del 2 %, una reducción de la inflación y una tasa de desempleo más baja de lo esperado, dado el contexto de la inactividad económica”.
El canciller, Luis Gilberto Murillo, declaró que la postura del Gobierno sigue «clara» y pide a Venezuela que presente las actas electorales, a lo que su homólogo Yván Gil ha respondido que ha actuado «de manera pusilánime al momento de abordar la realidad» en su encuentro bilateral.
«La postura del Gobierno sigue siendo clara: la presentación de las actas debe realizarse antes de que culmine el actual período presidencial: el 10 de enero de 2025. De lo contrario, como ya lo ha expresado el presidente (Gustavo Petro), Colombia no otorgará reconocimiento a los resultados», ha afirmado Murillo en su cuenta de la red social X.
Esto ha provocado la respuesta de su homólogo venezolano, quien le ha criticado que actuó «de manera pusilánime al momento de abordar la realidad» en su encuentro bilateral, «siempre apegado al respeto a la soberanía e independencia de Venezuela mientras» repasaban la cooperación entre ambos países.
«Sin embargo, ante los micrófonos de la prensa, aflora el chantaje que recibe desde la ultraderecha y de Estados Unidos, atacando por la espalda, con falsas narrativas que no es capaz de discutir frente a frente. Venezuela le responderá en su momento y se arrepentirá, de la constante intromisión en nuestros asuntos internos», ha publicado Gil Pinto en Telegram.
El pasado 29 de octubre, el Gobierno colombiano afirmó que no descarta variar la postura con respecto a Venezuela tras la toma de posesión oficial de Nicolás Maduro el próximo 10 de enero, después de que algunos países de la región hayan ya reconocido al excandidato opositor Edmundo González como vencedor de las elecciones de julio. El Ejecutivo está esperando a que se cierre el proceso electoral.
El Gobierno Nacional, a través del canciller, Luis Alberto Murillo, aseguró que no descarta variar la postura con respecto a Venezuela tras la toma de posesión oficial del presidente Nicolás Maduro el próximo 10 de enero, después de que algunos países de la región hayan ya reconocido a Edmundo González como vencedor de las elecciones de julio.
El funcionario dijo en declaraciones a Blu Radio que la posición del Gobierno no es «insostenible» y que están esperando a que se cierre el proceso electoral.
«Estamos monitorizando, ya comunicaremos qué variaciones tiene nuestra posición (…) el período del presidente Maduro llega hasta el 10 de enero. Ya tomaremos decisiones cuando llegue ese momento», ha explicado el ministro de Exteriores.
Morales se ha manifestado en estos términos cuando se le ha preguntado por el recibimiento a la delegación de Venezuela que ha acudido la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad que acoge estos días la ciudad de Cali.
Colombia, ha explicado Morales, como «agente de Naciones Unidas» en este evento, ha de recibir «a todos los integrantes de la comunidad global» y «obviamente Venezuela es parte de ese escenario», ha zanjado.
2do Encuentro Internacional de Cuidado y Bienestar
Educación en Crisis y su Futuro en Colombia
Miércoles 23 de octubre de 2024, 4:00 p.m.
Una alianza entre Escole Experiencias de Aprendizaje, Colegio Personalizado Renfort y Confidencial Noticias.
Una conversación entre Alexandra Parra – directora de la Red de Colegios Renfort y de Escole Experiencias de Aprendizaje, Agustín Porres – director regional de la Fundación Varkey, Juan Sebastián Hoyos – Rector del Gimnasio Moderno, Serafín Ordóñez – Rector del Colegio La Giralda y Pedro Luis Espinosa – Coordinador de la Mesa Nacional de Educación Privada.
En Colombia, la tasa de natalidad ha caído más rápidamente que en algunos países desarrollados, lo que sugiere una transición demográfica acelerada. Este fenómeno necesita entenderse examinando los profundos cambios sociales y económicos que han transformado las estructuras familiares en el país. El concepto tradicional de la familia extensa ha sido reemplazado en gran medida por unidades familiares nucleares o incluso monoparentales, lo que ha alterado las dinámicas de reproducción y cuidado.
