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Estamos recuperando la mesada 14 que Uribe le robo a los profes del país

Escrito por Alejandro Toro en Sep 7, 2025. Publicado en Opinión.

Esta semana la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de Acto Legislativo que busca reconocer la mesada 14 para los docentes del país. Detrás de esa decisión hay un mensaje nítido: dignificar a quienes sostienen la educación pública y corregir una desigualdad creada en 2005, cuando una reforma constitucional impulsada bajo el gobierno de Álvaro Uribe cercenó este derecho de los profes de Colombia.

La mesada adicional prevista en el artículo 142 de la Ley 100 nació como un mecanismo de compensación frente a la inflación; la Corte Constitucional, en la Sentencia C-409 de 1994, extendió ese beneficio para evitar discriminaciones entre pensionados en iguales condiciones. Si la finalidad era proteger el poder adquisitivo, carece de sentido que unos docentes reciban 14 mesadas y otros 13 por una barrera temporal impuesta en 2005. La igualdad material, principio rector de nuestro Estado Social de Derecho, no admite distinciones arbitrarias.

¿Qué pasó en 2005? El Acto Legislativo 01 de ese año introdujo la regla de las trece mesadas, excepto para quienes hubiesen causado la pensión antes del 31 de julio de 2011 por un valor de hasta 3 salarios mínimos. La justificación central del Gobierno Uribe fue la “sostenibilidad financiera” del sistema pensional: supuestamente garantizar el pago futuro, generando inequidades entre unos y otros dejando a la mayoría de los maestros sin pensión digna.

Según información del Ministerio de Educación y del FOMAG, hoy hay 250.237 docentes pensionados; el 35% (87.583) ya recibe mesada 14 y el 65% restante (162.654) aún no. Cerrar esa brecha tendría un costo estimado de más de $575 mil millones que deberá armonizarse con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. No es un cheque en blanco: es una decisión responsable para poner en regla un trato igualitario dentro del régimen especial del magisterio.

Pero sostenibilidad no es sinónimo de inequidad. Nadie discute que el sistema debe ser viable; lo que está en debate es si resulta legítimo mantener, veinte años después, una desigualdad interna entre servidores públicos que hicieron la misma carrera y cumplen idéntica función. La propia jurisprudencia ha advertido que el trato diferente solo es legítimo cuando se justifica razonablemente, y la mesada adicional —una prestación separable— fue diseñada para mitigar el deterioro del ingreso pensional; negar ese dique solo a parte del magisterio vulnera la igualdad real.

Además, el país ya demostró que es posible corregir sin poner en riesgo las finanzas. En 2024 el Congreso restituyó la mesada 14 a veteranos de Fuerzas Militares, Policía y a civiles del sector defensa, con requisitos definidos y estimación de impactos. Ese precedente evidencia que el debate no es “sí o no” a la mesada 14, sino a quiénes se reconoce y bajo qué reglas. Si a quienes cuidan el orden se les reconoce ese ingreso, ¿por qué negárselo a quienes cuidan el futuro desde el aula?

Nuestro proyecto hace lo correcto y lo hace bien. El texto aprobado adiciona un parágrafo al artículo 48 para incluir expresamente a las y los docentes oficiales —nacionales, nacionalizados y territoriales, según las categorías de la Ley 91 de 1989— como beneficiarios de la mesada 14 dentro de su régimen exceptuado. Y lo hace con rigor: la reforma no tiene efectos retroactivos y está sujeta a concepto fiscal de Hacienda, como corresponde. Son reglas claras que dan seguridad jurídica y, sobre todo, igualdad.

Quienes hoy se oponen repiten los argumentos de 2005. Dicen “no hay plata”, como si la educación fuese un gasto suntuario; olvidan, además, que los análisis de entonces advertían sobre presión fiscal por fallos y bonificaciones, pero no borran el hecho de que la mesada 14 fue creada para proteger a los pensionados del deterioro inflacionario. En otras palabras, el remedio de hace dos décadas se volvió una enfermedad crónica de desigualdad. El país cambió; la Constitución sigue siendo la misma: proteger a los mayores, garantizar el mínimo vital y asegurar la igualdad material.

Alejandro Toro

Empezamos con los aviones, ahora Colombia debe renovar su flota de submarinos

Escrito por Alejandro Toro en Ago 31, 2025. Publicado en Opinión.

Colombia ya tomó una decisión estratégica en el aire: renovar su poder aéreo con los Saab Gripen para reemplazar los Kfir. Es un paso correcto que ordena capacidades, compromete transferencia tecnológica y actualiza doctrinas. Ahora toca el turno del mar. Si en el cielo trazamos una ruta, bajo el agua necesitamos otra: renovar la flota de submarinos de la Armada Nacional con una visión de país, no de coyuntura. Así como hicimos con los aviones, el Estado debe dar el siguiente paso con un documento CONPES que fije la política, las metas y, sobre todo, los recursos plurianuales para garantizar continuidad más allá de un periodo de gobierno.

