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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Opinión

Extremistas

Hasta hace unos años, la definición de extremismo político era clara. Lenin, Mussolini, Oliveira Salazar o Fidel Castro eran extremistas porque representaban formas del Estado basadas en la supresión de las libertades individuales, ya fuera que esta supresión se justificara por raza, clase, nación o religión. Formas de concebir el Estado que surgieron de la oposición al liberalismo hace ya un poco más de cien años, todas relacionadas con el romanticismo alemán y su evocación del paraíso perdido. Tal vez la definición más sensata de extremismo político provenga de una agencia de seguridad, el MI5 británico: «Extremismo es la promoción o avance de una ideología basada en violencia, odio o intolerancia, que busca derrocar o socavar la democracia parlamentaria, crear un clima de miedo para lograr cambios políticos, religiosos o ideológicos y justificar o legitimar la violencia para alcanzar objetivos ideológicos».

Pero ya no es tan claro. Hay nuevos extremismos: los promotores del concepto del decrecimiento, la teoría crítica de la raza, el aceleracionismo, la Ilustración Oscura, el feminismo de tercera ola, la idea del individuo soberano. The Base y Antifa son también extremismos. Pero ahora los viejos liberales, como Borges, son fascistas y las momias soviéticas son libertarios. Es un caso extremo de inflación retórica. Una palabra que designaba algo muy concreto se ha convertido en un insulto comodín para descalificar a cualquiera que defienda el libre mercado, la libertad de expresión, el universalismo liberal o simplemente critique ciertas políticas identitarias. Es el equivalente moderno de “hereje” o “contrarrevolucionario”: una forma de excomunión moral instantánea.

 

En Colombia no han existido partidos de extrema derecha con vocación de poder, pero sí partidos y movimientos extremistas de izquierda, representados en organizaciones terroristas, insurgencias y combinaciones de las formas de lucha. Sin embargo, no han estado en condiciones reales de derrocar la democracia parlamentaria y han sido derrotados en las urnas y en el campo de batalla. El verdadero extremismo histórico en nuestro país ha sido lo que podríamos llamar Autoritarismo Elitista. Una entidad inorgánica en la cual confluyen la criminalidad organizada, la clase política, redes de corrupción y activistas radicales en torno a personalidades de las élites tradicionales. Esta asociación ha sido siempre antiliberal, hostil a la democracia y al libre mercado, y durante décadas ha impedido el desarrollo de las clases medias, excluyéndolas de la comunidad política.

Las élites autoritarias han promovido la confrontación social y la división, no siempre con éxito, para lo cual han creado el relato de la polarización y han sustentado su alianza con el crimen a través de la causa de la paz. El elitismo autoritario es socialista porque este modelo de Estado les permite capturar mejor los recursos de la sociedad y contar con un Estado grande que facilita las redes de corrupción y la creación de monopolios. Estos extremistas del ultraindividualismo van adaptando su relato a los acontecimientos. No hace mucho eran los “amigos de la paz” y los ciudadanos eran los “enemigos de la paz”; ahora se autodefinen como “el centro”, centro entre extremos que no existen, y por eso su “centro” no tiene representación: no es más que un relato vacío.

Esta facción extremista, alzada contra la democracia, la libertad y la gente, se ha visto, por primera vez en décadas, confrontada por un movimiento ciudadano y popular, lo que nos ha permitido tener claridad en cuanto a que la única y verdadera confrontación que existe en Colombia es la que esta élite ha impuesto. En esta elección, que no es una elección sino un reordenamiento de poder, el autoritarismo elitista está quedando al margen. Su narrativa culpabilizadora, según la cual quienes no refrendan su mandato son extremistas, ha dejado de tener sentido. Ya la gente entendió que los extremistas son ellos.

Jaime Arango

Cuando el miedo de nuevo pretende gobernar

Colombia es una nación que ha sobrevivido a heridas profundas, pero también es un país al que algunos sectores insisten en desgarrar por dentro mediante palabras que no pretenden dialogar sino dividir. La polarización no aparece de manera espontánea. Es una estrategia cuidadosamente construida por sectores políticos que han convertido el miedo en una herramienta de poder, un recurso para deslegitimar al que piensa distinto y para frenar cualquier posibilidad de transformación social. Cada frase estigmatizadora, cada señalamiento vacío, cada grito envenenado, ha ido moldeando un ambiente donde la sospecha pesa más que los argumentos.

En este clima crispado el país fue testigo de un momento que dejó al desnudo la gravedad de ese discurso. La senadora Paloma Valencia, en plena sesión del Congreso, le gritó al senador Iván Cepeda la expresión mándeme a matar. Esa frase no fue un desliz ni un arrebato. Fue la expresión más clara de un estilo político que busca deshumanizar al adversario y sembrar la idea de que la izquierda democrática es una amenaza mortal. Fue la evidencia de un deterioro profundo en nuestra convivencia institucional, una muestra de cómo la violencia simbólica sigue contaminando la vida republicana.

 

Durante años hemos escuchado las mismas advertencias desprovistas de sustento. Aseguran que la izquierda entregará el país a los violentos. Que la búsqueda de la paz es una capitulación. Que defender derechos humanos equivale a apoyar criminales. Que las reformas sociales conducirán al caos económico. Que la igualdad es apenas una excusa para imponer dictaduras imaginarias. Estas fórmulas no tienen como propósito ayudar al país. Su función es impedir que la ciudadanía mire de frente los verdaderos problemas que nos afectan, como la desigualdad estructural, la corrupción enquistada, el narcotráfico que destruye territorios y la falta de oportunidades que condena a millones a una vida de exclusión.

La polarización se convierte así en una herramienta para proteger privilegios, no para defender principios. Cuando se demoniza la paz, lo que se teme no es la violencia sino la verdad. Cuando se condena la justicia social, lo que se protege no es la economía sino un orden desigual que beneficia a unos pocos. Y cuando se ataca a quienes buscan cambios democráticos, lo que está en juego no es la libertad, sino la capacidad de la sociedad para imaginar un futuro distinto.

A esta estrategia del miedo se suma una tendencia igualmente peligrosa. El negacionismo de hechos victimizantes. Negar masacres, despojo de tierras, minimizar asesinatos selectivos, desdibujar desplazamientos o relativizar desapariciones forzadas es un intento de borrar el sufrimiento de miles de víctimas. Cuando se niega la responsabilidad histórica de estos hechos, se intentan limpiar biografías políticas y se oculta la verdad que el país necesita para sanar. No hay reconciliación posible cuando la memoria se manipula, cuando se busca imponer el olvido y cuando se pretende que la impunidad sea un camino aceptable.

En medio de este escenario cargado de tensiones los sectores progresistas, socialdemócratas y de izquierda tienen una responsabilidad enorme. No pueden caer en la trampa del odio. No pueden permitir que la provocación los desvíe del camino. La tarea es mantener un rumbo sereno y propositivo, reafirmar el compromiso con la construcción de paz, la erradicación del narcotráfico, la lucha contra la corrupción y la superación de la desigualdad y la inequidad que siguen dividiendo al país. La respuesta ética no es devolver la agresión sino profundizar el trabajo por la paz, la vida, la justicia y la dignidad de todas y todos los colombianos.

En esta construcción colectiva también es fundamental el papel del sector empresarial. Pequeños, medianos y grandes empresarios están llamados a fortalecer la responsabilidad social de las empresas, a invertir en la gente, a abrir puertas de oportunidad y a promover entornos laborales y sociales inclusivos y justos. Su aporte es indispensable para avanzar hacia un acuerdo sobre el salario mínimo que beneficie a las trabajadoras y trabajadores, que reactive el consumo interno, que dinamice la economía y que afiance la justicia social. Una sociedad más equilibrada garantiza condiciones más estables para el desarrollo y para un crecimiento económico sostenible que respete el medio ambiente, la cultura y la dignidad de cada persona.

La verdadera grandeza política aparece cuando la esperanza se mantiene firme y no se deja absorber por la rabia. Frente a la ofensa, la respuesta necesaria no es elevar el tono sino profundizar el compromiso con la vida, con el entendimiento y con la posibilidad de unir a Colombia en lugar de continuar desgarrándola. A quienes alimentan el miedo se les responde abriendo caminos de futuro. A quienes insisten en dividir se les responde creando comunidad y fortaleciendo el sentido de un país que solo podrá avanzar cuando el respeto y la serenidad sean más fuertes que cualquier provocación.

