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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Opinión

La Franja de Hamás

Hamás convirtió a Gaza en su Franja. Creó una fortaleza en la cual llevó el concepto de asimetría estratégica hasta un nivel insospechado haciendo indistinguible lo civil de lo militar. Fusionó absolutamente la infraestructura bélica con la infraestructura civil, hizo de cada ciudadano de Gaza un activo integrado a una vasta identidad armada autónoma. Después del 7 de octubre, las Fuerzas de Defensa de Israel debieron enfrentar la realidad militar que implicaba esa ciudadela. Hamás empleó inmensos recursos financieros y años de trabajo construyendo la infraestructura para luchar en una guerra prolongada y basó su estrategia precisamente en que cada recurso civil  fuera a su vez un recurso militar con la finalidad de presentar un relato en el cual Israel libraba una guerra contra los civiles palestinos.

En la visión de los planificadores de Hamás, Israel no podría ganar esa guerra y ni siquiera la llevaría más allá de un conjunto de operaciones de castigo y se vería forzado a una negociación política para preservar su legitimidad. Se equivocaron. Israel aceptó el desafío estratégico que se le impuso y llevó adelante una de las operaciones militares más complejas que se pueda imaginar, innovó en la doctrina de guerra urbana, en la doctrina de guerra de información y en la premisa de la guerra como continuación de la política, mientras desde Hamás desarrollaban la visión iraní de la política como continuación de la guerra.

 

Al absorber la totalidad de la sociedad civil palestina de Gaza en su aparato armado Hamás es responsable de todas y cada una de las muertes de civiles desde el día uno de la guerra. Además buscó esas muertes deliberadamente, quiso poblar su franja de cadáveres para extender el conflicto más allá de Gaza y obligar a Israel a responsabilizarse por la violencia contra los judíos en cualquier parte del mundo. Elías Rodríguez, el terrorista que asesinó a dos ciudadanos israelíes en las   inmediaciones del Museo Judío en Washington, escribió en X antes del atentado, “Escalada en Gaza. Traigamos la guerra a casa”.

Es la yihad ampliada, por la cual se acusa a Israel de llevar adelante una guerra inmoral que ha impulsado el antisemitismo, en realidad las protestas antisemitas universitarias comenzaron mucho antes que de las FDI iniciaran las operaciones de respuesta al pogrom del 7 de octubre. Esta faceta de la guerra de información ha tenido una deriva alucinante relacionada con los tópicos más oscuros del antisemitismo y las teorías de la conspiración. Uno de los temas medievales del odio a los judíos fue crear el relato según el cual estos sacrificaban bebés en rituales oscuros, la versión actualizada de esta demonología es la noticia fake  impulsada desde la ONU de que “14.000 bebés morirán de hambre en Gaza en las próximas horas”.

Quienes crearon este bulo tenían como objetivo revivir el mito del judío asesino de niños.  El terrorismo islámico ha creado también narrativas justificadoras haciendo aparecer las victimas como victimarios. Es sabido que la CIA apoyó la lucha de los rebeldes afganos contra la invasión soviética, de esa actividad se ha desprendido un relato según el cual la CIA es responsable de los eventos del 9-11, y de esto, en paralelo, se ha promovido la teoría conspiratoria de que Israel, que en realidad proveyó fondos a Hamás, es el verdadero autor de la masacre del 7 de octubre para provocar una guerra genocida contra los palestinos. En realidad este flujo de información, por delirante que parezca, tiene como objetivo promover la violencia activa contra los judíos y debilitar con ello la voluntad de lucha de Israel, cosa que no ha sucedido.

En este momento avanza la operación Carros de Gedeón para erradicar a Hamás definitivamente de Gaza. Cinco divisiones de las FDI llevan a cabo acciones ofensivas en todos los sectores de la Franja, desde Beit Lahia, en el norte, hasta Khan Younis en el sur , independientemente de si Hamás sigue o no bloqueando el acuerdo de rehenes, la operación no se detendrá hasta que Hamás sea totalmente desmantelado y la Franja asegurada pase a tener algún tipo, aún no definido, de gobierno, o administración. Israel no buscó y no quería este resultado, pero la realidad del campo de batalla y situaciones estratégicas sobrevinientes, hicieron inevitable llegar a modelo de control territorial total.

La impensada forma de esta guerra, el despliegue de creatividad militar y habilidad política que ha mostrado Israel, han trasformado por completo el equilibrio de poderes en la región dejando a Israel como el líder indiscutido, no solo en ese Oriente, sino como la vanguardia de Occidente, una fortaleza solitaria que vigila y lucha, incluso por aquellos le odian.

Jaime Arango

Un paso adelante y dos atrás: la reforma laboral y sus silencios incómodos

Mientras en la Comisión Cuarta del Congreso se celebraban avances en la reforma laboral –como el recargo nocturno desde las 7:00 p.m. y el reconocimiento del 100% del recargo dominical y festivo–, otros temas fundamentales fueron, nuevamente, dejados en un segundo plano o reducidos hasta volverse casi invisibles: las personas con discapacidad y las personas menstruantes.

¿Y la discapacidad?

 

Colombia tiene, según estimaciones, alrededor de 2,65 millones de personas con discapacidad, lo que representa el 5,6% de la población. El país reconoce siete tipos de discapacidad: física, auditiva, visual, sordoceguera, intelectual, psicosocial y múltiple. Sin embargo, la reforma laboral omitió establecer mecanismos claros y obligatorios de inclusión laboral para estas personas.

Hoy el trabajo sigue siendo un derecho negado para muchos. Las empresas, cuando abren convocatorias “inclusivas”, suelen privilegiar a quienes, dentro del espectro de la discapacidad, presentan condiciones funcionales cercanas al ideal productivo. ¿Y el resto? ¿Dónde quedan las personas con discapacidad psicosocial o múltiple? ¿Quién define a quién se le da la oportunidad y a quién no?

Proponemos algo sencillo y transformador: una cuota obligatoria de contratación por tipo de discapacidad. No basta con decir “2 de cada 100 empleados tendrán discapacidad”. Se necesita garantizar que todos los tipos de discapacidad estén representados. ¿Qué tal 7 de cada 100, una por cada tipo reconocida? Esto obligaría a las empresas a repensar sus entornos laborales y a romper la lógica capacitista que aún rdomina el mundo del trabajo.

¿Y las personas menstruantes?

Otro retroceso evidente fue la reducción del artículo 18 de la reforma, que buscaba garantizar una licencia menstrual remunerada. El texto aprobado solo protege a quienes presentan menstruaciones incapacitantes o con diagnósticos médicos como endometriosis, limitando el acceso a un derecho que debería ser universal para quienes menstrúan.

La propuesta inicial no se trataba de un privilegio, sino de una medida de equidad. La menstruación no es una enfermedad, pero sí puede afectar el bienestar, la concentración y el rendimiento. Y si el trabajo es humano, debe reconocer las realidades humanas.

Además, se ignoró por completo a las personas trans, no binarias y otras identidades menstruantes, lo que demuestra una mirada aún binaria y excluyente del género en el mundo laboral.

¿Una reforma para quién?

