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Migración climática: una crisis silenciosa que toma fuerza en América Latina

Escrito por Columnista en May 21, 2025. Publicado en Opinión.

Una de las realidades más desafiantes que enfrenta la humanidad es el cambio climático, y América Latina se encuentra entre las regiones más vulnerables debido a su limitada capacidad de adaptación y respuesta.

Lo que antes eran relatos lejanos de sequías o inundaciones hoy son historias cotidianas. Familias enteras empacan lo poco que les queda, niños dejan las escuelas porque ya no hay agua y comunidades ancestrales desaparecen del mapa tras un huracán o el desecamiento de un río. La migración climática ya está aquí y, sin embargo, seguimos tratándola como un problema del futuro.

Las cifras son cada vez más alarmantes y, en muchos casos, ignoradas. El Banco Mundial estima que, para 2050, 17 millones de latinoamericanos podrían verse forzados a desplazarse dentro de sus países debido a causas climáticas. Pero los desplazados están más cerca de lo que imaginamos: son los campesinos del Corredor Seco Centroamericano, donde las cosechas se han reducido a la mitad en la última década; son los pescadores de Chiloé, en Chile, cuyas playas desaparecen por la erosión costera; y son los indígenas Wayúu en La Guajira, quienes caminan días en busca de un pozo de agua.

En 2020, los huracanes Eta e Iota no solo arrasaron pueblos enteros en Honduras y Nicaragua, sino que también dejaron una lección sobre lo repentino y devastador del cambio climático. Medio millón de personas quedaron desplazadas, muchas de ellas hacinadas en ciudades que ya no pueden absorber más población, exacerbando sus problemas ambientales, sociales, políticos y económicos.

Uno de los puntos más críticos de esta crisis es la falta de reconocimiento legal para los migrantes climáticos. Actualmente, no existe una figura de protección internacional para quienes se ven obligados a huir debido a desastres ambientales. A diferencia de los refugiados políticos, los desplazados climáticos carecen de un estatus legal que les garantice derechos y asistencia. Mientras Europa debate acuerdos para reubicar a afectados por desastres naturales, en América Latina el tema sigue sin claridad ni precisión. ¿Cuántos gobiernos han incorporado el desplazamiento climático en sus políticas migratorias? Casi ninguno.

Aún más preocupante es la falta de preparación de las ciudades para recibir a estos migrantes. América Latina enfrenta un problema que crece más rápido que su capacidad urbana: el 30% de su población ya vive en asentamientos precarios (ONU-Hábitat, 2023), y cada año llegan miles más, empujados por sequías, inundaciones y huracanes.

Las cifras hablan por sí solas: Lima, una ciudad desértica, recibe 40,000 migrantes climáticos anuales, mientras el 40% de su población lucha por acceder al agua (INEI, 2023). Bogotá enfrenta la presión de 1.2 millones de desplazados y un déficit de 320,000 viviendas (ACNUR, 2023). Ciudad de México, por su parte, se hunde mientras absorbe a campesinos de zonas secas, extrayendo el 60% de su agua de fuentes sobreexplotadas (UNAM, 2023).

El resultado es un cóctel explosivo: el 80% de estos migrantes termina en barrios marginales, el 25% de sus jóvenes es reclutado por pandillas y el 60% de los conflictos sociales están relacionados con la escasez de recursos. Las ciudades latinoamericanas no están esperando el impacto climático: ya lo están pagando. La pregunta es cuánto más podrán resistir.

Es urgente tomar medidas. Se necesitan procesos de reconocimiento legal para la protección temporal de los desplazados climáticos, fondos dirigidos a la adaptación, la prevención y la gestión del riesgo, así como políticas que prioricen los derechos humanos de quienes han perdido sus hogares debido al clima.

América Latina tiene una elección: actuar ahora con políticas claras o esperar a que la crisis climática se convierta en la mayor catástrofe humanitaria de nuestra región. El momento de decidir es hoy.

Por: Angie Tatiana Ortega Ramírez, docente del programa de Ingeniería Química de la Universidad de América

Por algo mi corazón late a la izquierda

Escrito por Marcela Clavijo en May 20, 2025. Publicado en Opinión.

El comienzo de esta semana nos recibió con una noticia profundamente dolorosa para quienes creemos en la dignidad, la justicia social y la política hecha con el alma: falleció José “Pepe” Mujica.

El tupamaro. El campesino. El presidente austero. Murió una semana antes de cumplir 90 años. Entre 2010 y 2015 fue presidente de Uruguay y cambió los esquemas tradicionales del poder. Al asumir, renunció a los privilegios. No por obligación, sino por convicción. Su casa humilde, su huerta, su viejo Volkswagen azul, su salario donado a causas sociales: todo hablaba de él más que cualquier discurso. Le llamaron “el presidente pobre”, pero él lo dijo mejor: “No soy pobre, soy sobrio. Preciso poco para vivir.”

Junto a su compañera de vida, Lucía Topolansky, compartió no solo el amor, sino también la lucha. Se conocieron en la militancia, en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Ambos fueron clandestinos, encarcelados, sobrevivientes. No tuvieron hijos, pero su legado es inmenso. Mujica fue ejemplo de integridad, y de esa rara coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entendió —y nos enseñó— que lo importante es ser por lo que se piensa, no por lo que se aparenta.

Hoy, mientras lo despedimos con admiración y respeto, en Colombia vivimos una escena que duele desde otro lugar: el desprecio por la democracia. En plena discusión de una reforma laboral que podría dignificar la vida de millones, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, cerró una votación de forma arbitraria. Gritos, manoteos, trampas. El tablero decía una cosa, pero se impuso otra. Hundieron la consulta popular con caos y sin vergüenza. Y mientras eso pasaba, la derecha celebraba.

Celebraban quienes representan intereses de unos pocos: grandes extractores, multinacionales, enemigos del agua y del trabajo digno. Esos que no creen que el planeta se agota, pero ya estarían comprando pasajes a Marte si supieran que aquí ya no se podrá vivir.

La política necesita mesura, coherencia y compostura. No se trata de ganar por ganar, sino de cómo se gana. Por más que el presidente actual construya alianzas con los BRICS, lidere la CELAC y proponga modelos desde el sur global, acá adentro hay quienes solo se dedican a sabotear.

¿Con qué confianza se puede esperar algo distinto del Congreso? Quedan menos de 37 días. ¿Habrá voluntad para rescatar la reforma? ¿Escucharán a los trabajadores, a las madres cabeza de hogar, a los jóvenes que sobreviven en la informalidad? Colombia necesita una reforma laboral real. Esto va más allá de un gobierno: se trata del futuro. Del derecho a trabajar con dignidad. Solo eso.

Hoy se fue un gran hombre. Y mientras se nos van los buenos y las buenas, aquí seguimos luchando por quedarnos en el lado correcto de la historia. Por algo, mi corazón late a la izquierda.

Marcela Clavijo

Hundimiento de la consulta popular laboral

Escrito por Luis Fernando Ulloa en May 20, 2025. Publicado en Opinión.

El pasado 14 de mayo de 2025, el Senado colombiano protagonizó una jornada determinante para el futuro político del gobierno de Gustavo Petro. Con una votación de 49 contra 47, se hundió la consulta popular laboral promovida por el Ejecutivo, diseñada no solo para respaldar reformas como la jornada laboral de ocho horas y recargos dominicales, sino también como un motor anticipado de campaña electoral de cara a 2026. Desde el exterior, Petro lo denunció como un fraude y llamó al “pueblo” a movilizarse en cabildos populares, mientras el Congreso reabrió el debate sobre la reforma laboral.

