Serán algunos comerciantes los que ganen, pero todos los ciudadanos los que perderemos.

Bogotá soñó con una ciudad más limpia, con menos ruido y sin humo. La promesa de la movilidad eléctrica sedujo a todos, incluyéndome. Celebramos las bicicletas con pedaleo asistido, incluso las patinetas eléctricas con baja potencia. Todo lo que ayudara a movernos mejor, sin contaminar ni poner en riesgo la vida.

Pero en esa ola también se colaron otros. No todos los vehículos eléctricos livianos son iguales. No todo lo que suena limpio es seguro. Y ahí comenzó la trampa.

Aclaro algo importante: yo no estoy en contra de la movilidad eléctrica liviana. Estoy en contra de que se aprovechen de ella para legalizar el caos y que algunos hagan negocio a partir del engaño.

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Desde 2017, con la Resolución 160 del Ministerio de Transporte, se dio un avance en la reglamentación de los vehículos eléctricos livianos, pero se cometió un error: llamar ciclomotor eléctrico a todo vehículo con dos ruedas y con un motor eléctrico con potencia nominal no superior a 4.000W. Esa definición ha permitido que bajo una misma denominación, se incluyan vehículos muy diferentes, generando desorden y confusión. Y así lo técnico se volvió político. Y lo político, negocio.

Hoy, las ciclorrutas están llenas de motos disfrazadas. Vehículos que andan a más de 40 km/h, sin matrícula, licencia y SOAT, y circulan por vías que fueron diseñadas para un tránsito lento y seguro. Y mientras tanto, quienes sí deberían estar ahí —ciclistas, personas en patinetas con baja potencia o en bicis con pedaleo asistido— tienen que esquivar el riesgo cada día.

¿Quién gana con esto?

Muchos importadores que introducen al país motos eléctricas como si fueran bicis eléctricas.

Muchos negocios que engañan a sus clientes desprevenidos y les venden motos eléctricas como si fueran bicis eléctricas.

Los que aprovechan el desorden y la confusión para evitar cualquier control.

¿Y quién pierde?

Todos los ciudadanos.

Bogotá y todo el país.

Y nuestra seguridad vial.

Ahora, en vez de arreglar la confusión y el desorden, quieren legalizarlo. El Proyecto de Ley 111 de 2023, autoría del senador Julio Elías Vidal, ya aprobado en el Congreso, permitiría que cualquier vehículo eléctrico “liviano” —de hasta 1.000W— circule por ciclorrutas. Además, autorizaría que estos vehículos potentes y veloces, que pueden andar a más de 40 km/h, transiten por ciclorrutas y demás vías sin matrícula, licencia y SOAT.

Eso no es movilidad eléctrica. Eso es legalizar el desorden.

Por eso hablo. Para que no se distorsione el debate. Esto no es un ataque a la movilidad eléctrica liviana ni a sus usuarios. Es una defensa al sentido común y a la vida. No se puede legalizar el riesgo solo porque viene con batería.

Presidente Gustavo Petro: objetar este Proyecto de Ley no es bloquear el progreso, es defender el verdadero espíritu de la movilidad sostenible y segura. Si este Proyecto de Ley se sanciona, las ciclorrutas como las conocemos desaparecerán. Y con ellas, un pacto de país que nos ha tomado décadas construir: garantizar la vida en las vías y trabajar por una movilidad sostenible, coherente y segura.

Juan David Quintero