La reforma laboral debía ser una oportunidad para hacer del trabajo un verdadero derecho inclusivo, interseccional y justo. Pero parece que se legisla aún con una idea limitada del trabajador: normativo, productivo, sin dolor, sin discapacidad, sin diversidad.

No basta con ajustes cosméticos. Lo que está en juego es la transformación del arquetipo laboral, ese que define quién es sujeto de derechos y quién debe seguir esperando en la sala de exclusión.

Colombia no necesita solo reformas laborales. Necesita una reforma ética del trabajo. Una que reconozca que no hay desarrollo posible si sigue descansando sobre la exclusión de cuerpos diversos.

Marcela Clavijo

El secuestro de Lyan y el regreso narcocriminal

Estamos ante una inminente y violenta guerra en el suroccidente colombiano, particularmente en el Valle del Cauca, donde la supuesta «Gran Alianza», integrada por capos como Alacrán Jr., Pipe Tuluá, Comba y Diego Rastrojo,  busca recuperar el control territorial enfrentando a herederos de antiguos narcos como Iván Urdinola y Wilber Varela. Según fuentes cercanas a carteles extintos, el secuestro del niño Lyan Hortúa, hijo de alias “mascota” un exlugarteniente de Los Rastrojos, expone estas tensiones, ya que la alianza no intervino en el caso, priorizando reclamos económicos. Diego Rastrojo, discípulo de Jabón, lideraría este movimiento para recuperar su influencia histórica, marcando un presente y futuro aterrador para la región debido a la reconfiguración narcoterrorista en curso.

El secuestro de Lyan, un niño de 11 años en Jamundí (Valle), ha sacudido al país, en la medida que lo revictimiza, así como a todos los niños que han sido secuestrados o reclutados en esta guerra inhumana en que se sumerge Colombia hace décadas. Aunque el niño fue liberado tras 18 días de cautiverio, la historia detrás de su secuestro revela una compleja trama de violencia, narcotráfico y venganzas entre clanes criminales que amenaza con desestabilizar la región y, por ende, al país entero, dejando al descubierto una realidad alarmante frente a  nuevas estructuras criminales organizadas que rememoran los días más oscuros del narcotráfico colombiano.

 

Según informaciones recientes, el secuestro no fue un acto aislado, sino una represalia vinculada a una antigua deuda relacionada con el narcotráfico. El padre del menor, asesinado en 2013, era un líder del grupo paramilitar Los Rastrojos, y la banda habría ordenado el secuestro como represalia por presuntas propiedades en disputa, para lo cual subcontrataron a las disidencias narcoterroristas de las FARC para ejecutar dicho secuestro.

Acá se agrava la situación, con la aparición de una supuesta organización llamada «La Gran Alianza» que ha generado la mayor preocupación por la reconfiguración del crimen organizado, con alianzas entre bandas locales y grupos armados como las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo .

Este panorama nos remonta a los años 80 y 90, cuando carteles como el de Cali y el del Norte del Valle dominaban el país con su violencia y poder. Aunque estos carteles fueron desmantelados, sus estructuras y prácticas han perdurado, adaptándose a nuevas generaciones y contextos. La presencia de antiguos capos del narcotráfico en la región y la expansión de nuevas organizaciones criminales evidencian un epicentro del narcotráfico en Colombia. Situación  que plantea serios interrogantes sobre la efectividad de las políticas de seguridad y la implementación de la “Paz Total” del actual gobierno nacional, siendo esta reconfiguración narcoterrorista la primera en jerarquía por todo su poder económico, político y armado, al punto que las guerrillas disidentes  tienen un papel secundario y muy operativo en la nueva cadena del crimen.

El Fracaso de dicha política de “Paz Total”, a ojos de expertos, se origina en la falta de un marco jurídico de Justicia Transicional, indispensable para desmovilizar grupos armados -los vacíos legales pueden conllevar indultos-, y en medidas improvisadas como las Zonas de Ubicación Temporal, que replican errores pasados sin garantizar seguridad a civiles, sumado a la incoherencia estatal basada en diálogos infructuosos con guerrillas y procesos urbanos colapsados por falta de planeación, pero que el gobierno habría legitimado al otorgarles estatus político. Estas contradicciones no solo normalizan estructuras criminales, sino que exponen una estrategia desarticulada que, lejos de resolver la violencia, la perpetúa bajo la sombra de un Estado que oscila entre gestos simbólicos y complicidad indirecta.

Si bien el gobierno ha buscado negociar con grupos armados ilegales, la realidad en el terreno muestra que los dueños del negocio son estas organizaciones que continúan operando con impunidad, afectando a la población civil y desafiando la autoridad del Estado, por lo que es imperativo que las autoridades nacionales en coordinación con las locales, redoblen esfuerzos para desmantelar estas estructuras criminales, fortaleciendo la presencia institucional en el Valle del Cauca y así garantizar la seguridad de los ciudadanos antes que sea demasiado tarde.

El secuestro de Lyan Hortúa debe ser un llamado de atención para no repetir los errores del pasado y evitar que regresemos a la época de los grandes carteles de la droga y el reconocimiento internacional de Colombia como un país paria.

Luis Fernando Ulloa

¿Alguien piensa en los Embera?

La semana pasada unas de las noticias del día era el regreso de las protestas de los Embera y su recurrente deseo de llamar la atención por medio de la toma del parque conocido como el Parque Nacional; esta situación cumple más de 3 años y durante este tiempo son muchos los acuerdos que se han pactado: El primero que se logró con el Gobierno distrital fue durante el periodo de la Alcalde Claudia López, administración que según versiones de los líderes indígenas, los maltrató hasta mas no poder. Después de muchos ires y venires y de diferentes fallos judiciales, acordaron el desalojo del parque y la ubicación temporal de la comunidad en las instalaciones de lo que se conoce como UPI la Rioja y en UPI la Florida.

Estos dos lugares destinados para prestar atención a jóvenes que presentan diferentes problemáticas de conducta, fueron destinados para albergar a las familias que salieron del Parque Nacional, pero la cura fue peor que la enfermedad. Estas instalaciones en poco tiempo pasaron hacer lugares en donde las condiciones de dignidad de esta comunidad desplazada por la violencia, fueron degradándose rápidamente.

 

La verdad es que las condiciones de salubridad en la que tienen que vivir las familias, que entre otras cuentan con un número importante de niños y niñas, han llamado la atención de los órganos de control como la Procuraduría; quien en el pasado no le tembló la mano para enviar diferentes comunicados tanto al Gobierno distrital como al Nacional, exigiendo que se atendiera de una mejor manera a esta población, y solicitando la priorización en la garantía de sus derechos. Desafortunadamente, Hasta el día de hoy nada ha pasado.

A muchos nos da rabia la actitud de esta comunidad cuando vemos las imágenes de la forma como se toman este parque y el uso que le dan a ese espacio público, pero muy pocos se dan cuenta la condición de vida que tienen en estas UPIS, en donde el hacinamiento, la falta de las mínimas condiciones higiénicas, y sobre todo de la escasa colaboración del Gobierno Nacional, llevan a esta comunidad a vivir en condiciones deplorables; condiciones en la que estoy seguro ni usted, que lee esta columna, ni yo tendríamos a nuestros hijos. 