¿Por qué ahora? Porque nuestra seguridad —y nuestra economía— se juega cada vez más en el azul. Colombia ejerce jurisdicción sobre 928.660 km² de mar y casi 3.000 km de costa; somos un país bioceánico que debe proteger corredores de comercio, ecosistemas estratégicos, cables submarinos y, al mismo tiempo, enfrentar redes del crimen transnacional. La sofisticación de los “narcosubmarinos”, incluidos los no tripulados con control remoto y enlaces satelitales, obliga a mejorar nuestras capacidades de vigilancia, interdicción y disuasión. No es ciencia ficción: este año la Armada reportó la incautación de varios semisumergibles y la intercepción del primer narco submarino teledirigido en aguas colombianas.

La ventaja es que no partimos de cero. Tenemos industria: COTECMAR, el astillero nacional que ha construido OPV, buques de desembarco, patrulleras y plataformas fluviales para Colombia y terceros países, y que ha ejecutado mantenimientos mayores —incluidos trabajos en nuestros submarinos— con transferencia de conocimiento. Esta base industrial es un activo institucional para cualquier programa submarino moderno, desde mantenimiento profundo (MLU) hasta eventual co-fabricación con socios. A esto se suma que la Armada cuenta con una brújula: el Plan de Desarrollo Naval 2042, que define prioridades, escalonamientos y alianzas para modernizar la fuerza. No es improvisar, es alinear industria, doctrina y presupuesto.

El contexto internacional también empuja. Mientras cerrábamos la selección del Gripen —donde se abre una ventana de cooperación industrial regional apalancada por la experiencia de Brasil—, la cúpula naval, en cabeza del Comandante de la Armada el Almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, intensificó su diplomacia de defensa con visitas técnicas a astilleros de Corea del Sur en el marco de MADEX 2025. Ese esfuerzo de “mirar vitrinas” es útil si se traduce en decisiones de política: hoja de ruta, cronograma y plata. Un CONPES para la capacidad submarina permitiría, como ocurrió en la aviación de combate, estructurar paquetes de inversión, formación de tripulaciones y encadenamientos productivos, con metas medibles y responsabilidades claras para Defensa, Hacienda, DNP y COTECMAR.

Seamos francos sobre el punto de partida. Nuestra Fuerza de Submarinos opera dos unidades oceánicas tipo 209 (ARC Pijao y ARC Tayrona), incorporadas en los años setenta y objeto de varias modernizaciones; y dos unidades tipo 206A de menor porte, adquiridas de segunda mano a inicios de la década pasada. Esa flota ha rendido —ahí están los DESI con la US Navy—, pero su ciclo de vida no perdona. El riesgo de prolongar la decisión es doble: aumentan los costos por obsolescencia y se erosiona la disuasión.

¿Qué nos daría un CONPES submarino? Tres certezas. Primero, una política pública: definir con rigor el “para qué” (misiones), el “con qué” (plataformas, sensores, armas, MPA y helicópteros ASW complementarios) y el “cómo” (fases, cronograma, gobernanza). Segundo, un marco financiero: comprometer vigencias futuras y fuentes de financiación —incluyendo cooperación y offsets— que eviten el serrucho anual del presupuesto. Tercero, desarrollo productivo: trazar el mapa de componentes y servicios que COTECMAR y proveedores nacionales pueden asumir, realistas al inicio y crecientes en complejidad, para que cada dólar comprado afuera agregue capacidades aquí. Eso hace el CONPES: es la herramienta del Ejecutivo para convertir voluntad en política, y política en inversión sostenida.

También nos ordena en la lucha contra el crimen. Los semisumergibles de hoy viajan más lejos, cargan más y buscan evadir radares. Un sistema submarino moderno aporta vigilancia discreta, negación del área y “ojos y oídos” que alimentan a guardacostas, fragatas y aeronaves. La interdicción es, ante todo, trabajo conjunto. Pero sin el eslabón silencioso perdemos eficacia y sorpresa. En clave geopolítica, además, un país con dos océanos y rutas críticas no puede rezagarse mientras el panorama internacional muestra la necesidad de fortalecer la defensa de la soberanía.

Quienes cuestionen el costo, recuerden el precedente de la aviación de combate: el proceso del Gripen muestra que es posible negociar tecnología, entrenamiento y oportunidades industriales si hay decisión política y una arquitectura financiera clara. Es exactamente lo que un CONPES nos permitiría replicar en el dominio marítimo, con un plus: apalancar la capacidad instalada de COTECMAR y su ecosistema de proveedores para capturar mayor valor local.

El Ministerio de Defensa, el DNP y la Armada deben iniciar de inmediato la estructuración de un CONPES para la capacidad submarina, articulado al Plan de Desarrollo Naval 2042 y a la experiencia reciente con los Gripen. El crimen transnacional no espera; tampoco la obsolescencia. Si ya decidimos volar mejor, es hora de aprender la lección completa: defender nuestro país también exige ver —y disuadir— donde nadie nos ve. Ese es el próximo salto. Y debemos darlo ahora.

Alejandro Toro

La Gobernación de Antioquia de Álvaro Uribe Vélez sabía de las masacres del Aro y la Granja

Escrito por Alejandro Toro en Ago 24, 2025. Publicado en Opinión.

