Colombia despertó en la madrugada del 11 de agosto de 2025 con una estremecedora noticia, tras 64 días de luchar por su vida, falleció el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado con arma de fuego perpetrado en la localidad de Fontibón de Bogotá. Lo primero que tenemos que decir es que estamos ante un magnicidio que impacta el clima político y la seguridad democrática nacional con graves repercusiones institucionales y electorales que acrecientan la violencia política que afecta la estabilidad del Estado y la confianza ciudadana. Aunque el “magnicidio” no existe como tipo penal autónomo en Colombia, la doctrina especializada lo reconoce como la eliminación violenta de una figura de alta relevancia política y proyección nacional, lo que fue conocido como parte de nuestra historia pero que nos atreveríamos a decir que la generación de Miguel Uribe nunca creyó que lo viviríamos en pleno siglo XXI.

Dichos magnicidios en Colombia han marcado profundamente la historia política y la estabilidad institucional del país, reflejando una violencia sistemática contra figuras de alta relevancia nacional. Para recordar nuestra reciente historia, que por muchos ha sido olvidada, se encuentran: Álvaro Gómez Hurtado (1995), líder conservador y excandidato presidencial, cuyo crimen fue declarado de lesa humanidad; Carlos Pizarro Leongómez (1990), candidato del M-19 asesinado en un avión semanas después de firmar la paz; Bernardo Jaramillo Ossa (1990), candidato de la Unión Patriótica, muerto en plena campaña; Luis Carlos Galán (1989), precandidato presidencial favorito en las encuestas; Jaime Pardo Leal (1987), candidato presidencial de la UP, víctima del exterminio contra ese movimiento; Jorge Eliécer Gaitán (1948), caudillo liberal cuya muerte provocó el “Bogotazo”; Rafael Uribe Uribe (1914), líder liberal asesinado cerca del Capitolio, y Miguel Uribe Turbay (2025), senador y precandidato presidencial, asesinado tras un atentado en precampaña. Todos estos crímenes, cometidos contra dirigentes con gran proyección política, constituyen ataques directos a la democracia y han dejado secuelas profundas en la confianza ciudadana y en la institucionalidad.

No sabemos si lo peor está rio arriba de la justicia, que históricamente ha estado dando vueltas sobre su propio eje, y en el caso actual aún está tratando de esclarecer quien fue el autor intelectual, como el perro que persigue su cola,  pero la fiscalía solo apunta a su simplista hipótesis  basada en la intelectualidad a cargo de las disidencia guerrillera de la 2da. Marquetalia, que no es más que una salida facilista para cerrar un caso grave de magnicidio con exuberantes proporciones políticas de cara a las próximas justas electorales. Para nadie es un secreto que los actuales grupos narco-guerrilleros ya no son actores políticos ideológicos sino unas bandolas prepago de mercenarios que alguien contrata para cometer cientos de asesinatos en todo el territorio patrio. Esto tienen una doble implicación: por un lado, se incurrirá en impunidad por falta de justicia y, por otro lado, lo que es peor, entraremos a definir la gobernabilidad del país con posibles autores intelectuales en la ultraderecha y en la ultraizquierda que polariza el país y obligará a repetir el destino de las pasadas elecciones con las nefastas consecuencias que dividen el alma nacional.

Así las cosas, el país está en cocción de un caldo de cultivo que se sancocha con la descomposición del orden público en cada región del país, bajo el control absoluto de las diferentes bandas criminales narco-guerrilleras que ejercen terror mediante paros armados que descuartizan el territorio patrio, especialmente en: Chocó, Cauca, Vichada, Catatumbo, las fronteras internacionales con Venezuela, Perú, Panamá y Ecuador que están al garete, sin estrategia ofensiva y con desmoralización de la fuerza pública al máximo. Es decir, la Paz Total hecha agua, con consecuencias político-electorales que se hacen sentir ya, en cualquier rincón de Colombia donde es inminente el desencadenamiento de atentados criminales contra cualquier dirigente político que liderará los procesos electorales que se avecinan.

Este horrendo asesinato reconfigura el mapa de centro-derecha bajo la órbita de la victimización, impactando alianzas y reorganizaciones políticas con represarías en la ultraizquierda. La agenda pública ahora debe incluir reformas urgentes a la justicia penal juvenil, inteligencia policial y control de discursos de odio. Todo esto en un contexto en el que sólo acuerdos de no agresión, observación electoral robusta y una investigación transparente evitarán que el país vuelva a una espiral de polarización extrema. Desafortunadamente los paños de agua tibia gobiernista se centran en asuntos de poca envergadura como el cuestionamiento sobre el contrato de software electoral de la registraduría, o los imprevisibles ajustes a los esquemas de protección de la UNP, o limitar todos los actos masivos de campaña entre candidatos y electores en detrimento del derecho a la participación y equidad.

El lapso de 64 días entre el atentado y la muerte de Miguel Uribe Turbay simboliza un período de tensa espera que marca la antesala electoral en Colombia. Entre la esperanza y la incertidumbre, el país presencia cómo este hecho reabrió las heridas de la violencia política del siglo XX evocando magnicidios históricos que su momento alteraron el rumbo institucional. Este tiempo de transición emocional y político transforma el duelo individual en un desafío colectivo de país, poniendo a prueba la solidez democrática y la capacidad del Estado para asegurar elecciones pacíficas y legítimas sin retornar al nefasto pasado de violencia sin tregua.

Por: Luis Fernando Ulloa