Pero como si esto fuera poco, además de la indignidad en la que se ven obligados a vivir, tienen que soportar la manera en que tanto el Gobierno Nacional y el Distrital se reprochan entre sí. Esquivando funciones, alegando compromisos que no se cumplen (en esto el Gobierno Nacional es experto) y postponiendo la solución a un problema en el cual ya está en riesgo la vida misma de estas personas y de sus familias

Mientras tanto los Embera se llevan la peor parte, por un lado la rabia de la gente que no conoce los pormenores de su angustiosa permanencia, y por otro, la frialdad de un Estado que solo deja pasar los días, como si no le importara o no se diera cuenta que está tratando con seres humanos.

Los Embera son una población indígena que se encuentra asentada principalmente en el departamento del Chocó. al referirnos a la población que llegó a Bogotá hablamos de los provenientes del Alto Andágueda, y de aquellos que se asientan en los límites entre Chocó y Risaralda.

Andágueda es un corregimiento del municipio del Baudó en el Chocó, es uno de los lugares más inhóspitos de este departamento. Para llegar lo más aconsejable es viajar hasta Risaralda, más exactamente al municipio de Pueblo Rico, y desde allí iniciar un recorrido de varias horas por una carretera destapada la cual se ve interrumpida por numerosas quebradas, las cuales en temporada de invierno aumentan su nivel, dejando incomunicada a esta comunidad.

Como pueden observar, es un lugar lejano; con muchas problemáticas. entre ellas, y como es de lógica suponer, la inseguridad. Que es la responsable del desplazamiento que llega a Bogotá. Pero como si esto fuera poco, también se debe tener en cuenta los conflictos de tierras con otras comunidades indígenas que habitan la zona.  Este conflicto lleva más de 5 décadas, y es una de las razones que alimentan la idea de estas comunidades de salir de sus tierras.

Jeferson Mena Sánchez

Infraestructura invisible

En la era digital, los centros de datos son tan importantes como los puertos y autopistas en el siglo XX. Constituyen la infraestructura invisible que hace posible desde las transferencias bancarias hasta la inteligencia artificial. Colombia esta rezagada en esta infraestructura estratégica. Hoy, más del 80% de los datos que utilizamos se procesan fuera del país, principalmente en EEUU y Brasil. Esto genera mayor latencia, dependencia tecnológica, costos elevados, y riesgos en materia de ciberseguridad. Un país que aspire a cobrar dividendos digitales no puede depender de la infraestructura ajena.

Hoy, Colombia cuenta con apenas 24 centros de datos con certificación internacional (Uptime Institute o TIER III/IV), mientras que Brasil tiene más de 150 y México supera los 90. Colombia representa solo el 4% de la capacidad instalada en la región. Según cifras de Frost & Sullivan, América Latina requerirá una inversión cercana a los USD 10.000 millones en centros de datos hacia 2030.  Estamos por debajo lo que nos corresponde por nuestra importancia económica y estratégica. Nadie está estructurando los proyectos.

 

Además, el rezago impacta directamente la competitividad. Un centro de datos moderno puede reducir la latencia de servicios en la nube de 100 a 10 milisegundos, una diferencia crítica para industrias como la banca digital, la telemedicina, la logística o los videojuegos. Según un estudio de IDC, por cada dólar invertido en infraestructura digital, se generan hasta USD 3,5 en productividad agregada.

Además, los centros de datos son polos de desarrollo. Generan empleo calificado, atraen inversión extranjera y fortalecen el ecosistema tecnológico.  Necesitamos desarrollar una red robusta de centros de datos locales, distribuidos estratégicamente por regiones, con estándares internacionales de seguridad, sostenibilidad y conectividad. Esto no es un lujo, es un requisito de competitividad.

Pero se requieren condiciones habilitantes: energía limpia, conectividad redundante, seguridad jurídica y agilidad regulatoria. Sin estos elementos, los inversionistas buscarán otros destinos, como Chile o México, que ya nos llevan ventaja. Tenemos ubicación estratégica, potencial energético renovable y un mercado digital en crecimiento. Pero necesitamos actuar pronto si por lo menos queremos ser el epicentro de datos del norte de Sur América y el Caribe.

Una política pública nacional para centros de datos no puede ser un anexo del plan TIC, debe ser un eje transversal de transformación productiva.  Esto implica: declarar los centros de datos como infraestructura crítica de interés nacional; crear incentivos tributarios para su construcción y operación; establecer un marco regulatorio moderno para el uso y almacenamiento de datos, garantizando privacidad y soberanía; fortalecer la educación en gestión de datos, ciberseguridad y operación de infraestructura digital. Esta transformación no debe morir en el altar de la permisología pronto seria la mayor fuente de inversión.

Colombia no puede resignarse a ser solo un consumidor de servicios digitales producidos en otros países. Tenemos la oportunidad —y la responsabilidad— de construir nuestra propia infraestructura de datos. La soberanía digital no se decreta: se construye y se protege.

Simón Gaviria Muñoz

Encontrar el propósito

A veces pasa que no consigo poner en orden las ideas, voy de un tema a otro y no concreto nada. Me cuesta. Me cuesta dar con la clave de lo que pasa sin recaer de nuevo en ese declive que sufre Occidente. En esa podredumbre que avanza, como el apagón de España, aunque en algunos lugares la oscuridad tarde más en levantar.

Después pienso que no debo ser tan dura, ni pesimista, ni protestona, que el declive de la sociedad se debe sobre todo por al declive del corazón humano y que humanos somos muchos, y realmente Occidente comenzó su cambio con doce líderes incultos, pero con una sabiduría extrema en su alma.

 

 Y así, me lleno de un poco de esperanza y recabo en que tenemos un nuevo Papa, León XIV, y que me gusta como viste y calza, y que, aunque ya le hayan criticado esta semana por decir algo tan obvio como que la familia es semilla de la sociedad, la unión natural y estable de hombre y mujer y que toca protegerla y reforzarla, lo seguirán haciendo, aunque  diga:  el pasto es verde saldrían a criticarlo y a decirle que en verano es amarillo, en invierno es parduzco, en primavera tiene otro brillo… y lo dirían quienes no tienen pasto.

Reviso los digitales y parecen más el guión de un drama pornográfico que diarios generales de información política nacional: mises, prostitutas, porteros de discoteca convertidos en potentes hombres del gobierno, hermanos juzgados por no saber ni por donde sopla el viento, drogas, paradores, ministros que insultan en redes a ciudadanos normales, políticos que dan un puntapié a sus compañeros y se aforan para evitar un juicio, cambio de las normas del juego en la elección de nuestros fiscales … y nadie dimite.  

Parece que no hay en la izquierda gubernamental, nadie con el más mínimo sentido de la honestidad, responsabilidad, compromiso con la verdad, sentido del deber, amor a su país, respeto a la ley, capacidad de sacrificio por el bien común, amor a la libertad bien entendida…

Ni una virtud cívica, esas de las que hablaban Platón o San Agustín o Santo Tomás o tantos otros pensadores, brilla en el gobierno español de hoy. Esas virtudes que se hacen imprescindibles en los líderes que han de ser ejemplo para sus pueblos para mantener sociedades justas y prósperas y vuelve mi pesimismo, porque caigo en la cuenta de que en este siglo XXI parece que todo se ha vuelto del revés y se han cambiado esas virtudes por defectos o vicios a base de mentira, culpa, manipulación legal, sacrificar el bien común, amor a uno mismo y sobre todo al poder.

