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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Opinión

Inteligencia financiera fallida

En un país atravesado por el crimen transnacional, las rentas ilícitas y el poder corruptor del dinero sucio, la inteligencia financiera no puede ser un lujo ni un botín político. Como todos sabemos, hace casi un año Colombia fue suspendida del Grupo ‘Egmont Secure Web’ (ESW) una red vital que conecta a más de 170 unidades de inteligencia financiera del mundo. La razón: el 04 de septiembre de 2024 el Presidente de la República divulgó sin autorización información confidencial proveniente de la unidad de inteligencia financiera de Israel IMPA (Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority). En términos claros, Colombia quedó parcialmente ciega frente al crimen financiero internacional.

La UIAF no es una agencia cualquiera. Es el nodo central del sistema colombiano contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Es la entidad que procesa millones de transacciones, que encuentra patrones ocultos entre redes criminales, que permite rastrear la ruta del dinero desde las trochas de nuestras fronteras y la Colombia profunda hasta los paraísos fiscales. Sin ella, la Fiscalía, la Policía, la DIAN y las Superintendencias pierden una de sus principales fuentes de información confidencial para iniciar investigaciones criminales.

 

La suspensión del grupo Egmont no es un hecho menor. Las consecuencias son serias. Sin acceso a esta plataforma, la UIAF pierde capacidad de anticipar amenazas, de cooperar con otros países y de obtener inteligencia financiera vital. Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) que antes podían contrastarse con patrones globales hoy tienen menos contexto. Las redes de narcotráfico, trata de personas, terrorismo internacional, minería ilegal y corrupción sistémica sienten el alivio. En lugar de enfrentarse a una UIAF interconectada y ágil, se enfrentan a una entidad aislada, desprovista de su radar internacional y sin visión estratégica.

Pero el fondo del problema va más allá del incidente. Se trata de una concepción errada del rol que deben jugar las instituciones técnicas en la arquitectura del Estado. La UIAF, como cualquier órgano de inteligencia, debe estar blindada contra las presiones políticas, el amiguismo y la improvisación. No puede ser dirigida por personas elegidas por su cercanía con el Ejecutivo, sino por su experiencia en análisis financiero, cooperación internacional, inteligencia estratégica, derecho económico y tecnologías de la información.

Permitir que la inteligencia financiera se use como herramienta política, como se insinuó al desclasificar la carta procedente de Israel, erosiona la confianza que las demás unidades del mundo depositan en Colombia. Una vez perdida, esa confianza tarda años en recuperarse. ¿Qué otra unidad se atreverá a compartir información sensible con un país que no garantiza su reserva?

Es urgente asumir con humildad que esta suspensión no es una represalia externa sino un llamado de atención legítimo. La seguridad nacional, la lucha contra el crimen transnacional y el terrorismo se logra con un proceso de gestión del conocimiento del sistema financiero nacional en permanente interacción con los sistemas de información de agencias reconocidas en el mundo por combinar independencia institucional, capacidades tecnológicas avanzadas, cooperación internacional activa y marcos legales robustos, tales como FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) Estados Unidos, TRACFIN (Francia (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins) de Francia, y UKFIU (United Kingdom Financial Intelligence Unit) del Reino Unido, que son referentes  globales en la materia, como en alguna ocasión lo fue la UIAF de Colombia.

Por eso, lo que está en juego no es un simple asiento en una organización internacional, sino la credibilidad de Colombia como socio confiable en la lucha contra las economías ilegales. Para reconstruir esa credibilidad y revertir el aislamiento, el país debe actuar con rapidez y decisión.

Cinco elementos clave para recuperar la confianza internacional:

  1. Restituir la autonomía de la UIAF: Reformar su marco normativo (Ley 526 de 1999) para blindarla frente a presiones políticas y garantizar su independencia técnica y administrativa.
  2. Fortalecer la confidencialidad: Implementar protocolos internos rigurosos para el manejo de información clasificada, con trazabilidad, controles de acceso y responsabilidad jerárquica en cada divulgación.
  3. Nombrar directivos con trayectoria técnica: Garantizar que quienes lideren la UIAF tengan formación y experiencia verificable en inteligencia financiera, análisis de riesgos y cooperación internacional.
  4. Emitir un acto de rendición de cuentas público: Explicar con claridad el incidente, asumir la responsabilidad institucional correspondiente y mostrar los correctivos adoptados para evitar que se repita.
  5. Lograr resultados concretos: Demostrar, mediante investigaciones exitosas, operativos con impacto y cooperación bilateral, que Colombia sigue siendo un actor comprometido en la persecución del lavado de activos.

Cuando estamos próximos a cumplir un año de esta suspensión urge tener una estrategia clara para evitar que Colombia sea objeto de una expulsión definitiva por parte del grupo Egmont, Colombia tiene el talento, los profesionales y la institucionalidad para recuperarse de este impase. Pero necesita enviar señales claras. Este no es el momento para la soberbia, la improvisación o la propaganda. Es el momento de recuperar el rumbo, con humildad técnica y sentido de Estado.

La lucha contra el lavado de activos es la columna vertebral de la seguridad nacional. Sin ella, los carteles se financian, las mafias crecen, la corrupción avanza y la democracia se debilita. Un país que no rastrea el dinero ilegal está condenado a ser rehén y presa del crimen. Es hora de unirnos como sociedad, no más improvisaciones, debemos defender el corazón de nuestra inteligencia estratégica financiera para anticipar las amenazas de la economía criminal global, Ya lo decía Manuel Castells (1998) “La economía criminal global es un desarrollo fundamental que transformará la manera en que entendemos las sociedades, las economías y las instituciones en nuestro tiempo.”

Por: Juan Carlos Nieto Aldana PhD.

Experto en Inteligencia Estratégica y Seguridad Nacional

Cambio de viento

Cambia el viento y de poniente hemos pasado a un levante matador. Este viento lo levanta todo y le añade al ambiente ese calor insufrible propio del infierno. En mi cabeza el levante suena como las notas más graves en un amplificador, truena. Me marea, me agita, me susurra calamidades y me zarandea en la poca cordura que dentro de mi queda, esa que resiste amarrada a la raíz de mi alma. Gracias al amarre no estoy loca, al menos no del todo.

 Leo que las encuestas de intención de voto y prevén una hecatombe, unos conservan 99 escaños y los otros 8. Tanto gobierno plural, feminista, progresista para acabar sacrificando más bueyes de los necesarios, si hubieran gobernado para todos desde el primer día…

 

El levante me hace imaginar a Sánchez, ya de vacaciones, aprovechando los últimos coletazos de poder; fiestas, brindis, bailes alrededor de una piscina, él, su familia, su banda de amigos… todos vestidos de blanco y brillos, a pecho abierto, dejando al descubierto sus ordinarios ademanes de hombrecillo ibérico. Barra libre para todos y un ágape de medianoche. Un DJ pincha lo último y más latino que hay, tan de la cultura de hoy, esa que manosea y babea al chunda chunda de un falso regeaton. Ya no hay ritmo, ni siquiera hay un son latino. Lo que lo peta es ese macarreo entre cantado y rapeado, que describe a la perfección las noches de verano de un Sánchez que resiste al cambio de viento.

Despierto de ese sueño inducido por el viento y vuelvo a ver los datos de la encuesta de intención de voto. La oposición suma. Pero… ¿suman? ¿Se dan valor el uno al otro? El PP, un centro derecha con querencia a la izquierda moderada del socialismo primigenio, que vota en Europa lo mismo que votan los socialistas españoles, tiene que hacer un gran esfuerzo de imagen, de hermanamiento y sobre todo de enmienda para corregir el rumbo que social, legal, económica y políticamente ha quebrado a España. VOX no es el infierno, ni siquiera el extremo más rancio del panorama político español- aunque ahí haya de todo. ¿Están preparados ambos para reformar y liderar el cambio que de verdad necesita España? No solo se debe tratar y corregir el aspecto económico, el laboral y el asistencial. Es la imagen de la propia España, dentro y fuera de nuestras fronteras y sobre todo allí donde quieren dejar de pertenecer a esta tierra. Es también el limpiar sus partidos de amiguismo, titulitis, corrupción interna y demás pecados políticos que importan tan poco y dicen mucho del barro pegajoso en el que se ha convertido la política. Ojalá haya elecciones y traigan un cambio de gobierno, pero sobretodo traigan un buen remedio para tanto iluso con cargo, porque cambiar de siglas sin cambiar de vicios es como ventilar una pocilga con incienso.

