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¿Por qué fue denunciado en la Procuraduría el gobernador de Antioquia?

Escrito por Alejandro Toro en Ago 10, 2025. Publicado en Opinión.

En Colombia aún existen políticos que creen que el poder es sinónimo de impunidad, servidores públicos que asumen su cargo no como un mandato ciudadano sujeto a límites constitucionales, sino como una licencia para arrodillar la ley, insultar a sus adversarios y utilizar el aparato institucional al servicio de intereses privados, partidistas o personales. Uno de los casos más preocupantes es el del actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuya gestión no se ha caracterizado por representar con imparcialidad a los antioqueños, sino por ser la prolongación emocional y discursiva de un proyecto político derrotado moral y judicialmente.

El 28 de julio de 2025, Colombia vivió un hecho histórico, la lectura del sentido del fallo que declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. Ese día marcó un hito en la historia judicial del país. Sin embargo, mientras el país avanzaba hacia el fortalecimiento de la justicia, desde Antioquia el gobernador presuntamente utilizó su investidura para deslegitimar el fallo, insinuar parcialidad en los jueces y alimentar una narrativa de persecución política, poniendo en entredicho la independencia de los poderes públicos y debilitando la confianza ciudadana en el Estado de Derecho.

Ese mismo día, Rendón publicó en su cuenta oficial de X un pronunciamiento en el que no solo expresó su respaldo político al expresidente Uribe, sino que además arremetió contra la izquierda colombiana, sugiriendo que mientras Uribe es procesado, exintegrantes de grupos armados estarían gobernando y legislando en completa impunidad, atacando directamente al sector ideológico que califica de “odiadores profesionales”, afirmando que “ese sector de la izquierda actúa así: con alevosía, sin afanes, premeditado”, “recorrieron cárceles en Colombia y Estados Unidos para presionar y ofrecer prebendas judiciales, económicas, a cambio de falsos testimonios”.

Estas afirmaciones constituyen una generalización estigmatizante, sin sustento probatorio que atenta contra la honra y el buen nombre de diversos actores políticos. Al formular estas acusaciones, el gobernador desconoce el principio de respeto entre servidores públicos, vulnera la presunción de inocencia y adopta una narrativa que divide y polariza, minando la legitimidad del disenso político y socavando la confianza institucional.

Por esta razón, el 1 de agosto presenté una queja disciplinaria formal contra el gobernador de Antioquia, toda vez que vulneró el deber de neutralidad, respeto e imparcialidad exigido por la Constitución y el Código General Disciplinario, lo cual podría configurar una falta gravísima. El poder no puede usarse para intervenir en controversias judiciales, politicas, ni mucho menos para legitimar ideologías desde la función pública.

Ahora bien, este hecho no es aislado. Muy por el contrario, hace parte de un patrón de comportamiento reiterativo que resulta aún más preocupante. El 27 de julio, un día antes del fallo, el gobernador publicó otro trino en el que expresaba “Sea cual fuere el resultado, Uribe es inocente”. Pasando por alto la prohibición que tenemos los servidores públicos de emitir criterios, opiniones dirigidos a influir en decisiones judiciales.

Además, en reiteradas publicaciones ha realizado manifestaciones injuriosas y calumniosas contra el Presidente de la República acusándolo de rodearse de criminales, por cumplir con la política de paz total.

Hago un llamado urgente y firme a la Procuraduría General de la Nación, frente a comportamientos que erosionan la legalidad, deterioran el respeto entre poderes y desdibujan el marco democrático. No se trata de una disputa entre partidos, se trata del deber que tiene cualquier servidor público de actuar con decoro, con respeto por la justicia y con sujeción estricta a la ley. La Procuraduría tiene la responsabilidad constitucional de investigar, sancionar este tipo de conductas.

La justicia condenó al expresidente Uribe y esa decisión debe respetarse sin ambigüedades, ningún servidor público está autorizado para relativizar una sentencia judicial ni para reinterpretarla con fines electorales o de defensa ideológica. Gobernar no es hacer militancia política desde el poder, es respetar la Constitución, servir con imparcialidad y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, no solo de los aliados de turno. Antioquia no necesita un activista atrincherado en el poder. Necesita un gobernador que ejerza con altura, legalidad y verdadero compromiso democrático.

Alejandro Toro

¿Por qué si Uribe cuenta con dos abogados prestigiosos buscó a Diego Cadena?: Alejandro Toro

Escrito por Oscar Sevillano en Ago 3, 2025. Publicado en Lo + Confidencial, Portada.

En entrevista para Confidencial Noticias, el representante a la cámara, Alejandro Toro, expresa sus dudas frente al caso Uribe y las razones que tuvo para buscar los servicios como abogado de Diego Cadena.

¿Qué piensa de todo este cruce de opiniones por la condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez?

Alejandro Toro: Hemos tenido un gobierno que ha dado la cara frente a todos los escándalos causados por el mal proceder de algunas personas que, por supuesto, no representan a la mayoría. Por ello, también se le pide al expresidente Álvaro Uribe que haga lo mismo y deje de asegurar que se trata de una persecución política, cuando este es un proceso que lleva 13 años en curso.

¿Dice el expresidente que esto fue un fallo político y que el gobierno de Petro pudo influir?

Alejandro Toro: Vale la pena recordar que cuando se le ordenó arresto domiciliario fue en el año 2020. En ese momento, el presidente era Iván Duque, es decir, aún estábamos bajo el gobierno del que Uribe fue mentor. En ese entonces, el exmandatario renunció al Senado para que su amigo, Francisco Barbosa, como fiscal general, pudiera intervenir a su favor. Tan de malas que los tiempos no le cuadraron. Hoy puede presentar una apelación, y de hecho lo hará, lo que prueba que no hay persecución política, sino un proceso judicial en marcha.

¿Puede este caso generar la apertura de otros?

Alejandro Toro: Hay temas clave que aún no tienen respuesta. Recordemos el caso de Al Capone en 1931: fue juzgado por evasión de impuestos, a pesar de tener muchos crímenes encima. Aquí, Uribe todavía debe responder por el caso Guacharacas, por las Convivir en Antioquia durante su gobernación, por los falsos positivos, entre otros. Por eso, resulta interesante la propuesta del presidente Gustavo Petro de que Uribe se acoja a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En su respuesta al presidente Petro, Uribe propuso la renuncia al indulto como exmiembro del M-19.

Alejandro Toro: Es diferente. El presidente Gustavo Petro ha escrito libros y ha contado muchas verdades sobre su pasado como integrante de la guerrilla del M-19. Él ha enfrentado su historia. El expresidente Uribe, en cambio ha sido evasivo y responde con bravuconadas cuando se le pide responder por asuntos que no están muy claros.

¿En qué escenario queda el exfiscal Francisco Barbosa?

Alejandro Toro: Como el emperador desnudo. Queda en evidencia lo que hizo su fiscalía que en lugar de acusar e investigar cómo es era su misión, más bien llenaron al expresidente Uribe de garantías que, en algunos casos, rayan en la ilegalidad.

¿Qué camino le queda al Centro Democrático?

Alejandro Toro: Si el Centro Democrático fuera realmente un partido político, su actuación frente al caso Uribe sería distinta. Pero el Centro Democrático es una religión alrededor de su dios. No le van a pedir a su dios que desaparezca, porque esto es idolatría pura. No tienen liderazgo, no tienen una figura clara para enfrentar una candidatura después del desastre de la presidencia de Iván Duque. Se les nota el afán, incluso buscando el número de celular de una experiodista para ver si logran pegarse a alguien con muchos likes en las redes sociales.