El hundimiento de la consulta refleja un error estratégico del gobierno, en la medida que el ministro del interior Armando Benedetti se estrena con su primera gran derrota a 2,5 meses de su nombramiento. Aunque la estrategia política estuvo bien planteada, el ministro no vigiló los votos con la concentración que debe tener un jugador de ajedrez sobre sus fichas, como es el caso de la senadora Martha Peralta -quien estaba tras bastidores-, Richard Fuelantala -petrista indeciso- o Temístocles Ortega -con su ineficaz objeción de conciencia invalidada por Cambio Radical- no cumplieron con su voto, y el descontrol sobre el polémico voto del senador Edgar Díaz, intensificaron el clima de polarización, aunque no modificaron el resultado. La abstención de figuras bisagras como la centrista Angélica Lozano también reflejó la debilidad de las alianzas progresistas y el bloque de oposición se mostró sólido, mientras que el oficialismo no logró cohesionar sus aliados ni asegurar los votos necesarios.

Dese luego, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aparece como uno de los grandes perdedores. Su estrategia falló al intentar movilizar apoyos mediante negociaciones cuestionadas, dañando aún más la imagen del gobierno en materia de transparencia. El Pacto Histórico, lejos de consolidar su liderazgo en el Congreso, exhibe fragmentación interna y una desconexión con sectores del centro político e indígena, lo que complica el trámite de cualquier reforma estructural en lo que resta del periodo legislativo.

Por el lado de la oposición, si bien salió victoriosa en esta coyuntura, enfrenta ahora la presión de sectores sociales y sindicales para aprobar una reforma laboral en tiempo récord. Esto le impone la responsabilidad de demostrar que no solo puede bloquear iniciativas, sino también construir alternativas.

Petro intenta mantener viva la llama de su proyecto reformista con un nuevo impulso a la consulta, ahora incluyendo temas como el acceso a medicamentos. Sin embargo, su capacidad para avanzar dependerá de dos factores clave: el respaldo popular sostenido en las calles y su habilidad para tender puentes en un Congreso adverso. La apuesta por la confrontación puede ampliar su base militante, pero también puede profundizar la fatiga ciudadana ante la constante polarización institucional.

En este contexto, la consulta popular se develó no como un simple mecanismo participativo, sino como el eje de una estrategia electoral temprana y en consecuencia, su hundimiento deja al gobierno sin una narrativa movilizadora clara, mientras la oposición fortalece su papel como contrapeso legislativo. Lo que indica que el poder Ejecutivo se radicaliza discursivamente, mientras el Legislativo se atrinchera, generando un bloqueo que marcará el tono del próximo ciclo electoral.

En conclusión, el gobierno reconfigura su estrategia hacia la movilización social permanente, usando figuras participativas como los cabildos, aunque estas tienen un alcance jurídico limitado y todo deberá regresar al congreso para su aprobación. El éxito o fracaso del presidente Petro para recomponer alianzas y canalizar el descontento social en propuestas viables será decisivo para el futuro del Pacto Histórico, cuya permanencia política depende hoy más de la capacidad de construir acuerdos que de apelar a la movilización, pero, de seguir en este camino llevarán al país hacia una etapa crítica de gobernabilidad, donde el riesgo es que el pulso entre la calle y la institucionalidad deje sin rumbo el curso de Colombia hasta las elecciones de 2026.

Luis Fernando Ulloa

Ironía de OPS

Escrito por Simón Gaviria en May 20, 2025. Publicado en Opinión.

Foto: iStock

El trabajo debía ser el corazón de la “economía para la vida” del gobierno Petro. La promesa era clara: dignificar al trabajador, reducir la informalidad y desmontar progresivamente figuras como las órdenes de prestación de servicios (OPS). Sin embargo, el balance hasta ahora arroja una paradoja: mientras el discurso apunta a la justicia social, en la práctica se consolidan modelos que ofrecen las menores garantías laborales. Se hace campana en poesía, pero se gobierna en prosa. La OPS le ofrece al gobierno la posibilidad de contratar la mayor cantidad de activistas. Probablemente, la promesa electoral de 2022 se ha desdibujado ante la presión de lograr la victoria en 2026.

Según datos de Función Pública, el número de empleados estatales contratados por OPS en 2022 era de aproximadamente 120 mil; en 2024, esa cifra superó los 150 mil. Más de un tercio de ellos están vinculados directamente a entidades del orden nacional, muchas dirigidas por funcionarios que se declaran abiertamente “defensores del trabajador.” Según la denuncia de Mauricio Cárdenas, basada en datos del SECOP, el incremento en 2025 es aún más drástico: solo en los dos primeros meses del año ya se registran más de 140 mil contratistas.

La OPS es una forma de tercerización laboral dentro del propio Estado. En teoría, debería usarse solo para facilitar labores no misionales de las entidades. Sin embargo, un trabajador contratado bajo esta modalidad no tiene derecho a cesantías, prima, vacaciones pagas, estabilidad ni protección en salud ocupacional. Lo más grave es que esta figura, originalmente diseñada para misiones especializadas y de corto plazo, se ha convertido en la forma habitual de contratación del estado. En el gobierno del “cambio”, lejos de desaparecer, se ha normalizado aún más.

Esta contradicción tiene al menos tres implicaciones graves. Primero, deslegitima el discurso oficial sobre trabajo decente. ¿Con qué autoridad puede el gobierno exigirle al sector privado formalizar sus trabajadores si él mismo terceriza de forma masiva? Segundo, deteriora la calidad del servicio público: un trabajador sin estabilidad ni garantías tiene menos incentivos para capacitarse, innovar o denunciar prácticas irregulares. Tercero, amplía la precarización del mercado laboral colombiano. Atrás quedaron las promesas de vincular al trabajador estatal a la nómina.

Este fenómeno también se conecta con el pobre desempeño del mercado laboral. La tasa de desempleo cerró 2024 por encima del 10%, y la informalidad urbana supera el 45%. Es decir, no solo hay pocos empleos, sino que la mayoría de ellos son precarios. Y si el Estado no lidera con el ejemplo, ¿quién lo hará? El resultado es un sistema esquizofrénico: retórica progresista con prácticas clientelistas. Un Estado que quiere ser empleador ejemplar, pero paga con contratos de tres meses.

¿La solución? No es fácil, pero sí urgente. Es necesario crear un estatuto laboral para el contratista estatal, con garantías mínimas y protección social. Y, sobre todo, ha llegado el momento de que el Estado colombiano abandone el doble discurso: no se puede hablar de justicia social mientras se reproduce la precariedad desde el poder. Si el trabajo es la base del contrato social, el Estado debe ser su primer garante, no su primer infractor.

Simón Gaviria Muñoz

Javier Milei, el fracaso… que no fue

Escrito por Jefferson Mena en May 20, 2025. Publicado en Opinión.

Cuando Milei ganó las elecciones en 2023 a la presidencia en Argentina, donde se enfrentó en su calidad de outsider al candidato del Kirchnerismo y al del PRO liderado por el expresidente Mauricio Macri, en Colombia ya se empezaban a cuestionar las ideas que el recién presidente electo defendía. Los comentaristas políticos y los generadores de opinión dirigieron sus antenas a este nuevo fenómeno asegurando que sus ideas eran tan extremas, que nunca tendrían éxito. Y que su experimento económico llevaría a Argentina a una segura nueva desilusión.

Los principales medios de comunicación de este país, dedicaban horas a criticar lo que llamaban extravagancias del nuevo presidente; y tanto los expertos en economía como los pseudos expertos, coincidían en que era poco probable que alguna de sus teorías económicas pudiese ser solución de largo aliento a la ya, muy maltrecha economía Argentina.

Pero después de casi 18 meses en el poder, las cifras de los logros de la administración Argentina hablan por sí solas; veamos.

Cuando Milei asumió el poder, la inflación de ese país se ubicaba en el 25,4%; a los dos meses de su gobierno, es decir febrero de 2024, la misma se redujo hasta llegar al 13,24% y para diciembre del mismo año bajo hasta el 2,70%. Para Abril de este año la inflación está en el 2,7%.

En términos de pobreza, antes de la llegada de Milei, la Argentina registraba índices que alcanzaban el 57% de pobres y el 10% en indigentes, hoy la pobreza representa el 38,1% y la indigencia bajo al 3,6% y sigue bajando, es decir más de 10 millones de argentinos salieron de la pobreza.

