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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Opinión

Usme: la desconexión rural que Bogotá no puede seguir ignorando

En Usme se produce buena parte de la papa que consumen más de nueve millones de bogotanos, junto con hortalizas, arveja, habas y otros alimentos esenciales, lo que indica que es una localidad rural y campesina en pleno siglo XXI, aunque la ciudad (y su dirigencia) no haya asumido esa verdad. Bogotá presume ser una ciudad moderna que mira al futuro, pero basta recorrer Usme para descubrir que buena parte de ese futuro se sostiene sobre un territorio profundamente olvidado, especialmente cuando se habla de una localidad que es la puerta de entrada al páramo de Sumapaz, el ecosistema de alta montaña más grande del mundo, y a la vez un territorio habitado por casi 415.000 personas, según datos distritales recientes  del 2024. Esta cifra hace que Usme tenga más población que capitales de departamento como Popayán, Tunja, Florencia, Neiva, Riohacha, Yopal o Quibdó, lo que significa que estamos frente a un territorio cuya dimensión demográfica supera ampliamente la de ciudades que sí reciben inversión nacional, infraestructura y fuerte representación política.

La paradoja es abrupta, pues Usme pertenece a Bogotá, pero Bogotá no interpreta  realmente a Usme y parece que tampoco le interesa conectarla al distrito, pues sus habitantes son ciudadanos de la capital, pero viven en condiciones que se asemejan más a zonas rurales apartadas que a una localidad de la ciudad más rica del país. Mientras las demás localidades enfrentan problemas típicos de un entorno urbano, los “campesinos urbanos” de Usme con sus minifundios (pequeñas parcelas familiares que podrían ser motores de desarrollo agrícola) permanecen atrapados en un círculo de pobreza por falta de crédito, ausencia de infraestructura y nulo acompañamiento técnico. Cargan con desafíos completamente diferentes, desde barrizales intransitables, inundaciones de basura,  hasta la ausencia de sistemas de transporte adecuados para sacar los alimentos que sostienen la seguridad alimentaria de la capital.

 

A esta realidad se suma un drama cotidiano que rara vez aparece en la agenda pública cuando miles de habitantes de Usme deben recorrer grandes distancias, durante horas, a través de un sistema de transporte precario, para llegar al centro de Bogotá en busca de salud, educación, trámites o servicios distritales. Aunque viven dentro del perímetro urbano, funcionan como ciudadanos aislados, obligados a desplazarse como si habitaran en otro municipio y no en una localidad cuya población supera la de varias capitales departamentales. Es una radiografía  de la inequidad colombiana: quienes producen la comida de la ciudad viajan más y sufren el triple para recibir lo mínimo que Bogotá debería garantizar.

Esta desconexión no es coyuntural, sino estructural, pues  Usme se ha convertido en el espejo más incómodo del modelo de desarrollo bogotano, un modelo que se concentró en el norte y en los corredores económicos, pero que dejó en segundo plano a la ruralidad del sur. Usme es hoy un territorio que le quedó grande al Distrito, que no fue incorporado estratégicamente en la visión de Ciudad-Región con Cundinamarca, y que tampoco ha sido prioridad para el Gobierno Nacional. Esta triple omisión es grave, cuando  no se puede hablar de seguridad alimentaria, planificación territorial ni equidad social sin integrar a la ruralidad capitalina en el proyecto de ciudad.

Por eso, el debate sobre Usme no es un asunto local, sino que es un asunto político de escala metropolitana y nacional. Si Bogotá quiere combatir la pobreza campesina y aprovechar su enorme potencial agrícola, debe integrar plenamente a Usme con la ciudad y con el país, implicando sistemas de crédito rural accesible, vías agrícolas dignas, transporte moderno de alimentos, conectividad digital avanzada, centros de acopio, apoyo técnico y políticas diferenciales para la ruralidad urbana. Usme no necesita asistencialismo: necesita voluntad política para la inversión, la planeación, la infraestructura y mucha presencia institucional que reconozca su importancia estratégica. Una localidad con más habitantes que Popayán o Neiva no puede seguir tratada como un apéndice rural sin derechos.

Y aquí aparece la pregunta crucial: ¿quién está representando a Usme en el Congreso? La respuesta es incómoda: nadie. Los 18 representantes a la Cámara por Bogotá no han incorporado la ruralidad capitalina en sus agendas legislativas, no piensan en el territorio y no han asumido el deber político de vocería para las localidades campesinas de la ciudad. Por eso, de cara al 2026, la discusión es inevitable: Bogotá necesita representantes que entiendan que la ruralidad también es Bogotá; que Usme necesita voz en el Congreso, en el Distrito y en la Ciudad-Región; y que ningún proyecto de desarrollo será sostenible si sigue ignorando al territorio que alimenta a la capital.

Usme produce, Bogotá consume, pero el Estado no conecta. Esa ecuación debe romperse ya. Si la ciudad quiere ser moderna, justa y sostenible, debe integrar de manera plena a su localidad más rural y una de las más pobladas, cuando  Usme no puede seguir siendo la despensa agrícola que alimenta millones de hogares mientras permanece desconectada del Estado y de la política. Esta debe ser una prioridad central de la agenda política del 2026, dando voz a los territorios olvidados y garantizar que Usme (con su tamaño, su población y su potencial) tenga representación real, inversión efectiva e integración total con la ciudad y con el país.

Luis Fernando Ulloa

De la plaga de las deudas, los precios que caen 

. La Bendición Engañosa: El Alivio de los Mercados del Sur (Colombia)

Honorables señores y damas del Consejo, escuchad la primera nueva de los feudos del Sur.

 

Por gracia de los cielos, la Inflación – esa bestia que devora el poder adquisitivo de nuestras monedas – ha mostrado un inesperado flaqueo.

  • El Índice de la Cesta Común solo ascendió un minúsculo 0,07% este mes, una cifra tan pequeña que ha sorprendido a los más sabios contadores del reino.
  • Esta pausa milagrosa se debe a dos grandes alivios:
  • Los Servicios del Gremio, cuyos precios ya no crecen con tanta avidez.
  • Y, crucialmente, una gran caída en el coste de los Víveres y Alimentos, gracias a que el Peso de la Moneda Real se ha fortalecido y el Gremio de Agricultores (IPP) ha bajado sus pretensiones.

El Veredicto del Adivino: Esperamos que la fiera Inflación se retire al final del año, quedando su aliento alrededor del 5,15%.

 Pero ¡Guardad Vuestras Celebraciones! A pesar de este alivio en los precios, los mercaderes y prestamistas no alzan sus copas. El mercado de Renta Fija permanece sombrío, pues su mirada se ha desviado a una amenaza aún mayor que la inflación.

II. La Sombra de la Deuda: La Plaga Fiscal del Reino

El verdadero temor que ahora ensombrece el gran Reino de Colombia no es la inflación, sino la Deuda del Tesoro Real y el Riesgo Fiscal.

El Gran Edicto de Impuestos (la reforma tributaria) no se concretó, dejando un vacío en las arcas del reino equivalente a 16 billones de monedas de oro.

Nuestras señales de alarma son funestas:

  • La Deuda Bruta del Reino roza el 65% del Producto Interno, una cifra que no veíamos desde los días oscuros de la Gran Peste.
  • El Déficit Primario – el hueco entre lo que se gasta y lo que se recauda antes de pagar deudas – es cercano al 3%.
  • Se teme que el Déficit Fiscal Total alcance un aterrador 8%, el más alto registrado en la historia de nuestra casa real.
  • Las Arcas de Reserva del Gobierno están vacías, en sus mínimos históricos.

La Tragedia del Banco Real: El mercado exige ahora intereses más altos, no por miedo a la inflación, sino por el Riesgo que el Reino Quiebre. Esto obliga al Banco de la República a tomar una decisión dolorosa: Subir las tasas de interés a pesar de que los precios están bajando, para calmar la sed de los prestamistas internacionales.

III. El Edicto Controversial del Norte: La Reserva Federal

En el distante y poderoso Imperio del Norte (Estados Unidos), la Reserva Federal, el gran prestamista de esa tierra, ha emitido un edicto polémico.

Han decidido reducir las tasas de interés en 25 puntos, como se había anticipado.

La Contienda: Tomaron esta decisión antes de conocer la verdad sobre la Inflación (IPC) y el Empleo de sus súbditos, un movimiento imprudente.

La Reacción del Mercado Global: La alegría inicial se desvaneció pronto. Se produjeron ventas masivas de acciones y bonos.

