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El sabotaje cotidiano de la paz

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Dic 14, 2025. Publicado en Opinión.

La paz es un proceso frágil que exige coherencia ética, voluntad política sostenida y corresponsabilidad social. La paz no es un acto administrativo ni un anuncio solemne desde un atril. Cuando se trivializa, se instrumentaliza electoralmente o se sabotea desde el miedo y la desinformación, no se debilita a un gobierno de turno, se pone en riesgo la vida de las comunidades y el derecho colectivo a vivir sin guerra.

En Colombia la paz suele tratarse como un botín discursivo. Para algunos es una promesa que se enarbola en campaña. Para otros, una palabra incómoda que conviene desacreditar. En ambos casos se pierde de vista una verdad elemental. La paz no se decreta. No basta con firmarla, anunciarla o mencionarla en discursos oficiales. La paz se cuida, se protege y se construye todos los días, especialmente en los territorios donde la guerra nunca se ha ido del todo.

Cuidar la paz implica asumir que los diálogos y acuerdos son herramientas imperfectas, pero necesarias para reducir el sufrimiento humano. No son concesiones ingenuas ni premios a la violencia. Quienes se oponen sistemáticamente a cualquier intento de negociación, sin ofrecer alternativas reales distintas a la militarización, olvidan o prefieren olvidar que la confrontación militar en Colombia no ha sido derrotada por las armas, sino prolongada por ellas. Setenta años de violencia armada deberían bastar para entenderlo.

Pero la paz también se pone en riesgo cuando se la trata con ligereza. Cuando se anuncian procesos sin garantías suficientes. Cuando se prometen transformaciones que no llegan al territorio. Cuando se tolera el incumplimiento sistemático de lo acordado. En esos casos se erosiona la confianza social. Y sin confianza, la paz se marchita. Las comunidades no creen en lo que no ven y la historia reciente les ha enseñado a desconfiar de las promesas vacías.

La responsabilidad de los grupos armados no estatales es hoy innegable y no admite eufemismos. Persistir en decretar paros armados imponer confinamientos forzar desplazamientos masivos amenazar a líderes y lideresas sociales someter a comunidades enteras a juicios de guerra no es una forma de lucha política es una violación directa de la vida y la dignidad humana. Quien se impone mediante el miedo no construye poder popular ejerce dominación armada. Quien dice hablar en nombre del pueblo mientras lo encierra lo desplaza o lo silencia ha perdido cualquier legitimidad ética y social.

Estas prácticas no solo contradicen cualquier discurso de paz, también sabotean activamente los esfuerzos de diálogo y de desescalamiento de los niveles de confrontación y de ataque contra la sociedad. Cada confinamiento impuesto, cada escuela cerrada, cada camino bloqueado, cada familia obligada a huir rompe la confianza, destruye el tejido comunitario y deja heridas que ningún comunicado puede reparar. La paz no puede nacer de la amenaza ni del castigo colectivo. Insistir en ello es condenar a los territorios a una guerra sin sentido.

Existe además un peligro silencioso. La instrumentalización electoral de la paz. Convertirla en arma retórica, en consigna para dividir o en excusa para sembrar miedo es una forma de violencia simbólica que termina teniendo efectos reales. Cada discurso que caricaturiza la paz como claudicación. Cada mentira que la asocia con impunidad absoluta o caos. Todo ello legitima nuevas agresiones y normaliza el regreso de la muerte violenta como método de control social.

La ética pública es una condición indispensable para cuidar la paz. Resulta incoherente invocarla mientras se tolera el asesinato de líderes y lideresas sociales, la estigmatización de defensores de derechos humanos o el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. También lo es hacerlo desde la comodidad del centro político mientras se abandona a las regiones a su suerte. La paz no es neutral. Toma partido por la vida, por la dignidad y por los derechos.

En este escenario el papel de la sociedad civil es irremplazable. Las organizaciones políticas y sociales, los procesos comunitarios, las autoridades étnicas, los movimientos de víctimas y las redes nacionales y territoriales han sostenido la paz incluso cuando el Estado ha fallado. Son ellas las que cuidan los acuerdos en la práctica, las que median en medio del fuego y las que insisten en el diálogo cuando todo empuja al silencio o a la venganza. Sin ese tejido social, cualquier política de paz es apenas un papel bien redactado.

Cuidar la paz no significa idealizarla ni negar los conflictos. Significa asumirlos sin armas, sin exterminio, sin la lógica del enemigo absoluto. Significa entender que la paz verdadera incomoda porque cuestiona privilegios, exige reformas y obliga a mirar de frente las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad, el despojo, la exclusión y la ausencia histórica del Estado. Colombia necesita decisiones coherentes, cumplimiento de la palabra empeñada y una ciudadanía dispuesta a defender la vida incluso cuando hacerlo no da réditos políticos inmediatos. La paz, como la democracia, no se hereda ni se impone. Se cuida. Y cuando no se cuida, se pierde.

Luis Emil Sanabria Durán

La puerta a la paz que algunos quieren cerrar

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Nov 16, 2025. Publicado en Opinión.

La discusión nacional sobre la jurisdicción agraria revela, una vez más, la profundidad de nuestro conflicto territorial y político. Colombia ha cargado durante décadas el peso de la desigualdad en la propiedad de la tierra, la concentración desmedida, el despojo sistemático, el desplazamiento forzado y la ausencia de un árbitro judicial especializado que permita resolver los conflictos rurales con justicia, prontitud y conocimiento del territorio. La jurisdicción agraria no es un capricho ni un invento reciente. Es una deuda histórica con el campesinado, los pueblos étnicos y las comunidades rurales que han vivido entre la informalidad jurídica y la violencia armada.

La reforma rural integral pactada en el Acuerdo Final de 2016 planteó una hoja de ruta para transformar el campo, cerrar brechas, democratizar la tierra y garantizar oportunidades productivas que impidan que los jóvenes rurales sigan marchándose o cayendo en manos de economías ilegales. Nada de eso será real sin un sistema judicial agrario fuerte, especializado, cercano a los territorios y capaz de resolver los miles de conflictos que tienen en suspenso la seguridad jurídica y la vida de quienes habitan el campo. La jurisdicción agraria es, en esencia, la llave que abre la puerta para que la reforma rural siga su camino con más certezas que incertidumbres y se convierta en realidad para millones de colombianos y colombianas.

Sin embargo, algunos sectores políticos, económicos y gremiales han emprendido una campaña de desprestigio contra esta jurisdicción. Alegan que generará inseguridad jurídica, que afectará la propiedad privada o que es innecesaria. Estas afirmaciones ignoran que la mayor inseguridad jurídica hoy la sufren precisamente campesinos, resguardos indígenas y consejos comunitarios que no cuentan con títulos, que enfrentan litigios interminables o que han sido víctimas de la violencia y del despojo. También ignoran que el Estado colombiano tiene obligaciones constitucionales y acuerdos internacionales que respaldan la necesidad de una justicia agraria especializada y accesible.

La oposición a esta jurisdicción parece responder menos a argumentos técnicos y más a intereses particulares que temen perder privilegios. La concentración de la tierra en Colombia también se ha mantenido porque la justicia ordinaria ha sido lenta, lejana y muchas veces incapaz de comprender las dinámicas rurales. Una jurisdicción especializada, con jueces formados en derecho agrario, en enfoque territorial y en protección de derechos colectivos, permitiría equilibrar la balanza y generar confianza en la institucionalidad. Eso es justamente lo que temen algunos sectores que han lucrado de la desigualdad histórica en el campo.

