Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Parapolítica

Condenan al exsenador Carlos Barriga por parapolítica

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió sentencia en contra del exsenador, Carlos Barriga, al comprobar sus nexos con el paramilitarismo durante la época en la que ejerció como congresista.

De acuerdo con la sentencia, Barriga tejió una alianza con el Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), más exáctamente, con el Frente Fronteras del AUC estructura armada ilegal al mando de Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano o “Pedro Fronteras, grupo paramilitar que ejerció control en el departamento de Norte de Santander.

 

La Corte determinó que el exsenador acordó con los paramilitares de este departamento beneficios económicos y electorales. Estableció además que permitió la utilización de su finca para facilitar actividades paramilitares.

Carlos Barriga deberá pagar una condena de 10 años y pagar una multa de 3.999,8 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos.

Nota recomendada: Corte Suprema de Justica cita a Salvatore Mancuso por casos de parapolítica





Señalan a Efraín Cepeda de pactar alianzas con el paramilitarismo

El exsenador liberal Álvaro Ashton en su declaración ante la Justicia Especial Para la Paz (JEP), aseguró que junto a varios políticos de la costa Caribe se tejió una alianza con los paramilitares para pactar asuntos económicos y electorales.

Según Asthon de este tipo de alianzas hizo parte el senador y precandidato conservador, Efraín Cepeda, el empresario Julio Gerlein, políticos como David Char Navas, quienes, según Ashton, habrían tenido acercamientos indirectos con las AUC.

 

«Ayudábamos a que del presupuesto nacional se aprobaran partidas que terminaron financiando proyectos manejados por el Frente José Pablo Díaz con la Alcaldía de Barranquilla. Con esos recursos se nutrían para seguir delinquiendo en los demás municipios”, dijo Asthon en su declaración ante el tribunal de justicia transicional.

También mencionó al ministro del Interior, Armando Benedetti, de quien aseguró, fue quien mayor apoyo brindó en la discusión la Ley de Justicia y Paz, para que fuera beneficiosa para las AUC.

“Era una de las personas que mayor promoción hacía de la aprobación de artículos y de apelación de artículos que habían sido negados y que eran fundamentales para las AUC, como el artículo que hablaba de la sedición y el de la alternatividad penal», afirmó.

Al respecto, en entrevista para la Wradio, el senador Efraín Cepeda, negó cualquier vínculo con el paramilitarismo en Colombia.

«Jamás he tenido acercamiento con ninguno. Las luchas que he dado desde el Senado han despertado el odio de quienes quieren destruir las instituciones”, dijo.

Nota recomendada: Consulta del Pacto Histórico sigue su curso, pero… la novela continúa





Presidente del Senado niega vínculos con grupos ilegales

El presidente del Congreso de la República, Iván Leonidas Name, negó tener vínculos con grupos armados ilegales, luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abriera investigación preliminar en su contra.

«En mis más de cuarenta y cinco años de vida pública todas mis acciones se han apegado a los más altos principios institucionales y éticos», dijo el senador en un comunicado de prensa.

 

Aseguró además que está dispuesto a acudir ante las instancias que resulten pertinentes para aclarar cualquier inquietud para aclarar cualquier duda sobre sus actuaciones, «no solo en cumplimiento de mi deber como servidor público, sino en el convencimiento del respeto por la institucionalidad», puntualizó.

La investigación se abrió luego de escuchar las declaraciones de alias ‘Brayan’ y Juan Manuel Borré Barreto, alias ‘Pistón’, desmovilizado del Bloque Córdoba de las (AUC) Autodefensas Unidas de Colombia, que luego pasó a la banda ‘Los Rastrojos Costeños’ de Barranquilla.

Familia del gobernador de Sucre anuncia demanda contra Salvador Arana

Los familiares del exrepresentante a la cámara y exdiputado, Gabriel ‘Bayo’ Espinosa, padre del actual gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, a través de un comunicado anunciaron que interpondrán una demanda contra Salvador Arana, por calumnia e injuria.

Arana declaró ante la Justicia Especial Para la Paz que el político sucreño el pasado habría colaborado con las autodefensas en el departamento.

 

Por estas afirmaciones, sus familiares pedirán además su expulsión de la JEP, “La Justicia Especial para la Paz (JEP), debería en su sabiduría evaluar el esfuerzo desesperado que realiza en estos momentos Salvador Arana Sus, en su falsa declaración, para permanecer amparado por los beneficios que disfruta, ya que con anterioridad no se había referido a las afirmaciones que hoy realiza fraudulentamente con la intención de engañar a los Magistrados”, dice el texto.