En Antioquia todos lo sabían, pero nadie lo decía. Hoy, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, dos ganaderos acaban de confirmar lo que se intentó ocultar por más de dos décadas: que la Gobernación de Álvaro Uribe Vélez sabía de las masacres de El Aro y La Granja. Un secreto a voces que, gracias a los testimonios de Francisco y Jaime Ángulo Osorio, se abre paso pese a los intentos de encubrimiento, y que acerca a la justicia a los verdaderos responsables de aquellas atrocidades cometidas en Ituango.

Los hermanos Ángulo, condenados por el asesinato de Jesús María Ovalle y reconocidos financiadores del paramilitarismo en el Bajo Cauca, admitieron ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas Especiales de la JEP que tanto la Gobernación de Antioquia como el Ejército tenían pleno conocimiento de las incursiones armadas. No se trataba de hechos aislados ni de “excesos” fuera del control estatal: era un entramado en el que las instituciones fueron clave para que los paramilitares sembraran el terror en la región.

Según su testimonio, la masacre de La Granja se planificó en la finca El Porvenir. A esa reunión fueron citados ganaderos y comerciantes de Ituango con una invitación allegada a las oficinas de Colanta en Caucasia, y allí se encontraron con dos nombres fundamentales en la historia del paramilitarismo: Ramiro Vanoy, alias “Cuco” Vanoy, comandante del Bloque Mineros, y Carlos Mauricio García, alias Doble Cero, jefe del Bloque Metro. No eran personajes menores. En la sentencia de Justicia y Paz de 2015 por la masacre de El Aro, la justicia ya había ordenado investigar el posible rol de Álvaro Uribe como gobernador. Y fue Doble Cero quien, con franqueza brutal, les dijo a los empresarios presentes que las autodefensas habían crecido gracias al Estado. Sin ese apoyo, nunca habrían alcanzado el tamaño e influencia que tuvieron.

El relato de los Ángulo no deja dudas sobre la conexión institucional. A través del empresario Jhon Echeverri, cara visible de la Convivir de Ituango —una fachada para el paramilitarismo—, mantenían contacto directo con el entonces secretario de Gobierno de Uribe, Pedro Juan Moreno. Desde allí fluía información estratégica para el Ejército y la Gobernación: zonas para bombardear, rutas de control, logística.

Las revelaciones van más allá. Para cometer la masacre de El Aro, Francisco Ángulo aseguró que viajaron junto con Jhon Echeverri y miembros de la Cuarta Brigada en un vuelo de reconocimiento para señalar dónde debían bombardear. Echeverri no se limitaba a hacer de intermediario: acompañaba a los paramilitares a seleccionar víctimas y luego arrojaba sus cadáveres por los voladeros de Chingalé, en la vía Ituango-Medellín.

El papel de Pedro Juan Moreno también queda expuesto. Según los hermanos, fue él quien más impulsó la creación de la Convivir en Ituango. Su asesor, de apellido Zapata, entregaba directamente los formularios a los paramilitares para legalizar las asociaciones. La velocidad con la que esa Convivir fue aprobada es reveladora: creada en papeles el 15 de julio de 1996, al día siguiente ya contaba con aval del general Carlos Alberto Ospina de la Cuarta Brigada, y nueve días después con el visto bueno de la Gobernación de Antioquia. Una gestión exprés que deja claro el interés oficial en dar soporte jurídico a lo que en la práctica era un ejército ilegal.

Álvaro Uribe nunca ha negado su respaldo a las Convivir, pero lo presentado ante la JEP confirma que no fue un simple visto bueno a una política de seguridad rural. Funcionarios de su administración intervinieron directamente en la creación de esos grupos fachada del paramilitarismo. Es decir, desde la Gobernación se les entregó en las manos a los paras y sus financiadores la documentación y legitimidad necesarias para camuflar actividades criminales bajo un barniz de legalidad.

Las confesiones de los Ángulo encajan con otras piezas que la justicia ha venido recopilando. El testimonio de Juan Guillermo Monsalve ya había señalado que el Bloque Metro, el comandado por Doble Cero, nació en la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez. En Justicia y Paz, los jefes paramilitares describieron la complicidad de sectores empresariales y políticos. Lo que ahora emerge con fuerza es la confirmación de que la Gobernación de Antioquia no fue ajena ni indiferente: fue un engranaje activo de ese entramado de violencia.

Más de 25 años después, las víctimas de El Aro y La Granja siguen esperando verdad y justicia. El desplazamiento, el asesinato de campesinos y el terror impuesto en Ituango no pueden quedar en la impunidad. El país tiene derecho a saber hasta dónde llegaron las responsabilidades políticas y qué tan profundo fue el involucramiento del Estado en la consolidación paramilitar. La justicia transicional, a través de la JEP, tiene el reto histórico de esclarecerlo.

El país debe asumir este capítulo con la seriedad que merece. No basta con reconocer la barbarie; hay que señalar a quienes, desde el poder, la facilitaron. Y aquí el nombre de Álvaro Uribe Vélez no puede seguir siendo un intocable. Las confesiones de los Ángulo, sumadas a las evidencias previas, dejan claro que su Gobernación tuvo un rol directo en el fortalecimiento de los paramilitares en Antioquia. Esa verdad incomoda, pero es necesaria.