Uno de mis hijos me saca de ese estado somnoliento en el que me deja este viento del este, del estrecho, y me despierta, antes quería ser youtuber, ahora pregunta que qué hay que hacer para ser político. Me sale una respuesta inmediata: querer servir, aunque la mayoría de los que ves solo buscan querer servirse.

Sale dubitativo y se despide diciendo: entonces prefiero ser político a youtuber. Tal vez si sirvo sea bueno. El no sabe que “servir” está en desuso. Como decía Ortega y Gasset: “la política es una actividad que no se puede tomar en serio, pero tampoco en broma”. Pues eso.

Almudena González

Volviendo a orientalismo

La imagen revela una situación de inmensa brutalidad y la mente se niega a interpretarla a primera vista. Luego de devolver tres o cuatro veces la escena en las noticias de la noche, la sangre se me heló cuando no pude dejar de entender lo que veía: el cuerpo amortajado de un niño de tres años. La inanición fue tan atroz y prolongada que, lo que en un principio quise creer eran paquetes alargados de víveres, resultaron ser los cuerpos de infantes demacrados por el hambre que, al ser envueltos en las telas blancas, parecían bastones de poco más de diez centímetros de ancho. En la precariedad impuesta por la situación, los encargados del procedimiento solo pueden rematar cada extremo de la mortaja, de modo que los pequeñitos quedan emulando la apariencia de un regalo.

Imagino a sus agobiadas madres recibiendo sus cuerpecitos dispuestos de esta forma. La metáfora se cierne instantáneamente. Ese niño que ya no volverá sufrió durante su corto paso por la vida vejámenes justificados por estados que reclaman ese derecho acusándolos de haber nacido en el lugar que buscan ocupar a la fuerza. El presente doloroso para quienes han sido padres y madres en las condiciones más insoportables para cuidar la vida de otro ser humano. Israel no ha sido el único estado violador de los derechos humanos en esta historia, ni el único responsable de la muerte de este niño, que han sido miles.

 

En 1978 el muy letrado académico palestino Edward Saïd publicó Orientalismo, bellísima, certera e influyente obra que expone las formas en que el poder colonial, en su temerosa necesidad de describir al mundo, ha reducido y desfigurado una enorme parte del planeta bajo el nombre de “Oriente”. Para finales del siglo XVIII, y con la consolidación del capitalismo, Europa buscó lanzarse a África y Asia para mantenerlo y reproducirlo, mientras se fue poniendo en el centro del mundo y de la historia. De una forma simple, Saïd se apalanca en Gramsci y Foucault para hablar de la manera como Europa fue construyendo un discurso sobre “Oriente” que le permitiera convertirse en “Occidente” al ir avanzando en su dominio colonial del resto del mundo, del “otro”.

En la medida que Oriente nace en la mente de Europa y según los deseos del europeo en este proyecto civilizatorio, fue sufriendo estereotipación, exotización, homogenización, generalización, banalización e infantilización. Para Saïd, ese Orientalismo ha funcionado como una lente que distorsiona el objeto observado generando una aberración visual sobre Oriente e  impulsando una actitud de guerra donde Occidente es  “La CivilizaciónIllustrada”  enfrentada al “Este Bárbaro”; en pocas palabras, “El Bien” contra “El Mal”.

Muchos crecimos viendo este Oriente reconstruido de forma grotesca, producto de lo que solo personajes como Trump o los libretistas de las películas de Chuck Norris son capaces de hacer: mostrar a un héroe gringo matar en solitario a cientos de árabes en cinco minutos. Oriente ha quedado representado como el árabe de narices puntiagudas, islamizado en su totalidad, exotizado en las bailarinas del vientre, misógino por su sometimiento de las mujeres tras el burka, estupidizado al límite en las películas de acción o en caricaturas como Tintín, moralmente inferior por fanático, matón, suicida, idiota, vengativo y perverso. Ese Orientalismo desfigurador justifica a quienes ahora defienden la necesidad de que sea Occidente quien “ponga orden” en la tierra de Saïd y su familia, del pequeño de la mortaja.

¡Que Occidente salve a Oriente de sí mismo! es la proclama de la narrativa colonial. O Israel, un estado auto-descrito occidental en pleno corazón del “Medio Oriente”, pero ya sabemos cómo llegó a ello. En las últimas dos semanas se ha instrumentalizado con descaro el también exterminio del que es objeto el pueblo druso en Siria, mientras los amigos del Imperio sesgan la historia para señalar que los drusos han contado con la fortuna de tener la protección del estado israelita, legalizando así su actuar bélico sobre Gaza.

En Orientalismo Saïd muestra cómo esas grandes narrativas coloniales han sido utilizadas para dominar, aniquilar, ridiculizar, reducir, anular y someter con el propósito de desaparecer. Uno de los grandes epistemes coloniales es, precisamente, la homogenización y, una de sus grandes utopías, enunciar leyes que describan en una sola idea al mundo y a la cultura, siempre y cuando esta síntesis permita establecer jerarquías. En los últimos dos meses he perdido la cuenta de las veces que he oído en los medios que se le llame árabes a los iraníes: por el contrario, el “país de los arios” es una nación persa y de lengua indoeuropea farsi. Curiosamente, el árabe, como el hebreo, es una lengua semítica, evidenciando la cercanía cultural e histórica de estos dos pueblos. Y el poder de la homogenización ha llegado a Colombia, donde se llama “turcos” a los descendientes de personas del sultanato Otomano que llegaron a principios del siglo pasado, pero también de Egipto, Siria, Líbano, Irán, Jordania y, desde luego, de la región persa y hasta de la India.

Saïd nació en Jerusalén en 1935, en plena época del dominio británico y, con apenas 12 años, él y su familia debieron lanzarse al exilio por la ocupación de tropas israelitas sobre el territorio palestino. Presenció y vivió la Nakba, la aterradora huída a la que fueron arrojados al menos 750.000 palestinos durante la guerra árabe-israelí, desarraigando a su propia familia. En plena adolescencia, el exilio lo llevó a Estados Unidos, donde terminó la secundaria en un colegio privado de Massachusetts, comenzando una brillante carrera académica en Princeton que empató con maestría y doctorado en literatura inglesa en Harvard. En sus propias palabras, fue el producto de una educación pensada para la élite blanca, anglosajona y protestante.

Tenía apenas 28 años y ya era académico en Columbia: para dolor del Imperio, un palestino de familia árabe-cristiana que dictó hasta su muerte literatura inglesa en las más encumbradas universidades del Ivy League y en un inglés muy natural. Un políglota que hablaba con gracia, soltura y profundidad bien fuera el más callejero o el más refinado de los árabes; desde luego, francés, sin dejarse atemorizar por otras lenguas romances como el italiano o el castellano, porque también le puso atención al latín. Cuenta algún biógrafo que el alemán pareció costarle poco trabajo. Así mismo, aprendió lenguaje musical y fue un virtuoso pianista, instrumento al que también le dedicó algo de sus reflexiones.

Precursor del movimiento postcolonial, se topó con la Crème de la Crème de la intelectualidad anglosajona, que para la época ya contaba con una significativa proporción de migrantes como él, en el King´s College de Cambridge, la Royal Society of Literature, la American Academy of Arts and Sciences y la American Philosophical Society. Como académico y como escritor recibió los más altos honores y dejó una obra profusa. Hizo catarsis del exilio vivido hablando en cientos de universidades por todo el planeta en su primera lengua y en las que fue trasegando.