Colombia necesita que el afecto venza al odio, que la responsabilidad colectiva venza al egoísmo y que la imaginación de un país más justo venza al miedo que algunos quieren seguir imponiendo. Los sectores progresistas, la ciudadanía comprometida con el cambio y los empresarios que creen en el desarrollo con equidad tienen la oportunidad de demostrar que la patria se construye con respeto, con solidaridad y con la convicción de que la dignidad humana es el corazón de cualquier proyecto nacional. Esta patria merece mucho más que una política hecha de insultos y amenazas. Merece un destino donde la vida sea el centro y no la excusa, un futuro donde la esperanza sea más fuerte, un camino donde el desarrollo económico no excluya a nadie y donde el respeto por la naturaleza, la cultura y la dignidad guíe nuestras decisiones colectivas.

Luis Emil Sanabria Durán

¡Al límite!

En concepto de la presidenta de NATURGAS Luz Stella Murgas, “el déficit de gas en firme seguirá aumentando en los próximos años si no aceleramos los nuevos proyectos que hemos identificado…Estamos operando al límite, no tenemos margen de maniobra si se presenta alguna contingencia”, de la cual no estamos exentos.

El déficit de gas, que ahora reconoce el Gobierno, ha obligado a su importación desde diciembre del año pasado para garantizar el cubrimiento de la demanda esencial. Como era de esperarse el precio del gas importado es mayor que el del extraído en el territorio nacional, que también ha subido de precio por la escasez y, como es apenas lógico, el mayor precio se termina trasladando al usuario vía tarifa por parte de las empresas comercializadoras. En su momento el ex ministro Camacho afirmó que esto último no podía darse. Sin embargo, a despecho de sus declaraciones, tuvimos a comienzos de año un incremento en las tarifas de gas en el interior del país que osciló entre el 20% y el 36%!

 

Eso era previsible y no tenía por qué sorprender a nadie, esos polvos tenían que traer estos lodos. Lo que se está dando en este momento es sólo una escalada del alza de las tarifas de gas de comienzos de año en el interior del país, que ahora se extiende al resto del país a partir de este mes de diciembre dado que los contratos que se habían firmado por parte de las empresas comercializadoras con sus proveedores llegaron a su fin, al vencerse en el mes de noviembre y ahora los nuevos contratos incorporan el componente de gas importado a los precios a los que se cotiza en el mercado internacional. El Alza anunciada para el gas vehicular es del 35%, para la industria el 28% y para gas domiciliario, en promedio, el 14%. Es de advertir que el alza no es mayor gracias a la revaluación del peso con respecto al dólar de 13.5%.

El Ministro de Minas y Energía Edwin Palma reaccionó anunciando “decreto y Resolución  para contener el alza y garantizar precios justos”, asumiendo que los actuales no lo son. Y fue más lejos al anticipar que se tomarán “20 medidas urgentes y estructurales para garantizar el abastecimiento en todo el país y frenar prácticas especulativas”. De este modo nos estamos retrotrayendo a las declaraciones del entonces Ministro Camacho, quien se negaba a aceptar que había una escasez, un déficit de gas en el país y en su lugar, según el, se estaba dando una especulación por parte de algunas empresas que estaban acaparándolo. Le pidió a la Superintendencia de servicios públicos que lo investigara y todo se quedó en anuncios y de aquello nada, ningún hallazgo.

Huelga decir que la entidad competente para investigar las presuntas “prácticas  especulativas”, si hay lugar a ellas y sancionar a la empresas que incurran en las mismas es la Superintendencia, no el Ministerio de Minas y Energía. Y de contera, no hay que perder de vista que el principal jugador en el mercado del gas, por ser el mayor productor y proveedor de gas natural en el país, con el 70%, es la estatal ECOPETROL, que vende el gas a los precios del mercado, no le es dable expenderlo a más bajo precio.

Además, como hemos tenido la oportunidad de advertirlo, debido a la tardanza de la CREG en expedir la Resolución 102 022 de noviembre 28, después de un año de espera, con la cual se facilita la importación y contratación de gas natural a largo plazo por parte de las empresas comercializadoras del mismo y de esta manera transarlo a precios más razonables. A falta de la misma, por una CREG procrastinadora, se vieron compelidas a comprar el gas en el mercado spot, a precios mucho más altos, mediante contratos trimestrales.

Así las cosas, no vemos cómo el MME  va a expedir “una resolución que permitirá que toda nueva oferta de gas nacional sea contratada a un precio justo y de manera inmediata, evitando presiones adicionales sobre la tarifa” cuando los nuevos contratos ya están firmados y como decimos en mi tierra, después de rayo caído no hay magnifica que valga!

Ahora bien, lo urgente no nos puede llevar a perder de vista lo importante, que es garantizar el abastecimiento, en el entendido que la energía más cara es aquella de la que no se dispone justo en el momento que se requiere. Para ello será indispensable importar mayores volúmenes de gas, para lo cual se requiere ampliar la capacidad de regasificación, hoy limitada a la SPEC en Barú (Cartagena), que ya está copada. Este es un cuello de botella que limita la capacidad de importación de gas natural.

Se cuestiona por parte del Presidente Petro el “haber  dejado”, según él “a un monopolio privado la importación” de gas, cuando la realidad es otra. El llamado Grupo térmico de la Costa, integrado por tres plantas generadoras (TEBSA, Termocandelaria y Celcia) la promovió, con el fin de asegurarse el aprovisionamiento de gas y poder así cumplir con la Oferta de energía en firme (OEF) que se derivaba de la asignación del tan denostado por este gobierno, Cargo por confiabilidad, de la cual habían sido objeto. Me correspondió como ministro de Minas y Energía licenciar su proyecto mediante las resoluciones 062 de 2013 y 022 de 2014. Esa es la explicación de que se instalara por la iniciativa privada y no pública y no otra, como la que se sugiere con suspicacia.

Amylkar Acosta

Los descuentos ilegales de Cundinamarca que desangran a Bogotá

La semana pasada Bogotá observó cómo el gobernador Jorge Emilio Rey salió a defender con entusiasmo los descuentos ilegales que Cundinamarca lleva aplicando desde 2015 al impuesto de vehículos. Lo hizo justificando la ilegalidad con unas supuestas cifras, una incierta ineficiencia tributaria y una infundada necesidad de unificar jurisprudencia.

La realidad jurídica y fiscal no se sustenta con conjeturas o supuestos sino con certezas. Hoy reitero mi posición y me ratifico en cada denuncia: mediante un esquema ilegal de descuentos, Cundinamarca le quita a Bogotá las rentas del impuesto de vehículos que deberían financiar nuestras vías y los efectos negativos que generan estos vehículos en la ciudad.

 

Por eso, el martes pasado radiqué ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, una demanda de nulidad contra la Ordenanza 038 de 2025 de la Asamblea Departamental de Cundinamarca, la cual extendió sin competencia hasta septiembre de 2028, descuentos al impuesto sobre vehículos, a vehículos nuevos con motor a combustión por hidrocarburos que sean matriculados en las secretarías de movilidad del departamento.

El gobernador afirmó que los descuentos responden al “principio de eficiencia tributaria”, que no existe una “línea jurisprudencial unificada” y que, al haber un “fallo mixto”, los incentivos no son ilegales.

Incluso sostuvo que una futura sentencia de unificación resolvería el debate. Sin embargo, esa postura lo que realmente busca es justificar una ilegalidad con meras suposiciones.

Porque el Consejo de Estado ya falló y con contundencia. La Sección Cuarta en 2014 y 2022 afirmó que las asambleas departamentales carecen de competencia y extralimitan el ejercicio de sus funciones, cuando establecen descuentos al impuesto nacional de vehículos automotores.

Las razones son evidentes y aplican también a Cundinamarca: (i) el impuesto sobre vehículos constituye una renta nacional, cedida a las entidades territoriales; (ii) de acuerdo con el artículo 147 de la Ley 488 de 1998, los departamentos y distritos solo tienen competencia para administrar y controlar el impuesto, no para conceder beneficios tributarios; y (iii) los descuentos sobre el impuesto de vehículos son competencia del Congreso de la República y no de las asambleas departamentales, según los artículos 138, 139 y 147 de la Ley 488 de 1998 y el artículo 294 de la Constitución Política.