IV. Los Destinos Cruzados y la Fuerza de los Metales

Los Mercados Internacionales

  • El gran índice S&P 500 del Norte intentó escalar a su máximo histórico, pero la suerte le fue esquiva.
  • En el Sur, las naciones de Latinoamérica han mostrado relativa fortaleza frente al Norte.
  • Chile lidera la marcha, con su Bolsa y Moneda robustas, por la esperanza de un giro político favorable al comercio.
  • Colombia y Brasil, gemelos en el destino, sufren por riesgos fiscales similares. Sus monedas han cedido tras semanas de fortaleza.
  • México se alza como el más fuerte de la región.

El Soporte de las Materias Primas

He aquí un presagio de gran esperanza: los Metales Preciosos y las Materias Primas se encuentran en una senda de fuerte ascenso:

  • El Oro (el activo refugio) y la Plata escalan con fervor.
  • El Cobre, vital para los reinos de Chile y Perú, se dispara.

Los Argumentos de los Sabios: La causa de este auge es estructural, un ciclo que trae grandes vientos para nuestra región:

  • La Reindustrialización de los gremios.
  • El temido Retorno de la Inflación global.
  • La demanda insaciable de energía, impulsada por las Máquinas de Adivinación (IA) y el despertar del subcontinente de India.

Fabián Herrera

Defender al colado, condenar al torniquete: la incoherencia que nos tiene mal

Hace unos días se viralizó un video en el portal 20 de julio de TransMilenio. Un joven apuñaló a un guarda de seguridad, el mismo que días antes recibía una condecoración en el Concejo de Bogotá. El hecho es vil, cobarde y delictivo. Punto. Sin embargo, el debate público decidió desviarse por una ruta conocida: justificar la violencia con el argumento del “mal sistema”.

La narrativa es peligrosa. Se relativiza el delito, se romantiza la evasión y se criminaliza a quien hace cumplir la norma. TransMilenio actuó y decidió instalar torniquetes de piso a techo.

 

La medida incomoda, sí. La estética sufre, también. Pero el impacto es inmediato: disminuyen los colados, baja la evasión y, sobre todo, se reduce el riesgo para los guardas. El KPI clave —seguridad— mejora. La operación se estabiliza. El control funciona.

Entonces llega la contraofensiva discursiva: “cárceles”, “ataque al usuario”, “represión”. Se acusa al sistema de castigar a la ciudadanía y no a los delincuentes. La paradoja es evidente: se defiende al colado y se cuestiona al torniquete; se excusa el cuchillo y se condena el metal. ¿De verdad ese es el estándar ético de la ciudad?

Este no es un capricho local ni una ocurrencia improvisada. Ciudades como Nueva York y varias capitales europeas implementan controles físicos similares. No porque amen el acero, sino porque gestionan riesgo. El transporte público es infraestructura crítica. Sin control, colapsa. Sin reglas, se vuelve tierra de nadie. En términos empresariales, el sistema sin barreras es una invitación abierta a la pérdida operativa y al deterioro del servicio.

La verdad incómoda es otra: los torniquetes son consecuencia, no causa. Son la respuesta a una cultura que normaliza la trampa. En casa lo entendíamos fácil: acción incorrecta, consecuencia inmediata. De adultos no debería ser distinto. Si colarse se vuelve costumbre, el sistema responde con control. No es bonito, pero es necesario. La ciudad no se gestiona con deseos; se gestiona con decisiones.

El debate real no es si el torniquete es feo. El debate es por qué necesitamos torniquetes. Y ahí aparece la palabra que nadie quiere pronunciar en voz alta: valores. Hay una crisis profunda de valores cívicos. Se mide todo por ideología, no por resultados. Se ataca el sistema por deporte y se ignora la solución por conveniencia. Así no se construye ciudad; así se administra el caos.

Qué ideal sería vivir en un país sin torniquetes, donde pagar el pasaje sea un acto voluntario y cotidiano. Donde nadie vigila porque todos cumplen. Pero hoy no estamos ahí. No por falta de infraestructura, sino por déficit de formación. De valores. De responsabilidad colectiva.

El camino es claro: reglas, consecuencias y pedagogía. Primero el orden, luego el amor por el sistema. Porque una ciudad que justifica la trampa termina castigando a los honestos. Y ese sí es el peor negocio para Bogotá.

Andrés Prieto

Segregación territorial y castigo barrial: movilidad y vías en la administración Galán

Como ya he señalado en anteriores publicaciones, el presupuesto total de Bogotá de 2026 presentado por el Alcalde Galán – que el Concejo de la ciudad aprobó la semana pasada – asigna más de la mitad de sus recursos, $21,3 billones, al Metro y a TransMilenio, obras que necesarias pero mal orientadas en sus concesiones. Viendo eso, uno podría pensar que – por lo menos – la infraestructura vial es algo fundamental para toda la ciudad en esta adminbistración, digo, le gusta mucho el cemento. ¡Sorpresa! el mapa de inversión en movilidad es centralizado y excluyente, pues privilegia la malla vial de ciertas zonas del norte de la ciudad y castiga sistemáticamente a los barrios populares, en especial a los del sur de Bogotá.

Una muestra es el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU): al revisar los 59 proyectos viales que se encuentran en construcción, mantenimiento o contratación, el sesgo geográfico es evidente. De los 10 nuevos proyectos a contratar, 6 están en el norte de la ciudad. A esto se suman 16 de los 39 proyectos en construcción o mantenimiento, también localizados en esta misma zona. El norte concentra 22 proyectos viales entre las obras priorizadas para 2026. Otros 16 proyectos viales en construcción y/o mantenimiento corresponden a troncales de TransMilenio, lo que significa que 38 de los 59 proyectos priorizados están en el norte de o son de Transmilenio, que si bien es importante, no es lo único importante (y ya traga muchos recursos, recordemos el déficit de más de 3,2 billone sde pesos del Fondo de aEstabilizacion Tarifaria). En términos porcentuales, esto equivale al 64,4% de todo el portafolio de obras del IDU.

 

Esta concentración contrasta con la situación del sur de la ciudad, donde solo 11 proyectos viales son priorizados, lo que representa apenas el 18,7% del total de los proyectos viales considerados para 2026. Para el centro y centro-occidente, se priorizan 10 proyectos, que equivalen al 17% del total.

Esta situación se agrava cuando se analizan las necesidades históricas en materia de movilidad expresadas por las comunidades de Usme, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Bosa, Kennedy, Tunjuelito y Sumapaz, donde vías estratégicas como la Av. Darío Echandía, la Av. Guacamayas, la Circunvalar de Oriente, la Circunvalar Suroccidente y la Troncal Bolivariana continúan en la incertidumbre. La mayoría de estas obras ni siquiera fueron priorizadas en el Plan Distrital de Desarrollo 2024–2027. Esta distribución no responde a criterios técnicos de equidad, necesidad o impacto social. Se trata de una decisión que privilegia la conectividad de las zonas de mayor valorización inmobiliaria del norte y noroccidente, así como del denominado “centro ampliado” —Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Salitre y Puente Aranda—, mientras que las localidades del sur y los barrios populares del resto de la ciudad, reciben inversiones marginales, a pesar de concentrar los mayores déficits en malla vial local, andenes y accesibilidad.

Al revisar los avances del Plan Distrital de Desarrollo de esta administración, se ven altos niveles de cumplimiento en lo que se denomina “infraestructura dura”: más del 80% en nueva malla vial y más del 60% en enlaces vehiculares para 2025. Sin embargo, esta supuesta eficiencia se desmorona cuando se revisan los componentes de movilidad sostenible y barrial. La construcción de ciclorrutas apenas alcanza un 10% de avance en 2025 y solo un 5% acumulado del cuatrienio. El mantenimiento de la red de ciclorrutas y de la malla vial local se encuentra estancado en un 18% de avance cuatrienal. Y la gran promesa de justicia espacial para los barrios periféricos, los cables aéreos, registra un avance del 0% en nuevos proyectos contratados, aferrándose únicamente a la promesa de entrada en funcionamiento del Cable Aéreo de San Cristóbal.