El daño que esta oposición le hace a la paz de Colombia es profundo. La paz territorial no puede construirse si los conflictos por la tierra siguen sin resolverse, si persiste la informalidad que afecta al campesinado y si las comunidades étnicas continúan esperando decisiones judiciales que garanticen seguridad sobre sus territorios. La ausencia de justicia agraria alimenta la desesperanza, facilita el avance de economías ilegales y crea las condiciones para que los grupos armados sigan reclutando jóvenes y disputando el control de los territorios.

La jurisdicción agraria no es un riesgo para el país. Es una oportunidad. Una oportunidad para resolver los conflictos de manera pacífica, para proteger la producción campesina, para ordenar el territorio de forma sostenible y para avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de Paz. También es una oportunidad para que Colombia pueda convertirse en un referente de campo productivo, de justicia rural y reparación histórica.

La paz de Colombia no se construye sobre discursos vacíos ni mediante el bloqueo de reformas indispensables. Se construye reconociendo que la tierra y el territorio están en el corazón de las violencias armadas locales y que sin justicia en el campo no habrá paz duradera. Quienes hoy se oponen a la jurisdicción agraria cargan con la responsabilidad histórica de impedir un avance fundamental para la reconciliación nacional. La patria espera otra cosa. Espera compromiso con la verdad, con los principios constitucionales, con los derechos de las comunidades rurales y con la construcción de un futuro donde la paz sea una realidad y no una promesa aplazada.

La jurisdicción agraria es mucho más que un ajuste técnico del Estado. Es una apuesta profunda por la vida y la dignidad, por la justicia que históricamente se le ha negado al campo y por la reconciliación que Colombia necesita con urgencia. Su implementación representa un paso inaplazable para sanar heridas, ordenar el territorio con equidad y construir un país donde los conflictos por la tierra se resuelvan con derechos y no con violencia. Por eso preocupa el daño que generan quienes se oponen difundiendo la idea de que esta jurisdicción será una carga económica imposible de asumir. Nada hay más costoso que la guerra, el despojo, el desplazamiento y la violencia que durante décadas han tenido su origen precisamente en la ausencia de justicia rural. Alegar inviabilidad financiera es cerrar los ojos ante la verdad del país y bloquear una reforma que podría evitar nuevos ciclos de violencia armada.

La sociedad colombiana debe movilizarse alrededor de esta causa que es de todos y todas. Campesinos, empresarios, comunidades étnicas, organizaciones sociales, academia, iglesias, juventudes y ciudadanía urbana pueden y deben unirse para defender una justicia territorial que garantice seguridad jurídica, convivencia pacífica y oportunidades para las nuevas generaciones. La paz no nacerá de la inercia ni del miedo, sino de decisiones valientes y del compromiso colectivo. La jurisdicción agraria es una de las llaves para abrir la puerta de un futuro diferente y su defensa nos convoca a construir, entre todos, la Colombia justa y pacífica por la que tanto hemos luchado.

Luis Emil Sanabria D.

La Semana por la Paz: un clamor desde Colombia hacia el mundo

Escrito por Marcela Clavijo en Oct 9, 2025. Publicado en Opinión.

La Semana por la Paz en Colombia no es solo una conmemoración: es un recordatorio vivo de que la paz no puede quedarse en los discursos, ni en las páginas de un acuerdo firmado, sino que debe ser una práctica cotidiana, un compromiso real del Estado, la sociedad y la comunidad internacional.

El Acuerdo de Paz firmado en 2016 abrió una ventana histórica para transformar nuestro país. Sin embargo, hoy seguimos enfrentando deudas: líderes sociales asesinados, territorios sumidos en la violencia, y comunidades que aún esperan la llegada de la justicia social y la reparación. El llamado, más que nunca, es a cumplir el Acuerdo en toda su dimensión: la reforma rural integral, la sustitución de economías ilícitas, las garantías de participación política, la reincorporación con dignidad y seguridad. Sin paz completa, la democracia seguirá siendo una promesa incumplida.

En este contexto, las reformas políticas que hoy se debaten en Colombia deben leerse como parte del mismo proceso de construcción de paz. Reformar la política no es solo modificar leyes: es garantizar que la voz de los excluidos, de las mujeres, de los pueblos étnicos, de las juventudes y de las víctimas, tenga un lugar real en el poder. Sin cambios estructurales, la paz seguirá siendo frágil.

Colombia, además, debe mirarse en el espejo del mundo. En un escenario de transformaciones globales, nuestras relaciones con China se convierten en una oportunidad estratégica. No solo se trata de comercio o infraestructura, sino de imaginar un nuevo lugar de Colombia en el mundo: un país capaz de tender puentes, de abrirse a otras potencias sin renunciar a la soberanía, de aprender y de proponer. En tiempos de incertidumbre, diversificar alianzas es también una manera de construir paz.

Y mientras Colombia busca cerrar sus heridas, el clamor por la paz trasciende fronteras. Hoy, los ojos del mundo miran con dolor a Palestina, donde el sufrimiento humano exige una voz solidaria y firme desde todos los rincones. Así como pedimos verdad, justicia y garantías en Colombia, debemos exigir el cese de la violencia y el reconocimiento de la dignidad del pueblo palestino. La paz no puede ser selectiva ni parcial: debe ser un derecho universal.

En esta Semana por la Paz, recordamos que no basta con celebrar. La paz se construye con reformas, con valentía política, con solidaridad internacional y, sobre todo, con la convicción de que ninguna vida debe perderse en la guerra. Desde Colombia hasta Palestina, desde nuestras montañas hasta el horizonte asiático que nos conecta con China, el mensaje es uno solo: la paz es posible, la paz es urgente, la paz es ahora.

Marcela Clavijo

Nueve años después del plebiscito por la paz

Escrito por Luis Fernando Ulloa en Oct 7, 2025. Publicado en Opinión.

Nueve años han pasado desde el icónico plebiscito de la paz del 2 de octubre de 2016, cuando el país se dividió entre el sí y el no al acuerdo con las FARC. Hoy tenemos una moraleja que va del “Nobel de la Paz al Fracaso de la Paz Total” como lo recuerda el expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, cuyo episodio le dejó una herida que nunca cerró del todo, pero que marcó un punto de inflexión en la historia contemporánea de Colombia. En entrevista reciente con El Espectador, Santos vuelve a la escena pública no solo como expresidente, sino como potencial candidato a Secretario General de la ONU. Su diagnóstico sobre la “Paz Total” de Gustavo Petro no podría ser más severo: “ha sido un total fracaso”.

Lo que para Santos fue un proceso jurídico, verificable y monitoreado internacionalmente por el Consejo de Seguridad de la ONU, para Petro se ha convertido en una consigna difusa y oportunista que mezcla insurgencias, bandas criminales y estructuras narcotraficantes bajo un mismo paraguas discursivo. El resultado: más de 500 firmantes del acuerdo asesinados, una institucionalidad en crisis y un país que se siente más cerca de la guerra que de la paz.

