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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Alejandro Toro

La justicia debe condenar a quienes ordenaron la compra de pegasus

El 4 de septiembre del presente año, nuestro presidente de la República, Gustavo Petro, dio a conocer al país un documento emitido por la Inteligencia Financiera de Israel, que indica que el gobierno de Iván Duque habría adquirido Pegasus, el polémico software de espionaje desarrollado por NSO Group, una compañía de Israel. Esta herramienta que debería utilizarse para investigar amenazas graves contra la seguridad nacional, enfocándose en la prevención del crimen y el terrorismo, lamentablemente en nuestro país se ha utilizado para deslegitimar la democracia.

En el año 2022, justo quince (15) días antes de finalizar la campaña presidencial de Gustavo Petro Urrego, se registraron irregularidades en los medios de comunicación con el fin de tergiversar los resultados de las encuestas mediante información que, de acuerdo con Marcel Ramírez, experto internacional en ciberseguridad, solo podría provenir de interceptaciones ilegales y del uso de un software como Pegasus. Además, se suman interceptaciones a magistrados de las altas cortes, políticos y defensores de derechos humanos.

Con ocasión de estos hechos, se han logrado recolectar pruebas que incluyen un informe de la Aeronáutica Civil, en el que constan los aterrizajes de aeronaves de Israel entre junio y septiembre de 2021 en el Hangar de la Policía Nacional, fechas en que se habría llevado a cabo la adquisición del software por parte del gobierno colombiano. También se encuentra la investigación realizada por Señal Colombia y la revista Raya, que evidenció la entrada de israelíes al país, incluidos ingenieros y administradores que, en su mayoría, se hicieron pasar por oficiales de la policía de Israel y que se hospedaron en el Club de oficiales de la Policia Nacional. Por otro lado, se incluye un comunicado emitido por NSO Group, en el que afirman que las transacciones con el gobierno colombiano se realizaron de acuerdo con la ley.

Estas evidencias irrefutables, dan luz a una presunta participación en la adquisicion de Pegasus por parte  de los señores Diego Molano Aponte, Ministro de Defensa entre de 2021 – 2022, Jorge Luis Vargas, Director de la Policia Nacional entre 2020 -2022, Norberto Mujica, Director de la Dirección de Inteligencia Policial, por lo que el pasado 29 de octubre presente una denuncia ante la Fiscalia General de la Nación, para que investiguie y determine si existio un concurso heterogeneo de delitos por parte de los denunciados por acceso abusivo a un sistema informatico, interceptación de datos informaticos, violación de datos personales, lavado de activos, entre otros.

Es importante reiterar la gravedad del uso de este tipo de sistemas, en nuestro país la competencia de interceptación de comunicaciones solo se puede realizar con la intervención de un juez de control de garantias, esta compra no solo genera detrimento patrimonial al país si no que tambien violá derechos fundamentales y  derechos humanos de los colombianos.

Hoy reiteramos a la Fiscalía General de la Nación la urgencia de investigar, iniciar la acción penal sobre los implicados, a fin de determinar su responsabilidad en diversas conductas punibles y responder al país: ¿Dónde está el software Pegasus?, ¿Cómo ha sido utilizado y, lo más importante, ¿Quiénes son las víctimas? Una transacción de 11 millones de dólares que nunca fue reportada ni declarada, un negocio en el que un gobierno actuó como lo hacen los carteles del narcotráfico no puede quedar en la sombra de la impunidad.

Alejandro Toro

La responsabilidad del Legislativo en la COP16

Por primera vez Colombia recibió a lideres de todo el mundo para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, COP16: 2024, el principal espacio de discusión y negociación del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, bajo el lema “Paz con la naturaleza” como un llamado a la reflexión para mejorar la relación que tenemos con el ambiente, repensar un modelo economico que no priorice la extracción, sobreexplotación y contaminación de la naturaleza.

En el marco de este evento histórico, el 23 de octubre de 2024 se inauguró el Foro Internacional Parlamentario de la COP-16, un espacio de diálogo y colaboración entre legisladores de todo el mundo, liderado por el Congreso de la República, donde se propuso la transición hacia un nuevo modelo económico mediante la aprobación de una agenda de tareas legislativas que será implementada por varios países alrededor del mundo. Colombia fue el primero en suscribirlo, el objetivo principal de esta iniciativa  es unir esfuerzos para avanzar hacia modelos económicos sostenibles, capaces de revertir y reducir las principales causas de la pérdida de biodiversidad y el deterioro de los ecosistemas naturales.

Es importante destacar que se insistió en el fortalecimiento de los Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente (AMUMA), además de promover la cooperación internacional y la asignación de recursos para garantizar la efectividad de las acciones nacionales, así como avanzar en la firma y ratificación de tratados internacionales relacionados con la biodiversidad con el objetivo de cumplir el Marco Mundial Kunming-Montreal sobre biodiversidad de la ONU para 2030. Desde la Comisión Segunda de la Cámara, instancia encargada de discutir los acuerdos internacionales que suscriba Colombia, daremos prioridad a todos aquellos que impulsen la protección de los recursos naturales de nuestro país.

Además, se planteó la posibilidad de realizar un canje de deuda de los países en desarrollo por servicios ecosistémicos, con un enfoque que permita una mayor participación de las comunidades locales y los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre la conservación y restauración de ecosistemas, pues históricamente estas comunidades han sido las principales guardianas de los mismos.

En este contexto, Colombia fue elogiada durante el encuentro por sus avances en la materia, trabajo atribuido al  Gobierno del presidente Petro, quien  ha dado prioridad a los temas ambientales en todas sus dimensiones, integrando a los pueblos indígenas en la agenda de gobierno consolidado así a Colombia como un referente en la protección y preservación del medio ambiente.

Por otro lado, desde e Congreso de la República implementamos la iniciativa “Congreso a la Calle” con el objetivo de generar un diálogo inclusivo y participativo entre diversos actores, incluyendo liderazgos ambientales, organizaciones sociales y la ciudadanía en general, buscando contribuir a una mayor incidencia en la formulación de políticas públicas que protejan la biodiversidad y promuevan el desarrollo sostenible; reafirmando de esta forma el compromiso que tenemos desde la rama legislativa con la protección de los recursos naturales y el bienestar ambiental del país.

