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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Opinión

El significado del terror

Según datos del Ministerio de Defensa, reportados en septiembre de 2025, se registraron 199 atentados terroristas hasta esa fecha, con un saldo de 133 uniformados muertos y 523 heridos. Otros análisis, como el del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, indican cifras altas en meses específicos; por ejemplo, 174 atentados en julio y agosto, cada uno, lo que sugiere que el total anual podría llegar a 400 incidentes, o más.

Pero ¿qué significado tiene esta serie de actos violentos? Si, como ha dicho David Moss, “el poder para establecer el significado simbólico del acto violento es tan crucial como la capacidad de llevar a cabo el acto mismo”, ¿qué mensaje —o qué relato— ha quedado en la percepción pública?

 

La violencia, como contenido de comunicación, como teatro de un drama sangriento, no es el recurso más confiable para transmitir un mensaje, porque la violencia incrementa el azar: afecta tanto a las víctimas como a los victimarios y termina formando sus propios relatos inesperados, o ningún relato, cuanto más común se vuelve.

Miremos, por ejemplo, el caso del asesinato de Miguel Uribe Turbay. Si los autores intelectuales buscaban transmitir algún significado simbólico, fracasaron por completo. Durante su larga agonía, la figura de Miguel generó una inmensa oleada de afecto y solidaridad ajena a cualquier contenido político: fue el asesinato de un buen hombre, no de un líder político. Así lo leyó la sociedad y, por eso, su “legado” se convirtió en una petición general de justicia, un asunto de poder moral, no un asunto ideológico. Esto, sin embargo, no lo entendió ni su propio partido.

La única consecuencia práctica fue negarle a una corriente política la posibilidad inmediata de competir por la presidencia con un candidato ganador. Y, de nuevo, los autores no contaron con que otra figura, inesperada, acabaría por aglutinar la tendencia política que buscaron socavar con ese crimen. Es decir, existían una narrativa social y un conjunto de expectativas que Miguel representó, pero que no le eran propias. Unos meses después de su muerte, no hay un movimiento que reivindique su figura, ni sus victimarios avanzaron en degradar la tendencia política que lo impulsó. No hay nada. Un acto criminal vacío de significado.

Hay acciones terroristas que sí logran implantar su significado simbólico. A partir del 28 de abril de 2021 y hasta julio de ese mismo año, se llevó a cabo una acción continuada de terrorismo de baja intensidad a la que llamaron “estallido social”: letalidad relativa y ataques selectivos, realizados de manera constante en el marco de manifestaciones y protestas. Este “estallido” logró transmitir un mensaje: el sistema no tiene legitimidad para gobernar; por lo tanto, es necesario un “cambio” hacia una nueva legitimidad, o la violencia continuará. Y así fue.

Esta acción violenta, dotada de sentido, creó el espacio político para el reemplazo de la democracia liberal —derrotada en las calles— por un modelo de gobernanza criminal legitimado mediante el terror.

No existe algo como una guerra contra el terrorismo. No se le declara la guerra a una táctica. Los aliados, durante la Segunda Guerra Mundial, no le declararon la guerra a la Blitzkrieg, sino a la Alemania nazi. Desde el punto de vista estratégico, es fundamental la comprensión de contra qué y contra quién se libra la guerra, y cuál es el aparato simbólico que ese actor —o actores— quiere implantar, y si está logrando sus objetivos.

El año 2025 nos ha mostrado un terrorismo vacío de sentido, dirigido al alcance de objetivos limitados y, muchas veces, sin propósito definido. Políticamente, la violencia ha sido dotada de contenido desde el gobierno e instrumentalizada como narrativa para negarle legitimidad a los opositores y excluir de la comunidad política a los ciudadanos que no lo apoyan, pero no posee suficiente capital simbólico para vencer.

Lo que sucede es, como dice David Apter: “La violencia es una gran oportunidad para contar historias. Genera desesperación y anhelos. La gente llega a pensar que solo soluciones drásticas pueden funcionar; que cualquier tipo de autoridad es mejor que ninguna; que el número disponible de futuros líderes escasea. Tales condiciones son terreno propicio para la gestación de cosmócratas con una visión que pretende la totalidad, aquellos capaces de crear con éxito su propio cosmos político o religioso, o ambos, y que, en ese contexto de incertidumbre, recogen mitos de una edad dorada y proyectan la lógica de un futuro milenario”.

Eso es lo que enfrentamos. De eso trata el significado del terror.

Jaime Arango

La exención de visas con Belarús nos abre la puerta de Eurasia

Este 19 de diciembre entra en vigor el Acuerdo de Exención Mutua de Visas de Corta Estadía entre Colombia y Belarús. Se trata de una decisión concreta para reducir barreras, facilitar negocios, impulsar el turismo y acelerar la cooperación. En un mundo donde la incertidumbre geopolítica encarece rutas, insumos y financiación, Colombia necesita abrir puertas reales, con resultados medibles, hacia socios complementarios y mercados no tradicionales.

La relación con Belarús tiene un punto de partida claro: hoy el intercambio comercial es todavía pequeño y concentrado. Sin embargo, esa aparente limitación es precisamente la oportunidad. Lo que Belarús ofrece con fortaleza —fertilizantes potásicos y maquinaria agrícola— encaja con una urgencia nacional: mejorar productividad, abaratar costos del campo y modernizar la economía campesina. Y lo que Colombia puede posicionar —flores, frutas tropicales y agroalimentos— tiene potencial en un entorno euroasiático donde la oferta tropical es naturalmente escasa. De hecho, en el comercio bilateral reciente, los principales envíos colombianos hacia Belarús incluyen flores cortadas, entre otros rubros, lo que confirma que existe una base exportadora sobre la cual construir escala.

 

La entrada en vigor de la exención de visados debe leerse como el “habilitador” de una hoja de ruta: sin movilidad, no hay misiones empresariales; sin reuniones presenciales, no hay cierres técnicos; sin confianza entre equipos, no se concretan inversiones. El paso siguiente —y el verdaderamente decisivo— es convertir la facilidad migratoria en acuerdos operativos: instrumentos de cooperación, agendas sectoriales y proyectos demostrativos que muevan la relación de las intenciones a los hechos.

Por eso, el país debe priorizar tres frentes. Primero, una agenda de consultas políticas estable y verificable, con un Memorando de Entendimiento que ordene el diálogo diplomático y permita destrabar cuellos de botella regulatorios y logísticos. Segundo, un Memorando de Entendimiento de cooperación agrícola para transferencias tecnológicas, formación, esquemas de financiación y pilotos territoriales. Tercero, un Memorando de Entendimiento de turismo —con acciones conjuntas de promoción— que aproveche la exención de visas para diversificar flujos, conectar operadores, facilitar ferias y atraer visitantes en ambas direcciones.

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Aquí es donde la agroindustria belarusa puede jugar un rol estratégico para Colombia. Belarús es un actor relevante en la producción y exportación de fertilizantes potásicos: en 2023 exportó alrededor de USD 2,01 mil millones en fertilizantes potásicos, ubicándose entre los principales exportadores globales en esa categoría.Esta capacidad importa porque Colombia consume grandes volúmenes de fertilizantes y su precio incide directamente en el costo de los alimentos.

Pero el punto más transformador —por su efecto directo sobre productividad y dignidad campesina— es la maquinaria. La empresa estatal Minsk Tractor Works (MTZ), conocida por su marca “BELARUS”, afirma operar en 125 países y exportar más del 90% de su producción, situándose entre los grandes exportadores de tractores del mundo. A esto se suma un ecosistema industrial que incluye fabricantes de cosechadoras y equipos complementarios, como Gomselmash, que declara presencia en varios continentes y una oferta amplia de maquinaria agrícola.

¿Por qué esto es clave para la reforma agraria colombiana? Porque la reforma agraria no puede reducirse a la discusión —necesaria— sobre acceso y formalización de tierras. La transformación rural exige, simultáneamente, factores productivos: tecnología, asistencia técnica, riego, conectividad, asociatividad y acceso a mercados. Esa visión, expresada por el Gobierno Nacional en su apuesta por un Sistema de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, reconoce que sin capacidades productivas la democratización del campo se queda a mitad de camino. La mecanización apropiada —especialmente para pequeña escala— puede ser la diferencia entre una parcela que sobrevive y una economía campesina que prospera.

Desde el Congreso y desde el Grupo de Amistad Parlamentaria con Belarús, el compromiso es hacer seguimiento a esa hoja de ruta para que Colombia no se quede en la foto protocolaria. La política exterior útil es la que aterriza en el bolsillo de la gente: en el fertilizante más barato, en el equipo que reduce jornadas extenuantes, en la cosecha que llega al mercado, en el turismo que genera empleo, en el intercambio que fortalece regiones.

Si el 19 de diciembre abre una puerta, lo responsable es cruzarla con planes, instrumentos y resultados. Colombia necesita socios para industrializar su campo y diversificar su inserción internacional. Belarús, por complementariedad productiva y capacidad agroindustrial, puede ser uno de ellos. La tarea es simple de enunciar y exigente de ejecutar: convertir la movilidad sin visa en cooperación sin excusas.

