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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Pedro Baracutao

Medellín normaliza la gentrificación

En Medellín varias paredes tienen grafitis con la pregunta: “¿la ciudad para quién?” Y esto hace referencia a lo caro que resulta vivir en la ciudad para sus propios habitantes. Una ciudad excluyente con sus propios habitantes, desplazados por extranjeros en su propio suelo. Así lo dice la canción de alkoholyricoz “Medellinificación”: “todo está muy caro, recolonizado por avaros, no importa vivir endeudados…” (https://www.youtube.com/watch?v=TE1qzHz7goU&list=RDTE1qzHz7goU&start_radio=1).

Dos noticias del diario El Colombiano sobre el crecimiento inmobiliario de Medellín y su atractivo como vividero dan cuenta de la normalización del despojo por desposesión en la ciudad, o lo que también se denomina como un proceso de gentrificación. Una noticia titula: “Medellín hace parte de las 100 mejores ciudades del mundo para vivir en 2026” (https://www.elcolombiano.com/negocios/medellin-100-mejores-ciudades-mundo-vivir-ranking-worlds-best-cities-2026-GB30754112). Alardea de que Medellín se ubica en el puesto 76, por debajo de Bogotá (puesto 51), y de su definición como “laboratorio urbano de Sudamérica”, desconociendo su realidad inmobiliaria determinada por los intereses del capital.

 

La otra noticia “Apartamentos entre nubes, el nuevo paisaje del Aburrá” (https://www.elcolombiano.com/multimedia/imagenes/apartamentos-entre-nubes-el-nuevo-paisaje-del-aburra-CF30534767), esconde otra realidad más brutal y son LOS PRECIOS POR LAS NUBES DE LOS ARRIENDOS, por el fenómeno de la gentrificación. Gente con un salario mínimo o hasta dos no podría alquilar un espacio digno en la ciudad y a la vez tener con qué movilizarse, alimentarse y pagar servicios.

Mientras tanto, medios oficiales como El Colombiano, normalizan esta situación e incluso exaltan el atractivo turístico de la ciudad que se convirtió en vividero para extranjeros a costa de sus propios ciudadanos. De nuevo cabe la pregunta: “¿la ciudad para quién?”

Esta reflexión para poner en la discusión la normalización que hacen los medios tradicionales de una situación que está generando descontento en la ciudadanía, afectada por el alto costo de vivir en una ciudad que al parecer ya no les pertenece.

Pedro Baracutao

Contra la xenofobia

Después de Colombia eliminar a la Selección de Venezuela de las eliminatorias al mundial 2026, y durante el mismo partido, los chistes racistas no se dejaron esperar: “que no hay servicio en Rappi”, “el que gane se queda con el Parque Berrío”, “la señora de la tienda (venezolana) no nos quiere vender cerveza…”, y así. Incluso en el centro de Bogotá después del partido hubo una riña masiva entre colombianos y venezolanos.

 Esos chistes sobre el país vecino reproducen un sentimiento innecesario entre dos naciones hermanas, unidad por una historia de lucha y emancipación, y es el sentimiento de superioridad racial, germen del nacionalismo, el racismo y el fascismo. El momento por el que atraviesa Venezuela, la hermana República, requiere de toda nuestra solidaridad y apoyo. Normalizar los “chistes” contra las personas migrantes de Venezuela reproduce la matriz del odio contra el pobre, el diferente, el desempleado, en últimas un arribismo propio de las elites y de quienes reproducen su mentalidad.

 

Como países bolivarianos, con la frontera compartida más grande, con una historia de solidaridad y lucha entre ambos pueblos, no podemos caer en la lógica del racismo. Más cuando en Latinoamérica y el mundo avanzan las derechas con discursos de odio y de persecución hacia lo diferente. Hace poco el incidente entre una barra chilena y otra argentina en Avellaneda demostró lo que causa el nacionalismo entre países hermanos, una violencia entre gente de la misma clase social por una idea de superioridad que no es futbolística sino racial.

Esta es una invitación a la fraternidad entre países hermanos, a que entendamos más allá de lo mediático y los montajes que Venezuela es un país hermano que necesita de nuestra solidaridad ante las amenazas imperialistas que desatarían una ola migratoria mucho mayor. Unámonos en un frente antifascista que más allá de consignas se materialice en la conciencia de la hermandad entre los pueblos en resistencia.

Pedro Baracutao

Reactivar el aeropuerto para el Distrito de Turbo

Turbo, un territorio histórico para nuestra región, merece tener mayor inversión en transporte, vías y agua potable. Más aún cuando se pretende generar un modelo de integración regional que lo deja por fuera como es el Área Metropolitana de Urabá.

Reitero la necesidad de reactivar el aeropuerto para el distrito de Turbo, como lo plantee en  reciente debate de control político en la Comisión Sexta de Cámara a MinTransporte: es necesario priorizar la recuperación del aeropuerto como proyecto clave para la región.

 

El actual aeropuerto permanece bajo administración de las Fuerzas Militares, lo que impide su uso civil. Ante esta situación, la propuesta se acompasa con la  del concejal Luis Fernando Cuesta Manyoma, de solicitar a la Aeronáutica Civil claridad sobre el estado del aeropuerto y los convenios vigentes. La otra alternativa es que el Plan de Ordenamiento Territorial defina un lote estratégico para un futuro aeropuerto, conectado con los proyectos portuarios del distrito.

Hago un llamado a la unidad de dirigentes, autoridades locales y ciudadanía, más allá de las diferencias partidistas, para lograr que Turbo cuente con un aeropuerto funcional. La falta de consensos ha sido una de las causas del atraso en obras estratégicas para el distrito, el desarrollo regional requiere una visión compartida.