Como parte del proyecto del cambio y Congresista de la República, el trabajo para cumplir con las metas del país de aquí al 2030 es arduo, es clave crear territorios con integridad ecosistémica, siendo imperativa la restauración de más de 5.000.000 de hectáreas y la creación de empleos a través de modelos de bioeconomía, reducir la deforestación y promover la conservación de los ecosistemas estratégicos, fortalecer el desarrollo de comunidades locales mediante actividades sostenibles, promover la transición hacia energías renovables y la agricultura regenerativa, fomentando prácticas que integren la conservación con el crecimiento económico para asegurar un futuro ambientalmente responsable.

Alejandro Toro

Cómo Israel está usando la inteligencia artificial para perpetrar un genocidio

La Inteligencia Artificial es ante todo una herramienta. No decide por sí misma cómo es usada, son las personas que la emplean las que deciden de qué manera aprovechan su potencial. Si existe un sector en el cual el factor humano en el uso de la IA tiene las implicaciones más graves posibles es en el de la defensa y la seguridad, pues queda en las manos de quienes toman las decisiones definir si aprovechan la tecnología para generar el menor impacto posible o para aumentar el nivel de destrucción en un combate.

El genocidio que está cometiendo Israel en Palestina demuestra cuán importante es el factor humano detrás de la herramienta. El uso mortífero que está teniendo la IA en el territorio palestino no se debe a la tecnología en sí misma, es más, esta podría ser fácilmente aprovechada para evitar tanta barbarie, sino a que quienes han estado a cargo de la guerra han decidio darle un uso pensado en maximizar el daño que pueden causar al territorio y a la población palestina.

Para la identificación de presuntos miembros de Hamás, las Fuerzas Militares israelíes están utilizando tres softwares de IA: Habsora, Lavender y Where’s Daddy. Habsora (que traduce Evangelio), es una IA que identifica edificios y estructuras que podrían albergar a miembros de Hamas. Lavender es un programa que se usa para la identificación de individuos; tanto Habsora como Lavender funcionan buscando patrones con base a una fase previa de “entrenamiento”. Antes de iniciar el ataque israelí, Habsora contaba con una base de datos de 300.000 presuntos miembros de Hamas con datos de sus actividades militares y civiles.  La trifecta se completa con Where’s Daddy, software que hace un seguimiento permanente de los palestinos que se marcan como objetivos.

¿Qué es lo que ha hecho tan mortal entonces a la IA? La manera en la que Israel ha decidido utilizarla. La combinación de las tres IA le ha permitido a las fuerzas israelíes procesar una enorme cantidad de información para identificar a los objetivos y poder conocer todos sus movimientos, saber en todo momento dónde están y, más importante aún, con quién están. De acuerdo a las investigaciones realizadas por el medio británico The Guardian y el medio israelí +972/Local Call, antes de atacar a las personas identificadas como objetivos se tenía claro el número de civiles que podían morir.

Where´s Daddy tiene un nombre especialmente siniestro (“¿Dónde está papi?”) porque se diseñó para priorizar de manera intencional el rastreo de las personas cuando están durmiendo en las noches en sus hogares, con sus familias.

El ejército israelí utiliza entonces la IA para destruir un pueblo, para atacar en los momentos más vulnerables y a las poblaciones más vulnerables, con pleno conocimiento de que están atacando a civiles e incluso de la cantidad de civiles que van a morir con el ataque. Han establecido unos perversos “rangos aceptables por objetivo”, que van desde 15 civiles si se trata de un soldado hasta 300 personas si es un alto mando.

Con la IA las fuerzas de ocupación de Israel tienen la capacidad de minimizar por completo la pérdida de vidas humanas, pues podrían haber centrado sus ataques en los momentos donde sólo hubiera presencia de presuntos militantes de Hamas. Al fin y al cabo, las IA les permiten saber en todo momento dónde están, con quiénes están y qué otras personas hay en los lugares donde se encuentran. En cambio, y de manera intencional, han decidido usar la tecnología para acabar con la mayor cantidad de vidas palestinas posibles con cada ataque.

Israel es la muestra viva de que el problema no es la IA, son las personas que definen cuál va a ser su uso.

Alejandro Toro

Alejandro Toro refresca la memoria a María Fernanda Cabal

El representante a la cámara Alejandro Toro y la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, sostuvieron un enfrentamiento en la red social X, en donde el congresista del Pacto Histórico le recordó a la parlamentaria de derecha, las actuaciones amables y cordiales del gobierno de Iván Duque con la China, un país comunista.

Todo inició cuando el representante anunció la denuncia interpuesta ante la ONU sobre los supuestos intentos de desestabilización política en Colombia desde los sectores políticos que le son opuestos al Gobierno Nacional.

«Congresistas de las bancadas progresistas firmamos el documento que será dirigido al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. ¡No vamos a permitir que se rompa la Constitución y la democracia en nuestro país!», publicó Toro en su cuenta de X.

De inmediato la senadora uribista contestó lo siguiente desde la red social de X: «Ojalá no te pillen Alejito disfrutando de compras en la cuna del capitalismo y de la libertad, hoy también amenazada por los vagos woke que son la plaga del mundo occidental».

Ni corto ni perezoso el congresista del Pacto Histórico recordó a María Fernanda Cabal que el gobierno del expresidente, Iván Duque, elegido por el Centro Democrático, fue amable con China y con flores,rindió honores a Mao Tse Tung y a los héroes de la revolución china en su visita de Estado de 2019.

Cómo la IA está transformando la guerra

No es nada novedoso decir que la Inteligencia Artificial ha llegado para revolucionar por completo todos los aspectos de la vida. En una época donde la innovación se ha vuelto una constante, los desarrollos en IA parecen presentar una transformación de la forma de hacer las cosas sólo equiparable con el surgimiento del Internet, con un potencial aún mayor al que tuvo en su momento la web.

Pero, como pasa con la mayoría de las innovaciones, su potencial puede ser aprovechado para mejorar la vida en sociedad o para destruirla. Estamos en un momento histórico particular, pues la irrupción de las IA se ha dado con el regreso de las guerras entre países con dos conflictos armados internacionales en curso en los que se está evidenciando el uso militar que puede tener la inteligencia artificial.