Este año el gobierno bajo la dirección del presidente y con la disciplina de su ministro de Economía, tomó la decisión de eliminar el sistema que permitía controlar la compra y venta de divisas internacionales (cepo cambiario), especialmente el dólar; esta medida permitía proteger las reservas del Banco Central, las cuales se volvieron inexistentes por las medidas económicas tomadas especialmente bajo los mandatos presidenciales de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Con la eliminación de esta herramienta que distorsionaba la macro economía del país del sur, el gobierno estableció lo que se conoce como banda cambiaria, la cual consiste en establecer un techo y un piso en el precio de la divisa, limitando al máximo la injerencia del Estado en el comportamiento de la misma.

Otras de las drásticas medidas que tomó el exitoso presidente argentino, fue la eliminación de la posibilidad de que el Banco Central siguiera imprimiendo billetes y estableció la regla fiscal, la cual consta del compromiso de que el Gobierno nunca debe gastar más de lo que recauda, y para asegurar un gobierno eficiente, se tomó la decisión de reducir el tamaño del mismo, quitando y bajando tasas impositivas y mermando de manera drástica el gasto interno.

Y como si lo anterior fuera poco, las predicciones económicas apuntan que este año la economía Argentina crecerá en índices superiores al 5%, convirtiéndose en la de mayor crecimiento en la región.

Hoy Milei cuenta con una popularidad que lo está llevando a ganarle a sus políticos, incluso aquellos que fueron sus aliados al inicio de su gobierno; su popularidad está en márgenes superiores al 55% y en las elecciones que se están llevando a cabo este año en Argentina se ha coronado como el triunfador solitario; solo el pasado fin de semana, logró quedarse con el primer lugar en la elección de los legisladores de Buenos Aires y se apunta a ser el ganador indiscutible de las elecciones legislativas en octubre de este año.

Tal parece que la predicción de la mayoría de los opinadores, expertos económicos y pseudos economistas, que presagiaban una debacle para la economía argentina y el gobierno del hoy presidente, no se dio. Lo que demuestra que muchas veces se habla más con el deseo que con la razón.

Jeferson Mena Sánchez

Oclocracia

Escrito por Jaime Arango en May 19, 2025. Publicado en Opinión.

Fue Polibio, en Historias, quien definió la oclocracia, pero Aristoteles y Platón ya habían discutido el concepto. Es el gobierno de la plebe. El término es la combinación de ochlos (multitud) y kratia (gobierno). Es la forma más corrupta de la democracia. Es el estadio final de la democracia.

La Oclocracia carece de propósito, es un espacio gris en el que se confunden la violencia, la ineptitud, la codicia, el miedo y la ignorancia. Es el lumpen del que Lenin abominaba porque era reaccionario y contrarrevolucionario. La Oclocracia no es un gobierno del pueblo porque el lumpen no es una clase social sino una manera de ser, el lumpen es arribista, incivil, caótico y tirano, es una caricatura de oligarquía y la némesis de la aristocracia, es la negación de la ilustración y la racionalidad.

Polibio fue el padre del determinismo en política y según su teoría de la Anaciclosis, necesariamente a una democracia sucedería una oclocracia, pero no es así. La tiranía del lumpen puede suceder en cualquier momento, después del derrumbe de una oligarquía, o de una monarquía, o del colapso de una república. Oclocracia fue el régimen Peronista, el Reinado del Terror entre1793 y 1794 en Francia, la comuna de París en 1871, la Kristallnacht en Alemania en 1938. Es el régimen chavista y el Talibán y desde 2022, es la forma de gobierno de la antigua república de Colombia.

El Estallido Social, esa etiqueta de género carnavalesco, de promoción de mercancía de contrabando, es el inicio de la lumpenazación del poder en Colombia. Los eventos relacionados con esa marca política, como la decapitación de un motociclista, la muerte de bebes en ambulancias bloqueadas, el linchamiento de un funcionario de la fiscalía, el asesinato de policías fuera de servicio, el asalto a propiedades privadas, la violación y el saqueo, dieron forma a un relato político que legitimó la captura del poder por un lumpen que expulsó a los ciudadanos de la sociedad civil y reemplazó a la mítica “vanguardia revolucionaria” por el crimen organizado. La plebe no es el “poder constituyente” que inventó Toni Negri y es lo contrario de la comunidad de ciudadanos libres que es el fundamento de la democracia.

La característica más notable del gobierno lumpen es la ausencia de propósito. Las fuerzas que componen este tipo de ejercicio del poder no buscan dar forma a ningún objetivo político, no gestionan el estado y carecen de acuerdos mínimos para gobernar, se trata de grupos permanentemente enfrentados que tienen el poder pero no gobiernan, lo público se transforma en una lucha constante, en un estado de amenaza e incertidumbre, en una guerra civil larvada, en caos y saqueo. Pero más allá de los tropos que puedan describir la situación, lo que el ciudadano común encuentra es que las cifras dejan de tener sentido, la comunicación política se vuelve informal, lo oficial deja de existir y de tener credibilidad, los servicios públicos dejan de ser confiables, o desaparecen súbitamente y la violencia se apodera de las relaciones sociales. El lumpen es el final derecho y del concepto de representatividad.

Una red inorgánica compuesta por organizaciones criminales, milicias y clanes políticos corruptos puede capturar un estado nacional como pasó en Venezuela donde una Oclocracia se impuso como forma de gobierno y ha demostrado ser más duradera de lo previsto. En Colombia el esfuerzo de convertir a los ciudadanos en plebe no parece ser un proyecto viable, pero en la medida misma en que se ataca a la sociedad para desposeerla de sus derechos y se erosiona lo privado, el gobierno de la plebe avanza. No saben para donde van, pero van.

Jaime Arango

¡Amanecerá y veremos!

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en May 18, 2025. Publicado en Opinión.

La deuda oficial con las empresas comercializadoras de energía y gas, que ya asciende a los $7.6 billones, está en el centro de las preocupaciones del sector energético y lógicamente también de los usuarios, por sus temores de que ello pueda llegar a derivar en un racionamiento en la prestación de este servicio público, que es esencial y por consiguiente un derecho fundamental, como lo es el acceso al mismo en condiciones de confiabilidad y firmeza.

La causa raíz de esta deuda oficial obedece a que, después que estas le descontaron en sus facturas a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 el subsidio al consumo de energía ($2.7 billones) y gas natural ($628 mil millones), la Nación, que debe reintegrárselo se ha abstenido de hacerlo. Adicionalmente, son muchas las entidades oficiales que están en mora del pago de la factura por la prestación del servicio ($1 billón). Finalmente, está la deuda por concepto de la Opción tarifaria ($3.3 billones). El Presidente Petro se comprometió en mayo del año pasado a asumir la correspondiente a los estratos 1, 2 y 3, pero hasta la fecha esta es una promesa incumplida.

Esta deuda, que se incrementa mes a mes, afecta la solvencia, la liquidez y el flujo de caja de las empresas comercializadoras. Ello llevó a la intervención por parte de la Superintendencia de servicios públicos a la empresa Air- e, cuyo caso es solo la punta del iceberg, puesto que las demás empresas comercializadoras de energía y gas es similar. Ello llevó a los organismos de control, Procuraduría y Contraloría General, en un pronunciamiento conjunto, a advertirle al gobierno nacional del riesgo de un apagón financiero y de un efecto dominó, ante la imposibilidad de pagarle la energía contratada con las empresas generadoras, lo cual comprometería la prestación del servicio.