¿A una persona dominante y posesiva como Álvaro Uribe Vélez, que gusta de conocer el detalle de cada hecho que le rodea, se le pueden “meter los dedos a la boca”, como al parecer hizo el abogado Diego Cadena?

Alejandro Toro: Le respondo con una frase: “Proceda, señor abogado”. Cuando uno escucha ese audio, entiende que no se puede esconder la verdad. Y me hago una pregunta: ¿por qué dos de los penalistas más importantes del país nunca participaron ni se prestaron para buscar testimonios de exparamilitares? ¿Por qué el expresidente Uribe acudió a un abogado sin trayectoria y de dudosa reputación como Cadena? A mí eso me parece muy raro.

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Fico está convirtiendo a Medellín en una capital del crimen

Escrito por Alejandro Toro en Ago 3, 2025. Publicado en Opinión.

Mientras Federico Gutiérrez pasa su tiempo como alcalde entre viajes y campaña, Medellín vive una crisis de violencia para la cual la alcaldía no tiene respuesta. Según el informe de Corpades, los homicidios pasaron de 159 en el periodo enero–julio de 2024 a 185 en ese mismo lapso de 2025, un incremento del 16.4% que no responde a ajustes en el conteo, sino al deterioro de la convivencia ciudadana y al auge de la violencia de género.

En primer lugar, el repunte de homicidios en Medellín no obedece a enfrentamientos entre estructuras criminales transnacionales —como quisieran mostrar los discursos oficiales—, sino a choques de intolerancia y agresiones de carácter íntimo. El informe de Corpades evidencia que los casos atribuidos a riñas e intolerancia social superan ya a los ligados a grupos armados, acumulando 46 muertes por convivencia y 11 por violencia de género hasta el 11 de julio de 2025 .

Este fenómeno revela la incapacidad de la Alcaldía para implementar políticas de prevención y mediación comunitaria: no bastan operativos reactivos ni retóricas sobre mano dura con el crimen si no hay educación ciudadana, comités de paz barriales ni atención oportuna a la violencia intrafamiliar. Las muertes en Medellín están causando la intolerancia, pero para Federico Gutiérrez la tarea principal de un alcalde es liderar la oposición contra el Gobierno Nacional en vez de garantizar la convivencia en la ciudad.

En segundo lugar, la flamante sede de Interpol en Medellín —celebrada por el alcalde como un triunfo personal— desnuda cómo la ciudad se ha convertido en imán de criminales internacionales. En apenas siete meses, al menos 18 fugitivos con notificación roja han sido capturados en el Valle de Aburrá, un promedio de más de dos por mes. Lo más alarmante: entre ellos figuran abusadores sexuales buscados por Paraguay, Estados Unidos y México, como José Antonio Fandiño Hidalgo e Iván Lozano, señalados de coacción sexual, violación de menores y pornografía infantil. Cada detención de un depredador debería haber sido una alerta para reforzar controles migratorios y redes de protección a víctimas; en cambio, la gestión de Fico se jacta de resultados ajenos mientras Bogotá asume los costos políticos de esta omisión.

No es casualidad que, en medio de esta crisis de convivencia y del estigma de “ciudad refugio” para el crimen, la Alcaldía no exponga un plan integral de seguridad ciudadana. Fico ha preferido atacar de forma diaria al Presidente como excusa ante la opinión pública. Sin embargo, nadie dialoga con un abusador sexual para proteger a un barrio. La falta de dotación de Casas de Justicia, la escasa inversión en campañas de resolución pacífica de conflictos y la ausencia de rutas claras de atención a mujeres víctimas ilustran un descuido prácticamente deliberado.

Es hora de exigir a la Alcaldía un giro radical: que deje de vender espejismos de seguridad y diseñe, con el respaldo del Gobierno Nacional, políticas de convivencia, prevención de la violencia de género y control migratorio inteligente. Medellín no necesita más banderas decorativas ni selfies con agencias internacionales; necesita comedores escolares que eduquen en tolerancia, protocolos de atención a víctimas de abuso y una estrategia unificada de “Paz Urbana” que no se quede en los titulares. Si el alcalde Gutiérrez no asume este reto, quién pagará las víctimas será la ciudadanía.

Alejandro Toro

Mientras Fico pasea, en Medellín no hay cómo pagar los arriendos

Escrito por Alejandro Toro en Jul 27, 2025. Publicado en Opinión.

En la última década, Medellín ha experimentado un alza imparable en los cánones de arrendamiento, un crecimiento masivo de las rentas temporales y una avalancha de compras de vivienda por parte de inversionistas extranjeros. Este fenómeno de gentrificación no es un mero cambio urbano: es un éxodo silencioso que amenaza el derecho a una vivienda digna de miles de familias y pone en jaque la identidad y la diversidad social de la ciudad.

En el 2024 el precio del metro cuadrado en Bogotá tuvo un crecimiento del 5%. En Medellín, de acuerdo a Camacol, el precio del metro cuadrado aumentó en un 9% en los estratos altos y, más preocupante aún, entre el 12% y el 16% para los estratos medios y bajos. ¿Qué significa? Que las familias de menos recursos, que son las que más mueven el mercado de arriendos, tuvieron que pagar un 15% más de arriendo cuando de acuerdo a la ley el precio del arriendo debe estar atado al de la inflación, que fue del 5.2%. En el barrio Bolivariana, en Laureles, los arriendos aumentaron en el 2023 en un 81%. Familias pagando casi el doble de un año a otro sólo por el hecho de vivir en un sitio

Simultáneamente, el mercado de rentas temporales se ha convertido en un motor de especulación. Medellín figura hoy entre las ciudades latinoamericanas con mayor densidad de anuncios en plataformas como Airbnb, con más de 19.000 propiedades disponibles para alquiler vacacional y un volumen de reseñas que supera el medio millón. El aumento de casi 5.000 nuevos anuncios solo entre 2023 y 2024 reduce drásticamente el parque de vivienda destinada a arrendamientos tradicionales, presionando aún más los precios y beneficiando a grandes inversionistas que desplazan a las familias locales.

A este desequilibrio se suma la ola de compras de vivienda por parte de extranjeros. En 2024, aproximadamente una de cada cuatro transacciones de inmuebles en Medellín correspondió a compradores no residentes, procedentes principalmente de Estados Unidos, España y Chile. Detrás de esta tendencia no hay turistas ocasionales, sino inversionistas que ven en la ciudad un mercado emergente de alta rentabilidad, transformando las viviendas en activos financieros antes que en hogares. El resultado es una oferta permanente de vivienda cada vez más reducida y costosa para quienes viven y trabajan aquí.

Medellín está invivible. Lo peor, la alcaldía de Federico Gutiérrez parece no tener ningún interés en garantizar el derecho a una vivienda digna para la gente de la ciudad. El déficit de vivienda de la ciudad tiene a 233.000 familias necesitando de manera un buen lugar para vivir, pero mientras que en Bogotá se vendieron 18.601 viviendas VIS en el 2024, en Medellín apenas fueron 1.118, por debajo de otras capitales como Cali, Barranquilla y Cartagena.

La respuesta de Fico: un Plan de Desarrollo Distrital con una meta irrisoria en materia de vivienda en comparación con el tamaño de la problemática. Apenas 4.000 subsidios para adquisición de vivienda cuando se estima que son 37.000 familias las que están necesitando un nuevo lugar para vivir, y una inversión de apenas $351.880 en el cuatrienio para el componente de vivienda, inferior a los $405.673 que destinó la alcaldía de Daniel Quintero para el mismo ítem.