Y Saïd fue mucho más que eso. En 1967, los eventos que empujaron a su pueblo a la Naksa, marcaron el punto de inicio en su militancia. Cuando Golda Mayer no pudo esconder más lo reaccionario de su programa lanzando frases como “los palestinos no existen”, Saïd respondió con toda la estatura de su destreza intelectual publicando el ensayo El Árabe Retratado, su primer texto de corte activista. Ejerció con compromiso la dignidad que supuso haber sido elegido en 1977 miembro de la Asamblea Nacional Palestina. Fue señalado de terrorista y antisionista por ello, y el FBI le consignó 238 esmeradas páginas en un archivo a su nombre. Asumió una postura en contra de la violencia y con generosidad declaró hasta la posibilidad de reconocer como solución la de “Los Dos Estados”, se acercó a Arafat y luego tomó distancia, siendo más tarde repudiado por facciones de la Organización para la Liberación Palestina y Al Fatah.

Increpó cara a cara a soldados israelíes armados hasta los dientes que desalojaban a su pueblo en Gaza. En el año 2000 estaba ya terminalmente enfermo de leucemia, pero las fuerzas le alcanzaron para arrojar un guijarro desde el Líbano contra el muro que se alza en la frontera con Israel. Esa imagen, de un simbolismo que no necesita ser explicado, quedó inmortalizada en una foto que ha inspirado a muchos a lo largo del mundo a respaldar la lucha del pueblo palestino y, a sus detractores, a llamarlo “El Maestro del Terror”. Columbia, la universidad que la semana pasada cedió al autoritarismo de Trump aceptando que el gobierno intervenga, entre otras perlas, sus currículos sobre cultura árabe, lo respaldó entonces manteniéndolo en su plaza.

Y es tanto lo que como latinoamericana le agradezco a Saïd y a Oriente de todo lo que soy y he vivido, visitado, estudiado y leído en mi vida. De todo lo que hago cada día. Escribiendo esta columna lo primero que hice fue abrir la alacenapara prepararme un café; revisé unas cuentas escritas en guarismos matemáticos originados en Persia; entré al patio de una casa de indiscutible estilo mudéjar mientras mis pensamientos atravesaban una celosía de madera en la ventana observando los estribos de una silla de montar, artefacto que se remonta a China e India hace más de un milenio y que fue mejorado por los mongoles. Como hablantes del castellano usamos palabras de origen árabe todo el tiempo, porque el árabe, como lo describió Saïd, es una de las creaciones más extraordinarias del ser humano, es la lengua de la poesía y del misticismo, de la ley, del amor, del más refinado humor, de la más exquisita narrativa.

Y cada vez que tengo la oportunidad, releo las páginas de Orientalismo. Hoy, más que nunca, el mundo debe volver a leer Orientalismo pues el niño de la mortaja, como el pequeño Saïd huyendo al Cairo en 1947, no son víctimas de un problema cultural, sino de la codicia colonial. Volver a Orientalismo para que no quede duda del holocausto judío ni del genocidio del pueblo palestino. Volver a Orientalismo para reconocer las injustas formas en las que hemos sido descritos y prescritos como latinoamericanos. Volver a Orientalismo para ver que a mujeres y minorías nos ha regido un patriarcado que funciona de la misma manera que el colonialismo: sancionándonos y apartándonos. Volver a Orientalismo, porque el poder colonial ha vivido sus días, por siglos, muriendo de miedo a que el otro exista.

María José Nieto

*Directora Dharena (Discursividades, historias ambientales y reflexiones sobre naturalezas)

Drones y terrorismo

Frente a los cambios profundos en los conflictos armados que hoy tiene Colombia, se requiere que la Fuerza Pública cambie su estrategia y logística para enfrentar los distintos grupos mafiosos que hoy tienen control y gobernanza en distintos territorios del país.

El Ministerio de Defensa acaba de presentar un proyecto de ley para regular la comercialización y uso de drones en el territorio nacional. Esto porque en el último año se han incrementado los ataques a la Fuerza Pública con estos dispositivos cargados con explosivos, actos terroristas ejecutados especialmente por parte del ELN y las disidencias de las FARC Según el Ministerio, en lo que va corrido de este año los ataques con drones se han incrementado en un 138%.

 

Es un tema preocupante, ya que pone en riesgo la vida de nuestros policías, soldados y ciudadanos. En este contexto, las razones expuestas por el Ministerio para regular el uso drones son las siguientes:

  • Amenazas a la seguridad y a la vida derivadas del uso de drones como armas, incluyendo ataques con cargas explosivas.
  • Vacíos legales en la regulación del uso de drones para fines de defensa o contramedidas.
  • Necesidad de trazabilidad para conocer la procedencia, tenencia y uso de cada dron y sus componentes.
  • Cumplimiento de compromisos internacionales, como los derivados de la OACI y los Convenios de Ginebra, que exigen a los Estados garantizar un uso seguro y responsable del espacio aéreo.
  • Protección de la privacidad y la convivencia ciudadana, dado que los drones pueden vulnerar la intimidad o ser empleados para actividades ilícitas.

El proyecto de ley busca definir los parámetros para la importación, fabricación, comercialización, adquisición, registro, uso, tenencia, porte, transporte, vigilancia y control de los drones. Según este proyecto “toda persona que importe, fabrique, comercialice, adquiera o utilice drones debe estar registrada y mantener actualizada su información y contar con una póliza de responsabilidad civil extracontractual, cuyo valor dependerá del riesgo de la operación; prohíbe la operación de drones sin autorización, en estado de embriaguez o bajoefectos de drogas, y en áreas restringidas como aeropuertos, bases militares o zonas donde se encuentre el presidente”[1].

Esta iniciativa del Ministerio de Defensa, en su conjunto, está más orientada a controlar a los usuarios de la economía formal, es decir a quienes de manera legal compran y utilizan estos aparatos para sus actividades económicas, culturales o de recreación, pero no va a poder controlar a los distintos grupos armados ilegales, grupos mafiosos, que los utilizan como acción terrorista para atacar la Fuerza Pública, para extorsionar o intimidar y lograr control de comunidades y ciudadanos en general.

Hay que resaltar que los delincuentes adquieren los drones en el mercado ilegal y ahí reciben asesoría y capacitación para adecuarlos y utilizarlos con fines criminales, ellos quedan por fuera de la regulación propuesta. Lo único que serviría para el control de la ilegalidad sería el endurecimiento de penas de utilización de estos aparatos con fines terroristas.

Teniendo el cuenta el contenido del proyecto de ley, es necesario desarrollar dos acciones, una orientada a racionalizar el control del mercado legal de drones y la otra el fortalecimiento de la Fuerza Pública y de la justicia para enfrentar este nuevo reto de seguridad, que modifica de manera sustancial los conflictos armados que hoy se presentan en distintos territorios del país entre el Estado y los distintos grupos de mafiosos y las confrontaciones que existen entre ellos por el control de las rentas criminales.

En el primer caso, hay que trabajar una reglamentación realista que logre el control requerido, pero que no termine haciendo muy dispendiosa la adquisición y operatividad de los drones a los sistemas de seguridad legales, como empresas de vigilancia o departamentos de seguridad públicos y privados que tiene la obligación de garantizar la operatividad y seguridad de instalaciones estratégicas (gas, energía, hidrocarburos, represas, aeropuertos, puertos, etc.), la seguridad de empresas importantes del país y la seguridad de los ciudadanos.   

En el segundo caso, el Estado colombiano tiene la obligación de dotar a la Fuerza Pública de este y otros desarrollos tecnológicos, no solo para defenderse de los ataques de drones con explosivos, sino para retomar la iniciativa de combate en contra las distintas organizaciones mafiosas y terroristas que hoy inclinaron la balanza a su favor con la utilización de estos equipos con explosivos y que tienen a la fuerza pública en desventaja y a la defensiva.

