Por: Doris Santa Fe

Lejos de desaparecer, la violencia política en Colombia se ha reconfigurado. En 2025 ya no se mide solo en cifras: se siente en el miedo de quienes hacen campaña en los territorios. Aunque los registros muestran menos casos que en años anteriores, los ataques se concentran en partidos tradicionales y en los líderes comunales, justo en la antesala de un nuevo ciclo electoral.

Esta situación ha disparado las alarmas, especialmente en las regiones donde la situación había cambiado radicalmente a partir de la firma del acuerdo de paz con las Farc en 2016, lo que permitió que en la campaña de 2018, candidatos del Centro Democrático por ejemplo, pudiesen ingresar a territorios apartados en el Vichada, Guaviare, Caquetá, Vaupés, etc., para hacer proselitismo político, algo que durante años no podían hacer por miedo a hacer secuestrados o asesinados. Lo mismo sucedió con candaditos de la izquierda, en territorios que fueron dominados por el paramilitarismo.

Sin embargo, la situación de orden público cambió en los últimos cinco años por la atomización de las disidencias de las Farc; el aumento de acciones violentas ejecutadas por el ELN, sumado a la lucha que viene dando el Clan del Golfo por expandir su dominio territorial para controlar las rutas del narcotráfico y las zonas donde se ejerce la minería ilegal.

El orden público viene en deterioro por la poca implementación que hizo el gobierno de Iván Duque a los acuerdos de paz, sumado a la débil política de seguridad por parte del gobierno de Gustavo Petro.

Todo lo anterior, se ha convertido en una especie de combustible para que se disparen los hechos de violencia política, que, aunque no desaparecieron del todo, no se habían sentido en el panorama nacional, sino hasta cuando se presentó el asesinato del candidato a la presidencia, Miguel Uribe Turbay, lo que de nuevo disparó las alarmas e hizo evidente que el problema una vez más, es de niveles preocupantes.

Menos casos, pero más graves

Entre enero y julio, la MOE registró 208 hechos de violencia, un 17,46% menos que en 2021, aunque los ataques se han vuelto más selectivos y letales. Casi la mitad afectaron a liderazgos políticos, con 87 asesinatos y atentados, incluido el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, considerado por Indepaz como el líder número 97 asesinado en 2025. La Defensoría del Pueblo reportó en el primer semestre 89 líderes sociales asesinados, 34 masacres y 25 firmantes del Acuerdo de Paz muertos, sumando 116 víctimas fatales.

Los líderes comunales son el principal blanco:

Los líderes de las juntas de acción comunal en los territorios del país, al ser quienes se encuentran al frente de procesos sociales, que incluyen temas ambientales, de sustitución de cultivos y de participación política, se convierten en el eslabón más débil de la cadena y el más facil de atacar, al encontrarse en la zona de disputa por parte de los grupos ilegales.,

Los ataques contra líderes sociales disminuyeron un 45,38%, mientras que los hechos contra líderes comunales aumentaron un 63,16%, afectando principalmente a presidentes y miembros de Juntas de Acción Comunal, objetivo de grupos armados ilegales que buscan controlar territorios. Según Alejandra Barrios, directora de la MOE, hasta 2020 la mayor afectación era sobre liderazgos sociales, pero desde las elecciones de 2022 la violencia se concentra más en liderazgos políticos, incluyendo asesinatos, secuestros y violencia digital, especialmente contra candidatas mujeres.

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La violencia digital contra las candidatas se centra en su género, apariencia o vida personal, recibiendo agresiones en redes sociales que limitan su participación política, según la MOE. En respuesta, el Congreso aprobó la Ley 2453 de 2025, que tipifica la violencia política por razones de género y establece mecanismos de denuncia e investigación, aunque organizaciones sociales advierten que su implementación es lenta y muchas candidatas aún carecen de rutas efectivas de protección.

Un líder comunal de Asojuntas, entrevistado por Confidencial Noticias —que pidió reserva de su identidad por seguridad— relató que en su comunidad la violencia ya no son simples robos: ahora son amenazas armadas, extorsiones, secuestros exprés y presiones directas. Muchos líderes han debido suspender actividades o abandonar sus territorios.