Luis Fernando Ulloa

Santos señala que las disidencias de las FARC no son herederas de la guerrilla que firmó la paz, sino mutaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al control territorial. En sus palabras, “dejaron de existir cuando se firmó el acuerdo; lo demás son estructuras ilegales que nada tienen que ver con la política”. Sin embargo, el gobierno de Petro les otorgó un estatus jurídico al reconocerlas como “Estado Mayor Conjunto”, dándoles la apariencia de un actor político legítimo. El resultado fue una peligrosa confusión entre paz y sometimiento, entre justicia transicional y negociación con delincuentes.

Esa confusión no solo tiene consecuencias internas. En Nueva York, la ONU se prepara para emitir su octavo informe sobre la implementación del acuerdo de 2016, y el balance no es alentador. Los recursos destinados a los PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial), columna vertebral de la implementación, fueron reorientados por el gobierno hacia la llamada “Paz Total”. En otras palabras, los fondos concebidos para consolidar la paz territorial están hoy al servicio de una estrategia sin norte, sin indicadores y sin voluntad política.

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo —uno de los voceros del proceso de paz de Santos— lo advirtió en la ONU: se necesita un “plan de choque” para rescatar la implementación. Pero nada ha ocurrido. Petro prefiere hablar en los foros globales de Gaza o del antiimperialismo antes que enfrentar la realidad de los 500 municipios donde el Estado perdió el control frente a las BACRIM, el Clan del Golfo o las disidencias.

En su más reciente discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el mandatario colombiano propuso incluso conformar un “ejército internacional” para combatir el genocidio en Gaza. Santos, con ironía y claridad, le respondió: “Presidente, primero recupere el control del territorio nacional antes de irse a liberar a otros pueblos.” El comentario, más allá del tono, refleja un malestar nacional: el país percibe que su presidente gobierna más para la comunidad internacional que para los colombianos.

Petro parece obsesionado con su legado moral, no con sus resultados reales. Habla como un redentor del planeta, pero su gobierno se hunde en la inseguridad, la deforestación, el estancamiento económico y el aislamiento político. Colombia, que fue ejemplo mundial con el proceso de paz de 2016, hoy es vista como un experimento errático, un laboratorio de discursos y no de políticas.

Pero más allá de la política interna, Santos aprovecha su tribuna para proyectarse como un reformista global. Aspira a liderar una ONU envejecida —diseñada en 1945— con una agenda que hoy luce obsoleta frente a las crisis ambientales y humanitarias. Como vicepresidente del grupo Guardianes del Planeta, promueve una reforma del sistema multilateral y la fusión de las cumbres climáticas (COP) y de biodiversidad, argumentando que “ambas son dos caras de la misma moneda”.

Su visión global contrasta con el ambientalismo retórico de Petro, quien busca ser recordado como el “presidente que salvó el planeta”, pero cuyo país sufre los peores índices de deforestación amazónica en una década. Mientras Petro denuncia el extractivismo mundial desde los atriles de la ONU, en el Parque Nacional Chiribiquete —el mayor tesoro ecológico del país— avanzan carreteras ilegales financiadas por mafias mineras y cocaleras. La minería ilegal, la contaminación de los ríos y la destrucción de los ecosistemas muestran que el discurso verde del gobierno es apenas un barniz ideológico sobre una realidad en descomposición.

Ahora bien, la aspiración de Juan Manuel Santos a la Secretaría General de la ONU tiene ciertos méritos: experiencia en negociaciones internacionales, un nombre con reconocimiento y una base diplomática latinoamericana sólida. Sin embargo, desde los países poderosos y los círculos globales especializados aún no aparece como favorito ni con respaldo claro en el centro del poder multilateral. Los vacíos en cobertura europea, los riesgos de polarización interna, la competencia internacional —especialmente de candidatas mujeres— y la necesidad de apoyo de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad son obstáculos serios. Es decir, su eventual candidatura podría convertirse en un nuevo ejercicio de diplomacia simbólica más que en una opción real de liderazgo mundial.

Pese a lo anterior y paradójicamente, Santos en la entrevista, implícitamente le recuerda a Petro, que el liderazgo global se construye desde los hechos: Colombia tiene el 70% de sus fuentes hídricas originadas en páramos delimitados, 40 millones de hectáreas agrícolas de las cuales solo se usan nueve, y dos océanos capaces de absorber el CO₂ que asfixia al planeta. Pero nada de eso sirve si el Estado no puede garantizar seguridad, inversión ni confianza.

En conclusión, el legado de Santos y el de Petro representan dos visiones de país: la institucionalidad versus la épica; el método versus la dialéctica. Santos buscó cerrar la guerra desde la ley y con verificación internacional; Petro pretende reinventar la paz desde la alegórica improvisación, entonces la “Paz Total” no solo ha fracasado, sino que amenaza con devorar los logros de la paz parcial que costó años de negociación, miles de vidas y un esfuerzo monumental del Estado colombiano a través de varios mandatarios.

Mientras nuestro actual gobernante juguetea a proyectarse como el líder del Sur Global y la voz moral del planeta, el país se desangra en sus propios territorios, y si bien las otrora poderosas FARC ya no existen como tal, hoy sus sombras crecen agigantadas; la paz no se consolida, y el Estado pierde legitimidad. Mientras la historia implacable terminará juzgando no al Petro que habló en la ONU, sino al Petro que no pudo garantizar la vida de los pobres colombianos.

Luis Fernando Ulloa

La paz necesita ser reparada

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Sep 14, 2025. Publicado en Opinión.

La Semana por la Paz 2025 llegó a su edición número 38, y lo hizo en medio de un país que todavía busca sanar heridas, superar violencias y construir caminos de reconciliación. En cada rincón de Colombia, la sociedad civil ha tejido acciones colectivas que, con creatividad y convicción, demuestran que la paz no una práctica cotidiana que se siembra en el territorio. El lema “Arropamos la Vida con Dignidad y Esperanza” ilumina con fuerza el sentido profundo de las iniciativas ciudadanas.

Arropar significa cobijar, proteger, acoger, asumir una actitud ética frente al cuidado de la vida en todas sus formas. Las organizaciones sociales se convierten en ese manto protector que resiste la indiferencia y el olvido. Arropamos la vida cuando defendemos los ríos de la contaminación, cuando organizamos mingas solidarias para quienes han sido desplazados, cuando pintamos murales de memoria en las paredes de los barrios.

La vida, en su dimensión integral, es la razón y el fin de toda acción por la paz. No solo hablamos de la vida humana, sino también de la vida de los territorios, de los ecosistemas, de las culturas que hacen de Colombia un país diverso. Defender la vida es exigir que cesen los asesinatos de líderes sociales, que no se arranquen los sueños de las juventudes, que no se repitan las violencias que han marcado nuestra historia.

La dignidad es la base de la justicia social. No basta con sobrevivir; se trata de vivir con derechos garantizados, con acceso a la educación, a la salud, a una vivienda digna y a la participación ciudadana. La dignidad exige que la voz de las comunidades sea escuchada en la toma de decisiones, que los acuerdos de paz se cumplan y que los territorios no sigan siendo sacrificados en nombre de la guerra o del extractivismo.

