Desde el punto de vista moral, las únicas razones por las cuales se podría justificar que una persona asesine a otra es el ejercicio de la legítima defensa, de hecho, la Torá señala: “Si alguien viene a matarte, madruga y mátalo primero” (Talmud, Sanedrín 72ª). La segunda razón es la legítima aplicación de la pena de muerte sentenciada por un juez o tribunal. Por lo demás, no hay ninguna justificante para que una persona quite la vida de otra y menos por motivos económicos o sentimentales. Quien priva a otro de la vida es un asesino más allá de las justificantes del acto. El sicariato es una práctica antigua entendida como la acción de asesinar a alguien por encargo de otro bien sea por subordinación funcional o por el recibo de una promesa de una prestación a cambio que generalmente puede ser económica o de otra índole.

El sicario es un ser que no tiene ningún aprecio por la vida y tampoco por la propia; sabe que puede morir en el intento. El círculo de sus intereses humanos suele ser reducido, a lo sumo, un grupo minúsculo de afectos, engrandecido por el sueño de lo que hace se justifica con la paga. El sicario muestra resentimiento hacia el género humano, con su accionar piensa que aplica justicia. El sicario peca por la paga y lo acepta con total resignación. La empresa sicarial lamentablemente pulula en Colombia, se menciona que, el delincuente y enfermo mental, Pablo Emilio Escobar Gaviria (1949-1993) llegó a tener una academia de sicarios de donde surgían sus lugartenientes.

El sicariato más común en Colombia opera bajo la figura del tándem, un gatillero cuya destreza está en el preciso manejo de armas de fuego semiautomáticas de corto alcance, y el motociclista avezado con destreza para conducir a alta velocidad para facilitar la huida, en algunos casos, tiene la misión adicional de “sicariar” al sicario para eliminar rastros. Por supuesto, aquel será también desaparecido. En este juego de la muerte el uso de menores de edad fue parte de la malandra estrategia, por dos razones, la facilidad para convencer al menor, y la permisividad de la ley en el juzgamiento penal de menores con trato diferencial. Colombia es vergonzosamente célebre por sus narcotraficantes, guerrilleros, terroristas, prostitutas, y por sus sicarios, muchos son exportados y algunos terminan de mercenarios. Sí, efectivamente el pus brota silvestre. No obstante, aún hay esperanza.

No puede haber justificante alguna para el sicario, ni la pobreza, ni la enfermedad o la ausencia de escolaridad lo son. La minoría de edad tampoco puede ser eximente de responsabilidad penal, ni merecedora de trato diferencial. Quien empuña un arma para sicariar tiene conciencia del acto al que se expone y está obligado a soportar todo el peso de la ley, el repudio social y ser penado sin consideración alguna, incluso, debería recibir la pena capital estatal como recompensa por su accionar.

Nadie tiene derecho a arrebatar la vida ajena y menos a dejar una familia huérfana simplemente, por el hecho de que alguien decidió pagar para que otro hiciera lo que no puede o no es capaz de hacer por sí mismo. Proteger al sicario es hipocresía y falsa expresión de humanidad. El Estado no está para proteger al sicario, ni para limpiar su nombre o pasado. La víctima del sicario no se muere, es asesinada. Álvaro Gómez Hurtado (1919-1995) y Miguel Uribe Turbay (1986-2025) no se murieron, fueron asesinados porque algunos aceptaron un pago. Esos algunos fueron, son y serán sicarios a secas, tienen nombre propio. Es tan claro como el hecho de que no hay exasesinos, tampoco hay exsicarios. No es aceptable intentar tapar el sol con el dedo de la victimización del sicario bajo el disfraz del garantismo judicial. ¡Hipócritas!

León SandovalFerreira