Y sí. En el fallo de 2022 un consejero salvo el voto, pero los tres consejeros restantes estuvieron de acuerdo y declararon la nulidad de los descuentos establecidos por la Asamblea Departamental del Meta al impuesto de vehículos en su jurisdicción.

Este salvamento de voto no significa que exista una “discrepancia” que se debe resolver con una sentencia de unificación. ¿Y por qué? Porque hay dos fallos en firme que evidencian contundentemente la ilegalidad de los descuentos al impuesto de vehículos que establecen los departamentos. Por lo que en este caso no se requiere unificar o sentar jurisprudencia, precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación.

La jurisprudencia del Consejo de Estado no deja zonas grises. El gobernador omitió estos argumentos esenciales, quizás porque desarman su defensa a los descuentos ilegales que busca proteger.

Mientras tanto, el impacto fiscal recae sobre Bogotá, no sobre Cundinamarca. Los datos lo muestran sin necesidad de subrayados. El departamento recaudó casi tanto por habitante como la capital, incluso aplicando descuentos del 50% y del 20%.

Los 26.990 carros matriculados en Cundinamarca representaron 83 de cada 100 pesos que Bogotá perdió. En 2025, Cundinamarca matriculó más del doble de vehículos a combustión fósil que Bogotá.

El departamento creció 20%; la capital cayó 7%. Y mientras la ciudad asumió un gasto 71% más alto en infraestructura vial, siniestralidad y gestión del tráfico entre 2021 y 2025, Cundinamarca apenas giró 10 millones a la ciudad en 2024, una cifra irrisoria frente al tamaño del impacto.

Este no fue un resultado accidental. Fue el producto directo de una estrategia tributaria ilegal que distorsiona el mercado, fractura la lealtad territorial y traslada costos a quien no recibe el recaudo. Los contribuyentes deben tributar donde usan la infraestructura, no donde se les ofrece una tarifa ilegalmente más baja.

Hoy, miles de propietarios de carros que residen, circulan y generan costos en Bogotá, pagan impuestos en Cundinamarca.

Por todo esto radiqué la demanda de nulidad contra Cundinamarca.

La articulación y coordinación entre territorios exige transparencia, lealtad y respeto por la legalidad. Ese es el camino que defiendo y seguiré impulsando, porque Bogotá no puede seguir permitiendo que Cundinamarca la desangre con un esquema tributario ilegal.

Juan David Quintero

El viernes negro

El llamado Viernes Negro o Black Friday se ha venido institucionalizando en Colombia. Se trata de una organizada estrategia comercial para colocar en el mercado productos a precios rebajados. Actividad que muchas veces se prolonga durante varios días, mientras los consumidores como hipnotizados por el flautista de Hamelin, forman largas filas, colapsan comercios y vías públicas con monumentales trancones, apoyados por los mandatarios locales que a la par, inventan recreativas jornadas nocturnas para incentivar a los consumidores a acudir al mercado para comprar cuanto chéchere es ofertado y no necesitan.

Hay quienes piensan que, los antecedentes del Black Friday se encuentran ligados a las tradiciones de los antiguos pioneros ingleses llegados en 1621 las colonias británicas en América; que, frente a las vicisitudes encontradas en su nuevo hogar, se unieron en un día especial de conmemoración para dar gracias a El Eterno por las bondades recibidas y por el apoyo recibido por parte de los indígenas Wampanoag que les enseñaron a sembrar maíz, lo que les permitió sobrevivir al crudo invierno.

 

El festejo de agradecimiento tuvo inicialmente una duración de tres días; ya antes en otras colonias hubo conmemoraciones similares de acción de gracias. La historia cuenta que, el Presidente George Washington (1732-1799) en 1789 declaró el día de acción de gracias como feriado nacional, pero cada estado lo conmemoraba en diferente fecha, hasta que, el Presidente Abraham Lincoln (1809-1865) en 1863, unificaría el cuarto jueves de cada mes de noviembre como festivo federal de acción de gracias.

Hay varias hipótesis sobre el origen de la expresión Black Friday conexa al día de acción de gracias. Algunos erróneamente, mencionan que, el viernes siguiente al jueves de acción de gracias, se realizaban ventas rebajadas de esclavos, además dicho día era asueto para los esclavos, quienes quedaban en libertad dentro de las haciendas para hacer su voluntad. Hipótesis que carece de sustento porque la esclavitud en Estados Unidos fue abolida en 1865, finalizada la Guerra de Secesión y ratificada la 13º Enmienda bajo el Gobierno del mismo Presidente Lincoln; si el festivo federal de acción de gracias data de 1863, dicha hipótesis resultaría infundada.

Otra hipótesis señala que, en los años 50s del siglo pasado justo después de un jueves de acción de gracias, se llevó a cabo en Filadelfia, Pensilvania, un encuentro de fútbol americano entre el Ejército y la Marina. Ese viernes la ciudad colapsó por cuenta de los visitantes que arribaron para el encuentro y los locales que salían a hacer compras navideñas. Oportunidad que aprovecharon los ávidos comerciantes que, al registrar sus libros en negro sin saldos en rojo, concedieron descuentos para incrementar las ventas, idea que hizo carrera en otras localidades.

El Black Friday colombiano además de día de aparentes ofertas, es día de desorden y caos vial, abundan los trancones y cada quien aprovecha para hacer de las suyas: Los motociclistas desenfrenados y, los ladrones atracando a cuanto despistando encuentran, entre tanto, alguno que otro comerciante avivato, subió los precios de sus productos unos días antes, para luego rebajarlos y “ofertarlos” en Black Friday por el precio real. Mientras el “blackfridiano” consumidor se va engañado y feliz con su compra.

No demora algún genial congresista en presentar un proyecto de ley para establecer el Black Friday como feriado nacional pro estimulo del comercio. Empero, lo que realmente vale le pena destacar, no es el comercio, es el precedente. El hecho que, un día al año, la sociedad se reúne en familias para dar gracias a El Eterno por la vida, por la cosecha, por las bendiciones recibidas durante el año. Los países donde sus ciudadanos rezan y agradecen unidos están irremediablemente destinados a ser prósperos. Colombia no necesita caóticos viernes negros; requiere imperiosamente, de días de conmemoración y agradecimiento a D-os.

León Ferreira

Un país dividido en tres tensiones: lo que revela la encuesta de Invamer sobre el rumbo político de Colombia

Las encuestas no eligen presidentes, y menos faltando cinco meses para las elecciones, pero sí revelan cómo se está moviendo el subsuelo emocional del país. La medición de Invamer de noviembre deja claro que Colombia está entrando en una fuerte recomposición: la izquierda aparece con un liderazgo nítido en primera vuelta, la derecha dura conserva un músculo emocional importante, y el centro sigue débil en arranque, pero competitivo en un escenario final. Tres velocidades, tres relatos y un solo tablero donde cada movimiento altera todo.

La lectura no es obvia. Requiere separar el ruido del dato y entender qué está diciendo la sociedad cuando distribuye su preferencia entre Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo. Las cifras hablan, pero lo hacen en clave de tensiones más profundas: continuidad, rabia y moderación. Con ayuda de la IA analizamos esas tensiones.

 

1. La izquierda gana la primera vuelta, pero no tiene asegurado el país

Iván Cepeda encabeza la intención de voto con un 31,9 % en el escenario con todos los candidatos. No es un apoyo “personalista”: es la cristalización de un bloque político que sigue viendo en la izquierda la narrativa dominante para interpretar el país, incluso después del desgaste del gobierno Petro. El reto es evidente: liderar sin heredar ciegamente, corregir sin renunciar, y evitar que el voto favorable al proyecto progresista se lea como cheque en blanco al continuismo.

El país está fracturado en dos mitades casi simétricas: 50,2 % dice preferir un candidato cercano al Gobierno; 46,9 % se va por la oposición. Cepeda no puede confiar en esa ventaja: la segunda vuelta lo obliga a hablarle a un electorado que duda entre la desconfianza hacia la derecha radical y el temor a repetir improvisaciones y malos resultados gubernamentales. La encuesta revela más que apoyo: expone una demanda de responsabilidad, de orden institucional y de resultados.