La inacción del gobierno local no solo profundiza la brecha entre quienes viven de la ciudad y quienes lucran con ella, sino que contradice la visión de una Medellín inclusiva y solidaria. El derecho a la vivienda digna debe prevalecer sobre la lógica del lucro especulativo. El Gobierno Nacional, a través de sus programas de vivienda digna y de incentivo a la producción de vivienda social, ha demostrado su compromiso con las familias colombianas; sin embargo, esas políticas requieren del apoyo y la articulación del nivel municipal para surtir efecto en el territorio.

Medellín no puede resignarse a ser un ejemplo de desigualdad espacial. Es momento de que la Alcaldía asuma con voluntad política la misión de articular un plan de vivienda integral: priorizar proyectos de construcción de vivienda VIS, movilizar recursos para mejora de vivienda existente, y regular la valorización del suelo mediante gravámenes a la especulación. Solo así se garantizará que el derecho a la vivienda digna deje de ser una estadística y se convierta en una realidad para todos los medellinenses.

Alejandro Toro

Claudia Carrasquilla, la “súper fiscal” que presuntamente fabricó montajes judiciales

Escrito por Alejandro Toro en Jul 20, 2025. Publicado en Opinión.

En Colombia, hay personajes que se han hecho célebres no por lo que construyen, sino por lo que arrasan. Funcionarios que, escudados en un discurso de legalidad, han convertido el poder judicial en arma política, trampolín electoral, escudo para sus aliados y látigo para sus adversarios. Entre ellos, una figura que resuena con particularidad, es Claudia Carrasquilla, la ex fiscal que pasó de los estrados judiciales a enfrentar acusaciones en su contra.

Hoy es concejal de Medellín por el Centro Democrático, pero por años fue la fiscal de confianza del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, con quien llegó a los más altos cargos de la Fiscalía General de la Nación. Catalogada como una mujer implacable contra el crimen organizado, como la cara dura del Estado frente a las mafias, pero tras esa imagen férrea se escondía una práctica que hoy estremece; la construcción de presuntos montajes judiciales, la manipulación de testigos y la fabricación de procesos judiciales.

Carrasquilla llegó a ser directora de Fiscalías contra el Crimen Organizado gracias a la confianza del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, quien la impulsó también a lanzarse al Senado por Cambio Radical. Luego de fracasar en su intento electoral, buscó ser ternada como fiscal general durante el gobierno de Iván Duque. Tampoco lo logró. Pero la ambición no se detuvo, se convirtió en aliada de Federico Gutiérrez y hoy hace parte de las filas del Centro Democrático en el Concejo de Medellín.

Pero el pasado no perdona, y mucho menos cuando hay vidas afectadas. Carrasquilla acaba de ser acusada formalmente por la Fiscalía por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. ¿El motivo? Un caso judicial fabricado contra 14 policías en 2015, a quienes se les atribuyeron delitos sin pruebas suficientes, con testimonios dudosos, interceptaciones que no existieron y documentos manipulados. Al menos uno de los policías, William Molina Torres, estuvo cuatro meses preso injustamente, antes de que saliera a la luz la realidad, pues los cargos eran insostenibles, y lo que había detrás era un montaje.

Todo indica que lo que se presentó en su momento como un gran golpe contra una red criminal, presuntamente era un falso positivo judicial, uno de los más vergonzosos que se hayan registrado en los últimos años. En lugar de perseguir a los verdaderos delincuentes, se optó por llenar titulares, inflar estadísticas y mostrar resultados a cualquier precio, incluso si eso implicaba destruir la vida de servidores públicos inocente a través del abuso de poder.

Ahora, durante su tiempo como fiscal en Medellín, Carrasquilla fue denunciada por haber liderado un entramado de falsos testigos para fabricar procesos penales, según múltiples testimonios, se habría conformado un cartel de testigos dirigidos desde su despacho, con el objetivo de construir casos, obtener capturas y demostrar eficiencia ante los medios, mientras en realidad se manipulaba la verdad y se usaba el aparato judicial como herramienta de ascenso político. Muchas de esas capturas hoy están bajo revisión, pero la pregunta es clara: ¿cuántos inocentes pasaron por la cárcel para que ella pudiera aparecer en una rueda de prensa?

A pesar de este prontuario, Carrasquilla se ha convertido en una de las principales voceras de la supuesta “seguridad” en Medellín. Habla con autoridad, acusa sin pruebas, insulta a sus contradictores, y denuncia al presidente Gustavo Petro por delitos que hoy le son imputados a ella misma. En una reciente declaración, afirmó que los pactos de paz urbanos impulsados por el Gobierno eran “pactos de impunidad”, mientras carga sobre sus hombros una acusación por haber fabricado procesos judiciales falsos. ¿Con qué autoridad moral lo hace?

Este caso no puede pasar desapercibido, lo que revela el caso de Claudia Carrasquilla no es solo la caída de una funcionaria, sino el colapso de una idea de justicia que ha sido usada como herramienta de prestigio y venganza. Mientras no se depuren las instituciones y se ponga freno a quienes convierten la ley en un arma de conveniencia política, seguirán prosperando los falsos héroes y multiplicándose las víctimas silenciosas del poder. Colombia no necesita más implacables sin verdad, necesita garantías, memoria y justicia real, el cambio es imperativo.

Alejandro Toro

¿Por qué le tenemos miedo a romper el monopolio de Thomas Greg & Sons?

Escrito por Alejandro Toro en Jul 13, 2025. Publicado en Opinión.

En mayo de 2023, la Cancillería declaró desierta una licitación por casi 600 mil millones de pesos destinada a la producción de pasaportes, luego de múltiples denuncias de amaños que favorecían abiertamente a la firma Thomas Greg & Sons. Hoy, un año después, ese episodio no puede considerarse aislado ni anecdótico. Revela un problema estructural que el país no puede seguir tolerando: la captura de funciones estratégicas del Estado por parte de un solo contratista que, además de producir nuestros pasaportes, controla también la logística de las elecciones nacionales.

Desde 2007, Thomas Greg & Sons ha tenido el control exclusivo de la elaboración de pasaportes en Colombia, gracias a contratos prorrogados sin competencia real durante casi dos décadas. El más reciente, declarado irregular por la Procuraduría, ascendía a 599.651 millones de pesos y fue revocado por el gobierno del presidente Gustavo Petro luego de que siete competidoras se retiraran de la licitación, denunciando requisitos amañados y condiciones que solo podía cumplir la empresa adjudicataria. Más grave aún, esta misma firma es hoy responsable de la logística de las elecciones de 2026, gracias a un contrato adjudicado por 2,1 billones de pesos. Sumados, los contratos que ha obtenido Thomas Greg & Sons con el Estado colombiano superan los tres billones de pesos. Se trata de una concentración de poder económico y funcional que debería alertar a todas las instituciones democráticas.

El país ha sido testigo de múltiples advertencias sobre este monopolio silencioso. No solo por las irregularidades que han salido a la luz —como la sanción contra el canciller Álvaro Leyva por haber prorrogado el contrato al margen del Congreso—, sino también por los riesgos que conlleva confiar a un solo operador privado funciones tan sensibles como la producción de documentos de identidad o el manejo de sistemas informáticos en procesos electorales. El presidente Petro ha sido enfático: en ninguna democracia seria se puede permitir que una sola empresa maneje, al mismo tiempo, la producción de pasaportes y la infraestructura electoral. El riesgo de un «fraude monumental», como lo ha denunciado, no es sólo técnico: es político, institucional y de soberanía.