Finalmente, es clave reiterar que el desarrollo del distrito como centro portuario y turístico solo será posible si se garantiza una infraestructura de transporte adecuada. El Urabá tiene las condiciones para generar vida digna para su población y podría ser la primera ciudad portuaria planificada del país, en beneficio de su gente.

Pedro Baracutao

Balance de tres años de gobierno del presidente Gustavo Petro

Antes que nada, lamentar la violencia política que le arrebató la vida a Miguel Uribe Turbay. Ninguna ideología está por encima de la vida.

Durante el actual gobierno, uno de los avances más destacados ha sido la reducción de la pobreza monetaria, que en 2024 alcanzó el 28,3 %, uno de los niveles más bajos del presente siglo. Según cifras del DANE, la pobreza monetaria se ubicó en 28,6 % a nivel nacional, mientras que el promedio del país fue de 31,8 % el año anterior, lo que representa una disminución de 4,8 puntos porcentuales frente al 2022, cuando inició el mandato con un índice de 36,6 %.

 

Este resultado cobra relevancia al considerar que el país venía de enfrentar los efectos de la pandemia de Covid-19, la cual elevó la pobreza monetaria hasta el 43,1 %. La tendencia a la baja evidencia un esfuerzo sostenido por parte de las políticas públicas orientadas a mejorar el ingreso y las condiciones de vida de la población.

Otro de los logros señalados por el gobierno ha sido el incremento progresivo del salario mínimo, el cual ha contribuido a mejorar la situación económica de los trabajadores. En 2022, el ajuste fue del 10,7 %, para 2023 alcanzó el 16 %, en 2024 se incrementó en 12 % y, para el presente año, se fijó en un 9,53 %. Estos aumentos, por encima de la inflación en varios periodos, han buscado fortalecer el poder adquisitivo y garantizar una mayor capacidad de consumo en los hogares, lo que, junto con la reducción de la pobreza monetaria, refleja un impacto positivo en el bienestar económico de amplios sectores de la población.

Inversión y creación de empleo en Antioquia y Urabá

El gobierno de Gustavo Petro ha buscado implementar un modelo de desarrollo que prioriza la equidad social y la sostenibilidad ambiental. En este contexto, el megaproyecto de Puerto Antioquia se presenta como un elemento clave para transformar la región de Urabá, no solo desde un enfoque económico, sino también social.

Con una inversión de 720 millones de dólares, el puerto promete generar más de 17,000 nuevos empleos formales. Esta generación de empleo es fundamental en una región que ha enfrentado históricamente altos índices de pobreza y desempleo. Además, la instalación de al menos 800 nuevas empresas asociadas al puerto puede estimular la economía local, promoviendo un entorno favorable para el desarrollo de diversos sectores productivos.

La creación de empleo formal no solo impacta la economía, sino que también tiene un efecto positivo en la calidad de vida de los habitantes de Urabá, proporcionando estabilidad y oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Igualmente, durante el Gobierno del Cambio, se han entregado un total de 556 hectáreas a comunidades del Urabá antioqueño, representadas en 15 predios distribuidos en varios municipios de la subregión. Estos terrenos ya están produciendo alimentos que benefician a cientos de familias campesinas, brindando una oportunidad para mejorar su calidad de vida y fomentar la agricultura local.

Además, es importante destacar que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha formalizado más de 1.200.000 hectáreas a víctimas del conflicto, lo que significa que ahora son propietarios legítimos de sus tierras. Esta acción no solo busca reparar el daño histórico causado por el despojo, sino también devolver la dignidad a quienes han sufrido a causa de la violencia en la región (Agencia Nacional de Tierras, 2025).

Inclusión Étnica y Reconocimiento de Consejos Comunitarios

El enfoque del gobierno también ha incluido un fuerte componente en el reconocimiento de las comunidades étnicas. El acto de perdón en San José de Apartadó es un ejemplo de la búsqueda de reconciliación en una región marcada por la violencia y el conflicto. El reconocimiento a los Consejos Comunitarios permite que las voces de las comunidades afrodescendientes e indígenas sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones.

Este enfoque inclusivo no solo busca reparar el tejido social, sino que también es crucial para el desarrollo de proyectos como el de Puerto Antioquia, donde la participación comunitaria puede asegurar que los beneficios del desarrollo se distribuyan de manera equitativa.

Por: Pedro Baracutao

El Capítulo Étnico, enfoque transversal del Acuerdo de Paz

A casi nueve años de la firma del Acuerdo Final de Paz -AFP-, el Capítulo Étnico sigue siendo uno de los componentes más transformadores y menos comprendidos en la implementación del AFP en Colombia. No es solo un anexo ni un gesto simbólico, es un pilar fundamental para la paz territorial y la justicia étnica, es la garantía de que la implementación de todos los puntos del Acuerdo de Paz reconozca a los pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales y Rrom como actores fundamentales en la construcción de paz territorial.

Esta curul fue designada por la bancada Comunes para hacer seguimiento a la implementación del Capítulo Étnico desde el Congreso de la República, he asumido con firmeza el compromiso de traducir este mandato en acciones concretas de control político, articulación institucional y movilización social.

 

En ese marco, el pasado 5 de junio se realizó en el Congreso de la República la Audiencia Pública Seguimiento a la implementación del enfoque étnico del Acuerdo de Paz”, convocada por el Representante Pedro Baracutao García en articulación con la CSIVI componente Comunes, desde un espacio colectivo de seguimiento al Capítulo Étnico del AFP, al que se vincularon la Misión de Verificación de la ONU, la Instancia Especial de Alto Nivel Pueblos Étnicos (IEANPE), el Consejo Nacional de Reincorporación – Comunes, la Instancia Especial de Mujeres, la Asociación de Firmantes Étnicos Construyendo Paz (ANFECP), la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), el Mecanismo Especial de Consulta (MEC) y el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA).