El primer uso registrado de un sistema autónomo para la baja de objetivos militares se dió en el 2020 en Libia, cuando las tropas del Gobierno de Fayez al Sarraj utilizaron drones automáticos de fabricación turca para atacar a soldados que apoyaban al mariscal Jalifa Haftar.

Con la guerra entre Rusia y Ucrania, ha sido el lado ucraniano el que se ha encargado de apostar en mayor medida por herramientas, no solamente armas autónomas, que utilicen la inteligencia artificial al tener un costo inferior a los instrumentos de guerra tradicionales, poder acoplar de forma fácil hardware y software de fácil acceso en el mercado (controles de consolas de videojuegos y código de programación disponible en Internet por ejemplo) y la capacidad de involucramiento de la sociedad civil.

Uno de los principales usos de la IA por el lado ucraniano ha sido mediante la reconfiguración de una aplicación utilizada para la recolección de impuestos, con la que ahora los ciudadanos ucranianos pueden subir fotos y videos que permiten obtener información sobre las tropas rusas, información que se sube a una base de datos gestionada por las Fuerzas Militares, pero que necesita de empresas privadas para ser inteligencia procesable.

En el caso de la invasión de Israel a Palestina lo que se está evidenciando es el terrible potencial que tiene la IA para acabar con vidas humanas. Israel está utilizando una combinación de tres IA (Habsora, Lavender y Where´s Daddy?) para la identificación y localización de objetivos militares.

Un uso que debería servir para limitar las bajas ha sido en cambio uno de los principales impulsores del genocido; la identificación de objetivos se acompaña con la estimación de bajas civiles y para los mandos militares israelíes la baja de un soldado raso de Hamás tiene un rango aceptable de 15 civiles muertos como daño colateral, 300 para el caso de un oficial. Con este sistema se identificaron en las primeras semanas del conflicto a 37.000 objetivos militares, lo que combinado con los “rangos aceptables por objetivo” ayuda a entender la masacre de la población palestina.

En Colombia los grupos armados ilegales han empezado a implementar dentro de sus tácticas de guerra el uso de drones, reportando el Ejército en el mes de junio un total de 17 ataques con drones en un período de seis semanas.

De acuerdo al Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI por sus siglas en inglés), en este momento no hay ámbitos de la actividad militar donde no haya un uso de la IA. Son cinco los principales aspectos donde se ve la IA en el campo militar: sistemas autónomos de combate (drones), análisis de bases de datos, detección y análisis de amenazas, evaluación de la situación en el campo de batalla, y la realización de “simulaciones” para probar equipos y tácticas.

Ahora, ¿se está en un escenario donde la IA reemplazará por completo el factor humano en las Fuerzas Militares del mundo? De acuerdo a los expertos, no estamos en ese estado desde un punto de vista tecnológico – todavía no existen robots capaces de reemplazar a un soldado humano – ni es deseable desde un punto de vista ético.

Según Anna Nadibaidze, investigadora del Centro de Estudios sobre la Guerra y del Departamento de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad del Sur de Dinamarca, perder el factor humano abre el riesgo de que no exista una capacidad moral en el combate, pues se asume que el operador humano puede en teoría sentir compasión y empatía, aspectos que hasta ahora no puede brindar ninguna IA.

Pretender que se prohíba el uso de la IA en el sector defensa es un absurdo. De lo que se debe hablar es cómo se regula para que se ponga al servicio de la seguridad humana y no para la guerra que aniquila. Israel es el ejemplo perfecto de cómo la respuesta a esta pregunta depende por completo del factor humano; las IA para la identificación de objetivos pudieron haber sido usadas para minimizar las bajas, pero las decisiones tomadas por las personas a cargo de la guerra han sido el factor para que sean letales.

Alejandro Toro

La primer mujer indígena embajadora de Colombia ante la ONU

Leonor Zabaleta, una mujer indígena arhuaca y defensora de derechos humanos, fue nombrada por el Presidente Gustavo Petro Urrego como embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York. Su impecable labor como activista y defensora de derechos humanos y su trayectoria de más de tres décadas, especialmente en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde vive su comunidad, la han hecho merecedora de diversos premios. Entre los más destacados está el Premio Anna Lindh, otorgado por el Partido Socialdemócrata sueco, en reconocimiento a su incansable dedicación a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en América Latina.

Este reconocimento se enmarca en su misión de representar políticamente a los pueblos indígenas, velando por el desarrollo y la protección de su cultura, pues logró constituirse como Comisionada de Derechos Humanos de la Confederación Indígena Tayrona y Representante de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas de Colombia. Además, formó parte de la Delegación de la Mesa de Trabajo por los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

Siendo importante resaltar que desde que la honorable embajadora Leonor Zabaleta asumió su cargo, tenía claro su rol y llegó con una visión definida: Mostrar al mundo la riqueza y diversidad de Colombia, su misión es resaltar que somos un país multicultural, con una identidad única, compuesto por más de 115 pueblos indígenas, además de las comunidades afrodescendientes y raizales de San Andrés y Providencia y las comunidades Rrom. Un país en el que se hablan más de 68 lenguas y en el que compartimos un fin en común: la paz, justicia social y ambiental.

Desde su nombramiento en 2022, Leonor Zalabata ha trabajado incansablemente para visibilizar los derechos de los pueblos indígenas y la defensa de la democracia en Colombia. En su calidad de Representante Permanente ante la ONU, ha utilizado su plataforma para promover el reconocimiento internacional de las problemáticas que enfrentan las comunidades indígenas, abogando por la protección de sus territorios.

En 2023, su labor fue reconocida con su elección como vicepresidenta de la Junta Ejecutiva de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe. Este nombramiento no solo es una muestra de su compromiso con la igualdad de género, sino también un reconocimiento a su esfuerzo por impulsar el empoderamiento de las mujeres indígenas, quienes han sido históricamente marginadas. Desde este cargo, ha sido un instrumento para promover políticas inclusivas que aborden la intersección entre género y etnicidad, asegurando que las mujeres indígenas y otras minorías reciban mayor atención dentro de la agenda global.

Nuestra Honorable Embajadora, su vida es un testimonio de lucha, perseverancia y entrega absoluta a la causa de los derechos humanos, especialmente los de los pueblos indígenas, su nombramiento  no es solo un reconocimiento a su vasta trayectoria, sino también un tributo a su profundo compromiso con el país, demostrando activismo, diplomacia y liderazgo con la protección de Derechos Humanos y su gestión para articular las políticas nacionales con las internacionales.

