Este domingo 9 de noviembre, el Oriente antioqueño vota si entrega a un Área Metropolitana del Oriente (AMO) la llave de su futuro. No es una discusión técnica ni inocente: detrás está el empeño del gobernador Andrés Julián Rendón, quien promueve esta figura desde que fue alcalde de Rionegro para reforzar allí su fortín político y económico. Hoy, ya como Gobernador, recorre municipios con el “sí” como consigna. Y no está solo: cuenta con reglas hechas a su medida, como el umbral del 5% para aprobar áreas metropolitanas, aprobado en el Congreso y publicitado por su partido. Por eso, invito a votar NO: la integración no puede significar subordinación ni captura del territorio.

Siete argumentos para votar por el NO:

1) Es el viejo proyecto de Rionegro con ropaje nuevo. Desde la Alcaldía de Rionegro (2016–2019), Rendón impulsó la idea de un área metropolitana que tuviera a Rionegro como municipio núcleo; hoy, como Gobernador, reeditó esa agenda y la copatrocina en eventos y giras por el Valle de San Nicolás. No es integración regional; es centralización alrededor de un municipio y de un liderazgo político.

2) Se baja el listón para “aprobar como sea”. La consulta se decide con apenas 5% del censo en cada municipio. Ese umbral mínimo —que antes fue más exigente— es el que hoy beneficia a los promotores y fue bandera de congresistas del Centro Democrático, entre ellos Esteban Quintero, quien impulsó el Proyecto de Ley 075 de 2018 para facilitar la conformación de áreas. Que nadie se engañe: bajar el umbral fue una movida para que el AMO pasara a toda costa.

3) Autonomía municipal en riesgo real. La Ley 1625 de 2013 es clarísima: los acuerdos metropolitanos tienen jerarquía superior a los actos municipales en los asuntos del área. ¿Traducción? En ordenamiento, “hechos metropolitanos” y proyectos estratégicos, una Junta por encima de alcaldes y concejos marcará la pauta. Es un cambio de poder —no una simple coordinación— que debilita la democracia local.

4) La chequera municipal financia otra burocracia. El régimen metropolitano obliga a definir aportes permanentes de los municipios y habilita instrumentos como valorización o plusvalía para obras “de impacto metropolitano”. Con presupuestos apretados, cada peso que migre al AMO es un peso menos para agua rural, vías veredales, escuelas o salud en los barrios. Más entidad, más gasto administrativo; menos músculo para lo urgente en cada municipio.

5) Beneficia a los grupos económicos del centro, no a la ruralidad. El diseño concentra decisiones en el eje urbano del Valle de San Nicolás —con Rionegro como ganador natural— mientras los municipios más periféricos quedan subordinados a prioridades ajenas. La discusión pública ya ha advertido esas asimetrías. Y ojo: el Oriente no es solo cabeceras; en varios municipios la población y el suelo rural pesan muchísimo, con necesidades de conectividad, acueductos veredales y vías terciarias que no se resuelven con planes vitrinas.

6) Incertidumbre y disputa por lo ambiental. La Gobernación y CORNARE repiten que la autoridad ambiental seguirá en CORNARE; sin embargo, la propia Ley 1625 permite que las áreas asuman competencias ambientales urbanas bajo ciertos escenarios, como ya ocurre en el Valle de Aburrá. Abrir esa puerta sin reglas sólidas es jugar con páramos, cuencas y acuíferos en una subregión hídrica clave. La prudencia ambiental no se negocia.

7) Riesgo de captura y endeudamiento sin contrapesos. Un área metropolitana puede contratar y endeudarse para macroproyectos, mientras sus actos se imponen en materias propias. En Antioquia ya hemos visto cómo decisiones de élites pueden desviar prioridades públicas; crear otra gran ventanilla, con una Junta propensa a mayorías políticas y al lobby empresarial, es invitar a la captura del desarrollo. La justicia territorial exige controles más fuertes, no menos.

Hay que impulsar la asociatividad territorial pero debe ser con enfoque de equidad, participación y agua como eje de ordenamiento. Hay herramientas menos invasivas y reversibles para cooperar: convenios interadministrativos, provincias de planificación y esquemas asociativos que respetan la autonomía y permiten coordinar transporte, residuos o seguridad hídrica sin entregar la brújula del territorio a una Junta supra-municipal. La propia Ley 1625 reconoce que el instrumento debe servir al desarrollo armónico, no a reemplazar a los municipios.

No es cierto que el AMO mejorará la vida cotidiana de quienes madrugan por trochas para llegar al casco urbano, de las familias que esperan acueducto veredal o de los campesinos que piden vías terciarias transitables. Ese no es el foco del proyecto. El foco es poder y obra grande al servicio de los mismos de siempre, con Rionegro como eje y los grupos económicos del centro como ganadores. Al Oriente rural y disperso lo dejan, otra vez, para después.

Este 9 de noviembre, defendamos la autonomía municipal y el sentido común del Oriente. La integración no necesita sacrificar la democracia local ni hipotecar los presupuestos a un ente diseñado para la recentralización. Votemos NO al AMO.

Alejandro Toro