El conflicto armado en Colombia cambió, ya no hay grupos guerrilleros que se quieran tomar el poder, sino grupos mafiosos que a cómo dé lugar van a defender sus rentas criminales. El Estado no está enfrentado grupos guerrilleros con ideología política, como sucedió hasta la desmovilización de las FARC-EP en 2016. Hoy, lo que queda son grupos mafiosos dedicados a las distintas rentas criminales, con vínculos con el crimen organizado transnacional. Atrás quedó “la revolución, la toma de poder y la defensa de los intereses del pueblo”. No son grupos armados que se mueven en columnas o acampan en un lugar determinado. No están dispuestos a enfrentar de manera directa a la fuerza pública, ni tienen la capacidad para hacerlo, por eso recurren a acciones terroristas y a la utilización de drones con explosivos.

Frente a estos cambios profundos en los conflictos armados que hoy tiene Colombia, se requiere que la fuerza pública cambie su estrategia y logística para enfrentar los distintos grupos mafiosos que hoy tienen control y gobernanza en distintos territorios del país, todos asociados a rentas criminales, especialmente narcotráfico y minería ilegal


[1] El Tiempo. Las claves del proyecto de ley para regular el uso de drones en Colombia: Mindefensa lo radicó ante los 162 ataques registrados en lo que va de año. https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/las-claves-del-proyecto-de-ley-para-regular-el-uso-de-drones-en-colombia-mindefensa-lo-radico-ante-los-162-ataques-registrados-en-lo-que-va-de-ano-3476899#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20Ministerio%20de%20Defensa,necesidad%20de%20controles%20m%C3%A1s%20estrictos%E2%80%9D.

Hugo Acero

Fico está convirtiendo a Medellín en una capital del crimen

Mientras Federico Gutiérrez pasa su tiempo como alcalde entre viajes y campaña, Medellín vive una crisis de violencia para la cual la alcaldía no tiene respuesta. Según el informe de Corpades, los homicidios pasaron de 159 en el periodo enero–julio de 2024 a 185 en ese mismo lapso de 2025, un incremento del 16.4% que no responde a ajustes en el conteo, sino al deterioro de la convivencia ciudadana y al auge de la violencia de género.

En primer lugar, el repunte de homicidios en Medellín no obedece a enfrentamientos entre estructuras criminales transnacionales —como quisieran mostrar los discursos oficiales—, sino a choques de intolerancia y agresiones de carácter íntimo. El informe de Corpades evidencia que los casos atribuidos a riñas e intolerancia social superan ya a los ligados a grupos armados, acumulando 46 muertes por convivencia y 11 por violencia de género hasta el 11 de julio de 2025 .

 

Este fenómeno revela la incapacidad de la Alcaldía para implementar políticas de prevención y mediación comunitaria: no bastan operativos reactivos ni retóricas sobre mano dura con el crimen si no hay educación ciudadana, comités de paz barriales ni atención oportuna a la violencia intrafamiliar. Las muertes en Medellín están causando la intolerancia, pero para Federico Gutiérrez la tarea principal de un alcalde es liderar la oposición contra el Gobierno Nacional en vez de garantizar la convivencia en la ciudad.

En segundo lugar, la flamante sede de Interpol en Medellín —celebrada por el alcalde como un triunfo personal— desnuda cómo la ciudad se ha convertido en imán de criminales internacionales. En apenas siete meses, al menos 18 fugitivos con notificación roja han sido capturados en el Valle de Aburrá, un promedio de más de dos por mes. Lo más alarmante: entre ellos figuran abusadores sexuales buscados por Paraguay, Estados Unidos y México, como José Antonio Fandiño Hidalgo e Iván Lozano, señalados de coacción sexual, violación de menores y pornografía infantil. Cada detención de un depredador debería haber sido una alerta para reforzar controles migratorios y redes de protección a víctimas; en cambio, la gestión de Fico se jacta de resultados ajenos mientras Bogotá asume los costos políticos de esta omisión.

No es casualidad que, en medio de esta crisis de convivencia y del estigma de “ciudad refugio” para el crimen, la Alcaldía no exponga un plan integral de seguridad ciudadana. Fico ha preferido atacar de forma diaria al Presidente como excusa ante la opinión pública. Sin embargo, nadie dialoga con un abusador sexual para proteger a un barrio. La falta de dotación de Casas de Justicia, la escasa inversión en campañas de resolución pacífica de conflictos y la ausencia de rutas claras de atención a mujeres víctimas ilustran un descuido prácticamente deliberado.

Es hora de exigir a la Alcaldía un giro radical: que deje de vender espejismos de seguridad y diseñe, con el respaldo del Gobierno Nacional, políticas de convivencia, prevención de la violencia de género y control migratorio inteligente. Medellín no necesita más banderas decorativas ni selfies con agencias internacionales; necesita comedores escolares que eduquen en tolerancia, protocolos de atención a víctimas de abuso y una estrategia unificada de “Paz Urbana” que no se quede en los titulares. Si el alcalde Gutiérrez no asume este reto, quién pagará las víctimas será la ciudadanía.

Alejandro Toro

Gallardía es defender la verdad

Álvaro Uribe Vélez es inocente. Lo afirmo con la convicción que da conocer su trayectoria.

El fallo contra al presidente Uribe es un agravio a la justicia, un golpe a la democracia y una afrenta al pueblo colombiano que aún cree en la verdad. Esta decisión judicial, dictada por una justicia cada vez más cuestionada, no solo busca vengarse de un hombre íntegro, sino mancillar el legado de quien rescató a Colombia del abismo del terrorismo. Es hora de alzar la voz y rechazar esta infamia con la firmeza que la verdad exige.

 

El pasado viernes 1 de agosto la jueza Sandra Heredia anunció una sentencia aberrante: 12 años de prisión para Uribe por supuestos delitos de fraude procesal y soborno, con la imposición de prisión domiciliaria inmediata. Como si esto no fuera suficiente, durante el fallo, la jueza incluyó una mención injustificada y vil a los hijos de Uribe, bajo peyorativa de “gallardía”, en un intento burdo de extender el linchamiento moral a su familia.

Desde el inicio, este proceso ha tenido cuestionamientos. Los testigos, muchos de ellos criminales confesos, han ofrecido testimonios contradictorios y manipulados, mientras que la defensa de Uribe ha enfrentado obstáculos sistemáticos: violaciones al debido proceso, interceptaciones telefónicas objetables, y una jueza cuya imparcialidad ha sido puesta en duda. Las filtraciones a medios de comunicación, diseñadas para moldear la opinión pública antes del juicio, son la cereza de un pastel envenenado que busca no justicia, sino revancha.

Este hombre, de corazón grande y voluntad inquebrantable, transformó a Colombia en un momento en que el país estaba de rodillas ante las FARC y el narcotráfico. Durante sus dos mandatos, devolvió la esperanza, restituyó la seguridad a las carreteras, recuperó el control territorial y le dio a millones de colombianos el derecho a vivir sin miedo. Su política de Seguridad Democrática no fue solo un plan de gobierno; fue un acto de amor por una nación que se desangraba.

Uribe no huyó ante las acusaciones. Compareció ante la justicia con la frente en alto, como cualquier ciudadano, exigiendo lo que todos merecemos: un proceso justo, sin presiones políticas ni agendas ocultas.

Este fallo no solo debilita al sistema judicial, sino que fomenta la polarización y abre la puerta a futuras persecuciones disfrazadas de legalidad. No podemos ignorar el contexto: esta sentencia llega en un momento de tensiones políticas, donde ciertos sectores buscan deslegitimar a quienes representan los valores de orden y seguridad que Uribe encarna.

Condenar a Uribe es intentar borrar su legado, pero el pueblo colombiano no lo permitirá.

Su obra está grabada en la memoria de quienes recuperaron la esperanza gracias a su liderazgo. Es el gran colombiano, un estadista que hizo historia y que hoy enfrenta una injusticia que clama por ser corregida.

Colombianos, no podemos quedarnos callados. Defender a Álvaro Uribe no es solo defender a un hombre; es defender la verdad, la justicia imparcial y el futuro de nuestra democracia. Es hora de unirnos y rechazar la politización de la justicia.

Que nuestra voz resuene: ¡Álvaro Uribe es inocente! Por Colombia, por Uribe, no nos callaremos. La verdad siempre triunfa.