Alejandro Toro

Transición progresiva o regresión autoritaria

La historia no avanza en línea recta. Tiene retrocesos, bifurcaciones y momentos de disputa abierta por el sentido del futuro. Hoy vivimos uno de esos momentos. En distintos lugares del mundo y también en Colombia reaparecen y se posicionan discursos que prometen orden, grandeza y estabilidad, pero que en realidad reciclan viejas fórmulas neofascistas basadas en el miedo, el odio al diferente, el autoritarismo y la concentración obscena de la riqueza. Frente a ese riesgo, la transición progresiva y la apuesta por un Estado más equitativo y justo no son una moda ideológica. Son una necesidad histórica.

La transición progresiva parte de una premisa elemental. Las sociedades no se transforman por saltos al vacío ni por imposiciones violentas, sino mediante reformas profundas, sostenidas y democráticas que amplían derechos, reducen desigualdades y fortalecen lo público. No se trata de destruirlo todo ni de conservarlo todo. Se trata de cambiar lo que produce exclusión y sufrimiento, cuidando la estabilidad social y la convivencia democrática. Esa es precisamente la fortaleza del Estado Social de Derechos. Su capacidad de combinar justicia social con libertades, redistribución con institucionalidad, cambio con gobernabilidad.

 

Las corrientes neofascistas, en cambio, se alimentan del malestar social sin ofrecer soluciones reales. Señalan enemigos internos como migrantes, movimientos sociales, sindicalismo, feminismos, población LGBTIQ+, pueblos étnicos y jóvenes inconformes para ocultar a los verdaderos responsables de la desigualdad. La codicia sin límites, la captura del Estado por élites económicas y la mercantilización de derechos básicos como la salud, la educación y la vivienda. Allí donde prometen orden, entregan represión. Donde prometen crecimiento, profundizan la exclusión. Donde dicen defender la nación, debilitan la democracia y entregan la soberanía.

Un gobierno democrático, incluyente, justo y equitativo es, ante todo, un dique frente a esa deriva autoritaria. Defiende el Estado social de derecho, la separación de poderes, la libertad de prensa y la participación ciudadana, pero entiende que la democracia no puede sostenerse sobre estómagos vacíos ni territorios abandonados. Sin justicia social no hay democracia duradera. Por eso la transición progresiva pone en el centro políticas redistributivas, una reforma fiscal justa, inversión en lo público, trabajo digno, protección ambiental y reconocimiento efectivo de la diversidad social y cultural.

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En países como el nuestro, marcados por la violencia política y la exclusión histórica, esta transición tiene además un sentido ético profundo. Apostar por reformas sociales, por la paz, por la reducción de brechas territoriales y por la ampliación de derechos no es debilitar el Estado como repiten los voceros del miedo. Es fortalecerlo desde la legitimidad social. Es cerrar el caldo de cultivo del autoritarismo y la violencia armada, que siempre crece allí donde la desigualdad se normaliza y la esperanza se marchita.

En este punto es necesario llamar la atención sobre un aspecto decisivo. La sociedad colombiana no puede equivocarse en la estrategia de reelegir el cambio y de sostener de manera progresiva las transformaciones que se han iniciado. Esto exige madurez política, evitar los triunfalismos y reconocer que cada avance, por pequeño que parezca, arrastra a mediano y largo plazo nuevos cambios que no siempre son inmediatos ni lineales. Pretender desmontar en un solo periodo de gobierno todo el andamiaje sobre el cual se edificó una de las sociedades más inequitativas e injustas del mundo no solo es irreal, sino profundamente irresponsable.

Las estructuras de exclusión, corrupción, violencia, narcotráfico y privilegio se consolidaron durante décadas, incluso siglos, y su superación requiere tiempo, persistencia y continuidad democrática. La construcción de una paz integral con justicia social no será rápida ni sencilla. Con toda probabilidad tardará en repararse o en edificarse al menos el triple del tiempo que hemos vivido sumidos en la violencia armada.

Este esfuerzo nacional no ocurre en aislamiento. Seguramente un avance internacional en el fortalecimiento de la socialdemocracia, con pueblos y sociedades más preparadas, más críticas y culturalmente más resistentes a los discursos del odio, le posibilitará a las naciones transitar hacia un nuevo estado histórico. Un estado con más justicia social, con una paz que incluya una relación armónica con la naturaleza, y con mayores niveles de integración, reconocimiento y cooperación entre los pueblos. En un mundo interdependiente, la defensa de la democracia y de la justicia social será necesariamente una tarea compartida.

La disputa actual no es entre izquierda y derecha en términos abstractos. Es entre democracia y autoritarismo, entre un futuro compartido y un presente de privilegios excluyentes. La transición progresiva marca un rumbo con más derechos, más igualdad, más participación con poder de decisión, más cuidado de la vida, más transparencia. Frente a quienes quieren revivir viejas recetas neofascistas disfrazadas de novedad, el progresismo ofrece algo mucho más poderoso. La convicción de que el cambio es posible sin renunciar a la democracia. Defender hoy el Estado Social de Derecho es defender la posibilidad misma de un futuro común. No hacerlo sería abrirle la puerta a un retroceso que la historia ya nos ha mostrado demasiado caro en vidas, libertades y dignidad.

Luis Emil Sanabria D.

A las afueras de la realidad

Contrariamente a lo planteado por la Unidad de Planeación minero-energética (UPME), la demanda de energía en Colombia no está creciendo dentro de un rango “estable” sino por fuera de él. Recordemos que durante el fenómeno de El Niño 2015 – 2016 se registraron incrementos interanuales de hasta 8.3% (febrero/2016), posteriormente, en febrero de 2020, durante la sequía que se presentó, el aumento fue de 8.7%, en abril de 2021 el 15.5% (¡!). Y más recientemente, durante el lapso de El Niño de 2024 el crecimiento de la demanda osciló entre el 7% y el 9.3%. Es más, durante el período neutral que caracterizó noviembre de 2025 se observó un aumento interanual del 7% (¡!). Registros todos muy superiores a dicho rango, el cual, como diría el premio Nobel de la Literatura, el mexicano Octavio Paz, está a las afueras de la realidad.

Este descache de la UPME la llevó a que si bien su proyección publicada para el 2022 en 8 de los 11 meses (enero a noviembre) el comportamiento de la demanda real se situó en un nivel “medio” del rango previsto, en cambio con los ajustes de su proyección dado a conocer en julio de 2025, en 7 de esos mismos 11 meses la demanda real superó con creces hasta el escenario más alto. Como si lo anterior fuera poco, entre 2024 y 2025, durante 118 días la demanda real rebasó el máximo previsto por la UPME, superando los 239 GWHD.

 

Como punto de referencia es importante destacar que en su Informe oficial, en el cual se dio cuenta de la proyección de la UPME para el período 2023 – 2037, dado a conocer en diciembre de 2023, estimaba que la demanda de energía durante 2024 y 2025 estaría en la horquilla 199 – 239 GWHD. No obstante, en la práctica, durante un largo trecho superó el límite superior. Y más concretamente, en las horas pico (7 A. M y 9 P.M) la demanda ha venido creciendo a un ritmo que duplica lo proyectado por la UPME. Se impone, entonces, la necesidad de que esta revise sus proyecciones y calibre mejor sus cifras para evitar sorpresas desagradables hacia el futuro.

Huelga decir que la capacidad instalada de generación y de transmisión debe estar en capacidad de satisfacer la demanda en horas pico. En conclusión, mientras la UPME persiste en una proyección de la demanda conservadora, alrededor de 2.3% anual, para XM, que es la empresa que opera el Sistema interconectado nacional (SIN), con base en sus registros, alerta sobre un crecimiento de la demanda que supera el doble de la misma, bordeando el 5% anual!

No se puede perder de vista que, según la agencia Internacional de Energía, hacia el futuro la demanda de electricidad en Colombia, para poder cumplir con su compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 51% hacia el año  2030, para lo cual deberá propender por la electrificación de la economía, el aumento de la demanda de energía superará el 5%. Tanto más, en cuanto que la Inteligencia artificial y la proliferación de los centros de datos por doquier está determinando un crecimiento exponencial del consumo de energía en el mundo y Colombia no es la excepción.

En este contexto, mueve a la preocupación la estrechez de la Oferta de energía firme (OEF), la cual no da abasto con la demanda efectiva de la misma. Según Informe oficial de XM publicado en julio de este año, utilizando las proyecciones de la UPME, se está presentando un faltante de 3.5% de OEF. Para entender lo delicado de este stress del SIN es importante precisar que a la hora de establecer el balance entre la oferta y la demanda no basta con saber con cuántas plantas de generación se dispone sino con la energía firme para el Cargo por confiabilidad (ENFICC), con la que se puede contar en condiciones de hidrología crítica, mantenimientos programados de las mismas o posibles fallas técnicas o contingencias que se puedan presentar. En este sentido es menester tener en consideración que la OEF está en función de las respectivas tecnologías y el factor de planta, así la generación hídrica depende del nivel de los embalses, la solar y la eólica de la radiación solar y la velocidad del viento, respectivamente, al tiempo que las térmicas deben contar con el combustible para operar.