Porque la paz no se hará con silencios cómplices. Se hará cuando la justicia alcance también a los que gobernaron desde los escritorios, mientras en los campos de Antioquia corría la sangre. Se hará cuando Uribe Vélez dé explicaciones no solo ante la historia, sino ante los tribunales. Y se hará, sobre todo, cuando las víctimas de El Aro y La Granja reciban lo que les ha sido negado durante un cuarto de siglo: verdad, justicia y dignidad.

Alejandro Toro

La tasa de seguridad del gobernador de Antioquia que no cuadra ni en las cuentas

Escrito por Alejandro Toro en Ago 17, 2025. Publicado en Opinión.

El gobernador, Andrés Julián Rendón, presentó la llamada “tasa de seguridad” como la solución definitiva al deterioro del orden público en Antioquia. Se vendió como una herramienta que blindaría al departamento frente al crimen organizado y que demostraría, según sus propias palabras, que “si el Gobierno Nacional nos deja solos, nosotros mismos nos defenderemos”. Sin embargo, a 15 de julio, el recaudo alcanzó apenas $19.354 millones frente a la meta de $45.217 millones. Aunque la Gobernación y El Colombiano matizaron el panorama afirmando que en realidad se han recogido $42.300 millones, el verdadero dato incómodo es otro: apenas se ha cumplido el 33% de la meta de recaudo para 2024, con solo cuatro meses por delante.

Para entender el problema, hay que recordar que la Constitución Política de Colombia establece, en su artículo 338, que los tributos, tasas y contribuciones especiales deben tener un hecho generador claramente definido, un sujeto pasivo determinado y, sobre todo, una destinación específica proporcional al costo del servicio prestado. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido insistente: una tasa no puede convertirse en un impuesto disfrazado. Su valor debe guardar relación directa con el beneficio recibido por el contribuyente.

En este caso, la Gobernación de Antioquia no ha demostrado de manera técnica ni documental cómo el pago de la tasa se traduce en un servicio concreto y proporcional para quienes la pagan. Empresarios, comerciantes y residentes de estratos altos no reciben un esquema de seguridad diferencial que justifique el cobro. En otras palabras, la tasa podría estar vulnerando el principio de equivalencia, abriendo la puerta a demandas de nulidad ante el contencioso administrativo.

Más allá de la discusión jurídica, el contexto político revela una jugada calculada. Desde el inicio de su mandato, Andrés Julián Rendón ha insistido en la narrativa de que el Gobierno Nacional “abandonó” a Antioquia en materia de seguridad. La tasa de seguridad no solo encaja en esa estrategia discursiva, sino que le da al Gobernador un argumento para mostrarse como el líder que “hace lo que el centralismo no quiere hacer”.

Pero hay un problema: el tiro le está saliendo por la culata. Quienes más se han visto afectados por el cobro son justamente sectores que tradicionalmente lo apoyaron: empresarios, comerciantes y ciudadanos de altos ingresos. La reacción ha sido evidente en la baja disposición de pago, al punto de que, incluso con la cifra de $42.300 millones que la Gobernación defiende, la meta anual sigue lejísimos de cumplirse.

Esta resistencia evidencia que el problema no es solo de recaudo, sino de legitimidad. Un tributo que no cuenta con aceptación social y que se percibe como improvisado carece de sostenibilidad. Y, como lo demuestra la experiencia de otros departamentos, una tasa de seguridad sin recaudo suficiente termina siendo más un gesto político que una política pública eficaz.

Supongamos que, milagrosamente, en los próximos cuatro meses se lograra recaudar la totalidad de la meta anual. ¿Sería suficiente para resolver la crisis de seguridad de Antioquia? Los expertos dicen que no. El crimen organizado, las economías ilegales, la violencia rural y la criminalidad urbana requieren intervenciones integrales que van mucho más allá del aumento del pie de fuerza o la compra de equipos. Se necesitan programas de prevención, inversión social y coordinación interinstitucional con la Policía, el Ejército, la Fiscalía y, por supuesto, el Gobierno Nacional.

Con un recaudo tan bajo como el actual, la capacidad de la Gobernación para implementar estas acciones es mínima. La tasa no alcanza para cerrar brechas, y la administración departamental no ha mostrado un plan claro de priorización del gasto. Esto deja a Antioquia en una situación peligrosa: con los mismos problemas de seguridad, un tributo cuestionado y una narrativa política que busca confrontar más que construir soluciones conjuntas.

La tasa de seguridad de Andrés Julián Rendón es un caso de manual sobre cómo una medida presentada como salvadora puede terminar revelando lo contrario: improvisación, debilidad técnica y cálculo político. Lejos de blindar a Antioquia, ha golpeado a su base social y ha abierto flancos jurídicos que podrían tumbarla.

Ya hay demandas de nulidad contra la Ordenanza 50, que cuestionan el principio de legalidad y certeza del artículo 338 superior, y la tipificación misma del tributo. Si un juez le da la razón a los demandantes, no sólo caería el cobro futuro: podrían ordenar devolver lo recaudado, abriendo un hueco fiscal. Así las cosas, la “solución” financiera se convierte en riesgo contencioso.

