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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Ministerio de Justicia

Cesar Julio Valencia es el nuevo ministro de Justicia

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Cesar Julio Valencia Copete, es el nuevo ministro de Justicia del Gobierno de Gustavo Petro.

El nuevo ministro reemplaza a Eduardo Montealegre quien salió en medio de una fuerte pelea con el ministro del Interior, Armando Benedetti y con el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach.

 

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Valencia Copete es el cuarto ministro de Justicia del gobierno del presidente Gustavo Petro. Estudió derecho en la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá, y cuenta con una especialización en derecho comercial de la misma universidad, de la que además es profesor.

Eduardo Montealegre renuncia al Ministerio de Justicia

Desde muy temprano el presidente de la república, Gustavo Petro, solicitó la carta de renuncia de Eduardo Montealegre al cargo de ministro de Justicia, quien de inmediato la escribió, no sin antes enviar uno que otro dardo venenoso al equipo de personas que rodea al primer mandatario.

La solicitud de renuncia a la cartera de Justicia, se debió al enfrentamiento que sostiene Montealegre con el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach.

 

Otra razón que motivó la salida del cargo, es el llamado a debate de Moción de Censura por parte de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, en donde se estarían fraguando mayorías en su contra para estrenar la figura.

Eduardo Montealegre confirmó que con su salida del cargo se dedicará a defenderse en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que seguirá en última instancia en la Corte Suprema de Justicia.

Con proyecto de ley buscan acabar con las discusiones entre la Justicia Especial Indígena y la Justicia Ordinaria

El Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia radicaron en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca dirimir las diferencias entre la Justicia Especial Indígena y la Justicia Ordinaria.

El proyecto de ley incluye definiciones, principios orientadores, mecanismos y herramientas para coordinar y resolver los conflictos que se puedan presentar entre la JEI y las demás jurisdicciones.

 

El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, aseguró que «este proyecto de ley pretende cumplir un mandato constitucional que ordena la expedición de una ley de coordinación entre los sistemas de justicia nacional e indígena. Desafortunadamente, en la legislatura pasada el proyecto no alcanzó a salir por falta de tiempo, pero hoy queremos invitarlos a cumplir el mandato constitucional y a honrar la confianza que pueblos indígenas han depositado en nosotros».

Para la magistrada del Consejo Superior, Diana Alexandra Remolina, coordinadora de la Jurisdicción Especial Indígena, “esta iniciativa tiene un plus porque es una construcción colectiva que recoge las voces se los pueblos indígenas y de las instituciones nacionales. Este proyecto de ley garantiza la
autonomía de los pueblos indígenas y los articula con el Sistema Judicial Nacional. Por eso, esperamos que se convierta en ley esta legislatura».

Finalmente, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, calificó la iniciativa como «urgente e inaplazable» si lo que se busca es superar las diferencias entre estas dos maneras de impartir justicia.

MinJusticia radica proyecto de paz total y dice que la iniciativa no es para garantizar impunidad

El Gobierno Nacional en cabeza del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, radicó el proyecto de ley con el que busca dotar al Estado de herramientas legales sólidas y humanitarias para avanzar en los procesos de desmovilización, diálogo y justicia frente a los actores armados ilegales.

Según el ministro de Justicia, esta iniciativa propone una hoja de ruta para enfrentar el conflicto armado y el crimen organizado desde la justicia, la verdad y la reparación.

 

Con este proyecto, agrupaciones ilegales como el ELN y las disidencias se le otorgará el estatus de beligerancia para poder avanzar en negociaciones de paz, mientras que, a bandas como el Clan del Golfo, se les aplicará un proceso de sometimiento a la justicia, con posibles beneficios jurídicos si colaboran realmente, entregan armas y ayudan a desmantelar sus estructuras.

El proyecto también aclara que los beneficios solo se entregarán si hay compromisos claros y verificables, como dejar de atacar a la población, contar la verdad, reparar a las víctimas y comprometerse con la reintegración.

“El objetivo no es premiar a los criminales, sino darle herramientas al Estado para acabar con la violencia, proteger a las comunidades y fortalecer la justicia”, explicó el ministro Montealegre.