Recordaron que el Gabriel Espinosa fue intimidado por las AUC para que no ejerciera su actividad política en Sincé, Sucre, lugar donde nació.

“Nuestro padre fue una víctima de los Paramilitares, grupos que, precisamente, conformó y perteneció a ellos Salvador Arana Sus en el Departamento de Sucre. Prueba de ello, fue la incineración de su propiedad en Sincé, Sucre en la noche antes de unas elecciones locales y que fueron atribuidas a AUC como autores intelectuales y materiales al referido grupo ilegal, por lo que se cae por su propio peso lo declarado”, subraya la declaración familiar, que está acompañada de una completa declaración.

Y añaden, “Lo anterior, más la investigación penal que tuvo que soportar nuestro padre Gabriel Espinosa Arrieta por paramilitarismo, la cual, le fue archivada por haber probado su ausencia de participación con la referida organización criminal, la orden de asesinarlo, son circunstancias que nos indican claramente la persecución que sufrió, y que aún persiste, por parte del paramilitarismo que lo ha convertido en una víctima”.

Gabriel Antonio «El Bayo» Espinosa Arrieta, es un jurista y político colombiano, que se desempeñó como integrante de la Cámara de Representante.

Fue gobernador interino de Sucre; diputado departamental para el periodo 1994-1997 y en este último año ganó la Alcaldía de Sincé, su municipio natal, para el periodo 1998-2000.

Representante a la cámara entre 2004 y 2006. Su hijo Héctor Olimpo Espinosa también fue Alcalde de Sincé y es el actual gobernador de Sucre.

Álvaro Uribe denunciará a Zulema Jattin por calumnia

El expresidente Álvaro Uribe anunció que demandará penalmente a la excongresista, Zulema Jattin, por los delitos de injuria y calumnia, en las que aseguró que el exmandatario no prestó atención a las advertencias que le hizo por la cooptación de la política electoral en el departamento de Córdoba por los paramilitares.

volvió a pronunciarse sobre las más recientes afirmaciones de la excongresista Zulema Jattin, condenada por parapolítica, quien aseguró ante la JEP que el exmandatario le pidió no denunciar la supuesta presión que estaba ejerciendo Salvatore Mancuso en Córdoba, para las elecciones del año 2002.

 

“Al exministro del Interior Sabas Pretelt en varias ocasiones le dijimos lo que estaba pasando, al comisionado Luis Carlos Restrepo, en numerosas ocasiones. Al fiscal Alfonso Iguarán, que en ese momento era viceministro, y a veces estaba con el ministro Sabas, pero la verdad es que había un caso omiso completamente en el Gobierno Nacional”. indicó.

Al respecto, el expresidente Álvaro Uribe negó tajantemente los señalamientos de la excongresista y aseguró que jamás ha tenido algún vínculo con los paramilitares.

«Miguel Alfonso de la Espriella, durante la campaña me transmitió una invitación para reunirme con los paramilitares, le contesté que si me reunía con los paramilitares no podría ser Presidente de la República”, indicó.

Dijo además que en las reuniones que sostuvo con Zulema Jattin no se habló tema y que le resultaba extraño que nunca antes se hubiera referido al tema y que si lo haga ahora en época electoral.

 

Concejal de Soledad es capturado por parapolítica

El concejal del municipio de Soledad,-Atlántico,  Jairo José Samper Rojas, fue capturado en horas de la mañana cuando se dirigía a las instalaciones de la Corporación.

Hombres del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía lo abordaron cumpliendo la orden de captura, al parecer por temas relacionados con el proceso judicial conocido con el nombre de Parapolítica.

 

Una declaración en versión libre de un postulado de Justicia y Paz que, en su momento, lo vinculó con el Bloque Norte de las AUC cuando este grupo tenía el control  del Hospital Materno Infantil del municipio, cuando el actual concejal trabajaba en la entidad en el cargo de almacenista.

Jairo José Samper Rojas fue elegido concejal con el aval del partido MAÍS.

 

Mancuso asegura que las AUC respaldaron la campaña de Andrés Pastrana

El exlíder paramilitar Salvatore Mancuso aseguró en medio de sus declaraciones ante la Justicia Especial Para la Paz, que apoyaron varias campañas presidenciales, una de ellas, la de Andrés Pastrana.