Es de anotar que tal estrechez obedece al atraso ostensible en la ejecución de los proyectos tanto de generación como de transmisión. Según XM entre 2021 y 2024 la entrada de proyectos de generación fue de sólo el 21%, estamos hablando den 3.500 MW de capacidad. De allí la exhortación de la Presidenta de ACOLGEN Natalia Gutiérrez: “esto nos deja sin márgenes para afrontar eventualidades. Por eso le pedimos al Gobierno Nacional que camine de la mano de los gremios y las empresas, de manera que, tanto la política pública como la regulación se orienten a la solución de cuellos de botella, a la atracción de nuevas inversiones y a construir confianza”.

Es de anotar que las inversiones requeridas para responder al ritmo de crecimiento de la demanda de energía está entre los $10 y los $12 billones anuales. Por ello, preocupa sobremanera que, según Climatescope 2024 de Bloomberg, Colombia cayó 10 puestos en su capacidad de atraer inversión en Transición energética entre 2022 y 2024. Y ello se atribuye en gran medida a la pérdida de la confianza inversionista y a la falta de seguridad jurídica.

Amylkar Acosta

25 años de TransMilenio: por la consolidación de derechos, igualdad y felicidad

Esta semana para mí fue especial, el jueves 18 de diciembre TransMilenio cumplió 25 años moviendo a la ciudad. No hablo solo de buses y estaciones; hablo del derecho a movernos que materializa los derechos a la salud, a la educación y al trabajo. Hablo de la ciudad feliz que queremos construir. Pero aquí no solo hay nostalgia: hay estrategia, propósito y futuro.

Gracias a una extraordinaria idea del exalcalde Enrique Peñalosa y al trabajo de su equipo, Bogotá vivió en el 2000 una transformación total en la forma en que sus ciudadanos se movilizaban. La ciudad conoció TransMilenio: un sistema de transporte público masivo basado en derechos, igualdad, orden, sostenibilidad y felicidad.

 

TransMilenio es la columna vertebral del actual Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá – SITP. Con 10.509 buses y 143 cabinas de TransMiCable, más de cuatro millones de personas dependen a diario de este sistema para movilizarse. Pero hay que reconocer los retos que se mantienen: según Bogotá Cómo Vamos (2025), Transmilenio continúa siendo el modo de transporte de la ciudad que menos satisfacción genera entre sus usuarios con tan solo el 35% (misma cifra que en 2024).

Por eso digo sin rodeos: TransMilenio tiene falencias, pero si todos lo cuidamos y nos lo apropiamos, se pueden solucionar. Necesitamos voluntad política. Que los gerentes públicos y nosotros los políticos trabajemos por mejorar los retos del sistema y visibilizar lo que sí funciona y nos hace sentir orgullosos.

Bloquear, vandalizar e incendiar el sistema de transporte público que mueve a más de la mitad de la población de la ciudad, no tiene sentido. De hecho, bloquear el sistema no es protestar, es transgredir derechos. Cuando alguien cierra una troncal, no alza una bandera social; apaga oportunidades. Defender el servicio esencial de transporte público es defender a la mayoría.

Este año, la evasión del pasaje ronda el 13% y a la fecha genera pérdidas de miles de millones. Frente a esta situación, respaldo medidas como las barreras anti colados. ¿Y por qué? Porque es una herramienta que hoy necesitamos para proteger el sistema y evitar que siga siendo desangrado. Sin ingresos no hay servicio, y sin servicio no hay derechos. Simple y directo.

Veo con mis propios ojos el caos que generan manifestaciones traumáticas: bloqueos en la 26, en la 30, en el Portal Norte, en las Américas. Veo ciudadanos con maletas corriendo bajo la lluvia, madres con niños en brazos, trabajadores angustiados. Lo digo con firmeza: eso no es pacífico, eso es castigo colectivo. Empatía no significa justificar el desorden que anula los derechos de la mayoría; significa evitarlo.

Bogotá necesita orden. Ocho de cada diez manifestaciones afectan la movilidad. Miles de bloqueos confirman que el problema no es aislado, es estructural. Frente a eso, no me quedo callado: a los vándalos y capuchos que atacan el sistema les digo que aquí no hay épica, hay falta de educación y delincuencia.

El derecho a movernos es el corazón de la ciudad. Un buen sistema permite que ricos y pobres nos encontremos como iguales. Esa es la verdadera inclusión. Por eso invito a ver el vaso medio lleno: 25 años de avance en movilidad organizada, eficiente y sostenible, pese al pesimismo y a los sabotajes políticos.

Hoy la ciudad apuesta por la multimodalidad y por viajes sostenibles. El sistema no es perfecto, pero existe, funciona y mueve millones. Desde el Concejo, continuaré trabajando por blindar TransMilenio, no para silenciar voces, sino para que Bogotá avance con orden, igualdad y garantía de derechos.

Juan David Quintero

Chile castiga a las mujeres que aspiran a gobernar

Las elecciones recientes en Chile no fueron solo una contienda entre proyectos políticos. Fueron, sobre todo, un ejercicio de disciplina democrática: una puesta en escena en la que el electorado —ampliado artificialmente por el voto obligatorio— sancionó con dureza a quien encarnaba una doble transgresión del orden establecido. Jeanette Jara no perdió únicamente por su programa; perdió por ser mujer y por ser de izquierda en un país que aún no tolera que ambas condiciones converjan en el ejercicio del poder.

El voto obligatorio incorporó a más de cinco millones de personas históricamente abstencionistas. Lejos de ampliar la deliberación democrática, esta incorporación forzada activó una política del miedo: votantes poco informados, atravesados por el cansancio social y la frustración del ciclo reformista inconcluso del gobierno de Gabriel Boric, acudieron a las urnas no para elegir, sino para castigar. El resultado fue la consolidación de un liderazgo masculino, autoritario y conservador que ofrecía orden frente al caos: más de siete millones de votos para José Antonio Kast, el presidente más votado de la historia de Chile.

 

Pero la magnitud del triunfo —60 % frente a 40 %— no puede explicarse sin nombrar la violencia política de género que atravesó toda la campaña. A Jara no se le discutió en igualdad de condiciones: se le caricaturizó, se le sobredimensionó ideológicamente y se le responsabilizó anticipadamente de escenarios de colapso económico y social. El anticomunismo operó como una coartada respetable para canalizar un rechazo más profundo: el rechazo a una mujer que no se ajustaba al molde de lo “aceptable”.

Desde un feminismo crítico, es evidente que la democracia chilena funciona bajo una lógica patriarcal que tolera la participación de las mujeres siempre que no amenacen la arquitectura del poder. Las mujeres pueden ser técnicas, ministras, gestoras del conflicto; pero cuando disputan el mando, cuando encarnan proyectos de transformación, el sistema responde con sanción. La derrota electoral se convierte así en una pedagogía del castigo: una advertencia dirigida a todas las demás.

Conviene desmontar la ficción que legitimó ese castigo. La propuesta de Jeanette Jara no era una doctrina comunista cerrada ni un salto al vacío. Fue una plataforma construida desde una coalición plural, con elementos de socialdemocracia, sindicalismo y progresismo, orientada a fortalecer derechos sociales en un país profundamente desigual. Pero en una democracia patriarcal, las mujeres de izquierda no tienen derecho a la complejidad: son reducidas a caricaturas ideológicas para facilitar su expulsión del poder.

El contexto tampoco fue neutro. Jara heredó el desgaste de un gobierno que no logró materializar sus promesas transformadoras, en un escenario de expectativas frustradas y retroceso político. Sin embargo, lo que a los hombres se les permite como fracaso colectivo, a las mujeres se les imputa como incompetencia personal. La derrota de Jara fue leída no como un momento del ciclo político, sino como la “prueba” de que una mujer y más comunista no puede —ni debe— gobernar Chile.

Por eso, esta elección representa un retroceso simbólico profundo para la representación política de las mujeres. No solo se pierde una candidatura; se refuerza un mensaje estructural: la democracia chilena sigue siendo un espacio hostil para los cuerpos, las voces y los proyectos políticos femeninos que desafían el statu quo. El poder continúa siendo masculino, y cuando no lo es, se vuelve intolerable, violento patriarcal.

Chile votó. Pero también disciplinó. Y mientras la democracia siga castigando a las mujeres que se atreven a disputar el poder real, la promesa de igualdad seguirá siendo una ficción electoral. La pregunta ya no es si las mujeres están listas para gobernar, sino si la democracia chilena está dispuesta a dejar de ser patriarcal, ¿por qué creen que perdimos las mujeres?, creen que perdimos las feministas?, aunque algo bueno se hizo por que el comunismo unió un 40% y a este lo lideró una mujer.