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Ante toda la polémica que ha desatado esta idea del Gobierno Nacional, el ministro de Justicia afirmó que aclara que los beneficios solo se entregarán si hay compromisos claros y verificables, como dejar de atacar a la población, contar la verdad, reparar a las víctimas y comprometerse con la reintegración.

“El objetivo no es premiar a los criminales, sino darle herramientas al Estado para acabar con la violencia, proteger a las comunidades y fortalecer la justicia”, explicó el ministro Montealegre.

Con proyecto de paz total Gobierno busca salvar de la cárcel a los miembros de grupos criminales

Sin un ambiente favorable ni en el Legislativo, ni en la opinión pública, el Gobierno Nacional se alista para debatir un proyecto con el que busca desarmar las organizaciones criminales más temidas en el país y en las principales ciudades.

Dentro de estas organizaciones se encuentran el Clan del Golfo y todas las bandas criminales dedicadas al narcotráfico y el microtráfico, lo mismo que las disidencias y los integrantes de la Primera Línea que se encuentran presos por provocar desmanes y atacar a miembros de la fuerza pública durante el estallido social en el gobierno de Iván Duque.

 

Se trata de criminales, algunos de estos presos en la cárcel que siguen mandando desde su lugar de prisión y alimentando sus fortunas obtenidas de manera ilegal.

El proyecto contempla penas alternativas, lugares de reclusión en granjas agrícolas y también la posibilidad de que se les conceda el 12% de sus fortunas obtenidas con rentas criminales. Todo lo anterior, sin tener claro la reparación a las víctimas y entrega de la verdad de los hechos.

Desde ya la iniciativa ha causado polémica por lo que esto puede significar en materia de lavado de activos e impunidad, porque de acuerdo a lo que se ha dado a conocer a la opinión pública, el proyecto plantea la posibilidad de otorgar penas alternativas a los jefes de estas bandas y grupos criminales como si se tratara de un grupo subversivo.

Uno de los principales críticos a este proyecto es el expresidente Juan Manuel Santos, quien dijo en entrevista para el diario El Espectador, que mientras no se tenga un norte y un objetivo es difícil conseguir una paz total.

«Creo que presentar un proyecto de ley cuando uno no tiene nada claro sobre las negociaciones con estos grupos generales, ni quiénes son, ni cuántos son, ni cuál es el objetivo, me parece que sería un salto al vacío y una irresponsabilidad. Por eso espero que el Congreso no vaya a aprobar ese proyecto de ley.», dijo el exmandatario al Espectador.

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La Corte Suprema de Justicia ha mostrado sus reservas frente al tema porque esto es una mezcla de justicia transicional con justicia ordinaria, con la idea de beneficiar a grupos que no tienen estatus de beligerancia, muchos de ellos con delincuentes a punto de ser extraditados a los Estados Unidos.

Se espera entonces la radicación del proyecto por parte del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que desde ya se vislumbra con un panorama que no es claro en medio de un ambiente poco favorable para el Ejecutivo, al menos en el Senado de la República, donde el Gobierno tiene serias dificultades para la aprobación de sus ideas.

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Gobierno alista proyecto que beneficia al Clan del Golfo

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, prepara un proyecto que modificaría la Ley de Justicia y Paz, ampliándola a integrantes de organizaciones como el Clan del Golfo, por ejemplo, otorgándoles beneficios para concretar su sometimiento a la justicia y entrega de armas.

En la iniciativa que sería presentada a discusión del Congreso de la República, entrarían narcotraficantes y cabecillas que tendrían solo condenas entre cinco y ocho años y quedarían libres si cumplen ciertas condiciones.

 

Delincuentes como alias ‘Chiquito Malo’, hoy máximo jefe de Clan del Golfo, cabecillas de las bandas criminales que delinquen en ciudades, se verían beneficiados de este proyecto, en el caso de ser aprobado por el Legislativo. También cabrían quienes acompañaron al presidente Gustavo Petro en el polémico tarimazo en Medellín.

Además, podrían ingresar, quienes hicieron parte de los diálogos de la Paz Total y tomaron la decisión de abandonarla.

Uno de los requisitos indispensables para acogerse a estos beneficios que estaría contemplando la iniciativa es la reparación a las víctimas.

