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Tres años después de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad (CEV), Colombia enfrenta una encrucijada histórica. Así lo advierte el Cuarto Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM), presentado en el marco de la conmemoración del tercer aniversario del legado de la Comisión de la Verdad.

El Comité, encargado de hacer seguimiento a las 220 recomendaciones que dejó el Informe Final encontró avances importantes, pero también retrocesos en la implementación en el periodo entre marzo de 2024 a marzo de 2025. Además, aprovecha este informe para resaltar que las recomendaciones no son una hoja de ruta exclusiva para el Gobierno nacional, sino un compromiso compartido que interpela al Estado, a la sociedad civil, al sector privado, a los medios de comunicación, a las universidades y a la sociedad en general. Su cumplimiento es clave para garantizar la no repetición del conflicto armado y transformar las causas estructurales de la violencia en Colombia.

El informe destaca la necesidad urgente de acciones concretas para garantizar la paz, en un país que enfrenta un preocupante deterioro de las condiciones de seguridad, con 460 firmantes del Acuerdo asesinados desde 2016, 73 líderes/as sociales asesinados solo en lo corrido de 2025 y un aumento del 60% en el reclutamiento infantil durante 2024. Las regiones más afectadas, como Catatumbo, Antioquia, Cauca, Meta, Arauca y Caquetá, siguen enfrentando un panorama de violencia que pone en riesgo la consolidación de la paz.

A esto se suma el incremento de feminicidios y transfeminicidios que ha aniquilado la vida de muchas lideresas sociales, defensoras de derechos humanos y personas LGBTIQ+ y el deterioro del clima político y electoral en el país. La violencia contra líderes, candidatos y figuras públicas atenta contra los principios más básicos de la democracia. Hechos como el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay evidencian el riesgo real que enfrentan quienes participan activamente en la vida política. El Comité recuerda que la Comisión de la Verdad ya había recomendado un Pacto Político Nacional para excluir definitivamente las armas de la política, garantizar elecciones seguras y proteger la pluralidad de ideas como base de la convivencia democrática.

Ante este panorama, el Comité hace un llamado urgente al Gobierno nacional, al Congreso y a todos los actores del sistema político a concretar de inmediato el Pacto Político Nacional que permita frenar la polarización, blindar las recomendaciones de la Comisión como política de Estado y activar reformas clave. Entre ellas, la creación del Ministerio de Paz y Reconciliación, la protección efectiva a excombatientes y líderes sociales, y el fortalecimiento del sistema educativo como base para una cultura de paz.

Avances que dan esperanza

Por otra parte, el Comité destaca, avances relacionados con el legado del Informe Final, con la implementación de instrumentos de la Reforma Rural, con los procesos de reincorporación y el aumento de la inversión para la implementación del Acuerdo de Paz.

Asimismo resalta la que la reforma a la ley de víctimas incluyó el enfoque de soluciones duraderas; así mismo resalta la puesta en marcha del Sistema Nacional de Búsqueda; la continuidad de los actos públicos de reconocimiento de responsabilidades a víctimas en el exilio, iniciativa de la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra; la creación de la Comisión Mixta Nacional para Asuntos Campesinos y el Proyecto de Ley de coordinación interjurisdiccional entre la Justicia Ordinaria y la Justicia Especial Indígena.

También se registran como avances: la implementación del servicio social para la paz, la adopción de la Política de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Fuerza Pública; la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú como una oportunidad histórica para la democracia ambiental y la construcción del Sistema Educativo Indígena Propio, como un mecanismo para garantizar el derecho a la educación propia de estos pueblos.

La ruta hacia la implementación

“Este informe no solo documenta hechos. Es una alerta moral al país: estamos a tiempo de elegir la vida sobre la guerra, la dignidad sobre la polarización”, señala el informe. De hecho, estos tres años de seguimiento y monitoreo han llevado al CSM a concluir que la voluntad política sostenida es el ingrediente clave para asegurar una implementación exitosa de las recomendaciones.

Entendiendo la envergadura de los llamados de la CEV, el CSM convoca a la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación y el sector privado a asumir un rol activo en la vigilancia, apropiación e impulso de estas recomendaciones. Asimismo, insta a la comunidad internacional a mantener su respaldo, tanto en cooperación técnica como en incidencia política, ante los nuevos desafíos de implementación.

La paz, afirma el Comité, no puede depender únicamente de la voluntad institucional. Requiere del compromiso sostenido de todos los sectores para transformar la verdad revelada en acciones concretas que cierren las brechas históricas de injusticia, desigualdad y exclusión.

“No se trata solo de cumplir recomendaciones. Se trata de impedir que Colombia vuelva a encender el motor de la guerra y para ello es necesario entender que solo podremos sacar la violencia de la política y de la vida de las y los colombianos si avanzamos en un Pacto Político Nacional”, concluye el informe.