En Colombia no se ven avanzar las mujeres en las encuestas presidenciales, y tampoco se ven avanzar las propuestas de la oposición, pero la democracia en Colombia va reconociendo el cambio y la necesidad de avanzar en seguridad alimentaria como sostenibilidad de la reforma agraria y con esta la reinvindicación de la restitución de tierras, y esto se llama equidad. Sigamos alentando la participación, sigamos madurando la idea de que el pueblo manda.

Y para Janeth gracias, me siento orgullosa de su campaña, de su sencillez, de su nobleza de su empatía con el pueblo chileno, y solo decirle que, aunque no ganó si nos inspira cuando avanza una avanzamos todas.

Marcela Clavijo

El efecto dominó del mínimo

Cada diciembre, el país discute el aumento del salario mínimo como si fuera un debate estrictamente laboral. Pero lo que Colombia evita reconocer es que el salario mínimo es mucho más que un piso salarial: es la unidad de medida que, directa o indirectamente, dispara cientos de costos públicos y privados. Por eso un incremento radical del salario mínimo no solo sube el ingreso de los trabajadores; sino desencadena un efecto dominó que atraviesa todo el sistema económico y fiscal. Lo que se gana, por un lado, se pierde en parte con un incremento de tarifas y multas. Algo que todas podemos ponernos de acuerdo es que llego la hora de romper ese vinculo.

Aunque Colombia ha avanzado en la desindexación, el proceso está lejos de estar completo. Todavía hay un conjunto amplio de tarifas, multas, contribuciones, trámites, sanciones, pagos judiciales e incluso parámetros presupuestales que se calculan en múltiplos de salario mínimo. Muchos están en leyes antiguas, decretos sectoriales y normas que nunca fueron actualizadas. El resultado es una bomba silenciosa: cuando el salario mínimo sube con fuerza, sube todo lo que depende de él, y lo hace automáticamente, sin debate público ni análisis técnico.

 

Las multas de tránsito son un ejemplo pedagógico: siguen atadas al salario mínimo diario. Una infracción menor puede aumentar cada año por encima de la inflación, no por decisión estructural, sino por un arrastre mecánico. Lo mismo ocurre con sanciones administrativas, costos notariales, tarifas en juzgados, tasas ambientales, estampillas, cauciones, trámites de registros y un conjunto de obligaciones que pagan hogares y empresas. El ciudadano común nunca las relaciona con el salario mínimo, pero vive sus consecuencias. Por ejemplo, puede complicar lograr la pensión para algunos Colombianos.

El Estado también sufre el impacto. Muchas entidades territoriales, en especial municipios pequeños, tienen contratos, servicios tercerizados, guardas de seguridad, aseo, vigilancia y operaciones logísticas cuyo costo está amarrado al mínimo. Cuando este aumenta bruscamente, los presupuestos locales se desbalancean de inmediato. Lo que se presupuestó en octubre queda desfinanciado en enero. El aumento del mínimo no solo sube costos laborales: desajusta la arquitectura fiscal de cientos de entidades. Se estimo que con un incremento del 10% casi 30% de los municipios perderían su categoría.

Y en varios sectores sensibles, como justicia, salud y contratación pública, un aumento radical del salario mínimo se convierte en un efecto multiplicador que nadie controla. Las tarifas suben sin análisis de costo real, las sanciones se vuelven más gravosas y las entidades enfrentan obligaciones crecientes sin ingresos adicionales. Es un mecanismo que comprime la capacidad del Estado y afecta desproporcionadamente a quienes dependen de servicios públicos.

Colombia necesita sincerar esta conversación. El salario mínimo no puede seguir siendo el “interruptor maestro” que activa cargas ocultas en todo el sistema. La desindexación debe completarse, las normas deben actualizarse y el país debe entender que cada punto adicional en el salario mínimo no solo modifica nóminas: modifica todo el entramado de tarifas que tocan la vida cotidiana de los colombianos. Hasta que eso no ocurra, cualquier aumento drástico seguirá teniendo un impacto mucho más amplio y silencioso de lo que asume el debate público.

Simón Gaviria Muñoz

Campañas presidenciales: discutir ideologías para no discutir el país

Hasta ahora, como en todas las campañas presidenciales, hemos visto el enfoque de los extremos en desprestigiar a sus opuestos ideológicos. Las campañas repiten con insistencia ataques, con argumentación incipiente, pseudo-argumentación o con mentiras, o la combinación de todos, para ganarse a los incautos (forma amable de señalar a ingenuos, desinformados, y dejo al lector completar esta descripción) y polarizarlos, con base en emociones y no en razones, que se ha convertido en la fórmula recurrente de la política contemporánea. Con esta efervescencia de pugnacidad entre los opuestos, es fácil que se olviden las propuestas importantes para mejorar al país.

No me refiero aquí a las propuestas simples. Hacia el final de las campañas empiezan las promesas populistas, que los candidatos saben que no van a poder cumplir, pero que tampoco importa porque si no se cumplen en realidad no tiene consecuencia alguna. Vienen las propuestas obvias, como seguir desarrollando la infraestructura, de transporte, de salubridad y de educación. También, y especialmente, las de seguridad que son las preferidas por su directa conexión al miedo, una de las emociones más fuertes; de ahí que los candidatos que ofrecen bala y mano dura tengan una posibilidad. También genera miedo la incertidumbre económica, la que se capotea normalmente con promesas populistas, unas de crecimiento económico, creación de empleos y reindustrialización, y otras de justicia social, subsidios y ayudas para mejorar las condiciones de pobreza. A las que sí me refiero es a las propuestas de fondo, sobre lo que realmente necesitamos hablar y discutir para seleccionar la mejor opción, que son esquivadas con facilidad en la mitad de todo ese verbo que se disfraza de indicadores y cifras para denotar conocimiento, que no pasa, en el mejor de los casos, de ser diagnóstico.

 

Necesitamos hablar de al menos cuatro pilares que limitan nuestras esperanzas de manera grave: de cómo vamos a hacer para romper la desigualdad estructural (El pobre no es pobre porque quiera), de cómo vamos a hacer para enfrentar los cambios que estamos viviendo como humanidad (climático, tecnológico y poblacional) cuyas repercusiones empezamos ya a sentir, de cómo vamos a lograr ser competitivos en el mundo cambiante e incierto que nos depara el futuro inmediato, y entrecruzado con todo, como si no fuera ya en extremo complejo, de cómo vamos a acabar con la corrupción que saquea los recursos disponibles, propios de un país pobre pero no menos cuantiosos, y que se ha instalado como parte central de nuestra cultura dominante. Para no llamarse a simplismos, estos cuatro pilares envuelven desde la educación, toda la economía, la justicia, la salud, hasta la visión estratégica que deberíamos tener sobre el mundo y cómo, a partir de ella, deberíamos actuar como un cuerpo integrado y coherente. Obviamente, por encima de ideologías, polarizaciones y fanatismos políticos. Mientras el mundo va a una velocidad impresionante, nosotros parecemos vivir enfrascados en riñas callejeras, como en siglos atrás.

Tenemos que esforzarnos por desmontar los dogmas, las mentiras y los pseudo-análisis, con la esperanza de que nos dejen hablar de lo importante lo antes posible. Uno de los preferidos de las derechas es la lucha frontal contra el comunismo. Después abordaremos los preferidos de las izquierdas. Aunque ya en artículos anteriores he avanzado en muchos de los temas que causan enfrentamientos clásicos, llegando a demostrar que son discusiones insulsas para el mundo real actual (Ideologías y Polarización, y artículos subsiguientes).

Me encontré con un libro de Axel Kaiser, chileno, de ultraderecha, que se titula “Nazi-comunismo: por qué marxistas-leninistas y nazi-fascistas son gemelos ideológicos” cuyo trasfondo es asociar un mal mayor completamente identificado en la mayoría del mundo, el nazismo, con la moribunda doctrina comunista, que se supone que aún sustenta ideológicamente a las izquierdas contemporáneas. Kaiser es un tipo ilustradísimo, pero también sesgadísimo; es un neoliberal a ultranza. Posiblemente ha tenido dificultades con su ideología en los años recientes por cuanto los postulados de las ideologías se han movido de sus orígenes, especialmente en este mismo 2025, en el que hemos visto desplomarse estatuas y emerger nuevos monstruos (Economía política en crisis).

No quiero hacer una crítica convencional a su libro, que refleja gran parte de su forma de pensar ideológica, sino tratar de aportar mi punto de vista, que va más allá, y plantear aspectos que permitan aterrizar esta discusión, para poder seguir con el análisis de los temas sin propuesta de los candidatos, que es lo que realmente debería ocuparnos en estas épocas electorales.

La experiencia histórica muestra que, en su implementación, las grandes ideologías modernas tienden a diluirse y a ser sustituidas por la lógica de la concentración del poder. En ese proceso, tanto comunismo como capitalismo han perdido sus principios normativos originales que han sobrevivido principalmente como justificaciones del orden existente (incluyendo su narrativa propagandística para fines electorales, como el mismo libro de Kaiser, incluso).

