La Sabana de Bogotá es un paisaje de cerros, ríos, valles, bosques, humedales y páramos; pero también es el hogar de más de 500 mil personas, el motor de una región que necesita equilibrio entre sostenibilidad y progreso. Pero hoy, su futuro podría estar en riesgo. El Ministerio de Ambiente expidió un proyecto de resolución para el ordenamiento ambiental de la Sabana, sin coordinación, sin diálogo y sin respeto por la autonomía territorial de los municipios que la componen, del Distrito Capital y del Departamento de Cundinamarca.
Resulta paradójico que un Gobierno que hizo campaña con las banderas del cambio y de la gente, este tratando de imponer un ordenamiento ambiental casi a la fuerza que, si bien es necesario, para que realmente funcione necesita de la participación de las autoridades que representan los intereses de la región. Pero el Gobierno del cambio lo que está haciendo es dejar a Bogotá y la Sabana sin la posibilidad de desarrollo sostenible, con un documento que no tiene en cuenta la realidad y los intereses de quienes se verían afectados con su contenido. No se dejen engañar: a punta de labia no se recuperan ecosistemas. Se necesitan hechos, acciones, coordinación, armonía y planificación.
Aunque el Ministerio de Ambiente tiene la función de establecer lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá, debe hacerlo en coordinación con los municipios, el Distrito Capital y el Departamento de Cundinamarca, tal como lo establece la Constitución, la Ley 99 de 1993, la Ley 489 de 1998 y el actual Plan Nacional de Desarrollo. El principio de coordinación y colaboración administrativa exige que las autoridades trabajen en armonía para cumplir los fines del Estado, lo que no ha ocurrido en este caso. La Administración Distrital ha intentado dialogar con el Gobierno Nacional durante meses, sin éxito. ¿Cómo proteger el ambiente y asegurar el desarrollo sostenible de una región, si las autoridades que representan sus intereses no participan en su ejecución? ¡Claro! Colombia es una República unitaria, pero descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales, y hay que respetarlas.
Este proyecto de resolución, en su estado actual, pone en vilo el futuro de la región al bloquear proyectos estratégicos de infraestructura, ambiente, transporte y vivienda. De aprobarse, quedarían en el limbo proyectos clave como las Líneas 1 y 2 del Metro, los Regiotram del Norte y Occidente, el Cable San Rafael, la ampliación del Aeropuerto El Dorado, la ALO, el Embalse de Chuza, el Embalse La Regadera, más de 124.000 unidades de vivienda y 138 barrios ya existentes que ahora estarían en zonas “protegidas”. ¿Cómo se puede hablar de desarrollo sostenible si se detienen proyectos esenciales para el ambiente, la conectividad, la movilidad y el acceso a vivienda? Proteger el ambiente no puede significar paralizar el desarrollo de la región ni afectar la calidad de vida de sus habitantes.
Para vivir en una ciudad que proteja las riquezas naturales y se conecte mejor con la Sabana, necesitamos obras fundamentales para asegurar y sanear el Río Bogotá, como la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas que tratará el 70% de las aguas residuales de Bogotá y el 100% de las de Soacha; y la ampliación de la PTAR Salitre que actualmente trata el 30% de las aguas residuales de Bogotá. Estos proyectos son esenciales para asegurar los derechos que tienen los habitantes de la Capital y de los municipios de la Sabana de Bogotá al agua, al saneamiento básico y a gozar de un ambiente sano. Lamentablemente, con el proyecto de resolución estarían en riesgo, ya que parte de los predios afectados a la operación de la PTAR Salitre y los destinados a la PTAR Canoas estarían clasificados como humedales. Esto afectaría la capacidad que tienen las PTAR Salitre y Canoas de tratar las aguas residuales de Bogotá y de los municipios que hacen parte de la cuenca del Río Bogotá.
Tampoco podemos olvidar que la PTAR Canoas y la ampliación de la PTAR Salitre provienen de una orden judicial ¾sentencia del 28 de marzo de 2014 del Consejo de Estado¾, en la cual se determinó que la descontaminación del Río Bogotá en la cuenca media se desarrollará a través de dos proyectos. Por un lado, la ampliación de la PTAR Salitre en caudal y capacidad de tratamiento y, por otro lado, la construcción de la PTAR Canoas aguas abajo de la desembocadura del Río Tunjuelo sobre el Río Bogotá. Por eso, la clasificación como humedales de una parte de los predios de la PTAR Canoas y la PTAR Salitre lo único que evidencian es una falta de articulación entre el proyecto de resolución y las ordenes de la sentencia del Consejo de Estado, que podrían llevar a un fraude a resolución judicial e, incluso, a un detrimento patrimonial. Solo por dar un ejemplo, ¿qué pasaría con los recursos invertidos en la compra del predio donde se desarrollaría la PTAR Canoas? No desconocemos la necesidad de ordenar ambientalmente la Sabana, pero esta debe realizarse de forma coordinada con los proyectos que ya están en marcha y, que justamente, buscan recuperar el Río Bogotá.
El supuesto ambientalismo del Gobierno es improvisación y carreta. Asegurar el futuro de Bogotá y la Sabana implica coordinación, planificación y decisiones basadas en la realidad y la evidencia. Por eso, hace unos días dejamos a un lado nuestras diferencias partidistas, y nos juntamos con concejales de todos los sectores, como Julián Rodríguez Sastoque del Partido Verde y Daniel Briceño Montes del Partido Centro Democrático, entre muchos otros, para rechazar esta imposición y ataque del Gobierno Nacional a Bogotá. Desde el Concejo, trabajamos en conjunto con la Administración Distrital para viabilizar los proyectos que realmente protegen el ambiente y mejoran la calidad de vida de las personas.
Celebramos que, el viernes 14 de marzo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó como medida cautelar provisional el reinicio y agotamiento de las etapas del trámite de la resolución que ordenaría ambientalmente la Sabana de Bogotá. El Tribunal ordenó que los documentos y pruebas que fueron practicadas por el Ministerio de Ambiente, sean sometidas ante los sujetos y las entidades estatales que no fueron oídas y no tuvieron la oportunidad de controvertirlos. Esta decisión lo que demuestra en la elaboración del proyecto de resolución, es una clara ausencia de coordinación y armonización entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales que componen la Sabana de Bogotá, poniendo en riesgo el desarrollo sostenible de la región.
En un Estado social de derecho, como el nuestro, en donde uno de sus fines es facilitar la participación de todos en las decisiones que nos afectan, es indispensable que en la construcción de las normas ambientales participen las autoridades competentes que representan nuestros intereses. La supuesta protección ambiental sin coordinación ni planeación no puede ser excusa para frenar el desarrollo sostenible ni para ignorar el ordenamiento jurídico. Necesitamos decisiones serias, no discursos ni imposiciones disfrazadas de normas técnicas.
Juan David Quintero
