La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado preventivo a las autoridades carcelarias, luego de verificar las condiciones en las que permanecen las personas privadas de la libertad en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El Ministerio Público pidió a las autoridades departamentales, de la Nación y al INPEC para que suscriban de manera inmediata un convenio interinstitucional que garantice atención, seguridad y condiciones dignas en los centros de detención del archipiélago.

Finalmente, precisó que garantizar condiciones dignas a las PPL es una obligación legal inaplazable y sentenció que la omisión en la protección de los derechos humanos de esta población puede generar sanciones disciplinarias, fiscales y penales para los funcionarios responsables.