Recordemos que Colombia tuvo un apagón entre los años 1992 y 1993, el cual le significó un racionamiento de hasta 10 horas diarias durante 11 meses, desde el 2 de marzo de 1992 hasta el 7 de febrero de 1993. Esta vez el apagón tuvo como causas la estatización del sector eléctrico, de tal modo que las inversiones estaban condicionadas por el espacio fiscal y presupuestal de la Nación y está a su vez tuvo que endeudarse hasta la coronilla para su financiación, llegando a representar más del 25% de la deuda total. Otro factor que contribuyó al apagón, consecuencia de la anterior, fue la falta de mantenimiento del parque de generación. Y, finalmente, más del 80% de la capacidad de generación era de origen hídrico, tornando muy vulnerable el Sistema frente al fenómeno de El Niño. Esta vez este fue muy severo y duró aproximadamente 11 meses, desde marzo de 1992 hasta febrero de 1993.

Las lecciones aprendidas de este apagón dieron lugar a la expedición de la Ley eléctrica 143 de 1994: se dio paso a la participación, además del Estado y las comunidades organizadas (léase comunidades energéticas), de la empresa privada en la prestación de este servicio, tal y como quedó establecido en el artículo 365 de la Constitución Política de 1991, se diversificó la matriz eléctrica con la instalación de un parque térmico de generación, el cual representa hoy en día el 35%, se prohibió la integración vertical de las empresas y le dio vida a un órgano técnico independiente y autónomo, la Comisión de regulación de energía y gas (CREG), que en este gobierno se ha tornado inoperante, encargado de establecer las reglas de juego para el funcionamiento y operación del Sistema y velar por su cumplimiento.

Concomitantemente la Superintendencia de Servicios públicos domiciliarios, la única con rango constitucional (artículo 370), encargada de proteger a los usuarios.

Gracias a esta arquitectura del Sistema, la cual ha sido muy bien ponderada por el Foro Económico mundial (FEM), ubicándola en su ranking en el top 10 a nivel global. Y ello es lo que le ha permitido a Colombia ser el único país en Latinoamérica que no ha tenido racionamiento de la prestación del servicio de energía en los últimos 30 años. Colombia ha enfrentado 5 fenómenos de El Niño sin apagarse!

Empero, estamos ante un riesgo inminente de racionamiento de energía, esta vez, a diferencia de 1992/1993, por el apagón financiero a que han estado expuestas tantos las empresas comercializadoras como las generadoras de energía. Así lo han manifestado ellas y sus gremios y lo han advertido los organismos de control y lo que más preocupa es que de parte del Gobierno no se toman las decisiones pertinentes e inaplazables.

Acaba de anunciar el Director de Energía del MME Víctor Paternina, que “la deuda siempre la hemos reconocido, y por eso la orden del presidente Gustavo Petro es de ponernos al día con el pago de los subsidios en el corto plazo” y terminó diciendo que antes de finalizar este mes de mayo el Gobierno Nacional se pondrá al día con el pago de los subsidios. Pero esta no es la primera vez que se hace este tipo de anuncios que quedan siempre como promesas incumplidas. De allí el escepticismo con el que se reciben. Amanecerá y veremos!

A la preocupación por la desazón que produce entre los usuarios el riesgo latente de verse privado de la prestación de estos servicios básicos, subsiste la que ha provocado la espiral alcista de las tarifas de la energía, que no se detiene, con el agravante del alza en las tarifas de otro energético sustituto, el gas natural. Como es bien sabido en el interior del país los usuarios se vieron sorprendidos comenzando este año con alzas en las tarifas de gas entre el 20 y el 36%. Y como, según la Ley de Murphy, todo aquello que anda mal es susceptible de empeorar, ahora resulta que, según estudio de FEDESARROLLO, “si la mitad de la oferta proviniera de gas importado” y para allá vamos, toda vez que mientras la oferta doméstica se sigue reduciendo la demanda crece, “el alza tarifaria “, esta vez para todo el país, “podría alcanzar el 44.6% en Bogotá, 44.9% en Medellín, 45.8% en Bucaramanga, 30.3% en Cali y 11.7% en Barranquilla!

Y no hay que perder de vista que esta alza en las tarifas se traduce en más pobreza energética, dado que dificulta aún más el acceso a la energía, sobre todo a los más vulnerables, a contrapelo del 7º de los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS), que son vinculantes en su cumplimiento para el Estado Colombiano, el cual, según lo consagra la Constitución Política, es quien debe “garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional” (artículo 365).

Amylkar Acosta

Golpe a la democracia y ética pública

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en May 18, 2025. Publicado en Opinión.

La decisión del Senado de la República de negar la posibilidad de convocar una consulta popular sobre la reforma laboral no solo constituye un acto de cerrazón institucional, sino una afrenta directa a los principios democráticos, a los derechos conquistados por los trabajadores y a la ética pública. Este acto es, sin duda alguna, una señal alarmante de que hay sectores que continúa con la política de cerrar los caminos de participación directa del pueblo, cuando precisamente lo que Colombia necesita es más democracia, más deliberación y más compromiso con la justicia social.

La consulta popular está consagrada en la Constitución como una figura legítima y vinculante que permite al pueblo pronunciarse sobre decisiones trascendentales. Negarse a su realización, en un contexto de bloqueos políticos e intereses cruzados en el Congreso, es desconocer el derecho ciudadano a incidir en el rumbo del país. Pero lo más grave es que esta negativa fue efectuada sin transparencia, sin argumentación pública rigurosa, sin dar la cara al país sobre cómo votó cada legislador. Ese secretismo mina la confianza en las instituciones, fomenta el desencanto ciudadano y erosiona aún más la legitimidad del Congreso.

La ciudadanía colombiana tiene derecho a pronunciarse sobre las reformas que tocan directamente su bienestar. Impedir ese pronunciamiento no solo margina a la ciudadanía, sino que fortalece un modelo de toma de decisiones centrado en cúpulas políticas y económicas que, históricamente, han bloqueado el cambio. Por ello, hay que decirlo con claridad meridiana, esta decisión es una forma de violencia política contra los sectores populares que exigen participación y dignidad.

Además, no puede aceptarse que el andamiaje económico y de desarrollo del país repose sobre el debilitamiento o la negación de derechos que los trabajadores han conquistado a lo largo de décadas de lucha. No puede haber desarrollo justo si se precariza el trabajo, se privatiza la salud o se condena a la vejez a la incertidumbre. Un país que crece a costa del empobrecimiento de su gente no progresa, se hunde en la desigualdad. Es inadmisible que se utilice el argumento de la estabilidad macroeconómica para pisotear derechos sociales fundamentales.

Pero lo ocurrido también nos lleva a reflexionar sobre la concepción misma de democracia que está en juego. La democracia no puede reducirse al dominio de las mayorías sobre las minorías ni a simples procedimientos de votación. La verdadera democracia implica límites éticos como la deliberación pública, la construcción de acuerdos con base en el interés general, el respeto a la diferencia, la transparencia en las decisiones y la honestidad frente al pueblo. En democracia no todo es válido. Cuando se toman decisiones de espaldas a la ciudadanía, cuando se ocultan los votos, cuando se actúa por cálculo y no por principios, se está traicionando no solo la forma, sino el espíritu de la democracia.

La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes fueron los senadores que votaron para impedir que el pueblo decidiera. Tienen el deber de exigir rendición de cuentas. Porque sin participación no hay paz, sin transparencia no hay confianza, y sin ética pública no hay democracia posible. Defender la consulta popular es defender el derecho a ser parte activa de la historia, no un simple espectador de las decisiones de otros.

Colombia necesita construir un pacto democrático que no se limite a las urnas cada cuatro años, sino que abrace la participación permanente, la paz, la justicia social y la ética como sustento del poder. Negar la consulta popular no fue un acto técnico o una jugadita, fue una decisión política cargada de miedo, de arrogancia y de desprecio por el pueblo.

Luis Emil Sanabria D.

Sí a las zonas libres del consumo de drogas

Escrito por Andrés Barrios en May 18, 2025. Publicado en Opinión.

Sigo defendiendo con firmeza la señalización de las zonas donde no está permitido el consumo de drogas. He emprendido esta cruzada porque los niños, niñas y adolescentes de Bogotá merecen más por parte de nosotros como sociedad. No descansaré hasta que logremos entornos seguros de sustancias psicoactivas.

