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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: reforma laboral

Cambios clave en la ley laboral colombiana que todo trabajador debe conocer

La Reforma Laboral 2025 en Colombia ha sido uno de los temas más debatidos en el escenario político y social en los últimos años. Impulsada por el gobierno nacional con el objetivo de modernizar el sistema de trabajo y mejorar las condiciones laborales, la reforma introduce cambios estructurales que afectan tanto a empleadores como a trabajadores. Aunque su trámite legislativo ha enfrentado múltiples obstáculos, varios de sus puntos clave han sido aprobados y ya comienzan a generar efectos concretos en el mercado laboral.

Ajustes principales en la reforma

 

Reducción de la jornada laboral

Uno de los cambios más significativos es la reducción progresiva de la jornada laboral semanal, pasando de 48 a 42 horas sin reducción salarial. Esta medida, que ya había sido aprobada en la Ley 2101 de 2021 pero que se implementa de manera gradual hasta el 2026, ha sido reforzada en la reforma actual. El objetivo es promover un mejor equilibrio entre la vida personal y el trabajo, así como aumentar la productividad.

Formalización del trabajo

La reforma hace especial énfasis en combatir la informalidad laboral, que afecta a cerca del 58% de los trabajadores en el país. Para ello, se han creado incentivos para la formalización, como subsidios a la seguridad social para pequeños empleadores y beneficios tributarios para quienes contraten personal en condiciones legales. Asimismo, se endurecen las sanciones para quienes mantengan relaciones laborales informales o disfracen contratos laborales como contratos por prestación de servicios.

Reconocimiento de derechos a trabajadores de plataformas digitales

Un aspecto novedoso de la reforma es el reconocimiento de derechos laborales mínimos a los trabajadores de plataformas digitales como Rappi, Uber, y otras. Se establece que estas personas deben estar afiliadas al sistema de seguridad social y tener acceso a prestaciones como salud, pensión y riesgos laborales, aunque bajo un modelo de contratación flexible y adaptado a las particularidades del trabajo digital.

Modificaciones al régimen de despidos y estabilidad laboral

La reforma busca fortalecer la protección frente al despido injustificado. Ahora, en algunos casos, como el despido por causas económicas, el empleador deberá demostrar la necesidad real y objetiva del despido ante una autoridad competente. Además, se incluyen disposiciones que buscan fortalecer la estabilidad laboral reforzada para poblaciones vulnerables, como mujeres embarazadas, personas en condición de discapacidad y adultos mayores.

Promoción de la negociación colectiva y libertad sindical

Otro eje central de la reforma es el fortalecimiento de la negociación colectiva. Se fomenta la creación y el fortalecimiento de sindicatos, y se amplían los espacios de diálogo social entre trabajadores y empleadores. También se reduce el umbral mínimo de trabajadores necesarios para conformar un sindicato, lo cual podría incrementar significativamente el número de organizaciones sindicales en el país.

Impacto en empleadores

Para los empleadores, la reforma representa un desafío importante. La reducción de la jornada laboral sin disminuir el salario implica una reorganización de turnos y una posible contratación adicional, lo que puede aumentar los costos operativos. Además, el fortalecimiento de las garantías laborales y la formalización obligatoria generan mayores exigencias administrativas y legales.

Algunos gremios empresariales han manifestado su preocupación por el incremento de costos y la pérdida de flexibilidad para contratar. Consideran que, si bien es necesario mejorar las condiciones laborales, las medidas deben estar acompañadas de estrategias para aumentar la competitividad, especialmente en sectores como el comercio, el agro y las pequeñas y medianas empresas.

Impacto en los trabajadores

Desde la perspectiva de los trabajadores, la reforma es vista como un avance hacia condiciones más justas y equitativas. La reducción de la jornada laboral y el fortalecimiento de los derechos individuales y colectivos les brinda mayor protección. También se espera que la formalización de empleos contribuya a mejorar el acceso a la seguridad social, pensiones y demás beneficios laborales.

Los trabajadores de plataformas digitales, por ejemplo, tendrán mayor cobertura y respaldo legal, aunque algunos expresan inquietudes sobre la implementación práctica y el respeto de su autonomía laboral.