La esperanza es el motor que mantiene vivas las luchas. No es ingenuidad, sino la certeza de que un futuro distinto es posible si se trabaja colectivamente. Es la esperanza de madres que buscan a sus hijos desaparecidos, de jóvenes que apuestan por el arte y el deporte en lugar de las armas, de comunidades que reclaman el derecho a permanecer en su tierra. La esperanza es la semilla que florece en medio de la adversidad, es la fuerza presente que mueve millones de almas.

La seguridad humana que potencia estos valores, abarca la perspectiva de vivir libres del miedo, de la necesidad y de la humillación. Es la garantía de que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida sin amenazas contra su integridad física, sin hambre ni pobreza extrema, y sin exclusiones que nieguen su condición de sujeto de derechos. La seguridad humana se hace posible cuando existen protección y garantías efectivas. Protección para las comunidades y líderes sociales frente a la violencia, y garantías para el ejercicio pleno de los derechos humanos, la participación democrática, el acceso a la justicia y a los bienes básicos de la vida.

La paz en Colombia, tantas veces firmada y tantas veces incumplida, necesita ser reparada. Hay que recomponer confianzas rotas, sanar la memoria de las víctimas, restituir derechos, reconstruir territorios arrasados por la violencia y transformar las estructuras de desigualdad que mantienen vivas las causas del conflicto. Reparar la paz significa también aprender a tomar el presente y el futuro en nuestras manos, como sociedad que no delega su destino, sino que lo construye activamente en la vida diaria.

La paz exige la disposición a renunciar a privilegios en favor del bien común. Quienes han disfrutado históricamente de posiciones de poder, riqueza o influencia deben comprender que la reconciliación real solo será posible si hay redistribución de oportunidades y garantías para todas las personas. Se trata de ganar juntos en justicia social, equidad y democracia. Una paz verdadera se sostiene cuando cada persona goza plenamente de sus Derechos Humanos y cuando la sociedad se compromete a hacer de la igualdad una práctica y no un discurso.

La Semana por la Paz es un clamor dirigido a quienes tienen en sus manos grandes responsabilidades. A los actores armados, para que escuchen a la gente y cesen sus acciones violentas que siembran dolor y desarraigo. La paz se conquista con el respeto a la vida y con voluntad de diálogo. A los ricos y poderosos, para que piensen más en el bienestar de los más necesitados y menos en el incremento de sus fortunas. A los corruptos, para que depongan el saqueo de lo público que condena a millones a la pobreza. A los políticos, para que piensen más en la solución de los problemas y menos en la defensa de sus posiciones ideológicas o privilegios partidistas.

La Semana y el Mes por la Paz 2025 nos recuerda que la paz es un tejido plural, construido colectivamente, con acciones diversas que van desde un festival cultural hasta una marcha silenciosa, desde una oración colectiva hasta un acuerdo comunitario de convivencia. En cada gesto ciudadano late la convicción de que Colombia puede convertirse, finalmente, en un país capaz de elegir el bien común sobre el privilegio, y la vida sobre la violencia.

Luis Emil Sanabria D.

Arropemos la paz: 38 años de lucha, memoria y esperanza

Escrito por Marcela Clavijo en Sep 2, 2025. Publicado en Opinión.

La trigésima octava edición de la Semana por la Paz no fue un evento más en el calendario de la sociedad civil. Fue, sobre todo, un acto de amor colectivo, un grito de resistencia y un abrazo solidario a la esperanza.

Hoy las Organizaciones sociales, El SENA, las universidades Javeriana, El Bosque, Área Andina, RedPaz, Fe y Alegria, FiconPaz, el Consejo Nacional de Paz, la Agencia de Reincorporación y Normalización, algunas entidades del Distrito y un sinfín de colectivos se sumaron para decir, con fuerza y con arte, que la paz es un derecho, una urgencia y una tarea de todas, todos y todes.

Más de 350 personas llegaron al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación: jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, comunidades afrodescendientes, indígenas, víctimas del conflicto armado, medios alternativos y comunitarios y las mujeres firmantes de paz. Allí, donde la memoria se hace palabra y la palabra se hace acción, se abrió la jornada con un ritual de armonización de la mano de la maestra Virgelina Chara que evocó la paz en el mundo entero, en especial la paz para Palestina, la paz para Colombia, el cese al fuego y la reanudación de la mesa de negociación. La paz es contigo, conmigo, con todas, todos y todes, la paz por nuestro entorno, por nuestro camino desde la casa, el colegio, el trabajo, el barrio y el país, pero hoy más que nunca por Palestina, por los que zarparon, buen viento y buena mar. ¡Palestina libre!

El escenario se llenó de arte y dignidad: obras de teatro sobre los falsos positivos, desarrolladas por jóvenes de la ciudad de Bogotá, disfrutar de las expresiones creativas de las Reinas de la Paz —el colectivo Lgbtiq+, las mujeres trans que con orgullo proclaman su amor por la vida— y, para cerrar, el polifónico de mujeres firmantes de paz, quienes, con sus rostros reales, mostraron la fuerza de las hermanas, las amigas, las madres, las hijas y las abuelas que un día soñaron con cambiar el mundo… y que todavía lo sueñan, lo luchan por que la revolución es la vida entera.

Hubo reclamos, hubo indignación, por que la digna rabia también se hizo presente, por que también el cambio es una espera en transición, claro que hemos avanzado, y claro que la paz es el camino, demos en paso y abramos la senda de la igualdad, zanjemos la brecha de desigualdad.

Este evento no fue solo conmemoración; fue un llamado al relevo generacional. Porque la paz necesita niñas, niños y jóvenes que tomen la antorcha, que continúen la marcha, que conviertan estos 38 años de historia en muchos más. La paz no se decreta: se construye con memoria, arte, justicia y compromiso.

Hoy más que nunca, arropar la paz es una tarea urgente y colectiva. Porque la paz no es de unos pocos: es de todas, todos y todes.

Marcela Clavijo

Arropamos la vida con dignidad y esperanza

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Ago 31, 2025. Publicado en Opinión.

Inicia el mes de septiembre, periodo que la sociedad colombiana ha asumido como el Mes de la Paz, y en cuyo marco se realiza del 7 al 14 la Semana por la Paz número 38. Durante este periodo, comunidades, organizaciones sociales, instituciones educativas, iglesias, colectivos culturales y ciudadanía en general se unirán en actividades de reflexión, movilización, arte, pedagogía y memoria. El 9 de septiembre, Día Nacional de los Derechos Humanos, será uno de los momentos más significativos de esta conmemoración, recordándonos que la paz y los derechos son inseparables. El lema de este año, “Arropamos la vida con dignidad y esperanza”, encarna el compromiso permanente con la defensa de la vida, la verdad y la reconciliación.

Esta jornada nos recuerda que la paz es un proceso cultural que debe transformar las relaciones sociales, políticas y económicas. Esto incluye avanzar hacia una cultura de paz que reconozca la dignidad del otro, la justicia social, la necesidad de erradicar todas las formas de discriminación y garantizar la equidad. Es también cultivar el respeto por la diferencia y la capacidad de tramitar los conflictos a través del diálogo y no de la violencia. En este sentido, septiembre se convierte en un mes pedagógico, donde se renuevan compromisos individuales y colectivos para sostener un horizonte de convivencia y reconciliación. La Semana por la Paz es testimonio de la fuerza de la ciudadanía, que ha sabido unir voces diversas para defender la vida y abrir caminos hacia la reconciliación.