Lo que el departamento necesita no es un nuevo capítulo en la novela de confrontaciones con el Gobierno Nacional, sino una estrategia integral de seguridad y convivencia construida de manera coordinada, con recursos garantizados y legitimidad social. Porque la seguridad no se decreta ni se cobra: se construye, y se construye con todos.

Por: Alejandro Toro

¿Por qué fue denunciado en la Procuraduría el gobernador de Antioquia?

Escrito por Alejandro Toro en Ago 10, 2025. Publicado en Opinión.

En Colombia aún existen políticos que creen que el poder es sinónimo de impunidad, servidores públicos que asumen su cargo no como un mandato ciudadano sujeto a límites constitucionales, sino como una licencia para arrodillar la ley, insultar a sus adversarios y utilizar el aparato institucional al servicio de intereses privados, partidistas o personales. Uno de los casos más preocupantes es el del actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuya gestión no se ha caracterizado por representar con imparcialidad a los antioqueños, sino por ser la prolongación emocional y discursiva de un proyecto político derrotado moral y judicialmente.

El 28 de julio de 2025, Colombia vivió un hecho histórico, la lectura del sentido del fallo que declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. Ese día marcó un hito en la historia judicial del país. Sin embargo, mientras el país avanzaba hacia el fortalecimiento de la justicia, desde Antioquia el gobernador presuntamente utilizó su investidura para deslegitimar el fallo, insinuar parcialidad en los jueces y alimentar una narrativa de persecución política, poniendo en entredicho la independencia de los poderes públicos y debilitando la confianza ciudadana en el Estado de Derecho.

Ese mismo día, Rendón publicó en su cuenta oficial de X un pronunciamiento en el que no solo expresó su respaldo político al expresidente Uribe, sino que además arremetió contra la izquierda colombiana, sugiriendo que mientras Uribe es procesado, exintegrantes de grupos armados estarían gobernando y legislando en completa impunidad, atacando directamente al sector ideológico que califica de “odiadores profesionales”, afirmando que “ese sector de la izquierda actúa así: con alevosía, sin afanes, premeditado”, “recorrieron cárceles en Colombia y Estados Unidos para presionar y ofrecer prebendas judiciales, económicas, a cambio de falsos testimonios”.

Estas afirmaciones constituyen una generalización estigmatizante, sin sustento probatorio que atenta contra la honra y el buen nombre de diversos actores políticos. Al formular estas acusaciones, el gobernador desconoce el principio de respeto entre servidores públicos, vulnera la presunción de inocencia y adopta una narrativa que divide y polariza, minando la legitimidad del disenso político y socavando la confianza institucional.

Por esta razón, el 1 de agosto presenté una queja disciplinaria formal contra el gobernador de Antioquia, toda vez que vulneró el deber de neutralidad, respeto e imparcialidad exigido por la Constitución y el Código General Disciplinario, lo cual podría configurar una falta gravísima. El poder no puede usarse para intervenir en controversias judiciales, politicas, ni mucho menos para legitimar ideologías desde la función pública.

Ahora bien, este hecho no es aislado. Muy por el contrario, hace parte de un patrón de comportamiento reiterativo que resulta aún más preocupante. El 27 de julio, un día antes del fallo, el gobernador publicó otro trino en el que expresaba “Sea cual fuere el resultado, Uribe es inocente”. Pasando por alto la prohibición que tenemos los servidores públicos de emitir criterios, opiniones dirigidos a influir en decisiones judiciales.

Además, en reiteradas publicaciones ha realizado manifestaciones injuriosas y calumniosas contra el Presidente de la República acusándolo de rodearse de criminales, por cumplir con la política de paz total.

Hago un llamado urgente y firme a la Procuraduría General de la Nación, frente a comportamientos que erosionan la legalidad, deterioran el respeto entre poderes y desdibujan el marco democrático. No se trata de una disputa entre partidos, se trata del deber que tiene cualquier servidor público de actuar con decoro, con respeto por la justicia y con sujeción estricta a la ley. La Procuraduría tiene la responsabilidad constitucional de investigar, sancionar este tipo de conductas.

La justicia condenó al expresidente Uribe y esa decisión debe respetarse sin ambigüedades, ningún servidor público está autorizado para relativizar una sentencia judicial ni para reinterpretarla con fines electorales o de defensa ideológica. Gobernar no es hacer militancia política desde el poder, es respetar la Constitución, servir con imparcialidad y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, no solo de los aliados de turno. Antioquia no necesita un activista atrincherado en el poder. Necesita un gobernador que ejerza con altura, legalidad y verdadero compromiso democrático.

Alejandro Toro

¿Por qué si Uribe cuenta con dos abogados prestigiosos buscó a Diego Cadena?: Alejandro Toro

Escrito por Oscar Sevillano en Ago 3, 2025. Publicado en Lo + Confidencial, Portada.

En entrevista para Confidencial Noticias, el representante a la cámara, Alejandro Toro, expresa sus dudas frente al caso Uribe y las razones que tuvo para buscar los servicios como abogado de Diego Cadena.

¿Qué piensa de todo este cruce de opiniones por la condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez?