Algunos han salido a matizar la gravedad de la situación, afirmando que Thomas Greg no tiene acceso directo a las bases de datos, sino que presta un servicio bajo supervisión estatal. Pero esa es una defensa pobre. La dependencia tecnológica, la ausencia de alternativas competitivas y la incapacidad del Estado para asumir estas tareas por sí mismo son, en sí mismas, amenazas a nuestra soberanía. Colombia no puede seguir dependiendo de una sola firma para garantizar derechos tan básicos como el de tener un pasaporte o el de votar libremente.

Por eso, respaldo la decisión del Gobierno Nacional de pausar los contratos y abrir el debate sobre la nacionalización de la producción de pasaportes. Esta no es una discusión técnica ni contractual, es una discusión profundamente política. El país debe invertir en fortalecer su capacidad institucional, y para ello es fundamental dotar a la Imprenta Nacional de Colombia de las herramientas necesarias para asumir esta tarea. Sabemos que no será inmediato, pero es un camino correcto y urgente.

Colombia no puede resignarse a la continuidad de contratos amarrados, ni seguir siendo rehén de empresas que han convertido funciones públicas en negocios privados. La defensa de nuestra democracia y nuestra soberanía exige que recuperemos el control sobre funciones esenciales del Estado. La producción de pasaportes debe volver a manos públicas. La logística electoral debe estar libre de conflictos de interés. Y el Congreso, que representa la voluntad del pueblo, debe asumir su responsabilidad para garantizar que esta transición sea una prioridad nacional.

Alejandro Toro

¿Qué pasó en la reunión de Fico con el clan Villamizar?

Escrito por Alejandro Toro en Jul 6, 2025. Publicado en Opinión.

En pasados días se conoció la imagen del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez abrazando a William Villamizar, gobernador de Norte de Santander y figura central de uno de los clanes políticos más cuestionados del país. Lejos de ser una coincidencia o un simple gesto de cortesía institucional, la foto parece ser una declaración política, un presunto retrato nítido de las alianzas que algunos intentan maquillar pero que delatan el regreso del viejo país, el de los clanes, las maquinarias y los pactos que sostienen el poder a punta de favores.

William Villamizar no es cualquier figura pública, es conocido por ser el jefe del Clan Villamizar, una poderosa maquinaria política de Norte de Santander, con tres periodos como gobernador a cuestas (2008–2011, 2016–2019 y 2024–2027), todos bajo la sombra de investigaciones por corrupción. Su nombre ha estado vinculado a múltiples escándalos de malversación de recursos públicos, contratos amañados y clientelismo regional. Su poder no se debe a una gestión impecable, sino a la habilidad de repartir puestos, controlar presupuestos y consolidar redes de favores que garantizan votos a punta de burocracia.

Pero el prontuario del clan no termina ahí. Vale la pena recordar a el exsenador Aliro Villamizar, pieza clave del infame «carrusel de las notarías«. Un esquema de corrupción con sello uribista, mediante el cual se entregaban notarías a congresistas como pago por votar a favor de la reforma constitucional que permitió la reelección de Álvaro Uribe Vélez. No era política, era chantaje institucionalizado, era la democracia convertida en trueque, en moneda de cambio.

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Y como si esto fuera poco, la Fiscalía General de la Nación ha anunciado recientemente la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre siete bienes que habrían sido adquiridos mediante actos de corrupción en Norte de Santander. A esto se suma una investigación aún más delicada, la presunta participación del actual gobernador William Villamizar en el asesinato de un periodista y veedor ciudadano. No estamos hablando de rumores, sino de indicios graves que configuran una alerta roja para cualquier líder político responsable.

Entonces, ¿qué hace el alcalde de Medellín sonriendo al lado de este personaje? ¿Qué mensaje transmite con esa imagen? Podría no tratarse de un simple desliz, sino presuntamente de una muestra de coherencia política. Porque, aunque ha intentado presentarse como un “político independiente” ajeno a las viejas prácticas, lo cierto es que sus campañas han estado al parecer respaldadas por las estructuras más tradicionales de la política colombiana. Detrás de su discurso anticorrupción podrían esconderse alianzas con sectores económicos poderosos, partidos cuestionados y clanes regionales que han hecho del poder un negocio de familia.

Ahora, no se trata solo de conjeturas. Esa misma lógica de alianzas cuestionables ya ha sido señalada en el pasado. El 24 de junio del presente año, alias “Douglas” declaró en RTVC Noticias que, junto a alias “Pesebre”, habrían apoyado políticamente a Federico Gutiérrez en su elección a la Alcaldía en 2016. Según sus propias palabras, ese respaldo incluyó reuniones clandestinas en el sótano de La Alpujarra y el nombramiento de Gustavo Villegas como secretario de Seguridad por solicitud directa de cabecillas criminales. Esa fotografía, entonces, no solo incomoda, podría confirmar un patrón, un presunto estilo de hacer política basado en alianzas con estructuras que este país debería erradicar, no perpetuar.

No podemos permitir que los pactos con estructuras criminales sigan marcando el rumbo de nuestra democracia. Colombia no necesita más pactos silenciosos con el nepotismo, el clientelismo y la corrupción disfrazada de institucionalidad, necesita ruptura y coherencia. No podemos seguir tolerando que quienes prometen renovación terminen arrodillados ante las mismas estructuras familiares y mafiosas que han capturado el Estado por décadas.

Alejandro Toro

¿La paz de Federico Gutiérrez fue darle las llaves de la Alpujarra a los combos?

Escrito por Alejandro Toro en Jun 29, 2025. Publicado en Opinión.

En política hay líneas que no se deben cruzar. Pero hay otras, incluso más peligrosas, que se borran en medio del doble discurso. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha sido uno de los más férreos críticos del presidente Gustavo Petro por su política de paz total, particularmente en lo que respecta a los procesos de diálogo urbano con estructuras criminales. Ha señalado al Gobierno Nacional de dialogar con delincuentes, de legitimar combos y de rendirse ante el crimen.

Sin embargo, esta misma semana, los testimonios de dos de los exjefes criminales más poderosos del Valle de Aburrá, alias “Pesebre” y alias “Douglas”, revelaron una realidad que muchos en Medellín conocen pero que pocos se atreven a decir en voz alta: que durante la campaña para su primera alcaldía y el posterior gobierno local de Federico Gutiérrez, se habrían hecho pactos de gobernabilidad con bandas criminales, y lo más alarmante: que estos jefes delincuenciales entraban a la Alcaldía en camionetas oficiales.

Las declaraciones fueron entregadas al canal público Señal Colombia y han causado conmoción nacional. No solo por lo que implican en términos de responsabilidad ética y política, sino por el contexto en que se producen: cuando el mismo alcalde que habría facilitado el ingreso de estos jefes criminales al poder local, hoy posa como el gran enemigo de los diálogos con grupos armados.

Y entonces cabe la pregunta: ¿quién está legitimando a los combos? ¿Quién está negociando con estructuras criminales?

Porque más allá del escándalo mediático, hay un asunto de legalidad y legitimidad institucional. La ley es clara: la única autoridad con facultades para llevar a cabo procesos de paz o sometimiento con estructuras armadas ilegales es el presidente de la República. Lo que hizo el presidente Petro al plantear una política de paz total con enfoque urbano fue, nos guste o no, dentro del marco legal y en diálogo con instituciones del Estado.