 “Los comunales somos motores de nuestras comunidades, pero sentimos poco respaldo del Estado”, afirmó, advirtiendo que incluso con medidas como un chaleco antibalas, el riesgo sigue siendo extremo.

Objetivo: los partidos

La filiación política de las víctimas también muestra otro ángulo crítico. De acuerdo con la MOE, el 82% de los afectados pertenecía a partidos políticos. Los más golpeados fueron el Centro Democrático (11 casos), Conservador (8), ASI (7), Liberal (6) y MAIS (5), aunque también hubo agresiones contra militantes del Pacto Histórico, Cambio Radical, la U y Fuerza Ciudadana.

Frente al creciente clima de violencia política, Nadia Blel, directora del Directorio Nacional Conservador, advierte que la situación ha deteriorado la seguridad en el país, obligando a los partidos a reducir sus actividades públicas y desalentando la participación política, especialmente en zonas de conflicto donde el partido ha sido estigmatizado por su oposición al Gobierno. El asesinato de Miguel Uribe, asegura, marcó un antes y un después en la política colombiana.

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Sostiene que conformar listas en regiones de alta conflictividad es un gran reto, pues no existen garantías de seguridad plena. Critica la ineficiencia del Estado frente a las amenazas y afirma que el Gobierno ha enviado mensajes que legitiman a los violentos, lo que debilita la confianza ciudadana y golpea directamente a la democracia. Según Blel, el presidente Petro no ha estado a la altura del cargo y ha alimentado la polarización. Por eso insiste en que el Estado debe recuperar el control territorial, fortalecer las Fuerzas Armadas y garantizar elecciones libres en 2026.

El uso de drones como método de intimidación a las comunidades en los territorios

Una tendencia especialmente preocupante es el uso de drones por parte de disidencias armadas, que ha multiplicado los ataques a estaciones de policía y puestos militares, mostrando un nivel de sofisticación tecnológica y control territorial sin precedentes y planteando un riesgo que podría afectar a candidatos, votantes y la confianza en el proceso electoral.

Estos artefactos también son utilizados por los grupos armados para la vigilancia aérea en las zonas que son de su interés, y facilitan la toma de videos y fotos desde el aire a quienes realizan trabajos sociales y comunitarios en los diferentes territorios en disputa.

De cara a las elecciones, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, destaca la necesidad de revisar el Plan Democracia y ajustar la seguridad según región y candidatura, ante amenazas a gobernadores, alcaldes y dirigentes, atentados y secuestros, mediante una microsegmentación territorial.

La respuesta del Estado

El Ministerio del Interior señaló que la violencia política, causada por grupos armados ilegales, la lucha por el control territorial y la coacción a votantes, afecta especialmente al norte del Cauca, el Magdalena Medio y el Pacífico Sur, poniendo en riesgo a partidos tradicionales y líderes comunales. Para mitigar esta situación, en 2025 el Gobierno creó los CORMPE mediante la Resolución 0864, entregando más de 90 vehículos blindados, 39 convencionales, 77 chalecos balísticos y asignando más de 600 personas de seguridad a dirigentes políticos y comunales, incluidos líderes del Centro Democrático y del Partido Liberal.

El Ministerio del Interior informó que, junto con las Fuerzas Militares y la Policía, implementaron el Plan Democracia, garantizando elecciones atípicas seguras en 16 municipios y realizando comisiones para ajustar la seguridad territorial. Para reforzar garantías en zonas de alto riesgo, lanzó el Plan Ágora 2026, que usa Mapas de Prevención y Seguridad Electoral para focalizar la presencia de la Fuerza Pública.

Detrás de las cifras hay líderes silenciados, familias en duelo y comunidades que pierden representación. La disminución en los registros no oculta que cientos de colombianos siguen siendo amenazados o asesinados por ejercer un derecho básico: hacer política. Garantizar la seguridad electoral continúa siendo uno de los mayores desafíos de la democracia colombiana, que hoy debe probar que la vida pública puede ejercerse sin miedo y con plenas garantías.