El comunismo que hemos conocido históricamente no es la idea original, sino su corrupción como mecanismo de concentración de poder por una nueva élite, sostenible solo por la fuerza. Hay que recordar que Marx no diseñó un Estado totalitario; su ideal final era incluso la extinción del Estado. Los problemas aparecieron en la implementación real de la dictadura del proletariado, del partido omnipresente y omnipotente, de la centralización del poder (cuya concepción fue temporal), para pronto descubrir que no era posible mantener la cohesión sin coerción y con ello, el adiós total a las libertades. La promesa igualitaria exige una concentración de poder tan alta que termina negándola. La corrupción del socialismo concentra el poder político-militar como condición de funcionamiento. La pérdida de la libertad terminó acabando con el comunismo (exceptuando el extraño caso chino que causa la mayor confusión ideológica de estos años, que próximamente abordaré).

De manera similar, el capitalismo que hemos implementado no es el reflejo de su idea seminal sino de su corrupción debido a que los postulados en los que se basa no se cumplen dando origen a la concentración de poder. El capitalismo clásico (Smith, Ricardo, incluso Mill) no asumía monopolios estructurales, captura del Estado, asimetrías extremas de poder, mercados sin competencia real, herencias concentradas indefinidamente, ni externalidades masivas ignoradas (como el absurdo supuesto tácito que la naturaleza no era finita). Lo que hoy llamamos capitalismo, es más bien un sistema de privilegios privatizados y pérdidas socializadas, lo que viola sus propios supuestos fundacionales. La corrupción del capitalismo ha concentrado el poder económico cuando han fallado (o se han abandonado) los límites institucionales y se han eliminado los contrapesos reales, y han terminado por convertir promesas emancipadoras en sistemas de dominación, dando paso a la creación permanente de desigualdad, aun coexistiendo con pluralismo político. Esa desigualdad creciente puede terminar acabando con el capitalismo. Muchos pensadores contemporáneos hablan ya de su declive, e incluso figuras claves de su propio seno están diseñando su reemplazo que se identifica como tecno-feudalismo. Pero aún está vigente.

En ambos casos, los sistemas no han sido desarrollados conforme a sus principios normativos; cuando se intentan imponer de forma total, tienden a degenerar en mecanismos de concentración de poder en manos de élites, sostenidos por coerción o captura institucional. En ambos casos, la ideología original muere cuando deja de limitar al poder.

Pero en cambio, el fascismo es distinto: en los casos históricos que conocemos su ideología no se ha perdido en la implementación porque su núcleo es precisamente la subordinación del individuo, la anulación del juicio, la homogeneización forzada, la identidad orgánica (que han llevado al embrutecimiento colectivo) y la coerción, voluntaria o por miedo (ambas y simultáneas), como forma de cohesión social. El fascismo no promete emancipación futura; no promete igualdad, ni libertad, ni extinción del poder. Promete unidad orgánica, subordinación del individuo, un enemigo permanente, obediencia y grandeza identitaria. En ese sentido, el fascismo no traiciona su ideología al volverse violento y anular las libertades: la cumple.

No se trata de acoger o rechazar las ideas originales, sino de desconfiar de cualquier sistema que prometa realizarlas concentrando poder, porque la historia muestra que, una vez concentrado, ese poder termina sustituyendo a los ideales. Con este discernimiento preliminar sobre las grandes ideologías, aprovechándonos de Kaiser, podríamos abandonar los esfuerzos estériles de hacer campaña enfocados en socavar los supuestos cimientos ideológicos del opositor. Mientras sigamos discutiendo fantasmas ideológicos, seguiremos permitiendo que los candidatos eviten presentar las propuestas importantes que el país necesita. Es tiempo ya de enfocarnos en ellas.

Rafael Fonseca Zárate

Alex Kleitman

Para muchos el nombre de Alex Kleitman no significa nada, para el pueblo judío es y será ejemplo de pundonor y resiliencia por una mejor sociedad y un mundo decente. Kleitman debió por razones de su fe afrontar desde niño el odio, el mismo que sufrió en su ancianidad. Nació en 1939 en Odessa, Ucrania, bajo la confederada URSS. Los soviéticos bajo la mano fuerte de Stalin imponían el terror. Durante la Segunda Guerra Mundial siendo apenas un infante, debió permanecer en los campos de concentración conocidos como gulags establecidos en la gélida Siberia. Kleitman sería liberado al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Algo que ningún niño debería padecer.

Luego de su liberación, regresó a Ucrania, donde conocería a Larissa, víctima también de campos de concentración, con quien se casaría. Juntos migraron a Australia buscando un lugar pacífico para realizar su proyecto de vida. Se establecieron en las afueras de Sídney, Kleitman era un reconocido conferenciante que, junto con su esposa concibieron dos hijos y tuvieron once nietos, alegrías de sus vidas.

 

El pasado 14 de diciembre, los Kleitman como hacían desde hace 14 años, asistieron a la Playa Bondi ubicada a 30kms de Sídney para la celebración judía de Hanukka, en la que se honra el significado del milagro judío de la luz. Kleitman que llevaba cerca de 60 años de matrimonio, nunca imaginó lo que estaba por suceder. Repentinamente, dos terroristas disparan rifles de alta precisión indiscriminadamente contra los partícipes, asesinando a 16 personas e hiriendo a 40 más. La víctima más joven, Matilda, una niña, y la mayor, un hombre de 87 años, sí, Alex Kleitman, quien falleció heroicamente al recibir un disparo en la parte posterior del cráneo mientras servía de escudo para proteger con su humanidad a su amada Larissa.

Alex Kleitman es un símbolo. Representa a todas las víctimas del ayer y del hoy de la persecución de la que ha sido sujeto el pueblo judío durante milenios y que, nuevamente se repite con tempestades de odio hacia este amado y valiente pueblo. Kleitman fue agraviado por dos siglos, padeció el odio y la persecución Nazi y comunista imperante en la Europa de la primera parte del siglo XX y, también afrontó el antisemitismo que bajo la bandera del progresismo de la primera cuarta parte del Siglo XXI campante reverdece. Odio efervescente con el abominable acto terrorista del 07 de octubre de 2023 que apagó la vida de 1.200 personas y dejó a 250 secuestradas y torturadas por los terroristas de Hamas en Israel. Entre tanto, Gobiernos e instituciones hacen mutis por el foro, restan importancia al hecho o simplemente voltean su mirada para otro lado.

Kleitman fue revictimizado. Su pellejo arrugado y duro por el rechazo; sino trágico haber nacido judío y profesado la fe judía. En su infancia, exclusión y abandono gubernamental. En su senectud, odio y violencia terrorista le arrebató la vida como a otros muchísimos más. Kleitman y su esposa fueron migrantes que llegaron a Australia huyendo de la violencia, tras paz y seguridad. Probablemente lo mismo pretendieron los terroristas, también inmigrantes que, pagaron la hospitalidad australiana con balas engastadas de dolor, sangre y angustia dirigidas hacia familias integrantes de una comunidad que celebraba Hanukka.

¡Basta ya! el mundo tiene que mirar hacia Israel para seguir su ejemplo como nación elegida por Di-os. Los Gobiernos deben dejar la permisividad para con los grupos de odio incitados por algunos gobernantes, artistas, políticos, deportistas, docentes e influenciadores que destilan odio contra Israel. Ser judío es motivo de orgullo apreciativo. En estos tiempos, se requiere mayor judaísmo, como reza la plegaria: “Soberano de toda la humanidad, aleja del corazón de las personas la intolerancia, el odio y la envidia”. Buen Alex Kleitman, (5699-5786) Zichrono livracha.

León Ferreira

Liderazgos que Construyen Futuro en el 4.º Encuentro de Diversidades

Hay ideas que llegan para quedarse, pero solo en momentos especiales revelan su verdadero significado. Una de ellas nació para mí viendo un documental muy inspirador llamado Hongos Fantásticos, donde se relata la capacidad extraordinaria que tienen los hongos y las plantas para conectarse subterráneamente, comunicarse entre sí, compartir recursos y fortalecerse mutuamente para sobrevivir incluso en las épocas de mayor transformación.

Esa red invisible, profunda, silenciosa y resiliente funciona como un sistema vivo que demuestra que la fortaleza no está en el individuo aislado, sino en la interdependencia.
En ese documental, el profesor Ken Blanchard pronuncia una frase que captura la esencia de este fenómeno natural y humano:

 

“Ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos.”

Volví a pensar en esa frase el 3 de diciembre, cuando los líderes, instituciones y aliados del 4.º Encuentro de Diversidades e Inclusión comenzaron a llegar. Allí estaban: trayectorias distintas, lenguajes distintos, profesiones distintas, historias distintas. Y sin embargo, conectados, como esa red subterránea que sostiene los bosques, por una convicción compartida: construir futuro es un acto colectivo.