Eduardo Montealegre escoge a los nuevos integrantes de la Comisión de Política Criminal

El ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre Lynett, expidió dos resoluciones nombrando a los integrantes de la Comisión Asesora para la Política Criminal del Estado Colombiano.

Esta comisión brinda asesoría técnica al Gobierno nacional en la formulación, evaluación y seguimiento de la política criminal del Estado. Está integrada por expertos académicos de reconocida trayectoria en áreas como derecho penal, criminología, derecho constitucional, economía, sociología y educación.

 

Los nuevos integrantes designados son:

Rocío del Pilar Peña Huertas, abogada, doctora en Derecho y profesora emérita de la Universidad del Rosario, y especializada en justicia transicional, propiedad agraria y derechos humanos con enfoque de género, entre otros temas.

Yessika Hoyos Morales, abogada defensora de derechos humanos, especialista en Filosofía del Derecho y Derecho Penal y activista sindical, con trayectoria en litigio nacional por graves violaciones a los derechos humanos.

Aura María Cárdenas Paulsen, doctora en Derecho, investigadora, docente y consultora experta en derecho constitucional, comparado y justicia transicional.

María Camila Moreno Múnera, antropóloga con más de 30 años de experiencia en derechos humanos, justicia transicional y procesos de paz en Colombia y a nivel internacional.

Julio César Ortiz Gutiérrez, abogado y académico experto en derecho constitucional, con amplia trayectoria docente e investigativa en la Universidad El Externado y reconocimientos internacionales.

Francisco Bernate Ochoa, doctor en Derecho, abogado penalista con amplia experiencia docente, litigante y consultor en derecho penal y cumplimiento normativo.

Mauricio Cristancho Ariza, abogado y doctor en Derecho con sólida formación en derecho penal y criminología, investigador y docente en múltiples universidades del país.

Sebastián Machado Ramírez, doctor en Derecho Internacional investigador y académico con experiencia en asesoría estatal en temas internacionales.

Martha Cecilia Abella de Fierro, abogada con formación en Derecho Administrativo, Derecho Público e Historia, es académica e investigadora con amplia experiencia en la docencia universitaria y en la gestión educativa.

Alejandro David Aponte, jurista y doctor en Derecho Penal y Filosofía del Derecho, con amplia experiencia en justicia nacional e internacional. Actualmente se desempeña como conjuez de la Sección de Reconocimiento del Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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Demandan el nombramiento de Eduardo Montealegre

Fue interpuesta una demanda ante el Consejo de Estado que pide revocar el el nombramiento del ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre.

El demandante, Juan Manuel López Molina, considera que el nombramiento da al traste con la ley de cuotas en el gabinete ministerial.

 

«Esta decisión contraviene lo dispuesto en la Ley 581 de 2000 (Ley de Cuotas) y su modificación introducida por la Ley 2424 de 2024, que elevó al 50% la participación obligatoria de mujeres en cargos del máximo nivel decisorio en la administración pública», dice el texto.

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López Molina estima que no se está garantizando la participación de las mujeres en al menos el 50 % de los cargos que conforman el gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro, un hecho que según el, agrava la brecha de género en la composición de las diecinueve (19) entidades del Ejecutivo.

Minjusticia (e) pide al Congreso aprobar Proyecto de Ley sobre reforma al Código de Infancia y Adolescencia

El ministro encargado de Justicia y del Derecho, Augusto Ocampo Camacho, en una audiencia pública celebrada en la Comisión Primera del Senado de la República pidió al Congreso de la República, aprobar el Proyecto de Ley que reforma el Código de Infancia y Adolescencia. 

“el Proyecto de Ley 416 de 2025 nace de la firme convicción de que el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes debe transformarse. No por capricho, sino porque la realidad nos exige actuar con mayor coherencia, humanidad y eficacia. También, el proyecto propone una justicia que educa, que reconcilia, que sana heridas y que ayuda a reconstruir caminos. En esencia, lo que hoy proponemos es una visión de país. El propósito de esta reforma es claro: adecuar nuestro sistema juvenil para que cumpla realmente su función restaurativa, pedagógica y protectora”, afirmó el funcionario.

 

La iniciativa busca la creación, implementación y articulación de procesos y procedimientos especializados y diferenciados para los adolescentes que tengan problemas penales..