Alejandro Toro

¿La alcaldía de Medellín contrata pauta para atacar a sus contrincantes políticos?

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, continúa manejando a su antojo los recursos públicos, las entidades del Distrito y los medios de comunicación. Esta vez, en su rol como miembro de la Junta Directiva del Metro de Medellín presuntamente intervino en la adjudicación de un contrato a favor del periódico El Colombiano, cuyo objeto era la prestación de servicios de diagramación, infografía e impresión del periódico institucional “Nuestro Metro”.

Lo irónico de esta situación es que la adjudicación de dicho contrato aparentemente estuvo viciada, considerando que El Colombiano fue el oferente más costoso, con una diferencia de más de trece millones de pesos en comparación con la propuesta presentada por la Casa Editorial El Tiempo. Lo que agrava aún más el asunto es que casualmente Juliana Correa Henao, ex empleada de El Colombiano y actual funcionaria del Metro de Medellín fue la encargada de evaluar el cumplimiento de los criterios dentro del proceso de adjudicación del contrato, lo que deja serios cuestionamientos sobre la transparencia y la posible configuración de un conflicto de interés.

Estos hechos no pueden verse de manera aislada a la aparente persecución que el periódico El Colombiano ha emprendido en contra del presidente de la República, del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero y de mí como Representante de Antioquia, no es coincidencia que esta campaña sistemática de desprestigio esté vinculada a intereses económicos, ya que el periódico presuntamente se beneficia de la adjudicación de contratos públicos por parte de la oposición, tal y como ocurrió con el contrato de prestación de servicios del metro de Medellín. 

En lo que va del año, dicho periódico ha publicado más de 210 artículos denigrantes hacia Daniel Quintero, lo que sugiere que su postura opositora no es tanto un ejercicio de libre prensa, sino una estrategia bien orquestada para favorecer sus propios intereses comerciales, siendo clara la constitución y la Corte Constitucional al señalar que la intromisión indebida que atente garantías fundamentales como el buen nombre, puede constituirse en un abuso del derecho a informar que ostentan los periodistas.

A lo anterior se suman los lamentables hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre, cuando más de 45 personas resultaron heridas durante el partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, celebrado en el estadio Atanasio Girardot, incidentes que surgieron por la presunta falta de garantías y seguridad proporcionadas por el alcalde de Medellín, lo que ahora se intenta atribuir al Presidente de la República para tergiversar y camuflar la falta de interés de Federico, quien casualmente se encontraba en Barranquilla en ese momento.

Dicho lo anterior, queda claro que la gestión de Federico Gutiérrez está marcada por la priorización de intereses personales y la manipulación de la verdad a través de los medios de comunicación. Por ello, es imperativo que los entes de control investiguen la adjudicación de contratos con posibles conflictos de interés, así como la manipulación de la prensa y la falta de garantías en estos eventos deportivos. ¡La vida, seguridad y recursos de Medellín están en juego!

Alejandro Toro

¿Qué tan cerca estamos de una desdolarización de la economía?

Cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, el primer mecanismo utilizado por Occidente para castigar a Rusia fueron las sanciones económicas, bloqueando a los bancos rusos del sistema internacional de transacciones SWIFT y congelando las reservas en dólares que tenía el banco central del país. Dos años después del inicio de la guerra, vale la pena preguntarse si Occidente (entendido principalmente como Estados Unidos y la Unión Europea) en vez de castigar a Rusia abrió la puerta para una pérdida de su papel hegemónico al impulsar la desdolarización de la economía mundial.

Al bloquear a la banca rusa del sistema financiero mundial, está tuvo que recurrir a otras monedas para la realización de transacciones internacionales y para la reserva de divisas del país. Esto es lo que significa desdolarización, cuando un país deja de usar el dólar en su comercio exterior. Con las sanciones, no sólo se afianzó el vínculo comercial entre dos de las economías más grandes del mundo – Rusia y China – sino que se posibilitó que los acuerdos comerciales entre los dos países se dejaran de transar en dólares y pasaran a otra moneda, en este caso el renminbi chino.

En este momento las transacciones entre las dos potencias mundiales más representativas del mundo no occidental no se hacen en dólares. A esto se debe sumar que los BRICS, el bloque económico compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica al que se han sumado países como Emiratos Árabes Unidos llevan en los últimos años promoviendo el uso de monedas nacionales y de otros medios alternativos de pago distintos al dólar para el uso de sus transacciones. Por ejemplo, hace poco se realizó una transacción de petróleo entre India y Emiratos Árabes Unidos, donde India pagó la compra de Petróleo en su moneda local y mediante un sistema alterno al SWIFT, en el que se usan criptomonedas.

Las sanciones hacia Rusia han presentado al bloque económico que busca contraponerse a Occidente una oportunidad para profundizar en la independencia del dólar, ¿pero podemos afirmar que estamos ante un escenario de desdolarización de la economía mundial? En el corto plazo y mediano plazo, la respuesta es no.

El Dollar Dominance Monitor del Atlantic Council hace un seguimiento del uso del dólar para transacciones internacionales, así como reserva de divisas internacionales de los bancos centrales de los países del mundo. En sus datos actualizados para el 2024, muestran que el 88% de las transacciones del comercio internacional se hacen en dólares, mientras que el 7% se hacen usando el renminbi chino, por debajo del euro, la libra esterlina y el yen japonés.

En cuanto al uso del dólar para la reserva de divisas sí ha habido una disminución considerable en los últimos 20 años, cayendo de un 72% en el 2002 a un 58% en el 2024. No obstante, de acuerdo al análisis realizado por el Fondo Monetario Internacional sobre el fenómeno, la disminución no ha sido respondida con el surgimiento de una moneda que le arrebate la hegemonía al dólar sino más bien por un aumento en las reservas internacionales de lo que el FMI ha calificado como divisas de reserva no tradicionales, donde además del renminbi chino se incluye el dólar australiano, el dólar canadiense, el won surcoreano, entre otras.