La reforma laboral en Colombia marca un punto de inflexión en la evolución del mercado laboral. Aunque sus beneficios son claros para los trabajadores, también implica retos para los empleadores, quienes deberán adaptarse a una nueva lógica de contratación y gestión del talento humano. El éxito de la reforma dependerá de su implementación gradual, del diálogo entre las partes y del acompañamiento estatal para que las nuevas normas no solo se cumplan, sino que realmente transformen la calidad del trabajo en el país.

¿Por qué la digitalización logística llega como anillo al dedo ahora que hay reforma laboral?

Con la reciente aprobación de la reforma laboral en Colombia, la jornada laboral se reduciría 2 horas, pasando en este año de 46 a 44 horas, según lo estipulado  en la Ley 2101 de 2021;  llegando en 2026 a solo 42 horas, siendo esta reducción progresiva  una realidad que reta la productividad de las operaciones logísticas en el país.

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) el sector logístico, representa aproximadamente el 8% del PIB colombiano, mientras que el Ministerio de Transporte asegura que esta industria genera alrededor de 1,6 millones de empleos al año en el país, con  actividades caracterizadas por un gran dinamismo y  una necesidad operativa ininterrumpida, lo que genera un escenario de adaptación a la medida y diferentes ajustes en la planificación de turnos, contratación, horas extras y otros desafíos asociados al recurso humano, que supone costos adicionales elevados a la operación.

 

En este sentido,  surge la pregunta sobre cuáles son las implicaciones que esto representa para las empresas del sector, sin duda,  el primer aspecto a evaluar tiene que ver con el impacto económico hacia las compañías y el país, siendo un desafío que las organizaciones podrían contrarrestar entendiendo esto como un impulso para innovar y optimizar las operaciones del sector logístico, con ayuda de soluciones tecnológicas que permitan encontrar oportunidades  rentables, sostenibles y de fácil implementación como respuesta inmediata a lo que puede parecer una limitación.

Así lo explica Juan Angel, Country Manager de Drivin en Colombia, quién asegura que uno de los  aliados estratégicos más poderosos en este contexto es la tecnología, en especial los Transportation Management Systems (TMS); ‘‘Un TMS moderno como Drivin,  no es solo una herramienta de control de rutas. Es una plataforma inteligente que:

  •  Automatiza tareas operativas críticas
  •  Mejora la planificación y ejecución del transporte
  •  Reduce tiempos muertos y reprocesos
  • Optimiza el uso de recursos en tiempo real
  •  Brinda trazabilidad y analítica avanzada para una toma de decisiones más ágil

Según Angel, este software permite hacer más en menos tiempo, sin comprometer la calidad del servicio ni la eficiencia operativa, facilitando la labor del talento humano y reduciendo costos, sin embargo, una gestión logística eficaz a través de digitalización, no simplemente  reduce costos operativos sino que además mejora la experiencia del cliente, permite tener un mayor control y  ofrece un servicio más rápido y confiable.

De acuerdo con cifras de CINTEL, la  madurez de transformación digital en las empresas de la industria de transporte y logística en Colombia fue del 39,3% en 2023, lo que denota la importancia que ha cobrado en el sector el aprovechamiento de la tecnología para responder ante desafíos desafíos y coyunturas propias de la legislación colombiana, generando un precedente ante posibles situaciones asociadas a este y otros cambios progresivos en el país.

La transformación digital de la logística ya no es opcional; es el camino hacia la adaptación con  éxito a una realidad laboral cambiante, que promueve la competitividad y  la construcción de  organizaciones más sostenibles, ayudando a repensar procesos apoyados en la tecnología como catalizador de valor, finaliza el Country Manager de Drivin.

Más derechos, menos trabajo: la trampa de la reforma laboral

Dicen que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. En Colombia, lo acabamos de comprobar: se pavimentó con recargo dominical progresivo, fortalecimiento de la inspección laboral y estabilidad reforzada. Suena justo, suena social, suena humano. Pero también suena a desempleo.

La nueva reforma laboral se vende como una victoria épica para los trabajadores. Casi como si se hubiera derrotado al capitalismo con una ley. Pero más que una revolución laboral, lo que tenemos es un anacronismo con disfraz progresista. Un pliego sindical con rango de ley. Una receta laboral para un país que ya no existe.