Una ruta construida desde los territorios

La audiencia se desarrolló con una nutrida participación de consejos comunitarios, autoridades indígenas, firmantes étnicos, instituciones del gobierno nacional, embajadas de Irlanda, Austria, Rusia, Suiza, México como país acompañante del Capítulo Étnico, Reino Unido y Alemania y organismos internacionales como la Misión de Verificación de la ONU.

Durante más de cinco horas, las intervenciones dieron cuenta del rezago en la implementación, a pesar de evidenciar los avances en los informes de las instituciones, las lógicas de inversión y las cifras presentadas entraron en contraste con lo manifestado por las comunidades étnicas respecto a los avances y obstáculos que enfrentan en materia de tierras, participación, seguridad, protección colectiva y programas como los PDET o el PNIS.

El compromiso no se agota en la audiencia, ésta fue parte de una ruta colectiva que ha incluido seguimiento a indicadores en el Plan Marco de Implementación, reuniones periódicas del espacio de articulación y ahora, continuaremos con la convocatoria de mesas técnicas para hacer seguimiento temático a temas críticos como tierras, iniciativas PDET con enfoque étnico, seguridad, planes de armonización, participación política o planes de retorno.

En ese sentido, hemos venido analizando las respuestas entregadas por las instituciones en la audiencia pública, para plantear las mesas técnicas, encontramos que los avances reportados son apenas una pequeña parte de lo requerido en los indicadores. Por ejemplo en materia de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-, la ART todavía se encuentra elaborando el capítulo de programas y proyectos, que fue un vacío operativo y técnico durante los casi 9 años que llevamos de implementación y consideró en su respuesta que esta etapa la culminaría en el primer trimestre de 2026. Por otra parte informa que tienen 101 proyectos en ejecución y están a la espera de la continuidad del proceso de pactos territoriales, lo que sugiere varias preguntas frente al enfoque étnico de los PDET o la ruta para avanzar en los pactos territoriales.

Frente al tema de acceso a tierras, se evidenció un problema estructural en cuanto a las cifras que presenta la ANT sobre procesos de titulación y formalización de comunidades indígenas, porque no especifica cuáles procesos corresponden al compromiso del Acuerdo de Paz y cuáles hacen parte de compromisos anteriores con el movimiento indígena. Esto nos sugiere interrogantes para plantear en las mesas técnicas, así mismo frente a temas de sustitución de cultivos de uso ilícito, reincorporación o reparación de víctimas.

Estas mesas permitirán no solo monitorear avances, sino proponer ajustes normativos, presupuestales y operativos, con participación directa de los pueblos étnicos.

Impulso institucional desde la Vicepresidencia y relacionamiento internacional

Uno de los hechos más relevantes en el marco de este proceso ha sido el anuncio de la emisión de una Directiva de la Vicepresidencia de la República para reforzar la coordinación interinstitucional y el seguimiento técnico y político al Capítulo Étnico. Esta directiva, fue emitida días después de la Audiencia Pública, se ha construido con base en el trabajo conjunto entre la Vicepresidencia, la Unidad de Implementación del Acuerdo, el Departamento Nacional de Planeación y las entidades implementadoras.

Según explicó el asesor de la Vicepresidencia en la audiencia, esta directiva buscará establecer un marco de exigibilidad frente a los compromisos del Estado, por ejemplo, a la ART se le pide culminar el capítulo de programas y proyectos en el tercer trimestre de 2025 y no en el 2026. La expedición de esta Directiva, más que un producto aislado, debe entenderse como un impulso directo del proceso de seguimiento parlamentario y de la presión ejercida desde la comunidad étnica organizada.

Este ejercicio ha contado, además, con el interés y el respetuoso acompañamiento de representantes del cuerpo diplomático acreditado en Colombia, quienes han manifestado su disposición a conocer de cerca las rutas de implementación del Capítulo Étnico y a respaldar iniciativas que fortalezcan su cumplimiento.

En este contexto, el próximo 24 de julio de 2025 se celebrará en el Congreso una reunión diplomática con embajadores, en la que se socializarán los hallazgos de la audiencia pública y se buscará consolidar apoyos para agendas de cooperación internacional con enfoque étnico y territorial.

Compromiso firme y sostenido

La implementación del Capítulo Étnico no puede quedar en el olvido ni en las cifras. Se trata de un acuerdo vivo que exige voluntad política, articulación institucional, presupuesto suficiente y participación activa de los pueblos étnicos. Esta curul reafirma su compromiso como vocero en el Congreso de este proceso y continuará promoviendo una paz con justicia y dignidad para los pueblos que han sido históricamente marginados del desarrollo y afectados por el conflicto.

Pedro Baracutao

Urabá como departamento

“La mejor esquina de América”, como rezan los planes geopolíticos sobre Antioquia, no es el departamento como tal sino el territorio de Urabá, con la posibilidad de un puerto interoceánico. Esta esquina es una obsesión de las élites regionales para acrecentar sus arcas.

Los pueblos étnicos, el campesinado, el sindicalismo, los liderazgos sociales y ambientales es lo que menos le ha importado a la clase dirigente regional y nacional. Solo han visto al Urabá como una fuente de riqueza que no se ve reflejada en la región con inversión social.

 

En reciente Audiencia Pública para discutir la propuesta de Área Metropolitana para el Urabá, realizada el 20 de marzo (ya he realizado 9 en este territorio sobre diferentes temas), hice una pregunta: ¿qué tal si le planteamos al gobernador de Antioquia que deje que Urabá se convierta en departamento?  

El Estado colombiano y sobre todo el departamento de Antioquia no puede solamente sacar las ganancias y utilidades de la región. De las 9 Audiencias donde tratamos temas de salud, paz total, vías terciarias, reforma rural integral y mujer rural, nunca ha salido un compromiso de la Gobernación de Antioquia. Solo tienen en la cabeza los puertos y las vías 4G, es decir, hacer del Urabá un segundo Buenaventura, con los mismos niveles de exclusión, pobreza, saqueo y falta de agua potable.