Como si fuera poco, reaparece la insistencia de proyectos altamente cuestionados como la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) Norte, priorizada nuevamente para 2026, a pesar de que no se han resuelto ni las diligencias judiciales ni los debates públicos sobre sus impactos negativos en los ecosistemas de la Sabana de Bogotá y Cundinamarca. Desde la Comisión Accidental de la ALO Norte del Concejo de Bogotá, que coordino,  junto a concejales de distintas bancadas, hemos advertido que existen alternativas estratégicas para mejorar la movilidad en Suba, como la construcción de un puente o deprimido en la Avenida Ciudad de Cali a la altura de la Calle 91, su conexión con la ALO en Engativá, y el mejoramiento de la vía que conecta Lisboa con la Calle 80. No obstante, la administración optó por imponer una autopista concebida bajo lógicas del siglo pasado, sacrificando la consolidación de una Ciudadela Educativa y del Cuidado y un Multicampus Universitario. Esta avenida no responde a las necesidades reales de los habitantes de Suba. Su propósito es garantizar la conectividad de nuevos desarrollos inmobiliarios en el borde norte y en la Sabana, atravesando humedales y afectando la Estructura Ecológica Principal. Se trata de un proyecto que prioriza la especulación del suelo y la rentabilidad de las constructoras por encima de la conectividad ecológica y de la emergencia climática que enfrenta la región.

¿Y la ruralidad bogotana? Relegada. Aunque la meta de intervenir 20 puntos críticos de la malla vial rural alcanza 40% de avance y el presupuesto aumenta en $3.700 millones para 2026, los resultados siguen siendo irrisorios frente a la realidad del campo bogotano. En 2025, el 39% de las vías rurales principales se encontraban en mal estado —en rangos pobre, muy pobre, grave o fallado—, mientras que el 73% de la malla vial rural no principal presentaba condiciones problemáticas o fallidas.

A ello se suma la parálisis operativa de la Secretaría Distrital de Movilidad, que a la fecha deja cerca de $400 mil millones de pesos sin ejecutar. Esta incapacidad de pago y gestión impacta directamente la operación cotidiana de la movilidad: señalización, tecnología, control y seguridad vial.

Así que, tristemente, el presupuesto de movilidad y vías para 2026 no está diseñado para que Bogotá “camine segura”. Está orientado a perpetuar un modelo de grandes concesiones, segregación territorial y abandono de la vida de barrio.

Donka Atanassova

La primera infancia: la política pública que más iguala oportunidades

Si Colombia quisiera escoger una sola política pública para igualar oportunidades, reducir desigualdad y mejorar la productividad de largo plazo, la respuesta sería la atención integral a la primera infancia. No hay inversión con retornos sociales más altos ni con efectos más duraderos sobre la vida de las personas. Y, sin embargo, sigue siendo una de las áreas más subvaloradas y subfinanciadas del Estado.

La evidencia muestra que los primeros años de vida —desde la gestación hasta los cinco años— son decisivos para el desarrollo cognitivo, emocional y socioeconómico de las personas. En ese periodo se forman habilidades básicas como el lenguaje, la autorregulación, la capacidad de aprender y la salud física y mental. Las brechas que se abren en esos años tienden a ampliarse con el tiempo y son muy costosas —cuando no imposibles— de cerrar después.

 

Colombia llega tarde a muchos debates, pero en este no hay excusas. Los datos muestran que niños y niñas de hogares pobres llegan a la educación básica con rezagos significativos frente a sus pares de mayores ingresos. Esa desigualdad temprana explica buena parte del bajo desempeño escolar, la deserción, la informalidad laboral y la transmisión intergeneracional de la pobreza. No es un problema educativo en sentido estricto; es un problema de desarrollo temprano.

Entonces, ¿por qué invertimos tan poco en primera infancia frente a otras políticas más visibles? La respuesta es de economía política. La atención a la primera infancia no genera réditos electorales inmediatos. Sus beneficios se ven diez, veinte o treinta años después. No corta cintas, no inaugura edificios monumentales y no produce titulares ruidosos. Además, los beneficiarios no votan y las familias con mayor poder de presión suelen resolver este problema por la vía privada.

En contraste, políticas como la gratuidad universitaria, los subsidios generalizados o las transferencias de corto plazo concentran recursos porque tienen beneficiarios organizados, visibles y políticamente activos. El resultado es una asignación del gasto público que privilegia lo inmediato sobre lo estructural, lo visible sobre lo transformador.

Paradójicamente, esta miopía fiscal es costosa. La literatura económica —desde James Heckman hasta evaluaciones contemporáneas del Banco Mundial y la OCDE— muestra que cada peso invertido en primera infancia puede retornar entre 7 y 10 pesos en el largo plazo. Menos repitencia y deserción escolar, mayor productividad laboral, menores tasas de criminalidad, mejor salud y menor dependencia de subsidios futuros. Es una política social, pero también una política económica de primer orden.

Invertir bien en primera infancia no es solo gastar más. Es hacerlo mejor. Implica calidad en la atención, nutrición adecuada, estimulación temprana, acompañamiento a las familias, formación de talento humano y articulación entre salud, educación y protección social. Implica también focalizar los recursos donde más impacto tienen: en los hogares más vulnerables y en los territorios con mayores brechas.

En un país que discute permanentemente cómo crecer más, cómo reducir la informalidad y cómo mejorar la movilidad social, resulta desconcertante que la política pública más efectiva para lograrlo siga siendo marginal en el debate. La primera infancia no es un tema “blando” ni asistencialista. Es el cimiento sobre el cual se construye una sociedad más productiva, más equitativa y más cohesionada.

Si de verdad queremos nivelar la cancha, no basta con abrirle la puerta a quienes ya lograron llegar. Hay que asegurar que todos tengan la posibilidad de empezar bien. Priorizar la primera infancia no es solo una decisión ética; es una apuesta inteligente por el futuro del país.

Daniel Gómez

La inflación presupuestal

Como se recordará, esta vez, a diferencia de lo acaecido en 2024, el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia de 2026, evitando así el decretazo con el que amenazaba el ejecutivo para su expedición, como ocurrió con el PGN de la actual vigencia. El monto original propuesto por el Ministro de Hacienda Germán Ávila fue de $556.9 billones, pero al final se aprobó por parte del Congreso $546.9 billones, luego de que el Ministro Ávila, ante su reticencia, accediera a reducirlo en $10 billones. De esta manera, el desfinanciamiento del presupuesto calculado en $26.3 billones, aunque para el Comité independiente de la Regla fiscal (CIRF) superaba los $40 billones, se tornaba en los $16.3 billones.

Según el Ministro Ávila “un 75% de la Cámara y un 65% del Senado aprobaron un presupuesto que explícitamente convocaba al Gobierno a presentar esa Ley”, refiriéndose al proyecto de ley de financiamiento, que es como ahora denominan las reformas tributarias para hacerlas más digeribles a la opinión pública. Dicho de otra manera, el Ministro asumió que si se había aprobado por parte del Congreso dicho Presupuesto, a sabiendas de su desfinanciamiento del orden de los $16. 3 billones, se obligaba a aprobarla sin reparo alguno. Pero el Congreso de la República desoyó los ruegos del Ministro y hundió el proyecto de marras. Y no propiamente porque ello sea, como sostuvo el Ministro Ávila. Esta sea  una “vendetta contra el Gobierno” por parte del Congreso y mucho menos que su desaprobación por parte del Congreso “no es un voto en contra del Gobierno Petro, es un voto en contra de las regiones, es un voto en contra de la inversión”. 

 

La reacción del Ministro Ávila no se hizo esperar, para él “con en la fábula del Quijote, la razón de la sin razón, era prácticamente imposible hacer ver a este pequeño núcleo de senadores las complicaciones para el equilibrio fiscal del país de no tener en cuenta esta ley de financiamiento”. No obstante, a juicio del Director de FEDESARROLLO Luis Fernando Mejía, no se justifica esta recriminación del Ministro al Congreso de la República, pues para él “resulta insostenible argumentar que una afectación del 3%”, que es lo que representan los $16.3 billones con respecto al monto total del Presupuesto aprobado, “comprometa la estabilidad fiscal o la sostenibilidad del gasto público”.

Lo que procede en este caso y es lo que no quiere el Gobierno es que, como lo afirma Mejía, “estos recursos deberán ser ajustados mediante un recorte presupuestal”. En ello coinciden los expertos y analistas, en que el Gobierno debe apretarse el cinturón, reducir el gasto, que sigue desbordado, sobre todo el que absorbe la frondosa burocracia. A guisa de ejemplo, bastaría con ponerle un torniquete para contener el gasto en la nómina paralela, que tanto dice abominar este gobierno, para ahorrarse  los $4.87 billones que le costaron a la Nación los 101.120 nuevos contratos mediante órdenes de prestación de servicios (OPS) temporales en 2025.