2. La derecha dura mantiene un voto emocional fuerte, pero con techo limitado

Abelardo de la Espriella es segundo con un 18,2 %. Su fuerza no nace de un proyecto de país: nace del enojo acumulado, del sentimiento de agravio moral, de la narrativa anti-política que se ha instalado en sectores urbanos y redes sociales. Es un voto real, duro, resistente al desgaste. Pero también es un voto con un techo evidente. Cada vez que se simula una segunda vuelta, la sociedad se repliega: Cepeda le gana con amplitud y Fajardo por un margen considerable.

La pregunta no es si De la Espriella puede pasar a segunda vuelta: puede. La pregunta es si puede ganar: hoy, no. Y esto coloca a la derecha en su viejo dilema: su base más ruidosa no es su base más representativa. El establecimiento conservador y empresarial tendrá que decidir si prefiere apostar a la “furia rentable” o a la “viabilidad gubernamental”.

3. El centro sigue pequeño en primera vuelta, pero sigue siendo decisivo donde importa: en segunda vuelta

Fajardo aparece con 8,5 %: una cifra fría, casi decepcionante. Pero en segunda vuelta, el clima cambia. Le gana a De la Espriella con holgura y casi empata con Cepeda. Es un candidato que no domina las alturas de la primera vuelta, pero que recoge la ansiedad del país cuando se reduce la oferta electoral. Representa una cierta necesidad de equilibrio: ni el vértigo de la radicalización ni la reanudación de la improvisación.

Su debilidad es conocida: carece de narrativa emocional de entrada. Su ventaja también: tiene la menor resistencia cuando el votante debe elegir entre extremos. En un país fatigado de tensiones, puede convertirse en el destino de electores de centro, segmentos empresariales y sectores de derecha desconfiados de la radicalización.

4. Tres campañas, tres estrategias y un solo problema compartido: la incertidumbre del rumbo

La encuesta no muestra un país inclinado hacia un modelo definitivo. Muestra un país tenso, dividido entre la urgencia de resultados, el hartazgo con la política habitual y la necesidad de un nuevo pacto de gobernabilidad. Por eso, cada campaña queda obligada a revisar su brújula:

  • La izquierda debe demostrar que aprendió de sus errores y que puede gobernar sin polarizar.
  • La derecha debe decidir si quiere ganar o solo hacer ruido.
  • El centro debe construir una narrativa capaz de entusiasmar, no solo de tranquilizar.

Ningún bloque tiene la victoria asegurada. Más que ofrecer certezas, la encuesta ofrece advertencias.

5. Un país frente al espejo

Más allá de las cifras, la encuesta muestra algo más profundo: Colombia está buscando un relato que supere el péndulo entre indignación y esperanza. Ninguno de los tres proyectos logra articularlo del todo. La izquierda tiene liderazgo sin hegemonía. La derecha tiene volumen emocional sin viabilidad institucional. El centro tiene viabilidad electoral sin potencia narrativa.

Esa tensión es peligrosa, pero también es productiva: obliga a cada sector a dejar de hablarle solo a su nicho y volver a hablarle al país. La sociedad está enviando un mensaje claro, mejorado con respecto a las elecciones del pasado: no votará solo por identidad ideológica; votará por quién logre ofrecer un horizonte de estabilidad, resultados y coherencia.

El país sí está dejando claro en la encuesta qué tipo de país quiere dejar de ser.

Rafael Fonseca Zárate

Listas al Congreso: Bogotá no tiene quien la represente

Esta semana Bogotá vuelve a ser el epicentro de la política nacional, mientras el país se distrae con consultas presidenciales y pactos improvisados, en los pasillos de la Registraduría se juega una batalla decisiva: el cierre de listas al Congreso, cuyo plazo vence el 8 de diciembre. Allí no se define solamente quién tendrá curul, sino quién trabajará -o no- en nombre de Bogotá durante los próximos cuatro años.

El panorama inicial se concentra en que los partidos deben armar sus listas a las carreras, entre negociaciones nocturnas, vetos internos, pactos frágiles y miedos a quedar por fuera de la foto. La política llega tarde a su propia cita, y Bogotá, como siempre, termina reducida a campo de batalla de intereses nacionales.

 

Los bloques ya visibles lo confirman, cuando el Pacto Histórico lleva una lista definida por consulta interna, con figuras digitales como Carrascal y Lalis encabezando el voto duro urbano. La alianza Verde y En Marcha intenta recomponer su credibilidad con Catherine Juvinao en Cámara y Lucho Garzón en el Senado. Por su parte, ALMA (la coalición entre La U, Cambio Radical y Oxígeno) se posiciona con una oferta de centro-derecha basada en seguridad y gerencia urbana, encabezada por Carolina Arbeláez. Y arriba, en el tablero nacional, la coalición Ahora Colombia (Nuevo Liberalismo, Dignidad y MIRA) proyecta una lista al Senado que busca capturar el voto de opinión en las grandes ciudades.

La situación del liberalismo bogotano es más compleja, pues una megaciudad comparable en tamaño a Nueva York, Londres o Bangkok, con más de ocho millones de habitantes, hoy  tiene un solo representante liberal en la Cámara para que interprete y trabaje por las causas justas y los nuevos retos ciudadanos, pero éste único congresista lejos de defender los intereses de esta capital gigantesca, ha dilapidado su voz en riñas internas con el jefe del partido, a debates nacionales ajenos y a agendas políticas que no tocan las realidades de las localidades. Su energía se consume en guerras domésticas del liberalismo, mientras Bogotá (una ciudad del tamaño de las principales metrópolis del mundo) sigue sin un doliente claro en el Congreso para materializar la agenda social del partido que otrora realizó las grandes transformaciones sociales, culturales, económicas y políticas de la historia nacional.

Este vacío no es menor, pues distancia al Partido Liberal de las realidades bogotanas, lo aleja del territorio, de las comunidades y de una narrativa clara para la capital. Mientras los bogotanos claman por soluciones a problemas urgentes como la seguridad, movilidad, agua, energía, descontaminación, residuos, empleo juvenil, espacio público, deterioro urbano, gobernabilidad territorial y descentralización local,  su único representante liberal aparece desconectado de las agendas locales y absorbido por luchas internas que no resuelven nada para la ciudad. El resultado es evidente cuando deja a un liberalismo sin brújula en Bogotá, sin agenda territorial y sin presencia real en los barrios. Un partido histórico que, en lugar de reconstruir su identidad urbana, se resigna a participar en discusiones nacionales desconectadas de la ciudad que dice representar.

Ni siquiera los representantes del Pacto Histórico de izquierda, que reciben votos de sectores populares vulnerables, están hablando hoy de la ciudad. En vez de liderar debates sobre los problemas cotidianos de Bogotá se concentran en respaldar sin matices las propuestas más maximalistas del Gobierno como la renombrada constituyente exprés, mega-reformas y agendas de “salvamento planetario” que poco dialogan con las urgencias de las localidades. Bogotá necesita congresistas presentes, soluciones concretas y territorialidad real, no corifeos ideológicos ni operadores de agendas ajenas.

Al preguntar en las localidades de Suba, Bosa, Kennedy, Engativá o Ciudad Bolívar (las cuales tienen mayor población que las principales ciudades capitales de Colombia) ¿quiénes son los representantes a la Cámara?, la respuesta es casi siempre la misma: “No sé, nunca los he visto.” A diferencia de Bogotá, en las regiones los congresistas son visibles, activos y reconocidos porque cumplen un rol esencial pues llevan recursos, gestionan proyectos y defienden el territorio como bancada.

Luis Fernando Ulloa

Un desempleo históricamente bajo… pero con una exclusión cada vez más alta

El DANE reportó que el desempleo cayó a 8,2 %, el nivel más bajo para un mes de septiembre en casi un cuarto de siglo. A primera vista es una buena noticia, pero basta mirar un poco más allá del titular para encontrar una realidad menos alentadora: la caída del desempleo convive con una informalidad que supera el 55 %, un autoempleo creciente y una proliferación de micronegocios de subsistencia. El mercado laboral se está moviendo, sí, pero en la dirección equivocada. De los nuevos empleos creados, 75% fueron en la informalidad. En Colombia la regulación laboral —con un salario mínimo equivalente al 92 % del salario mediano— empuja a millones hacia esquemas precarios. El resultado es la profundización de la exclusión del mercado laboral formal.