 

Porque sí, lo que en papel suena a justicia, en la práctica puede ser otra historia. Los costos laborales aumentan, la rigidez se consolida, y los empresarios —que no viven de los aplausos— empiezan a mirar con cariño a quien no se queja, no se cansa, y no cobra horas extras: el robot.

Las máquinas no marchan, no reclaman y no hacen pausas activas. No piden licencias ni indemnizaciones. En un país que encarece al trabajador humano, el trabajador de silicio se vuelve irresistible. Y entonces lo que era una celebración se convierte en funeral: se legisla para proteger empleos… que dejarán de existir.

Mientras el mundo avanza hacia la inteligencia artificial y la automatización, Colombia saca pecho con normas que habrían sido progresistas hace 50 años. Estamos luchando la guerra laboral de nuestros abuelos, mientras nuestros nietos ya se preparan para trabajar con inteligencia artificial… o competir contra ella.

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Y lo más grave: nos perdimos la verdadera oportunidad. Porque la deuda real no es laboral, es educativa. Podríamos estar hablando de cómo formar a nuestros jóvenes para un mundo en el que lo rutinario lo hace una máquina y lo creativo será el diferencial humano. Pero no. Estamos ocupados redactando normas que aumentan el recargo dominical como si eso fuera a detener el futuro.

¿Dónde están los grandes visionarios del cambio? ¿Dónde están los reformadores que decían tener un plan para el país del siglo XXI? Lo que hicieron fue aprobar, entre amenazas y atajos legislativos, una reforma que no genera empleo, sino titulares. Ganamos en discurso, pero perdimos en realidad.

Porque, seamos sinceros: los derechos laborales solo sirven si hay trabajo. Y si seguimos en esta ruta, lo que tendremos será una Colombia donde cada vez más personas tendrán derechos… pero no empleo donde ejercerlos. Donde el papel dice una cosa y la calle grita otra. Donde nos llenamos de garantías mientras se vacía la oferta laboral.

Y ahí sí, cuando todos estén afuera, mirando cómo las máquinas hacen el trabajo, no habrá sindicato que valga.

Ricardo Ferro

¿Por qué Fenalco quiere demandar la reforma laboral?

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), Jaime Alberto Cabal, anunció que el gremio estudia y analiza la posibilidad de demandar la reforma laboral recién sancionada por el presidente de la república, al considerarla lesiva para el crecimiento económico.

«Estamos estudiando las posibilidades porque hubo muchos errores constitucionales, como por ejemplo, que nunca fue concertada, como dice la ley en la Comisión Tripartita de Concertación Laboral», dijo el presidente del gremio Jaime Alberto Cabal.

 

El líder de Fenalco dijo además a través de un comunicado que el país atraviesa por un fuerte deterioro del clima de inversión en Colombia, reflejado en la abrupta caída de la Inversión Extranjera Directa (IED).

Explicó, que, de acuerdo con cifras del Banco de la República, al 6 de junio de este año, la inversión registró una reducción del 25,2% frente al mismo periodo de 2024, al pasar de US$5.774 millones a US$4.321 millones.

Indicó además que la inversión diferente a petróleo y minería se desplomó un 41,6%, mientras que la destinada a esos sectores estratégicos cayó 17,5%. En el 2024 la IED retrocedió 15.2%.

“Este comportamiento es consecuencia directa de la creciente incertidumbre jurídica, política y económica que hoy reina en el país por el desgobierno y la incontinencia verbal de Petro. La pérdida de confianza es
evidente y pareciera que cada nueva disposición o anuncio del Gobierno representa un nuevo golpe a la credibilidad institucional y a la estabilidad que tanto valoran los inversionistas nacionales y extranjeros”, afirmó el vocero de los comerciantes.

Cabal responsabiliza de esta situación a un supuesto desorden de las finanzas públicas, la suspensión de la regla fiscal, los constantes cambios como el anticipo de impuestos y el anuncio de una nueva reforma tributaria que, lejos de dar claridad, ahonda la sensación de improvisación y riesgo. “A esto se suma el gasto público descontrolado y una creciente sensación de inseguridad tanto física como jurídica, que termina por ahuyentar el capital”, afirmó.