Lo que habría hecho Federico Gutiérrez, en cambio, fue sin facultades, sin controles, sin claridad, sin justicia ni garantías para las víctimas. Pactos por debajo de la mesa, con actores ilegales, para sostener una supuesta “paz urbana” que solo maquilló las cifras de homicidio mientras consolidaba el poder territorial de las bandas en las comunas.

Hoy, quienes respaldamos al Gobierno del presidente Gustavo Petro, lo hacemos también desde una convicción ética: los procesos de paz deben darse dentro del marco institucional, con enfoque restaurativo y con el compromiso de romper las cadenas del crimen que han golpeado históricamente a nuestros territorios. No se

trata de impunidad ni de claudicación, como pretende hacerlo ver la oposición, sino de una apuesta audaz por transformar las causas estructurales de la violencia.

Pero esa apuesta se ve entorpecida por el cinismo. Porque el actual alcalde de Medellín no puede exigir lo que él mismo no estuvo dispuesto a cumplir. No puede indignarse por los diálogos de paz cuando habría hecho acuerdos informales, sin transparencia, y utilizando los recursos públicos del municipio.

Lo que hizo Federico Gutiérrez debe ser investigado, para que las autoridades judiciales determinen si incurrió en delitos al negociar con estructuras criminales sin tener la competencia constitucional para ello. Hago un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y a la Contraloría para que actúen con diligencia y profundidad frente a estos hechos.

La seguridad no se construye con pactos oscuros. Se construye con instituciones fuertes, con justicia social y con voluntad política. Federico Gutiérrez no puede seguir construyendo su carrera presidencial a costa de ocultar su pasado. Medellín merece un debate sincero, sin hipocresías.

Alejandro Toro

Lo que Uribe quitó, Petro lo devolvió

Escrito por Alejandro Toro en Jun 22, 2025. Publicado en Opinión.

La aprobación de la reforma laboral representa una oportunidad histórica para dignificar a los trabajadores colombianos y fortalecer nuestra economía. Esta reforma no es solo una corrección técnica al mercado laboral; es una apuesta por una sociedad más justa, con mayor estabilidad para quienes construyen el país día a día.

Según cifras del Ministerio del Trabajo, con una mejora real del ingreso promedio cercano al 3 %, se proyecta una creación de 91.000 nuevos empleos y un crecimiento económico adicional de 0,37 % frente al escenario habitual. El incremento en el ingreso salarial impulsa el consumo, que podría crecer aproximadamente un 0,63 %, dinamizando así sectores clave como agricultura, comercio, industria y recreación.

En concreto, la reforma eleva los recargos por trabajo nocturno y festivo, fortaleciendo el ingreso de quienes laboran en condiciones más exigentes. Además, otorga estabilidad a los aprendices del SENA, asegurando que durante el primer año reciban el 75 % del salario mínimo y el segundo año, el salario completo, garantizando ingresos dignos para jóvenes en formación.

Pero esta reforma va más allá de cifras: busca dignificar el trabajo. La formalización ya no es solo un objetivo económico, sino también social. Los trabajadores ganan seguridad, protección y reconocimiento. Actores vulnerables como las trabajadoras domésticas, los repartidores de plataformas digitales, campesinos, personas con discapacidad, artistas y jóvenes encuentran en esta reforma un respaldo concreto.

Críticos advierten posibles efectos sobre la informalidad o los costos de las empresas. Estimados independientes sugieren que los costos laborales podrían aumentar entre 19 % y 35 %, y que la informalidad podría crecer hasta en 12 puntos porcentuales. No obstante, estos análisis se basan en versiones preliminares de la reforma. La versión finalmente aprobada incluye equilibrio: fortaleza de derechos laborales sin desconocer la necesidad de acompañar al sector productivo.

Respondiendo a esas inquietudes, el Ministerio de Hacienda y el de Trabajo han diseñado un esquema que reconoce el incremento de costos mientras promueve la productividad y la formalización a través de incentivos grupales, subsidios y mayor acceso a pensiones rurales .

El verdadero impacto de esta reforma no está en las frías estadísticas: está en la dignidad recuperada por millones de trabajadores. En los hogares que pueden contar con horas extras remuneradas de manera justa. En jóvenes que adquieren experiencia con condiciones salariales reales. En trabajadores que encuentran en lo formal no solo obligación, sino derecho.

Para avanzar, es vital acompañar esta reforma de políticas complementarias. Debemos simplificar cargas para microempresas, articular incentivos sectoriales, robustecer la inspección laboral y promover la formalización productiva en el campo y en plataformas digitales.

Como presidente de la Comisión Segunda, estoy convencido de que esta reforma sienta bases estructurales para una economía más inclusiva y sostenible. No puede ser una anécdota legislativa: debe ser el primer paso de un cambio profundo y duradero. Hagámosla realidad con visión, equilibrio y compromiso con cada colombiano que trabaja día a día por el progreso.

Alejandro Toro

Federico Gutiérrez llama dictadura a la voz del pueblo

Escrito por Alejandro Toro en Jun 15, 2025. Publicado en Opinión.

El pasado 11 de junio, el Gobierno Nacional dio un paso histórico al convocar, mediante decreto una consulta popular para el próximo 7 de agosto de 2025. Con esta decisión, el presidente Gustavo Petro y su gabinete disponen que sea el pueblo colombiano quien defina de forma directa y democrática aspectos esenciales de la reforma laboral. En un país donde durante décadas las decisiones trascendentales han estado en manos de élites políticas y económicas, esta consulta representa una apuesta valiente por devolverle al pueblo su papel protagónico. No es un atajo, es la ruta constitucional hacia una democracia más participativa.

Sin embargo, desde algunos sectores conservadores, la reacción no se hizo esperar. Uno de los más ruidosos ha sido el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien no dudó en calificar al presidente de “dictador” por atreverse a recurrir a un mecanismo legítimo y plenamente constitucional de participación ciudadana. Resulta paradójico que esa acusación provenga precisamente de quien representa al partido Creemos, una colectividad que nació para prolongar un modelo político sustentado en el miedo, la represión y los privilegios y que ha hecho de la oposición sistemática su única bandera.

Pero más allá del ruido mediático, lo que verdaderamente incomoda a Gutiérrez no es la consulta en sí, sino lo que representa, la pérdida del control absoluto sobre las decisiones del país. Le incomoda que las políticas públicas ya no se definan entre élites empresariales, comités cerrados y pactos entre poderosos. Le molesta que este Gobierno escuche a los trabajadores, a las mujeres cabeza de hogar, a los jóvenes aprendices y a los millones de colombianos que históricamente han sido excluidos del debate. Lo que está en juego no es solo una reforma laboral sino es el principio de que las grandes transformaciones ya no dependen de los de siempre, sino del pueblo y eso para quienes han tenido el poder como herencia, es insoportable.

Desde su curul como alcalde, Federico Gutiérrez ha decidido ejercer un liderazgo nacional de oposición. No gobierna para Medellín, gobierna para los titulares. En vez de enfocar sus esfuerzos en resolver los problemas estructurales de la ciudad como la desigualdad, la inseguridad, la precarización laboral y la desconfianza institucional, ha optado por lanzar ataques infundados contra el Gobierno Nacional.