Pero, el Presidente Gustavo Petro no da su brazo a torcer y al respecto afirmó recientemente que “el único recorte de gasto posible es la inversión en carreteras 4G” y fue más lejos, haciendo larde de su tremendismo, al afirmar que la negativa del Congreso a aprobar el esperpento de la ley de financiamiento “desploma la economía” y ya había amenazado anteriormente, en el curso de un Consejo de ministros, con que “iríamos a un posible default” o impago de la deuda, “que yo voy a intentar evitar a como dé lugar”, lo cual es un pésimo mensaje para los tenedores de deuda , generando de paso alarma en los agentes de la economía. 

La única forma de balancear los ingresos y los gastos es evitando la inflación presupuestal, ya sea por la vía de arbitrar mayores recursos, lo que quedó descartado con el archivo del proyecto de ley de financiamiento, o mediante el recorte del gasto, descartado por el gobierno. De allí que estén contemplado medidas cuestionables y cuestionadas como echar mano de las utilidades del Fondo Nacional del Ahorro, aduciéndose por parte del Ministro de Hacienda que ”se ha generado una acumulación de reservas exageradas que permite empezar a transferir recursos desde este año”, poniendo en riesgo el dinero de las cesantías de los trabajadores allí consignadas.

También ha trascendido que el Ministerio de Hacienda pretende asumir el control de unos $5.6 billones del Fondo Nacional para el desarrollo de la infraestructura (FONDES), el cual hasta la fecha ha operado como un patrimonio autónomo manejado con criterio técnico por la Financiera de desarrollo Nacional (FDN). Por su parte la DIAN, que está por plata como el diablo por almas, pretende ahorcar a REFICAR con una interpretación atrabiliaria hacerle exigible el pago de $1.3 billones por concepto de IVA sobre las importaciones de combustibles.

Dependiendo de la respuesta del Gobierno, ello puede afectar los TÉS con una caída de su precio y el alza de sus tasas de interés, la ampliación del spread soberano y eventualmente una nueva rebaja de la calificación de la deuda y de paso el encarecimiento de la deuda y del endeudamiento. Para el Presidente Petro, según su interpretación, “hay un hecho sobreviniente si el Congreso rechaza la Ley de financiamiento” que justificaría la declaratoria de la Emergencia económica. 

Muchos expertos y centros de pensamiento discrepan de tal concepto, al considerar que un hecho previsible, como el hundimiento de la reforma tributaria, no se puede considerar como un hecho sobreviniente. Por esa vía, se podría llegar al punto de considerar la declaratoria de la emergencia como plan B, como camino alternativo para expedir por Decreto los proyectos de ley de iniciativa del ejecutivo que no apruebe el Congreso. Ello sería a mi juicio una lectura equivocada de la norma constitucional!

Amylkar Acosta

El amigo de Uribe que financió paramilitares, muerto en impunidad

Esta semana el país conoció la muerte de Juan Guillermo Villegas Uribe, ganadero acusado de ser parte de la génesis del paramilitarismo en Antioquia. Villegas es el personaje con quién Uribe habla por teléfono en el famoso episodio donde insulta a los magistrados de la Corte Suprema, y con quién tuvo varios negocios.

El hermano de Juan Guillermo, Luis Alberto Villegas, alias “Tubo”, fue señalado como narcotraficante y colaborador paramilitar. Recibió ese alias porque, según testimonios, robaba combustible del tubo de Ecopetrol que pasa por la hacienda Guacharacas, propiedad de los Uribe Vélez para la época, combustible con el que se habría financiado el Bloque Metro de las AUC, uno de los más brutales de esa organización criminal. Juan Guillermo fue propietario de varias estaciones de gasolina y de empresas como Lácteos El Paisa, desde donde –según investigaciones del CTI– se coordinaba la consecución de armas, municiones y recursos para una estructura paramilitar que operaba en San José del Nus bajo el camuflaje de la Convivir El Cóndor.

 

La trayectoria de Villegas no se reduce a la sombra del paramilitarismo: fue diputado a la Asamblea de Antioquia, excandidato a la Cámara y un prestigioso ganadero de la subasta de San José del Nus, en la vía entre Medellín y Puerto Berrío. Desde San Roque se movía en el corazón de una coalición de poder donde se mezclaban empresarios, políticos y mandos paramilitares en el nordeste antioqueño. En ese entramado, el vínculo con Álvaro Uribe Vélez es algo más que un dato lateral.

Diversos testigos ante la justicia han señalado a los hermanos Villegas como parte del grupo de ganaderos y empresarios que, junto a Álvaro y Santiago Uribe Vélez y los hermanos Gallón Henao, habrían fundado el grupo paramilitar en San Roque que luego se convirtió en el Bloque Metro de las AUC. El exjefe paramilitar Pablo Hernán Sierra, alias “Alberto Guerrero”, sostiene que el Bloque Metro nació en la hacienda Guacharacas –propiedad de la familia Uribe– con el concurso de los Villegas. Juan Guillermo no era un espectador: era parte del núcleo de civiles que, desde la legalidad aparente, dieron soporte económico, logístico y político a ese experimento paramilitar.

A esto se suma el capítulo de las Convivir. La Convivir El Cóndor fue una de las cooperativas de seguridad rural autorizadas por la Gobernación de Antioquia cuando Álvaro Uribe era gobernador. La personería jurídica de estas asociaciones, incluida El Cóndor, fue otorgada mediante resoluciones firmadas por Uribe, bajo el argumento de “defensa” frente a la guerrilla. Sin embargo, investigaciones de la Fiscalía y de organismos de derechos humanos concluyeron que, bajo la fachada de Convivir, operaba una estructura paramilitar que controlaba la carretera Medellín–Puerto Berrío, con la participación directa de los hermanos Villegas y en connivencia con miembros de la Fuerza Pública en la región.

Lácteos El Paisa, administrado por los Villegas, fue pieza clave en ese engranaje. Interceptaciones legales del CTI a finales de los noventa establecieron que desde ese local en Medellín se coordinaba el flujo de dinero, armas y comunicaciones de la Convivir El Cóndor y de la naciente estructura del Bloque Metro. En un allanamiento a propiedades de la familia Villegas se encontraron inventarios manuscritos de armamento, equipos de campaña y elementos de intendencia. Pese a la contundencia de esas pruebas, las investigaciones en contra de Juan Guillermo y Luis Alberto fueron precluidas, otro eslabón en la larga cadena de impunidad empresarial en Antioquia.

De los hermanos Villegas se pueden escribir libros enteros sobre su historial delictivo, basta con recordar que el poderoso jefe paramilitar alias «Julián Bolívar» dijo haber ordenado el asesinato de Luis Alberto Villegas por el robo de un cargamento de droga.

Villegas sabía muchos secretos de los Uribe Vélez. Un «buen muerto», como dirían por ahí.

Alejandro Toro

Los últimos de los últimos

Son los últimos. Como esos soldados estragados que vagan por la retaguardia fantasmal de una guerra que no saben que perdieron. Patéticos, acosados por el miedo y la certidumbre de la deshonra imaginan que aun hay esperanza, que hay un bastión donde podrán reagruparse y vencer. Como no existe otro mundo que su mundo no pueden aceptar que su mundo desapareció. Alguien apagó las luces de la fiesta en donde eran felices y ahora deben vivir con la ignominia de no significar nada. Ni siquiera son el pasado, porque el pasado es precisamente significación. Son los “Hombres huecos” de Elliot en el famoso poema La Tierra Baldía: “patas de ratas sobre cristales rotos en la bodega seca de nuestras provisiones”.

En el mundo de las tribus y las identidades, primero hay que tener capital simbólico para después tener capital político. El poder es significado transformado votos, o militancia, o adhesión, porque las categorías políticas han dejado de ser ideológicas. Bernard-Henri Lévy dice que solo reconoce dos categorías políticas: “la vergüenza y la melancolía”. Con esto quiere decir que en el trasfondo de la retorica política lo que prevalece es un sentimiento moral y que este sentimiento es el que realmente le da sentido al poder, es el que permite la conversación entre los lideres y la gente, cuando los políticos no tienen la capacidad para establecer esta conversación simplemente la gente los ignora.

 

Esto está sucediendo en Colombia con una intensidad sin precedentes, es imposible encontrar un escenario que reúna tantos candidatos que no significan nada. Gentes de un mundo desaparecido en el que el poder se ejercía sin necesidad de sentido, bastaba la mecánica, pero la sociedad se agrupó en el margen de esa mecánica, inventó un lenguaje común y se dio a sí misma una forma y un sentido y dejó por fuera a los políticos, a las elites, a los intelectuales y a los ideólogos.

Las categoría políticas dominantes en el aparato simbólico de nuestra sociedad no son los lugares comunes de izquierda, derecha y centro, ni la polarización. Lo que hay es un movimiento dramático impulsado por la desesperación y la venganza y una comunidad atrapada entre el miedo y la ilusión. Unos acusadores y otros acusados.