El FMI destaca el aumento que ha tenido el renminbi en las reservas internacionales en comparación con la caída del dólar en este rubro, pero señala que los indicadores muestran un estancamiento, representando el 2.15% de las reservas de divisas a nivel mundial. Al fin y al cabo el precio de los bienes que mayor impacto tienen en la economía mundial, como el petróleo, se sigue tasando en dólares, lo que hace muy difícil un abandono del dólar como moneda primaria del comercio internacional.

Aunque hay un hecho que puede empezar a cambiar la balanza un poco más rápido. En 1973, para salir de la crisis del petróleo, Arabia Saudita y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para que todas las ventas del petróleo del país árabe se hiciesen en dólares. Este año, Arabia Saudita ha confirmado que no renovará el acuerdo, abriendo la puerta para que su petróleo se empiece a negociar en otras monedas. Siendo el segundo productor de crudo más grande del mundo, estamos ante un escenario que puede empezar a profundizar la preferencia por divisas distintas al dólar no sólo en las reservas sino también en las transacciones.

La pregunta que se debe uno hacer es cómo afecta a Colombia un escenario de desdolarización de la economía. Elijo verlo como una oportunidad, si el país empieza a adquirir reservas de divisas como el renminbi abre sus posibilidades a nuevos socios comerciales estratégicos más allá de Estados Unidos, como China, lo que favorece a sectores económicos colombianos que tendrán mayor posibilidades de comercio y cooperación. De igual manera, adquirir nuevas monedas podría prevenir al país frente a efectos adversos asociados con la alta fluctuación del dólar. Un último aspecto que se hace necesario explorar como país es el del uso de monedas digitales, uso que viene en alta y con el cual no podemos quedarnos rezagados.

Alejandro Toro

Los medios alternativos, comunitarios y digitales son prioridad para el Gobierno del Cambio

El día 12 de septiembre se inauguró en la ciudad de Armenia el segundo Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales “Uniendo Voces”, organizado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El evento, que tuvo lugar entre el 12 y el 13 de septiembre, fue el escenario para conocer la hoja de ruta que tiene el Gobierno Nacional para el sector de la comunicación independiente, aquella que hace presencia en los territorios e informa los sucesos que los medios corporativos no están interesados en reportar.

Los miembros de la Comisión de Medios Alternativos, Independientes y Comunitarios de la Cámara de Representantes viajamos a Armenia para acompañar este evento de fundamental importancia para los propósitos de la Comisión. Deseábamos conocer de primera mano los planes del Ministerio de las TIC para impulsar el fortalecimiento de todos los medios que tienen como principal objetivo la construcción de territorio, de una cultura de paz, en vez de responder a intereses particulares, y nos vamos contentos de reafirmar el inmenso respaldo del Gobierno del Cambio a la comunicación alternativa, independiente y comunitaria.

Desde la Comisión presentamos el 21 de agosto del presente año un Proyecto de Ley para fortalecer la radiodifusión comunitaria, una expresión de la comunicación comunitaria que comprende el 44% de las radios del país. Recibimos con enorme felicidad la noticia dada por el Ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, de que la iniciativa legislativa cuenta con el respaldo de su cartera. Saber que tenemos el apoyo del Ministerio de las TIC en este importante proyecto de ley nos abre la puerta a construir de manera conjunta una serie de medidas que fortalezcan el ejercicio de las radios comunitarias.

A esto se debe sumar la noticia dada por el Ministro de que se abrirá una nueva convocatoria para otorgar licencias a emisoras comunitarias y el trabajo conjunto que se realizará entre el Ministerio de las TIC y la Agencia Nacional del Espectro para aumentar el espectro electromagnético que se les entrega a las radios comunitarias, las cuales se han visto históricamente desfavorecidas frente a las grandes radios comerciales.

Pero, el encuentro también nos dejó una tarea clara. El Presidente Gustavo Petro fue claro en su intervención en que el país necesita contar con una Ley de Tercios. Esta se refiere a que la pauta publicitaria de las entidades estatales se debe repartir en un 33.3% para redes sociales, 33.3% para los medios comunitarios, digitales y alternativos y un 33.3% en medios tradicionales.

Si bien desde el Gobierno Nacional se ha adelantado esta gestión a través de la Directiva Presidencial 009 de 2024, contar con una Ley de Tercios expedida por el Congreso de la República permitirá una mejor nivelación de la cancha entre los medios alternativos y los medios corporativos al contar los primeros con una fuente de financiación más estable. Es por esto que desde la Comisión buscaremos el camino para intentar hacer la Ley de Tercios una realidad.

El Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales dejó claro que no hay Proyecto del Cambio sin comunicación alternativa y comunitaria. Los 1.300 asistentes al encuentro tuvieron claro que el rol primordial que juegan en la construcción de una sociedad democrática es reconocido por el Gobierno Nacional, que lo que se viene es la implementación de una política pública que asegure su formalización y sostenimiento.

Alejandro Toro

La secretaría de comunicaciones de Medellín y las jugadas de la administración

La Secretaría de Comunicaciones, una dependencia del Despacho del Alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, tiene como función principal definir las políticas de comunicación, así como planificar, coordinar y ejecutar las estrategias informativas de la administración. Por su parte, TeleMedellín es un ente descentralizado de carácter indirecto, en cuya junta directiva participa Adriana Karina Garnica Villalobos.

Lo verdaderamente polémico de esta situación radica en el rol de Adriana Karina Garnica Villalobos, quien, en su calidad de Secretaria de Comunicaciones y miembro de la junta directiva de asociados de Telemedellín, donde se discuten temas relacionados con el financiamiento del canal, presuntamente ha querido beneficiar a la cadena de Radio de Caracol de la que fue jefe de presa entre el 15 de marzo de 2022 y el 31 de agosto de 2023, pues para el mes de mayo del presente año Telemedellin suscribió el contrato No. CTO-0173-2024 con CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A donde ella laboró, 5 meses antes de su nombramiento como Secretaria de Comunicaciones.

El objeto de dicho contrato fue la vinculación publicitaria al evento “Desafíos Colombia 2024 – Diálogo, Escucha y Debate desde Todas las Perspectivas”, por $200 millones de pesos, una cifra que resulta exorbitante si se considera la naturaleza de las obligaciones del contratista, planteando interrogantes sobre la justificación y transparencia de esta contratación, más aún cuando se entrelazan posibles conflictos de interés, debido a la influencia de la Secretaria de Comunicaciones en Telemedellin.  