En esta última audiencia planteamos la necesidad de la Consulta Previa con los Consejos Comunitarios en lo que tiene que ver con Puerto Antioquia; también la necesidad de que la rentabilidad sea de carácter social y no solamente para el empresariado, mientras que Urabá carece todavía de agua potable, las vías terciarias sigan igual que hace medio siglo,  y la región sigue sin un hospital de tercer nivel.

Esta propuesta de Urabá Departamento tuvo una respuesta negativa por parte del diputado por Antioquia Manuel García replicada en el medio La Chiva de Urabá (https://www.facebook.com/watch/?v=1290225485376805&rdid=qivFNX3wjcljjeaH). Se generó un debate con más de 400 comentarios, la mayoría a favor de la propuesta:

– “Que digan que hay que hacer desde la sociedad civil y arrancamos”.

– “Si Urabá se convierte en departamento gana Urabá y sus habitantes y pobladores, pierden los imperialistas del uribismo… que creen que el departamento de Antioquia es una de sus fincas…”

– “Haga una encuesta con la gente de a pie , pregunté si quieren o no a Urabá departamento”

– “Se ignora que durante más de 50 años Antioquia explotó a Urabá y solo hasta hace 10 años empezó un buen proyecto vial solo porque vio la oportunidad de hacer un puerto en estas tierras. De lo contrario aún tocaba andar por carreteras en pésimo estado mientras los recursos se repartían entre Medellín y el Valle de Aburrá. Gente sin memoria”.

– “…A Urabá la tienen olvidada, solo vienen por los votos. Todo es para el Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás y a Urabá nada de nada…”

– “Urabá golpeado por los empresarios del país, en especial los de Medellín, han causado dolor en la zona despojando a los campesinos y a líderes sociales que trabajan por la región. Medellín sea hecho próspera a causa de esta región”.

– “Tiene los habitantes, la extensión, los recursos, queda en veremos si los políticos de la región tienen las capacidades de administrar los recursos, desde el punto de moral, honestidad y responsabilidad con el pueblo”.

– “Debemos tener cuidado de que Urabá no sea la nueva Buenaventura, con puerto y olvidada y llena de problemas”.

– “Excelente propuesta. En el eje bananero el gobierno lleva todo, pero nosotros los villanos, los 4 municipios del norte,  nos llegan migajas, no estamos contentos, no tenemos vías terciarias en buenas condiciones, la infraestructura en los colegios es pésima, ¿cómo puede un niño aprender en un aula donde literalmente se moja y donde en algunos colegios no hay aulas y toca dar clases al aire libre? Es una tristeza, la vía nacional que pasa por Necoclí para San Juan no sirve…”

Finalmente, la discusión queda abierta y la ciudadanía tiene una postura clara frente a la necesaria inversión social en la región: “y el gobernador no hace sino pelear con el presidente, y ni invierte por sus tontas peleas, mientras tanto nosotros, los de la prole, somos los que sufrimos”.

Pedro Baracutao

Carta abierta al presidente Gustavo Petro

Presidente Gustavo Petro, le he enviado cuatro cartas sin obtener respuesta, en estas le he solicitado una conversación en privado para informarle algunas situaciones que se presentan en los territorios en los cuales hago presencia permanente. Dado que usted mantiene pendiente a la red social X, me atrevo a enviarle por este medio algunos comentarios, esperando que en algún momento sus asesores permitan que podamos conversar, porque de verdad me reservo la duda de que sea usted el que no me ha querido escuchar.

Aquí los comentarios, espero los tenga en cuenta y podamos hablarlos pronto:

 

  1. ¿Qué pasó con los compromisos asumidos el 8 de marzo en el municipio de Turbo-Antioquia? El tema grueso que formó mucha polémica fue el Acueducto Regional de Urabá. Además, dado que era el Día Internacional de la Mujer, se habló de las tierras para las mujeres cabeza de hogar y proyectos productivos para ellas, entre otros compromisos.
  2. Laura Sarabia tomó nota de todo y lastimosamente nunca me respondió el teléfono. Es necesario contarle a la gente en qué estado están esas apuestas porque lo concreto es que las mujeres del Urabá aún no han recibido tierra ni proyectos y no se ha pasado de las mesas técnicas para el proyecto del Acueducto Regional.
  3. Después de eso usted estuvo en Apartadó, donde también hizo presencia el Gobernador de Antioquia, también quedaron compromisos de las partes.
  4. Están los compromisos de su visita al municipio de Istmina y Quibdó en Chocó, solo le estoy anunciando algunas en las cuales yo lo acompañé.
  5. Los líderes que nos acompañaron en la campaña me mantienen el teléfono estallado exigiendo que el Cambio llegue a esos territorios, a veces me siento impotente al no poderles responder como debiera hacerlo.
  6. ¿Qué pasó con el respaldo y el apoyo a la reincorporación económica, social y política de los firmantes de paz? Necesitamos las viviendas para esta población. Necesitamos el fortalecimiento de los proyectos productivos y, sobre todo, unas garantías de seguridad.

Nota recomendada: La Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH)

Presidente, espero me lea y podamos concretar acciones para responderle al pueblo que sigue creyendo en el cambio.

Pedro Baracutao

La Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH)

Por medio del PL 383 de 2024, radicado en la Comisión Sexta de Cámara, se busca fortalecer a la UTCH, en el entendido de que la educación superior es una herramienta para superar la desigualdad estructural que padece el Chocó.

El Chocó enfrenta condiciones ambientales únicas que aunque enriquecen su biodiversidad, plantean desafíos específicos para la educación superior. Las instalaciones actuales son insuficientes para garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes en condiciones dignas.