Andrés Barrios Bernal

La apuesta por la autonomía y el desarrollo regional

Uno de los mayores logros de las regiones en Colombia con la expedición de la nueva Constitución de 1991 por parte de la Asamblea Nacional constituyente, fue dar el paso de la descentralización, contemplada en la Constitución de 1886 a la Autonomía territorial (artículos 1 y 287). Cabe preguntarse, cuál es la diferencia entre una y otra. Dejemos que sea el ex presidente del Consejo de Estado Javier Henao Hidrón quien nos despeje esta diferencia conceptual. Para él “se entiende por descentralización la capacidad de gestión administrativa de parte de las entidades territoriales, mientras que la autonomía conlleva una capacidad de decisión política de parte de las mismas”.

Desafortunadamente, durante los 34 años de vigencia de dicha Constitución, no solamente no han avanzado en autonomía las entidades territoriales sino que se ha retrocedido. En su lugar se ha venido dando una recentralización, que yo denomino descentralización disfuncional, consistente en delegar funciones y competencias por parte de la Nación a las entidades territoriales pero sin recursos. Y lo que es peor, se le recortaron sus recursos, para concentrarlos la Nación, a través de dos actos legislativos, el 01 de 2001 y el 04 de 2007.

 

Y de contera, en los últimos 32 años se han expedido 18 reformas tributarias, todas para arbitrarle recursos a la Nación, ninguna para las entidades territoriales. Por ello, el Gobierno y el Congreso de la República están en mora de pausar sus reformas tributarias, que ahora llaman leyes de financiamiento, para dar pábulo y espacio a la reforma tributaria territorial largamente aplazada. De hecho existe un estudio, elaborado por una Comisión de expertos, que luego de analizar las finanzas territoriales hizo unas recomendaciones para su fortalecimiento. Su Informe final, fue entregado en julio de 2020 y desde entonces permanece engavetado. Llegó, entonces, la hora desengavetarlo para la bienandanza de las mismas.

Ahora bien, el presidencialismo ha exacerbado el centralismo en Colombia. Desafortunadamente el acendrado presidencialismo de la Constitución de 1886 se les colocó a los constituyentes de 1991 y pasó por la Constituyente a la nueva Constitución Política como pasa un rayo de luz por un cristal, sin romperlo ni mancharlo y salió fortificado. Como es bien sabido, según la Carta Magna, el Presidente de la República es, además, Jefe de Estado, que no del Estado, como algunos creen, Jefe de gobierno y suprema Autoridad administrativa, amén de que ahora se les ha dado a algunos por motejarlo como Primer magistrado de la Nación. Su poder es inmenso, casi que omnímodo, avasallador y el único que manifestó no saber para qué es el poder, cuando el mismo se lo preguntó, fue el Maestro y ex presidente de la República Darío Echandía.

De allí el gran desequilibrio entre las ramas del poder, entre las que impera el poder del ejecutivo. Y de no ser por la vigencia de los frenos y contrapesos (checks and balances), que han servido de muro de contención, en Colombia no tendríamos una República sino una monarquía. No obstante, en Colombia, al paso que vamos si no nos avispamos, vamos camino hacia un absolutismo presidencial.

En este contexto, no deja de ser esperanzador la aprobación el año anterior, mediante el Acto legislativo 03 de 2024, mediante el cual se incrementarán los recursos que se transfieren  desde la Nación a las entidades territoriales mediante la Bolsa de recursos del SGP, elevándolos hasta el 39.5 de los ingresos corrientes de la Nación (ICN), muy superior a lo proyectado en el Marco fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2023 para el 2024 – 2027, que fluctuaba entre el 30% y el 31% de los ICN. Ello, en el lapso de 12 años, contados a partir del 2027.

No obstante, su entrada en vigor está supeditada a la aprobación de la Ley de competencias, la cual deberá establecer cuáles funciones y competencias que hoy ejerce la Nación deberán trasladarse a las entidades territoriales para que las asuma con cargo a los nuevos y mayores recursos que se le transferirán. En el mes de abril la Federación Nacional de Departamentos (FND) le hizo entrega al Gobierno Nacional de un primer borrador del proyecto, para su consideración y concertación.

Es tanta la importancia y la trascendencia de la aprobación de esta Ley para las regiones y para el país, porque al tiempo que aquellas ganan en autonomía y autodeterminación, para dejar de ser alfiles sin albedrío del agobiante centralismo, el país también gana en equidad, cohesión e inclusión. Según estudio de la FND y la Universidad EAFIT “demuestra que la reforma al SGP, con una apropiada asignación de competencias a las entidades territoriales, traerá consigo una reacción positiva del PIB”.

Da cuenta, además, del impulso que le habrá de imprimir al crecimiento de la economía regional y nacional, que puede llegar a representar 0.2 puntos porcentuales adicionales. Como bien dice el Director ejecutivo de la FND Didier Tavera: “en la FND estamos firmemente convencidos de que el camino para abordar y cerrar las brechas sociales que persisten en las comunidades para por la autonomía y la descentralización”.

La aprobación de esta Ley debería ser la primera prioridad en la agenda del Gobierno y del Congreso de la República en esta última legislatura de este cuatrienio. Este sería el mejor homenaje al padre de la sociología en Colombia e inspirador del autonomismo de las regiones, y ex constituyente Orlando Fals Borda en el centenario de su natalicio.

Amylkar Acosta

Un asunto de estrategia

El problema central de la estrategia política está en como convertir el capital simbólico en capital político. En medio de un gobierno que realiza constantemente operaciones sicológicas y que ha desterrado la verdad de la vida pública, los significados se difuminan y los relatos alternativos se quedan sin sentido. Entonces, ¿Cómo crear capital político, cuando no hay ni siquiera una narrativa política? Es necesario entender que se está alentando el uso de formas coactivas para reorganizar la sociedad, en contra de la libre interacción y los derechos de los individuos, y que estas formas de coacción están ligadas al lenguaje y el simbolismo social, desarrollando relatos superpuestos sobre irredentismo reivindicativo, radicalización de clase, raza y género, sustentados en exigencias morales absolutas no aplicables y por lo tanto de carácter arbitrario. Este escenario, en cual todo se politiza, está precisamente diseñado para hacer imposible la política, o más claramente, para que exista un relato político único.

Dice Umberto Eco, en su ensayo sobre El Mito de Superman que “el problema que vamos a afrontar requiere una definición preliminar de mitificación como simbolización inconsciente, como identificación del objeto con una suma de finalidades no siempre racionalizables, como proyección en la imagen de tendencias, aspiraciones y temores, emergidos particularmente en un individuo, en una comunidad, en todo un periodo histórico”. El problema aquí es que la “mitificación” de Petro sustituyó la política, el Pacto Histórico ya no es un partido, sino un culto y gobernar se transformó en un ritual y la oposición, con sus candidatos, es parte de ese ritual, en cual ofrenda el martirio de sus líderes, heridos,            condenados, humillados, como parte del sacrificio en el altar del nuevo mito, en el cual el líder se manifiesta como una deidad vengadora que transforma el atentado criminal y el linchamiento judicial en “justicia”.  La razón por la cual las figuras simbólicas de la oposición carecen de capital político es precisamente que no tienen su propio ritual, siguiendo a Eco, no proyectan “tendencias, aspiraciones y temores”, es decir, no hacen política.

 

No existe una desmitificación de la realidad social, no ha existido nunca, lo que hay es sustitución de los mitos y esto es especialmente cierto en la política que por su propia naturaleza es un relato y por su dinámica, un relato mítico. Pero de una manera más simple, hacer política es tener un causa, no un programa. Kissinger en su libro Liderazgo, define seis estrategias de grandes políticos modernos, no por su programa, sino por su visión. Konrad Adenauer: la estrategia de la humildad. Charles de Gaulle: la estrategia de la voluntad. Anwar Sadat: la estrategia de la trascendencia, o Margaret Thatcher: la estrategia de la convicción. Con igual lógica, Petro es la estrategia de la venganza, es la revancha convertida en política pública. 