Este caso solo afirma las intenciones que ha tenido el alcalde de Medellín y su administración para monopolizar el poder y beneficiar a su círculo cercano mediante nombramientos y contratos, un ejemplo evidente es el cargo que actualmente ocupa la hermana de Federico Gutiérrez como Directora de Internexa, una empresa vinculada a Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), donde Empresas Públicas de Medellín (EPM) es uno de los principales accionistas, siendo clara la injerencia en la toma de decisiones que tiene el alcalde de Medellín como Presidente de la Junta Directiva de EPM.

A lo anterior se suman los contratos realizados directamente por Federico Gutiérrez, como el reciente arriendo de 19 camionetas eléctricas de lujo por más de $21 mil millones de pesos. Este monto resulta significativamente superior al de su adquisición directa. Además, preocupa que detrás de este contrato esté una empresa cuya capacidad financiera ha sido cuestionada, lo que incrementa las sospechas sobre la idoneidad y legalidad de esta transacción.

El alcalde de Medellín ha centrado su discurso político en la defensa de los recursos públicos, insistiendo en la NO privatización y en la prudencia en el manejo de los fondos del Distrito. Sin embargo, los hechos recientes parecen contradecir estas promesas, evidenciando un interés personal en sus decisiones administrativas. Mientras el alcalde asegura proteger los bienes públicos, cada vez son más los indicios que revelan un manejo discrecional y en beneficio propio, dejando de lado las verdaderas necesidades de los ciudadanos, quienes hoy enfrentan altos impuestos mientras la administración se ha concentrado en favorecer intereses privados, enriquecer a su círculo cercano y aprovecharse del poder para acumular beneficios personales.

Alejandro Toro

Conferencia de las Naciones Unidas sobre la biodiversidad por primera vez  en Colombia

Por primera vez, Colombia recibirá a líderes de todo el mundo para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, COP16: 2024, el espacio de discusión y negociación más importante del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, que por años se ha realizado en países como Alemania, Polonia, Argentina y Marruecos, esta vez se llevará a cabo en Cali – Valle del Cauca.

Este es un logro significativo para el país, resultado del trabajo del Gobierno del Cambio en la preservación y conservación de la biodiversidad, es una oportunidad histórica para visibilizar los esfuerzos en torno a la protección de la naturaleza e impulsar desde nuestro territorio la agenda climática global, con el objetivo de cumplir los compromisos del Marco Mundial de Biodiversidad adoptado en la COP15. 

Por ello, el Presidente ha puesto en marcha una iniciativa significativa para asegurar el éxito de la conferencia mediante la directiva presidencial «Gobernanza para la organización de la Decimosexta reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica – COP16». Esta directiva tiene como objetivo formalizar el trabajo del comité organizador y coordinar los esfuerzos necesarios para garantizar una planificación integral y la efectividad del evento.

Además, a  través de diversos Ministerios, se han implementado medidas para garantizar que todos los aspectos del evento estén debidamente atendidos. En particular, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, se están llevando a cabo acciones específicas para facilitar los trámites migratorios de más de 5 mil personas que asistirán a la conferencia.

En cuanto a la seguridad, el Ministerio de Defensa presentó el 27 de agosto ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes la estrategia para salvaguardar la seguridad de la COP16, que se llevará a cabo entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre del presente año. En atención al control político al que fue citado, el Ministro Iván Velásquez  destacó que más de 11 mil uniformados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional estarán a cargo de la seguridad de los más de 18 mil asistentes.

En términos de capacidades tecnológicas desplegadas, el Ministro manifestó que se instalarán 1.540 cámaras de seguridad, se utilizarán 12 drones y estarán en funcionamiento 3 equipos especiales SWAT, conformados por 120 policías. Estos recursos vigilarán la ciudad las 24 horas, reforzando  así la presencia de las Fuerzas Militares y la Policía en la capital vallecaucana. Además, se estima que habrá 4 mil uniformados adicionales en las áreas urbanas y 1.600 soldados desplegados en las zonas rurales para garantizar una cobertura integral y efectiva en todo el territorio.

Durante el debate de control político, quedó demostrado que el gobierno y el Ministerio de Defensa han llevado a cabo un trabajo impecable para garantizar la seguridad durante la COP16. Se han implementado medidas preventivas para enfrentar cualquier eventualidad que pudiera alterar el normal desarrollo del evento en el país, un logro se atribuye al presidente de la República, quien eligió a Cali, la capital del Pacífico colombiano, con el objetivo de mostrar la belleza del país y de sanar heridas históricas. La intención es sellar un pacto social y atraer la atención mundial hacia el Pacífico, sus regiones y los conflictos que las han afectado.

Alejandro Toro

La radio comunitaria podría contratar pauta política

El miércoles 21 de agosto un grupo de 26 congresistas radicamos en el Congreso de la República el Proyecto de Ley por medio del cual se busca fortalecer el servicio público de radiodifusión sonora comunitaria en Colombia.

La importancia de las radios comunitarias para la construcción de tejido social y de paz no puede ser subestimada, con 775 radios comunitarias a lo largo del territorio nacional que muchas veces se encuentran en municipios donde no hay ningún medio de comunicación comercial reportando los sucesos que son importantes para la comunidad.

Las radios comunitarias cumplen con una función social que no es equiparable a la de los medios de comunicación tradicionales, porque son creadas y administradas por comunidades organizadas con el fin de satisfacer necesidades de las comunidades a las que le prestan el servicio, orientadas siempre hacia la promoción de la democracia, el ejercicio de derechos, la cultura de la participación, el diálogo, la reconciliación y demás valores sociales necesarios para vivir en paz.

Por esto con el Proyecto de Ley buscamos fortalecer el servicio público de radiodifusión sonora comunitaria, generando una sostenibilidad jurídica, social, técnica y económica que garantice que las radios comunitarias cumpla con sus fines sociales. Porque consideramos que es fundamental que las radios comunitarias tengan las garantías normativas suficientes para poder operar de manera regular.