Pienso que podría ser un problema de educación, de formación básica, y concluyo que hemos perdido los básicos, que cuando dejamos de profundizar en la virtud, en el pensamiento, en la historia… el hombre acaba embrutecido, presa de pasiones e intentando justificar una orgía como acto de gobierno por el bien común y así acaba perdiendo propósito y norte y olvida sus orígenes y hasta quién es, y por eso es capaz de criticar lo más obvio, que el pasto es verde.

Pero hoy me levanto con los resúmenes y los vídeos del homenaje a Rafa Nadal en Paris, en la apertura de Roland Garros, su casa tenística. Y se me agua el ojo y me vuelve la esperanza, porque Rafa – y muchos otros- encarnan las virtudes que a nuestros políticos les faltan. Así que pienso que tal vez solo sea cuestión de encontrar a 11 más para liderar un gran cambio social que dé esperanza, para caminar hacia un verdadero progreso y sobre todo encontrar el propósito que España ha perdido.

Seguro que en Colombia también pasa, le avanzo que en Alemania es más de lo mismo, aunque tal vez no tan pornográfico.

Almudena González

¿Son suficientes las políticas y leyes para que el respeto sea la base de nuestras relaciones sociales?

La existencia de normas relacionadas con los grupos poblacionales históricamente excluidos: personas afrodescendientes, indígenas, comunidad LGBTIQ+, personas con discapacidad etc. nos permite básicamente dos cosas: 1. El reconocimiento de la existencia de dichos grupos y 2. La promoción y protección de sus derechos.

Los procesos de reconocimiento y reivindicación legal de derechos para las comunidades Afrodescendiente, Raizal y Palanquera en Colombia han sido el resultado de la resistencia y lucha colectiva por parte de la población durante siglos. El 21 de mayo de 1851 el entonces presidente de la República de la Nueva Granada, José Hilario López, firmó la abolición de la esclavitud en Colombia, esto solo eliminaba la legitimidad de una práctica racista y clasista; tuvieron que pasar 140 años para que en la Constitución Política de 1991 se declarará a Colombia como un país multiétnico y pluricultural, y en el artículo 7 “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”.

 

Es fundamental tener un panorama histórico, pero también actual de las condiciones de la población étnica en nuestro país, y poder preguntarnos ¿qué tanto hemos avanzado o no, en atender y disminuir las desigualdades que existen en términos de derechos y oportunidades de acceso a servicios de calidad de educación, salud y participación política?, ¿Cuáles son las condiciones de vida para esta población en los departamentos donde viven? Estas preguntas tal vez nos parezcan muy amplias y que les atañe a entes gubernamentales dar respuesta a ellas.

Pero, ¿qué pasa en el día a día?, ¿en nuestros contextos cercanos y cotidianos, lugares de estudio, de trabajo, en el transporte público, en la calle?; ¿nos relacionamos con personas de poblaciones afro, raizales y palenqueras? y ¿cómo lo hacemos, desde la invisibilización, la indiferencia o incluso la discriminación? Quizás para muchas personas esto solo sucede en actos folclóricos, como en festivales y carnavales locales y territoriales.

Entonces vale la pena preguntarnos ¿Son suficientes las políticas y leyes para que el respeto sea la base de nuestras relaciones sociales? Lamentablemente no son suficientes, necesarias indiscutiblemente sí, pero no logran permear ni transformar las formas discriminatorias de pensar y actuar de muchas personas, que basadas en sus prejuicios consideran a la población étnica como inferior a ellas. Los derechos humanos no deberían ser objeto de ninguna discusión, todas las personas en el mundo deberíamos contar con las mismas oportunidades y derechos sin importar las DiversidadES de género, etnia, edad, capacidades, orientación sexual, etc.

Es preocupante en 2025 seguir encontrándonos siendo tendencia en redes sociales, videos de situaciones de racismo y violencia de toda índole, especialmente frente a la población afrodescendiente; es indignante además no solo ver dichos actos, sino leer muchos comentarios que avalan este tipo de conductas. Esto debe confrontarnos como seres humanos y retarnos a seguir trabajando arduamente en la construcción de una sociedad realmente más justa, representativa y equitativa para todas las personas, en la garantía de espacios seguros para vivir y convivir en paz.

En 2001, la ley 725 estableció la conmemoración del Día nacional de la Afrocolombianidad como un reconocimiento social de la importancia de las poblaciones negras, raizales y palenqueras, en la construcción del patrimonio histórico y cultural de nuestro país.  Reconocer y valorar los activos y representaciones culturales es una invitación a eso que cada persona puede empezar a hacer.

Nos sumamos de esta manera la invitación hecha por otros medios a consultar y leer el material disponible en la  Biblioteca de la literatura afrocolombiana del banco de la república, para conocer más acerca de la diversidad cultural y étnica de nuestro país en las voces de quienes han vivido la historia https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll7/search

Andrea Hernández León

 Directora Ejecutiva y CEO de DiversidadES Gestión – Inclusión – Equidad SAS,

Por primera vez en varios años sube la cifra de homicidios en Medellín ¿y la Alcaldía?

Medellín está sangrando, y el alcalde parece estar demasiado ocupado haciendo política para darse cuenta. Los números no mienten, aunque la administración insista en maquillarlos con ruedas de prensa y shows mediáticos: los homicidios han aumentado un 9% en lo que va del año. Ya van 130 personas asesinadas entre enero y mayo. ¿Cuántas más necesita esta Alcaldía para entender que su estrategia de seguridad fracasó?

En lo que va del año 2025, los homicidios han aumentado un 9% frente al mismo período del 2024. Van 130 asesinatos en solo cinco meses. Es decir, casi una persona asesinada cada día en nuestra ciudad. Y lo peor es que el 30% de esos crímenes no tienen una causa identificada. ¿Qué tipo de administración permite que haya decenas de muertes sin explicación, sin responsables y sin consecuencias?

 

Lo de Manrique es escandaloso: 16 homicidios en lo que va del año, lo que representa un aumento del 400% respecto al mismo periodo del año anterior. Cuatro veces más muertos. Cuatro veces más familias destrozadas. Y, sin embargo, el alcalde sigue actuando como si nada pasara. ¿Dónde está la estrategia de seguridad? ¿Dónde están las intervenciones integrales? ¿Dónde está el liderazgo?

La respuesta es dolorosamente clara: no hay nada. No hay estrategia, no hay presencia efectiva de la Alcaldía y, lo más grave, no hay voluntad política para asumir la magnitud del problema. El gobierno local está más enfocado en la propaganda que en gobernar, más preocupado por su imagen que por la vida de los ciudadanos.

Pero lo más indignante de todo es lo que está pasando con los delitos sexuales. Entre enero y abril de este año, los delitos sexuales aumentaron un 379.4% respecto al mismo periodo del 2024. Esta cifra debería haber generado una reacción inmediata del alcalde y su gabinete. Pero no. Silencio. Indiferencia. Inacción.