La dinámica política está sucediendo con el rostro de un duelo entre quienes creen tener el derecho a juzgar y entre quienes se resisten a ser juzgados, los vengadores contra los ilusionados, la estrategia de la venganza y la estrategia de la ilusión, mientras unas personas insignificantes hacen un ruido de fondo con su lenguaje “programático” y de “políticas públicas”. El tablero cambió. Ahora solo hay un programa político valido y es muy sencillo: “no me jodas más la vida”.

Estamos presenciando en tiempo real la expulsión de los políticos de la comunidad política. Algo así como el apocalipsis zombi de la clase dirigente. Esto supone un desafío inédito porque la voluntad popular espontanea no necesariamente es democrática y el impulso reivindicativo asociado a grupos sociales que justifican la violencia puede conformar un movimiento mayoritario a partir de la vacuidad de los candidatos que no representan a nada ni a nadie pero que con su presencia turbia desprestigian el sistema. Esas personas juegan el papel de agentes negativos contra el prestigio introspectivo del liberalismo, son los verdaderos candidatos antisistema, promueven la estrategia de la venganza, mientras se oponen a la estrategia de la ilusión. Los últimos de los últimos, escupiendo rencor mientras abandonan la escena de un teatro sin público.

Jaime Arango

Señora Bucaramanga

Bucaramanga fundada como Parroquia el 22 de diciembre de 1622 por Andrés Páez de Sotomayor y el sacerdote Miguel de Trujillo, era un asentamiento indígena adyacente a la veta Real de Minas en una meseta jurisdiccionada a la Provincia de Pamplona. Se estima que para 1799 Bucaramanga contaba con 2.178 habitantes, los indígenas se habían extinto, su población era mestiza. El 30 de junio de 1821 el Congreso Constituyente de Villa del Rosario le confirió la calidad de Villa, calidad que perdería gracias a la presión de su vecina Piedecuesta, desde siempre, Girón y Piedecuesta pretendieron hacerse de la pamplonesa Bucaramanga. Finalmente, con la expedición de la primera ley de ordenamiento territorial del 25 de junio de 1824, Bucaramanga retoma la condición de Villa bajo con el nombre de San Laureano de Bucaramanga, aún adscrita a la Provincia de Pamplona.

Gracias a la mediática estancia de Simón Bolívar (1783-1830) durante la Convención de Ocaña de 1828, Bucaramanga tomó relieve. La creación del Estado soberano de Santander en 1853. El comerció que marcó la inmigración de alemanes, italianos, daneses y libaneses en el Siglo XIX, junto a las refriegas políticas y, la posterior creación a comienzos del Siglo XX de los dos Santanderes, hacen que la villa se expandiese y tomase pujante vuelo que la llevaría a ser conocida como Señora Bucaramanga, La Ciudad de la Cigarra, La Ciudad de los Parques, La Ciudad más Cordial de Colombia, La Ciudad más Limpia, La Ciudad Bonita y La Ciudad Universitaria; campañas publicitarias promovidas por las administraciones municipales de antaño con el propósito de posicionarla como centro económico llegando a ser la quinta ciudad colombiana en importancia, proyectándola a la escena internacional.

 

A punto de terminar la cuarta parte del Siglo XXI, de la Bucaramanga de antaño poco queda. La Señora Bucaramanga se marchitó. Las cigarras rara vez chirrean, en ciertas épocas del año, en alguno de los muchos parques abandonados se escuchan algunos chirridos. La cordialidad de la gente se transformó en agresividad, prima la ley del más fuerte, del más avivato, el más pingo y el más alzado. La bella Bucaramanga que hermoseaba por su limpieza hoy afea. Las calles y esquinas de la ciudad se convirtieron en muladares, donde los indigentes hacen también de las suyas. La Ciudad dejó de ser universitaria, pese a la creación de centros educativos, otras ciudades supieron capitalizar dicho nicho. Bucaramanga creció como urbe inhóspita entre caos, desorden, suciedad, inseguridad, comercio informal, invasión del espacio público y por supuesto, delincuencia generalizada. Así como atracan y asesinan a una colegiala en el deprimido del Mesón de los Búcaros también pueden organizarse en gavilla para atracar una joyería en un centro comercial y asesinarse entre miembros de la policía.

Los grandes líderes bumangueses de antaño desaparecieron. Los que enarbolaron en su momento las banderas de los otrora Partidos Conservador y Liberal son memoria que se diluye entre generaciones. Los ArmandosPuyanas, RafaelesArdilas y RodolfosGonzález que dieron lustre a la ciudad desaparecieron. Los AlfonsosGuerreros que con su Rondalla Bumanguesa alegraban los medios días se apagaron y los LadislaosGutiérrez que escribían “lea” en cuanto espacio público hubo, cedieron para ante los horrorosos grafitis que esparcen odio en la ciudad universitaria de la calle novena y las tapias de la Ciudad.

Bucaramanga tiene que ser Bonita, con todo lo que entraña la belleza: Estética, orden, civismo, limpieza, armonía, urbanismo y seguridad. Los JoséLuises Mendozas, Jorges Reyes, Alfonsos GómezGómez, Alejandros Galvis y Albertos Montoyas no están, el señorío se perdió. El próximo domingo habrá unas elecciones atípicas para elegir un alcalde por dos años, en los que poco se mejorará ¡Que despierten a los bumangueses! Que regrese la Señora Bucaramanga, solar nativo de Aurelio Martínez Mutis, Gabriel Turbay Abunader y Carlos Ardila Lulle.

León Ferreira

¿Por qué una comunicación política eficaz en campaña? 

Candidatas y candidatos tienen la valiosa oportunidad de poner en escena pública y mediática sus habilidades de usar estratégica y responsablemente el arte de comunicar a millones de colombianos sus intenciones de obtener una credencial que les permita ser senadores, representantes o disputar la primera vuelta en las presidenciales del 2026. Todo un reto comunicacional.

El efecto de la ‘caliente’ carrera electoral es que la comunicación de los cientos de aspirantes aumenta su éxtasis cuando el actual presidente, Gustavo Petro (@petrogustavo), radical en su discurso ataca sin ‘pelos en la lengua’ a quienes opinan diferente. Ese enfrentamiento verbal, a veces con mensajes vulgares y retadores, viene dejando un clima hostil que pasa de las palabras a las amenazas y por último a las agresiones físicas. Se pierde altura en la narrativa.

 

Y, como las situaciones de gresca y confrontación inclinan a estimular negativamente a los bandos en contienda, pareciera se está esfumando y olvidando la puesta en marcha de las variadas formas estratégicas de comunicar a las audiencias (electores) con base en el respeto y en engalanar los mensajes con verdaderos contenidos de valor para emocionar al ‘pueblo’ en aras de hacer más viva y transparente la democracia participativa. Los colombianos observan, oyen y leen a sus líderes para evaluarlos.

“El 2026 atraerá a quien demuestre que es capaz de hablarle al país de lo que Colombia necesita y no solo de generar pánico. El que pueda demostrar que es posible mover el país y hacerlo progresar, revolucionar”, dice Ángel Beccassino, Estratega y Consultor en Comunicación Política. Progresar y revolucionar en términos de resolver la pobreza,  la violencia y la corrupción.

En esa línea, Isaac Manuel Hernández (@_IsaacHernandez), Consultor Político español añade: “El mejor acto de comunicación es aquel que se convierte en un hecho, lo demás son intenciones. Ahora más que nunca hay que comunicar evidencias, no promesas. Trabajar y trabajar por un mensaje empático y verdadero”. Un mensaje con ideas, planes y acciones enmarcadas en las necesidades del ciudadano elector.

Entre tanto, una visión general creada por la Inteligencia Artificial (IA) nos guía a construir una narrativa esperanzadora, generar emociones y crear una conexión humana con el electorado. Los candidatos deben ser capaces de:

Articular mensajes claros y concisos:

Los mensajes deben ser fácilmente comprensibles, relevantes para las preocupaciones de los votantes y repetidos consistentemente a través de diversos canales.

Utilizar diversas herramientas de comunicación:

Esto incluye redes sociales, medios tradicionales, discursos, eventos públicos y otros medios para llegar a diferentes segmentos de la población.

Generar confianza y credibilidad:

Los candidatos deben ser auténticos y transparentes en su comunicación para ganarse la confianza de los votantes.

Adaptar el mensaje a diferentes audiencias:

La comunicación debe ser personalizada para conectar con las necesidades e intereses de diversos grupos de votantes.