«Así empezamos a hacer elegir concejales, alcaldes, gobernadores, congresistas y llegamos incluso a incidir en elecciones presidenciales (…) con la negociación del Caguán del gobierno Pastrana, la misma oligarquía colombiana pedía la creación de grupos de autodefensa», aseguró.

 

Y más adelante dijo: “hubo apoyo” de las AUC en las campañas de Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y Horacio Serpa”.

También afirmó que las autodefensas dieron respaldo a la campaña de Álvaro Uribe en 2002.

De inmediato el expresidente Andrés Pastrana respondió diciendo que todo es mentira: “Le exijo al cobarde asesino Mancuso que muestre hoy mismo siquiera una prueba de apoyos o infiltración de dineros del narco terrorismo paramilitar en mi campaña presidencial. De no hacerlo, pierde, aquí y allá, todos los beneficios que le concede la justicia especial”, aseguró el exmandatario.

Mancuso solicitó espacio para ampliar estas declaraciones, pero en audiencia privada.

 

Señalamientos contra María Fernanda Cabal por supuestos vínculos con paramilitares

El líder social, Julián Palacios, quien entabló una demanda judicial contra la senadora del Centro Democrático Alternativo, María Fernanda Cabal, por supuestamente haber recibido apoyo de los paramilitares, fue víctima de un atentado.

De acuerdo con el Colectivo de Abogados Justicia Racial, Palacios fue atacado a las 2:30 de la madrugada en su vivienda. “Desconocidos arribaron a la vivienda familiar para amedrentarle a el y a su madre para con la frase: “Dígale a su hijo que no sea sapo”, advirtiéndole sobre el atentado que iba a sufrir más tarde, dice el comunicado.

 

Palacios asegura tener pruebas que según él, “vinculan a la senadora Cabal con paramilitares”, las cuales serían llevadas a las Corte Suprema de Justicia.

Dijo además que aseguró que posee audios que fueron sido enviados a cinco periodistas y una persona en el exterior en caso de que algo le sucediera.

La senadora María Fernanda Cabal negó los señalamientos en su contra y anunció acciones legales por calumnia e injuria.

 

Musa Besaile reconoce su participación en la parapolítica

El exsenador Musa Besaile Fayad aceptó los cargos por concierto para delinquir agravado, en proceso en su contra por vínculos con el paramilitarismo, acogiéndose a sentencia anticipada.

El excongresista preso por temas de corrupción por el caso de Odebrecth, enfrenta desde varios años una investigación judicial en Corte Suprema de Justicia por parapolítica.

 

En una audiencia en la Justicia Especial Para la Paz, Besaile reconoció que en el pasado sostuvo reuniones con el exparamilitar Salvatore Mancuso para obtener la autorización de hacer campaña a la Cámara de Representantes cuando actuaba como fórmula del exsenador Juan Manuel López Cabrales. El grupo ilegal le permitió hacer campaña en los municipios donde ejercía control a cambio de no interferir con las iniciativas legislativas a favor del proyecto político paramilitar en el Congreso de la República.

Reconoció además que, gracias a su influencia en el departamento de Córdoba, se hicieron nombramientos a personas cercanas a Salvatore Mancuso durante la gobernación de Juan Carlos Aldana, quien era apoyado por el grupo político Sindicato de Córdoba, y de Libardo López Cabrales.

 

Condenan a dos exalcaldes Chalán (Sucre) por el asesinato de un excandidato

Un juez de la República condenó a los exalcaldes de Chalán (Sucre) Hugo Antonio Méndez Hernández (2003-2005) y Álvaro Segundo Martínez Buelvas (2005-2007) a penas de prisión de 37 años y 9 meses; y 30 años y 4 meses, respectivamente.

La decisión judicial se da luego de que la Fiscalía comprobara la participación de los dos condenados en el asesinato de los aspirantes a la alcaldía del referido municipio, Orlay del Cristo Lázaro Bohórquez, asesinado el 30 de abril de 2002 y Óscar Emell Méndez Lara ultimado el 25 de julio de 2004, ambos ocurridos en Sincelejo, por miembros de las AUC que delinquían en Sucre.

 

La Fiscalía demostró que los ahora sentenciados se confabularon con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para ocupar los referidos cargos de elección popular.

La investigación determinó, que una vez en el poder Méndez Hernández y Martínez Buelvas, financiaron la organización criminal con aportes mensuales de hasta cinco millones de pesos.

Además de la pena privativa de la libertad, cada uno de los condenados deberá cancelar una multa de 500 salarios mínimos legales mensuales. Contra los procesados pesan órdenes de captura para el cumplimiento de la pena impuesta.