Pasamos de 11 a 125 casos de acceso carnal violento. ¡Un aumento del 1.036%! ¿Cómo es posible que esta barbaridad no haya sido motivo de alerta roja institucional? ¿Dónde están las campañas de prevención? ¿Dónde están los refuerzos en atención a víctimas? ¿Dónde están las autoridades garantizando entornos seguros para nuestras mujeres, niñas y niños?

En delitos sexuales contra menores de edad, los casos pasaron de 78 en 2024 a 332 en lo que va del 2025. Un aumento del 325.6%. Si esto no es una emergencia, ¿entonces qué lo es? ¿Qué más tiene que pasar para que esta Alcaldía deje de mirar para otro lado?

Esto no es una exageración ni una manipulación de datos. Es una emergencia. Y mientras tanto, la administración sigue enfocada en la publicidad, en el espectáculo político y en desviar la atención de lo que de verdad importa: la vida y la seguridad de nuestra gente.

El llamado que hago desde el Congreso no es nuevo. Lo hemos hecho una y otra vez, desde todas las instancias posibles. Pero ya es hora de hablar con claridad: esta Alcaldía le quedó grande a Medellín. Su política de seguridad no funciona. Su narrativa está desconectada de la realidad. Y mientras tanto, las víctimas siguen aumentando.

No es admisible que quienes gobiernan actúen como si estos datos fueran simples estadísticas de rutina. Aquí estamos hablando de personas, de vidas, de barrios enteros que sienten que han sido abandonados. Y eso, en una ciudad como Medellín —que ha luchado tanto por superar su pasado violento— es imperdonable.

La ciudadanía ya no cree en promesas, y con razón. Medellín necesita recuperar el rumbo, y eso solo será posible con decisiones firmes, con políticas públicas reales y con un liderazgo que ponga la vida por encima de la propaganda.

Porque Medellín no aguanta un día más con esta indiferencia. Porque esta ciudad merece vivir sin miedo. Porque no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras nos matan, nos violan y nos ignoran.

Alejandro Toro

Carta de Andrés Barrios Bernal para Lyan

Querido Lyan, no sé si algún día leerás estas palabras, pero quiero aprovechar el espacio para decirte que en Colombia fuimos muchos quienes estuvimos pendientes de tu caso, incluso, orando por ti durante las últimas semanas.

Tal vez, al ser mayor, comprendas mejor lo que sucedió estos días, cuando tenías solo once años y el país entero supo tu nombre porque te arrancaron de los brazos de tu familia en Jamundí, Valle del Cauca.

 

Pero quiero que sepas algo: no fue un accidente o una retención. No fue una simple coincidencia que los violentos pudieran secuestrarte sin que nadie se los impidiera. Fue la consecuencia directa de decisiones políticas, de una estrategia de gobierno fallida y que ha confundido la paz con la rendición ante los criminales.

El actual gobierno, el de Gustavo Petro, ha elegido cerrar los ojos frente al terrorismo con la “esperanza” de que la violencia se detenga sola. Ha pactado con grupos que nunca han cumplido su palabra. A criminales les ha ofrecido ceses al fuego, mientras ellos siguen secuestrando niños (como tu), extorsionando campesinos, reclutando menores y asesinando. Y, por si fuera poco, se creará una “zona de ubicación” para integrantes de las disidencias de las FARC.

Pero a ti, Lyan, no te protegieron. Te convertiste en un rehén de su negligencia, en el rostro más inocente de una política de “Paz Total” que, en la práctica significa impunidad total.

Lo cierto es que el Estado ha abandonado su función más básica: proteger a sus ciudadanos y en especial a los menores de edad. De hecho, tus padres debieron negociar y pagar por tu liberación ante el silencio e incompetencia de quienes hoy nos gobiernan.

No se puede construir paz desde el silencio frente al crimen. No se puede hablar de justicia social (esa que tanto prometen desde la izquierda) si los más vulnerables siguen siendo las principales víctimas del conflicto. Y tú, Lyan, eres la prueba más desgarradora de eso.

Quiero creer que tras volver a casa estarás bien. Aunque sé que nada devolverá el tiempo que perdiste, el miedo que sentiste, la herida que esto dejará en ti, en tu familia y en todo un país que no puede seguir normalizando lo intolerable. También conocimos del homicidio de tu familiar, que, seguramente, dolerá, independientemente, de las diversas versiones sobre los hechos que han salido a la luz.    

Perdón, Lyan. Colombia te debe mucho más que una carta. Te debe un futuro donde ningún niño tenga que vivir lo que tú estás atravesando. Y a quienes hoy gobiernan, al petrismo, le debemos exigir que cumpla con su deber: no con más discursos cargados de ideología, sino con acciones firmes contra los delincuentes y criminales que siembran terror.

Andrés Barrios Bernal

El Caos es una escalera

Crisis en el Gobierno Petro: ya son cinco ministros y dos altos funcionarios que salen por la puerta de atrás tras denunciar presiones. Un reciente informe periodístico reveló cómo se ha vuelto costumbre que los miembros del gabinete, una vez removidos de sus cargos, expongan ante la opinión pública una serie de situaciones que evidenciarían injerencias indebidas dentro del gobierno (Infobae, 20 de mayo de 2025).

El caos institucional y político que atraviesa el gobierno del presidente Gustavo Petro no se limita al ámbito político o económico. La sostenibilidad y los objetivos ambientales también se ven seriamente comprometidos por una administración deficiente, marcada por la improvisación y la falta de cohesión. Esta inestabilidad permea todos los niveles de la gestión pública.

 

Desde el inicio de su mandato, Petro ha realizado constantes cambios en su equipo ministerial. En apenas 30 meses, se han nombrado 45 ministros en las 19 carteras existentes, algunas con hasta cuatro titulares diferentes. Esta alta rotación ha sido interpretada como síntoma de improvisación y debilidad institucional.

Uno de los temas más sensibles ha sido el proceso de paz. En 2023, el gobierno anunció un cese al fuego con varios grupos armados ilegales, incluidas disidencias de las FARC y bandas criminales. Sin embargo, el ELN negó haber acordado tregua alguna, lo que obligó al Ejecutivo a retractarse y revocar el decreto respectivo, debilitando gravemente la credibilidad del proceso.

En septiembre de 2024, un paro nacional de transportadores paralizó buena parte de la economía nacional. La protesta fue desencadenada por el alza en el precio del ACPM y los elevados costos operativos. La falta de una respuesta oportuna por parte del gobierno prolongó el conflicto y dejó en evidencia graves deficiencias en la gestión de crisis.

En el frente legislativo, Petro logró conformar una amplia coalición inicial con partidos tradicionales como el Liberal, Conservador y La U, lo que facilitó la aprobación de una ambiciosa reforma tributaria. Sin embargo, la insistencia en la controvertida reforma a la salud provocó la ruptura de la coalición en 2023, generando una pérdida significativa de apoyo en el Congreso.

A esta ruptura se suman los escándalos de corrupción, como el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde se denunció el presunto pago de sobornos a congresistas a cambio de apoyo legislativo. Este caso ha deteriorado aún más la confianza en las instituciones y ha profundizado las tensiones políticas.

Ante el bloqueo legislativo, el presidente ha optado por una estrategia de movilización ciudadana, convocando cabildos abiertos y manifestaciones para presionar al Congreso. Asimismo, ha planteado la posibilidad de convocar una asamblea nacional constituyente, generando alarma en distintos sectores sobre el rumbo democrático del país.