El culto a Petro, que abarca por lo menos una tercera parte de la sociedad, solo puede ser reemplazado por otro. Pericles en su Oración fúnebre refería que lo esencial para la democracia no era tanto el ejercicio del poder, como la compresión del poder, la capacidad para entender y juzgar los actos de los políticos, pero los nuevos cultos tratan de lo contrario, mediante un torrente difuso de información, presentada bajo  el modelo de “espontaneidad controlada”, logran que los ciudadanos dejen de entender hasta lo más básico de la acción gubernamental, expropian la política, una minoría radical captura el relato de lo público. Es necesario devolver el relato político a la gente y representar una causa, un propósito y una visión, para que un muy escaso capital simbólico se vuelva capital político, votos, poder real, es necesario hacerse predicador y profeta. Los sacerdotes del petrismo arrasaron a los tecnócratas y no hay vuelta atrás. Llegó la hora de la estrategia del predicador.

Jaime Arango

Más allá de una condena y un condenado

Que un exjefe de Estado haya sido encontrado culpable de manipular el sistema judicial afecta gravemente la legitimidad de la figura presidencial, erosiona la confianza ciudadana en el Estado, deteriora la imagen internacional del país y debilita la ya golpeada cultura de paz. Cuando quien representó la soberanía y el cumplimiento de la Constitución incurre en prácticas corruptas, el daño, lamentablemente, se extiende a toda la estructura republicana y democrática.

La condena a 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe por soborno a testigos y fraude procesal representa un hecho histórico, doloroso y profundamente revelador para Colombia. Es la comprobación de que, en nuestra débil democracia, es posible lograr que nadie este por encima de la ley, pero también la evidencia de que nuestras instituciones aún son frágiles frente a los arremetidas del poder político y económico, la polarización y la desinformación.

 

El senador Iván Cepeda ha jugado un papel fundamental y titánico en este proceso. Fue inicialmente víctima de falsas denuncias por parte de Uribe, y con persistencia, integridad y respeto por las vías legales, logró demostrar la verdad en los estrados judiciales. Su actuar contrasta con la actitud de los hijos del expresidente, quienes en lugar de acatar el fallo y promover el respeto por la justicia, han atacado a la jueza Sandra Heredia, y a la institucionalidad, propagando teorías conspirativas y profundizando el clima de odio.

Como si no bastara con la agresión interna, asistimos también a una inaceptable intromisión de actores políticos extranjeros como el senador estadounidense Marco Rubio, que en abierta violación del principio de no injerencia, pretende desacreditar el sistema judicial colombiano. A esto se suma la actitud incendiaria de candidatas del Centro Democrático como María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, quienes han instrumentalizado la condena para polarizar aún más el país, exaltando a Uribe como mártir, incitando al desconocimiento del fallo y a golpeando la autonomía de la justicia.

Todo esto constituye un peligroso retroceso. La justicia está siendo asediada. Las juezas y fiscales que cumplen con su deber son estigmatizadas. Las víctimas son silenciadas o ridiculizadas. El Estado Social de Derecho está siendo desdibujado en nombre de una lealtad política mal entendida. Y mientras tanto, millones de jóvenes observan un espectáculo de odio y negación de la verdad.

Las conductas delictivas de un exjefe de Estado así como las agresiones sistemáticas al sistema de justicia que emprenden sus seguidores, son un atentado contra la institucionalidad y una agresión directa contra la ciudadanía. En un régimen democrático, el pueblo enajena su poder soberano mediante el voto, entregando un mandato de representación y confianza a quien ocupa la Presidencia de la República. Ese poder delegado implica, integridad, lealtad a la ley, y responsabilidad frente a la paz y la reconciliación nacional. Defender la justicia, es defender a las instituciones, y también defender la dignidad del pueblo que depositó su poder para que se ejerza con rectitud y no en beneficio personal o político.

Frente a este panorama, resulta urgente y necesario un gran Acuerdo Nacional. Un pacto entre las fuerzas democráticas, los movimientos sociales, los partidos, las organizaciones de víctimas, la academia y la ciudadanía. Ese acuerdo debe poner en el centro la verdad, el respeto a la Constitución y la defensa de los derechos fundamentales. Debe comprometerse con fortalecer la justicia para que no sea selectiva ni manipulable, que actúe con independencia frente al poder económico, político o militar.

La paz no se construye sobre la mentira, ni la democracia sobre la impunidad. La condena a Álvaro Uribe no debe ser utilizada para dividir al país, sino para preguntarnos, con honestidad, qué clase de nación queremos ser. ¿Una en la que el poder lo justifica todo? ¿O una en la que la ley, la ética y la verdad sean principios inquebrantables?

Hoy más que nunca, Colombia necesita unidad, no alrededor de caudillos ni partidos, sino alrededor del valor supremo de la justicia, la democracia y los Derechos Humanos. Porque solo con justicia hay paz. Y solo con paz, hay futuro.

Luis Emil Sanabria D.

El Sistema de Bicicletas Compartidas: la ruta que Bogotá trazó y no podemos dejar que se destruya

En septiembre de 2022, Bogotá alcanzó un hito: por primera vez operó un sistema formal, accesible y compartido de bicicletas. Las bicis naranjas, rosadas y azules del Sistema de Bicicletas Compartidas se integraron al paisaje urbano, materializando la Política Pública de la Bicicleta que inició su construcción en 2018 con el Acuerdo 708, que estableció los lineamientos para garantizar el derecho que tenemos los bogotanos de elegir la bicicleta como medio de transporte.

Estos lineamientos definieron la accesibilidad como principio rector: asegurar a todas y todos el uso y el disfrute de la bicicleta y de su infraestructura. No fue una declaración simbólica. Significó la necesidad de ofrecer a los ciudadanos un sistema alternativo de transporte, que permita la integración con otros modos de transporte, reducir emisiones contaminantes y fomentar la salud pública.

 

Y es que Bogotá lleva casi 10 años luchando por tener un sistema de bicicletas públicas. Entre 2015 y 2017 se tuvo una concesión que resultó fallida por graves incumplimientos del contratista, y en 2016 y 2018 se presentaron dos propuestas de Asociación Pública Privada (APP) que fracasaron por falta de información y desistimiento del originador, respectivamente.

Por eso, es que el Sistema de Bicicletas Compartidas es un hito y un servicio que no podemos dejar acabar. Este sistema arrancó fuerte en 2022. En sus primeros ocho meses completó casi 700.000 viajes, superando a Sao Paulo, Buenos Aires y Santiago en el mismo periodo. En su primer año registró más de 1,2 millones de trayectos, operó con 300 estaciones en seis localidades y una flota de 3.300 bicicletas, y obtuvo una calificación ciudadana de 4,1 sobre 5, según Piedrahita y Bocarejo (2024).

Sin embargo, el panorama cambió. El vandalismo creció, las tarifas subieron —el paquete mensual pasó de $31.990 a $34.650, aumentando 8,3 %—, el estado de las bicicletas se deterioró y varias estaciones se desmontaron. Los problemas de devolución por estaciones llenas o vandalizadas se hicieron recurrentes. No es solo un problema de operación: está en riesgo un servicio esencial.

El Contrato 2022-63, firmado el 11 de enero de 2022 entre la Secretaría de Movilidad y M1 Transportes Sustentaveis Ltda. (Tembici), fijó plazo hasta diciembre de 2029 y un modelo de retribución al Distrito en especie por el aprovechamiento económico del espacio público, con racks para parqueo. Hasta agosto de 2024, el operador entregó 1.929 ciclo parqueaderos en menos de 36 meses, superando los 1.545 proyectados.

En febrero de 2025, la cuarta modificación al contrato amplió el área de aprovechamiento económico del espacio público y la cobertura del servicio a 16 UPZ, e incorporó nuevo mobiliario urbano como parte de la retribución de Tembici al Distrito. Esta expansión es un intento por mejorar el servicio y garantizar su existencia, esperemos que así sea. Al final, con o sin Tembici, la ciudad tiene que garantizar un sistema de bicicletas públicas.