 

Este proyecto de ley reconoce la urgencia de mejorar y ampliar la infraestructura educativa para implementar un plan de ampliación territorial que conecte a las comunidades más alejadas con oportunidades de formación profesional en las subsedes de Istmina, Quibdó y Bahía Solano​, y con la posibilidad de abrir nuevas subsedes en el Medio Baudó, Darién-Riosucio y San Juan.

La UTCH necesita recursos adicionales para fortalecer programas académicos a través del desarrollo de currículos que integren saberes ancestrales y científicos; la investigación con la creación de centros de investigación enfocados en la biodiversidad del Chocó, alineados con los compromisos adquiridos en la COP16; docencia y bienestar universitario.

La Universidad Tecnológica del Chocó enfrenta una inequidad significativa en términos del costo per cápita por estudiante, el cual se encuentra en $6.437.748, por debajo del promedio nacional de $8.000.000 para las universidades públicas. Esta brecha económica refleja una desigualdad estructural que afecta directamente la capacidad de la UTCH para cumplir con su misión educativa, considerando los retos adicionales que enfrenta debido a las condiciones sociales, geográficas y culturales del territorio.

Este proyecto de ley es un compromiso real con los acuerdos del Paro Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó y con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023). Estos compromisos incluyen el cierre de brechas territoriales, la priorización de proyectos estratégicos para el Pacífico y el fortalecimiento de las instituciones educativas como motores de desarrollo social​. La propuesta se enmarca dentro del Plan Plurianual de Inversiones, que contempla recursos para fortalecer infraestructura y calidad educativa, garantizando así que los recursos adicionales se conviertan en inversiones de alto impacto para la región.

Beneficiará a los más de 14.000 estudiantes que actualmente dependen de la universidad. También será un faro de oportunidades para las futuras generaciones, garantizando acceso a una educación pertinente y de calidad. El aumento de recursos permitirá ampliar la cobertura educativay llegar a las subregiones del Darién, San Juan y Medio Baudó, conectando comunidades históricamente olvidadas. Actualmente, solo 39 de cada 100 bachilleres en el Chocó logran ingresar a la educación superior​.

Aprobar este proyecto de ley es un acto de responsabilidad y visión histórica con el Chocó. Es una oportunidad para transformar vidas, para fortalecer la educación pública y para honrar los compromisos con una región que ha dado mucho al país y que ha recibido muy poco. Es un acto de justicia social con el Chocó y por tanto es una siembra de paz.

Pedro Baracutao

Firmantes del Noroccidente colombiano marchan en Medellín

Este lunes 25 de noviembre, a las 9am, cientos de firmantes de paz se concentrarán en el Parque de Bolívar de Medellín para reafirmar su compromiso con el Acuerdo Final de Paz que firmaron en La Habana en 2016. Conmemoran 8 años de la firma del Acuerdo de Paz con la consigna: #FirmesConElAcuerdo

Al cumplirse 8 años del Acuerdo Final de Paz firmado por el Estado colombiano y la entonces guerrilla de la FARC-EP, quienes dejaron las armas, exigen garantías para la vida tras 438 asesinatos de personas en reincorporación en el país, 41 de ellas en Antioquia.

 

Con una marcha por el centro de Medellín, doscientos hombres y mujeres que firmaron el Acuerdo de Paz y dejaron las armas en el marco del Acuerdo Final de Paz de La Habana, reafirman su compromiso de continuar su lucha en la política y piden garantías para la vida y la reincorporación en el territorio antioqueño y los vecinos departamentos de Chocó, Córdoba y Eje Cafetero.

Los derechos a la tierra, a la vivienda, al empleo, entre otros, siguen siendo deudas con la población en reincorporación en Antioquia y el país, por lo cual los firmantes marcharán desde el Parque de Bolívar hasta la Alpujarra por la Avenida Oriental, y después San Juan, en la mañana del próximo lunes, entre las 9 y el medio día. Lo anterior se suma a la  jornada de Conmemoración de la Firma del Acuerdo el domingo 24 de noviembre en la Plazuela de San Ignacio donde se le hará un reconocimiento a organizaciones y personalidades PRO-PAZ en Antioquia y el Noroccidente Colombia.

Ambos espacios, así como múltiples diálogos que se desarrollarán en la Universidad de Antioquia y otros escenarios, tienen en el centro la solicitud por el compromiso de aceleración de la implementación integral del Acuerdo de parte del Gobierno Nacional, pero también de los mandatarios municipales y departamentales.  “La paz requiere de políticas claras frente a la reincorporación política, económica, social y comunitaria. Esto incluye, de manera prioritaria, acceso a la tierra y a la vivienda para quienes adelantamos nuestra reincorporación en territorios tanto rurales como urbanos, así como acciones contra la estigmatización que vivimos los firmantes a la par con los militantes del Partido Comunes”, afirma Marcos Urbano, Consejero político del Partido Comunes

Se invita a la ciudadanía en general a acompañar las actividades y rodear el Acuerdo de Paz, como pilar fundamental hacia la Paz Total y el Cambio en Colombia.

Pedro Baracutao

Aportes de la curul en la COP16

La paz con la Naturaleza es un llamado a la reconciliación, a cambiar nuestra relación con ella. Y la reconciliación implica repensar el modelo económico basado en el extractivismo frente a un enfoque de justicia ambiental buscando reparar a la naturaleza y el territorio por los daños y pérdidas sufridos, reconociendo el gobierno propio en los territorios étnicos, la lucha del campesinado por la tierra y la confluencia de nuestra diversidad natural, étnica y cultural.

Hacer la paz con la naturaleza para el Buen Vivir de las y los colombianos. Por eso desde la curul del Representante Pedro Baracutao García queremos hacer la paz con el aire, con la biodiversidad interétnica e intercultural del Chocó y con los espacios y prácticas culturales de las comunidades negras.

