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Durante años he sostenido la fe en la paz como quien sostiene una vela encendida en medio del viento. Sin embargo, debo confesar que muchas veces esa llama ha vacilado. He cuestionado en silencio la efectividad de las iniciativas de paz impulsadas por los gobiernos, por el Estado y por la misma sociedad civil. Lo he hecho desde el cansancio que produce ver cómo la violencia se recicla y se reinventa, mientras la promesa de un país reconciliado parece alejarse. No ha sido fácil cargar con esa mezcla de escepticismo y compromiso después de varias décadas dedicadas a tejer caminos de paz.

Lo confieso sin rodeos. En lugar de avanzar hacia una sociedad donde la vida sea realmente sagrada y donde disminuyan las muertes violentas y las violencias cotidianas, el país vuelve a mostrar signos de un nuevo ciclo de oscuridad. La violencia sigue alimentándose de la corrupción, del narcotráfico, del comercio ilegal de especies, de la minería ilegal, del tráfico de armas y de la trata de personas. La promesa de un Estado que garantice la dignidad humana y la convivencia continúa siendo una tarea inconclusa.

En medio de esa incertidumbre algo comenzó a transformarse dentro de mí. No fue un discurso académico ni un documento institucional. Fueron los encuentros con las autoridades espirituales y ancestrales del pueblo Wiwa y del pueblo Kankuamo. Fueron las palabras pronunciadas en los espacios de armonización, las historias transmitidas con paciencia, la palabra compartida durante horas y los silencios frente a la montaña. Allí comprendí que mi forma de entender el mundo había sido incompleta. Descubrí que la paz se construye también con el espíritu, con el respeto profundo por la naturaleza y con la escucha humilde de quienes han cuidado la vida durante siglos.

Sentí que algo en mi interior se liberaba, como si una parte de mi pensamiento hubiera permanecido prisionera de una visión estrecha del mundo. La espiritualidad ancestral me está enseñando a mirar de otra manera, a reconciliar la acción política con el cuidado de la vida y del territorio. Comprendo cada vez con mayor claridad que la paz no puede existir sin armonía con la naturaleza ni sin reconocimiento de la sabiduría que habita en los pueblos originarios. Empiezo a caminar por senderos de esperanza que antes no veía.

Por eso me dolió profundamente conocer la decisión del Consejo de Estado de anular el Decreto 1500 de 2018, que reconocía la Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta como territorio espiritual y cultural de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo. No es solo una decisión jurídica. Es un golpe simbólico a la posibilidad de comprender el país desde su raíz más profunda. La Línea Negra no es un trazo en un mapa. Es una red viva de 348 sitios sagrados que sostienen el equilibrio entre el agua, la tierra, el clima y la vida. Allí reposa una sabiduría milenaria que no puede ser tratada como un asunto menor.

Es urgente que las altas cortes del país se acerquen con mayor profundidad a la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas y étnicos, no como un gesto simbólico sino como un ejercicio real de comprensión y reconocimiento. El derecho y la democracia no pueden seguir interpretándose únicamente desde marcos occidentalizados que desconocen otras formas de ver y habitar el mundo. Colombia es una nación pluricultural y diversa, y esa diversidad debe reflejarse también en la manera como se imparte justicia y se interpreta la Constitución. Incorporar los sistemas de conocimiento ancestral, respetar las cosmovisiones y reconocer la riqueza espiritual e inmaterial de los pueblos originarios no debilita el Estado de derecho, por el contrario lo fortalece y lo humaniza. Solo una justicia que dialogue con todas las formas de sabiduría podrá responder con mayor sensibilidad y profundidad a los desafíos de una sociedad diversa que busca construir una paz verdadera y duradera.

No escribo desde la certeza absoluta. Escribo desde el aprendizaje y desde la conciencia de que como sociedad aún nos falta mucho por reconocer y comprender. Nos falta escuchar con mayor atención a los pueblos originarios, reconocer la profundidad de sus conocimientos y entender que la paz no puede construirse ignorando la relación espiritual con la tierra y con los territorios que sostienen la vida.