Alejandro Toro: Hemos tenido un gobierno que ha dado la cara frente a todos los escándalos causados por el mal proceder de algunas personas que, por supuesto, no representan a la mayoría. Por ello, también se le pide al expresidente Álvaro Uribe que haga lo mismo y deje de asegurar que se trata de una persecución política, cuando este es un proceso que lleva 13 años en curso.

¿Dice el expresidente que esto fue un fallo político y que el gobierno de Petro pudo influir?

Alejandro Toro: Vale la pena recordar que cuando se le ordenó arresto domiciliario fue en el año 2020. En ese momento, el presidente era Iván Duque, es decir, aún estábamos bajo el gobierno del que Uribe fue mentor. En ese entonces, el exmandatario renunció al Senado para que su amigo, Francisco Barbosa, como fiscal general, pudiera intervenir a su favor. Tan de malas que los tiempos no le cuadraron. Hoy puede presentar una apelación, y de hecho lo hará, lo que prueba que no hay persecución política, sino un proceso judicial en marcha.

¿Puede este caso generar la apertura de otros?

Alejandro Toro: Hay temas clave que aún no tienen respuesta. Recordemos el caso de Al Capone en 1931: fue juzgado por evasión de impuestos, a pesar de tener muchos crímenes encima. Aquí, Uribe todavía debe responder por el caso Guacharacas, por las Convivir en Antioquia durante su gobernación, por los falsos positivos, entre otros. Por eso, resulta interesante la propuesta del presidente Gustavo Petro de que Uribe se acoja a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En su respuesta al presidente Petro, Uribe propuso la renuncia al indulto como exmiembro del M-19.

Alejandro Toro: Es diferente. El presidente Gustavo Petro ha escrito libros y ha contado muchas verdades sobre su pasado como integrante de la guerrilla del M-19. Él ha enfrentado su historia. El expresidente Uribe, en cambio ha sido evasivo y responde con bravuconadas cuando se le pide responder por asuntos que no están muy claros.

¿En qué escenario queda el exfiscal Francisco Barbosa?

Alejandro Toro: Como el emperador desnudo. Queda en evidencia lo que hizo su fiscalía que en lugar de acusar e investigar cómo es era su misión, más bien llenaron al expresidente Uribe de garantías que, en algunos casos, rayan en la ilegalidad.

¿Qué camino le queda al Centro Democrático?

Alejandro Toro: Si el Centro Democrático fuera realmente un partido político, su actuación frente al caso Uribe sería distinta. Pero el Centro Democrático es una religión alrededor de su dios. No le van a pedir a su dios que desaparezca, porque esto es idolatría pura. No tienen liderazgo, no tienen una figura clara para enfrentar una candidatura después del desastre de la presidencia de Iván Duque. Se les nota el afán, incluso buscando el número de celular de una experiodista para ver si logran pegarse a alguien con muchos likes en las redes sociales.

¿A una persona dominante y posesiva como Álvaro Uribe Vélez, que gusta de conocer el detalle de cada hecho que le rodea, se le pueden “meter los dedos a la boca”, como al parecer hizo el abogado Diego Cadena?

Alejandro Toro: Le respondo con una frase: “Proceda, señor abogado”. Cuando uno escucha ese audio, entiende que no se puede esconder la verdad. Y me hago una pregunta: ¿por qué dos de los penalistas más importantes del país nunca participaron ni se prestaron para buscar testimonios de exparamilitares? ¿Por qué el expresidente Uribe acudió a un abogado sin trayectoria y de dudosa reputación como Cadena? A mí eso me parece muy raro.

Nota relacionada: Así fue el agarrón entre Álvaro Uribe y la jueza Sandra Heredia

Fico está convirtiendo a Medellín en una capital del crimen

Escrito por Alejandro Toro en Ago 3, 2025. Publicado en Opinión.

Mientras Federico Gutiérrez pasa su tiempo como alcalde entre viajes y campaña, Medellín vive una crisis de violencia para la cual la alcaldía no tiene respuesta. Según el informe de Corpades, los homicidios pasaron de 159 en el periodo enero–julio de 2024 a 185 en ese mismo lapso de 2025, un incremento del 16.4% que no responde a ajustes en el conteo, sino al deterioro de la convivencia ciudadana y al auge de la violencia de género.

En primer lugar, el repunte de homicidios en Medellín no obedece a enfrentamientos entre estructuras criminales transnacionales —como quisieran mostrar los discursos oficiales—, sino a choques de intolerancia y agresiones de carácter íntimo. El informe de Corpades evidencia que los casos atribuidos a riñas e intolerancia social superan ya a los ligados a grupos armados, acumulando 46 muertes por convivencia y 11 por violencia de género hasta el 11 de julio de 2025 .

Este fenómeno revela la incapacidad de la Alcaldía para implementar políticas de prevención y mediación comunitaria: no bastan operativos reactivos ni retóricas sobre mano dura con el crimen si no hay educación ciudadana, comités de paz barriales ni atención oportuna a la violencia intrafamiliar. Las muertes en Medellín están causando la intolerancia, pero para Federico Gutiérrez la tarea principal de un alcalde es liderar la oposición contra el Gobierno Nacional en vez de garantizar la convivencia en la ciudad.