Es importante recordar que el desempleo solo mide a quienes buscan trabajo activamente. Si alguien deja de buscar empleo y termina vendiendo minutos, manejando una moto, montando un catálogo o abriendo un micronegocio para sobrevivir, ya no aparece como “desempleado”. Pero eso no lo convierte en parte del mercado laboral formal. Por eso, la informalidad es el verdadero termómetro del bienestar laboral, y ese termómetro sigue marcando fiebre. La pregunta relevante no es si el desempleo bajó; es si Colombia está creando trabajos formales, productivos y con protección social. Y la respuesta, por ahora, es no.

 

El mercado laboral colombiano está atrapado entre una economía que no genera suficientes empleos productivos al estar principalmente representado por micronegocios y pequeñas empresas que no crecen, y un sistema educativo desconectado de las necesidades del sector. La productividad lleva una década estancada, la inversión privada se desaceleró durante estos últimos 3 años, y la reindustrialización se quedó en discursos. A la vez, producimos profesionales que la economía no demanda, mientras miles de vacantes técnicas quedan sin cubrir. El 44 % de las empresas reporta dificultades para encontrar perfiles técnicos o tecnológicos, mientras jóvenes sin educación superior enfrentan barreras enormes para insertarse en el mundo laboral. El resultado es un círculo vicioso: la oferta laboral no calza con la demanda, y quienes no logran encajar terminan en la informalidad y creando pequeños negocios de subsistencia.

La salida está en modificar la regulación del mercado laboral para lograr mayor inclusión, y fortalecer la formación técnica, tecnológica, dual y modular. La evidencia internacional muestra que los países que han logrado cerrar brechas de productividad y empleo lo han hecho articulando sistemas educativos y productivos. Colombia tiene las piezas, pero no las ha conectado. La formación dual, que combina aprendizaje en aula y en empresa, permite que los jóvenes desarrollen habilidades pertinentes desde el primer día; Alemania, Suiza y Corea lo confirman. Los ciclos cortos —programas de 6 a 18 meses enfocados en competencias específicas— permiten reentrenar trabajadores rápidamente en sectores con alta demanda, como manufactura avanzada, logística, programación, energías renovables, servicios empresariales y economía digital. La certificación de competencias, por su parte, reconoce aprendizajes previos y abre puertas a quienes han trabajado toda su vida por fuera del sistema formal. Pero nada de esto despegará sin un sistema de formación alineado a las apuestas productivas del país: clusters regionales, vocaciones territoriales, cadenas de valor y oportunidades de nearshoring.

El dato de desempleo bajo es una invitación a mirar con lupa el tipo de empleos que se están creando. Si Colombia quiere reducir la exclusión laboral hay que generar empleos formales, productivos y de calidad. Ese camino pasa por construir un sistema de formación dual y modular que conecte a los trabajadores con las oportunidades del mercado y flexibilizar las normas del mercado laboral y del sistema de protección social. De lo contrario, el desempleo puede que baje, pero la exclusión continuará creciendo.

Daniel Gómez

El periodismo está muriendo: no podemos dejar que pase

El periodismo en Colombia se está muriendo, y lo hace a plena luz del día. Lo veo, lo escucho y lo vivo en cada redacción que se vacía, en cada mesa donde ya no se cuentan noticias sino se monta un show, en cada agenda donde las historias que importan pierden espacio.

La frase se repite como alarma y como duelo: se están yendo los periodistas, las verdaderas noticias, los reporteros de a pie. Y pareciera que a muchos les da igual.

 

Esta semana más de 80 periodistas salen de dos grandes medios. El estruendo sacude la opinión pública, pero no por lo que debería: algunos políticos usan el hecho para sembrar desprestigio o para subirse a una narrativa de persecución entre izquierda y derecha que raya en lo patético.

La irresponsabilidad política se dispara y el delirio de protagonismo se vuelve insoportable. El periodismo se respeta; no se usa como muleta para ganar puntos en una pelea que ni siquiera les pertenece.
Pido sensatez. Que la ideología no nos vuelva ciegos.

Que no caigamos en el infantilismo de creer que despedir a una periodista brillante responde a un odio contra la izquierda o la derecha. Esa conversación es un espejismo que nos aleja del colapso real: se está desmoronando el ecosistema que sostiene la democracia.

Los espacios se cierran, la esperanza se reduce y la posibilidad de ejercer este oficio se convierte en un privilegio improbable. Estamos llevados.

La democracia solo pide una cosa: que no desaparezcan los reporteros que salen a buscar la noticia, los que investigan, los que no descansan hasta encontrar la verdad. Pero avanzamos en la dirección contraria.

Ahora toma fuerza la peligrosa idea de poner famosos en la silla del periodista solo porque generan audiencia. Mientras tanto, quienes sí saben hacer el trabajo, quienes sí sudan la calle, quienes sí cuentan lo que otros quieren ocultar, hoy no tienen ni siquiera un salario asegurado.

Para completar el desastre, aparece la verdad incómoda: los medios están perdiendo dinero desde hace años. El periodismo es un oficio en vía de extinción porque dejó de ser rentable. Se recortan nóminas, se cierran programas, se reducen equipos.

¿Quién investiga cuando ya no hay presupuesto? ¿Quién vigila al poder cuando nadie paga por hacerlo? La crisis económica de los medios no es un dato contable: es una alerta roja para la democracia.

Y sí, lo digo sin adornos: perder el trabajo es una calamidad espantosa. Pero lo que viene es peor si no reaccionamos. No podemos esperar que los Influencers hagan ese periodismo, que manejen la agenda pública y la rigurosidad quede a un lado casi inexistente.

Ojalá este sea el punto de quiebre. Ojalá lo entendamos antes de que sea tarde.

Como dijo un colega: todo va a salir bien. Pero solo si defendemos el periodismo ahora, mientras aún respira.

Andrés Prieto

La guerra entre los políticos no es lo mismo que la guerra política

Vladímir Aleksándrovich Lefebvre fue muchas cosas, matemático, psicólogo, pionero de la cibernética, pensador estratégico, comunista y luego exilado, trabajó con la KGB y la CIA. Murió en California en el año 2020. Fue el creador del primer modelo matemático formal de la reflexión y los juegos reflexivos, que explica cómo los sujetos se representan mutuamente las intenciones, creencias y modelos mentales del otro. 

Esta base teórica y matemática fue luego operacionalizada por el Estado Mayor soviético y ruso como “estrategia de control reflexivo”. Sus modelos permitieron predecir cómo un adversario interpretará la información que se le suministra y diseñar operaciones de información que hagan que el enemigo llegue “solo” a la decisión deseada. En resumen, se trata de inducir al adversario a tomar decisiones que él cree que son propias y beneficiosas para sus intereses, pero que en realidad benefician al manipulador.

 

Dentro de está lógica de activar patrones de pensamiento preexistente y miedos profundos, el ejemplo más significativo fue la campaña de información rusa dirigida a lograr que Alemania abandonara su matriz de energía nuclear, apagara sus centrales y entrara a depender del gas ruso. El éxito de esta estrategia fue fundamental en la posterior invasión a Ucrania.

Resulta inquietante ver como variantes del modelo de control reflexivo se han deslizado en el escenario, frecuentemente caótico, de las campañas políticas, casi siempre operado por equipos amateur que incluso desconocen los principios básicos de la narrativa, no poseen investigaciones en profundidad sobre los algoritmos de decisión del adversario y confunden la comunicación política con guerra de información y el problema de la guerra de información es el mismo de todas las guerras: el azar.

Un estado puede librar contra otro una campaña de información en medio de un proceso electoral, pero en modo alguno buscando la elección de un determinado candidato, sino buscando socavar la legitimidad, o la estabilidad del estado atacado, radicalizando las partes en disputa, o promoviendo dudas sobre la credibilidad de las elecciones, o mediante control reflexivo, persuadiendo a los ciudadanos de abstenerse porque no tienen nada que ganar y que nada va a cambiar, sin embargo es cada vez más usual que este tipo de “medidas activas” se ejecuten como parte de la estrategia de comunicaciones entre candidatos en un mismo país. Por ejemplo, tratar de hacer creer a los seguidores de un candidato que lidera las encuestas de que no pueden ganar, incluso cuando ese candidato y sus competidores son victimas de un plan de guerra política y campañas de información de grado militar, desde el gobierno al que buscan reemplazar.

