Las polarizaciones nacen en los extremos ideológicos y suelen ser alimentadas por quienes necesitan que la lealtad ciudadana los lleve lejos en sus proyectos políticos, sean estos buenos o malos. Por eso, casi siempre vienen acompañadas de populismo: la manipulación de prometer lo que se sabe imposible de cumplir, pero que enciende a quienes desconocen esa imposibilidad.

Los extremos ideológicos son una causa de la polarización. No la única, pero sí su fundamento. Y cuando hablamos de extremos, nos referimos, en lo esencial, a derecha e izquierda. Una de las discusiones centrales entre ambos es el papel del Estado.

Incluso en las corrientes que más defienden las libertades individuales, como las de Mises y Hayek, hay consenso en unas funciones del Estado mínimas e indiscutibles: garantizar la seguridad y defensa de la sociedad, proteger los derechos de propiedad y hacer cumplir los contratos, administrar un sistema judicial imparcial que resuelva conflictos y proveer el marco legal e institucional para que el mercado funcione. Estas tareas no suelen ser objeto de debate: son la base sobre la que cualquier economía puede operar, propias de un Estado reducido al mínimo.

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Sin embargo, la realidad evidencia los problemas estructurales del capitalismo contemporáneo, lejos del modelo competitivo ideal. Se exhiben tendencias sistémicas que socavan el interés general: concentración económica y monopolios, con conglomerados que dominan sectores enteros (tecnología, farmacéuticas, energía); concentración de la riqueza, con beneficios crecientes para las élites y estancamiento para la mayoría; captura del Estado, donde el poder económico condiciona al político mediante financiamiento electoral, lobby, puertas giratorias y control mediático; y corrupción estructural, con subsidios hechos a medida, regímenes tributarios regresivos, aranceles y normas diseñadas para favorecer a unos pocos. Todo ello configura un sistema que opera en favor de las grandes corporaciones y quienes ostentan el poder económico, y no de la sociedad en su totalidad. Las tesis de Mises y Hayek, basadas en la fe en el “orden espontáneo” del mercado, resultan ingenuas ante un capitalismo donde el mercado ha sido colonizado por una minoría que moldea las reglas a su conveniencia, anulando el ideal competitivo que pretendían proteger.

Frente a esto, las acciones necesarias para que el Estado vuelva a servir al interés general, más cercanas a Keynes y Galbraith que al individualismo radical, pasan por: una regulación efectiva contra monopolios y prácticas anticompetitivas; transparencia y control ciudadano para reducir la corrupción; una política fiscal progresiva y la eliminación de privilegios corporativos; e inversión pública estratégica en educación, salud, ciencia y tecnología, orientada al bienestar colectivo. Esto incomoda a corporaciones y élites beneficiarias de las distorsiones del capitalismo actual, pero no implica comunismo. El comunismo, con planificación central que elimina el mercado, ya mostró que al suprimirlo también se suprimen las libertades individuales, lo que solo se puede imponer por la fuerza y acaba siendo insostenible y con resultados desastrosos para la sociedad.

Así, el desafío contemporáneo no es escoger entre laissez-faire o estatismo, sino liberar al Estado de la corrupción, desmantelar la captura corporativa y diseñar instituciones que sirvan al interés general en un mundo donde el poder económico concentra no solo riqueza, sino datos, influencia política y capacidad de moldear el futuro. Desde el pragmatismo, carece de sentido polarizarse alrededor de las diferencias ideológicas en economía política: un Estado moderno debe nutrirse de ambas visiones, sin importar su origen, sino su capacidad real de generar desarrollo y bienestar para el país.

Rafael Fonseca Zarate