En segundo lugar, la flamante sede de Interpol en Medellín —celebrada por el alcalde como un triunfo personal— desnuda cómo la ciudad se ha convertido en imán de criminales internacionales. En apenas siete meses, al menos 18 fugitivos con notificación roja han sido capturados en el Valle de Aburrá, un promedio de más de dos por mes. Lo más alarmante: entre ellos figuran abusadores sexuales buscados por Paraguay, Estados Unidos y México, como José Antonio Fandiño Hidalgo e Iván Lozano, señalados de coacción sexual, violación de menores y pornografía infantil. Cada detención de un depredador debería haber sido una alerta para reforzar controles migratorios y redes de protección a víctimas; en cambio, la gestión de Fico se jacta de resultados ajenos mientras Bogotá asume los costos políticos de esta omisión.

No es casualidad que, en medio de esta crisis de convivencia y del estigma de “ciudad refugio” para el crimen, la Alcaldía no exponga un plan integral de seguridad ciudadana. Fico ha preferido atacar de forma diaria al Presidente como excusa ante la opinión pública. Sin embargo, nadie dialoga con un abusador sexual para proteger a un barrio. La falta de dotación de Casas de Justicia, la escasa inversión en campañas de resolución pacífica de conflictos y la ausencia de rutas claras de atención a mujeres víctimas ilustran un descuido prácticamente deliberado.

Es hora de exigir a la Alcaldía un giro radical: que deje de vender espejismos de seguridad y diseñe, con el respaldo del Gobierno Nacional, políticas de convivencia, prevención de la violencia de género y control migratorio inteligente. Medellín no necesita más banderas decorativas ni selfies con agencias internacionales; necesita comedores escolares que eduquen en tolerancia, protocolos de atención a víctimas de abuso y una estrategia unificada de “Paz Urbana” que no se quede en los titulares. Si el alcalde Gutiérrez no asume este reto, quién pagará las víctimas será la ciudadanía.

Alejandro Toro

Mientras Fico pasea, en Medellín no hay cómo pagar los arriendos

Escrito por Alejandro Toro en Jul 27, 2025. Publicado en Opinión.

En la última década, Medellín ha experimentado un alza imparable en los cánones de arrendamiento, un crecimiento masivo de las rentas temporales y una avalancha de compras de vivienda por parte de inversionistas extranjeros. Este fenómeno de gentrificación no es un mero cambio urbano: es un éxodo silencioso que amenaza el derecho a una vivienda digna de miles de familias y pone en jaque la identidad y la diversidad social de la ciudad.

En el 2024 el precio del metro cuadrado en Bogotá tuvo un crecimiento del 5%. En Medellín, de acuerdo a Camacol, el precio del metro cuadrado aumentó en un 9% en los estratos altos y, más preocupante aún, entre el 12% y el 16% para los estratos medios y bajos. ¿Qué significa? Que las familias de menos recursos, que son las que más mueven el mercado de arriendos, tuvieron que pagar un 15% más de arriendo cuando de acuerdo a la ley el precio del arriendo debe estar atado al de la inflación, que fue del 5.2%. En el barrio Bolivariana, en Laureles, los arriendos aumentaron en el 2023 en un 81%. Familias pagando casi el doble de un año a otro sólo por el hecho de vivir en un sitio

Simultáneamente, el mercado de rentas temporales se ha convertido en un motor de especulación. Medellín figura hoy entre las ciudades latinoamericanas con mayor densidad de anuncios en plataformas como Airbnb, con más de 19.000 propiedades disponibles para alquiler vacacional y un volumen de reseñas que supera el medio millón. El aumento de casi 5.000 nuevos anuncios solo entre 2023 y 2024 reduce drásticamente el parque de vivienda destinada a arrendamientos tradicionales, presionando aún más los precios y beneficiando a grandes inversionistas que desplazan a las familias locales.

A este desequilibrio se suma la ola de compras de vivienda por parte de extranjeros. En 2024, aproximadamente una de cada cuatro transacciones de inmuebles en Medellín correspondió a compradores no residentes, procedentes principalmente de Estados Unidos, España y Chile. Detrás de esta tendencia no hay turistas ocasionales, sino inversionistas que ven en la ciudad un mercado emergente de alta rentabilidad, transformando las viviendas en activos financieros antes que en hogares. El resultado es una oferta permanente de vivienda cada vez más reducida y costosa para quienes viven y trabajan aquí.

Medellín está invivible. Lo peor, la alcaldía de Federico Gutiérrez parece no tener ningún interés en garantizar el derecho a una vivienda digna para la gente de la ciudad. El déficit de vivienda de la ciudad tiene a 233.000 familias necesitando de manera un buen lugar para vivir, pero mientras que en Bogotá se vendieron 18.601 viviendas VIS en el 2024, en Medellín apenas fueron 1.118, por debajo de otras capitales como Cali, Barranquilla y Cartagena.

La respuesta de Fico: un Plan de Desarrollo Distrital con una meta irrisoria en materia de vivienda en comparación con el tamaño de la problemática. Apenas 4.000 subsidios para adquisición de vivienda cuando se estima que son 37.000 familias las que están necesitando un nuevo lugar para vivir, y una inversión de apenas $351.880 en el cuatrienio para el componente de vivienda, inferior a los $405.673 que destinó la alcaldía de Daniel Quintero para el mismo ítem.