De acuerdo con Ocampo Camacho la necesidad de aprobar esta reforma no nace como un gesto de indulgencia, sino como una muestra de responsabilidad histórica y compromiso con la paz duradera.

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Petro dice que la renuncia de su ministra de Justicia fue solicitada por el, ella responde que «se acaba de enterar»

El presidente de la república, Gustavo Petro, en entrevista para diferentes medios de comunicación aseguró que fue el quien pidió la renuncia de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.

Las declaraciones del primer mandatario se dieron luego de que la exjefe de la cartera de Justicia asegurara que su dimisión del cargo se tras supuestas presiones por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti y de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, para nombramientos en la entidad.

 

Ante estas palabras, Benedetti y Rodríguez, negaron los señalamientos y anunciaron demanda penal por calumnia e injuria.

La exministra de Justicia por su parte, en entrevista para Bluradio, aseguró que hasta se enteró que el presidente de la república, Gustavo Petro, había pedido su renuncia.

Renuncia la ministra de Justicia

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, presentó su carta de renuncia irrevocable al cargo afirmando que hubo presiones indebidas para temas de nombramientos que no estaba dispuesta a aceptar.

En entrevista para la Wradio, la jefa de la cartera de Justicia indicó que estas presiones venían de la actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

 

La hoy exministra afirmó que a pesar de las presiones nunca cedió y recordó que siempre fue clara con el presidente de la república en el sentido de que cualquier asunto relacionado con la cartera lo hablaría directamente con el primer mandatario y no a través de un tercero.

Renuncia Angela Maria Buitrago Ruiz Minjusticia by Confidencial Colombia

COP16: La ministra de Justicia destaca el papel de la justicia en la conservación del medio ambiente

En el marco de la COP16, la ministra de Justicia y Derecho de Colombia, Ángela María Buitrago, abordó temas cruciales sobre la relación entre la paz, la justicia ambiental y la sostenibilidad, y destacó la importancia de estos elementos para la construcción de una Colombia más justa y sostenible.

La ministra enfatizó que la justicia ambiental en Colombia se construye a partir de cuatro principios fundamentales que guían la acción del Estado en la protección del medioambiente, y permiten que Colombia avance hacia un enfoque de justicia que considere no sólo la protección de la naturaleza, sino también la seguridad humana y la paz duradera: justicia distributiva, justicia participativa, sostenibilidad y precaución

 

En primer lugar, Buitrago aseguró que la justicia distributiva se enfoca en la equidad en la distribución de las cargas ambientales, lo que asegura que los impactos negativos de la degradación ambiental no afecten desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables, como las indígenas, afrodescendientes y campesinas, quienes históricamente han sido las más impactadas por la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

“Pensar en la paz total no es simplemente decidir de la noche a la mañana cómo realizar una negociación o un diálogo. Se trata de entender que todo esto transversaliza esas negociaciones o diálogos, de reconocer que hay reglas de no ejecución para estos agentes contra el medioambiente. También implica entender que esos conflictos ambientales afectan a pueblos indígenas y afrodescendientes. Desde esa perspectiva, la justicia ambiental busca evitar la vulnerabilidad y la vulneración de estas poblaciones”, explicó la ministra.

Buitrago añadió que el compromiso de Colombia con la justicia ambiental se enmarca en el Acuerdo de Escazú, ya que promueve ecosistemas saludables y una gestión sostenible de recursos para reducir el riesgo de conflictos y actividades ilícitas que promueven la degradación ambiental.

“No hay duda de que la paz, el desarrollo y la protección del ambiente son interdependientes e inseparables. El acuerdo final para la terminación del conflicto y el Acuerdo de Paz imponen compromisos a la sociedad y al Estado, promoviendo la construcción de una paz estable y duradera, centrada en las víctimas y en la participación de todos los ciudadanos. Cualquier método que busque pacificar y evitar el daño ambiental es bienvenido, ya que Colombia, con su rica biodiversidad, desempeña un papel crucial en la mitigación del cambio climático”, concluyó la jefe de esta cartera.