Responder a las críticas y preguntas del público:

La comunicación bidireccional es esencial para construir confianza y demostrar que el candidato escucha a los votantes.

Fomentar la participación ciudadana:
La comunicación política efectiva no solo busca ganar votos, sino también involucrar a los ciudadanos en el proceso político.

La democracia sigue más viva que nunca.

Edgar Martínez Méndez

El pobre no es pobre porque quiera ser pobre: desmontando el mito de la meritocracia

La derecha en Colombia ha usado argumentos para sus campañas políticas frases como “el pobre es pobre porque quiere”. En la búsqueda de una explicación bien estudiada de por qué este intento de justificación de la desigualdad es un conjunto de varias falacias, encontré el marco teórico del sociólogo francés Pierre Bourdieu, que conduce a la comprensión necesaria de las causas reales del éxito o fracaso de las personas.

Para Bourdieu, el llamado “mérito individual”, basado en el esfuerzo, talento, y emprendedurismo individual no explica por sí solo la riqueza o la pobreza que alcanza una persona en la vida: lo que realmente determina las posibilidades es la distribución desigual de diferentes formas de capital al nacer. Para ello utiliza un marco de análisis con cuatro tipos de capital, económico, cultural, social y simbólico, que explican los mecanismos que llevan a que una persona pueda ser exitosa o fracasada en la vida (en este enlace un buen resumen conceptual).

 

El Capital económico lo constituyen dinero, propiedades, inversiones, recursos materiales que permiten invertir, asumir riesgos, acceder a crédito, a ser arrojado. El Capital cultural, que no se limita a la escolarización, sino incluye conocimientos, formas de hablar, códigos culturales, familiaridad con instituciones, “ser parte” de espacios dominantes aprendido desde la niñez en la familia: disposiciones y hábitos, bienes culturales como libros, obras de arte, títulos, certificaciones, etcétera. El importantísimo Capital social, constituido por las redes de contactos, relaciones, pertenencia a círculos influyentes, amistades, vínculos intergeneracionales, que son recursos relacionales que permiten acceder a oportunidades que no están al alcance de todos. Y el Capital simbólico del cual hacen parte el prestigio familiar, el reconocimiento social, la legitimidad que otorga un origen social, unas credenciales, una posición, que hace la diferencia para que la palabra tenga peso desde antes de hablar.

Estos capitales son convertibles unos en otros, lo que da la posibilidad de multiplicarlos; Bourdieu llama a esto la estrategia de reproducción social. Por ejemplo, la riqueza (capital económico) puede permitir una educación privada, viajes, experiencias, que generan capital cultural; ese capital cultural puede abrir redes sociales (capital social), y todas juntas culminan en prestigio, legitimidad, autoridad: capital simbólico.

Este mecanismo funciona gracias al concepto de lo que Bourdieullama habitus: un conjunto duradero de modos de actuar y de comportamiento, de percepciones, de sentir, de aspirar, que cada individuo adquiere desde la infancia según la posición social en la que nació. El habitus no es consciente: es una “segunda naturaleza”, dice. Define lo que nos parece posible, normal, natural.  Así, un joven de clase alta hereda no solo dinero, sino un “habitus empresarial”: familiaridad con códigos de poder, comodidad en espacios de decisión, confianza para tomar riesgos, saber traducir proyectos en balances, lenguaje de negocios, disposiciones que no se aprenden en un curso o leyendo un libro de autoayuda, sino en socialización y repetición desde la infancia. Por el contrario, una persona de clase trabajadora suele incorporar un habitus de modestia, prudencia, limitación de aspiraciones, aversión al riesgo: actitudes adaptativas a condiciones materiales reales, restringidas, no a la fantasía de ser empresario exitoso de la noche a la mañana.

De esta forma, lo que habitualmente se atribuye al “talento natural” o “mérito individual” suele ser en realidad, aunque invisibilizado, el resultado de privilegios acumulados desde el nacimiento.

De paso, su análisis desvirtúa completamente los mensajes triunfalistas como “la mentalidad de éxito” vendidos por la industria de la autoayuda, que resultan ilusorios. Ignoran que las disposiciones para el éxito están desigualmente distribuidas. No basta “querer”: el habitus, el capital acumulado, y las redes lo hacen posible.

Esto lleva a lo que Bourdieu llama “violencia simbólica”: una forma de dominación que no deja marcas visibles como la violencia física, pero que es extremadamente efectiva (también abordado por Byung-Chul Han). Esta violencia opera cuando las estructuras sociales y sus desigualdades se ocultan bajo la apariencia de “mérito” o su contrario “falta de esfuerzo”, que lleva a señalar a la voluntad individual como motivo del éxito o fracaso, haciendo caso omiso de las diferencias estructurales de las oportunidades al nacer. Quienes quedan excluidos por este mecanismo, pobres y clases trabajadoras, llegan a aceptar su situación y se culpan a sí mismos, legitimando el sistema que no les da otras oportunidades compensatorias.

De este resultado, que es un mecanismo de perpetuación de la desigualdad, se ocupó también el premio nobel de economía 2001, Joseph E. Stiglitz, quien lo expresó en la conocida fraseel 90 % de los que nacen pobres mueren pobres, por más esfuerzo que hagan; el 90 % de los que nacen ricos mueren ricos, independientemente de que hagan o no mérito para ello”, fundamentado en evidencia de desigualdad estructural persistente, que refuerza la necesidad de desmontar el mito de la meritocracia como fenómeno individual. Es falso, concluyó.

Los candidatos a la presidencia deberían explicar sus propuestas para hacer frente a esta desalentadora realidad, si de verdad quisieran ayudar a la mayoría de los colombianos que están en la trampa de la pobreza. Deberían impulsar políticas públicas que modifiquen condiciones estructurales, para que el origen no determine tan brutalmente el destino. Algunas propuestas plausibles podrían ser como éstas:

  • Educación pública de alta calidad, con acceso real desde la infancia a espacios y experiencias culturales, con estimulación temprana al arte y a la cultura general, que compensen parcialmente la carencia de capital cultural.
  • Ensanchamiento del alcance de programas de becas, tutorías, mentorías, acompañamiento a estudiantes de sectores populares, para nivelar desventajas de capital social y cultural.
  • Políticas de inclusión social basadas en la creación de redes comunitarias, fortalecimiento de organizaciones sociales y comunitarias que generen capital social, oportunidades de participación, acceso a información y muchos contactos valiosos.
  • Redistribución económica mediante impuestos progresivos, inversión en salud, vivienda, servicios, para aliviar las carencias materiales que limitan oportunidades reales.
  • Reformas institucionales para reconocer y legitimar formas diversas de capital simbólico: valorar trayectorias no tradicionales, reconocer talento en contextos desfavorecidos, abrir espacios de poder, cultura y decisión a quienes históricamente han sido excluidos.

Así, entendiendo esto, hay que rechazar todas esas simplificaciones erradas de las razones de la pobreza de la mayoría de los colombianos. Y más bien, exigir políticas públicas verdaderamente positivas que ayuden a construir un país donde las oportunidades no dependan solo del capital heredado, y que se generen posibilidades reales de prosperidad para todos los colombianos.

Rafael Fonseca Zarate

Una tierra en disputa: Israel y Palestina… que dice la historia? (6)

Poco a poco esta historia nos introduce a la era actual, a la historia que en la actualidad vivimos en este conflicto, que como hemos visto, tiene unas raíces que van más allá de lo que superficialmente personas como el actual presidente de la república, Gustavo Petro esbozan, poniendo en práctica lo que mejor sabe hacer: mentir, engañar y confundir.

Para esta época, en la que los Otomanos dominaban la tierra de Israel, ahora llamada Palestina por los acontecimientos relatados anteriormente a lo largo de estas entregas, Para este tiempo, muchos ya hablaban de lo necesario que era el regreso del pueblo judío a sus tierras, uno de ellos fue el rabino Juda Ben Salomón Alkalai, quien en sus discursos hablaba de lo necesario de este regreso. Muchos lo consideran el padre del sionismo, mucho antes que Theodor Herzl.

 

Pero el mundo había cambiado, la geopolítica iniciaba a constituirse en uno de los temas fundamentales para dominar vastas zonas, e Israel o mejor sus tierras, llamaron la atención de muchos, especialmente de las potencias europeas, quienes veían en ellas una oportunidad clave para propagar su influencia global.