 

El aire que respiramos nos está enfermando, estamos privilegiando el crecimiento económico a pesar de que conlleve a nuestra muerte. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud -OMS-, una de cada seis muertes ocurridas a nivel mundial, es ocasionada por la contaminación del aire. Por eso estamos proponiendo un proyecto de ley para garantizar un aire saludable en Colombia.

También proponemos el proyecto de ley por una Universidad Tecnológica del Chocó interétnica, intercultural y biodiversa, el cual está relacionado con las metas de biodiversidad en cuanto a “movilización de recursos para la gestión colectiva y biocultural de los territorios para el bienestar de los grupos étnicos y comunidades locales”.

Y finalmente una iniciativa para la protección y reconocimiento de las Comunidades Negras de Acandí y su cultura de conservación y cuidado de unos seres milenarios como es las tortugas Caná que habitan la playa de Acandí, la de mayor anidación del caribe colombiano y la segunda en Centroamérica.

Con estos proyectos de ley buscamos reparar a la naturaleza, así como proponer alternativas al desarrollo extractivista, visibilizar los conocimientos comunitarios del territorio como el monitoreo del aire en las ciudades, el cuidado de las tortugas marinas por las comunidades negras de Acandí y la generación de conocimiento en el Chocó Biodiverso.

Pedro Baracutao

Actualizar los PATR: un paso fundamental para la paz territorial

Desde las curules de los Congresistas Omar Restrepo y Pedro Baracutao y los representantes departamental y nacional de la CSIVI, asistimos al proceso de revisión y actualización de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) que materializan el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) , establecido en el punto 1.2 del Acuerdo de Paz.

El encuentro se desarrolló en Yarumal, Antioquia, para la Subregión Bajo Cauca y Nordeste los días 8, 9 y 10 de agosto de 2024.
Conocimos otras personas y otras realidades del territorio, no solo de hombres, sino también de las mujeres, las diversidades y las comunidades étnicas, desde el trabajo en equipo analizamos los retos de las territorialidades dejando presente el enfoque de género, mujer, LGBTI, enfoque étnico, de víctimas, campesinos, firmantes de paz y el tema de discapacidad, aclarando que no es solo poner un nombre, sino que todas y todos seamos representativos y protagonistas en los proyectos que van a llegar a las regiones, por eso nuestras expectativas son amplias frente a esta actualización de los PATR.

 

Respecto a los proyectos ejecutados fue reiterativo en todos los municipios PDET Nordeste y Bajo Cauca, las observaciones sobre los incumplimientos, retrasos, perjuicios, deudas con las comunidades, sobrecostos, alteraciones de diseños y problemas estructurales de las obras, hechos que impiden la transformación territorial de la región establecida en el Acuerdo de Paz.

A pesar que en este gobierno no hay ejecución de proyectos PDET, conservamos la esperanza que esta vez la participación será real y eficaz, es decir que las iniciativas propuestas y priorizadas serán ejecutadas y convertidas en políticas públicas para la región, generando el Buen Vivir para las comunidades.

Los tres proyectos étnicos priorizados de seis propuestas presentadas, fueron:

Proyecto #2. Gestionar ante Mininterior y la ANT el reconocimiento de autoridades, la titulación de los resguardos y comunidades étnicas de la subregión.

Proyecto #6 Conservación del conocimiento ancestral en los sistemas alimentarios, la agricultura y las economías propias de comunidades indígenas y afro.

Proyecto #3. Construcción de placa huella y pavimento rígido en los diferentes ejes viales de las zonas rurales de territorios étnicos.

Los tres proyectos priorizados en el ámbito regional de 20 propuestas presentadas, fueron:

Proyecto #6. Un banco de maquinaria amarilla para cada uno de los 13 municipios de la subregión, para la adecuación de vías terciarias que incluya una moto niveladora, una pajarita, 1 vibro compactado, 2 volquetas sencillas, 1 bulldozer D5, 1 retroexcavadora de oruga de 14 toneladas y 1 doble troque tipo planchón (ya que las vías rurales comunican las veredas con diferentes municipios y departamentos).

Proyecto #16. Construcción y mejoramiento de vivienda para la subregión.

Proyecto #19. Fortalecer integralmente las cadenas productivas (turística) y especies promisorias para la reactivación económica y cierre de brecha en la subregión PDET bajo Cauca, Norte y nordeste antioqueño.

El Bajo Cauca y Nordeste antioqueño son claves para la paz territorial en Antioquia y en el noroccidente, necesitan la implementación integral del Acuerdo de Paz del 2016 como base real de la política de paz total. En este sentido es clave allí el proceso de crear el Distrito Agrominero e implementar decididamente la Reforma Rural Integral.

Pedro Baracutao

Un pacto por la U de A

La segunda universidad pública más importante de Colombia está en una crisis financiera estructural. Desde su promulgación, la Ley 30 no cuenta el crecimiento de las universidades en aspectos como la cobertura, la infraestructura, los nuevos programas de pregrado y posgrado, la planta docente, entre otros. Eso genera que los recursos que reciben cada vez alcancen a cubrir una porción menor de los gastos.

Recientemente el Ministro de Educación se reunió con el estudiantado para pensar salidas a esta crisis. La propuesta es que el departamento y el distrito asuman un aporte mayor a la Universidad, dada la cobertura que esta asume con el departamento (seis mil estudiantes matriculados en regiones que no pagan matrícula) y con el distrito (el 70% de los estudiantes son de la ciudad).