Así como hoy en día reconocemos los espacios libres de humo, lugares donde no está permitido fumar ni vapear por razones de salud pública, o sitios con señalética clara sobre la restricción del ingreso de mascotas, en la ciudad vamos a tener señalización para advertir que en ciertos entornos, especialmente aquellos donde hay presencia de menores, no se puede consumir drogas, según lo estipula el vigente decreto distrital 825 de 2019.

No se trata de una medida arbitraria ni punitiva, sino de una forma de proteger derechos, especialmente los de los más vulnerables: nuestros niños.

Recientemente, el Concejo de Bogotá dio un paso firme hacia este camino. La corporación aprobó el proyecto de acuerdo del cual soy autor y que busca señalizar entornos escolares, parques y plazoletas principalmente. El balón está ahora en la cancha del Distrito, pues esta iniciativa ya pasó a sanción del alcalde. Desde el momento en que entre en vigencia, estas demarcaciones se harán de forma progresiva y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

Diariamente, desde mi rol como concejal de Bogotá, recorro los barrios de nuestra ciudad. Escucho, observo y, sobre todo, analizo las preocupaciones de la ciudadanía. En cada conversación con una madre angustiada, con un padre desesperado o con algún representante de la comunidad académica, se repite una misma inquietud: el consumo de drogas en espacios públicos y entornos escolares es alarmante.

Frente a esta realidad, propuse esta iniciativa que lo que busca es generar herramientas que faciliten el cumplimiento de la normatividad vigente y fortalezcan la sana convivencia ciudadana. No se trata de estigmatizar a los consumidores, como algunos sectores han tratado de hacer ver rasgándose las vestiduras.

Esta propuesta no surgió en un escritorio alejado de la realidad, ni desde la distancia. Nació del trabajo constante en las localidades de Bogotá y del contacto directo con las circunstancias que viven las comunidades.

Y los datos lo confirman. Según información oficial proporcionada por la Secretaría de Salud, entre enero de 2020 y julio de 2024 se registraron 10.686 atenciones a menores de edad por trastornos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas.

El grupo más afectado es el representado por jóvenes entre los 14 y 17 años, pero lo más alarmante es saber que esta problemática no discrimina edades. La Secretaría de Educación de Bogotá, a través del Sistema de Alertas, reportó 6.431 casos de consumo de sustancias psicoactivas en menores durante el año 2023, con un incremento del 37% en los casos reportados en niños de seis a 11 años. Esta cifra debería ser suficiente para encender todas las alarmas.

Colombia, y en particular nuestra capital, enfrentan una problemática estructural en torno al consumo de drogas. Es una situación compleja, de múltiples causas que requiere una estrategia integral que incluya la prevención, la educación, el tratamiento y, por supuesto, el fortalecimiento del tejido social.

Sin embargo, tenemos a un gobierno nacional alcahueta, que envía mensajes equivocados sobre esta problemática de las drogas y que los acolita bajo el escudo del libre desarrollo de la personalidad.

La señalización en espacios públicos, entonces, es una herramienta más en esta lucha. No busca perseguir ni estigmatizar, sino recordar que hay lugares donde el consumo de drogas no puede ni debe ser tolerado, especialmente cuando están en juego los derechos de los niños. Nuestra Constitución Política es clara: los menores de edad gozan de especial protección y es deber del Estado, de las instituciones y de la sociedad velar por su bienestar.

Soy y seguiré siendo el concejal antidrogas, porque ese maldito veneno debe salir de los entornos escolares y parques inmediatamente.

Andrés Barrios Bernal

La Ruta de la Seda es el primer paso para que Colombia sea potencia mundial de la IA

Escrito por Alejandro Toro en May 18, 2025. Publicado en Opinión.

Mientras acompaño a la delegación del Gobierno colombiano en este viaje histórico a China, donde formalizamos el ingreso de nuestro país a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (la conocida Nueva Ruta de la Seda) y al Nuevo Banco de Desarrollo, me convenzo cada vez más de una idea que hasta hace poco parecía ambiciosa: Colombia puede convertirse en la potencia en inteligencia artificial de América Latina.

¿Por qué? Porque estamos empezando a tomar decisiones estructurales que nos conectan, literalmente, con el futuro.

Nuestra adhesión no se limita a acuerdos comerciales o proyectos de infraestructura tradicionales. Uno de los ejes más prometedores de esta nueva relación es la Ruta de la Seda Digital, una plataforma de cooperación lanzada por China en 2015, que busca fortalecer la conectividad global mediante tecnologías de punta: fibra óptica, 5G, centros de datos, satélites y plataformas inteligentes.

Ya hay antecedentes concretos en América Latina. En 2021, China y Chile avanzaron en el diseño de un cable submarino de más de 13.000 kilómetros que conectará el Pacífico Sur con Asia. Este proyecto, liderado por la estatal chilena Desarrollo País y la empresa China Mobile International, busca establecer una conexión directa entre ambos continentes, reduciendo la latencia, abaratando costos y posicionando a Chile como un hub digital regional.

En ese contexto, el presidente Gustavo Petro ha propuesto que Colombia impulse un proyecto similar, que nos conecte directamente con Asia a través de un cable submarino de fibra óptica desde nuestras costas del Pacífico. Esta idea no es futurista: es urgente, factible y estratégica.

¿Por qué es tan importante este cable? Porque hoy la inteligencia artificial (IA) depende, más que de cualquier otro recurso, de la infraestructura de datos. Cada vez que usamos un modelo de lenguaje, un sistema de diagnóstico médico automatizado o una plataforma educativa personalizada, hay una operación de procesamiento masivo de datos detrás. Y para que esa operación funcione con eficiencia, se necesita una red de transmisión robusta, segura y de alta capacidad.

Un cable de estas características podría ofrecer velocidades de transmisión de más de 60 terabits por segundo, con una latencia sustancialmente menor que las rutas actuales que atraviesan Norteamérica o Europa. Además, permitiría a Colombia acceder de manera directa a servidores, centros de datos y ecosistemas tecnológicos en Asia, disminuyendo su dependencia de intermediarios.

Y lo más importante: nos abriría la posibilidad de desarrollar IA desde el sur global, con nuestros propios datos, nuestras lenguas, nuestras realidades.

Colombia tiene talento científico, emprendedor y académico de alto nivel. Lo que muchas veces nos ha faltado es la infraestructura para escalar ese conocimiento y ponerlo a competir a nivel global. La fibra óptica no es solo una cuestión de conectividad. Es una condición habilitante para la equidad digital, la soberanía tecnológica y la transformación productiva.

Pero, una iniciativa de esta magnitud requiere de una financiación adecuada. Con la situación geopolítica actual, queda en duda la disposición o incluso capacidad financiera de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional de apalancar este proyecto.

Aquí entra en juego nuestra reciente adhesión al Nuevo Banco de Desarrollo (NDB), creado por los BRICS como alternativa al modelo financiero tradicional. El NDB ya ha financiado más de 90 proyectos en infraestructura y sostenibilidad, muchos de ellos en conectividad digital. Con este nuevo acceso, Colombia puede estructurar propuestas técnicas con respaldo público-privado, en condiciones financieras más flexibles, sin condicionamientos políticos y con enfoque en el desarrollo a largo plazo.

No se trata de reemplazar unas alianzas por otras. Se trata de diversificar nuestros socios, de actuar con autonomía estratégica y visión de futuro. China no solo ofrece financiamiento: ofrece una visión de mundo basada en la conectividad, la cooperación y la infraestructura compartida.

Este viaje a China me deja una convicción: Colombia puede ser la potencia latinoamericana en inteligencia artificial. Pero solo si tomamos las decisiones estructurales que lo hagan posible. Conectarnos es una de ellas.