Líderes que despejan la niebla

A veces trabajar por la diversidad y la inclusión en Colombia se siente como caminar sobre un puente cubierto de niebla. La incertidumbre pesa, el futuro se oculta y avanzar exige valentía.

Pero en este encuentro ocurrió algo distinto. Los líderes organizadores, instituciones anfitrionas, patrocinadores y aliados, hicieron lo extraordinario: despejaron la niebla.

Construimos un espacio psicológicamente seguro donde todas las perspectivas eran posibles. Un lugar donde no era necesario estar de acuerdo en todo, pero sí estar comprometidos en escuchar, dialogar y construir. Un lugar donde la diferencia no separaba, sino que se convertía en un motor para imaginar soluciones nuevas.

Cuando la niebla se despeja, aparece lo esencial: la comprensión de que solo juntos podemos construir lo que solos jamás alcanzaríamos.

Perspectivas diversas que crean futuros distintos

Una de las escenas más simbólicas ocurrió durante las mesas de trabajo, donde combinamos metodologías de innovación con herramientas de pensamiento agile.

Personas con perfiles completamente distintos expertos en discapacidad, profesionales de bienestar, líderes LGBTIQ+, académicos, gestores de talento humano, estudiantes, juristas, se sentaron a pensar juntas.

Nota recomendada: «Mi familia me sacó a la calle» Cecile Ovalle, Reina Mujer Trans de Usaquén

Lo que emergió allí no fue una sola verdad ni una respuesta perfecta.
Lo que emergió fue futuro.

Ideas que nacieron del encuentro entre perspectivas que normalmente no se cruzan.

Soluciones que se hicieron posibles porque alguien preguntó lo que nadie había preguntado antes. Rutas de acción que solo emergen cuando las organizaciones deciden poner la creatividad al servicio del bienestar y la dignidad.

Esa mesa fue la confirmación de algo profundo: cuando miradas distintas dialogan, la incertidumbre deja de ser un muro y se convierte en un camino.

Arremangarse, construir, fallar, volver a intentar

La diversidad y la inclusión no avanzan desde los discursos ni desde las posturas simbólicas. Avanzan cuando nos arremangamos.

Cuando estamos dispuestos a revisar prácticas, corregir errores, crear lo que no existe, desaprender lo que limita y volver a intentar cuando algo no funciona.

Eso fue este encuentro: un laboratorio vivo donde más de setenta personas se atrevieron a pensar distinto, a proponer sin miedo, a escuchar lo incómodo, a crear lo inédito.

El cambio real ocurre cuando dejamos de operar desde la obligación y comenzamos a operar desde la creencia genuina de que las organizaciones pueden ser más humanas, más justas y sostenibles.

Este espacio fue una posibilidad, una oportunidad y un encuentro de instituciones que hacen posible construir nuevos puentes de conexión como son la Universidad El Bosque, DiversidadES, Confidencial Noticias,  EQUILATERA,  Cámara de la Diversidad,  Pride Connection Colombia,  Fundación Universitaria Escuela Colombiana de Rehabilitación,  Nuestro Flow,  Fundación 101ideas,  Umanos Lab,  
Fundación CIREC,  EVAS&ADANES y Chamber Academy Americas.

Un país que necesita más espacios como este

Colombia está en una etapa decisiva. El marco normativo avanza, las responsabilidades empresariales aumentan, y los retos sociales se vuelven más complejos.

Pero nada de eso será suficiente si no existen líderes como los que estuvieron aquí:
líderes que abren puertas, que facilitan conversaciones difíciles, que reconocen que la inclusión no es un requisito, sino un principio, y que creen profundamente en que un país más equitativo se construye uno encuentro a la vez. La inclusión no es un proyecto temporal. Es una forma de estar en el mundo. Una estrategia de sostenibilidad humana y organizacional. Una decisión ética que se renueva todos los días.

El legado del 4.º Encuentro

Este encuentro deja conversaciones nuevas, rutas de acción co-creadas, alianzas fortalecidas y una comunidad más consciente de su poder colectivo. Pero, sobre todo, deja una certeza luminosa:

cuando nos reunimos desde la intención correcta, la niebla se despeja, la incertidumbre se aleja, y cuando nos reunimos desde la humanidad, un mejor  futuro se puede construir.

El 4.º Encuentro de Diversidades e Inclusión no fue un cierre. Fue una apertura.
Un recordatorio de que la inteligencia colectiva puede más que cualquier obstáculo.
Y de que, como en los bosques que se sostienen gracias a sus redes subterráneas,
la fuerza de este movimiento está en lo que construimos juntos, no en lo que intentamos solos.

Johanna Alfonso Solano
Directora Académica Cámara de la Diversidad, Docente y consultora del CESA

Usme: la desconexión rural que Bogotá no puede seguir ignorando

En Usme se produce buena parte de la papa que consumen más de nueve millones de bogotanos, junto con hortalizas, arveja, habas y otros alimentos esenciales, lo que indica que es una localidad rural y campesina en pleno siglo XXI, aunque la ciudad (y su dirigencia) no haya asumido esa verdad. Bogotá presume ser una ciudad moderna que mira al futuro, pero basta recorrer Usme para descubrir que buena parte de ese futuro se sostiene sobre un territorio profundamente olvidado, especialmente cuando se habla de una localidad que es la puerta de entrada al páramo de Sumapaz, el ecosistema de alta montaña más grande del mundo, y a la vez un territorio habitado por casi 415.000 personas, según datos distritales recientes  del 2024. Esta cifra hace que Usme tenga más población que capitales de departamento como Popayán, Tunja, Florencia, Neiva, Riohacha, Yopal o Quibdó, lo que significa que estamos frente a un territorio cuya dimensión demográfica supera ampliamente la de ciudades que sí reciben inversión nacional, infraestructura y fuerte representación política.

La paradoja es abrupta, pues Usme pertenece a Bogotá, pero Bogotá no interpreta  realmente a Usme y parece que tampoco le interesa conectarla al distrito, pues sus habitantes son ciudadanos de la capital, pero viven en condiciones que se asemejan más a zonas rurales apartadas que a una localidad de la ciudad más rica del país. Mientras las demás localidades enfrentan problemas típicos de un entorno urbano, los “campesinos urbanos” de Usme con sus minifundios (pequeñas parcelas familiares que podrían ser motores de desarrollo agrícola) permanecen atrapados en un círculo de pobreza por falta de crédito, ausencia de infraestructura y nulo acompañamiento técnico. Cargan con desafíos completamente diferentes, desde barrizales intransitables, inundaciones de basura,  hasta la ausencia de sistemas de transporte adecuados para sacar los alimentos que sostienen la seguridad alimentaria de la capital.

 

A esta realidad se suma un drama cotidiano que rara vez aparece en la agenda pública cuando miles de habitantes de Usme deben recorrer grandes distancias, durante horas, a través de un sistema de transporte precario, para llegar al centro de Bogotá en busca de salud, educación, trámites o servicios distritales. Aunque viven dentro del perímetro urbano, funcionan como ciudadanos aislados, obligados a desplazarse como si habitaran en otro municipio y no en una localidad cuya población supera la de varias capitales departamentales. Es una radiografía  de la inequidad colombiana: quienes producen la comida de la ciudad viajan más y sufren el triple para recibir lo mínimo que Bogotá debería garantizar.

Esta desconexión no es coyuntural, sino estructural, pues  Usme se ha convertido en el espejo más incómodo del modelo de desarrollo bogotano, un modelo que se concentró en el norte y en los corredores económicos, pero que dejó en segundo plano a la ruralidad del sur. Usme es hoy un territorio que le quedó grande al Distrito, que no fue incorporado estratégicamente en la visión de Ciudad-Región con Cundinamarca, y que tampoco ha sido prioridad para el Gobierno Nacional. Esta triple omisión es grave, cuando  no se puede hablar de seguridad alimentaria, planificación territorial ni equidad social sin integrar a la ruralidad capitalina en el proyecto de ciudad.

Por eso, el debate sobre Usme no es un asunto local, sino que es un asunto político de escala metropolitana y nacional. Si Bogotá quiere combatir la pobreza campesina y aprovechar su enorme potencial agrícola, debe integrar plenamente a Usme con la ciudad y con el país, implicando sistemas de crédito rural accesible, vías agrícolas dignas, transporte moderno de alimentos, conectividad digital avanzada, centros de acopio, apoyo técnico y políticas diferenciales para la ruralidad urbana. Usme no necesita asistencialismo: necesita voluntad política para la inversión, la planeación, la infraestructura y mucha presencia institucional que reconozca su importancia estratégica. Una localidad con más habitantes que Popayán o Neiva no puede seguir tratada como un apéndice rural sin derechos.

Y aquí aparece la pregunta crucial: ¿quién está representando a Usme en el Congreso? La respuesta es incómoda: nadie. Los 18 representantes a la Cámara por Bogotá no han incorporado la ruralidad capitalina en sus agendas legislativas, no piensan en el territorio y no han asumido el deber político de vocería para las localidades campesinas de la ciudad. Por eso, de cara al 2026, la discusión es inevitable: Bogotá necesita representantes que entiendan que la ruralidad también es Bogotá; que Usme necesita voz en el Congreso, en el Distrito y en la Ciudad-Región; y que ningún proyecto de desarrollo será sostenible si sigue ignorando al territorio que alimenta a la capital.