En la guerra de información a gran escala también se han desarrollado modelos como Firehose of falsehoods, “manguera de mentiras” que consiste en publicar tantas mentiras que sea imposible desmentirlas todas, o el Astroturfing emocional que es crear la ilusión de que “todo el mundo piensa X” por ejemplo, bots amplificando “From the river to the sea” o “Ucrania es nazi. La pregunta frente a estos recursos, que son militares y de inteligencia, es qué tan útiles pueden ser para un escenario de comunicación política y la respuesta es que son destrozos casi siempre para las campañas y candidatos que los usan.

Una elección no es una guerra, aunque metafóricamente puede describirse como tal, y si resulta que en realidad si es una guerra, entonces ya no es una elección sino un reacomodamiento del poder y un cambio del sistema político. Muy importante, en este momento, tener la mayor claridad sobre qué es lo uno y qué es lo otro. Pero en todo caso, no confundir la simple guerra entre políticos, con la magnitud catastrófica de la guerra política.

Jaime Arango

América Latina frente a la amenaza de una nueva injerencia gringa

Las recientes operaciones de bombardeo contra pequeñas embarcaciones, que ya dejan más de ochenta personas asesinadas, junto con las amenazas de ingreso a territorio continental por parte de Estados Unidos, han encendido una preocupación legítima en América Latina y el Caribe. Estas acciones reproducen un patrón histórico de intervenciones que han causado graves daños en diversas regiones del mundo y vuelven a poner en duda el respeto a la soberanía de los pueblos.

Ante este escenario surge una pregunta que no puede ignorarse. ¿Quién le dio a Estados Unidos y con qué moral el derecho a decidir el presente y el futuro de los pueblos del mundo? Ninguna nación tiene la autoridad ética para imponerse sobre otra y mucho menos un país cuya larga lista de intervenciones militares ha dejado huellas profundas de destrucción y dolor.

 

La historia reciente confirma que la injerencia externa no ha traído paz ni estabilidad. Irak quedó devastado tras una intervención que prometía democracia. Afganistán terminó en un desastre humanitario que costó miles de vidas y concluyó sin que se resolvieran los problemas que supuestamente se iban a combatir. Libia fue empujada al caos y perdió su estructura estatal. En América Latina, Panamá y las naciones centroamericanas aún sufren las heridas que dejaron las incursiones militares que nunca atendieron las causas profundas de sus conflictos.

El continente ha defendido con persistencia el derecho a la autodeterminación. No es un anhelo romántico. Es una conquista histórica que sostiene la dignidad de los pueblos y que garantiza que cada nación pueda decidir su propio destino sin la sombra de potencias extranjeras tratando de imponer soluciones ajenas. Proteger este principio es un acto de responsabilidad colectiva con la memoria, con el presente y con el futuro.

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Resulta preocupante ver a ciertos líderes políticos del continente apoyar la posibilidad de una intervención militar estadounidense en el Caribe. No hablan por la prudencia ni por la paz. Suelen ser los mismos que se han opuesto de manera sistemática a los cambios estructurales necesarios para superar la pobreza, la exclusión y la inequidad que alimentan la violencia. Muchos de ellos han tenido cercanía con narcotraficantes, redes de corrupción o actores armados ilegales que se benefician de la inestabilidad política y del debilitamiento de los Estados. No buscan soluciones. Buscan preservar privilegios.

Estados Unidos insiste en justificar sus acciones en nombre de la lucha contra las drogas. Sin embargo su política antidrogas ha mostrado un fracaso rotundo durante más de cincuenta años. En vez de enviar portaviones, submarinos, tropas y aeronaves a nuestras aguas, debería revisar con honestidad el costo económico y humano de su maquinaria militar. Con lo que vale mantener esa flota gigantesca podría financiarse un programa capaz de enfrentar las causas estructurales que alimentan el narcotráfico en la región.

Esas causas no están en los campesinos cocaleros ni en los trabajadores que producen pasta básica en laboratorios clandestinos. Ellos son víctimas de una industria ilegal que tiene sus centros de poder en los países desarrollados. Allí están el consumo masivo, la demanda inagotable, el lavado de activos, la producción y venta de insumos, y la sofisticación financiera que sostiene el negocio. La raíz del problema no está en las montañas empobrecidas donde las comunidades solo buscan sobrevivir. Está en los mercados del norte que mantienen viva la cadena global del narcotráfico.

La región necesita abrir un debate distinto. Estados Unidos debe dejar atrás el discurso de la guerra y construir junto a América Latina un enfoque antidrogas basado en evidencia y no en prejuicios. Ese enfoque debe poner en el centro la regulación y legalización del comercio y la venta de cocaína. La prohibición solo fortalece a las mafias y perpetúa la violencia. Regular y legalizar permitiría quitar poder a las redes criminales, reducir la corrupción, mejorar la seguridad y tratar el consumo como un asunto de salud pública.

Este camino exige valentía política y un liderazgo dispuesto a abandonar las fórmulas que han fracasado durante décadas. También requiere cooperación internacional y un compromiso real con la vida y la dignidad de las comunidades afectadas. Es una ruta más humana, más racional y más coherente con la necesidad de romper definitivamente el ciclo de violencia.

América Latina merece respeto. No necesita flotas militares patrullando sus costas ni amenazas disfrazadas de solidaridad. Necesita que le devuelvan un poco de lo que se han llevado las potencias del norte, justicia global, programas sociales de largo plazo y un reconocimiento pleno de su derecho a decidir su propio rumbo. La soberanía no es una consigna vacía. Es el fundamento de la convivencia pacífica entre las naciones y la garantía de que los pueblos puedan construir su futuro sin imposiciones externas.

Defender la autodeterminación no es estar en contra de ningún país. Es afirmar la dignidad del continente y su vocación de paz. Frente a cualquier intento de intervención, América Latina debe mantener una postura firme y unida. La estabilidad, la libertad y el futuro del continente dependen de este compromiso colectivo con la paz, la soberanía y la justicia social.

Luis Emil Sanabria D.

¡La educación es la clave!

Tenemos que empezar por decir con el neurólogo y educador argentino Sebastián Lupina, que “la pobreza tiene graves impactos sobre el desarrollo cognitivo y emocional”, que deja huellas, secuelas imborrables. Y ello es grave, de allí la importancia de la atención debida a la primera infancia, especialmente en sus primeros cinco años, que es cuando se da el mayor desarrollo del cerebro, del lenguaje, de la motricidad y del pensamiento abstracto que caracteriza al ser humano. De allí que influya tanto en dónde y en qué condiciones se nace y se crece a esta temprana edad en el futuro que habrá de deparársele en la vida a ese niño que crece y se desarrolla, la mayoría de las veces enfrentando la adversidad. Una población infantil afectada por el hambre y la desnutrición, como ocurre en muchas regiones del país, en especial La guajira, no tiene futuro y si lo llega a tener es incierto.

Superada esta etapa, insisto en que es crucial, como lo afirma la ex ministra de Cultura Paula Moreno, “la preparación nivela. La educación es fundamental y lo que he visto a lo largo de los años es que cambia tu historia, tu chip y te pone en otro lugar”. Y como lo pudo establecer el estudio realizado por el codirector del Banco de la República, Adolfo Meisel, “en el caso de los más pobres, la educación es la principal herramienta que les brinda la sociedad para mejorar sus condiciones de vida”. Pero, advierte que “no es suficiente con el acceso a la educación. Es necesario garantizar el aprendizaje a través de una educación de calidad”. La educación de calidad, entonces, es la clave.

 

Llama la atención el Informe de la OCDE en que existe una especie de determinismo asociado al origen de cada quien, pues “los niños cuyos papás no terminaron bachillerato tienen el 15% de posibilidades de llegar a la universidad, una cuarta parte de aquellos con al menos un padre que alcanzó la educación superior”. Por ello no es de extrañar la cifra que nos da la misma OCDE según la cual en Colombia sólo el 9% de los alumnos de las familias pobres llegan a la universidad, frente al 53% de las más ricas. Y a ello hay que añadir el alto grado de deserción universitaria, que supera el 50%, siendo las causas económicas, sociales e institucionales las causas prevalentes de la misma.