La desigualdad social, la concentración de la tierra, la exclusión política, el racismo, la corrupción, la captura institucional por intereses privados y el abandono histórico de las comunidades en vastos territorios siguen siendo heridas abiertas que dificultan la reconciliación. La Semana por la Paz es también un recordatorio de que los acuerdos de paz deben acompañarse de transformaciones profundas en la economía, en la justicia y en la vida política del país. Sin enfrentar estas raíces, la violencia encontrará siempre nuevos caminos para reproducirse.

El contexto actual nos muestra la urgencia de un llamado claro y contundente a los actores armados para desescalar el conflicto armado en todos los territorios. La persistencia de hostilidades, ataques indiscriminados y actos de violencia que afectan principalmente a las comunidades vulnerables exige una respuesta inmediata. Los actores armados, legales e ilegales, deben acatar las reglas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y garantizar la protección de la población civil, que nunca debe ser tratada como blanco de guerra.

En el marco de este Mes de la Paz, la ciudadanía exige a los partidos políticos y a los candidatos al Congreso y a la Presidencia una actitud coherente con el momento histórico. Se necesita con urgencia elevar el nivel de la deliberación pública, dejando atrás el lenguaje de odio, la descalificación y la mentira. El debate político debe sustentarse en argumentos sólidos, propuestas viables y respeto mutuo. La sociedad de la paz no acepta que las campañas electorales sean escenarios de polarización destructiva; por el contrario, exige que el fortalecimiento de la paz sea el eje central de las propuestas y del comportamiento político.

En este entorno, se hace evidente la urgente necesidad de avanzar hacia un Acuerdo Nacional que convoque a todos los sectores sociales y políticos del país. Este acuerdo debe retomar el espíritu de la Constitución Política de 1991, que consagró a Colombia como un Estado Social de Derecho, es decir, un país en el que la dignidad humana, la justicia social, la igualdad y la participación democrática sean la base del pacto colectivo. Retomar ese mandato constitucional supone garantizar derechos, ampliar las libertades y transformar las estructuras que han perpetuado la violencia y la exclusión.

Hoy, más que nunca, Colombia necesita unidad en la diversidad, un proyecto común que coloque la vida por encima de la muerte, la cooperación sobre la confrontación y la solidaridad sobre la indiferencia. La reconciliación no significa olvidar, sino construir sobre la verdad y el reconocimiento del dolor, es reavivar la confianza en la vida compartida y abrir caminos para las nuevas generaciones.

El lema de este año, debe convertirse en guía de acción encaminada a proteger la vida, cuidar la dignidad de las personas y mantener viva la esperanza de un país que, a pesar de sus heridas, no renuncia al sueño de la paz. La Semana por la Paz, el Mes de la Paz y el Día Nacional de los Derechos Humanos son, en definitiva, un llamado a no desfallecer en la construcción de un futuro en el que la justicia, la reconciliación, la convivencia y el Estado Social de Derecho prevalezcan.

Luis Emil Sanabria D.

La paz del 2016 ya no existe

Escrito por Simón Gaviria en Ago 26, 2025. Publicado en Opinión.

Aunque durante años se presentó el Acuerdo de Paz de 2016 como un punto de inflexión histórico, los datos muestran otra historia. La tasa de homicidios, que en 2016 era de 24,4 por cada 100.000 habitantes, se ubicó en 26,1 en 2023. Algunos departamentos clave para el proceso, como Cauca, Nariño y Norte de Santander, superan los 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. La reducción de violencia no fue ni duradera ni sostenida. La Defensoría del Pueblo reporta más de 560 masacres entre 2016 y 2024, así como el asesinato de más de 1.100 líderes sociales en el mismo periodo. El más reciente, la de Miguel Uribe Turbay, nos ratifica que en la Colombia actual se mata por pensar diferente. Sino se hace algo pronto, el Acuerdo de Paz no solo será un fracaso: será irrelevante para el futuro.

La expansión territorial de grupos armados ilegales evidencia un retroceso en el control del Estado. Entre 2016 y 2023, el número de municipios con presencia de disidencias de las FARC aumentó de 33 a 164, mientras que el ELN pasó de 99 a 168. Los corredores estratégicos del Caribe y el Pacífico registraron un crecimiento del 212% en presencia de actores criminales, generando un efecto de “repartición criminal” que contradice los objetivos iniciales de desmovilización. Los espacios territoriales dejados tras la firma del Acuerdo no fueron ocupados de forma efectiva por el Estado.

En cuanto a justicia, de los más de 13.200 comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, solo 14 han recibido una resolución de fondo, mientras que el 89% de los expedientes permanece en etapa preliminar. Menos del 2% de las audiencias programadas derivaron en decisiones sancionatorias, y la congestión mina la credibilidad del sistema. Las investigaciones sobre reincidencia armada han judicializado apenas a 12 personas, pese a que la Defensoría del Pueblo ha identificado más de 3.500 integrantes de estructuras disidentes.

El impacto presupuestal tampoco refleja avances significativos. Entre 2017 y 2023 se han invertido más de 65 billones en la implementación de la paz, pero el 68% se ha concentrad en programas operativos y logísticos, mientras que los proyectos de transformación territorial apenas avanzan. Hasta ahora es una paz de consultores, una paz de Power Point. Los 170 municipios priorizados por los PDET mantienen un índice de pobreza multidimensional superior al 38%, sin reducciones significativas desde 2016. El cronograma de inversiones, que es el componente menos polémico del Acuerdo, nunca se materializó.

En síntesis, aunque el Acuerdo permitió la desmovilización parcial de un grupo armado, no se tradujo en mayor seguridad, justicia ni transformación territorial duradera. Más allá del discurso, los objetivos de estabilidad y desarrollo no se cumplieron, y su relevancia como instrumento de política pública ha disminuido. Los datos muestran que la paz, materializada en cifras, no fue. Ver el estancamiento de la tasa de homicidio es lejos de un logro. Con nuevas dinámicas de violencia teniendo otros orígenes, se ratifica el temor de la irrelevancia del acuerdo. La tesis de generosidad con los delincuentes del actual gobierno no solo nos regresó al asesinato político, sino que ahora volvemos a los carros bomba. El fracaso en seguridad es total.

Simón Gaviria

Papa León XIV pide anteponer la paz en cualquier diálogo

Escrito por Europa Press en Ago 17, 2025. Publicado en Internacional.

El Papa León XIV ha pedido este domingo que en las negociaciones por la paz «se anteponga siempre el bien común de los pueblos». Así se ha expresado desde Castel Gandolfo (Italia) tras rezar el Ángelus.

«Oremos por el éxito de los esfuerzos para poner fin a las guerras y promover la paz; para que, en las negociaciones, el bien común de los pueblos siempre sea lo primero», ha asegurado en referencia a las negociaciones en curso para alcanzar un alto el fuego y la paz entre Ucrania y Rusia.

Precisamente, el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin se reunieron este viernes 15 de agosto en Anchorage (Alaska) pero no alcanzaron ningún acuerdo sobre la guerra en Ucrania, si bien se emplazaron a una segunda reunión sin fecha fijada.

