Colombia ya tomó una decisión estratégica en el aire: renovar su poder aéreo con los Saab Gripen para reemplazar los Kfir. Es un paso correcto que ordena capacidades, compromete transferencia tecnológica y actualiza doctrinas. Ahora toca el turno del mar. Si en el cielo trazamos una ruta, bajo el agua necesitamos otra: renovar la flota de submarinos de la Armada Nacional con una visión de país, no de coyuntura. Así como hicimos con los aviones, el Estado debe dar el siguiente paso con un documento CONPES que fije la política, las metas y, sobre todo, los recursos plurianuales para garantizar continuidad más allá de un periodo de gobierno.

¿Por qué ahora? Porque nuestra seguridad —y nuestra economía— se juega cada vez más en el azul. Colombia ejerce jurisdicción sobre 928.660 km² de mar y casi 3.000 km de costa; somos un país bioceánico que debe proteger corredores de comercio, ecosistemas estratégicos, cables submarinos y, al mismo tiempo, enfrentar redes del crimen transnacional. La sofisticación de los “narcosubmarinos”, incluidos los no tripulados con control remoto y enlaces satelitales, obliga a mejorar nuestras capacidades de vigilancia, interdicción y disuasión. No es ciencia ficción: este año la Armada reportó la incautación de varios semisumergibles y la intercepción del primer narco submarino teledirigido en aguas colombianas.

La ventaja es que no partimos de cero. Tenemos industria: COTECMAR, el astillero nacional que ha construido OPV, buques de desembarco, patrulleras y plataformas fluviales para Colombia y terceros países, y que ha ejecutado mantenimientos mayores —incluidos trabajos en nuestros submarinos— con transferencia de conocimiento. Esta base industrial es un activo institucional para cualquier programa submarino moderno, desde mantenimiento profundo (MLU) hasta eventual co-fabricación con socios. A esto se suma que la Armada cuenta con una brújula: el Plan de Desarrollo Naval 2042, que define prioridades, escalonamientos y alianzas para modernizar la fuerza. No es improvisar, es alinear industria, doctrina y presupuesto.

El contexto internacional también empuja. Mientras cerrábamos la selección del Gripen —donde se abre una ventana de cooperación industrial regional apalancada por la experiencia de Brasil—, la cúpula naval, en cabeza del Comandante de la Armada el Almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, intensificó su diplomacia de defensa con visitas técnicas a astilleros de Corea del Sur en el marco de MADEX 2025. Ese esfuerzo de “mirar vitrinas” es útil si se traduce en decisiones de política: hoja de ruta, cronograma y plata. Un CONPES para la capacidad submarina permitiría, como ocurrió en la aviación de combate, estructurar paquetes de inversión, formación de tripulaciones y encadenamientos productivos, con metas medibles y responsabilidades claras para Defensa, Hacienda, DNP y COTECMAR.

Seamos francos sobre el punto de partida. Nuestra Fuerza de Submarinos opera dos unidades oceánicas tipo 209 (ARC Pijao y ARC Tayrona), incorporadas en los años setenta y objeto de varias modernizaciones; y dos unidades tipo 206A de menor porte, adquiridas de segunda mano a inicios de la década pasada. Esa flota ha rendido —ahí están los DESI con la US Navy—, pero su ciclo de vida no perdona. El riesgo de prolongar la decisión es doble: aumentan los costos por obsolescencia y se erosiona la disuasión.

¿Qué nos daría un CONPES submarino? Tres certezas. Primero, una política pública: definir con rigor el “para qué” (misiones), el “con qué” (plataformas, sensores, armas, MPA y helicópteros ASW complementarios) y el “cómo” (fases, cronograma, gobernanza). Segundo, un marco financiero: comprometer vigencias futuras y fuentes de financiación —incluyendo cooperación y offsets— que eviten el serrucho anual del presupuesto. Tercero, desarrollo productivo: trazar el mapa de componentes y servicios que COTECMAR y proveedores nacionales pueden asumir, realistas al inicio y crecientes en complejidad, para que cada dólar comprado afuera agregue capacidades aquí. Eso hace el CONPES: es la herramienta del Ejecutivo para convertir voluntad en política, y política en inversión sostenida.

También nos ordena en la lucha contra el crimen. Los semisumergibles de hoy viajan más lejos, cargan más y buscan evadir radares. Un sistema submarino moderno aporta vigilancia discreta, negación del área y “ojos y oídos” que alimentan a guardacostas, fragatas y aeronaves. La interdicción es, ante todo, trabajo conjunto. Pero sin el eslabón silencioso perdemos eficacia y sorpresa. En clave geopolítica, además, un país con dos océanos y rutas críticas no puede rezagarse mientras el panorama internacional muestra la necesidad de fortalecer la defensa de la soberanía.

Quienes cuestionen el costo, recuerden el precedente de la aviación de combate: el proceso del Gripen muestra que es posible negociar tecnología, entrenamiento y oportunidades industriales si hay decisión política y una arquitectura financiera clara. Es exactamente lo que un CONPES nos permitiría replicar en el dominio marítimo, con un plus: apalancar la capacidad instalada de COTECMAR y su ecosistema de proveedores para capturar mayor valor local.

El Ministerio de Defensa, el DNP y la Armada deben iniciar de inmediato la estructuración de un CONPES para la capacidad submarina, articulado al Plan de Desarrollo Naval 2042 y a la experiencia reciente con los Gripen. El crimen transnacional no espera; tampoco la obsolescencia. Si ya decidimos volar mejor, es hora de aprender la lección completa: defender nuestro país también exige ver —y disuadir— donde nadie nos ve. Ese es el próximo salto. Y debemos darlo ahora.

Alejandro Toro