Por supuesto, la agenda ambiental también se ha visto impactada. El Ministerio de Ambiente, ejecuto apenas el 9,17 % del presupuesto asignado para 2024, equivalente a

$1,2 billones de pesos. Esta baja ejecución limita seriamente la capacidad del ministerio para implementar proyectos relacionados con la conservación de ecosistemas, la mitigación del cambio climático y la transición energética.

De igual manera, no se ha comprometido un solo peso de los $14.388 millones destinados al Fondo de Compensación Ambiental para apoyar a las corporaciones autónomas regionales, afectando directamente la gestión ambiental a nivel local.

Los recortes presupuestales también han impactado proyectos de infraestructura claves, como la vía Medellín–Quibdó, fundamental para el desarrollo del Chocó. Aunque el presidente se comprometió públicamente a destinar $500.000 millones para su construcción, a la fecha no se han girado los recursos y el avance del proyecto es mínimo. La falta de resultados concretos en las negociaciones con grupos armados ha puesto en riesgo compromisos ambientales en regiones estratégicas. La expiración del decreto presidencial que suspendía las operaciones ofensivas contra el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) ha generado un limbo jurídico que permite operaciones militares en zonas de alta biodiversidad, amenazando acuerdos comunitarios ya establecidos.

Un ejemplo emblemático es el del proyecto de reforestación comunitaria en Caquetá, liderado por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), que fue suspendido tras amenazas por parte de disidencias de las FARC, encabezadas por alias Calarcá Córdoba. El proyecto, que buscaba restaurar 12.000 hectáreas con la participación de 4.000 familias, fue luego presentado por dicho grupo armado como parte de su agenda de negociación con el gobierno.

A esto se suma un dato alarmante: en 2024, la deforestación en Colombia aumentó un 35 % en comparación con el año anterior, alcanzando 1.070 kilómetros cuadrados. Las causas principales: ganadería extensiva, palma aceitera e inestabilidad social, factores que impactan de manera crítica a la Amazonía colombiana.

Todo esto evidencia que no basta con que un candidato conquiste a parte del electorado con propuestas ambiciosas en temas sostenibles —o en cualquier otra área de interés ciudadano—. Es indispensable que tales propuestas estén respaldadas por liderazgo, capacidad de gestión y estabilidad institucional. Reacciones en redes sociales, discursos grandilocuentes y enfrentamientos con distintos sectores sociales no son, por sí solos, una estrategia de gobierno.

Esto nos lleva a preguntarnos no cuál es el objetivo de este caos, sino cuáles serán sus consecuencias.

“El caos no es un pozo. El caos es una escalera.”

— Petyr Baelish (Meñique), Game of Thrones (2013)

Juan Camilo Clavijo

La propuesta federal

La Misión de Organización Electoral (MOE) (@moecolombia) reseña que solamente 16 mujeres en la historia electoral criolla se han postulado con las intensiones de ser las primeras mandatarias de los colombianos, ejercicio que se viene reviviendo en los últimos meses con la potente presencia de figuras femeninas de todas las líneas ideológicas para agitar las urnas en el 2026.

Para la muestra, candidatas de izquierda como la actual vicepresidenta, Francia Márquez (@franciamarquezm), que sin querer queriendo se posiciona en las variadas encuestas, en las que sus puntos de favorabilidad van acompañados de un síntoma discursivo similar al de su jefe político, el presidente Gustavo Petro. Seguramente su capital electoral del sur occidente colombiano la respaldarán.
Por los lados derechos, sin lugar a dudas, la pre candidata, Paloma Valencia (@PalomaValenciaL) se ganó un fuerte impacto entre la opinión pública y los generadores de opinión tras liderar la caída de la Consulta Popular promovida por el Gobierno y su sequito de senadores.

 

Estoy seguro que las próximas encuestas la posicionarán aún más y seguramente tendrá porcentajes a favor en la consulta interna del Centro Democrático.

A propósito de la acalorada y temprana carrera por la presidencia, una ex colega e independiente como Vicky Dávila (@VickyDavilaH) sigue posicionada en las encuestas de cualquier marca estadística demostrando que su anhelo sigue latente. En este sentido, dicen los analistas políticos que la periodista ahora candidata puede tener a futuro el respaldo del todo poderoso, Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel), unción nada despreciable a la hora de un cabeza a cabeza a finales de una agresiva contienda electoral como la vivida.

Paralelamente, y producto del ánimo electoral en los recientes días apareció la propuesta del Movimiento por firmas, Unión Federal por la Equidad (UFE), encabezado por Martha Viviana Bernal (@MarthaVivianaB3), 37 años de edad, madre separada, como muchas mujeres criando un hermoso hijo, abogada de profesión, con toda las ganas e intenciones de empezar esta titánica odisea de ser pre candidata y a futuro candidata presidencial, si como lo dicta nuestra norma electoral consigue recolectar más de 50 mil originales rubricas.

Dice ella que: “proponemos un modelo federal donde sean las regiones autónomas para definir sus recursos y, digamos como tal, sus políticas, sin olvidar que van a tener una línea técnica por parte del gobierno central. No es que vayan a ser repúblicas independientes”. Siento que más allá del discurso, la oratoria, la retórica política la democracia participativa sigue en pleno furor por el bien de nuestra democracia.

Ideas, de centro, derecha, izquierda, independientes o federales despiertan, especialmente desde las mujeres, la oportunidad de escuchar diversas propuestas que deben ser encaminadas a propender por el bienestar de más de 50 millones de compatriotas. He venido insistiendo desde esta ventana editorial que las mujeres están de moda en la “cosa política”, lo que puede significar que por primera vez en la historia nuestro país puede abrirle una oportunidad al sexó más fuerte: ¡las mujeres! “todavía falta trabajar más por la paridad, sobretodo, y como lo acabamos de ver, en cargos para la Presidencia de la República”, recuerda la directora de la (MOE), Alejandra Barrios. Los tiempos electorales tienen la última palabra.

Edgar Martínez Méndez

El talento humano: la transformación más urgente en el corazón empresarial del Tolima

Durante décadas, el desarrollo económico del Tolima ha estado ligado a sectores tradicionales como la agricultura, el comercio y los servicios. Ahora bien, en el nuevo panorama económico, lo que hoy define la competitividad no es solo la infraestructura o la tecnología, sino el talento humano. Esa fuerza silenciosa que mueve las organizaciones, toma decisiones, innova y transforma.

Como gerente de una entidad con presencia nacional, he tenido el privilegio de recorrer distintas regiones del país y comprobar que cada territorio tiene una energía particular, un pulso propio. En el caso del Tolima, ese pulso se siente en su gente, en su resiliencia y en su capacidad para emprender, incluso en contextos desafiantes.

 

Es precisamente esa vocación emprendedora la que convierte al departamento en un terreno fértil para el desarrollo del talento humano. Según cifras del índice de innovación, el Tolima ocupa el puesto 11 entre 32 ciudades del país, un dato que, aunque puede parecer intermedio, representa una oportunidad inmensa si se enfoca en fortalecer a las personas detrás de cada idea, negocio o emprendimiento.