También en este aspecto, el del acceso a la educación, el campo muestra el mayor rezago. La OCDE plantea la urgencia de cerrar la brecha que existe entre la ciudad y el campo. Según cifras del Ministerio de Educación, mientras un colombiano que reside en la ciudad tiene un promedio de 9.6 años de educación, otro que reside en las zonas rurales apenas sí alcanza los 6 años. Andreas Schleicher, Director de Educación de la OCDE, advierte que “todavía existe una gran desigualdad entre el sector rural y urbano en las escuelas de Colombia. Por eso el Gobierno debe asegurar mayores recursos y construir redes de escuelas que potencien la educación…Además, es necesario ejecutar inversiones para que los profesores mejoren sus carreras”. Pero el investigador alemán va más lejos y llama la atención en el sentido que “más allá del dinero, es necesario mirar qué tan eficaz es el tiempo que invierten los jóvenes en su educación. La escuela es la única oportunidad en la vida para formarse. Por eso es importante capacitar a los maestros”. El Gobierno y la comunidad educativa deben tomar atenta nota de estas recomendaciones y proceder en consecuencia tomando la educación como la primera prioridad.

La Educación debe ser asumida como Política de Estado y dejar de estar al vaivén de los cambios de administración, sujeto al regateo para que se le asigne el presupuesto que se requiere tanto para ampliar su cobertura como para su mejoramiento continuo. Ello redundará, indudablemente no sólo en el cierre de brechas, en reducir la desigualdad, en la nivelación de la cancha, sino que además contribuirá también a la mayor productividad y competitividad del país. Y a este propósito el investigador Eric Hanushek, profesor de la Universidad de Stanford en EEUU, pone el dedo en la llaga al aseverar que “hay una variable que no aparece en la lista de indicadores macroeconómicos de coyuntura, pero que es uno de los determinantes más importantes del crecimiento económico de largo plazo. Se trata de los aprendizajes que alcanzan los niños y jóvenes en el sistema educativo, en especial en áreas fundamentales como la comprensión lectora y las matemáticas”.

Aparte del impacto social que tendría un redireccionamiento del aprendizaje en Colombia también tendría su impacto positivo en la economía, elevando su crecimiento potencial. Según Hanushek, “si el sistema educativo colombiano garantizara a todos los jóvenes colombianos aprendizajes mínimos, la tasa de crecimiento económico de largo plazo se incrementaría en 0.7 puntos porcentuales por año. Proyecciones económicas estiman que durante los próximos 12 años, la economía colombiana crecerá 3.7% al año para llegar a un ingreso per cápita de alrededor de 33.7 millones de pesos en 2030. Si el sistema educativo colombiano garantizara aprendizajes mínimos a todos los jóvenes que terminan la educación obligatoria, el país podría crecer al 4.4% anual y alcanzar un ingreso per cápita de 36 millones de pesos en 2030”.

Definitivamente la educación es la clave para escapar de la trampa de la pobreza y para cerrar la brecha de la irritante desigualdad de ingresos que se abre cada vez más, en desmedro de la población más vulnerada y vulnerable. Ello jamás se dará por generación espontánea, es necesario contar con una política, unas estrategias y plan de acción consensuados que comprometa seriamente al Estado en sus distintos niveles. Dada la magnitud del reto, esta no es tarea de un gobierno o de una administración, debe contar con todas las energías de todos para alcanzar unas metas de corto, mediano y largo plazo, que sean medibles, cuantificables y evaluadas periódicamente, con el fin de ajustar los medios para alcanzar tan loable finalidad. Bien dijo Simón Bolívar, el Libertador, que “la educación es el fundamento verdadero de la felicidad” y es también el medio más expedito para nivelar la cancha, así como para la cohesión y la inclusión social.

Amylkar Acosta

www.amylkaracosta.net

Estamos en la era en la que las armas deciden cuando disparar

El mundo se enfrenta a uno de los riesgos más inminentes para la humanidad: la producción en masa de armas autónomas letales.

En mayo del 2025, medios de comunicación informaron sobre el uso de aeronaves autónomas por parte de Ucrania en territorio ruso, dispositivos que también han sido utilizados por Rusia y que serían provenientes de Irán, uno de los países con mayor capacidad armamentística en materia de aeronaves autónomas letales.

 

Hace unos días, Marruecos confirmó la compra de drones turcos, justo después de haber adquirido misiles Stinger de Estados Unidos, lo cual evidencia el aumento de la proliferación de armas autónomas letales, su exportación y su uso en zonas de conflicto en el mundo.

Frente a este panorama, diversos países han insistido en la construcción de muros contra drones, como fue la propuesta de la Unión Europea de elaborar una malla de misiles y radares que detecten y neutralicen las posibles amenazas en territorios fronterizos con Rusia. A la par, el grupo italiano de defensa y aeroespacial presentó un escudo denominado como “Michelangelo Dome”, un sistema de defensa aérea que utiliza inteligencia artificial, con el fin de identificar armas hipersónicas y enjambres de drones.

De esta manera, cada vez más países se suman al desarrollo de sistemas que protejan sus territorios del alcance de estos elementos, concebidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja, como todas las armas que seleccionan objetivos y son aplicadas a la fuerza sin intervención humana directa. Entre sus principales riesgos, la Organización de las Naciones Unidas señala que estas armas automatizan la toma de decisiones, lo cual puede conllevar a errores de cálculo, ataques humanitarios y a la destrucción de infraestructura crítica y los servicios esenciales de un país.

Tal fue el caso de la Operación Telaraña, como se le denominó a uno de los ataques más recientes a Rusia, en donde el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) inició una operación de 117 drones contra aviones de largo alcance de la Fuerza Aérea Rusa. Las armas elegidas fueron aeronaves Aeroprakt A-22, capaces de transportar bombas o munición antipersona y volar a menor altitud, lo que les permitió pasar inadvertidamente por debajo de las defensas rusas. La modificación de estos dispositivos fueron un mecanismo de defensa hacia los drones de tipo Shaded que Vladimir Putin ha utilizado por años en el territorio ucraniano.

Los Shaded, como se les llaman a vehículos aéreos no tripulados provenientes de Irán, son utilizados para ataques suicidas, motivo por el que son conocidos como drones kamikazes. Entre sus diferentes modelos, los Shaded-163 tienen un alcance a larga distancia que les permite llevar una ojiva explosiva y lanzarla a un objetivo sin intervención humana. Asimismo, su forma de uso habitual es por medio de enjambres, los cuales permiten el impacto en contra de un objetivo y la destrucción de la carga explosiva que tiene incorporada.

Desde el inicio de la guerra, el 24 de febrero de 2022, Rusia ha usado drones como el Kub-BLA de Kalashnikov, un aparato que merodea hasta encontrar su objetivo y que cuenta con cámaras y sistemas de guía hechos en China. Ucrania ha respondido con los Switchblade 300 y 600, enviados por Estados Unidos. Son drones que pueden volar durante mucho más tiempo que un avión tripulado y atacar por sí mismos una vez que identifican su blanco. Estos Switchblade están inspirados en los drones kamikaze Phoenix Ghost del ejército estadounidense y han incorporado la inteligencia artificial para maximizar su impacto.

Del mismo modo, Israel ha utilizado drones pequeños o cuadricópteros desde 2023 en contra de Palestina, operando estos dispositivos para el lanzamiento de bombas explosivas en el territorio de Gaza, lo cual ha contribuido al recrudecimiento del conflicto y al aumento de ejecuciones extrajudiciales de civiles palestinos. Al igual que Rusia, Israel ha concentrado esfuerzos en modificar drones comerciales, como lo hizo con DJI Agras, el DJI Mavic y el DJI Avata para la destrucción de hospitales y refugios civiles, y la vigilancia de prisioneros palestinos, lo cual ha intensificado la barbarie. Estos drones, pertenecientes a China, fueron suspendidos a este país una vez se conoció sobre sus usos letales, introduciendo modificaciones para restringir sus áreas de uso y el nivel de altura de los mismos.