Decir que el presidente está rompiendo el orden institucional por convocar una consulta popular no solo es falso, es peligroso. Es sembrar miedo en la ciudadanía y desconocer que estamos actuando bajo el marco de la Constitución. La Corte Constitucional será quien determine la validez del decreto, como corresponde en un Estado de Derecho. Además, el propio Gobierno ha sido claro al señalar que si el Congreso aprueba la reforma laboral antes del 20 de junio, el decreto quedará sin efecto. Aquí no hay ruptura, hay respeto. No hay imposición, hay democracia. No hay dictadura, hay soberanía popular.

Desde Antioquia, con la legitimidad que nos otorga el mandato popular y con el compromiso firme con la justicia social, respaldamos con convicción esta consulta popular. Lejos de ser una amenaza al orden institucional, el 7 de agosto será una demostración profunda de democracia real, porque cuando la ciudadanía participa y decide, ningún poder puede imponer el silencio. Colombia no avanza hacia el autoritarismo, sino hacia una democracia que se construye con inclusión, participación y sentido colectivo. Una democracia donde las decisiones no se concentran en élites, sino que reflejan la voluntad de las mayorías. Una democracia que no teme al pueblo, porque nace de él.

El cambio ya no es un discurso, es una transformación que se vive en los territorios, en las calles, en las comunidades y también en las instituciones que hoy se abren al control ciudadano. Esta transformación no se detendrá por quienes, aferrados a sus privilegios intentan frenar el avance popular con discursos de miedo. A la democracia se le respeta y respetarla implica escuchar, consultar y actuar con el pueblo. Eso es lo que está haciendo este Gobierno, devolverle a la gente su voz, su poder y su dignidad.

Alejandro Toro

Nueva investigación al gobernador de Antioquia por detrimento de 26 mil millones de pesos

Escrito por Alejandro Toro en Jun 8, 2025. Publicado en Opinión.

Mientras el gobernador Andrés Julián Rendón repite en medios y tarimas que su prioridad es la austeridad, que llegó a «poner la casa en orden» y que los antioqueños deben aguantarse recortes sociales en nombre del buen uso de los recursos, lo cierto es que su historial como administrador público demuestra lo contrario: un legado de contratos cuestionables, obras inconclusas, sobrecostos injustificados y una larga fila de investigaciones abiertas por los organismos de control. Hoy, como Representante a la Cámara por Antioquia y como voz crítica frente a este gobierno departamental, es mi deber denunciar con claridad que el supuesto «gerente eficiente» que hoy ocupa la Gobernación, tiene más explicaciones pendientes con la justicia que resultados efectivos para mostrar.

Empecemos por el caso más reciente: la ciclorruta del Oriente. Una obra anunciada con bombos y platillos en 2017, pero que para 2022 —cinco años después— apenas tenía un 37,2 % de avance. Hoy está completamente abandonada. ¿La consecuencia? Un proceso de responsabilidad fiscal abierto por la Contraloría General de la República bajo el número 145-22 por un posible detrimento patrimonial de más de 26.000 millones de pesos, en el que Andrés Julián Rendón fue vinculado en calidad de exalcalde de Rionegro. ¿Austeridad? ¿Eficiencia? ¿Gestión? Lo que hay es abandono, despilfarro e ineficiencia.

Pero la ciclorruta es solo una muestra del desastre. Durante su alcaldía también promovió la implementación de los famosos CAI Inteligentes. En papel, la idea era innovadora: dotar a Rionegro con centros de monitoreo policial con tecnología de punta. En la práctica, fue un despilfarro que superó los 13.000 millones de pesos, con CAI que nunca contaron con el aval de la Policía Nacional, sin personal, sin conexión operativa y que hoy son estructuras inservibles. La Contraloría y la Procuraduría han abierto investigaciones por posibles irregularidades en la planeación, contratación y ejecución de ese contrato. Lo que Rendón vendió como seguridad, terminó siendo cemento sin utilidad.

Y no para ahí. Una de las joyas de su cuestionada gestión en Rionegro fue la creación de la empresa SOMOS y el subsecuente sistema SITIRIO, el cual fue presentado como la solución definitiva para articular el sistema de transporte del Oriente antioqueño. Sin embargo, ocho años después y tras inversiones que superan los 36.000 millones de pesos, la empresa no ha cumplido con la construcción del supuesto tren ligero de Rionegro para el cual Andrés Julián viajó hasta Brasil para traerlo al municipio ni ha logrado poner en marcha un sistema integrado de transporte funcional.

Como si fuera poco, también se han presentado cuestionamientos sobre el manejo de contratos de infraestructura en su paso por la Alcaldía de Rionegro. Proyectos de adecuación vial y obras complementarias muestran inconsistencias en los pliegos, sobrecostos de hasta el 30 %, y fragmentación contractual para evadir licitaciones públicas. Y mientras esto ocurría, Rendón vendía la imagen de un alcalde “técnico”, mientras tejía redes de contratación que hoy están bajo revisión de los entes de control.

Entonces, ¿cómo es posible que este personaje tenga hoy el control del segundo departamento más importante del país? ¿Cómo puede hablar de recortes a la inversión social con una mano, mientras con la otra aparece involucrado en escándalos por millonarios detrimentos al erario?

La ciudadanía debe saber quién es realmente Andrés Julián Rendón: no un gerente austero, sino un administrador cuestionado, señalado por negligencia e investigado por posibles actos de corrupción. Su imagen de eficiencia se desmorona frente a los hechos, y Antioquia no puede seguir pagando los platos rotos de su pésima gestión.

Alejandro Toro

Emiratos Árabes unidos nos muestra el camino para convertir a Colombia en potencia mundial en IA

Escrito por Alejandro Toro en Jun 1, 2025. Publicado en Opinión.

En un mundo marcado por los cambios vertiginosos de la tecnología pocas naciones han logrado avanzar con tanta rapidez, claridad y determinación como Emiratos Árabes Unidos. En apenas unas décadas este país ha pasado de ser una economía basada en el petróleo a convertirse en un referente global en innovación, sostenibilidad y sobre todo en inteligencia artificial. Su historia reciente nos demuestra que cuando hay visión política, voluntad institucional y capacidad de articulación, los cambios profundos sí son posibles.

Emiratos entendió temprano que el desarrollo del siglo XXI ya no dependería únicamente de los recursos naturales, sino del conocimiento, la digitalización y la capacidad de anticiparse a los desafíos del futuro. En 2017 se convirtió en el primer país del mundo en crear un Ministerio de Estado para la Inteligencia Artificial, una acción profundamente estratégica, pues a través de esta cartera se ha diseñado una política pública nacional de inteligencia artificial que incluye formación de talento, infraestructura digital, normas éticas y uso transversal de tecnologías en todos los sectores del Estado.

Lo más notable del enfoque emiratí es su coherencia, teniendo en cuenta que las ideas no se quedan en el papel. Han creado la Universidad Mohamed Bin Zayed de Inteligencia Artificial, un centro académico de excelencia dedicado exclusivamente a la investigación y formación en este campo. Allí no solo se forman emiratíes, llegan jóvenes de todo el mundo, incluidos estudiantes latinoamericanos, atraídos por un modelo educativo de alto nivel y visión global. Este esfuerzo académico demuestra que Emiratos no quiere ser solo consumidor de tecnología, sino generador de conocimiento.

Además, han convertido a ciudades como Dubái y Abu Dabi en verdaderos ecosistemas tecnológicos, donde la inteligencia artificial no es un concepto abstracto, sino una herramienta cotidiana, pues se usa para optimizar el tránsito, gestionar hospitales, mejorar la atención en las entidades públicas y anticipar soluciones en temas de seguridad, medio ambiente y educación. Las decisiones de política pública se apoyan en datos, modelos predictivos y sistemas inteligentes que ayudan a aumentar la eficiencia y la transparencia.