Para muchos grupos este territorio israelí, en ese entonces llamado Palestina, representaba la atracción del mundo moderno, a este territorio lo visitaban por diferentes motivos: Religiosos, era el lugar predilecto para hacer peregrinajes; científicos, puesto que para muchos arqueólogos e historiadores veían en ella una mina para el descubrimiento y la investigación; y político, puesto que los intereses de varios países por estas tierras la hacían un epicentro para la diplomacia y la política internacional.

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Como todos sabemos, el 28 de julio de 1914 estalló la primera guerra mundial y con ella muchos países tomaron posición. En el caso que estudiamos, el imperio Otomano tomó partido por los alemanes, lo que significaba que entraban a la guerra en contra del Reino Unido; pero tres años después del inicio de la guerra el general Edmund Allenby, derrotó al imperio Otomano en Egipto y entró a Jerusalén, de esta manera terminaba la historia de este imperio y con ello, nuevos sucesos determinarían los acontecimientos siguientes.

En el mismo año de la derrota del imperio Otomano, el gobierno de Reino Unido firmaba una carta, la cual estaba dirigida al líder del grupo sionista Lord Rothschild, en dicha carta la cual fue enviada por medio de Arthur Balford, Por ello es conocida en los hechos históricos como la declaración Balford, en ella se manifestaba la intención del gobierno británico, que ahora dominaba las tierras que anteriormente pertenecían a los Otomanos, de entregarles esas tierras o al menos parte de la misma para que fuera el asentamiento del único pueblo que a esa fecha no tenía tierra.

En la carta se hacía mención al “hogar nacional” para el pueblo judío en Palestina, sin saberlo el gobierno británico no estaba haciendo una concesión, no se trataba de un acto de bondad, de lo que se trataba era de un acto de justicia, puesto que se le estaba devolviendo la tierra a su original dueño.

Para el pueblo judío esta carta representó el reconocimiento mundial a la existencia misma de su gente, y al derecho que tenían sobre la tierra que conquistaron siglos atrás y que les fue arrebatada con el único propósito de borrarlos de la historia misma. Para  Benny Morris quien es un connotado historiador que ha dedicado gran parte de su tiempo al estudio de los conflictos árabe – Israel, describe ese momento como el inicio de lo que hoy conocemos como el Estado de Israel.

Después de finalizada la primera guerra mundial en 1918 y con el dominio sobre todo lo que controlaba el imperio Otomano, el nuevo imperio británico se hace con las tierras, todo esto con el apoyo de la Sociedad de Naciones, en 1922.  Esta institución cambiaria de nombre después de la segunda guerra mundial y pasaría a llamarse Organización de las Naciones Unidas.

Gran Bretaña pues, es ahora la nueva regente del territorio y sus intenciones son claras, establecer o mejor dicho, reestablecer a los judíos en los territorios que ahora le pertenecían.  Al ver esto los judíos inician el proceso de regreso a sus tierras, ayudados en gran medida por los abusos y persecuciones que se presentaban en Rusia con los llamados pogromos, que no eran más que grupos de personas que se especializaban en la destrucción y aniquilamiento de grupos raciales o étnicos no pertenecientes a los propios de su país, también ayudó a esto los movimiento nazis que iniciaban su incursión en la Alemania de Hitler.

Pero la llegada no fue fácil para los Judíos, la mayoría de ellos terminaban comprando tierras que por generaciones les habían pertenecido; con la compra venía luego el aprovechamiento agrícola que hasta el día de hoy es una de las grandes ventajas que posee esta tierra; pero con ello, surge otra pregunta: Acaso la tierra de Israel no es un desierto? y si lo es, cómo es posible que la agricultura sea una de sus principales fortalezas?, la respuestas a estas preguntas será motivo de otras columnas, mas no de esta.

Con la llegada de los judíos, se evidenció el inicio de un nuevo conflicto que surgía del hecho que la tierra no estaba sola; en ella habitaban, árabes, musulmanes y otros tantos, los cuales no eran partidarios de la llegada de los judíos y mucho menos les agradaba la idea de la creación de un Estado. lo que llevó a conflictos, los cuales iban aumentando su intensidad con el paso del tiempo; tanta fue la hostilidad que en 1936 estalló lo que se conoce en la historia como la gran revuelta árabe, de la cual participó el pueblo musulmán de la época.

Es importante tener la claridad que esta revuelta tuvo lugar en la misma época en la que se asesinaban judíos por Hitler en Alemania, es decir mientras que los judíos eran exterminados por el nazismo, en su propia tierra todos los que regresaban, se veían enfrentados a la guerra que planteaban los llamados palestinos – musulmanes.

Pero fueron estas situaciones vividas por el pueblo de Israel durante la segunda guerra mundial, las que sirvieron para avivar aún más el clamor de entregarle a este pueblo una tierra propia donde habitar, o lo que es más ajustado a la realidad, a reconocer lo que por mucho tiempo se les negó: la titularidad de su propia tierra.

Winston Churchill lo dijo en su momento: “No hay una relación más indiscutible en la historia, que la conexión de los judíos con Palestina”, esto haciendo referencia a la relación innegable entre el pueblo de Israel con la tierra que hoy llaman palestina.

Con el incremento del nuevo conflicto entre los árabes y los judíos, el Reino Unido decide entregar en manos de la naciente Naciones Unidas la resolución de este conflicto, la cual presenta un plan que supone el fin del conflicto por medio de la división del territorio.    

Jefferson Mena Sanchez

Un presupuesto que presiona la ciudad

El Concejo de la ciudad está adportas de discutir -en segundo debate – la propuesta de presupuesto para el año 2026 para Bogotá. La propuesta que el alcalde Galán ha hecho le da continuidad a una ruta de presión que condiciona la vida cotidiana de la gente al pago desaforado de rentabilidades entorno a las grandes obras, mientras se sacrifican aspectos claves como la vida juvenil barrial, la recreacion y el deporte, el arte y la cultura, el mejoramiento de viviendas y de hábitat, la gestion del riesgo, la vida de las mujeres y el sistema de cuidado, el fortalecimeinto de las economías populares y la participación. Si bien, en el primer debate se buscó ajustar la situación en parte de estos asuntos, el problema es estructural. En mi condición de coordinadora ponente de este proyecto di ponencia NEGATIVA y aquí les cuento parte de las razones.

El presupuesto total será de 40,4 billones de pesos, pero más de la mitad de éste (21,3 billones) está reservado para el desarrollo de Transmilenio y el Metro. Sin duda, son obras que la ciudad requiere, pero ¿a qué costo y con qué esquema? La manera en la que se han realizado las concesiones a traves de las que se ejecutan estas obras ha sido objeto de debate hace más de una década en la ciudad, pues las ganancias de los operadores del “servicio” son muy altas, mientras que el distrito debe asumir los grandes costos de mantenimiento, renovación y logística de base. Esto es desequilibrado con lo público. Además, la permanencia en el tiempo de este modelo genera un déficit insostenible que en el caso de Bogotá es el Fondo de Estabilización Tarifaria, cuyo monto ya supera los 3,2 billones de pesos y sigue alimentando una lógica de endeudamiento mayor, cada vez que Bogotá requiere ampliar y/o mejorar el transporte público; condicionando las decisiones de ciudad de próximas administraciones y generaciones. Adicionalmente, a pesar de la narrativa de “estamos avanzando” que la administración ha intentado posicionar entre selfies y anuncios, la verdad es que en el año 2025 no se avanzó en la preparación de la 2ª línea del Metro, a pesar de que se contaba con cuantiosos recursos para ello; esta es una decision política, no solamente un descuido administrativo, e implica que no se hará un esfuerzo de fondo para el mejoramiento de la movilidad pública a través del Metro, sino que se perpetuará la dependencia de Transmilenio que ya ha mostrado sus límites y su incapacidad de ser columna vertebral del transporte. Decisiones cuyos costos estamos pagando todas las personas que tributamos, vivimos y trabajamos aquí.

 

La negativa a la propuesta de Galán no solamente obedece a esta arbitrariedad, tambien a otros rasgos que la propuesta de presupuesto tiene. Por una parte, impulsa una solapada reforma del funcionamiento institucional de la ciudad: fortalece el nivel central de los sectores (las Secretarías) con 391 mil millones de pesos que ellas apropian, mientras se asfixian a las entidades descentralizadas, que suelen ser las que están presentes en la vida cotidiana de la ciudadanía de a pie, se les quitan 280 mil millones de pesos que son vitales para su misionalidad con la gente.