A pesar de que el uso de armas autónomas letales ha aumentado durante los últimos años, para el 2021 ya se utilizaban estos dispositivos en conflictos. El primer caso de un dron autónomo que atacara a seres humanos se dio en marzo del 2020, durante la segunda guerra civil libia, en donde se habrían operado drones turcos Kargu-2 para atacar a objetivos humanos, un dispositivo cuadricóptero diseñado para llevar una carga de armas, procesar imágenes y algoritmos, así como seguir blancos móviles.

En el caso colombiano, para octubre de este año, las fuerzas armadas dieron creación al primer batallón de Aeronaves No Tripuladas (BANT) en América Latina, integrado al Comando de Aviación del Ejército y orientado al apoyo de operaciones de inteligencia y al fortalecimiento de la seguridad en el país.

Este batallón, a diferencia del uso que se les han dado a las armas autónomas letales en otras partes del mundo, busca adoptar capacidades de guerra electrónica y análisis de inteligencia artificial, con el objetivo de identificar amenazas con mayor precisión y consolidar la vigilancia en zonas estratégicas de la nación, como fronteras y bases militares, continuamente atacadas por grupos armados al margen de la ley.

Esto como respuesta a los más de 350 ataques con drones que han recibido las fuerzas armadas por parte de disidencias, lo cual evidencia como el conflicto se ha transformado con base a los avances tecnológicos y la implementación de inteligencia artificial con fines militares. Por tanto, las fuerzas armadas colombianas han implementado diseños similares a los de un avión, que permite la identificación de rostros, la persecución de objetivos y el sobrevuelo de hasta 45 kilómetros.

De esta forma, el avance militar no es, por sí mismo, el problema. El verdadero riesgo aparece cuando olvidamos que toda arma debe estar al servicio de la defensa, no de los ataques. La intervención humana tiene que seguir siendo una línea roja inquebrantable, y cualquier intento de trasladar estas tecnologías a zonas de conflicto solo incrementa la barbarie. Ante esto, es posible decir que el desafío de la actualidad, más allá de lograr el avance tecnológico, es que este no esté por encima de la humanidad entera. La tecnología, a final de cuentas, debe promover el progreso, no la destrucción.

Alejandro Toro

La vigilia de los mercados

En los días previos al Solsticio Invernal, cuando el Reino del Águila (EE. UU.) celebraba su festividad anual, una extraña sombra de volatilidad cruzó los cielos. Aun con una semana corta, las bolsas del reino resurgieron, impulsadas por la profecía de que la Gran Fed reduciría las tasas el décimo día del último mes. Los reinos emergentes, desde Chile hasta Brasil, marcharon también con renovado brío.

Lejos al sur, Chile vivía su propia contienda: la ventaja de Kast sobre Jara era tan amplia que los mercaderes ya daban por hecho el cambio del estandarte el 14 de diciembre, y las bolsas celebraban como si la batalla ya hubiera terminado. Al este, los vientos de la guerra entre Rusia y Ucrania parecían ceder por un supuesto pacto impulsado por los sabios del Águila.

 

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El petróleo, confundido, cayó… y luego rebotó, dudando de si aquel acuerdo era un camino real o solo un espejismo más en la niebla. En las Tierras del Crudo, las profecías eran sombrías: sobreoferta creciente, y oráculos como Goldman y JPMorgan anunciando precios bajos que herían a los reinos productores, entre ellos Colombia.

En América Latina, Brasil brillaba como un reino próspero, mientras Colombia avanzaba con paso firme… aunque su moneda no tenía aún la fortaleza de sus aliados del norte y del sur.

Pero en los salones de los estrategas se hablaba de un temor más profundo: el espectro de un ataque especulativo, igual al que azotó a Brasil en 2023–2024, cuando su moneda cayó y las tasas debieron subir hasta niveles que harían temblar a cualquier consejo de magos.

Ahora, decían los vigías, Colombia caminaba por una senda parecida. La inflación proyectada para 2025 sonaba a advertencia. El mercado ya hablaba de tasas cercanas al 11% en 2026. Los bancos extranjeros susurraban que se acercaban más subidas. Y el dólar aguardaba, silencioso, como una bestia en la oscuridad. Porque, según los antiguos pergaminos, no son los TES los que despiertan al dragón… sino un salto repentino del dólar.

El Banco de la República se encontraba entonces ante su prueba más dura: – Mantener la credibilidad del reino. – Evitar repetir el Error de Brasil. – Elegir si levantar la espada ahora… o esperar a enfrentar una tormenta de devaluación. Y así, mientras los reinos observan y los mercados contienen el aliento, la historia aguarda el próximo movimiento del Consejo Colombiano… pues incluso los dragones financieros duermen, pero nunca por mucho tiempo.

Fabián Herrera

El carácter

El carácter entendido como el conjunto de cualidades que tiene una persona que la hacen única y la distinguen de las demás, es una de las características ausentes en la gran mayoría de la población. En los actuales tiempos no es fácil encontrar personas con carácter. La gran mayoría de seres humanos se camuflan entre la masa, masa inerme que se mueven al vaivén de los vientos y a conveniencia personal. Tienen unos principios y si no aplican, tienen otros subsidiarios. El advenimiento de la mal llamada Inteligencia Artificial ha contribuido notablemente con la desaparición del carácter, porque las personas pierden cada día más la capacidad de reflexión, a menor reflexión mayor ausencia de carácter.

El carácter no se hereda, no se adquiere por reflejo. El carácter se cultiva día a día a partir de la objetividad de pensamiento e independencia de criterio que deberían ser inculcados desde la más tierna infancia. La ausencia de carácter ha pasado una grande cuenta de cobro a la humanidad, los grandes problemas de la humanidad empiezan en la ausencia de carácter. Las personas carentes de carácter exhiben marcadas tendencias hacia la pereza, la lascivia, la corrupción, la mediocridad, el dinero fácil y en general, hacia la realización de conductas inapropiadas.

 

Con pesar se debe afirmar que, en la escuela contemporánea no se incentiva la formación de carácter, porque cultivar el carácter exige templanza, paciencia, incomodidad, fortaleza, persistencia y disciplina e incluso dolor. Todo lo que se les quiere evitar a las nuevas generaciones y, la Escuela de hoy está concebida para recreación y bienestar. Al niño se le debe mantener confortable en la Escuela como si fuese un cliente, porque el cliente siempre tiene la razón y un cliente a gusto jamás se irá.  Todo lo contrario, el carácter se forja en la incomodidad, a veces en la carencia y en la ausencia. La sociedad contemporánea aprecia la comodidad como un derecho, empero, no se trata de un derecho, la comodidad es una recompensa a un trabajo esforzado y valiente.

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El carácter no forma parte de los pénsumes de estudios, tampoco lo venden en las farmacias en forma de pastillas como si fuese remedio para alguna enfermedad. El carácter se forja como el hierro ardiente, a punta de acotillo que toma forma hasta terminar bruñido en una pieza única y perfecta. Un mal herrero jamás podrá crear buena forja. Padres y maestros carentes de carácter difícilmente, podrán tener hijos y discípulos con carácter.

Para quien tiene carácter la palabra tiene valor. Un sí es un sí y un no es un no. No cambia de parecer cual veleta que apunta según la dirección del viento. En tiempos de influenciadores falla el carácter porque todos los influenciadores, como la palabra lo indica, influyen en el comportamiento, pensamiento, conductas y gustos de los demás. No se puede esperar mucho, algunos son analfabetas funcionales que hacen de la guasa, de la gaminería, del mal gusto, de lo antiestético y de la vulgaridad piedras de toque y modelos. En Colombia muchos niños sueñan con ser influenciadores y estrellas de redes sociales, pareciera ser camino breve para el bienestar.

Una sociedad conformada por personas con carácter indiscutiblemente próspera, será feraz y gozará de riqueza general. En las sociedades pobres, oprimidas, arruinadas, inseguras e inviables el carácter reluce por su ausencia. La crisis mundial y en particular la colombiana que, se manifiesta en lo social, lo político, lo humanitario, lo económico, lo deportivo y lo dirigencial pasa por la generalizada ausencia de carácter de los colombianos. Hay ciudadanos que prefieren pagar para colarse en Transmilenio antes de pagar el precio del pasaje, y mujeres que destruyen mobiliario público y privado en pro del feminismo ¡El último que salga que apague la luz!

León Ferreira