Es hora de dejar de ver la tecnología como un lujo o una herramienta para otros. Es tiempo de verla como una estrategia de desarrollo nacional, como una manera de que el conocimiento y la innovación broten también desde el sur global. La Ruta de la Seda ya no es solo una historia del pasado. Hoy, puede ser también el camino para que nuestros sueños viajen, se multipliquen y regresen convertidos en oportunidades para todos.

Alejandro Toro

¿Y si fueras tú, o alguien a quién amas, tu hijo o hija, o tu mamá o papá? …

Escrito por Columnista en May 18, 2025. Publicado en Opinión.

Existen diferentes formas de discriminación que afectan a un gran número de personas en el mundo por razones de condiciones de diversidad, ya sean étnicas, generacionales, de capacidades, entre muchas otras.

La homofobia, transfobia y bifobia, no son opiniones personales, son situaciones de discriminación que conllevan múltiples formas de vulneración de derechos humanos, desde las más leves como los chistes, comentarios y miradas incomodas; hasta la violencia psicológica, física e incluso la muerte de personas por razón de su identidad de género y/o su orientación sexual. En Colombia según la ley 1482 de 2011 estas conductas están tipificadas como delito.

Actualmente existen aproximadamente 205 países en el mundo, incluyendo aquellos que no están reconocidos por la ONU. En 64 países es ilegal ser homosexual y en 12 de ellos existe la pena de muerte por este cargo.

Aunque en la gran mayoría del mundo existen políticas y leyes que protegen los derechos de las personas sexo- genero diversas; las condiciones de vida básicas como el acceso a servicios de salud y educación, siguen siendo precarios, limitados e insuficientes; la convivencia social con las personas LGBTIQ+ en muchos entornos está cargada de sesgos y prejuicios, de miedos, cuestionamientos, rechazo y amenazas frente a su existencia.

Para garantizar el pleno ejercicio de derechos de las personas que se reconocen como homosexuales, bisexuales y con experiencia de vida trans, no es suficiente la existencia de un marco jurídico y normativo; es esencial y prioritario poder avanzar también en transformaciones culturales que salvaguarden su integridad física y mental.

Que se incrementen así mismo las oportunidades de ejercer sus derechos políticos y económicos, que existan canales de denuncia y procesos judiciales confiables y eficientes frente a los casos de homofobia, transfobia y bifobia, para que estos no queden impunes o sean justificados desde argumentos incluso algunas veces religiosos.

Estos cambios empiezan por cada persona, desde lo individual, al ser conscientes de nuestros prejuicios, y de trabajar en ellos; de no ser cómplices de situaciones de discriminación por leves que parezcan, de fortalecer nuestro relacionamiento dentro de paramentos de respeto y empatía.

¿Y si fueras tú, o alguien a quién amas, tu hijo o hija, o tu mamá o papá? … Preguntarnos esto nos ubica en una perspectiva más cercana a la situación y nos ayuda a tener más objetividad y solidaridad con las personas que día a día son víctimas de este terrible flagelo que cobra en muchas ocasiones hasta sus vidas.

Al responder esta pregunta quizás podrían aparecer otras: ¿cómo quisiera que fuera el trato de los demás hacia ti o a hacia tus familiares? ¿cómo esperarías que fueran los sistemas de denuncia y sanciones si tu familiar o tú fueran la víctima? Seguro aparecen muchas otras cosas en que pensar y eso tal vez, nos ayuda a encontrar nuevas y mejores formas de realmente ver a las demás personas como lo que somos, simplemente seres humanos.

De esta manera nos unimos a la conmemoración del día internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia con un llamado no solo a la reflexión sino aún más importante a la acción transformadora.

Andrea Hernández León
Directora Ejecutiva y CEO de DiversidadEs Gestión – Inclusión – Equidad SAS

Moteros y caos

Escrito por León Ferreira en May 15, 2025. Publicado en Opinión.

Hay columnas que resultan impopulares, esta es una de ellas. Las verdades incómodas deben ser escritas y publicadas por más fastidiosas que resultaren. No siempre las mayorías tienen la razón, las mayorías suelen equivocarse. El juego de la democracia exige mayorías, demostrado está hasta la saciedad que, lo popular no siempre es lo correcto. Vivir en comunidad implica civilidad y habilidades sociales, especialmente cuando se comparten espacios comunes como las vías públicas, cuyos actores son peatones y conductores de todo tipo de vehículos, entre los que destacan las populares motocicletas; asociadas al “concepto” de libertad y la facilidad para desplazarse han decaído en instrumento para atentar contra las normas de civilidad.

La tesis es sencilla, entre todos los actores viales, los motociclistas en su gruesa mayoría avenidos en moteros, no han desarrollado la habilidad para entender las consecuencias de sus actos temerarios sobre dos ruedas y los daños que pueden provocar sobre los demás actores viales. El motociclista promedio hace gala de nula empatía por la seguridad del otro. Es frecuente ver moteros violentando las normas de tránsito, marcha en contravía, invasión de espacios prohibidos, desacato de la luz roja, exceso de velocidad, transporte indebido de personas y cosas, motocicletas sin luces, otras ruidosas, piruetas ilegales y desprecio total por la autoridad vial. Los moteros se convirtieron en mayoría y creen que todo les está justificado. Hay un erróneo concepto al creer que la moto por su asequible precio frente al automóvil, es un vehículo masivo y al alcance de los más “desfavorecidos”, a quienes se les debe tolerar todo, entre ello, bravuconadas sobre dos ruedas.

No hay lugar en Colombia que sea ajeno al caos de los moteros. Las motos implican subdesarrollo, son vehículos masivos e invasivos. En Ciudad de Panamá existe la creencia que quien conduce una motocicleta es colombiano o venezolano, no panameño. Los moteros equívocamente creen que todo les está permitido y que las obligaciones son para los otros conductores. Las estadísticas no mienten: En los accidentes viales hay una altísima participación de motocicletas. En la comisión de delitos como atraco y sicariato casi siempre se cuenta con la intervención de una motocicleta. Se ha vuelto también, socialmente aceptadas las “tomas” nocturnas de las ciudades por parte de los moteros, como sucedió recientemente en Cali, donde un “influenciador” convocó a miles de moteros que volvieron un caos la Sultana del Valle. Este tipo de manifestaciones se ha vuelto popular en otras ciudades, los 31 de octubre en Bucaramanga. El motero hace lo que le venga en gana.

El asunto motero se salió del control de las autoridades, impotentes para controlar el uso del casco e implementos de seguridad, la revisión técnico-mecánica, el pago del impuesto vehicular, el SOAT y el respeto por las normas de tránsito. Los moteros ganaron el pulso; desplazaron al caballo y la bicicleta, se tomaron las vías urbanas, nacionales y rurales. Todo motociclista debería obligatoriamente pagar un seguro de responsabilidad civil adicional al SOAT, debería pagar peajes, debería haber un registro nacional de motos y motociclistas, para obtener la licencia de motociclista debería haber capacitación y exámenes rigurosos en aspectos médicos, psicológicos, técnicos y de habilidades motoras, no cualquiera puede ser motociclista.

El motociclista no debería prevalerse de su velocípedo para poner en riesgo la seguridad ajena. Es hora del llamado al orden con límites fuertes como se hace con los otros conductores y en otros países. La absoluta irresponsabilidad y marginalidad no pueden ser la tabla de toque de los motociclistas. Las autoridades deben imponer la ley. Los vendedores de motos y las academias para motociclistas deben ser solidariamente responsables con tasas al caos que han contribuido a crear. Los moteros se convirtieron en actores políticos que influyen en las elecciones locales con candidatos que buscan más privilegios para este gremio. Poco o nada les importa la seguridad de los demás, si realmente les importará no habría tanto motociclista irresponsable.

León SandovalFerreira

Puertos y mafias: el auto desafío de Petro para cambiar la seguridad portuaria

Escrito por Rafael Fonseca en May 14, 2025. Publicado en Opinión.