Hoy se hace necesario un llamado sereno pero firme a la sociedad colombiana. Es tiempo de abrir el corazón y la razón al reconocimiento de la sabiduría ancestral que durante siglos ha protegido el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. Es tiempo de comprender que defender la Sierra Nevada de Santa Marta y la Línea Negra es defender el agua, el clima, la biodiversidad y la vida de todos. No se trata solo de una causa indígena. Es una causa colectiva que interpela la ética y la responsabilidad histórica de la nación. Colombia necesita una paz que sea también espiritual, ambiental y cultural. Una paz que reconozca la dignidad de los pueblos y el valor de sus territorios. Una paz que se construya desde la solidaridad, el respeto y el diálogo entre saberes.

Luis Emil Sanabria D.

La discusión nacional sobre la jurisdicción agraria revela, una vez más, la profundidad de nuestro conflicto territorial y político. Colombia ha cargado durante décadas el peso de la desigualdad en la propiedad de la tierra, la concentración desmedida, el despojo sistemático, el desplazamiento forzado y la ausencia de un árbitro judicial especializado que permita resolver los conflictos rurales con justicia, prontitud y conocimiento del territorio. La jurisdicción agraria no es un capricho ni un invento reciente. Es una deuda histórica con el campesinado, los pueblos étnicos y las comunidades rurales que han vivido entre la informalidad jurídica y la violencia armada.

La reforma rural integral pactada en el Acuerdo Final de 2016 planteó una hoja de ruta para transformar el campo, cerrar brechas, democratizar la tierra y garantizar oportunidades productivas que impidan que los jóvenes rurales sigan marchándose o cayendo en manos de economías ilegales. Nada de eso será real sin un sistema judicial agrario fuerte, especializado, cercano a los territorios y capaz de resolver los miles de conflictos que tienen en suspenso la seguridad jurídica y la vida de quienes habitan el campo. La jurisdicción agraria es, en esencia, la llave que abre la puerta para que la reforma rural siga su camino con más certezas que incertidumbres y se convierta en realidad para millones de colombianos y colombianas.

Sin embargo, algunos sectores políticos, económicos y gremiales han emprendido una campaña de desprestigio contra esta jurisdicción. Alegan que generará inseguridad jurídica, que afectará la propiedad privada o que es innecesaria. Estas afirmaciones ignoran que la mayor inseguridad jurídica hoy la sufren precisamente campesinos, resguardos indígenas y consejos comunitarios que no cuentan con títulos, que enfrentan litigios interminables o que han sido víctimas de la violencia y del despojo. También ignoran que el Estado colombiano tiene obligaciones constitucionales y acuerdos internacionales que respaldan la necesidad de una justicia agraria especializada y accesible.

La oposición a esta jurisdicción parece responder menos a argumentos técnicos y más a intereses particulares que temen perder privilegios. La concentración de la tierra en Colombia también se ha mantenido porque la justicia ordinaria ha sido lenta, lejana y muchas veces incapaz de comprender las dinámicas rurales. Una jurisdicción especializada, con jueces formados en derecho agrario, en enfoque territorial y en protección de derechos colectivos, permitiría equilibrar la balanza y generar confianza en la institucionalidad. Eso es justamente lo que temen algunos sectores que han lucrado de la desigualdad histórica en el campo.

El daño que esta oposición le hace a la paz de Colombia es profundo. La paz territorial no puede construirse si los conflictos por la tierra siguen sin resolverse, si persiste la informalidad que afecta al campesinado y si las comunidades étnicas continúan esperando decisiones judiciales que garanticen seguridad sobre sus territorios. La ausencia de justicia agraria alimenta la desesperanza, facilita el avance de economías ilegales y crea las condiciones para que los grupos armados sigan reclutando jóvenes y disputando el control de los territorios.