En Coasmedas, estamos convencidos de que el desarrollo económico sostenible comienza con una gestión humana consciente, empática y adaptativa. Por eso promovemos espacios como el Segundo Congreso de Tendencias y Transformaciones, que se celebrará próximamente en Ibagué, como una forma de escuchar, aportar y conectarnos con los desafíos reales de los líderes regionales.

Creemos que el talento humano es el activo más valioso de cualquier organización. En Coasmedas trabajamos para anticipar los cambios del entorno laboral y acompañar a las empresas en procesos de transformación que generen bienestar y competitividad”

Como conocedor y oriundo del Tolima, tengo un profundo respeto por su historia, su cultura y su potencial. Esta columna no busca dar lecciones, sino sumar una voz que cree firmemente en el poder de las regiones para transformar el país, siempre que pongamos en el centro a las personas.

Invito a empresarios, líderes y actores del ecosistema a hacer del Tolima un modelo de gestión humana con propósito. Porque cuando florece el talento, florece todo lo demás.

Carlos Herrán Perdomo

Gerente General de Coasmedas

Los nuevos valores

La sociedad actual es una sociedad de antivalores, o quizás de nuevos valores que riñen con los valores de antaño. Los valores de pasado están fuera de contexto, per se resultan inconvenientes. Se encienden luminarias al mejor postor, se admira al bellaco, al contumaz y al tramposo, lo importante es escalar sin importar a costa de qué o de quién. Hay quienes desafían las leyes de la gravedad y caen de para arriba, otros dirán, caen parados. La justicia se convirtió en rey de burlas, todo se justifica y encuentra sentido a punta de “nuevas narrativas”, acepción con la que se justifican falsedades que quieren convertir en verdades.

Son tiempos en los que la disciplina, el esfuerzo, el trabajo, el mérito, el celo, el coraje, la fuerza, el rigor, la sabiduría pasan a segundo plano porque se impone la narrativa propia, la que cada quien desee construir. No hay unas cuántas éticas, hay una ética para cada quien. El relativismo moral prevalece, todo es aceptado y tolerado, bajo argumentos falaces apoyados en la libertad avenida en libertinaje y el progreso distorsionado en progresismo. Deben revaluarse la cadena de valores vigente que tiene eslabones que antes de ser rutilantes son cieno. Existe una elasticidad ética, si el término aplica. Todo se vale, todo se puede, todo es permitido; no hay problema con el hecho de que los líderes profesen valores que distan mucho del ideal griego clásico de la virtud. Esta última escasea.

 

Se le rinde culto a la inconstancia, al fanatismo, a la blandura, a la debilidad, al lloriqueo y a la falta de carácter. Bien lo sentenció un célebre premio Nobel “Sólo los idiotas no cambian de parecer”. Todo es válido. El triunfo no importa, porque todos son ganadores, organizan eventos atléticos con medallas para todos, olvidaron que después del primero todos son perdedores. La ética imperante: Todos tienen derecho a todo, así no tengan mérito para ello, por eso hoy duele más la muerte del delincuente que la del policía. En las escuelas nadie reprueba porque todos tienen que aprobar, el problema no es del alumno, es del docente que no logra que el desjuiciado aprenda. “Lo que Natura no presta, Salamanca no da” no opera en estos tiempos.  De allí que la mediocridad se haya enquistado y se ataque al sobresaliente. La meritocracia es mera retórica. El más bulloso, el más llorón, el que se victimiza, ganan.

Se confunde lo masculino con lo femenino, los muchachos de las nuevas generaciones son feminizados, mientras muchas jóvenes se virilizan. El vigor físico y mental no son relevantes, porque ser débil y flojo es virtud. Abundan los veinteañeros mantenidos por su parentela que no lavan un plato en casa, que jamás recibieron un fuetazo porque eso iba en contra de su dignidad ¿Qué de bueno le espera al mundo con jóvenes cuyo sentido de la vida es el placer de estar echados en un sillón pegados a un videojuego?

Razón tenía quien dijo que los tiempos difíciles crea hombres duros, y los tiempos fáciles crean hombres débiles. Hablar con propiedad, con firmeza, decir la verdad resultan lesivos y sin empatía. Los profesores se volvieron recreacionistas que no pueden exigir a sus estudiantes porque los trauman. Una sociedad con tanta gente débil no podrá jamás prosperar. Hay muchachos que duermen hasta las 10 u 11 de la mañana y se despiertan a pedir desayuno para seguir con la siesta. Así es imposible creer en un futuro mejor. Las mejores generaciones sin lugar a duda, fueron las de los nacidos en las tres cuartas partes del siglo XX. Quizás son las mejores de la historia con todo y guerras permanentes. El temor al Eterno desapareció, cada quien puede tener su D-os porque todos son bienvenidos bajo las consignas de la nueva era y del odio colectivo hacia la religión. La vida no es un video juego que pueden instalar y desinstalar.

León SandovalFerreira

La IA en los procesos de auditoría fiscal

La revolución de las tecnologías de la información, ha desarrollado un campo moderno de acción conocido como inteligencia artificial –IA-, que envuelve diferentes procesos relacionados con el procesamiento de datos, interacción con reglas matemáticas y algoritmos que, pueden ser utilizados de manera eficiente en los procesos de auditoría, reduciendo de esta manera sus costos, generando mayores beneficios, posibilidades de automatización de tareas y reduciendo tiempos, pero, todo eso puede ser posible si se establecen reglas claras, transparentes y confiables, para el uso adecuado de estas herramientas tecnológicas.

No hay duda que, la IA, se consolida como una herramienta de innovación disruptiva en el control fiscal, siendo la alta dirección de los organismos de control, los responsables de promover el establecimiento de la IA en sus procesos de fiscalización, mediante la aplicación de la misma en las auditorias llevadas a cabo a los sujetos auditables, gestores y responsables fiscales, en la ejecución de los recursos del presupuesto general de la nación, recursos que, deben ser auditados de forma oportuna y eficiente en aras de evitar la pérdida de los mismos, o, en su defecto, responsabilizar a quien corresponda, frente a la existencia de daño en bien gubernamental.

 

Si bien, la IA, puede convertirse en un agente revolucionario que pueda generar valor agregado en el campo de la auditoría fiscal, que puede facilitar el procesamiento de datos en corto tiempo, suministrando información precisa para los entes de control, hay que tener en cuenta que, son los equipos auditores de las contralorías, quienes deben, mediante el uso y aplicabilidad de esta herramienta tecnológica, fortalecer el proceso de toma de decisiones, a través de un análisis riguroso de la información, de manera tal, que permita validar y emitir conceptos

más acertados y objetivos en lo que al proceso de responsabilidad fiscal y disciplinario se refiere.

Lo anterior, se resume en articular de manera eficiente los recursos tanto tecnológicos como humanos, para generar valor añadido al proceso de fiscalización en sí, haciendo visible la incidencia de la revolución 5.0, encaminada a aumentar la transformación digital y generar una oportunidad en la forma de hacer fiscalización en un entorno colaborativo entre funcionarios, máquinas y sistemas dentro de un ecosistema digital de inteligencia artificial-IA-, encaminado a la modernización del Estado, mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas.