Todo este avance ha sido posible gracias a una gobernanza que articula al sector público con el privado, que promueve la inversión extranjera y que entiende que la tecnología debe estar al servicio de la gente. El Ministerio de Inteligencia Artificial, Economía Digital y Trabajo Remoto ha sido el eje articulador de esta transformación. No actúa de manera aislada, trabaja con otras carteras, con universidades, con organismos multilaterales y con empresas de base tecnológica para garantizar que la innovación llegue a cada rincón del país.

Pero lo que más debe destacarse es que Emiratos no ha cerrado sus puertas. Por el contrario, ha hecho de la cooperación internacional un pilar de su modelo. La inteligencia artificial, bien lo saben, no se desarrolla en soledad. Por eso han firmado acuerdos de investigación, han participado en foros globales y han establecido alianzas estratégicas con países de todos los continentes.

En ese contexto, la relación entre Colombia y los Emiratos Árabes Unidos se ha fortalecido notablemente. En 2024, ambos países firmaron dos acuerdos orientados a promover el desarrollo de la inteligencia artificial y la educación digital en Colombia mediante el intercambio de personal, estudios conjuntos y consultoría en políticas públicas. Además, en 2025 en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales, con un énfasis especial en la inteligencia artificial.

Buena parte de este impulso ha sido posible gracias al trabajo diplomático de alto nivel de ambas embajadas. El embajador de Colombia en Emiratos, Luis Miguel Merlano Hoyos, ha facilitado alianzas clave entre universidades, emprendedores e instituciones, mientras que el embajador emiratí en Colombia, Su Excelencia Mohamed Abdulla Ali Binkhater Alshamsi, ha sido un interlocutor activo y comprometido, promoviendo una relación estratégica centrada en la educación, la transformación digital y el desarrollo sostenible.

Hoy más que nunca, tenemos una oportunidad de oro para aprender, cooperar y crecer junto a naciones que ya están recorriendo ese camino. Emiratos Árabes Unidos nos extiende la mano con generosidad y nosotros debemos responder con visión y compromiso. Siendo esta una oportunidad para reconocer el papel fundamental que han desempeñado nuestros embajadores, el impulso institucional de Emiratos y el poder transformador de la inteligencia bien aplicada. Colombia tiene talento, tiene potencial y lo que nos corresponde ahora es conectar ese potencial con una estrategia de futuro.

Alejandro Toro

Por primera vez en varios años sube la cifra de homicidios en Medellín ¿y la Alcaldía?

Escrito por Alejandro Toro en May 25, 2025. Publicado en Opinión.

Medellín está sangrando, y el alcalde parece estar demasiado ocupado haciendo política para darse cuenta. Los números no mienten, aunque la administración insista en maquillarlos con ruedas de prensa y shows mediáticos: los homicidios han aumentado un 9% en lo que va del año. Ya van 130 personas asesinadas entre enero y mayo. ¿Cuántas más necesita esta Alcaldía para entender que su estrategia de seguridad fracasó?

En lo que va del año 2025, los homicidios han aumentado un 9% frente al mismo período del 2024. Van 130 asesinatos en solo cinco meses. Es decir, casi una persona asesinada cada día en nuestra ciudad. Y lo peor es que el 30% de esos crímenes no tienen una causa identificada. ¿Qué tipo de administración permite que haya decenas de muertes sin explicación, sin responsables y sin consecuencias?

Lo de Manrique es escandaloso: 16 homicidios en lo que va del año, lo que representa un aumento del 400% respecto al mismo periodo del año anterior. Cuatro veces más muertos. Cuatro veces más familias destrozadas. Y, sin embargo, el alcalde sigue actuando como si nada pasara. ¿Dónde está la estrategia de seguridad? ¿Dónde están las intervenciones integrales? ¿Dónde está el liderazgo?

La respuesta es dolorosamente clara: no hay nada. No hay estrategia, no hay presencia efectiva de la Alcaldía y, lo más grave, no hay voluntad política para asumir la magnitud del problema. El gobierno local está más enfocado en la propaganda que en gobernar, más preocupado por su imagen que por la vida de los ciudadanos.

Pero lo más indignante de todo es lo que está pasando con los delitos sexuales. Entre enero y abril de este año, los delitos sexuales aumentaron un 379.4% respecto al mismo periodo del 2024. Esta cifra debería haber generado una reacción inmediata del alcalde y su gabinete. Pero no. Silencio. Indiferencia. Inacción.

Pasamos de 11 a 125 casos de acceso carnal violento. ¡Un aumento del 1.036%! ¿Cómo es posible que esta barbaridad no haya sido motivo de alerta roja institucional? ¿Dónde están las campañas de prevención? ¿Dónde están los refuerzos en atención a víctimas? ¿Dónde están las autoridades garantizando entornos seguros para nuestras mujeres, niñas y niños?

En delitos sexuales contra menores de edad, los casos pasaron de 78 en 2024 a 332 en lo que va del 2025. Un aumento del 325.6%. Si esto no es una emergencia, ¿entonces qué lo es? ¿Qué más tiene que pasar para que esta Alcaldía deje de mirar para otro lado?

Esto no es una exageración ni una manipulación de datos. Es una emergencia. Y mientras tanto, la administración sigue enfocada en la publicidad, en el espectáculo político y en desviar la atención de lo que de verdad importa: la vida y la seguridad de nuestra gente.

El llamado que hago desde el Congreso no es nuevo. Lo hemos hecho una y otra vez, desde todas las instancias posibles. Pero ya es hora de hablar con claridad: esta Alcaldía le quedó grande a Medellín. Su política de seguridad no funciona. Su narrativa está desconectada de la realidad. Y mientras tanto, las víctimas siguen aumentando.

No es admisible que quienes gobiernan actúen como si estos datos fueran simples estadísticas de rutina. Aquí estamos hablando de personas, de vidas, de barrios enteros que sienten que han sido abandonados. Y eso, en una ciudad como Medellín —que ha luchado tanto por superar su pasado violento— es imperdonable.

La ciudadanía ya no cree en promesas, y con razón. Medellín necesita recuperar el rumbo, y eso solo será posible con decisiones firmes, con políticas públicas reales y con un liderazgo que ponga la vida por encima de la propaganda.

Porque Medellín no aguanta un día más con esta indiferencia. Porque esta ciudad merece vivir sin miedo. Porque no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras nos matan, nos violan y nos ignoran.

Alejandro Toro

La Ruta de la Seda es el primer paso para que Colombia sea potencia mundial de la IA

Escrito por Alejandro Toro en May 18, 2025. Publicado en Opinión.

Mientras acompaño a la delegación del Gobierno colombiano en este viaje histórico a China, donde formalizamos el ingreso de nuestro país a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (la conocida Nueva Ruta de la Seda) y al Nuevo Banco de Desarrollo, me convenzo cada vez más de una idea que hasta hace poco parecía ambiciosa: Colombia puede convertirse en la potencia en inteligencia artificial de América Latina.

¿Por qué? Porque estamos empezando a tomar decisiones estructurales que nos conectan, literalmente, con el futuro.