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Con la firma de Petro: Habemus reforma laboral

Con la sanción presidencial a la reforma laboral aprobada en su totalidad por el Congreso de la República, entran en vigencia los nuevos cambios en el sistema con el que rige el trabajo en Colombia.

En un acto celebrado desde la Quinta de Bolívar en Bogotá, el presidente de la república, Gustavo Petro, firmó la nueva ley que a partir de la fecha rige el sistema laboral en nuestro país que retorna el pago de los dominicales y festivos al 100% y autoriza los recargos nocturnos desde las 7 de la noche.

 

Durante su discurso el primer mandatario pidió a la ciudadanía ejercer total vigilancia para que las nuevas reglas se cumplan en Colombia y lo aprobado no pase a ser «letra muerta».

«Hay que escoger un Gobierno que logre implementar la ley y que no se convierta en “letra muerta”, como la Constitución», afirmó.

“No quiero una nueva Constitución, sino aplicar la existente. Es letra muerta y no quiero que esta ley lo sea”, agregó.

Al respecto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino anunció la firma de los decretos reglamentarios a partir de la semana siguiente para iniciar la implementación de lo recién aprobado.

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Ya no habrá una consulta popular

El presidente de la república, Gustavo Petro, revocó el decreto con el que convocaba a una consulta popular para preguntar al ciudadano del común por asuntos relacionados con el sistema laboral y el de salud.

El decreto que revoca la convocatoria a una consulta popular está firmado por todos los ministros del gabinete, incluyendo quienes están por encargo.

 

«Deróguese el decreto número 639 del 11 de junio de 2025, por el cual se convoca a una consulta popular nacional y se dictan otras disposiciones», es la orden presidencial que tiene fecha del 24 de junio.

La decisión de revocar este decreto llega luego de la aprobación del Senado de la República de la reforma laboral.

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La conciliación y la reconciliación

La manida frase, atribuida a Otto Von Bismarck, el célebre estadista prusiano del siglo XIX, de que la política es el arte de lo posible tiene mucho de cierto y asertivo. La traigo a colación a propósito del desenlace final de la puja en el Congreso de la República en torno al tortuoso trámite y aprobación del proyecto de ley que reforma el Código laboral, a iniciativa del ejecutivo. Inicialmente había sido aprobado en la Cámara de representantes en sus dos primeros debates reglamentarios, pero posteriormente se truncó en la Comisión 7ª del Senado de la República, en donde se aprobó una ponencia de archivo, siendo apelada esta decisión ante la plenaria de esta corporación, tal y como lo prevé la Ley 5ª de 1992 que reglamenta el funcionamiento del Congreso de la República. 

No obstante, la lectura que le dio el ejecutivo al “hundimiento” del proyecto, fue la misma reacción frente a otros proyectos tan controvertidos como el de la reforma a la salud, calificándolo como un “bloqueo institucional”. Aunque, como le recordó al recién posesionado ministro de Justicia Eduardo Montealegre  el destacado jurista Mauricio Gaona, “el bloqueo institucional que usted llama, la ciencia política y constitucional en el mundo le llama oposición y la oposición es el precio a pagar por la democracia”. Se trata, nada menos ni nada más que de la vigencia del sistema de los frenos y contrapesos (Checks and Balances), inspirado en la obra cumbre del Barón de Montesquieu El espíritu de las leyes (1748), en la cual hizo tanto énfasis en la importancia de que el poder debe ser controlado por el poder, para así evitar el autoritarismo.

 

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La respuesta del Presidente de la República Gustavo Petro fue tirar por la calle del medio, decretando la convocatoria de una Consulta popular para el 7 de agosto, para que fuera el voto ciudadano el que dijera la última palabra sobre la suerte de la reforma laboral. Como lo dispone la Constitución Política, dicha convocatoria tenía que pasar por el cedazo del Senado de la República para su visto bueno, negándolo por un estrecho margen en la votación de la misma, cuyo resultado fue cuestionado por el ejecutivo, al punto de convocar dicha Consulta recurriendo al que denominó el hoy ministro de Justicia como el “decretazo” (0639 de 2025). A este le llovieron como rayos y centellas múltiples demandas tanto ante la Corte Constitucional como ante el Consejo de Estado. Este último suspendió el Decreto de marras, dejándolo sin efecto.