Uno de los factores más relevantes es la creciente participación de las mujeres en el ámbito educativo y laboral. El acceso a la educación superior y a empleos formales ha permitido que las mujeres pospongan la maternidad y reconsideren el número de hijos que desean tener. En este contexto, la maternidad ya no es vista como una obligación social ineludible, sino como una opción que se contempla dentro de una serie de aspiraciones personales y profesionales. Además, el acceso informado a métodos anticonceptivos ha otorgado a las mujeres un mayor control sobre sus decisiones reproductivas.
8 de cada 10 estudiantes provienen de instituciones oficiales
Segunda causa: La natalidad y el sector privado.
Los datos recientes sobre la matrícula en educación primaria son contundentes: 8 de cada 10 estudiantes provienen de instituciones oficiales. Esto refleja una creciente dificultad para que las instituciones privadas compitan en un entorno donde la matrícula ha disminuido significativamente en los últimos años.
Esto plantea preguntas importantes sobre la sostenibilidad del sistema educativo privado:
¿Qué significa esto para el futuro de la educación privada?
Las instituciones privadas se encuentran en una encrucijada. A medida que la demografía sigue cambiando y la competencia por una población estudiantil reducida se intensifica, las escuelas privadas deberán repensar su propuesta de valor o cerrar sus puertas.
Agonizan los colegios: En 2023 cerraron 2.625 instituciones
Tercera causa: La Crisis de la Educación.
El 82% de las instituciones educativas que existen para preescolar, primaria, básica y media son públicas. Tan solo, el 18% son de carácter privado a nivel nacional. Desde el 2015 la cifra de cierre de colegios privados es preocupante pero ha mostrado un comportamiento acelerado desde el 2020.
791 instituciones privadas cerraron en el 2023 y de acuerdo con el DANE están inactivas, para el MEN esa cifra es de 749 instituciones. En el 2024, se estima que 84 instituciones han cerrado sus puertas.
Informe completo: https://lnkd.in/ecnwrE52
Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana. (2024). Informe No. 106. Cerrando puertas: la realidad del cierre de colegios en Colombia. Disponible en https://lnkd.in/ekxq2TWG
El Cierre de Colegios: ¿Un Síntoma de una Crisis Mayor?
La Crisis de la Educación
El cierre de colegios en Colombia, tanto oficiales como privados, está dejando una huella profunda que abona a la desigualdad y la perpetuación del ciclo de la pobreza. En los últimos años, hemos sido testigos de una baja demanda de matrícula, primero por la caída de la natalidad, pero también por fenómenos migratorios y, financieros.
El resultado: colegios vacíos, docentes sin empleo y un sistema educativo que se tambalea.
Detrás de cada colegio privado cerrado, hay un mosaico de razones: problemas financieros que asfixian las instituciones, incapacidad para cubrir los costos operativos y, lo más preocupante, una disminución en el número de estudiantes.
¿Nos estamos enfrentando a una crisis demográfica? Sí. ¿Pero es solo eso? No.
El verdadero problema es que la educación ha perdido su capacidad de conectar con la realidad de nuestras sociedades. Los colegios no cierran por casualidad, cierran porque no hemos sido capaces de transformar la educación.
A medida que las aulas se vacían, la desigualdad crece y se refuerzan los privilegios de quienes pueden permitirse nuevas formas de aprendizaje.
Colegios en Quiebra
La baja demanda de matrícula es real, pero ¿por qué los colegios no sobreviven? Porque los números no cuadran.
Cada día, los costos operativos suben: salarios de docentes, mantenimiento, recursos educativos, innovar cuesta. Sin embargo, los ingresos no. Los Colegios son supervisados, inspeccionados y vigilados por el Ministerio y las entidades territoriales en todos y cada uno de sus cobros, siendo un sector que asume una carga tributaria igual a la de otras empresas.
La capacidad de las familias para pagar matrículas privadas o financiar una educación distinta a la pública ha disminuido, y los colegios oficiales no tienen los fondos suficientes para cubrir siquiera lo básico.
El resultado: colegios vacíos, aulas que se cierran, profesores sin trabajo.
El país no puede sostener su infraestructura educativa si cada vez más instituciones se ven obligadas a cerrar por insolvencia. Y esto no solo afecta a las familias. Afecta al futuro económico del país. Menos colegios hoy, significa menos personas preparadas para enfrentar los retos económicos, sociales, culturales y políticos de nuestro futuro como nación.