Pretendemos responder a problemáticas históricas del sector, como el tiempo de duración de la concesión para el uso del espectro electromagnético, el cual buscamos se sostenga por 20 años; la generación de un proceso de concertación para el pago de derechos de autor que tenga en cuenta el beneficio comunitario y la situación económica de las emisoras; el apoyo estatal para la dotación técnica y la formación del talento humano que hace parte del sector; la representación en los espacios de desarrollo de política pública a través de la creación del Consejo Nacional de Radio Comunitaria y la participación de miembros del sector en la Comisión de Regulación de Comunicaciones; entre otros.

Reconociendo que el principal reto al que se enfrentan las radios comunitarias es el de la financiación, se pretende asegurar diversas fuentes de recursos, como que las emisoras puedan emitir publicidad política pagada en elecciones, cumpliendo todos los lineamientos que para tal fin disponga el Consejo Nacional Electoral, o que las entidades nacionales destinen al menos el diez por ciento del presupuesto que tengan pensado para pauta oficial para que sea transmitida por radios comunitarias.

Desde el Congreso deseamos recoger 30 años de lucha histórica que han tenido las radios comunitarias para lograr ser reconocidas como la expresión del ejercicio democrático de una comunidad organizada que desea contar con un medio de comunicación que responda a las necesidades del territorio, que desea tener un espacio en el cual se vocalicen todas aquellas inquietudes que no son recogidas por los grandes medios de comunicación porque no le ven el lucro. Esperamos que el resto de fuerzas políticas reconozcan la importancia de las radios comunitarias y nos ayuden a que se haga realidad el fortalecimiento del sector.

Alejandro Toro

Colombia es tercera pontencia turística en América Latina

El Gobierno del Cambio, liderado por el presidente Gustavo Petro, continúa cumpliendo de manera efectiva con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, logrando posicionar a Colombia como la tercera potencia turística de América Latina, desarrollando una de las propuestas centrales de su campaña electoral, el turismo como un pilar fundamental.  Según el informe emitido por el DANE en 2023, el sector turístico registró un valor agregado de $33,2 billones, lo que representa un notable incremento del 12,8% en comparación con 2022.

El crecimiento del turismo en Colombia durante el primer semestre de 2024 ha sido notable, especialmente en regiones como Antioquia, Bolívar y Risaralda. Antioquia destacó con un aumento del 25,8% en la llegada de turistas, seguida de Bolívar con un 17,6% y Risaralda con un 7,9%. Estos resultados posicionan a Antioquia como una de las regiones preferidas por los visitantes, alcanzando un 27,6% del total de turistas que llegaron al país durante este período.

Este avance no solo refleja la atracción turística de estas regiones, sino también el impacto positivo que tiene en la economía nacional. En los primeros tres meses del año, la inversión extranjera directa en los sectores de turismo, restaurantes y hoteles alcanzó los 526 millones de dólares, lo que representa un aumento del 21,3% en comparación con el mismo período del año 2023. Además, los ingresos generados por el turismo internacional fueron significativos, sumando 2.536 millones de dólares solo en el primer trimestre de 2024, un 19% más que en el mismo período del año 2023.

Estos logros son el resultado de la gestión del Gobierno. En 2023, se llevaron a cabo más de 50 proyectos que permitieron realizar inversiones en 123 municipios para la implementación de programas de desarrollo con enfoque territorial. Se destinaron $67.672 millones de pesos, de los cuales $42.104 millones se asignaron a infraestructura turística, $4.087 millones a la promoción del mercado turístico y $16.442 millones para impulsar la competitividad turística. Además, se aprobaron $4.248 millones para la línea de inversión en territorios turísticos de paz, con el objetivo de promover el desarrollo económico y social en las zonas más afectadas por la violencia.

Regiones como Antioquia, Bolivar, Caquetá, Cesar, Chocó y Córdoba han experimentado una transformación significativa, mejorando la percepción y reduciendo el estigma asociado a la violencia. Este cambio ha sido clave para atraer inversiones y turistas. Hoy en día, Antioquia y Bolívar se destacan como destinos turísticos preferidos, un cambio radical que contrasta con la antigua connotación de conflicto armado y violencia que históricamente se asociaba a estas regiones y al país en general.

Los resultados no solo destacan el impacto positivo de las políticas gubernamentales en la economía nacional, sino que también reafirma el compromiso del Gobierno con la promoción y fortalecimiento de sectores clave para el desarrollo sostenible del país. Además, confirma el esfuerzo continuo por consolidar a Colombia como referente de belleza y riqueza natural, no solo en América Latina, sino en el mundo entero.

Por otro lado, en sectores clave como educación, medio ambiente, laboral, defensa, tierras y energía, el Presidente ha demostrado avances significativos. Programas como “Puedo Estudiar” han eliminado barreras de acceso, beneficiando a más de 800 mil estudiantes de pregrado y permitiendo la incorporación de 42.666 nuevos estudiantes en instituciones públicas, con una inversión de 4 billones de pesos en gratuidad. En el ámbito ambiental, la deforestación se redujo al nivel más bajo en 23 años, con una disminución del 36% en 2023 respecto a 2022, y un 54% respecto a 2021, superando las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Además, en política de tierras se logró involucrar más de 12 millones de hectáreas.

Estos avances positivos demuestran a los colombianos que el Gobierno progresista está cumpliendo, en dos años de transformación bajo el proyecto del cambio, se ha logrado sacar de la pobreza a 1.6 millones de colombianos y avanzar significativamente en la reforma pensional, garantizando los derechos fundamentales de más de 3 millones de adultos mayores. Además, se ha logrado transformar positivamente a la Fuerza Pública; hoy, 244,000 veteranos reciben mesada 14, la mortalidad infantil por desnutrición ha disminuido y las inversiones en turismo han catapultado a Colombia como la tercera potencia turística de América Latina, consolidando este sector como el segundo más importante de nuestra economía.

Estos logros no solo ratifican el progreso alcanzado, sino que también inspiran a continuar trabajando por la transformación del país. Gracias, Presidente Gustavo Petro.

Alejandro Toro

Las EPS se gastaron la plata de la salud en clases de yoga

Esta semana la Contraloría General de la República reveló un nuevo informe sobre el mal uso que hicieron las EPS de los recursos públicos durante la pandemia. En un momento donde todo el pueblo colombiano estaba preocupado por hacer frente a la emergencia, las EPS vieron la oportunidad perfecta de utilizar el dinero de la gente para su beneficio personal, dejando claro la insostenibilidad de un negocio en donde la administración de lo público se le deja a los privados.