Esta administración tiene una tendencia al incumplimiento de procesos de ciudad que vienen de antes pero también de los que ella misma ha propuesto y prometido. En cuanto a lo primero, basta dar una mirada al sistema de políticas públicas de Bogotá, 15 de ellas tienen reportes negativos de avance, entre ellas: Salud Mental, Migrantes, Familias, Acción Comunal, Bogotá territorio inteligente, Actividades Sexuales Pagas, Economía Cultural, Seguridad, Economía Circular, Comunicación Comunitaria, Movilidad, Hábitat, Raizal, Afro, Indígenas. El Plan Distrital de Desarrollo se concreta a través de 1537 actividades, de estas una quinta parte (277/ 18%) están en menos de 50% de ejecución, aproximadamente 4,7 billones de pesos se han dejado de ejecutar por ello.

En cuanto a lo segundo, es importante revisar el caso de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, una entidad que está al centro de la promesa de Galán de “Bogotá camina segura”, sin embargo, es de las que tiene peores resultados en ejecución (apenas 65% a 23 de Noviembre/25). A pesar de ser una entidad incapaz de ejecutar lo que se le otorgó en 2025, se le otorga mayor presupuesto para el 2026, mientras se castiga a entidades que lo han hecho bien. Es una lógica inconsistente con la ciudad. Cosas como estas le han significado a Bogotá bajar su lugar en el Índice de Desempeño Fiscal IDF del Departamento Nacional de Planeación (2025).

Finalmente, hay una serie de factores macro que también cuestionan el modelo de finanzas de la ciudad, una discusión que la administracion de Galán no permite dar: parte de los síntomas muy preocupantes son el deterioro fiscal a corto plazo, el aumento del servicio de la deuda (49%) que restringe otros gastos y la volatilidad en ingresos y sectores clave – caída en los recursos de capital, menor dinamismo en el recaudo del ICA, entre otros. Son asuntos a los que haremos seguimiento para impulsar los cambios necesarios en el manejo económico de la ciudad.

Nota recomendada: Caos nocturno en TransMilenio: flota disminuye y aumenta la inseguridad

Estas criticas no solo se dirigen desde la oposición política que ejercemos, el gobierno de Galán está en crisis en la opinión pública. La más reciente encuesta de “Bogotá Cómo Vamos” muestra que solo el 26% de los bogotanos aprueba la gestión del Alcalde, mientras la sensación de corrupción e inseguridad llega a su mayor nivel desde 2012 y 2008 respectivamente. Bogotá no camina segura, ni camina bien, es urgente un cambio.  

Donka Atanassova

Concejala de Bogotá

Un diciembre bello

Diciembre siempre llega con su perfume clásico: nostalgia fina, amor sincero, satisfacción del deber cumplido y esa ambición sana de querer un poco más. Es el mes que cierra ciclos, que envuelve los errores en papel de regalo y que nos recuerda —sin anestesia— que crecer es obligatorio.

Para mí, diciembre no es una pausa: es una alarma. Una que suena fuerte y dice que lo mejor todavía no ocurre, que el éxito verdadero sigue esperando y que uno no puede bajar la guardia.

 

Diciembre huele a vida, a estrenar oportunidades, a proyectos que piden pista y a familias que se reúnen para reconstruir certezas. Pero también huele a un país que parece pedir auxilio mientras envuelve sus heridas con luces navideñas.

Por eso, desde ya, quiero pedir mi regalo de Navidad: quiero una ciudad justa; políticos de verdad, no influencers jugando a gobernantes; una Colombia que prospere; una Bogotá que no se estanque; un liderazgo que deje de improvisar y ciudadanos que recuperen la felicidad sin pedir permiso.

Quiero que dejemos de normalizar lo absurdo: un muerto por robarle el celular, un paseo con miedo, un presidente que dicta el ánimo nacional como si fuera un DJ sin repertorio, un país que pelea a gritos por su próximo gobernante y vota sin fe. Este diciembre, yo quiero justamente eso: fe. Fe en que elegir todavía vale la pena. Fe en que la política puede ser decente, estratégica y humana al mismo tiempo.

Y claro, no voy a mentir: también quiero que Colombia gane el mundial. Si vamos a pedir, pidamos con grandeza. Ese sí sería un regalo universal, uno que no divide, uno que no necesita debate en Twitter.

El próximo año trae retos para todos. Nos inquieta el rumbo del país, el clima político, la economía, la seguridad, el fútbol y hasta el humor colectivo. Pero tengo una certeza que no negocia espacio en mi cabeza: todo puede salir bien.

No por automatismo, sino porque este país ha sobrevivido a cosas peores que un mal gobierno, una crisis institucional o una escalada de violencia local. Colombia se sostiene porque su gente todavía cree —aunque a veces se le note poco— que es posible un futuro menos hostil.

Mi deseo es simple: que las noticias dejen de girar alrededor de Estados Unidos atacando a Venezuela, que Venezuela se libere sin padrinos ni invasores, que un joven no termine muerto por un celular, que el metro de Bogotá avance sin convertirse en meme, que Antioquia, Catatumbo, el Valle del Cauca y tantos otros territorios no sigan escribiendo su historia con muerte.

Diciembre debería ser eso: una tregua para pensar el país sin rabia, para exigir sin insultar, para construir sin cinismo. Un mes bello que nos recuerda que la esperanza no es cursilería, sino estrategia.

Yo, por mi parte, solo espero que cada familia encuentre paz y que pueda cerrar el año con la satisfacción del deber cumplido. Que la alegría no sea invitada ocasional, sino residente permanente. Que este diciembre nos dé lo que nos falta: coraje para cambiar lo que todos sabemos que ya no resiste otro año igual.

Andrés Prieto

Modernizar la pesca

La pesca en Colombia es un sector subvalorado, fragmentado y sin una representación política real, pese a tener un potencial económico comparable al de varios renglones agroindustriales tradicionales. Mientras países con extensiones marítimas similares diversifican sus exportaciones con acuicultura, valor agregado y cadenas logísticas integradas, Colombia permanece anclada en un modelo pesquero artesanal, con baja productividad e infraestructura débil. Hay que echar la red donde hay peces, aquí hay muchos.

El contraste es contundente. Chile exporta más de USD 7.000 millones en salmón. Ecuador supera los USD 6.000 millones en camarón. Perú construyo un clúster industrial alrededor de la anchoveta, con cadenas completas de harina, aceite y consumo humano. Colombia, en cambio, exporta apenas cerca de USD 200 millones en productos pesqueros y acuícolas, una cifra irrisoria para un país con dos océanos, 3.000 km de costa y una de las biodiversidades marinas más ricas del mundo.

 

La institucionalidad pesquera ha sido crónicamente débil: trámites dispersos, escasa presencia estatal en los litorales, vigilancia insuficiente y ausencia de fomento productivo. A esto se suma la expansión de la pesca ilegal, responsable de casi el 45% de la captura total en algunas zonas, rompe cualquier posibilidad de sostenibilidad biológica, fiscal y social. La acuicultura enfrenta barreras innecesarias.

Aunque proyectos de tilapia y cachama han demostrado competitividad, aún no existe una agenda para atraer inversión, elevar estándares sanitarios o conectar productores con los con mercados globales. Mientras América Latina crece en acuicultura al 8% anual, Colombia lo hace apenas al 2%. No es falta de potencial: es falta de articulación.

Aun así, hay señales esperanzadoras. La infraestructura portuaria del Pacífico y el Caribe está evolucionando; el Sena y varias universidades han comenzado a formar técnicos especializados en maricultura, genética y bioprocesos, y las empresas privadas están invirtiendo en recirculación de agua, trazabilidad y tecnologías limpias. Además, comunidades del Chocó, La Guajira y San Andrés han empezado a organizarse en cadenas productivas con enfoque territorial.

El desafío es convertir esfuerzos aislados en política pública seria. Colombia necesita una Agencia Nacional de Pesca robusta, con competencias claras en inspección, investigación científica y promoción comercial. Hace falta un estatuto pesquero moderno, que incentive la inversión responsable, la modernización de flotas, el repoblamiento marino y las certificaciones que permitan acceder a nichos globales de alto valor. La pesca podría ser un motor regional comparable al cacao o al aguacate Hass, con la ventaja de generar empleo costero donde la pobreza es más profunda.

Los países exitosos en pesca la tratan como un sector estratégico, no como anexo del agro. Colombia tiene la biodiversidad, la geografía y el talento. Lo que le falta es visión. La pesca podría convertirse en una oportunidad transformadora para el Pacífico y el Caribe, pero para lograrlo hay que hacer lo que históricamente no se ha hecho: diseñar una política de Estado y sostenerla en el tiempo.

A veces los recursos más valiosos están mas cerca de lo que pensamos. Colombia no es la excepción.

Simón Gaviria Muñoz