 

El déficit calculado para este 2024 es de $76.884 millones. Preocupa que entre 2013 y 2023 la U de A se endeudó por más de $128.653 millones, y casi el 96% fueron deudas adquiridas en 2022 y 2023. La U de A se encuentra en un circulo vicioso de endeudarse para apagar incendios sin resultado alguno, veamos:

“El recorte presupuestal para actividades docentes que se venía planteando, podría ser del 17%, según la Vicerrectoría Académica, lo que equivale a 253.149 horas cátedra y generaría un ahorro de gasto a la universidad de $19540 millones. Sin embargo, desde el claustro de profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, plantean que ese mismo monto ($19.091 millones), es la cifra que destina la universidad para los intereses anuales de las deudas que contrajo con diferentes bancos” (El Colombiano).

Una universidad que genera cobertura educativa para el departamento y el distrito

A la desfinanciación estructural que padece la U de A se le suma un proceso de estigmatización contra profesores y liderazgos del movimiento estudiantil, que permanentemente son señalados como actores “infiltrados” de estructuras guerrilleras como FARC y ELN. Y a esto, a su vez, se le suma una disminución significativa de los contratos que la Gobernación y la Alcaldía tenían con la universidad, disminuyendo los ingresos propios generados con servicios de extensión, investigación y producción de conocimiento.

En la actualidad, la U. de A. cuenta con cinco seccionales y siete sedes en regiones, aparte de las sedes ubicadas en el Valle de Aburrá. “Probablemente nosotros hemos casi que duplicado el número de estudiantes en los últimos 10 años. Tenemos cerca de siete mil estudiantes en regiones que hace 15 años no teníamos”, explica Javier Mesa, Vicerrector Administrativo de la U de A.
La explicación más clara de esta reducción de recursos es el aumento en la cobertura de los últimos años, pues más estudiantes han podido acceder a la educación superior. Uno de los ejes más importantes de ese crecimiento es el Programa de Regionalización que a partir de 1990 empezó a descentralizar la educación universitaria en el departamento.
En 2022 el déficit acumulado por los recursos que recibe la Universidad de Antioquia por la Ley 30 supera los 302 mil millones de pesos. Hace 10 años, en 2012, ese déficit era de 4746 millones. Es decir que en una década se multiplicó casi por 64. En la actualidad cerca del 44 % son cubiertos por los fondos generales, mientras el restante 56 % sale de los recursos propios de la institución.

En la actualidad la Universidad recibe cerca de 365.000 pesos semestrales por estudiante. “Pero el costo de formar a ese estudiante es de 10.223.500”, afirma el vicerrector administrativo.

A lo anterior se suman las limitaciones en los aportes del departamento y la nula destinación de recursos por parte de la Alcaldía de Medellín. Aunque buena parte de los recursos que destina la Gobernación de Antioquia solo cubren el 4 % de los gastos de la U. de A. Adicionalmente, más del 70 % de los estudiantes matriculados residen en Medellín, pero la universidad no recibe del distrito un solo peso.

Insistimos: se debe hacer un pacto por la defensa de la U de A como un patrimonio de Antioquia y de la Nación, y allí los gobiernos locales pueden jugar un papel determinante, pues la nación carga con la responsabilidad de 34 universidades públicas en todo el país.

Pedro Baracutao

La Jurisdicción Agraria: un paso firme hacia la paz

Se radicó el proyecto de ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria, “por medio del cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”. Primero se aprobó el Acto Legislativo que crea la Jurisdicción Agraria y el Acto Legislativo que reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional.

Este esfuerzo legislativo de los últimos dos años abre un horizonte de esperanza para la implementación integral del punto 1 del Acuerdo de Paz. Al Acuerdo sus finanzas le fueron saqueadas (12 billones de las Regalías OCAD-PAZ). Este gobierno y la voluntad política de nuestra bancada abren una ventana de oportunidad para solucionar el problema agrario como la causa estructural del conflicto social y armado. Se trata de un anhelo de más de 90 años para llevar justicia al campo.

 

Es que hablamos del derecho a una justicia agraria pero también del derecho a una vida digna para la población campesina. Con este proyecto se dan herramientas judiciales, el campesino va obtener justicia en su lucha por el derecho a la tierra, a la semilla, y a la vida digna en sus territorios. Es justicia social en un país que le ha dado la espalda al campesinado, generando ciclos de guerras que han afectado a millones de familias campesinas, y a comunidades que habitan la ruralidad como son los pueblos étnicos.

En medio del escándalo por los 12 billones robados de las Regalías OCAD Paz en el Gobierno Duque, en el Gobierno del Cambio hay muchos avances que hoy celebramos. Hacer justicia con el campesinado históricamente excluido es motivo de celebración. Esta ley por fin dispone de una institucionalidad judicial para la población rural y poder resolver conflictos agrarios de manera pacífica y desde la legalidad.

La jurisdicción agraria va a garantizar entonces el derecho de acceder de manera rápida y ágil a la justicia, un paso hacia la modernización del campo colombiano. ¡Jueces Agrarios para el campesinado es cumplir el Acuerdo de Paz!

Pedro Baracutao

Unámonos para impedir la venta de UNE

Con la consigna “ÚNETE para que lo público florezca” diversos sectores sociales y políticos de Medellín se están uniendo para exigir que EPM no venda su participación en UNE.

Por los anterior es que desde el Senado estamos convocando a una Audiencia Pública en Medellín, en el mes de agosto, que tiene como objetivo abordar la problemática actual de UNE-EPM Telecomunicaciones S.A. y sus filiales. Asimismo, frente al proyecto de Acuerdo radicado ante el Concejo de Medellín por el Alcalde Federico Gutiérrez, que tiene por objeto autorizar a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. para que enajene total o parcialmente las acciones de las que sea o llegue a ser propietario en UNE-EPM Telecomunicaciones S.A. y en Inversiones Telco S.A.S. Esto teniendo en cuenta que UNE-EPM Telecomunicaciones S.A. es  accionista mayoritario de la empresa.