Concomitantemente con este pulso entre la oposición y el Gobierno, que este último llevó a las calles, el proyecto de ley de la reforma laboral siguió su curso, siendo aprobado en primera instancia en la Comisión IV constitucional y posteriormente en la plenaria del Senado de la República. Empero, en el transcurso de su debate el Gobierno, particularmente sus ministros del Interior y del trabajo Armando Benedetti y Antonio Sanguino, respectivamente, oscilaban entre su apoyo y su aversión al texto de la ponencia y se la pasaron deshojando margaritas.

Entre tanto el Presidente Petro trinaba que el Decreto de la convocatoria de la Consulta popular “sólo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente son respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes”, lo cual fue interpretado como una presión indebida por parte del ejecutivo al Congreso de la República, ignorando la separación y el equilibrio de poderes consagrado en la Constitución Política.

Mucho temió el inmolado en el holocausto del Palacio de Justicia el Magistrado de la Corte Suprema de Justicia Manuel Gaona Cruz, padre de Mauricio, que la Constitución llegara a convertirse en una “Carta a la carta”. A este respecto, bueno es recordar que el gran jurisconsulto austríaco Hans Kelsen supo distinguir muy bien entre la legitimidad de origen de la legitimidad del ejercicio del poder, la cual se refrenda cotidianamente con los actos de gobierno. Y ello es lo que está en juego, la institucionalidad y la legitimidad en el ejercicio del poder.

El Presidente Petro fue más lejos y llegó a plantear que “si el Senado avanza en lo ya aprobado por consenso en la Cámara de Representantes, firmaré la Ley de reforma laboral y se levantará la consulta popular”, pasando por alto el reciente fallo de la Corte Constitucional devolviéndole al Congreso de la República la Ley 2381 de 2024, que reforma el régimen pensional, para que retome su trámite en la Cámara, en la que en su momento se aprobó a pupitrazos sin que mediara el debate de rigor del proyecto, al acogerse en la plenaria, sin discusión, el texto que venía del Senado de la República y aprobarlo en volandas.

Este novelón tuvo un final feliz, la Cámara de Representantes y el Senado de la República se pusieron de acuerdo, conciliaron el texto que fue aprobado en la Cámara alta y le impartieron su aprobación el mismo día en el que se clausuraban las sesiones de la penúltima legislatura de este Congreso y pasa a sanción presidencial, luego de lo cual el Presidente Petro, por sustracción de materia, derogó el Decreto que convocaba la Consulta popular. Así se pasó de la conciliación a la reconciliación y unos y otros, tirios y troyanos reclaman el triunfo de la aprobación del proyecto de ley de la reforma laboral. Bien dijo el Libertador Simón Bolívar en carta dirigida a Rafael Urdaneta, el 16 de noviembre de 1830, un mes antes de su partida, que, ciertamente “construir un buen acuerdo es mejor que ganar mil discusiones”!

Según el presidente Petro, la Consulta popular “ya no es necesaria, el poder constituido que hace las leyes le obedeció al poder soberano, que es el pueblo”. Pero, como en el verso de La Perrilla de Marroquín, en más de una ocasión sale lo que no se espera. En efecto, el presidente Petro arrió la bandera de la Consulta popular, para enarbolar ahora la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, la que va a suscitar igual o mayor controversia que la que provocó la convocatoria de la Consulta popular!

Amylkar Acosta

Lo que Uribe quitó, Petro lo devolvió

La aprobación de la reforma laboral representa una oportunidad histórica para dignificar a los trabajadores colombianos y fortalecer nuestra economía. Esta reforma no es solo una corrección técnica al mercado laboral; es una apuesta por una sociedad más justa, con mayor estabilidad para quienes construyen el país día a día.

Según cifras del Ministerio del Trabajo, con una mejora real del ingreso promedio cercano al 3 %, se proyecta una creación de 91.000 nuevos empleos y un crecimiento económico adicional de 0,37 % frente al escenario habitual. El incremento en el ingreso salarial impulsa el consumo, que podría crecer aproximadamente un 0,63 %, dinamizando así sectores clave como agricultura, comercio, industria y recreación.

 

En concreto, la reforma eleva los recargos por trabajo nocturno y festivo, fortaleciendo el ingreso de quienes laboran en condiciones más exigentes. Además, otorga estabilidad a los aprendices del SENA, asegurando que durante el primer año reciban el 75 % del salario mínimo y el segundo año, el salario completo, garantizando ingresos dignos para jóvenes en formación.