Imputan cargo a dos exalcaldes por vínculos con el Clan del Golfo

La Fiscalía imputó cargos a los exalcaldes Ovidio Ardila, exalcalde de Carepa, y Jaime López, exalcalde de Necoclí, por supuestamente recibir dineros para sus campañas políticas de manos de Jhon Fredy Zapata, alias ‘Candado’ o ‘Messi’.

Zapata es conocido por ser miembro del Clan del Golfo, quien al parecer apoyó a los entonces candidatos con la condición de que se le entregaran las contrataciones de los municipios.

 

Durante la audiencia de imputación, el ente investigador explicó que los exalcaldes también fueron beneficiados con dineros de esos contratos.

“Los mandatarios locales obtenían entre el 12 o 15 % del valor de todos los contratos en contraprestación a los favores económicos generados en las campañas políticas”, relató.

La Fiscalía indicó que Ardila entregó tres contratos por 8.350 millones de pesos, mientras que el exalcalde López hizo entregó un monto total de 1.690 millones de pesos a través de contratos por suministro de combustible.

La perfidia de las élites

La Fundación PARES ha documentado juiciosa y sistemáticamente la presencia e influencia de distintas violencias organizadas y también la afectación sobre la democracia y los derechos humanos que todas las olas de violencia han significado en el país. Producir y administrar la violencia con todo tipo de propósitos es el día a día de por lo menos 160 municipios en el país. En retrospectiva, resulta doloroso reconocer que, durante gran parte de nuestra historia democrática, hemos visto ir y venir oleadas y producciones de violencia, correlacionadas con momentos de reforma o cambio. Después de cada proceso de paz o reforma social, después de cada intento de democratización territorial tenemos el mismo drama. Basta mirar la composición de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) para entender cómo los comandantes de este grupo son una colcha de retazos de muchas guerras y traiciones.

Una parte de la violentología en el mundo sostiene que es la superposición entre avaricia y recursos la que produce violencia. Para el caso colombiano, voy a sostener que en el centro de nuestro drama está la perfidia de las élites. La perfidia, deslealtad o maldad extrema, en el Derecho Internacional Humanitario significa que una de las partes que negocia la paz lo hace con intención de romper esa promesa una vez el enemigo esté expuesto. Eso no es difícil de rastrear en nuestra historia macabra de magnicidios y homicidios de líderes y personas que han firmado acuerdos de paz. Solamente en el más reciente de nuestros procesos de paz ya van más de trescientas personas, muchas de ellas que estaban liderando exitosamente proyectos de reincorporación productiva en regiones donde no existían alternativas legales de desarrollo rural.

 

Ya nadie duda de que el caso de Jesús Santrich, que desembocó en la creación de la hoy llamada Segunda Marquetalia, fue un entrampamiento. Aún así, hay voces en la sociedad que defienden la creación de la trampa y la producción de incentivos perversos para que cualquier intento de paz que venga con algún tipo de reforma, fracase. Casi que, si reconstruimos uno por uno los grupos armados que hoy tienen influencia y poder, vamos a encontrar que parte de las élites en el gobierno de ese entonces promovieron una estrategia de “manos caídas” mientras se asesinaban líderes y lideresas a lo largo del territorio nacional. Todo con tal de no perder privilegios. Otro ejemplo: la hoy columna Dagoberto Ramos pasó de ser un grupo pequeño en el Cauca a controlar la vida de personas y comunidades en un corredor que conecta por lo menos cuatro departamentos. Las comunidades sí denunciaron, advirtieron hasta el cansancio lo que estaba sucediendo, gritaron, protestaron, salieron a las calles y quiénes recibieron la represión violenta fueron ellas, no el grupo armado. El presidente de ese entonces ni siquiera quiso recibir las denuncias. Prefirió ver la violencia crecer y silenciar las voces críticas, nacionales e internacionales que señalaban este mal camino.  Prefirió vender la idea de que el Estado Colombiano y él mismo eran unos incapaces, que dar una orden clara de protección de la vida.

Reconocer la perfidia es un primer paso a la paz total. Sí, hemos desarrollado una tradición de trampa e incentivos perversos y hemos lidiado con ella durante toda nuestra historia del conflicto armado. Este gobierno puede ser el primero en la historia que reconozca este comportamiento como sistemático y ese reconocimiento – contrario a debilitar las instituciones – puede restaurar la confianza para sentarse a dialogar y negociar.