 

UNE tiene inversiones en empresas de servicios de telecomunicaciones fijos y móviles. A su vez, cerró 2021 con ganancias por $5,13 billones, creciendo 5,9% frente a 2020 y un total de activos de $9,4 billones” (La República https://www.larepublica.co/empresas/epm-radico-proyecto-de-condiciones-para-lograr-aval-de-venta-de-la-compania-une-3452213)

Una privatización anunciada

En el año 2014, cuando Aníbal Gaviria era Alcalde de Medellín, la empresa pasó de ser 100% pública a ser de naturaleza mixta, pues el Concejo de la época aprobó la venta del 50% -1 de las acciones a la multinacional Millicom, quien tiene la mayoría de votos para la toma de decisiones en la Junta Directiva, quedando el 50% +1 de las acciones a EPM.

Aníbal Gaviria, alcalde de ese entonces, vendió la mitad de UNE y se perdió el control de la compañía, porque si bien hay un 50 50, quien la administra todo es Millicon, por eso el debate hoy enfrenta dos opciones: o se vende la parte de EPM, es decir, la pública, o se compra la privada.

La administración anterior, en cabeza de Daniel Quintero, llevó la propuesta de venta al Concejo de Medellín y algunos concejales se opusieron sin argumentos sólidos, solo por ir en contra de lo que proponía el ex alcalde. Otros concejales se manifestaron a favor de la venta solo mirando a la empresa en términos de su rentabilidad y el detrimento patrimonial, mientras que otros se opusieron a la venta porque defienden el patrimonio público y ven la potencialidad de la empresa ahora que Medellín es Distrito de Ciencia, Tecnología e Información.

En ese momento, y debido a la intervención del Gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro, finalmente se logró una capitalización de la empresa en la que cada una de las partes puso alrededor de 300 mil millones de pesos. Sin embargo, frente al anuncio de Federico Gutiérrez, y teniendo en cuenta que solo hay un concejal declarado en oposición (Aquinoticias), se podría afirmar que el actual Concejo de Medellín votaría positiva la propuesta que presente el Alcalde distrital.

Con algo de suspicacia cabe la pregunta: ¿si la multinacional estuvo dispuesta a capitalizar la empresa e incluso está dispuesta a comprarla, ¿es porque es un “mal negocio”? ETB es una muestra: más del 86% de la empresa es pública, con una utilidad neta de 47 mil millones en el 2022. Incluso en un informe presentado por la Contraloría General de Medellín en el 2019, tras analizar las proyecciones y los informes de gestión, se pone de presente la necesidad de realizar el análisis sobre lo que se proyectaba financieramente para UNE antes de solicitar la autorización de su venta al Concejo de Medellín en el 2014 versus la ejecución real.

Acá está en juego el patrimonio público, garantizar el derecho a la conectividad a internet como un servicio público, así como el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones básicas. También está en juego el futuro de más de 14 mil trabajadores que tiene UNE-EPM Telecomunicaciones S.A. y sus filiales.

Luz María Múnera, exconcejala y actual Consejera Presidencial para las Regiones, históricamente se ha opuesto a la venta, y explica que Millicom es un socio parasitario que usa las ganancias para pagar sus propias deudas. La estrategia no es vender, es comprarle participación a Millicom y retomar el control de la empresa Pública. La necesitamos.

Pedro Baracutao

Una luz de esperanza por medio del deporte

Con alegría hemos visto jugar a este equipo en su gran mayoría chocoano. La actual selección Colombia, al igual que la de mujeres, viene rompiendo la lógica regionalista que marcaba a selecciones anteriores con disputas, divisiones, roscas y movimientos de los empresarios para favorecer a uno u otro jugador de determinada región. El sentimiento de patria multicultural y diversa, se encarnó en todo el pueblo colombiano gracias a la presencia de ese fútbol popular y de barrio que caracterizó a este equipo.

El país se ilusionó y sigue con la esperanza de ver campeón a este equipo. De esta Copa América nos queda un sabor de dignidad. Y la satisfacción de un equipo que nos une en las familias, los barrios, las comunidades. Más allá de la tragedia de perder la final con un rival como Argentina, nos queda la grandeza de perder con la cabeza en alto. Y las palabras de Juan Fernando Quintero en la rueda de prensa después de la final, el futbolista de la Comuna 13 que tanta fuerza, creatividad y belleza expresa con su fútbol:

 

“Creo que soy una persona que ha sido muy agradecida a la hora de tener el cariño, creo que soy el reflejo de lo que es Colombia también porque sufrí de niño la desaparición de mi padre, pero tuve una madre que siempre estuvo firme, mis abuelos, mis tíos, y bueno, soy el reflejo de lo que ellos hicieron en mi como ser humano y bueno, soy un colombiano más que está viviendo este momento especial. Creo que han sido muchos sacrificios desde niño, y que no soy ajeno a lo que pasa en Colombia. Creo que todos tenemos una luz de esperanza por medio del deporte, me cambió la vida, y ese es el mensaje que debemos darle a los jóvenes en nuestro país y en el mundo. Creo que el futbol cambia vidas, el arte, hay esperanza y lo más importante es darle ese ejemplo a todos” (https://www.instagram.com/reel/C9Z1EsdxA_W/?igsh=MTB1MmdlbzgybHRpMA==).

Nos queda claro que esta es una selección de la Colombia profunda, como en su momento lo fue la de los “puros criollos”. Se admira el talante de este grupo, un reflejo colectivo de lo que es el país, como lo expresó Quintero que siempre nos ha conmovido con su juego, con su historia, con su palabra. Por eso es que la esperanza sigue viva: en la selección, en la paz, en nuestra gente, en lo que nos une y nos da un lugar hermoso en el planeta.

Pedro Baracutao