Luego de un cruce de trinos entre el presidente Gustavo Petro y la embajadora Deborah Lipstadt, enviada especial de Estados Unidos para el Monitoreo y Combate del Antisemitismo, se temió por una eventual tensión diplomática entre Colombia y el país norteamericano.
Luego de que la diplomática estadounidense tildara al mandatario colombiano de antisemita, el presidente Gustavo Petro exigió respeto pidiendo que no se le rotulara de esa manera.
“Señora embajadora, los palestinos son semitas de acuerdo con la Biblia, dado que la palabra ‘semita’ designa a los descendientes de Sem y su lengua”, afirmó el mandatario.
“Yo no soy antisemita, no confunda y respete. No soy antijudío, creo en la libertad de cultos, y si hubiera nacido en esa época, habría dado mi vida en la resistencia armada contra los nazis», puntualizó.
Después de este cruce de mensajes, el embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Daniel García-Peña, aseguró que no existe crisis diplomática y que estas declaraciones son normales. «una relación saludable entre dos países como sucede con la personas, se basa en la sinceridad y la posibilidad de decirse las cosas», dijo.
El 20 de julio, una fecha emblemática para la historia de Colombia, se conmemora el inicio de nuestra independencia en 1810. Este día no es solo un recordatorio histórico, sino un momento para reflexionar sobre los retos y avances en nuestra construcción como nación. Me planteo preguntas sobre cómo los años de independencia pueden traducirse en una nación más madura y democrática, con verdaderas garantías para la expresión popular y el reconocimiento de nuestra diversidad.
Para nadie es un secreto que de alguna manera el nacimiento de la República en Colombia no solo marcó el fin del dominio colonial, sino que también inició un proceso de construcción de identidad nacional. Según el historiador David Bushnell, la independencia fue un punto de partida crucial para la formación de una identidad nacional que integrara las diversas regiones y culturas del país. Esta nueva identidad buscaba articular un sentido de pertenencia y cohesión entre los ciudadanos, a pesar de las diferencias étnicas, regionales y sociales. La independencia también permitió el surgimiento de nuevos líderes y pensadores que promovieron ideales de libertad, igualdad y fraternidad, inspirados en los movimientos revolucionarios de la época.
Históricamente, el 20 de julio ha simbolizado la lucha por la libertad y la autodeterminación. En la actualidad, esta lucha se refleja en la resistencia y organización de diversas ciudadanías que han emergido con fuerza en el escenario político y que hoy tienen representación en el gobierno. Movimientos sociales como los del Paro Nacional de 2021, que movilizó a millones de colombianos en defensa de sus derechos y en protesta contra la desigualdad, han demostrado el poder de la acción colectiva y la importancia de una ciudadanía activa y comprometida. Todos estos nuevos actores que hoy enriquecen el concepto de Nación y de Estado son una oportunidad para revisar que significa que esa garantía hoy este en cabeza de un gobierno progresista y humanista.
Hoy cuando se cumplen 214 años de independencia, Colombia y este gobierno ha implementado políticas que buscan reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de los colombianos. Por ejemplo, la reforma tributaria progresiva, que busca redistribuir la riqueza, ha sido un paso importante hacia una mayor equidad. Además, el gobierno ha impulsado la protección del medio ambiente a través de la prohibición del fracking y el apoyo a proyectos de energías renovables, la reforma pensional que protege a nuestros adultos mayores y los créditos populares, todos estos avances nos permiten decir con orgullo que avanzamos hacía una mejor Colombia.
El reconocimiento de la diversidad cultural de Colombia es otro logro notable. El gobierno de Petro ha promovido políticas inclusivas que buscan visibilizar y empoderar a comunidades históricamente marginadas. En términos de cifras, es relevante destacar que, bajo la administración actual, el índice de pobreza ha mostrado una tendencia a la baja, gracias a programas sociales dirigidos a las poblaciones más vulnerables. Además, el apoyo a la educación y la implementación de políticas de acceso a la salud han mejorado significativamente las condiciones de vida de muchos colombianos.