La jurisdicción agraria no es un riesgo para el país. Es una oportunidad. Una oportunidad para resolver los conflictos de manera pacífica, para proteger la producción campesina, para ordenar el territorio de forma sostenible y para avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de Paz. También es una oportunidad para que Colombia pueda convertirse en un referente de campo productivo, de justicia rural y reparación histórica.

La paz de Colombia no se construye sobre discursos vacíos ni mediante el bloqueo de reformas indispensables. Se construye reconociendo que la tierra y el territorio están en el corazón de las violencias armadas locales y que sin justicia en el campo no habrá paz duradera. Quienes hoy se oponen a la jurisdicción agraria cargan con la responsabilidad histórica de impedir un avance fundamental para la reconciliación nacional. La patria espera otra cosa. Espera compromiso con la verdad, con los principios constitucionales, con los derechos de las comunidades rurales y con la construcción de un futuro donde la paz sea una realidad y no una promesa aplazada.

La jurisdicción agraria es mucho más que un ajuste técnico del Estado. Es una apuesta profunda por la vida y la dignidad, por la justicia que históricamente se le ha negado al campo y por la reconciliación que Colombia necesita con urgencia. Su implementación representa un paso inaplazable para sanar heridas, ordenar el territorio con equidad y construir un país donde los conflictos por la tierra se resuelvan con derechos y no con violencia. Por eso preocupa el daño que generan quienes se oponen difundiendo la idea de que esta jurisdicción será una carga económica imposible de asumir. Nada hay más costoso que la guerra, el despojo, el desplazamiento y la violencia que durante décadas han tenido su origen precisamente en la ausencia de justicia rural. Alegar inviabilidad financiera es cerrar los ojos ante la verdad del país y bloquear una reforma que podría evitar nuevos ciclos de violencia armada.

La sociedad colombiana debe movilizarse alrededor de esta causa que es de todos y todas. Campesinos, empresarios, comunidades étnicas, organizaciones sociales, academia, iglesias, juventudes y ciudadanía urbana pueden y deben unirse para defender una justicia territorial que garantice seguridad jurídica, convivencia pacífica y oportunidades para las nuevas generaciones. La paz no nacerá de la inercia ni del miedo, sino de decisiones valientes y del compromiso colectivo. La jurisdicción agraria es una de las llaves para abrir la puerta de un futuro diferente y su defensa nos convoca a construir, entre todos, la Colombia justa y pacífica por la que tanto hemos luchado.

Luis Emil Sanabria D.

La Semana por la Paz 2025 llegó a su edición número 38, y lo hizo en medio de un país que todavía busca sanar heridas, superar violencias y construir caminos de reconciliación. En cada rincón de Colombia, la sociedad civil ha tejido acciones colectivas que, con creatividad y convicción, demuestran que la paz no una práctica cotidiana que se siembra en el territorio. El lema “Arropamos la Vida con Dignidad y Esperanza” ilumina con fuerza el sentido profundo de las iniciativas ciudadanas.

Arropar significa cobijar, proteger, acoger, asumir una actitud ética frente al cuidado de la vida en todas sus formas. Las organizaciones sociales se convierten en ese manto protector que resiste la indiferencia y el olvido. Arropamos la vida cuando defendemos los ríos de la contaminación, cuando organizamos mingas solidarias para quienes han sido desplazados, cuando pintamos murales de memoria en las paredes de los barrios.

La vida, en su dimensión integral, es la razón y el fin de toda acción por la paz. No solo hablamos de la vida humana, sino también de la vida de los territorios, de los ecosistemas, de las culturas que hacen de Colombia un país diverso. Defender la vida es exigir que cesen los asesinatos de líderes sociales, que no se arranquen los sueños de las juventudes, que no se repitan las violencias que han marcado nuestra historia.