En el año 2020 las personas dejaron de solicitar varios servicios médicos, por obvias razones. A esto se le debe sumar que el Gobierno de la época, teniendo que hacer frente al Covid-19, destino un adicional de 41 billones de pesos para el sistema de salud con el objetivo de que no se utilizaran recursos de la UPC para la pandemia de manera tal que hubiese dinero suficiente para cubrir todos los servicios en salud no relacionados con el tratamiento del coronavirus.

Bajo este escenario de una menor cantidad de eventos en salud atendidos y dinero extra disponible es que afirma la Contraloría que las EPS tuvieron para la vigencia 2020 un remanente de más de 11 billones de pesos de la UPC, es decir, 11 billones de pesos provenientes de la cotización para salud que hacen los trabajadores y los impuestos que pagan las personas para financiar el sistema de salud.

Al ser la UPC un recurso proveniente del Presupuesto General de la Nación las EPS tienen la obligación de someterse al principio de anualidad que le aplica a cualquier entidad que maneje recursos públicos. Este principio dicta que el dinero que no se haya gastado en la vigencia debe ser devuelto al Tesoro Público, no puede ser utilizado para un propósito distinto al que fue asignado ni puede ser retenido por la entidad.

No obstante, las EPS que se han acostumbrado a tratar lo público como si les perteneciera decidieron que estaban por encima de la ley, que esos más de 11 billones que no ejecutaron en atención en salud no los tenían que devolver sino que los podían utilizar para solventar sus negocios particulares.

Dice la Contraloría en su informe que al menos 6 billones de pesos los utilizaron para pagar deudas que tenían con proveedores y prestadores de servicios de salud, deudas que de ningún modo pueden ser pagadas con la plata de la UPC pues esta tiene una destinación muy específica, que es la atención en salud. Les correspondía a las EPS como empresas privadas que son poner su propio capital para cumplir con compromisos adquiridos, pero les pareció mucho más conveniente utilizar el dinero de la gente y no tocar el bolsillo propio.

Pero eso no es lo peor, hay $5.3 billones de pesos que están embolatados. Cinco veces la totalidad del contrato de Centros Poblados sobre los cuales no hay claridad cómo se gastaron, aunque sí indicios de que fue para todos menos para la atención en salud de la gente. Por ejemplo, en el caso de la Nueva EPS se destinaron 40.000 millones de pesos para pagar honorarios de ejecutivos, clases de yoga, pautas radiales, entre cualquier otra cosa menos las necesidades de los pacientes.

El informe de la Contraloría ayuda a entender por qué las EPS prefieren decir que salen del sistema antes de aceptar su transformación, puesto que tratan lo público como su caja menor. ¿Dónde más van a conseguir un negocio en donde no tienen que poner plata propia para sus gastos, sino que pueden utilizar la de los colombianos?

La estructura actual del sistema de salud es insostenible, se fundamenta en unos actores privados que actúan con ánimo de lucro pero sin arriesgar su propio capital, utilizando para sostener sus gastos particulares el dinero de la gente. Es por esto que se necesita una reforma a la salud, en donde quede claro que el manejo de los recursos públicos le corresponde al Estado, no a unos intermediarios financieros.

Alejandro Toro

Colombia busca garantizar transparencia en elecciones en Venezuela

Lo que ha sucedido esta semana en Venezuela requiere la atención de todo el mundo. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado en las formas en las que se reacciona a la situación interna del vecino país, especialmente cuando se trata de relaciones diplomáticas entre naciones, porque una declaración bien intencionada pero tramitada de la manera incorrecta puede terminar convirtiéndose en gasolina para una escalada de violencia que nadie desea.

Lo primero que se debe dejar claro es que se deben revelar las actas de votación. Este es un punto que no admite discusión, puesto que la única manera posible de reconocer un resultado electoral es si existen las garantías para la verificación del proceso de votación. La democracia se garantiza a través de la transparencia, de poder dar las garantías necesarias a todos los sectores políticos así como a la comunidad internacional de que los resultados electorales publicados son legítimos, cosa que no ha sucedido hasta ahora y que se le debe exigir a la institucionalidad venezolana.

Esta ha sido desde un primer momento la postura clara del Gobierno colombiano, expresada a través del Canciller Luis Gilberto Murillo y el Presidente Gustavo Petro. No se puede afirmar de manera alguna que desde el gobierno se ha obviado la evidente situación irregular o se ha legitimado de forma alguna el resultado anunciado el día viernes por el CNE venezolano. Las declaraciones de los ministros y del Presidente han ido siempre en la línea de que no hay manera de reconocer la elección sin que no haya antes un proceso transparente de conteo de votos, de que este es el primer requisito para validar la elección.

Ahora bien, las razones por las cuales Colombia no vota la resolución de la OEA tienen que ver con el manejo de las formas, asunto casi tan vital como el contenido de una acción cuando se habla de relaciones diplomáticas. Venezuela decidió en el 2019 retirarse de la OEA de manera unilateral, es decir, el país tomó la decisión de no seguir haciendo parte del organismo internacional por lo que la resolución que se pretendía emitir tendría un efecto meramente simbólico, que no funciona como mecanismo con medidas efectivas de presión.

No se puede olvidar que Colombia cumple un rol como mediador en los diálogos que se sostienen entre la oposición y el Gobierno. Cualquiera que conozca sobre resolución de conflictos sabe que quién asume el rol de mediador debe ser especialmente cuidadoso en la manera en la que transmite sus mensajes, so pena de que las partes ya no lo reconozcan como un interlocutor válido y se pierda el trabajo realizado en pro de llegar a un acuerdo. Votar a favor de la resolución de la OEA hubiese significado renunciar a la posición de mediador, posición desde la que se puede lograr mejores resultados en favor de la ciudadanía venezolana.

Colombia, México y Brasil emitieron un comunicado conjunto en el cual queda claro el pedido de que se den a conocer de manera pública los datos sobre la votación, mostrando de nuevo que la postura ha sido una sola: se exige la transparencia. Pero, el pedido de transparencia no se puede convertir en un llamado a la violencia, que es lo que algunos sectores políticos parecieran desear para el vecino país con descabellados que ruegan por una intervención militar que sólo traería más violencia y dolor.

Alejandro Toro