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Pero esta reforma va más allá de cifras: busca dignificar el trabajo. La formalización ya no es solo un objetivo económico, sino también social. Los trabajadores ganan seguridad, protección y reconocimiento. Actores vulnerables como las trabajadoras domésticas, los repartidores de plataformas digitales, campesinos, personas con discapacidad, artistas y jóvenes encuentran en esta reforma un respaldo concreto.

Críticos advierten posibles efectos sobre la informalidad o los costos de las empresas. Estimados independientes sugieren que los costos laborales podrían aumentar entre 19 % y 35 %, y que la informalidad podría crecer hasta en 12 puntos porcentuales. No obstante, estos análisis se basan en versiones preliminares de la reforma. La versión finalmente aprobada incluye equilibrio: fortaleza de derechos laborales sin desconocer la necesidad de acompañar al sector productivo.

Respondiendo a esas inquietudes, el Ministerio de Hacienda y el de Trabajo han diseñado un esquema que reconoce el incremento de costos mientras promueve la productividad y la formalización a través de incentivos grupales, subsidios y mayor acceso a pensiones rurales .

El verdadero impacto de esta reforma no está en las frías estadísticas: está en la dignidad recuperada por millones de trabajadores. En los hogares que pueden contar con horas extras remuneradas de manera justa. En jóvenes que adquieren experiencia con condiciones salariales reales. En trabajadores que encuentran en lo formal no solo obligación, sino derecho.

Para avanzar, es vital acompañar esta reforma de políticas complementarias. Debemos simplificar cargas para microempresas, articular incentivos sectoriales, robustecer la inspección laboral y promover la formalización productiva en el campo y en plataformas digitales.

Como presidente de la Comisión Segunda, estoy convencido de que esta reforma sienta bases estructurales para una economía más inclusiva y sostenible. No puede ser una anécdota legislativa: debe ser el primer paso de un cambio profundo y duradero. Hagámosla realidad con visión, equilibrio y compromiso con cada colombiano que trabaja día a día por el progreso.

Alejandro Toro

Gustavo Petro declina la idea de una consulta popular y abre la puerta a una Constituyente

El presidente de la república, Gustavo Petro, celebró la aprobación de la conciliación en Cámara y Senado de la reforma laboral y anunció la derogación del decreto que convoca la consulta popular.

«Como lo dije, dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular, que ya no es necesaria, el poder constituido que hace las leyes le obedeció al poder soberano que es el pueblo», escribió el primer mandatario en su cuenta de X en medio de un extenso trino.

 

Más adelante habló de la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y para esto anunció que el Gobierno presentará una papeleta en las próximas elecciones preguntando al ciudadano si está de acuerdo con este escenario.

«Será entregada una papeleta para convocar la asamblea nacional constituyente en las próximas elecciones. Espero la decisión de millones para que el próximo gobierno y congreso tengan el mandato imperativo de construir el estado social de derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes, la paz», puntualizó.

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Senado y Cámara aprueban conciliación de la reforma laboral

La conciliación de los textos de reforma laboral aprobados por el Senado de la República y la Cámara de Representantes fue aprobada por ambas corporaciones con lo cual, ahora pasa a sanción presidencial para convertirse en ley de la república.

En el Senado se aprobó el texto con 59 votos por el sí y 1en la Cámara de representantes la votación fue arrolladora y con 126 votos por el sí.

 

Durante la plenaria de la Cámara de Representantes, la oposición al Gobierno de Gustavo de Petro encabezada por el Centro Democrático mantuvo su postura asegurando que la reforma atenta contra la generación de más empleos y la creación de medianas y pequeñas empresas.

El ministro de Trabajo Antonio Sanguino calificó la decisión del Legislativo como «un triunfo ciudadano».

«Un triunfo del pueblo colombiano que durante años ha luchado por trabajo digno, con derechos y justicia social», dijo el funcionario.

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Fenalco rechaza la aprobación de la reforma laboral

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco cuestionó la aprobación en el Senado de la reforma laboral, una iniciativa por considerar que tiene efectos adversos sobre el empleo, la economía y la sostenibilidad de las mipymes.