La dignidad es la base de la justicia social. No basta con sobrevivir; se trata de vivir con derechos garantizados, con acceso a la educación, a la salud, a una vivienda digna y a la participación ciudadana. La dignidad exige que la voz de las comunidades sea escuchada en la toma de decisiones, que los acuerdos de paz se cumplan y que los territorios no sigan siendo sacrificados en nombre de la guerra o del extractivismo.

La esperanza es el motor que mantiene vivas las luchas. No es ingenuidad, sino la certeza de que un futuro distinto es posible si se trabaja colectivamente. Es la esperanza de madres que buscan a sus hijos desaparecidos, de jóvenes que apuestan por el arte y el deporte en lugar de las armas, de comunidades que reclaman el derecho a permanecer en su tierra. La esperanza es la semilla que florece en medio de la adversidad, es la fuerza presente que mueve millones de almas.

La seguridad humana que potencia estos valores, abarca la perspectiva de vivir libres del miedo, de la necesidad y de la humillación. Es la garantía de que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida sin amenazas contra su integridad física, sin hambre ni pobreza extrema, y sin exclusiones que nieguen su condición de sujeto de derechos. La seguridad humana se hace posible cuando existen protección y garantías efectivas. Protección para las comunidades y líderes sociales frente a la violencia, y garantías para el ejercicio pleno de los derechos humanos, la participación democrática, el acceso a la justicia y a los bienes básicos de la vida.

La paz en Colombia, tantas veces firmada y tantas veces incumplida, necesita ser reparada. Hay que recomponer confianzas rotas, sanar la memoria de las víctimas, restituir derechos, reconstruir territorios arrasados por la violencia y transformar las estructuras de desigualdad que mantienen vivas las causas del conflicto. Reparar la paz significa también aprender a tomar el presente y el futuro en nuestras manos, como sociedad que no delega su destino, sino que lo construye activamente en la vida diaria.

La paz exige la disposición a renunciar a privilegios en favor del bien común. Quienes han disfrutado históricamente de posiciones de poder, riqueza o influencia deben comprender que la reconciliación real solo será posible si hay redistribución de oportunidades y garantías para todas las personas. Se trata de ganar juntos en justicia social, equidad y democracia. Una paz verdadera se sostiene cuando cada persona goza plenamente de sus Derechos Humanos y cuando la sociedad se compromete a hacer de la igualdad una práctica y no un discurso.

La Semana por la Paz es un clamor dirigido a quienes tienen en sus manos grandes responsabilidades. A los actores armados, para que escuchen a la gente y cesen sus acciones violentas que siembran dolor y desarraigo. La paz se conquista con el respeto a la vida y con voluntad de diálogo. A los ricos y poderosos, para que piensen más en el bienestar de los más necesitados y menos en el incremento de sus fortunas. A los corruptos, para que depongan el saqueo de lo público que condena a millones a la pobreza. A los políticos, para que piensen más en la solución de los problemas y menos en la defensa de sus posiciones ideológicas o privilegios partidistas.

La Semana y el Mes por la Paz 2025 nos recuerda que la paz es un tejido plural, construido colectivamente, con acciones diversas que van desde un festival cultural hasta una marcha silenciosa, desde una oración colectiva hasta un acuerdo comunitario de convivencia. En cada gesto ciudadano late la convicción de que Colombia puede convertirse, finalmente, en un país capaz de elegir el bien común sobre el privilegio, y la vida sobre la violencia.

Luis Emil Sanabria D.

Inicia el mes de septiembre, periodo que la sociedad colombiana ha asumido como el Mes de la Paz, y en cuyo marco se realiza del 7 al 14 la Semana por la Paz número 38. Durante este periodo, comunidades, organizaciones sociales, instituciones educativas, iglesias, colectivos culturales y ciudadanía en general se unirán en actividades de reflexión, movilización, arte, pedagogía y memoria. El 9 de septiembre, Día Nacional de los Derechos Humanos, será uno de los momentos más significativos de esta conmemoración, recordándonos que la paz y los derechos son inseparables. El lema de este año, “Arropamos la vida con dignidad y esperanza”, encarna el compromiso permanente con la defensa de la vida, la verdad y la reconciliación.

