En los últimos días se ha presentado una serie de hechos violentos en la Universidad Nacional, sede Bogotá, que deben preocupar, no solo las autoridades universitarias, sino también al Distrito y la Nación, protestas de encapuchados con machetes, intento de incendiar un bus de Transmilenio y estallido de una bomba en el edificio de la facultad de Sociología que dejo varias personas heridas, acciones más cercanas al terrorismo que a la protesta pacífica.

A los problemas conocidos que suceden desde hace varios años en el campus de la Universidad Nacional, como son la venta de droga, las pedreas, las tomas y los bloqueos de las facultades, los casos de abuso sexual que suceden casi todos los jueves en el “bacanal de drogas y alcohol del jardín de Freud”, los hurtos, la proliferación de ventas ambulantes, la violencia de género y las amenazas contra docentes, desde finales de la pandemia en 2022, se sumó la utilización del campus universitario por parte de algunos miembros de “Primeras Líneas” de la ciudad para enfrentar a la fuerza pública, mientras en la Universidad Pedagógica fueron rechazados y no los dejaron utilizar su campus, en la Universidad Nacional no tuvieron oposición y han estado presentes en la toma de la rectoría, otras instalaciones de la universidad, bloqueos y pedreas.

Una situación de inseguridad y violencia que pone en riesgo constante a la población universitaria y en general a los habitantes de Bogotá que transitan por los entornos del claustro universitario, situación que debe llevar a las autoridades educativas, de seguridad y justicia nacionales, del Distrito y de la Universidad a trabajar en equipo y de manera permanente, para lo cual hay que dejar en claro cuáles son las competencias de unos y otros y cómo se pueden coordinar para recuperar la seguridad y la convivencia en la Universidad y su entorno.

Seguridad y autonomía universitaria.

La Universidad Nacional no puede seguir siendo un escenario donde la autoridad se diluye, los espacios comunes se degradan y las garantías mínimas de convivencia desaparecen. No se trata de militarizar ni de criminalizar la protesta que, por supuesto, es legítima en una democracia, sino de ejercer una rectoría firme, con principios claros, que entienda que la defensa de los derechos humanos empieza por salvaguardar la integridad de quienes hacen parte de la comunidad universitaria.

La autonomía universitaria no puede ser excusa para la negligencia. El campus universitario debe ser un espacio de construcción, no de miedo. Se ha venido distorsionando gravemente el concepto de autonomía universitaria al interpretarlo, de manera equivocada, como una especie de extraterritorialidad que pretende excluir a los campus universitarios del marco legal vigente.

Esta visión errada lleva a desconocer abiertamente la Constitución, las leyes penales y de policía, así como la legitimidad de los órganos de justicia y seguridad del Estado. Bajo esta lógica, se asume que dentro de las universidades no pueden operar los organismos encargados de prevenir, investigar y sancionar los delitos, como si el campus fuera una zona al margen del orden constitucional. La autonomía universitaria garantiza el autogobierno académico y administrativo, pero de ninguna manera implica la suspensión de la ley ni el desmonte de la institucionalidad.

Por tanto, es hora de decirlo con claridad, los delitos que se cometen dentro de una universidad deben ser enfrentados por los organismos de seguridad y justicia que constitucionalmente están llamados a hacerlo. Su presencia no puede ser entendida como una “intervención” arbitraria ni como una amenaza a la autonomía, sino como el ejercicio legítimo del Estado de Derecho en todos los rincones del territorio nacional, incluidas las universidades públicas.

Eso sí, este accionar debe estar acompañado de protocolos adecuados, respetuosos de los principios democráticos y de los derechos fundamentales, pero no puede seguir siendo postergado por una lectura sesgada de la autonomía universitaria. La criminalidad no se combate con comunicados institucionales ni con debates ideológicos, sino con investigación criminal, inteligencia profesional y acción judicial oportuna. No actuar es permitir que la ley deje de tener efecto, precisamente donde debería proteger con mayor rigor, en los espacios dedicados a formar ciudadanos.

El país no puede permitirse que la Universidad Nacional símbolo del mérito, la excelencia académica y el pensamiento crítico se hunda en la inseguridad y el desgobierno. Es tiempo de que la rectoría y las autoridades nacionales y locales garanticen la seguridad y la convivencia en el campus universitario y en su entorno.

Qué hacer.

En respuesta a preguntas formuladas por diario El Tiempo[1] la vicerrectora de la Universidad Nacional Carolina Jiménez, manifestó que “Estaban prestos a un diálogo interinstitucional que permita encontrar caminos de solución a los problemas”, pero que “no se ha podido encontrar unas rutas y unas estrategias efectivas que ayudaran a poner fin a estos problemas”.

Hay que reconocer que estos graves problemas no los puede solucionar solo la Universidad, ni es su única función, ni es su especialidad, se requiere del trabajo coordinado y permanente con la administración distrital y con las autoridades educativas, de seguridad y justicia de la nación, porque al final del día lo que suceda o deje de suceder en materia de seguridad y convivencia dentro del campus universitario, es responsabilidad de todas estas autoridades. Son más de 40 mil ciudadanos y ciudadanos universitarios que frecuentan la Universidad y que tienen derecho la seguridad.

Comparto la posición de la vicerrectora de la Universidad Nacional que considera “que el ingreso de la Policía en medio de una confrontación puede aumentar el riesgo al que ya está expuesta la comunidad universitaria”. Sin embargo, esta situación no se puede descartar de plano, frente a una situación grave de inseguridad que atente contra la integridad y vida de los miembros de la comunidad universitaria. En este caso, serían más afectivas las labores de inteligencia e investigación judicial para dar con los encapuchados y sus jefes violentos.

En trabajo coordinado y permanente de las autoridades anteriormente mencionadas se pueden definir y realizar las siguientes acciones de seguridad y justicia:

• Creación de un comité de seguridad y convivencia compuesto por las autoridades universitarias, del distrito y de la nación para definir acciones conjuntas frentes a los problemas de inseguridad detectados, el cual debe reunirse una vez al mes y no solo cuando sucedan hechos que lamentar, como suele suceder.
• Elaboración conjunta de un plan de seguridad y convivencia para la Universidad, como lo hicimos hace 15 años con la rectoría de entonces, pero que con las administraciones subsiguientes termino archivado.
• Instalación de cámaras de alta tecnología en las principales entradas y entorno de la Universidad. La Universidad también puede instalar cámaras en su interior. Esta es una tecnología que desde hace muchos años viene siendo utilizada por las universidades para garantizar la seguridad y la convivencia, como es el caso de la Universidad Autónoma de México que tiene una comunidad cercana a las 500 mil personas y cerca de 300 cámaras para la seguridad y la convivencia.
• Labores de inteligencia e investigación judicial para dar con los encapuchados y sus jefes, que realizan acciones violentas y delincuenciales en el campus universitario y su entorno.
• Control visual y grabación de pedreas y actos de vandalismo con drones.
• Elaboración de protocolos de seguridad, emergencias y manejo de crisis para atender casos graves en el campus universitario, como puede ser el caso de atentados terroristas, asesinatos y lesionados graves al interior de la universidad, toma de rehenes por parte de grupos armados ilegales, entre otros casos.

Hugo Acero

[1] El Tiempo. Universidad Nacional: entre el estigma, encapuchados, manipulación de explosivos y la necesidad de una estrategia para garantizar la seguridad.

https://www.eltiempo.com/bogota/universidad-nacional-entre-el-estigma-encapuchados-manipulando-explosivos-y-la-necesidad-de-una-estrategia-para-garantizar-la-seguridad-3490296 12 de septimbre de 2025