En su intervención, el Papa también ha recordado a las víctimas de las inundaciones en Asia. «Estoy cercano a los pueblos de Pakistán, India y Nepal afectados por las violentas inundaciones. Rezo por las víctimas y sus familias, y por todos los que sufren a causa de este desastre», ha apuntado.

Por otro lado, ha agradecido a todas las instituciones y asociaciones católicas que aprovechan el verano para educar y transmitir el Evangelio en actividades e iniciativas que involucran a numerosas personas, niños, jóvenes y adultos.

«En este tiempo estival recibo noticias de muchas y variadas iniciativas de animación cultural y evangelización, organizadas a menudo en los lugares de vacaciones. Es hermoso ver cómo la pasión por el Evangelio estimula la creatividad y el compromiso de grupos y asociaciones de todas las edades», ha indicado.

Entre el duelo y la manipulación

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Ago 17, 2025. Publicado en Opinión.

El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, un hecho lamentable y doloroso que debería habernos convocado a la reflexión serena y a la reafirmación del valor de la vida, terminó convirtiéndose en un escenario de utilización política y mediática. Lo que pudo ser un espacio de duelo colectivo se transformó en una tribuna donde se reforzó la polarización y se avivaron resentimientos, incluso bajo el amparo de mensajes que, paradójicamente, hablaban de paz.

El sepelio, más que un acto de despedida respetuosa y solidaria fue usado como plataforma para emitir mensajes cargados de tensiones y divisiones. En lugar de promover un clima de perdón y reconciliación, la tragedia se instrumentalizó para insistir en la idea de que la política es un campo de enemigos irreconciliables. La paradoja resultaba evidente, ya que se mencionaba la palabra “paz” mientras se alimentaban sentimientos de revancha, como si el lenguaje se redujera a un recurso retórico y no a un compromiso ético.

El tratamiento mediático y político del sepelio dejó entrever un mensaje simbólico inquietante, pues se reafirmó el concepto de que existen familias destinadas a dirigir el país, como si sobre ellas pesara un mandato “natural” de perpetuar su hegemonía. Familias que, en muchos casos, no han estado dispuestas a renunciar a privilegios acumulados en medio de contextos de violencia, corrupción o connivencia con estructuras de poder excluyentes.

Bajo la autoproclamación de “gente de bien” se levanta un muro simbólico que divide a la sociedad entre quienes se asumen herederos legítimos del poder y quienes, se atreven a cuestionar ese orden establecido. En este escenario, la tragedia se convierte en vehículo para reafirmar la narrativa de que la nación solo puede ser conducida por unos pocos, mientras se deslegitima a los sectores que demandan transformaciones y que hoy participan en el gobierno. Se repite la vieja fórmula de los incluidos y los excluidos.

En este proceso se olvida, además, la historia de genocidios, magnicidios y asesinatos sistemáticos contra lideresas y líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos comprometidos con la equidad y la justicia social. Este olvido selectivo revela una voluntad de invisibilizar violencias que han marcado profundamente a los sectores más vulnerables, mientras se refuerza un relato de victimización que justifica la conservación de privilegios.

Las grandes empresas de comunicación, lejos de propiciar un debate equilibrado, amplificaron selectivamente las voces que buscaban culpar y señalar, profundizando la fractura nacional. La cobertura, más que plural, se orientó a sobredimensionar el dramatismo y a moldear una narrativa de confrontación. En la lógica de la inmediatez, se olvidó que el periodismo no solo informa, sino que también configura marcos de interpretación. Al optar por titulares cargados de emotividad política, los medios renunciaron a su papel de mediadores y se convirtieron en actores de la contienda.

El uso de la palabra “paz” en discursos que incentivaban la confrontación es quizás el signo más doloroso de la manipulación. Convertir la paz en un eslogan de disputa, en lugar de un horizonte compartido, degrada el sentido mismo de una palabra que tanto necesita Colombia. La paz no puede ser invocada como consigna para legitimar tensiones; debe ser una práctica constante de reconciliación y un esfuerzo por construir instituciones, memorias y relatos comunes.

A quienes, dicen querer un país en paz y practican todo lo contrario, hay que recordarles que ello exige revisar políticas económicas que han relegado a las mayorías a la exclusión, la precariedad y la pobreza. La paz no puede ser la espera eterna de la ciudadanía. Si se quiere avanzar hacia una verdadera reconciliación, se debe estar dispuesto a la equidad, a desmontar estructuras injustas y a reconocer que la dignidad nacional solo florecerá cuando la vida y la justicia social sean patrimonio de todas y todos.

Luis Emil Sanabria D

La razón por la que alias ‘Zarco’ deja de ser negociador de paz

Escrito por Confidencial Noticias en Jul 15, 2025. Publicado en Lo + Confidencial, Portada.

El Gobierno Nacional tomó la decisión de quitar la categoría de negociadores de paz a José Aldinever Sierra, alias ‘Zarco Aldinever’, William Danilo Malaver López, Alberto Cruz Lobo, Luz Milfa Colmenares Vaca, Gladys Amparo Jiménez y Yuvarniza Romero.

Alias ‘Zarco Aldinever’, uno de los siete disidentes que ya no será negociador de paz, es considerado uno de los hombres cercanos a Márquez.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado Para la Paz, se llegó a esta decisión al no existir negociación con esta organización armada al margen de la ley.

La Fiscalía General de la Nación trabaja fuertemente para confirmar si alias ‘Zarco Aldinever’, es o no uno de los presuntos autores intelectuales del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

El Capítulo Étnico, enfoque transversal del Acuerdo de Paz

Escrito por Pedro Baracutao en Jul 11, 2025. Publicado en Opinión.

A casi nueve años de la firma del Acuerdo Final de Paz -AFP-, el Capítulo Étnico sigue siendo uno de los componentes más transformadores y menos comprendidos en la implementación del AFP en Colombia. No es solo un anexo ni un gesto simbólico, es un pilar fundamental para la paz territorial y la justicia étnica, es la garantía de que la implementación de todos los puntos del Acuerdo de Paz reconozca a los pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales y Rrom como actores fundamentales en la construcción de paz territorial.

Esta curul fue designada por la bancada Comunes para hacer seguimiento a la implementación del Capítulo Étnico desde el Congreso de la República, he asumido con firmeza el compromiso de traducir este mandato en acciones concretas de control político, articulación institucional y movilización social.

En ese marco, el pasado 5 de junio se realizó en el Congreso de la República la Audiencia Pública “Seguimiento a la implementación del enfoque étnico del Acuerdo de Paz”, convocada por el Representante Pedro Baracutao García en articulación con la CSIVI componente Comunes, desde un espacio colectivo de seguimiento al Capítulo Étnico del AFP, al que se vincularon la Misión de Verificación de la ONU, la Instancia Especial de Alto Nivel Pueblos Étnicos (IEANPE), el Consejo Nacional de Reincorporación – Comunes, la Instancia Especial de Mujeres, la Asociación de Firmantes Étnicos Construyendo Paz (ANFECP), la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), el Mecanismo Especial de Consulta (MEC) y el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA).

Una ruta construida desde los territorios

La audiencia se desarrolló con una nutrida participación de consejos comunitarios, autoridades indígenas, firmantes étnicos, instituciones del gobierno nacional, embajadas de Irlanda, Austria, Rusia, Suiza, México como país acompañante del Capítulo Étnico, Reino Unido y Alemania y organismos internacionales como la Misión de Verificación de la ONU.