Usme produce, Bogotá consume, pero el Estado no conecta. Esa ecuación debe romperse ya. Si la ciudad quiere ser moderna, justa y sostenible, debe integrar de manera plena a su localidad más rural y una de las más pobladas, cuando  Usme no puede seguir siendo la despensa agrícola que alimenta millones de hogares mientras permanece desconectada del Estado y de la política. Esta debe ser una prioridad central de la agenda política del 2026, dando voz a los territorios olvidados y garantizar que Usme (con su tamaño, su población y su potencial) tenga representación real, inversión efectiva e integración total con la ciudad y con el país.

Luis Fernando Ulloa

De la plaga de las deudas, los precios que caen 

. La Bendición Engañosa: El Alivio de los Mercados del Sur (Colombia)

Honorables señores y damas del Consejo, escuchad la primera nueva de los feudos del Sur.

 

Por gracia de los cielos, la Inflación – esa bestia que devora el poder adquisitivo de nuestras monedas – ha mostrado un inesperado flaqueo.

  • El Índice de la Cesta Común solo ascendió un minúsculo 0,07% este mes, una cifra tan pequeña que ha sorprendido a los más sabios contadores del reino.
  • Esta pausa milagrosa se debe a dos grandes alivios:
  • Los Servicios del Gremio, cuyos precios ya no crecen con tanta avidez.
  • Y, crucialmente, una gran caída en el coste de los Víveres y Alimentos, gracias a que el Peso de la Moneda Real se ha fortalecido y el Gremio de Agricultores (IPP) ha bajado sus pretensiones.

El Veredicto del Adivino: Esperamos que la fiera Inflación se retire al final del año, quedando su aliento alrededor del 5,15%.

 Pero ¡Guardad Vuestras Celebraciones! A pesar de este alivio en los precios, los mercaderes y prestamistas no alzan sus copas. El mercado de Renta Fija permanece sombrío, pues su mirada se ha desviado a una amenaza aún mayor que la inflación.

II. La Sombra de la Deuda: La Plaga Fiscal del Reino

El verdadero temor que ahora ensombrece el gran Reino de Colombia no es la inflación, sino la Deuda del Tesoro Real y el Riesgo Fiscal.

El Gran Edicto de Impuestos (la reforma tributaria) no se concretó, dejando un vacío en las arcas del reino equivalente a 16 billones de monedas de oro.

Nuestras señales de alarma son funestas:

  • La Deuda Bruta del Reino roza el 65% del Producto Interno, una cifra que no veíamos desde los días oscuros de la Gran Peste.
  • El Déficit Primario – el hueco entre lo que se gasta y lo que se recauda antes de pagar deudas – es cercano al 3%.
  • Se teme que el Déficit Fiscal Total alcance un aterrador 8%, el más alto registrado en la historia de nuestra casa real.
  • Las Arcas de Reserva del Gobierno están vacías, en sus mínimos históricos.

La Tragedia del Banco Real: El mercado exige ahora intereses más altos, no por miedo a la inflación, sino por el Riesgo que el Reino Quiebre. Esto obliga al Banco de la República a tomar una decisión dolorosa: Subir las tasas de interés a pesar de que los precios están bajando, para calmar la sed de los prestamistas internacionales.

III. El Edicto Controversial del Norte: La Reserva Federal

En el distante y poderoso Imperio del Norte (Estados Unidos), la Reserva Federal, el gran prestamista de esa tierra, ha emitido un edicto polémico.

Han decidido reducir las tasas de interés en 25 puntos, como se había anticipado.

La Contienda: Tomaron esta decisión antes de conocer la verdad sobre la Inflación (IPC) y el Empleo de sus súbditos, un movimiento imprudente.

La Reacción del Mercado Global: La alegría inicial se desvaneció pronto. Se produjeron ventas masivas de acciones y bonos.

IV. Los Destinos Cruzados y la Fuerza de los Metales

Los Mercados Internacionales

  • El gran índice S&P 500 del Norte intentó escalar a su máximo histórico, pero la suerte le fue esquiva.
  • En el Sur, las naciones de Latinoamérica han mostrado relativa fortaleza frente al Norte.
  • Chile lidera la marcha, con su Bolsa y Moneda robustas, por la esperanza de un giro político favorable al comercio.
  • Colombia y Brasil, gemelos en el destino, sufren por riesgos fiscales similares. Sus monedas han cedido tras semanas de fortaleza.
  • México se alza como el más fuerte de la región.

El Soporte de las Materias Primas

He aquí un presagio de gran esperanza: los Metales Preciosos y las Materias Primas se encuentran en una senda de fuerte ascenso:

  • El Oro (el activo refugio) y la Plata escalan con fervor.
  • El Cobre, vital para los reinos de Chile y Perú, se dispara.

Los Argumentos de los Sabios: La causa de este auge es estructural, un ciclo que trae grandes vientos para nuestra región:

  • La Reindustrialización de los gremios.
  • El temido Retorno de la Inflación global.
  • La demanda insaciable de energía, impulsada por las Máquinas de Adivinación (IA) y el despertar del subcontinente de India.

Fabián Herrera

Defender al colado, condenar al torniquete: la incoherencia que nos tiene mal

Hace unos días se viralizó un video en el portal 20 de julio de TransMilenio. Un joven apuñaló a un guarda de seguridad, el mismo que días antes recibía una condecoración en el Concejo de Bogotá. El hecho es vil, cobarde y delictivo. Punto. Sin embargo, el debate público decidió desviarse por una ruta conocida: justificar la violencia con el argumento del “mal sistema”.

La narrativa es peligrosa. Se relativiza el delito, se romantiza la evasión y se criminaliza a quien hace cumplir la norma. TransMilenio actuó y decidió instalar torniquetes de piso a techo.

 

La medida incomoda, sí. La estética sufre, también. Pero el impacto es inmediato: disminuyen los colados, baja la evasión y, sobre todo, se reduce el riesgo para los guardas. El KPI clave —seguridad— mejora. La operación se estabiliza. El control funciona.

Entonces llega la contraofensiva discursiva: “cárceles”, “ataque al usuario”, “represión”. Se acusa al sistema de castigar a la ciudadanía y no a los delincuentes. La paradoja es evidente: se defiende al colado y se cuestiona al torniquete; se excusa el cuchillo y se condena el metal. ¿De verdad ese es el estándar ético de la ciudad?

Este no es un capricho local ni una ocurrencia improvisada. Ciudades como Nueva York y varias capitales europeas implementan controles físicos similares. No porque amen el acero, sino porque gestionan riesgo. El transporte público es infraestructura crítica. Sin control, colapsa. Sin reglas, se vuelve tierra de nadie. En términos empresariales, el sistema sin barreras es una invitación abierta a la pérdida operativa y al deterioro del servicio.

La verdad incómoda es otra: los torniquetes son consecuencia, no causa. Son la respuesta a una cultura que normaliza la trampa. En casa lo entendíamos fácil: acción incorrecta, consecuencia inmediata. De adultos no debería ser distinto. Si colarse se vuelve costumbre, el sistema responde con control. No es bonito, pero es necesario. La ciudad no se gestiona con deseos; se gestiona con decisiones.

El debate real no es si el torniquete es feo. El debate es por qué necesitamos torniquetes. Y ahí aparece la palabra que nadie quiere pronunciar en voz alta: valores. Hay una crisis profunda de valores cívicos. Se mide todo por ideología, no por resultados. Se ataca el sistema por deporte y se ignora la solución por conveniencia. Así no se construye ciudad; así se administra el caos.

Qué ideal sería vivir en un país sin torniquetes, donde pagar el pasaje sea un acto voluntario y cotidiano. Donde nadie vigila porque todos cumplen. Pero hoy no estamos ahí. No por falta de infraestructura, sino por déficit de formación. De valores. De responsabilidad colectiva.

El camino es claro: reglas, consecuencias y pedagogía. Primero el orden, luego el amor por el sistema. Porque una ciudad que justifica la trampa termina castigando a los honestos. Y ese sí es el peor negocio para Bogotá.

Andrés Prieto

Segregación territorial y castigo barrial: movilidad y vías en la administración Galán

Como ya he señalado en anteriores publicaciones, el presupuesto total de Bogotá de 2026 presentado por el Alcalde Galán – que el Concejo de la ciudad aprobó la semana pasada – asigna más de la mitad de sus recursos, $21,3 billones, al Metro y a TransMilenio, obras que necesarias pero mal orientadas en sus concesiones. Viendo eso, uno podría pensar que – por lo menos – la infraestructura vial es algo fundamental para toda la ciudad en esta adminbistración, digo, le gusta mucho el cemento. ¡Sorpresa! el mapa de inversión en movilidad es centralizado y excluyente, pues privilegia la malla vial de ciertas zonas del norte de la ciudad y castiga sistemáticamente a los barrios populares, en especial a los del sur de Bogotá.

