La decisión del gobierno estadounidense de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas, además de ser una movida con evidente motivación política, demuestra una vez que el supuesto gran aliado de Colombia está decidido a cercenar los lazos económicos y diplomáticos que en otra época le habían servido para mantener la narrativa de que América Latina era su “patio de atrás”.

Si bien el propósito es sancionar al Gobierno de Colombia por estar en una orilla política que se les hace incómoda, lo único que está logrando es beneficiar a los narcotraficantes, aumentar la cantidad de muertes por consumo de estupefacientes dentro de su propio país y darle vía libre a Colombia para que explore nuevos bloques geopolíticos donde las relaciones no sean en tónica de sumisión sino de cooperación real, incluso en materia militar.

Colombia ha sido considerado históricamente como el principal aliado del país norteamericano en el Cono Sur. El Gobierno Trump, que si en algo ha brillado es en su deseo fervoroso de acabar con todos los vínculos diplomáticos que durante tantos años habían le habían permitido a la nación norteamericana ser “los líderes del mundo libre”, ha buscado mediante amenaza de aranceles y disminución del presupuesto para la cooperación que Colombia ya no vea en Estados Unidos a un socio sino a un jefe ante el que se debe arrodillar, al que le debe rendir pleitesía si desea estar en su gracia y no bajo sus castigos.

El problema para el Gobierno Trump es que su estrategia hubiera servido muy bien si el poder en Colombia estuviera todavía en manos de la derecha arrodillada que habla cuando le piden que hable, calla cuando le piden que calle y repite los discursos que vienen del Norte cual títeres controlados por ventrílocuos.

En cambio, se ha encontrado con un Gobierno Nacional que por primera vez pone la soberanía nacional como prioridad, que ha tenido la habilidad diplomática de acercarse a nuevos socios estratégicos como respuesta a los desvaríos de Washington en vez de rogar estar en su lado bueno y el cual tiene los resultados suficientes, no solo en lucha contra el narcotráfico sino también en indicadores claves como control de la inflación, reducción de la pobreza y del hambre entre otros, para mantener la confianza de ese resto del mundo que busca ocupar los lugares que cada vez más va dejando Estados Unidos en el tablero geopolítico.

Hay que hacerse la pregunta, ¿certificación para qué? ¿para seguir siendo peones en la fallida lucha contra las drogas?¿para seguir poniendo a batallar al pueblo contra el pueblo en la ruralidad colombiana?¿para tratar la fiebre cuando el cáncer se encuentra en Estados Unidos con una demanda interminable por estupefacientes que Trump no ha sabido disminuir? Si es así, lo que hemos ganado ha sido la posibilidad de replantear la manera en la que luchamos contra el narcotráfico, de dejar de mandar a tantos miembros de la Fuerza Pública a que vayan a la muerte en una guerra donde los contrincantes son otros hijos de campesinos y campesinas de nuestro país.

No significa esto que se acaba en Colombia el esfuerzo para acabar con el narcotráfico. Es más, a Colombia la descertifican por ser efectiva, no por fracasar. En el 2024 se incautaron 889 toneladas de cocaína, el registro más alto al que se ha llegado. Lo que Trump – y la derecha arrodillada – se olvidan de mencionar es que en el Gobierno Duque los cultivos de cocaína crecieron en un 43%. En el 2022 el Gobierno Petro recibió un país inundado de cultivos de coca y lo que ha hecho es lograr frenar ese nivel de crecimiento que dejó Duque que amenazaba con acabar las selvas colombianas para convertirlas en plantaciones de coca, bajando el nivel crecimiento de nuevos cultivos al 3% en el 2024.

Lo que nos brinda la descertificación es centrarnos en arrebatarle al narcotráfico el manejo de la economía en las regiones cocaleras. En vez de insistir con la fallida erradicación forzada, ahora nos podremos concentrar en darle al campesinado acceso a los mercados para que le sea más rentable sembrar cacao, yuca o plátano que sembrar coca. Podemos replantear para nuestro país qué usos le damos a la hoja de coca, cuyas propiedades medicinales están más que probadas. Es la oportunidad de avanzar en la autorización de usos legales de la planta de coca, para que los campesinos prefieran asociarse para crear proyectos productivos en torno a sus propias tierras que vender la hoja al narcotráfico.

Tenemos entonces la posibilidad de dejar atrás décadas de subordinación y de falsas recetas impuestas desde Washington para, en cambio, consolidar un modelo soberano que ponga en el centro a las comunidades campesinas, proteja nuestras selvas y construya paz en los territorios. Si Estados Unidos decide cerrar la puerta, Colombia tiene hoy la madurez y la legitimidad para abrir muchas otras, con aliados que entiendan que la cooperación no es chantaje, es respeto.

Alejandro Toro