Durante más de cinco horas, las intervenciones dieron cuenta del rezago en la implementación, a pesar de evidenciar los avances en los informes de las instituciones, las lógicas de inversión y las cifras presentadas entraron en contraste con lo manifestado por las comunidades étnicas respecto a los avances y obstáculos que enfrentan en materia de tierras, participación, seguridad, protección colectiva y programas como los PDET o el PNIS.

El compromiso no se agota en la audiencia, ésta fue parte de una ruta colectiva que ha incluido seguimiento a indicadores en el Plan Marco de Implementación, reuniones periódicas del espacio de articulación y ahora, continuaremos con la convocatoria de mesas técnicas para hacer seguimiento temático a temas críticos como tierras, iniciativas PDET con enfoque étnico, seguridad, planes de armonización, participación política o planes de retorno.

En ese sentido, hemos venido analizando las respuestas entregadas por las instituciones en la audiencia pública, para plantear las mesas técnicas, encontramos que los avances reportados son apenas una pequeña parte de lo requerido en los indicadores. Por ejemplo en materia de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-, la ART todavía se encuentra elaborando el capítulo de programas y proyectos, que fue un vacío operativo y técnico durante los casi 9 años que llevamos de implementación y consideró en su respuesta que esta etapa la culminaría en el primer trimestre de 2026. Por otra parte informa que tienen 101 proyectos en ejecución y están a la espera de la continuidad del proceso de pactos territoriales, lo que sugiere varias preguntas frente al enfoque étnico de los PDET o la ruta para avanzar en los pactos territoriales.

Frente al tema de acceso a tierras, se evidenció un problema estructural en cuanto a las cifras que presenta la ANT sobre procesos de titulación y formalización de comunidades indígenas, porque no especifica cuáles procesos corresponden al compromiso del Acuerdo de Paz y cuáles hacen parte de compromisos anteriores con el movimiento indígena. Esto nos sugiere interrogantes para plantear en las mesas técnicas, así mismo frente a temas de sustitución de cultivos de uso ilícito, reincorporación o reparación de víctimas.

Estas mesas permitirán no solo monitorear avances, sino proponer ajustes normativos, presupuestales y operativos, con participación directa de los pueblos étnicos.

Impulso institucional desde la Vicepresidencia y relacionamiento internacional

Uno de los hechos más relevantes en el marco de este proceso ha sido el anuncio de la emisión de una Directiva de la Vicepresidencia de la República para reforzar la coordinación interinstitucional y el seguimiento técnico y político al Capítulo Étnico. Esta directiva, fue emitida días después de la Audiencia Pública, se ha construido con base en el trabajo conjunto entre la Vicepresidencia, la Unidad de Implementación del Acuerdo, el Departamento Nacional de Planeación y las entidades implementadoras.

Según explicó el asesor de la Vicepresidencia en la audiencia, esta directiva buscará establecer un marco de exigibilidad frente a los compromisos del Estado, por ejemplo, a la ART se le pide culminar el capítulo de programas y proyectos en el tercer trimestre de 2025 y no en el 2026. La expedición de esta Directiva, más que un producto aislado, debe entenderse como un impulso directo del proceso de seguimiento parlamentario y de la presión ejercida desde la comunidad étnica organizada.

Este ejercicio ha contado, además, con el interés y el respetuoso acompañamiento de representantes del cuerpo diplomático acreditado en Colombia, quienes han manifestado su disposición a conocer de cerca las rutas de implementación del Capítulo Étnico y a respaldar iniciativas que fortalezcan su cumplimiento.

En este contexto, el próximo 24 de julio de 2025 se celebrará en el Congreso una reunión diplomática con embajadores, en la que se socializarán los hallazgos de la audiencia pública y se buscará consolidar apoyos para agendas de cooperación internacional con enfoque étnico y territorial.

Compromiso firme y sostenido

La implementación del Capítulo Étnico no puede quedar en el olvido ni en las cifras. Se trata de un acuerdo vivo que exige voluntad política, articulación institucional, presupuesto suficiente y participación activa de los pueblos étnicos. Esta curul reafirma su compromiso como vocero en el Congreso de este proceso y continuará promoviendo una paz con justicia y dignidad para los pueblos que han sido históricamente marginados del desarrollo y afectados por el conflicto.

Pedro Baracutao

Exfarc reconocen el reclutamiento forzado de menores

Escrito por Europa Press en Jul 8, 2025. Publicado en Lo + Confidencial, Portada.

El último secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha reconocido ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el reclutamiento forzoso de más de 18.000 menores durante el conflicto armado en el país latinoamericano.

«Reconocemos con profundo dolor que el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes fue un hecho injustificable que marcó de manera irreversible la vida de quienes fueron involucrados, de sus familias y de sus comunidades. Fue una herida colectiva que dejó cicatrices hondas en el tejido social», reza la carta fechada en Bogotá.

Seis excomandantes que formaban parte del secretariado han resaltado que asumen «con responsabilidad» lo sucedido y tienen un «firme compromiso de aportar a la verdad, la reparación y la no repetición». «Sabemos que no basta con reconocer los hechos: también es necesario contextualizarlos y aportar a una verdad completa y útil», han agregado.

En este sentido, se han comprometido en la misiva a impulsar medidas de reparación, mientras que han pedido «una única resolución de conclusiones, así como la unificación de los diferentes hechos y conductas investigados por la Jurisdicción».

Los excomandantes, entre ellos Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko‘ –quien es el actual líder del partido Comunes– ya reconocieron su responsabilidad en los hechos después de que la sala de Reconocimiento de la JEP les imputase por ser «máximos responsables» de estos crímenes.

La JEP, mecanismo especial de la Justicia colombiana que investiga y juzga a los responsables del conflicto interno, ha informado este martes en un comunicado publicado en redes sociales que «evalúa» la respuesta después de que llamara a los excomandantes a reconocer su responsabilidad penal por cinco patrones, entre los que también se encuentra la violencia reproductiva y la violencia sexual.

«Si la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP decide acusar a los comparecientes ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz y son vencidos en juicio, se podrían enfrentar a penas de hasta 20 años de prisión», ha señalado.

La JEP ya determinó que los menores no solo fueron forzados a tomar las armas, sino que también fueron víctimas de violencia sexual, torturas, desapariciones y homicidios. En total, cifraron las víctimas en 18.677 entre el periodo 1996 y 2016.

Aunque en un principio Londoño negó que se hubieran producido estos reclutamientos, llegando incluso a presentar ante la JEP todo tipo de recursos, años más tarde rectificó y citó «casos excepcionales» que no contaban con su aprobación.

Entre los imputados en el llamado caso 007 de la JEP abierto en marzo de 2019 también se encuentran figuras destacadas de la guerrilla como Julián Gallo, apodado ‘Carlos Antonio Lozada’, Pastor Alape, o Jorge Torres Victoria, conocido como ‘Pablo Catatumbo’.

Los avances y retrocesos que encontró la Comisión de la Verdad en la implementación del proceso de paz

Escrito por Confidencial Noticias en Jul 8, 2025. Publicado en Nación, Portada.