El 5 de mayo, el presidente Petro afirmó que “los puertos del país están cooptados por el narcotráfico y el contrabando” y que era el momento de cambiar su administración, dada la violencia creciente en las ciudades donde operan. Además, mencionó que se estaban analizando temas jurídicos y hasta proyectos de ley. Hablaba de los puertos de Buenaventura, Tumaco, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y el aeropuerto de Bogotá. Indicó que se revisaría el papel de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la DIAN, a quienes culpó de haber «fracasado«. Concluyó diciendo que era necesario cambiar “el método de vigilancia y administración de los puertos” (Prensa Presidencia, 2025).

La declaración inmediatamente encendió las alarmas entre los concesionarios portuarios, operando bajo la Ley 1 de 1991 (La República, 2025), quienes fueron respaldados al día siguiente por organizaciones como la Andi, Analdex y la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI). La CCI, a través de su presidente Juan Martín Caicedo, respondió -con toda razón- señalando que el Estado, en cabeza del Gobierno, es el responsable de erradicar y controlar el narcotráfico y contrabando, incluso en la infraestructura concesionada como puertos, aeropuertos y carreteras (El Colombiano, 2025).

Dos días después, Petro aclaró que no cambiaría la administración de los puertos, sino la vigilancia, que actualmente está bajo el control de mafias (La W, 2025).

El problema que el presidente Petro puso sobre la mesa es sumamente grave, y aunque la administración (operación) de los puertos es muy compleja, la cuestión de la seguridad, particularmente contra el narcotráfico y el contrabando, lo es más y sigue siendo una tarea pendiente del Estado. Si bien Colombia ha alcanzado buenos resultados operativos con puertos en manos privadas (J.M.Caicedo, X, 2025), se convive con una situación crítica que no se debe ignorar.

Un puerto es un epicentro de actividad comercial internacional, lo que lo convierte en un objetivo para el narcotráfico en un país como Colombia, principal productor mundial de cocaína (Statista, 2024), concentrando un punto de alto riesgo. La violencia y corrupción derivadas de este fenómeno son inmensas. Como bien lo expresó Caicedo, el control de estas actividades depende directamente de la Policía y el Ejército, bajo el liderazgo del Ministerio de Defensa, aunque los concesionarios deben estar disponibles para colaborar con las autoridades.

El manejo de puertos es peligroso para los operadores privados en un contexto como el colombiano. Es común que haya muertos entre los empleados que no cooperan con las mafias. La corrupción es casi ilimitada, ya que, aunque se conozcan patrones de operación ilícita, los traficantes están permanentemente inventando nuevas formas de contaminación (con droga) y/o vulneración de procesos que funcionen bien. Las estrategias de seguridad deben ser excepcionalmente inteligentes, y más, considerando que las mismas entidades encargadas de la seguridad son vulnerables al poder corruptor de los traficantes.

La clave es eliminar la dependencia de personas, o al menos de personas identificables, en la toma de decisiones para evitar la contaminación de la carga. La política pública en seguridad portuaria debe extenderse más allá de la estrategia policial y de inteligencia policial e incluir las operaciones logísticas. Por ejemplo:

Inteligencia preventiva y reacción: Todas las actividades de inspección, incluyendo perfilamientos y chequeos, deben ser gestionadas por la Policía como autoridad responsable. La inteligencia de seguridad debe ser rigurosa, utilizando la más avanzada tecnología y sistemas automatizados para detectar posibles actividades delictivas.
Recintos portuarios aislados: Todos los puertos deben contar con áreas de alta seguridad, completamente aisladas del exterior y equipadas con tecnologías avanzadas que permitan anticiparse a actos ilícitos. Específicamente, las medidas en el costado de los muelles deben ser mejoradas por ser normalmente muy vulnerables.
Inspección rigurosa de cargas: Cada carga que ingrese al puerto debe ser inspeccionada a fondo con rayos X para escanear los contenedores y vehículos de transporte. Las imágenes generadas deben ser interpretadas mediante sistemas de inteligencia artificial que emitan alertas automáticas ante cualquier anomalía, para luego activar una respuesta inmediata de la Policía.
Control estricto en los patios: Se debe implementar un «toque de queda permanente» en los patios y muelles, de manera que ninguna persona pueda transitar sin estar completamente identificada y autorizada. Los conductores de camiones, por ejemplo, no deben bajarse de sus vehículos en ninguna circunstancia. La policía debe reaccionar de inmediato si se violan estas normas.
Rotación aleatoria de personal: Los operarios de grúas y otros equipos en los muelles deben ser rotados aleatoriamente en cada turno, para evitar que se establezcan vínculos con actores corruptos o ilegales. La asignación de turnos debe ser controlada por un centro de cómputo ubicado fuera del país, para asegurar que los empleados locales no puedan influir en las asignaciones.
Rediseño de patios de contenedores: Los patios de contenedores deben estar diseñados con la metodología poka yoke (a prueba de errores) para impedir físicamente la apertura ilegal de contenedores de exportación para contaminarlos. Por ejemplo: cuñas de concreto que impide abrir las puertas del contenedor a nivel de piso.
Manejo de sellos inteligentes: Que se instalan en la entrada al puerto y viajan con el contenedor hasta el cliente final en el extranjero, y pueden ser leídos con dispositivos de campo o puntos de lectura automatizados en el puerto a distancia. Emiten alertas de violación de sellos en el puerto y por tanto el requerimiento automático de inspección de la Policía.
Identificación inteligente de contenedores en cada operación en puerto: Tanto en la operación de las grúas de patio como en las grúas de cargue y descargue de buques al lado del muelle. Aportan datos muy valiosos a la trazabilidad.
Inspecciones continuas y auditadas: Las inspecciones de contenedores deben ser rigurosas, y todos los procesos deben ser auditados para garantizar la transparencia. La Policía debe poder compartir la información de los sistemas del puerto que aseguren que cada paso del proceso está debidamente registrado, auditado y revisado cuando se requiera.

La implementación de ésta política no será barata, pero los costos de no hacerlo son mucho mayores: las vidas perdidas, la violencia asociada al narcotráfico, la pérdida de competitividad para el país, los sobrecostos derivados de los procesos manuales de inspección, y el daño directo a los exportadores son solo algunos de los impactos negativos. La prevención y contención son fundamentales, y no deben verse como un gasto, sino como una inversión en la seguridad y prosperidad del país.

Es necesario que el presidente Petro y su equipo se concentren en desarrollar una política seria y efectiva para enfrentar este problema de manera integral. Si se implementa correctamente, Colombia podría dar un paso importante en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en sus puertos.

Rafael Fonseca Zarate

Retroceso con letrero: la señalización antidrogas del Concejo de Bogotá

Escrito por Quena Ribadeinera en May 14, 2025. Publicado en Opinión.

Mientras el mundo avanza hacia modelos de regulación responsables y enfocados en la salud pública, el Concejo de Bogotá decidió dar un paso atrás. Con la aprobación del Proyecto de Acuerdo 097 de 2025, propuesto por el concejal del Centro Democrático Andrés Barrios, se institucionaliza la señalización de zonas donde está prohibido el consumo de sustancias psicoactivas, retomando el viejo camino de la prohibición. Un camino que ya ha demostrado, aquí y en todo el mundo, su ineficacia y sus altos costos sociales.

Con un tono populista y moralizante, el proyecto intenta mostrar una respuesta al legítimo clamor ciudadano por espacios seguros, especialmente para niñas, niños y adolescentes. Pero lo hace sin evidencias, sin capacidad operativa y, peor aún, desconociendo avances fundamentales en materia de derechos y salud pública. La señalización de zonas de prohibición, que ya estaban delimitadas por el Decreto 825 de 2019, no solo es un saludo a la bandera—dado que no hay logística ni policía suficiente para hacerla cumplir—sino que, al aplicarse de forma casi total en la ciudad, podría ir en contra de los fallos de la Corte Constitucional que protegen el porte y consumo personal en ciertos contextos.