Ahora, como lo he señalado en columnas anteriores, el reto más grande de la paz total ni siquiera son los grupos armados, son quienes demandan la violencia. La oferta va a existir en el momento en que un grupo político quiera eliminar violentamente a un competidor y busque quién lo haga, cuando se quiera silenciar a la organización social que denuncia o hace veeduría a la contratación pública o cuando la sociedad entre en un proceso de democratización social o económica. ¿Quiénes son esos patrocinadores en la sombra? ¿La idea de la paz total los beneficia? Les aseguro a las personas que me leen que, si este proceso resulta exitoso y el Estado logra competir con oferta y recursos al control social de la violencia, estas élites pérfidas pierden mucho más de lo que ganan. Probablemente hoy en día estén pensando en reaccionar creando nuevas fuerzas violentas que se opongan a cualquier reforma que les afecte. Siempre lo han hecho.

 

Orden de captura contra el exmagistrado Leonidas Bustos

La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del exmagistrado Leonidas Bustos por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias.

Al exmagistrado se le semana de exigir millonarias comisiones a cambio de retrasar y entorpecer los procesos contra los funcionarios que gozan del cuero constitucional como ‘aforados’.

 

Bustos, quien se encuentra en Canadá,  es mencionado en las grabaciones que involucran al exfiscal Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno. Fue declarado ‘indigno’ por el Congreso por influir en algunos procesos judiciales a cambio del pago de millonarias sumas de dinero, en la época en que integraba la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El exfiscal anticorrupción, condenado por hechos de corrupción, señaló que entregó a Bustos 200 millones de pesos que le correspondían como anticipo del compromiso adquirido con el entonces congresista, Álvaro Ahston, quien tenía un proceso judicial por Parapolítica.

Por estos hechos fueron condenados los exmagistrados Francos Ricaurte y Gustavo Malo Fernández. El escándalo es conocido como ‘Cartel de la Toga’.

Trino Luna fue aceptado en la JEP pero con carta de advertencia

El exgobernador del Magdalena, Trino Luna, fue aceptado por la Justicia Especial Para la Paz (JEP), en donde deberá suministrar información relevante que permita esclarecer las relaciones de la política local y el paramilitarismo en los departamentos de la Costa Atlántica.

El exmandatario departamental deberá aportar verdad sobre la captura a la administración pública local por parte del paramilitarismo, el control político-electoral y el financiamiento y apoyo logístico prestado a las AUC.

 

La JEP advirtió a Luna y a su defensa que no permitirá dilaciones ni entrega de información que no correspondan a la verdad de lo sucedido, dejando claro que, de llegarse a comprobar alguna falsedad en las declaraciones, será expulsado de inmediato.

Trino Luna fue gobernador, representante a la Cámara y Senador, elegido con el aval del Partido Liberal. Nombrado Embajador en República Dominicana. Es miembro de un clan político en el departamento del Magdalena en donde nació.

Fue condenado a tres años y ocho meses de cárcel por concierto para delinquir agravado por vínculos con paramilitares. La sentencia fue rebajada a dos años y siete meses por buena conducta.

 

 

Luis Alfredo Ramos decidido a cumplir con su condena se entregó a la justicia

El ex senador antioquieño Luis Alfredo Ramos se entregó a las autoridades para cumplir su condena por parapolítica, ratificada por la Corte Suprema de Justicia en abril de 2022.

La Sala de Casación Penal del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria confirmó que Ramos Botero es responsable de haberse aliado con grupos de autodefensa, para que incidieran a favor de sus campañas al Senado de la República (2002-2006) y la Gobernación de Antioquia (2008-2011). También ratificó que, en desarrollo de ese acuerdo ilegal, el entonces senador se reunió en 2005 con jefes paramilitares en orden a promover sus intereses en el proyecto de Ley de Justicia y Paz que cursaba en el Congreso.

 

“De este vínculo o nexo entre diversos grupos armados al margen de la ley aglutinados como paramilitares y Luis Alfredo Ramos Botero, obran profusos testimonios, a través de los cuales se logró conocer que en forma directa o indirecta se produjeron apoyos personales o a sus campañas políticas, por ser considerado afín a su causa en el propósito que los hizo incidentes en la realidad y dinámica de nuestras instituciones, con particular ámbito de afectación en el Departamento de Antioquia y su capital”, consigna la sentencia.

Ramos, se entregó en la estación de Policía de El Retiro, Antioquia, para cumplir con su condena de 95 meses de prisión impuesta por el máximo tribunal de la justicia