Otra vez el presidente Gustavo Petro se alineó con los intereses equivocados y sancionó una ley que pone en jaque a Bogotá, a Colombia y a millones de personas que usan las ciclorrutas como espacio seguro.
Con la Ley 2486 de 2025, se autoriza que ciclomotores eléctricos de hasta 1000W y que alcanzan velocidades de más de 40 km/h, rueden por las ciclorrutas sin matrícula, licencia ni SOAT. Lo hace ignorando las alertas de su propia ministra de transporte, María Fernanda Rojas, de expertos y de organismos internacionales. Y todo parece indicar que lo hace por cálculos politiqueros.

Días antes de la sanción de la norma, el Ministerio de Transporte pidió objetar los artículos 2, 3 y 15 de la ley. Sobre el artículo 2, que define a estos vehículos como Vehículos Eléctricos Livianos de Movilidad Personal Urbana – VELMPU, advirtió que no establece un límite de velocidad máxima de diseño, por lo que recomendó adoptar el estándar español: 25 km/h. Petro no lo escuchó.

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Frente al numeral 7 del artículo 3, que autoriza el tránsito de estos vehículos a máximo 25 km/h por ciclorrutas y 40 km/h por otras vías, manifestó que iba en contra de la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud – OMS: 30 km/h como tope en zonas urbanas donde confluyen peatones, ciclistas, motos y carros. Más velocidad es más riesgo.

Además, el Ministerio alertó que establecer límites distintos según el tipo de vía hace casi imposible hacer cumplir las normas. Y el presidente lo supo. Aun así, firmó.
El artículo 15 es otro desastre: exime de matrícula, licencia y SOAT a estos vehículos. El Ministerio propuso un registro alternativo al RUNT, una forma mínima de rastrear responsabilidades. Tampoco lo tuvo en cuenta.

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La cartera también alertó que estos vehículos pueden causar daños por su velocidad, por lo que deben contar con un seguro. ¿Quién responde si una de estas motos eléctricas atropella a una persona en una ciclorruta? ¿Quién paga los daños si no hay seguro? Nadie. Eso es lo que firmó Petro: impunidad rodante con batería incluida.

Incluso, el Ministerio advirtió que esta ley pone en riesgo derechos fundamentales como la vida. La seguridad vial no es solo un tema técnico, es una garantía a la vida e integridad de todos. Pero el presidente ignoró los llamados, al parecer, para honrar acuerdos políticos. ¿Con el senador Julio Elias Vidal autor de la ley? ¿Con los representantes Alfredo Ape Cuello y Diego Caicedo que metieron tremendos orangutanes en el trámite legislativo, y que este último viajó a China en 2024 invitado por la Cámara Colombo China? ¿Dónde quedó el discurso del Gobierno de la potencia mundial de la vida? Aquí se cae con estrépito.

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Lo peor es que Petro tampoco escuchó a la sociedad civil, a la academia ni a las autoridades de tránsito. Al final, pareciera que eligió quedar bien con ciertos importadores y comerciantes de motos eléctricas. Irónicamente, es lo que prometió combatir cuando llegó al poder.

Pero no todo está perdido. El numeral 5 del artículo 3 permite que las autoridades de tránsito, como la Secretaría de Movilidad de Bogotá, prohíba la circulación de estos vehículos en tramos específicos de ciclorrutas, por razones de seguridad. Debemos utilizar esa herramienta.

Ahora, la última perla del presidente Petro fue el trino que publicó el viernes dándonos la razón sobre que por las ciclorrutas solo deben transitar bicicletas con pedaleo asistido y patinetas, y no motos eléctricas. ¿Acaso no leyó la ley? Si está de acuerdo con nosotros, ¿por qué sancionó una norma que permite que las motos eléctricas circulen por las ciclorrutas?

Desde el Concejo de Bogotá no nos vamos a rendir. No dejaremos que las ciclorrutas se conviertan en autopistas de la muerte. Seguiremos defendiendo la vida, la coherencia y el futuro de una adecuada movilidad eléctrica liviana.

Juan David Quintero