Nuestra adhesión no se limita a acuerdos comerciales o proyectos de infraestructura tradicionales. Uno de los ejes más prometedores de esta nueva relación es la Ruta de la Seda Digital, una plataforma de cooperación lanzada por China en 2015, que busca fortalecer la conectividad global mediante tecnologías de punta: fibra óptica, 5G, centros de datos, satélites y plataformas inteligentes.

Ya hay antecedentes concretos en América Latina. En 2021, China y Chile avanzaron en el diseño de un cable submarino de más de 13.000 kilómetros que conectará el Pacífico Sur con Asia. Este proyecto, liderado por la estatal chilena Desarrollo País y la empresa China Mobile International, busca establecer una conexión directa entre ambos continentes, reduciendo la latencia, abaratando costos y posicionando a Chile como un hub digital regional.

En ese contexto, el presidente Gustavo Petro ha propuesto que Colombia impulse un proyecto similar, que nos conecte directamente con Asia a través de un cable submarino de fibra óptica desde nuestras costas del Pacífico. Esta idea no es futurista: es urgente, factible y estratégica.

¿Por qué es tan importante este cable? Porque hoy la inteligencia artificial (IA) depende, más que de cualquier otro recurso, de la infraestructura de datos. Cada vez que usamos un modelo de lenguaje, un sistema de diagnóstico médico automatizado o una plataforma educativa personalizada, hay una operación de procesamiento masivo de datos detrás. Y para que esa operación funcione con eficiencia, se necesita una red de transmisión robusta, segura y de alta capacidad.

Un cable de estas características podría ofrecer velocidades de transmisión de más de 60 terabits por segundo, con una latencia sustancialmente menor que las rutas actuales que atraviesan Norteamérica o Europa. Además, permitiría a Colombia acceder de manera directa a servidores, centros de datos y ecosistemas tecnológicos en Asia, disminuyendo su dependencia de intermediarios.

Y lo más importante: nos abriría la posibilidad de desarrollar IA desde el sur global, con nuestros propios datos, nuestras lenguas, nuestras realidades.

Colombia tiene talento científico, emprendedor y académico de alto nivel. Lo que muchas veces nos ha faltado es la infraestructura para escalar ese conocimiento y ponerlo a competir a nivel global. La fibra óptica no es solo una cuestión de conectividad. Es una condición habilitante para la equidad digital, la soberanía tecnológica y la transformación productiva.

Pero, una iniciativa de esta magnitud requiere de una financiación adecuada. Con la situación geopolítica actual, queda en duda la disposición o incluso capacidad financiera de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional de apalancar este proyecto.

Aquí entra en juego nuestra reciente adhesión al Nuevo Banco de Desarrollo (NDB), creado por los BRICS como alternativa al modelo financiero tradicional. El NDB ya ha financiado más de 90 proyectos en infraestructura y sostenibilidad, muchos de ellos en conectividad digital. Con este nuevo acceso, Colombia puede estructurar propuestas técnicas con respaldo público-privado, en condiciones financieras más flexibles, sin condicionamientos políticos y con enfoque en el desarrollo a largo plazo.

No se trata de reemplazar unas alianzas por otras. Se trata de diversificar nuestros socios, de actuar con autonomía estratégica y visión de futuro. China no solo ofrece financiamiento: ofrece una visión de mundo basada en la conectividad, la cooperación y la infraestructura compartida.

Este viaje a China me deja una convicción: Colombia puede ser la potencia latinoamericana en inteligencia artificial. Pero solo si tomamos las decisiones estructurales que lo hagan posible. Conectarnos es una de ellas.

Es hora de dejar de ver la tecnología como un lujo o una herramienta para otros. Es tiempo de verla como una estrategia de desarrollo nacional, como una manera de que el conocimiento y la innovación broten también desde el sur global. La Ruta de la Seda ya no es solo una historia del pasado. Hoy, puede ser también el camino para que nuestros sueños viajen, se multipliquen y regresen convertidos en oportunidades para todos.

Alejandro Toro

¿Malas cifras de EPM en la alcaldía de Fico?

Escrito por Alejandro Toro en May 11, 2025. Publicado en Opinión.

Los resultados financieros del Grupo EPM y su casa matriz, Empresas Públicas de Medellín (EPM), correspondientes al primer trimestre de 2025, representan mucho más que una simple pérdida contable. Revelan una tendencia estructural que pone en riesgo la sostenibilidad de una de las instituciones más importantes del patrimonio público paisa. El Grupo EPM reportó ingresos por $9,4 billones, lo que representa una disminución del 7% frente al mismo periodo del año anterior. En el caso de EPM, la caída fue del 11%, cerrando con ingresos por $4,3 billones. Pero lo más grave: la utilidad neta del Grupo cayó un 16% (hasta $1,4 billones), y la de EPM un 23% (hasta $1,2 billones). Esta no es una situación menor.

¿Cómo se explica que una empresa históricamente eficiente, ejemplo de buena gestión pública, esté viendo reducidos sus ingresos y utilidades de forma tan drástica? La respuesta es evidente: porque la actual administración municipal, encabezada por el alcalde Federico Gutiérrez, ha demostrado un desinterés intencionado y sistemático por el cuidado de lo público. Bajo su mandato, EPM ha sido sometida a una serie de decisiones equivocadas que debilitan su autonomía, comprometen su estabilidad financiera y la alejan de su misión social.

Nombramientos por conveniencia política, directivas técnicamente débiles, y un desdén constante por los principios de planeación a largo plazo han convertido a EPM en una caja menor del ejecutivo municipal. La política ha reemplazado a la técnica. El resultado está a la vista: una empresa menos rentable, con menor margen de maniobra y, lo que es más preocupante, con menor capacidad para sostener su rol como motor de desarrollo regional.

A esto se suma un contexto de presiones financieras crecientes. Durante el primer trimestre de 2025, el Grupo EPM realizó inversiones por $928.000 millones, y EPM destinó $201.000 millones para la culminación de Hidroituango, el eterno boquete de recursos. Estas inversiones son necesarias, pero cuando se realizan sin una estrategia clara de sostenibilidad financiera, pueden comprometer la estabilidad a futuro. Más preocupante aún es que el EBITDA del Grupo cayó 16% y la rentabilidad operativa está en descenso. Esto afecta la capacidad de EPM para sostener su crecimiento, atender emergencias o responder a las nuevas condiciones del mercado energético.

Y, sin embargo, en medio de esta tormenta financiera, la Alcaldía de Medellín recibió $483.000 millones como parte de las transferencias por excedentes de EPM. Esa cifra representa el 55% de las utilidades de 2024. Es decir, incluso cuando la empresa muestra signos de debilitamiento, se la sigue exprimiendo para financiar el funcionamiento del municipio.

Esa realidad obliga a una exigencia contundente: si el Distrito está recibiendo recursos de una empresa que empieza a mostrar fatiga financiera, está obligado a invertirlos en el bienestar de la gente. Federico Gutiérrez no puede seguir beneficiándose del prestigio de EPM mientras su administración la descuida. Esos recursos deben verse reflejados en más colegios, más acueductos rurales, más seguridad barrial, más oportunidades para los jóvenes. De lo contrario, habremos pasado de tener una empresa modelo de desarrollo a una fuente de caja vacía.

Desde el Congreso seguiremos ejerciendo control político. Medellín merece una administración que defienda su patrimonio, que entienda que lo público no se administra con retórica sino con resultados, con responsabilidad y con una visión de largo plazo. Si el alcalde Gutiérrez no está dispuesto a asumir esa tarea, que lo diga. Porque nosotros sí estamos dispuestos a dar la pelea por EPM.

Alejandro Toro