Carlos Fernando Galán entrega a la ministra de Justicia diagnóstico de feminicidios en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó a la ministra de justicia, Ángela María Buitrago, y a las congresistas de la bancada de mujeres, un diagnóstico de la situación de feminicidios en la ciudad y formularon una serie de propuestas para prevenir violencias basadas en género no solo en la ciudad sino en todo el país.

Explicó el mandatario bogotano que “nosotros hemos buscado fortalecer las herramientas que tenemos desde la ciudad para poder enfrentar esta problemática. Hemos venido haciendo un esfuerzo, y quedó incorporado en el Plan de Desarrollo, el de fortalecer los equipos comisariales. De pasar de 51 a 67 equipos de comisarios de planta para darle estabilidad a esos grupos como un esfuerzo que permita avanzar en que tengan mejores herramientas para cumplir su misión”.

 

Así mismo, el Alcalde Mayor explicó que el Distrito está en el proceso de traslado de las comisarías de familia de la Secretaría de Integración social a la Secretaría de Seguridad.

El diálogo se dio en medio de una mesa de trabajo para abordar la problemática de los feminicidios en la capital del país en donde participaron varios integrantes del gabinete distrital.

De igual forma el Alcalde Mayor, explicó que se va a trabajar en la propuesta de una ruta diferencial, con el propósito de generar una atención de manera particular, según los riesgos de cada caso.

“Este es un esfuerzo que arrojará resultados importantes de un trabajo coordinado entre la Nación, el Distrito con el apoyo también de los y las congresistas que están trabajando en un proyecto de Ley para ser más eficaces en la lucha contra las violencias contra la mujer”, puntualizó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Radican proyecto de reforma a la justicia

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro; la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago Ruiz, se dieron cita en el Salón de la Constitución del Senado de la República para radicar un proyecto de reforma que busca reducir la impunidad, garantizar una justicia penal más pronta y eficaz que se ajuste a las necesidades de los ciudadanos y asegurar en todo momento los derechos de las víctimas.

El proyecto retoma el espíritu original del sistema penal colombiano, creado en 2004 para potenciar las actuaciones a través de la justicia premial, pero que ha ido sufriendo modificaciones aumentando las restricciones a figuras como los preacuerdos y principios de oportunidad, valiosas alternativas para la terminación anticipada de los procesos.

 

La Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia proponen ajustes como el levantamiento de restricciones a mecanismos procesales implementados por la Ley 906 de 2004, la concesión de beneficios por allanamientos y preacuerdos, y la aplicación del principio de oportunidad de manera eficiente.

El articulado plantea elementos como:

La extinción de la acción penal por la reparación integral a las víctimas.

Aplicación del principio de oportunidad por parte de la Fiscalía desde el momento de la indagación.

La posibilidad de que las personas capturadas en situación de flagrancia puedan recibir beneficios por allanamiento de cargos en similares condiciones que aquellos que no han sido aprehendidos en flagrancia.

Procedimiento de allanamientos y preacuerdos para todos los delitos.

Gobierno abre 2.479 cupos para trabajos comunitarios de madres cabeza de familia condenadas

El Gobierno Nacional cuenta con 2.479 cupos disponibles para que mujeres jefe de hogar, que cometieron un delito en contexto de marginalidad, puedan solicitar una pena sustitutiva, para que en lugar de ir a prisión cumplan con servicios comunitarios y puedan atender a sus hijos y a sus familias en libertad.

Así lo confirmó el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña Hernández, quien advirtió que las mujeres beneficiadas deben estar cumpliendo condenas que no superen los ocho años de cárcel, por estupefacientes o hurto, tal como lo establece la Ley 2292 de Utilidad Pública.

 

“Este servicio busca que la sociedad reciba un beneficio a cambio del esfuerzo de estas mujeres y que ellas, a su vez, puedan reintegrarse a sus hogares y reconstruir las relaciones con sus seres queridos para tener una mejor oportunidad de vida», afirmó Umaña.

Manifestó que unas 4.500 mujeres, de las cerca de 17.000 privadas de la libertad en el país, podrán optar por esta medida alternativa.

En la actualidad, 73 internas cuentan con decisiones favorables para cumplir la condena con servicio comunitario; ante los jueces de ejecución hay 2.000 solicitudes presentadas y, a la fecha, se han presentado cero casos de reincidencia, añadió el viceministro.

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