Desde el Concejo de Bogotá buscamos asegurar el Sistema de Bicicletas Compartidas. La gran pregunta es cómo lo hacemos viable. ¿Con el contrato con Tembici? ¿Con un esquema de libre competencia? ¿Con una prestación directa del servicio por parte del Distrito? ¿O con un sistema de transporte donde las bicis, otros servicios y empresas públicas y privadas funcionan como un gran hub urbano de movilidad?

El Sistema de Bicicletas Compartidas es una herramienta clave para la movilidad sostenible. Según la Encuesta de Movilidad 2023, el 7,94% (1.161.152) de los viajes sostenibles en Bogotá se realizaron en bicicleta, frente a un 33,69% (4.923.927) en transporte público y 28,06% (4.101.164) a pie. Bogotá – Región tiene 1,43 millones de bicicletas, en su mayoría convencionales. La bicicleta pública no es un capricho: multiplica opciones de viaje, reduce congestión y mejora la calidad del aire.

Si queremos una ciudad humana, con menos trancones, menos ruido y más espacio público, la bicicleta debe ser parte de la solución. Y no cualquiera: una red pública, robusta, accesible y funcional para todos. Dejar caer el Sistema de Bicicletas Compartidas sería retroceder en movilidad sostenible.

Bogotá ya hizo lo difícil: implementó el sistema. Ahora debemos defenderlo, ajustarlo y garantizar que siga pedaleando hacia una ciudad más humana y con más espacio público para todos. Para salir de la tusa por Bogotá debemos asegurar el derecho que tenemos de movernos de forma segura y sostenible.

Juan David Quintero

IA, ESG y justicia climática: ¿una nueva era de responsabilidad?

El 25 de julio de 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva histórica: los países tienen una obligación jurídica internacional urgente de reducir sus emisiones y podrían ser responsables legalmente ante tribunales internacionales. La CIJ reconoció que el derecho a un ambiente limpio y saludable es parte integral de los derechos humanos (Reuters, 25 de julio de 2025).

Esta declaración podría redefinir el campo de la responsabilidad estatal y corporativa en materia ambiental, al abrir la puerta a demandas internacionales contra países históricamente emisores. Por ejemplo, Honduras podría demandar a Guatemala por la contaminación del río Motagua, cuyo cauce compartido ha sido gravemente afectado por residuos plásticos y aguas residuales.

 

En el caso colombiano, instituciones como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tendrían que desarrollar nuevas líneas de trabajo para hacer frente a potenciales demandas ambientales. Esto implicaría impactos fiscales y operativos directos sobre las finanzas públicas, y exigiría una modernización institucional sin precedentes.

En este nuevo contexto legal, la inteligencia artificial emerge como una herramienta clave para auditar, medir e incluso predecir comportamientos ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). Al igual que lo hace en otros sectores, la IA puede reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, al identificar desviaciones en los informes de sostenibilidad o prácticas de greenwashing.

Según S&P Global (Flash Survey: The sustainability opportunities — and risks — companies see in AI, enero 2025), el uso de IA permite reducir hasta un 40 % el tiempo de procesamiento de datos ESG y aumentar la precisión en un 30 %. Asi mismo, herramientas como RepRisk, Truvalue Labs o Climavision ya utilizan procesamiento de lenguaje natural (NLP) y aprendizaje automático para extraer información relevante desde medios, reportes o redes sociales. Esto permite detectar inconsistencias, riesgos reputacionales y prácticas engañosas antes de que se traduzcan en pérdidas financieras.

Estas tecnologías podrían transformar radicalmente la sostenibilidad corporativa, eliminando excusas tradicionales como el costo de auditorías ESG, la falta de datos confiables o la ambigüedad legal. Entramos así en una posible «era de responsabilidad aumentada», donde ya no hay margen para la inacción.

Imaginemos el siguiente escenario:

Países y empresas no logran los objetivos del Acuerdo de París (como pasa en la actualidad), o lo que es peor, aseguran haberlos alcanzado mediante informes maquillados. En ese caso, con el respaldo jurídico de la CIJ y la capacidad de la IA para detectar inconsistencias, se podrían presentar demandas internacionales bien fundamentadas. Ya existen aplicaciones de IA que analizan patrones de consumo energético, evalúan el impacto ambiental de cadenas de suministro, y detectan anomalías en reportes de sostenibilidad. Algunos bancos y fondos de inversión están integrando IA en sus análisis de riesgo ESG, lo que también puede afectar la calificación crediticia de una empresa.

Sin embargo, no todo es optimismo. Así como la IA puede detectar fraudes o malas prácticas, también puede reproducir sesgos relacionados con etnicidad, género, cultura o clase, ya que sus algoritmos son programados por humanos y entrenados con datos sesgados. Esto plantea un riesgo serio en el contexto de la justicia climática, ya que las comunidades históricamente vulnerables —como pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o países del Sur global— podrían seguir siendo subrepresentadas o ignoradas en los modelos predictivos.

Por ello, es urgente garantizar que la IA aplicada a la sostenibilidad incorpore principios de justicia interseccional, intercultural e intergeneracional, para no reproducir las mismas desigualdades que el sistema ESG tradicional ha sido incapaz de resolver.

Tanto el fallo de la CIJ como el avance de la IA marcan un punto de inflexión. La justicia climática ya no es solo una exigencia ética o política: se convierte en un mandato legal y algorítmico. Pero para que esta nueva era de responsabilidad sea verdaderamente transformadora, la inteligencia artificial debe ser transparente, inclusiva y justa. De lo contrario, corremos el riesgo de que se convierta en una herramienta más al servicio del statu quo.

Juan Camilo Clavijo

El reino del norte y los acuerdos alcanzados

Mientras el dragón de la deuda seguía adormecido en las cavernas de Colombia, en el lejano Reino del Norte (EE. UU.), los mercados danzaban al ritmo de un banquete sin fin. 

El gran índice S&P500 trepó montañas y rompió sus propios récords, superando los 6,300 puntos, como si no hubiera nubes en el horizonte. Las casas mágicas de tecnología y las fortalezas financieras presentaron informes llenos de oro: ganancias por encima de lo esperado, consumo en alza, y un hechizo de estabilidad que parecía protegerlos de todo… incluso de los aranceles del Emperador Trump.

 

—»¡Bajen las tasas!» —rugió Trump desde la Torre de X.
Pero los sabios de la Fed, con mirada firme, respondieron:
—»No por ahora. Tal vez en septiembre… si los vientos cambian.» 

En tierras vecinas, los reinos de Europa mantenían sus tasas dormidas, ejerciendo presión mágica sobre los sabios norteños.

Mientras tanto, los hechiceros comerciales tejían acuerdos con Japón, pero chocaban espadas con Brasil, donde un juicio a Bolsonaro había desatado tormentas y posibles tributos del 50%.

Al sur del mapa, en el continente de Latinerra:
• Brasil navegaba con menos temor, poco expuesto al Reino del Norte.
• México y Chile cruzaban mares turbulentos por culpa de tormentas políticas.
• En Colombia, la bolsa brillaba con fuerza, pero las corrientes regionales limitaban su avance.

Allí, los alquimistas del Tesoro ejecutaron un canje legendario de TES: 21 billones de monedas antiguas por nuevas más ligeras, aliviando el peso del Reino. También compraron bonos caídos en batalla, mejorando su imagen ante los otros reinos. Y apostaron por financiamiento extranjero, con riesgos mágicos de tipo de cambio, pero grandes tesoros por ganar si el peso seguía su curso estable. 

Las monedas de los Reinos de Chile, México, Brasil y Colombia danzan hipnotizadas por el próximo ciclo de las elecciones, los sabios advierten:
—“Hay una posibilidad de ver de nuevo tasas por los 4,000… al menos hasta el próximo hechizo electoral.”

Fabián Herrera

¡Dejen en paz a Florinda Meza!

Quiero reflexionar sobre el fenómeno de ‘La vieja chancluda’, tras la biopicChespirito: Sin querer queriendo’.

En redes sociales no cesan los insultos hacia Florinda Meza, pues quedó evidente en la serie que ella mantuvo amoríos con Carlos Villagrán ‘Quico’, y luego con el productor y director de los programas de ‘Chespirito’, Enrique Segoviano.