El problema no es la señalización per se. El problema es que se plantea como única respuesta. Lo que este proyecto deja claro no es una preocupación real por la niñez ni por la convivencia, sino un intento de imponer una visión punitiva y estigmatizante, justo cuando el país intenta abrir el debate sobre nuevas políticas de drogas desde un enfoque de derechos, evidencia y salud pública. La incapacidad de la Alcaldía para expedir el decreto al que está obligado por la Corte Constitucional y del propio Concejo para formular una política innovadora no es por ignorancia: es por cálculo. Primero oponerse al Gobierno Nacional, luego, si queda tiempo, hacer política sensata.

El debate no es menor. Según el informe de la UNODC de 2022, más de 400 mil personas consumieron drogas ilícitas en Bogotá durante el último año, con un uso problemático estimado en más de 160 mil personas. Cifras que no se resuelven con señales de prohibición, sino con políticas públicas integrales, con recursos, pedagogía y trabajo territorial. Por eso, desde diferentes sectores hemos insistido en la necesidad de avanzar hacia una política de reducción de riesgos y daños, donde el consumo sea reconocido como una realidad social que requiere atención, no criminalización.

Bogotá ya cuenta con herramientas. El Plan de Desarrollo incluyó una meta para formular esa política; hay recursos asignados en el Plan Territorial de Salud; existe una Comisión Interinstitucional para la Regulación de Drogas que, sin embargo, sigue inactiva. ¿No debería ser esa la prioridad? ¿No deberíamos estar discutiendo cómo garantizar el acceso a servicios de atención, cómo generar campañas de información, cómo promover clubes cannábicos regulados que eduquen, organicen y generen empleo formal?

Las experiencias internacionales están ahí. Desde clubes sociales de cannabis en Cataluña hasta modelos comunitarios en Uruguay, se ha demostrado que se puede construir otra política de drogas, una que combine el derecho al espacio público con la responsabilidad colectiva, una que reduzca riesgos sin estigmatizar. Bogotá no puede seguir mirando hacia otro lado.

Por eso insistimos en propuestas concretas: crear zonas de consumo regulado con pedagogía; acompañar esos espacios con eventos educativos y culturales; promover alianzas con universidades y organizaciones; y regular los clubes cannábicos que ya existen. Todo esto con un enfoque claro: construir una ciudad diversa, respetuosa y más segura, sin retrocesos.

Lo aprobado por el Concejo no es una victoria. Es una rendición. Es volver al fracaso de la prohibición con otra cara. Y es, sobre todo, una advertencia: si no cambiamos de rumbo, lo que viene no es más orden ni más seguridad, sino más persecución, más caos y más violencia.

Bogotá puede ser referente de una política de drogas sensata y humana. Pero solo si dejamos de legislar desde el miedo y empezamos a gobernar desde la evidencia.

Quena Ribadeneira

¿Qué pasa en el Congreso después de las capturas de Name y Calle?

Escrito por Luis Fernando Ulloa en May 13, 2025. Publicado en Opinión.

Las capturas de los expresidentes del Congreso, senador Iván Name (Alianza Verde) y representante Andrés Calle (Partido Liberal), por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), han desatado un terremoto político que sacude los cimientos del Legislativo, cuestiona las reformas del gobierno Petro y expone la fragilidad institucional de Colombia. Los delitos imputados por la Corte Suprema —peculado (desvío de recursos públicos) y cohecho impropio (soborno a funcionarios)— no solo revelan un entramado de corrupción sistémica, sino que plantean interrogantes críticos relacionados con la afectación a la gobernabilidad, a la credibilidad de las instituciones y a la ya maltrecha confianza ciudadana.

La Corte Suprema detalló en las órdenes de captura que los 4.000 millones de pesos desviados de la UNGRD se destinaron a dos fines esenciales: “impulsar” la aprobación de las reformas de salud y pensional (convertida en la Ley 2381 de 2024) y, según confesión de la exconsejera Sandra Ortiz, asegurar la elección del magistrado Vladimir Fernández en la Corte Constitucional con $3.000 millones que habrían sido para Name —expresidente del Senado— y 1.000 millones para Calle —expresidente de la Cámara—, desvelando un esquema en el que el gobierno Petro, aparece vinculado a las mismas prácticas clientelistas que denunció en su campaña.

El escándalo adquiere mayor gravedad al involucrar a Fernández, magistrado cuya elección se habría financiado con parte de estos recursos ilícitos. Hoy, él mismo debe revisar la constitucionalidad de la reforma pensional, generando un conflicto de interés insostenible que mancha la imparcialidad del máximo tribunal. Esta situación, sumada a la parálisis legislativa por las curules vacantes de Name y Calle —bajo la figura de la «silla vacía»—, refleja una institucionalidad capturada por intereses espurios, incapaz de autorreformarse.

El presidente Petro ha intentado desmarcarse, tildando a los capturados de «ladrones que robaron al gobierno». Sin embargo, su narrativa choca con la realidad jurídica: para que exista cohecho impropio, se requiere la participación activa de dos actores —el que entrega el dinero y el que lo recibe—, es decir que son igual de corruptos los del gobierno que entregaron como los congresistas que recibieron el dinero público. Al evadir este punto, Petro no solo diluye su discurso anticorrupción, sino que alimenta la percepción de doble moral, especialmente tras su silencio sobre Calle, su aliado estratégico en la Cámara de Representantes.

Esta ambigüedad ha sido aprovechada por la ultra-oposición, sectores como el Centro Democrático se presentan como alternativas «éticas»que pretende capitalizar el descontento ciudadano, aunque históricamente está vinculado a escándalos similares. Mientras tanto el Pacto Histórico enfrentará un efecto desplome por su asociación indirecta con el caso y arrastrará a Petro quien en vísperas de elecciones está atrapado entre su discurso reformista y la realidad corrupta de su entorno político.

En cuanto a las decisiones judiciales, la fiscalía presenta cuatro líneas de investigación que irán apareciendo en el panorama nacional por capítulos: 1. Contratos de carrotanques en La Guajira (vinculando a Name, Calle, Carlos Ramon González, Sandra Ortiz, Olmedo López, Sneyder Pinilla). 2. irregularidades en el Ministerio de Hacienda (Ricardo Bonilla, Alejandra Benavides). 3. reuniones del Ministerio del Interior, y por último los Desvíos en el Departamento Administrativo de la Función Pública (César Manrique, Pedro Rodrigez) donde se habrían repartido coimas por más de $100.000 millones. Por los lados del congreso se esperan más de 6 próximas capturas asociadas a la comisión interparlamentaria de crédito público.

Estas capturas sugieren que el caso apenas comienza, y que las delaciones de ex funcionarios presidenciales como Sandra Ortiz apuntan a una red de corrupción de cuello blanco que involucra operadores políticos y contratistas de alto nivel. Cada nueva captura no solo profundizará la crisis, sino que también incrementará los eslabones de corrupción que revelarán cómo el sistema político colombiano sigue operando bajo lógicas de transacción ilegal.

El escándalo de la UNGRD no se puede considerar un hecho aislado, sino un síntoma de una democracia enferma por la corrupción que se extiende desde el Legislativo hasta la justicia. La «silla vacía» de Name y Calle simboliza la parálisis de un Congreso deslegitimado, mientras la Corte Constitucional pierde autoridad al tener a Fernández como juez y parte. Petro, lejos de encarnar el «cambio», navega en un mar de contradicciones que lo alejan de su base electoral y lo acercan al desgaste de sus predecesores.

Entre tanto, Colombia enfrenta un dilema moral: o impulsa una depuración real de sus instituciones —con reformas estructurales y justicia independiente— o seguirá atrapada en el círculo vicioso de la corrupción, donde cada gobierno repite los errores del anterior. Las elecciones de 2026 serán la prueba de fuego para un electorado que, hoy más que nunca, reclama liderazgos íntegros y reprocha el realismo mágico.

Luis Fernando Ulloa