Una muestra es el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU): al revisar los 59 proyectos viales que se encuentran en construcción, mantenimiento o contratación, el sesgo geográfico es evidente. De los 10 nuevos proyectos a contratar, 6 están en el norte de la ciudad. A esto se suman 16 de los 39 proyectos en construcción o mantenimiento, también localizados en esta misma zona. El norte concentra 22 proyectos viales entre las obras priorizadas para 2026. Otros 16 proyectos viales en construcción y/o mantenimiento corresponden a troncales de TransMilenio, lo que significa que 38 de los 59 proyectos priorizados están en el norte de o son de Transmilenio, que si bien es importante, no es lo único importante (y ya traga muchos recursos, recordemos el déficit de más de 3,2 billone sde pesos del Fondo de aEstabilizacion Tarifaria). En términos porcentuales, esto equivale al 64,4% de todo el portafolio de obras del IDU.

 

Esta concentración contrasta con la situación del sur de la ciudad, donde solo 11 proyectos viales son priorizados, lo que representa apenas el 18,7% del total de los proyectos viales considerados para 2026. Para el centro y centro-occidente, se priorizan 10 proyectos, que equivalen al 17% del total.

Esta situación se agrava cuando se analizan las necesidades históricas en materia de movilidad expresadas por las comunidades de Usme, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Bosa, Kennedy, Tunjuelito y Sumapaz, donde vías estratégicas como la Av. Darío Echandía, la Av. Guacamayas, la Circunvalar de Oriente, la Circunvalar Suroccidente y la Troncal Bolivariana continúan en la incertidumbre. La mayoría de estas obras ni siquiera fueron priorizadas en el Plan Distrital de Desarrollo 2024–2027. Esta distribución no responde a criterios técnicos de equidad, necesidad o impacto social. Se trata de una decisión que privilegia la conectividad de las zonas de mayor valorización inmobiliaria del norte y noroccidente, así como del denominado “centro ampliado” —Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Salitre y Puente Aranda—, mientras que las localidades del sur y los barrios populares del resto de la ciudad, reciben inversiones marginales, a pesar de concentrar los mayores déficits en malla vial local, andenes y accesibilidad.

Al revisar los avances del Plan Distrital de Desarrollo de esta administración, se ven altos niveles de cumplimiento en lo que se denomina “infraestructura dura”: más del 80% en nueva malla vial y más del 60% en enlaces vehiculares para 2025. Sin embargo, esta supuesta eficiencia se desmorona cuando se revisan los componentes de movilidad sostenible y barrial. La construcción de ciclorrutas apenas alcanza un 10% de avance en 2025 y solo un 5% acumulado del cuatrienio. El mantenimiento de la red de ciclorrutas y de la malla vial local se encuentra estancado en un 18% de avance cuatrienal. Y la gran promesa de justicia espacial para los barrios periféricos, los cables aéreos, registra un avance del 0% en nuevos proyectos contratados, aferrándose únicamente a la promesa de entrada en funcionamiento del Cable Aéreo de San Cristóbal.

Como si fuera poco, reaparece la insistencia de proyectos altamente cuestionados como la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) Norte, priorizada nuevamente para 2026, a pesar de que no se han resuelto ni las diligencias judiciales ni los debates públicos sobre sus impactos negativos en los ecosistemas de la Sabana de Bogotá y Cundinamarca. Desde la Comisión Accidental de la ALO Norte del Concejo de Bogotá, que coordino,  junto a concejales de distintas bancadas, hemos advertido que existen alternativas estratégicas para mejorar la movilidad en Suba, como la construcción de un puente o deprimido en la Avenida Ciudad de Cali a la altura de la Calle 91, su conexión con la ALO en Engativá, y el mejoramiento de la vía que conecta Lisboa con la Calle 80. No obstante, la administración optó por imponer una autopista concebida bajo lógicas del siglo pasado, sacrificando la consolidación de una Ciudadela Educativa y del Cuidado y un Multicampus Universitario. Esta avenida no responde a las necesidades reales de los habitantes de Suba. Su propósito es garantizar la conectividad de nuevos desarrollos inmobiliarios en el borde norte y en la Sabana, atravesando humedales y afectando la Estructura Ecológica Principal. Se trata de un proyecto que prioriza la especulación del suelo y la rentabilidad de las constructoras por encima de la conectividad ecológica y de la emergencia climática que enfrenta la región.

¿Y la ruralidad bogotana? Relegada. Aunque la meta de intervenir 20 puntos críticos de la malla vial rural alcanza 40% de avance y el presupuesto aumenta en $3.700 millones para 2026, los resultados siguen siendo irrisorios frente a la realidad del campo bogotano. En 2025, el 39% de las vías rurales principales se encontraban en mal estado —en rangos pobre, muy pobre, grave o fallado—, mientras que el 73% de la malla vial rural no principal presentaba condiciones problemáticas o fallidas.

A ello se suma la parálisis operativa de la Secretaría Distrital de Movilidad, que a la fecha deja cerca de $400 mil millones de pesos sin ejecutar. Esta incapacidad de pago y gestión impacta directamente la operación cotidiana de la movilidad: señalización, tecnología, control y seguridad vial.

Así que, tristemente, el presupuesto de movilidad y vías para 2026 no está diseñado para que Bogotá “camine segura”. Está orientado a perpetuar un modelo de grandes concesiones, segregación territorial y abandono de la vida de barrio.

Donka Atanassova

La primera infancia: la política pública que más iguala oportunidades

Si Colombia quisiera escoger una sola política pública para igualar oportunidades, reducir desigualdad y mejorar la productividad de largo plazo, la respuesta sería la atención integral a la primera infancia. No hay inversión con retornos sociales más altos ni con efectos más duraderos sobre la vida de las personas. Y, sin embargo, sigue siendo una de las áreas más subvaloradas y subfinanciadas del Estado.

La evidencia muestra que los primeros años de vida —desde la gestación hasta los cinco años— son decisivos para el desarrollo cognitivo, emocional y socioeconómico de las personas. En ese periodo se forman habilidades básicas como el lenguaje, la autorregulación, la capacidad de aprender y la salud física y mental. Las brechas que se abren en esos años tienden a ampliarse con el tiempo y son muy costosas —cuando no imposibles— de cerrar después.

 

Colombia llega tarde a muchos debates, pero en este no hay excusas. Los datos muestran que niños y niñas de hogares pobres llegan a la educación básica con rezagos significativos frente a sus pares de mayores ingresos. Esa desigualdad temprana explica buena parte del bajo desempeño escolar, la deserción, la informalidad laboral y la transmisión intergeneracional de la pobreza. No es un problema educativo en sentido estricto; es un problema de desarrollo temprano.

Entonces, ¿por qué invertimos tan poco en primera infancia frente a otras políticas más visibles? La respuesta es de economía política. La atención a la primera infancia no genera réditos electorales inmediatos. Sus beneficios se ven diez, veinte o treinta años después. No corta cintas, no inaugura edificios monumentales y no produce titulares ruidosos. Además, los beneficiarios no votan y las familias con mayor poder de presión suelen resolver este problema por la vía privada.

En contraste, políticas como la gratuidad universitaria, los subsidios generalizados o las transferencias de corto plazo concentran recursos porque tienen beneficiarios organizados, visibles y políticamente activos. El resultado es una asignación del gasto público que privilegia lo inmediato sobre lo estructural, lo visible sobre lo transformador.

Paradójicamente, esta miopía fiscal es costosa. La literatura económica —desde James Heckman hasta evaluaciones contemporáneas del Banco Mundial y la OCDE— muestra que cada peso invertido en primera infancia puede retornar entre 7 y 10 pesos en el largo plazo. Menos repitencia y deserción escolar, mayor productividad laboral, menores tasas de criminalidad, mejor salud y menor dependencia de subsidios futuros. Es una política social, pero también una política económica de primer orden.

Invertir bien en primera infancia no es solo gastar más. Es hacerlo mejor. Implica calidad en la atención, nutrición adecuada, estimulación temprana, acompañamiento a las familias, formación de talento humano y articulación entre salud, educación y protección social. Implica también focalizar los recursos donde más impacto tienen: en los hogares más vulnerables y en los territorios con mayores brechas.

En un país que discute permanentemente cómo crecer más, cómo reducir la informalidad y cómo mejorar la movilidad social, resulta desconcertante que la política pública más efectiva para lograrlo siga siendo marginal en el debate. La primera infancia no es un tema “blando” ni asistencialista. Es el cimiento sobre el cual se construye una sociedad más productiva, más equitativa y más cohesionada.

Si de verdad queremos nivelar la cancha, no basta con abrirle la puerta a quienes ya lograron llegar. Hay que asegurar que todos tengan la posibilidad de empezar bien. Priorizar la primera infancia no es solo una decisión ética; es una apuesta inteligente por el futuro del país.

Daniel Gómez