Esta jornada nos recuerda que la paz es un proceso cultural que debe transformar las relaciones sociales, políticas y económicas. Esto incluye avanzar hacia una cultura de paz que reconozca la dignidad del otro, la justicia social, la necesidad de erradicar todas las formas de discriminación y garantizar la equidad. Es también cultivar el respeto por la diferencia y la capacidad de tramitar los conflictos a través del diálogo y no de la violencia. En este sentido, septiembre se convierte en un mes pedagógico, donde se renuevan compromisos individuales y colectivos para sostener un horizonte de convivencia y reconciliación. La Semana por la Paz es testimonio de la fuerza de la ciudadanía, que ha sabido unir voces diversas para defender la vida y abrir caminos hacia la reconciliación.

La desigualdad social, la concentración de la tierra, la exclusión política, el racismo, la corrupción, la captura institucional por intereses privados y el abandono histórico de las comunidades en vastos territorios siguen siendo heridas abiertas que dificultan la reconciliación. La Semana por la Paz es también un recordatorio de que los acuerdos de paz deben acompañarse de transformaciones profundas en la economía, en la justicia y en la vida política del país. Sin enfrentar estas raíces, la violencia encontrará siempre nuevos caminos para reproducirse.

El contexto actual nos muestra la urgencia de un llamado claro y contundente a los actores armados para  desescalar el conflicto armado en todos los territorios. La persistencia de hostilidades, ataques indiscriminados y actos de violencia que afectan principalmente a las comunidades vulnerables exige una respuesta inmediata. Los actores armados, legales e ilegales, deben acatar las reglas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y garantizar la protección de la población civil, que nunca debe ser tratada como blanco de guerra.

En el marco de este Mes de la Paz, la ciudadanía exige a los partidos políticos y a los candidatos al Congreso y a la Presidencia una actitud coherente con el momento histórico. Se necesita con urgencia elevar el nivel de la deliberación pública, dejando atrás el lenguaje de odio, la descalificación y la mentira. El debate político debe sustentarse en argumentos sólidos, propuestas viables y respeto mutuo. La sociedad de la paz no acepta que las campañas electorales sean escenarios de polarización destructiva; por el contrario, exige que el fortalecimiento de la paz sea el eje central de las propuestas y del comportamiento político.

En este entorno, se hace evidente la urgente necesidad de avanzar hacia un Acuerdo Nacional que convoque a todos los sectores sociales y políticos del país. Este acuerdo debe retomar el espíritu de la Constitución Política de 1991, que consagró a Colombia como un Estado Social de Derecho, es decir, un país en el que la dignidad humana, la justicia social, la igualdad y la participación democrática sean la base del pacto colectivo. Retomar ese mandato constitucional supone garantizar derechos, ampliar las libertades y transformar las estructuras que han perpetuado la violencia y la exclusión.

Hoy, más que nunca, Colombia necesita unidad en la diversidad, un proyecto común que coloque la vida por encima de la muerte, la cooperación sobre la confrontación y la solidaridad sobre la indiferencia. La reconciliación no significa olvidar, sino construir sobre la verdad y el reconocimiento del dolor, es reavivar la confianza en la vida compartida y abrir caminos para las nuevas generaciones.

El lema de este año, debe convertirse en guía de acción encaminada a proteger la vida, cuidar la dignidad de las personas y mantener viva la esperanza de un país que, a pesar de sus heridas, no renuncia al sueño de la paz. La Semana por la Paz, el Mes de la Paz y el Día Nacional de los Derechos Humanos son, en definitiva, un llamado a no desfallecer en la construcción de un futuro en el que la justicia, la reconciliación, la convivencia y el Estado Social de Derecho prevalezcan.

Luis Emil Sanabria D.