“Una reforma que pone en peligro a las micro, pequeñas y medianas empresas y considerada inviable, hace apenas unos meses, no puede ahora presentarse como buena para el país, sólo porque sirve como moneda de cambio para frenar una consulta popular costosa y engañosa. Es una decisión equivocada, nacida de presiones, chantajes y cálculos políticos, no de un verdadero análisis técnico ni de un diálogo social genuino”, advirtió Cabal.

 

De acuerdo con el gremio, El Gremio ha reiterado que con esta reforma se incrementarían loa costos
laborales entre un 18 y un 34%, según la actividad económica y el tamaño de la empresa, lo cual desincentivará la contratación formal, impulsará la informalidad y generará una cadena de impactos negativos como cierres de negocios, aumento de precios para los consumidores y reducción de oportunidades laborales.

“No es justo que estos negocios terminen pagando los costos de decisiones tomadas bajo presión política. La reforma penaliza precisamente a quienes más empleo generan y es una lástima que al final,
con valiosas excepciones, el Senado se le entregó al Gobierno”, afirmó el dirigente gremial.

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Senado dio visto bueno a la reforma laboral

La Plenaria del Senado de la República aprobó la reforma laboral con lo cual el texto deberá ser conciliado con el de la Cámara de Representantes para luego recibir la sanción presidencial.

Durante la discusión del proyecto, el artículo 9 que establecía que las mujeres en estado de embarazo y hasta seis meses después del parto, así como los trabajadores prepensionados y las personas con discapacidad, solo podrían ser desvinculados de su empleo por una justa causa o una causa legal debidamente comprobada, fue eliminado.

 

Es necesario recordar que este artículo fue aprobado previamente en la Cámara de Representantes. Por lo tanto, será necesario esperar al proceso de conciliación entre ambas cámaras para definir si esta medida se mantendrá en la versión final del proyecto legislativo.

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Además, se le dio visto bueno al artículo que proponía que las madres comunitarias se vinculen a la planta oficial del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF).

El Contrato de Aprendizaje de los estudiantes del SENA será ahora Contrato Laboral de Aprendizaje, con el cual se les pagará el 75% del salario mínimo mientras estén en la etapa lectiva y cuando pasen a la fase laboral recibirán el 100% del salario mínimo. Se cubrirá además el sistema de seguridad social en salud y riesgos laborales.

El recargo nocturno correrá a partir de las 7 de la noche y no habrá excepsión para las medianas y pequeñas empresas.

Igualmente, fue aprobado el aumento en la remuneración por trabajo en domingos y festivos, pasando del 75 % actual al 100 %, según lo establecido en el artículo 15.

La ponencia establece que este incremento se aplicará de manera gradual: a partir de julio de 2025 el recargo será del 80 %, en julio de 2026 aumentará al 90 %, y finalmente en julio de 2027 llegará al 100 %.

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Petro firma decreto convocando a una consulta popular a pesar de las advertencias

El presidente de la república Gustavo Petro anunció desde su cuenta en la red social X, la firma del decreto por el cual se convoca a una consulta popular para que el ciudadano del común diga si está o no está de acuerdo con una reforma en temas laborales,

El primer mandatario afirmó que este decreto solo deroga sí el Senado de la República aprueba los puntos que el Ejecutivo considera vitales en la discusión de la reforma laboral.

 

«Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes», afirma.

Gustavo Petro advierte además que el texto fue enviado a la Corte Constitucional para su revisión.

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Corte Suprema de Justicia rechaza demanda contra 15 congresistas que dijeron No a las reformas laboral y de salud

La Corte Suprema de Justicia rechazó la demanda interpuesta en contra de varios congresistas por el archivo de las reformas a la salud y laboral.

Los demandantes alegaban supuestos vicios como prevaricato por omisión, concierto para delinquir, concusión, cohecho y menoscabo a la integridad nacional. Según ellos, los congresistas archivaron los proyectos respondiendo a supuestas coimas ofrecidas a cambio de su voto negativo a los proyectos.