Sin embargo, la polarización política, la resistencia al cambio y los persistentes problemas estructurales como la violencia son obstáculos que requieren soluciones integrales y duraderas. El gobierno de Petro se enfrenta a la ardua tarea de demostrar que una Colombia inclusiva y justa es posible, y que las promesas de campaña pueden aún en este medio tiempo convertirse en realidades palpables para todos los colombianos.
Uno de los aspectos más críticos en este proceso es la garantía de la libertad de expresión y la participación popular. Las reformas políticas y sociales propuestas por el gobierno han generado debates intensos y, en algunos casos, oposición frontal de sectores tradicionales. La tarea del Estado debe enfocarse en promover un diálogo abierto y constructivo, donde todas las voces, incluso las disidentes, tengan un espacio para ser escuchadas. Sin embargo, es lamentable la campaña auspiciada por grupos económicos, medios de comunicación y sectores radicales de oposición para generar una sensación de caos, corrupción y desgobierno porque las políticas no representan sus intereses.
En este 20 de julio, rendimos un homenaje a aquellos que han contribuido a la construcción de Colombia y que ya no están con nosotros. Líderes sociales, defensores de derechos humanos, artistas, científicos y ciudadanos comunes que, con su dedicación y sacrificio, han forjado el país que hoy conocemos. Su legado nos recuerda la importancia de seguir luchando por un mejor país.
No basta con recordar los logros del pasado; es necesario trabajar activamente para que los valores de libertad e igualdad que inspiraron a nuestros próceres se materialicen en políticas y acciones concretas. Solo así podremos avanzar hacia una Colombia donde todos sus habitantes, sin excepción, puedan vivir con dignidad y en paz. Este 20 de julio, reflexionemos sobre los retos que enfrentamos y comprometámonos a seguir construyendo una nación donde la democracia, la justicia y la inclusión no sean meras aspiraciones, sino realidades cotidianas. Honremos a quienes han dado su vida por este país y asumamos la responsabilidad de continuar su legado con valentía y determinación.
Colombia obtuvo tres medallas (un oro, plata y bronce), dos en conjunto y una individual, en el primer día del Campeonato Mundial de Natación con Aletas que se tendrá lugar hasta 16 de julio.
La medalla de oro tuvo un difícil comienzo pues en la ronda de clasificación el equipo, compuesto por Mauricio Fernández, Juan David Duque, Juan Fernando Ocampo y Juan Camilo Rodríguez, finalizó en el sexto lugar con un tiempo de 2:26.72, siendo República de Corea, Alemania y Hungría los primeros tres lugares de dicha instancia, respectivamente.
Sin embargo, en la final la situación se revirtió y el equipo colombiano finalizó en el primer lugar del certamen, junto a la presea de oro, tras un tiempo total de 2:18.55, seguido por República de Corea, en el segundo lugar, y cerrando con Alemania en la tercera posición.
La medalla individual llegó gracias a Paula Aguirre en la prueba de los 50M Apnea. Luego de clasificar a la ronda final, la colombiana obtuvo el bronce tras un tiempo de 16.30, la Sur Coreana Uijin Seo fue la campeona de la modalidad con una marca de 16.09., seguida por la representante de China, Chengjing Shu, ocupó el segundo lugar con un registro de 16.26.
“Es histórico haber ganado el relevo 4×100 varones en superficie, es la primera vez como Colombia y en un Campeonato Mundial. Asimismo, los cuatro atletas tuvieron registros de tiempo muy buenos”, dijo el entrenador Francisco Méndez.
María Lucelly Murillo, Arnovis Dalmero, Evelis Aguilar, Martha Valeria Araujo y Geiner Moreno Chiquillo obtuvieron sus respectivos cupos a París 2024 y permiten que Colombia alcance los 87 clasificados.
Tras conseguir la medalla de oro en salto largo, durante el Campeonato Nacional, Arnovis Dalmero se ubicó en la posición 20 del ranking mundial, por lo que hizo parte de los 32 atletas que recibieron cupo olímpico en dicha prueba.
Asimismo, Martha Valeria Araujo, luego de obtener su marca personal con 6329 puntos en heptatlón, obtuvo su tiquete a París 2024 al quedarse con el lugar 20 en la lista de 24 clasificadas. Por su parte, Evelis Aguilar se suma a Lina Licona, en los 400 metros planos de los Juegos Olímpicos, tras cerrar en la posición 38, de 48 clasificadas, en el ranking olímpico.