Foto: Archivo

Tres años después de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad (CEV), Colombia enfrenta una encrucijada histórica. Así lo advierte el Cuarto Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM), presentado en el marco de la conmemoración del tercer aniversario del legado de la Comisión de la Verdad.

El Comité, encargado de hacer seguimiento a las 220 recomendaciones que dejó el Informe Final encontró avances importantes, pero también retrocesos en la implementación en el periodo entre marzo de 2024 a marzo de 2025. Además, aprovecha este informe para resaltar que las recomendaciones no son una hoja de ruta exclusiva para el Gobierno nacional, sino un compromiso compartido que interpela al Estado, a la sociedad civil, al sector privado, a los medios de comunicación, a las universidades y a la sociedad en general. Su cumplimiento es clave para garantizar la no repetición del conflicto armado y transformar las causas estructurales de la violencia en Colombia.

El informe destaca la necesidad urgente de acciones concretas para garantizar la paz, en un país que enfrenta un preocupante deterioro de las condiciones de seguridad, con 460 firmantes del Acuerdo asesinados desde 2016, 73 líderes/as sociales asesinados solo en lo corrido de 2025 y un aumento del 60% en el reclutamiento infantil durante 2024. Las regiones más afectadas, como Catatumbo, Antioquia, Cauca, Meta, Arauca y Caquetá, siguen enfrentando un panorama de violencia que pone en riesgo la consolidación de la paz.

A esto se suma el incremento de feminicidios y transfeminicidios que ha aniquilado la vida de muchas lideresas sociales, defensoras de derechos humanos y personas LGBTIQ+ y el deterioro del clima político y electoral en el país. La violencia contra líderes, candidatos y figuras públicas atenta contra los principios más básicos de la democracia. Hechos como el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay evidencian el riesgo real que enfrentan quienes participan activamente en la vida política. El Comité recuerda que la Comisión de la Verdad ya había recomendado un Pacto Político Nacional para excluir definitivamente las armas de la política, garantizar elecciones seguras y proteger la pluralidad de ideas como base de la convivencia democrática.

Ante este panorama, el Comité hace un llamado urgente al Gobierno nacional, al Congreso y a todos los actores del sistema político a concretar de inmediato el Pacto Político Nacional que permita frenar la polarización, blindar las recomendaciones de la Comisión como política de Estado y activar reformas clave. Entre ellas, la creación del Ministerio de Paz y Reconciliación, la protección efectiva a excombatientes y líderes sociales, y el fortalecimiento del sistema educativo como base para una cultura de paz.

Avances que dan esperanza

Por otra parte, el Comité destaca, avances relacionados con el legado del Informe Final, con la implementación de instrumentos de la Reforma Rural, con los procesos de reincorporación y el aumento de la inversión para la implementación del Acuerdo de Paz.

Asimismo resalta la que la reforma a la ley de víctimas incluyó el enfoque de soluciones duraderas; así mismo resalta la puesta en marcha del Sistema Nacional de Búsqueda; la continuidad de los actos públicos de reconocimiento de responsabilidades a víctimas en el exilio, iniciativa de la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra; la creación de la Comisión Mixta Nacional para Asuntos Campesinos y el Proyecto de Ley de coordinación interjurisdiccional entre la Justicia Ordinaria y la Justicia Especial Indígena.

También se registran como avances: la implementación del servicio social para la paz, la adopción de la Política de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Fuerza Pública; la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú como una oportunidad histórica para la democracia ambiental y la construcción del Sistema Educativo Indígena Propio, como un mecanismo para garantizar el derecho a la educación propia de estos pueblos.

La ruta hacia la implementación

“Este informe no solo documenta hechos. Es una alerta moral al país: estamos a tiempo de elegir la vida sobre la guerra, la dignidad sobre la polarización”, señala el informe. De hecho, estos tres años de seguimiento y monitoreo han llevado al CSM a concluir que la voluntad política sostenida es el ingrediente clave para asegurar una implementación exitosa de las recomendaciones.

Entendiendo la envergadura de los llamados de la CEV, el CSM convoca a la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación y el sector privado a asumir un rol activo en la vigilancia, apropiación e impulso de estas recomendaciones. Asimismo, insta a la comunidad internacional a mantener su respaldo, tanto en cooperación técnica como en incidencia política, ante los nuevos desafíos de implementación.

La paz, afirma el Comité, no puede depender únicamente de la voluntad institucional. Requiere del compromiso sostenido de todos los sectores para transformar la verdad revelada en acciones concretas que cierren las brechas históricas de injusticia, desigualdad y exclusión.

“No se trata solo de cumplir recomendaciones. Se trata de impedir que Colombia vuelva a encender el motor de la guerra y para ello es necesario entender que solo podremos sacar la violencia de la política y de la vida de las y los colombianos si avanzamos en un Pacto Político Nacional”, concluye el informe.

Netanyahu dice que Donald Trump merece el Nobel de Paz

Escrito por Europa Press en Jul 8, 2025. Publicado en Internacional, Portada.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha propuesto al Comité Noruego del Nobel la candidatura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el Nobel de la Paz, un extremo que ha transmitido este lunes al inquilino de la Casa Blanca durante su visita a Washington.

«Está forjando la paz mientras hablamos en un país y una región tras otra. Así que quiero presentarle, señor presidente, la carta que envié al Comité del Premio Nobel. Le nomina para el Premio de la Paz, que es bien merecido, y usted debería recibirlo», ha declarado Netanyahu ante los periodistas en la Casa Blanca haciendo entrega de su misiva al mandatario estadounidense.

Trump ha agradecido la nominación, subrayando que «viniendo de usted (por Netanyahu) en particular, es muy significativo».

La carta, difundida horas después por la oficina del primer ministro israelí, pide el galardón para el presidente estadounidense por su «dedicación firme y excepcional a promover la paz, la seguridad y la estabilidad en todo el mundo» y en Oriente Próximo en particular.

En esta región, recoge la misiva publicada en la red social X, «sus esfuerzos han propiciado un cambio drástico y han creado nuevas oportunidades para ampliar el círculo de paz y normalización».

Netanyahu ha mencionado los «pioneros» Acuerdos de Abraham auspiciados por la Administración Trump en su primer mandato, por los que Israel estableció relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos , Bahréin y Marruecos, entre otros países, y de los que ha destacado que «reconfiguraron Oriente Próximo y supusieron un avance histórico hacia la paz, la seguridad y la estabilidad regional».

«La visión y el audaz liderazgo del presidente Trump promovieron una diplomacia innovadora definida no por el conflicto y el extremismo, sino por la cooperación, el diálogo y la prosperidad compartida. Pocos líderes han logrado avances tan tangibles hacia la paz en tan poco tiempo», ha recalcado.

El jefe del Ejecutivo israelí ha llegado este lunes a Washington para reunirse con su aliado, mientras se espera que una delegación de su país retome en Doha, Qatar, las negociaciones para un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza.

Netanyahu no es el primer líder extranjero en nominar a Trump, que codicia desde hace tiempo un Nobel. El mes pasado, el Gobierno de Pakistán decidió «recomendar formalmente» al mandatario estadounidense por su labor diplomática durante la crisis entre el país asiático y su vecina India, al conseguir a principios de mayo un acuerdo de alto el fuego entre ambos gobiernos tras los ataques cruzados en Cachemira.