 

La Corte concluyó que los hechos narrados no revestían carácter delictivo y carecían de fundamentos fácticos y probatorios. Además, recordó que los congresistas gozan de inviolabilidad parlamentaria, una garantía constitucional que los protege por los votos

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Del derecho a decidir a la necesidad de organización

La propuesta de convocar una consulta popular sobre las reformas laboral y de salud ha puesto en evidencia la profunda disputa entre una democracia limitada al juego parlamentario y una democracia que aspira a ser verdaderamente participativa. Aunque la consulta es un mecanismo constitucional legítimo y democrático, su sola mención ha desatado una intensa reacción de rechazo por parte de sectores políticos conservadores, gremios económicos y grandes medios de comunicación que —más allá de los argumentos técnicos— temen que el pueblo se exprese directamente sobre los cambios que el país necesita.

Defender el derecho a la consulta es defender la soberanía popular, y oponerse a ella de manera sistemática revela no solo una resistencia a las reformas, sino una desconfianza estructural frente al juicio ciudadano. Sin embargo, también es necesario reconocer con madurez política que no basta con invocar este derecho o convocarla por decreto lesionando el contrato social de 1991. Las condiciones para una consulta victoriosa no están garantizadas sin un proceso previo de fortalecimiento social, pedagógico y político.

 

Por ello, si bien es justo defender la consulta como principio, también debe considerarse, si las condiciones no son favorables, la posibilidad de renunciar a su realización en este momento, no como un acto de debilidad, sino como una apuesta estratégica. Una retirada táctica y el reconocimiento de la fractura institucional existente generada por la oposición, que puede profundizarse al convocar la consulta por decreto, puede ser el primer paso de una victoria mayor, que debe incluir la obligación de reorganizar las fuerzas progresistas, fortalecer la base social, formar nuevos liderazgos y preparar con determinación el camino hacia 2026.

El objetivo estratégico debe estar claro. Construir un Frente Amplio capaz de conquistar las mayorías en el Congreso, de incidir en las altas cortes, de renovar los gobiernos locales y asegurar la continuidad del proyecto transformador. No basta con las mayorías simples que llevaron a la Presidencia al actual gobierno; hay que ganar otros sectores sociales, construir alianzas amplias, tejer un Acuerdo Nacional que haga posible la realización del Estado Social de Derecho y que enfrente, con legitimidad democrática, la pobreza, la corrupción, las violencias, las economías ilegales, la desigualdad y la exclusión.

En este camino, la organización social es insustituible. Debemos recomponer el tejido social que se ha debilitado, reanimar los espacios de base, volver a los territorios, formar políticamente a nuevas generaciones, y construir desde abajo la fuerza ciudadana que garantice que las reformas no dependan solo de decretos o voluntades individuales, sino de una sociedad movilizada, consciente y participativa.

En ese escenario, los sectores económicos y políticos de oposición que aún conservan su talante democrático, están obligados a reconocer que las reivindicaciones laborales incluidas en la reforma son más que justas. El derecho a la estabilidad, a la seguridad social, al trabajo digno y a jornadas decentes no puede seguir siendo visto como una amenaza para el desarrollo. Si realmente les interesa el empleo, deben comprometerse también con el apoyo decidido a las pequeñas y medianas empresas, que son quienes más generan trabajo en Colombia evitando la precarización.

En este marco, la paz como camino y como meta debe ocupar el centro de toda propuesta de cambio. Sin justicia social no habrá reconciliación verdadera. La paz exige transformar las condiciones estructurales que han alimentado el conflicto, como la exclusión económica, la precariedad laboral, la inequidad territorial y la falta de voz de millones de personas en las decisiones públicas.

La consulta, entonces, debe ser entendida como parte de una estrategia mayor, no como un fin en sí mismo. Si es viable, debe ser defendida con fuerza democrática y convicción ética. Pero si no hay condiciones políticas y sociales para asegurar su victoria, debe considerarse con responsabilidad renunciar a ella, en favor de un proceso de reconstrucción de alianzas y de fortalecimiento del bloque social y político del cambio.

El 2026 debe encontrarnos más fuertes, más organizados y con un proyecto claro que convoque a las mayorías por una Colombia democrática, justa, sostenible y en paz. Porque las transformaciones profundas no son producto del atajo ni del impulso inmediato, son el resultado de la claridad estratégica, la voluntad colectiva y la paciencia histórica de quienes luchan por una vida digna para todas y todos.

Luis Emil Sanabria D.