María Lucelly Murillo, subcampeona nacional en lanzamiento de jabalina durante el reciente certamen en la ‘Sucursal del Cielo’, se quedó con el puesto 15 en el ranking e hizo parte de las 32 atletas clasificadas en la modalidad y acompañará en las justas parisinas a la abanderada Flor Denis Ruíz.
Por otro lado, Geiner Moreno Chiquillo, quién no participó en el Campeonato Nacional de Atletismo, se adjudicó su plaza a los Juegos Olímpicos de París luego de finalizar en la posición 26, de 32 clasificados, en la prueba de salto triple.
El director de Migración Colombia, Carlos Fernando García Manosalva, destacó el avance que alcanzaron los Gobiernos de Colombia y Panamá durante la reunión bilateral de los presidentes Gustavo Petro y José Raúl Mulino, quien este lunes asumió el cargo en su país.
Durante el encuentro se trataron varios mecanismos para abordar la crisis migratoria, incluyendo la creación de una comisión de vecindad colombo-panameña y la realización de una reunión tripartita de Cancilleres de Colombia, Panamá y Estados Unidos para el próximo mes de agosto.
García Manosalva explicó que, en la reunión bilateral, las delegaciones de ambos países discutieron la implementación de “un plan binacional para la zona selvática del Darién que deberá partir del diálogo entre las comunidades étnicas, tanto indígenas como afrodescendientes.
Dijo que, además, Colombia creará un escenario “migratorio ambiental” en la COP del presente año, ya que el tema migratorio también es ambiental y territorial.
El encuentro también se acordó la conformación de un gabinete binacional para estudiar el plan y otras iniciativas surgidas del diálogo entre comunidades e instituciones.
Pocas cosas traen más esperanza a un país que un nuevo gobierno, Panamá está en su luna de miel. Con 33.8% de los sufragios, José Raúl Mulino fue electo en mayo como presidente de la hermana república. Con una campaña marcada por la amenaza de intromisión de la rama judicial, a varios candidatos de su partido, incluyendo el expresidente Ricardo Martinelli, no se les permitió participar, es una victoria contundente para estándares del istmo. El mandato para recuperar el crecimiento económico es claro. Mulino, llega aprendido siendo magistrado suplente de la Corte Suprema, se destacó como Canciller, Min Defensa, y Min Interior. Sería útil que el nuevo Min Comercio, Cancillería y Min Minas empezaran una conversación pragmática con Panamá.
Esta nueva conversación tiene que enmarcarse en la nueva realidad migratoria. La red criminal del Tren de Aragua con el Clan del Golfo que manejan el tráfico de personas hacia EEUU, enrarecen el ambiente. Desde el mes de septiembre están entrando más venezolanos (50.000) ilegalmente a EEUU que mexicanos (30.000). Si Colombia colabora activamente en este problema, haría mucho para mejorar la relación con Panamá y especialmente con EEUU.
Gracias a la gira de la Vice-Presidenta por áfrica, Cancillería tomó la decisión de eliminar visas de tránsito a 9 países del continente, 4 del medio oriente y Cuba. Esta medida diversificó la actividad criminal, ampliando la red de trafico mas haya de Venezuela, donde cobran entre 8 y 10 mil dólares por migrante hacia EEUU. A El Dorado pueden estar llegando entre 100-300 migrantes africanos diariamente.
Con este panorama, la eterna carretera panamericana no es posible, pero si la interconexión energética. En este caso, tendría un trazado por el mar en vez de por la selva, pero también permitiría la mejor conectividad en telecomunicaciones. Saliendo de las dificultades de El Niño, Colombia tiene un inmenso potencial de energía que podría ayudar a Panamá a bajar costos, confiabilidad, y huella de carbono. Sobra decir que Panamá para nosotros es la entrada a todo el mercado centro americano de energía.
Adicionalmente, dadas las equivocadas políticas tributarias de Colombia de los últimos 20 años, el flujo de colombianos emigrando a Panamá está disparado. No es solo los migrantes busquen mejor empleo, se estima que casi 100 mil colombianos ya son residentes fiscales en Panamá. En esta migración se van nuestros connacionales de más altos ingresos, así como multilatinas que operan en múltiples países. Sin voluntad de resolver la anti-competitividad del estatuto tributario colombiano, se debe trabajar en el marco de esta nueva realidad. Tratados sobre integración económica que faciliten el comercio, protección a la inversión, doble-tributación, validación de títulos académicos, entre muchos, deberían estar sobre la mesa.