 

Una estatua de la actriz estaría a punto de ser derribada en Zacatecas, México. 

Se le ha responsabilizado de habérsele metido por los ojos a ‘Robert’ y ‘destruir’ el matrimonio de Graciela Fernández, que duró 23 años y dejó 6 hijos, a quienes Meza denominaría en una entrevista como “seis de los siete defectos de Bolaños”. (El séptimo era “estar casado”). Lo dijo sin filtro delante del comediante.

Nota relacionada: ¿Por qué tildan de villana a doña Florinda?

Lo cierto es que en esta historia tanto Fernández como Meza son las viudas de ‘Chespirito’.

Ambas quedaron solas. ¿A quién le tocó la peor parte?

Fernández ayudó a impulsar la carrera de Roberto, desde diseñarle los vestidos de ‘El Chapulín’, ‘El Dr. Chapatín’ y ‘El Chavo’, hasta animarlo a no desfallecer cuando apenas se abría paso en la industria.

Le crió los hijos y por eso, cuando Roberto saltó a la fama, se mostró ‘rebelde’ para acompañarlo a eventos sociales, grabaciones, a la vida social de la televisión.

Y, ahí fue donde Florinda Meza le tomó ventaja.

A Florinda le correspondió la etapa mayor de Bolaños. Ya era un señor cincuentón. Se llevaban 20 años de diferencia.

Le cuidó el Parkinson y sus problemas respiratorios por la adicción al cigarrillo.

Se envejeció junto a él.

Y aunque lo opacó y ni lo dejaba responder en las entrevistas, le aguantó sus chocheras de viejito.

Se sacrificó y no fue mamá porque no reversaron la vasectomía; pero más allá, por el poco deseo de Bolaños de engendrar un octavo hijo, presuntamente, para no hacerle más daño a Fernández y a los primogénitos.

Meza, de 76 años, sacaría un documental para rendir su versión.

¿Hubo ‘venganza’ de los Gómez Fernández?

Saludos,

Johann Benavides

@PrensaBenavides

El bestialismo

El sexo siempre ha estado y estará presente entre los seres vivos. El sexo permite la reproducción de las especies, por este motivo, el sexo debe ser practicado entre individuos de la misma especie dentro de una serie de parámetros en los que, el consentimiento, el respeto y una edad mínima, para el caso de los seres humanos, sean reglas. Cuando la práctica sexual se lleva a cabo entre individuos de diferentes especies o interespecie se comete bestialismo, comúnmente denominado zoofilia. Práctica perversa que preocupa en demasía; resulta inconcebible que, en el Siglo XXI, siglo de la Inteligencia Artificial y la robótica, haya lugares donde el bestialismo sea practicado y socialmente aceptado. Qué humanos copulen con burras, gallinas, perros, caballos y cabras, entre otros especímenes, es de depravados.

El bestialismo es una práctica antigua, hay referencias rupestres que datan de ocho mil años antes de la era cristiana; algunos historiadores griegos narraron que en la edad antigua se llevaba a cabo como práctica ritual, en algunas culturas fue aceptado como en la India de antaño. La moral judía repudió el bestialismo y lo condenó con pena de muerte, lo cual adoptaron los primeros cristianos. En el Corán no hay referencia explícita al bestialismo, ni lo prohíbe, ni lo alienta. En la mitología griega hay marcados casos de bestialismo, como el de Zeus que se convertía en cuanto animal hubiese para seducir a las mujeres, o el caso de Pasífae, esposa del Rey Minos, que se enamoró de un bellísimo toro blanco, del cual se hizo penetrar disfrazándose de vaca, procreando al Minotauro, ente que tenía cabeza y cola de toro en cuerpo de humano. En la célebre novela que transcurre en un internado militar, La ciudad y los perros, del recientemente fallecido Nobel, Mario Vargas Llosa (1936-2025), aparece una perrita: La malpapeada, abusada sexualmente por los cadetes, especialmente, por uno apodado El Boa.

 

El bestialismo debe ser erradicado de la faz terráquea. No debería ser tolerado bajo ninguna circunstancia, además de ser un comportamiento de suma perversidad e inmoralidad, también coloca en riesgo la salud pública humana y animal. En algunas regiones de Colombia se practica el bestialismo como acto de iniciación sexual para muchachos que intiman con burras, conducta per se repugnante que, debería ser sancionada incluso con fuetazos. Es tan extrema la insania que, hay espacios que funcionan como burdeles con pollinos adiestrados para el sexo con humanos. No se puede tolerar la instrumentalización animal para satisfacer deseos sexuales. Curiosamente son estas regiones las que tienen los mayores índices de cáncer de pene del País. El bestialismo también ha dado lugar a una próspera industria audiovisual en ocultas plataformas digitales.

El bestialismo está prohibido en muchos países del mundo, en otros cuenta con cierta permisividad. En Colombia es un delito tipificado como maltrato animal y un agravante de la pena, pero no es un delito autónomo, en ello falla por defecto la legislación colombiana sobre la protección animal. El bestialismo debería ser un delito autónomo. Se requieren penas severas para el bestialista. La pena debería ser para el que realice el acto sexual, lo promueva, incentive, lucre, comercialice y consuma contenidos bestialistas.

¿Cómo Colombia pretende ser desarrollado cuando hay ciudadanos que toleran el bestialismo valorado como práctica cultural e incluso como motivo de humor? El bestialista es un aberrado que constituye un problema para la sociedad. Quién crea que en materia sexual el fin justifica los medios, está equivocado. Así como se persigue al pederasta, al pedófilo y al violador, debe perseguirse sin cuartel alguno al bestialista. Hacer bromas sobre conductas bestialistas es un despropósito. Para con el bestialista no puede haber contemplación, su vida vale menos que la del animal que abusa.

Por: León SandovalFerreira

Veranos en julio

Todos duermen. El sol aparece cálido y sin miedo, de frente. Los pájaros hablan entre ellos y a mí me despiertan. Las mañanas son calmadas y bajo mis pies siempre hay granitos de arena. De esa arena fina que se ha dejado acariciar tanto tiempo que se hace mimosa y se queda pegada a todo el que la visita, como ese perro cariñoso que ya no guarda la casa o ese bebé hermoso que se va feliz con los desconocidos.

Los días pasan casi iguales, metidos en una rutina de nada y todo en la que descansar y estar es lo importante. A penas hay conexión a internet, el ruido del mar impide concentrarse en los problemas y la lectura, esa montaña de libros para zambullirse en ellos se está quedando bajo la toalla de playa.

 

La juventud duerme. Ellos amanecen cuando el sol pica. Nos vemos tarde, para comer algo rápido antes de la siesta, ese descanso en el que el atardecer se prepara. Esta semana baja la marea y la playa se ensancha. ¡Qué maravilla es sentarse en esta orilla vespertina! La brisa es ligera y a ratos fresca, tanto que toca ponerse una chaqueta, nadie piensa en ella y acabamos todos con las toallas secas a modo de ponchos o chales de abuela.

Este año tenemos un contencioso familiar; “parece que hay menos gente este julio o que otros años”, unos dicen que no, que hay más, que la playa está llena. Otros que sí, que hay más casas cerradas, más plazas libres en las calles y las terrazas de medio día, esas que dan comidas por turnos y tienen camareros experimentados que llevan de memoria y en un solo brazo las comandas, no llenan turnos y te atienden en calma.

Tal vez se hayan ido a otros lugares de veraneo, apunta un camarero. Yo opino que, aunque las cifras del gobierno sean favorables a ellos, los bolsillos de los trabajadores están más tiesos.

A mi no me importa donde está la gente, me encanta que haya poca porque siento que así el mar me pertenece.

Julio se desvanece al ritmo de los que disfrutan y saborean cada minuto de descanso y yo habré saboreado sus días largos, sus puestas de sol tardías y sus playas semi desiertas de baja mar infinita.

Y les espero en la semana que viene ya a las puertas de agosto, ya metida en faena, dispuesta a contarles lo que de maravilla guarda el mes más esperado del año.

Almudena González Barreda