Así pues, este modelo “binario”, tecnología-funcionarios, permite que los profesionales de las áreas fiscales de los órganos de control, puedan tener la oportunidad de prepararse para enfrentar los procesos judiciales mediante el sistema experto como el mencionado por el profesor Orión Vargas Vélez “Juez Inteligente”, el cual los asiste en la predicción de la valoración judicial que, con base en la prueba mediada por algoritmos, pueda ser plasmada en una sentencia judicial más efectiva y pronta.

En ese contexto, la IA incorporaría novedades a la gestión fiscal como la automatización en la vigilancia de expedientes, obteniendo bondades como la detección temprana de anomalías y la reducción de errores en los procesos. Asimismo, facilitaría el análisis de riesgos mediante el aprendizaje supervisado, mejorando la capacidad analítica de las entidades de control. Además, la integración de información de múltiples sistemas optimizaría la toma de decisiones y fortalecería la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Según Luis Ernesto Bocanegra (2022), la “IA es crucial en el proceso de responsabilidad fiscal ya que permite predecir la evasión fiscal y monitorear licitaciones sospechosas, mejorando la detección de malas prácticas y corrupción”.

Además, facilita el análisis de datos históricos y la identificación de patrones de comportamiento en los procesos de responsabilidad fiscal. Esto contribuye a una gestión más eficiente y transparente por parte de las entidades de control.

No obstante, es importante y muy relevante entender las diferentes posturas frente a los retos y desafíos que representa la implementación de la IA en los sistemas, procesos y procedimientos de fiscalización propios de la contraloría general y territoriales, donde hubiere, máxime, cuando solo existe un compromiso para avanzar en la regulación y apropiación de la IA por parte de los países y organismos multilaterales regionales; actores dinamizadores de este tema.

Las Contralorías, deben adaptarse a los cambios tecnológicos, los profesionales que se desempeñan en áreas de auditorías tienen la obligación de responder a los avances tecnológicos, mejorando sus destrezas y capacidades para producir informes de calidad en el menor tiempo posible, que permitan controlar los riesgos de corrupción con eficacia y eficiencia.

Automatizar las tareas de los profesionales de auditorías, les permite aprovechar mejor el tiempo para analizar, interpretar, emitir conceptos con mayor fidelidad y calidad, por ello, es decisivo avanzar en el uso de herramientas de IA. Es urgente que el Congreso de la República de Colombia, avance en la aprobación de una Ley que reglamente el uso adecuado de estas tecnologías para que se garantice la transparencia, los desafíos éticos, controles y vigilancias que deban existir en el manejo y uso de esta información, sus limitaciones y mitigar sus riesgos.

*Roger Carrillo Campo.

Economista, Posgrado en Economía Pública. Máster en Estudios Políticos Aplicados.

Colombia, China y la Ruta de la Seda

El reciente viaje del presidente Gustavo Petro a China en mayo de 2025 marcó un hito en la política exterior de Colombia: por primera vez, nuestro país firmó un memorando de entendimiento para unirse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, también conocida como la Nueva Ruta de la Seda, impulsada por el gobierno chino desde 2013. Este paso, poco resaltado por los grandes medios nacionales, puede representar uno de los virajes geopolíticos y económicos más importantes en la historia reciente del país.

La Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) es un megaproyecto de infraestructura, conectividad y cooperación internacional liderado por China, que busca recrear las antiguas rutas comerciales entre Asia, Europa, África y, más recientemente, América Latina. A través de inversiones en ferrocarriles, puertos, carreteras, telecomunicaciones y energía, China ha establecido acuerdos con más de 150 países, incluyendo más de 20 en América Latina.

 

Más allá de los números —que son impresionantes, con más de un billón de dólares invertidos globalmente—, la BRI representa un cambio en el orden multipolar emergente, donde el sur global busca caminos alternativos al modelo impuesto por las potencias occidentales. Es también una forma en la que los países pueden acceder a financiamiento no condicionado, en contraste con los esquemas tradicionales del FMI y el Banco Mundial.

En un contexto marcado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y en medio de una creciente polarización geopolítica, Colombia sigue siendo altamente dependiente de EE.UU., tanto en comercio exterior como en lineamientos diplomáticos y militares. Más del 25% de nuestras exportaciones van a ese país, mientras que China, siendo ya el segundo socio comercial más importante, no había sido incluido de forma estratégica en nuestra política de Estado.

La adhesión a la Ruta de la Seda abre posibilidades concretas:

  • Durante su visita, el presidente Petro anunció la intención de desarrollar un proyecto de infraestructura que conecte el Atlántico y el Pacífico colombianos, mediante un canal o ferrocarril de 120 kilómetros, facilitando el comercio entre Sudamérica y Asia. Este proyecto podría recibir apoyo del Banco de Desarrollo de los BRICS, al cual Colombia ha solicitado unirse con una inversión de $512 millones de dólares en acciones .
  • China ha liderado proyectos de fibra óptica, energías limpias y transferencia tecnológica en países como Argentina, Chile o Bolivia. Colombia, con su enorme brecha digital, podría beneficiarse enormemente de estos intercambios.
  • El comercio con Asia es cada vez más dinámico. A través del BRI, se abren oportunidades para productos agrícolas, industriales y servicios colombianos que hoy no encuentran acceso fluido a mercados alternativos al estadounidense o europeo.
  • En un momento de transición global, Colombia puede jugar un papel relevante en un nuevo equilibrio internacional, menos subordinado y más diverso en sus alianzas.

Colombia llega tarde, pero a tiempo. Ya son varios los países latinoamericanos que se han integrado a la BRI: Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela, por mencionar algunos. En Argentina, por ejemplo, la BRI ha permitido inversiones para modernizar el sistema ferroviario de carga y la construcción de centrales hidroeléctricas. En Perú, la firma china Cosco Shipping construyó el megapuerto de Chancay, que promete ser un hub regional para el comercio con Asia.

No obstante, esta apuesta no está exenta de desafíos que deben ser observados con atención. En primer lugar, es crucial garantizar la soberanía y la transparencia, ya que algunos países han señalado que los contratos con empresas chinas pueden carecer de los estándares adecuados; por ello, los proyectos que se desarrollen en Colombia bajo el marco de la Ruta de la Seda deben ajustarse plenamente a la normatividad nacional, a principios de sostenibilidad y a una participación ciudadana efectiva. En segundo lugar, la sostenibilidad ambiental debe ser una prioridad: aunque China ha promovido la idea de una “Ruta Verde de la Seda”, en varios casos los megaproyectos han generado impactos negativos en ecosistemas y territorios indígenas, algo que Colombia debe evitar a toda costa. Y, en tercer lugar, este nuevo alineamiento geopolítico exige una diplomacia madura que le permita al país mantener relaciones constructivas tanto con China como con Estados Unidos, sin subordinar su política exterior a intereses foráneos.

La adhesión de Colombia a la Ruta de la Seda debe entenderse como una apuesta por la diversificación, la autonomía y la inserción en un nuevo orden internacional. En un mundo en transformación, donde el unilateralismo da paso al multilateralismo, este tipo de decisiones estratégicas pueden marcar la diferencia entre la dependencia y la soberanía, entre la repetición de modelos fallidos y la construcción de alternativas propias.

Colombia no puede quedarse al margen de los grandes procesos globales. Sumarse a la Franja y la Ruta es dar un paso hacia adelante en ese camino.

Quena Ribadeneira