Con la posesión de ayer del nuevo presidente de Panamá también puede haber esperanza para Colombia. El presidente Mulino y Petro tendrán su primera conversación. El anuncio del cierre de frontera no se puede entender como una ofensa a Colombia sino, como dice Mulino, “la frontera de EEUU en vez de estar en Texas se corrió a Panamá.” Los tres países deben trabajar juntos no solo para afrontar esta crisis humanitaria sino en generar prosperidad compartida.
La calificadora de riesgos Moody’s mantuvo el grado de inversión en Baa2 para Colombia, y destacó la institucionalidad del país, el indicador de deuda y la independencia del Banco de la República como factores clave para esta calificación.
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González, dijo en su cuenta de X que “la calificadora Moody’s entregó hoy un informe sobre la economía colombiana. Mantuvo el grado de calificación de inversión. Resalta, sobre todo, la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes que se mantienen en el país”.
“La calificación de riesgo ha puesto un voto de confianza en el país, destacando las decisiones contundentes de recorte de gasto, con el fin de mantener la sostenibilidad fiscal y macroeconómica que ha tomado el Gobierno del presidente Petro”, agregó el ministro.
la calificadora considera que el cambio de la perspectiva es porque las condiciones macroeconómicas que enfrenta el país, en medio de una fuerte desaceleración económica ha provocado un débil crecimiento durante el 2024, sumado a un incremento sostenido en el costo de endeudamiento del país que podría deteriorar el manejo fiscal y el perfil crediticio hacia adelante.
Para Moody’s Ratings este cambio de la perspectiva de Colombia se presenta por el bajo recaudo que obstaculiza la capacidad del Gobierno para cumplir con la regla fiscal, y está aumentando el riesgo de un posible deterioro del perfil crediticio de Colombia».
El canciller, Luis Gilberto Murillo, ha anunciado este jueves que no enviará una misión de observación electoral para los comicios presidenciales de Venezuela, que se celebrarán el 28 de julio, alegando falta de tiempo para la organización de la misma.
«Teníamos la intención de enviar observadores técnicos. Tuvimos conversaciones con Alejandra Barrios (directora de la misión de observación). Sin embargo, por el tiempo no se podía estructurar una observación con las características técnicas exigidas», ha declarado.
No obstante, el jefe de la diplomacia colombiana se ha mostrado dispuesto a colaborar de otras maneras: «Queremos guardar mucha prudencia, ser muy reservados. Es importante, cero protagonismo y también contribuir en lo que esté a nuestro alcance y se solicite de parte del Gobierno, las autoridades y el pueblo venezolano».
Asimismo, ha confirmado que «algunas personalidades colombianas» estarán en esa observación y ha agregado que ha establecido diálogos con la comunidad internacional para contribuir «de la mejor manera posible a que este proceso salga bien». Con todo, ha expresado su deseo para que este proceso electoral «pueda salir bien para beneficio de los venezolanos, pero también de la región y en donde Colombia tiene una hermandad».
Este anuncio tiene lugar apenas unos días después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) diera marcha atrás a la invitación de una misión por parte de la Unión Europea, alegando como razón la renovación de las sanciones. El bloque europeo, que ha aseverado que sus medidas no afectan a la población venezolana, ha pedido «reconsiderar» la decisión. Estados Unidos también ha hecho esta petición.Copiar al portapapeles
Las autoridades regionales de Colombia y Venezuela dieron apertura oficial al Puente Internacional La Unión para el tránsito de vehículos de carga de máximo 10 toneladas, carros particulares y personas, un requerimiento que por mucho tiempo hicieron empresarios y ciudadanos de esta frontera.
En la habilitación del puente La Unión estuvieron presentes los gobernadores de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, y su homólogo del Estado de Táchira, Freddy Bernal, así como representantes de los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo y de Relaciones Exteriores de Venezuela, autoridades migratorias, aduaneras y sanitarias de los dos países, y voceros de los gremios productivos.