La inacción del gobierno local no solo profundiza la brecha entre quienes viven de la ciudad y quienes lucran con ella, sino que contradice la visión de una Medellín inclusiva y solidaria. El derecho a la vivienda digna debe prevalecer sobre la lógica del lucro especulativo. El Gobierno Nacional, a través de sus programas de vivienda digna y de incentivo a la producción de vivienda social, ha demostrado su compromiso con las familias colombianas; sin embargo, esas políticas requieren del apoyo y la articulación del nivel municipal para surtir efecto en el territorio.

Medellín no puede resignarse a ser un ejemplo de desigualdad espacial. Es momento de que la Alcaldía asuma con voluntad política la misión de articular un plan de vivienda integral: priorizar proyectos de construcción de vivienda VIS, movilizar recursos para mejora de vivienda existente, y regular la valorización del suelo mediante gravámenes a la especulación. Solo así se garantizará que el derecho a la vivienda digna deje de ser una estadística y se convierta en una realidad para todos los medellinenses.

Alejandro Toro

Claudia Carrasquilla, la “súper fiscal” que presuntamente fabricó montajes judiciales

Escrito por Alejandro Toro en Jul 20, 2025. Publicado en Opinión.

En Colombia, hay personajes que se han hecho célebres no por lo que construyen, sino por lo que arrasan. Funcionarios que, escudados en un discurso de legalidad, han convertido el poder judicial en arma política, trampolín electoral, escudo para sus aliados y látigo para sus adversarios. Entre ellos, una figura que resuena con particularidad, es Claudia Carrasquilla, la ex fiscal que pasó de los estrados judiciales a enfrentar acusaciones en su contra.

Hoy es concejal de Medellín por el Centro Democrático, pero por años fue la fiscal de confianza del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, con quien llegó a los más altos cargos de la Fiscalía General de la Nación. Catalogada como una mujer implacable contra el crimen organizado, como la cara dura del Estado frente a las mafias, pero tras esa imagen férrea se escondía una práctica que hoy estremece; la construcción de presuntos montajes judiciales, la manipulación de testigos y la fabricación de procesos judiciales.

Carrasquilla llegó a ser directora de Fiscalías contra el Crimen Organizado gracias a la confianza del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, quien la impulsó también a lanzarse al Senado por Cambio Radical. Luego de fracasar en su intento electoral, buscó ser ternada como fiscal general durante el gobierno de Iván Duque. Tampoco lo logró. Pero la ambición no se detuvo, se convirtió en aliada de Federico Gutiérrez y hoy hace parte de las filas del Centro Democrático en el Concejo de Medellín.

Pero el pasado no perdona, y mucho menos cuando hay vidas afectadas. Carrasquilla acaba de ser acusada formalmente por la Fiscalía por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. ¿El motivo? Un caso judicial fabricado contra 14 policías en 2015, a quienes se les atribuyeron delitos sin pruebas suficientes, con testimonios dudosos, interceptaciones que no existieron y documentos manipulados. Al menos uno de los policías, William Molina Torres, estuvo cuatro meses preso injustamente, antes de que saliera a la luz la realidad, pues los cargos eran insostenibles, y lo que había detrás era un montaje.

Todo indica que lo que se presentó en su momento como un gran golpe contra una red criminal, presuntamente era un falso positivo judicial, uno de los más vergonzosos que se hayan registrado en los últimos años. En lugar de perseguir a los verdaderos delincuentes, se optó por llenar titulares, inflar estadísticas y mostrar resultados a cualquier precio, incluso si eso implicaba destruir la vida de servidores públicos inocente a través del abuso de poder.

Ahora, durante su tiempo como fiscal en Medellín, Carrasquilla fue denunciada por haber liderado un entramado de falsos testigos para fabricar procesos penales, según múltiples testimonios, se habría conformado un cartel de testigos dirigidos desde su despacho, con el objetivo de construir casos, obtener capturas y demostrar eficiencia ante los medios, mientras en realidad se manipulaba la verdad y se usaba el aparato judicial como herramienta de ascenso político. Muchas de esas capturas hoy están bajo revisión, pero la pregunta es clara: ¿cuántos inocentes pasaron por la cárcel para que ella pudiera aparecer en una rueda de prensa?

A pesar de este prontuario, Carrasquilla se ha convertido en una de las principales voceras de la supuesta “seguridad” en Medellín. Habla con autoridad, acusa sin pruebas, insulta a sus contradictores, y denuncia al presidente Gustavo Petro por delitos que hoy le son imputados a ella misma. En una reciente declaración, afirmó que los pactos de paz urbanos impulsados por el Gobierno eran “pactos de impunidad”, mientras carga sobre sus hombros una acusación por haber fabricado procesos judiciales falsos. ¿Con qué autoridad moral lo hace?

Este caso no puede pasar desapercibido, lo que revela el caso de Claudia Carrasquilla no es solo la caída de una funcionaria, sino el colapso de una idea de justicia que ha sido usada como herramienta de prestigio y venganza. Mientras no se depuren las instituciones y se ponga freno a quienes convierten la ley en un arma de conveniencia política, seguirán prosperando los falsos héroes y multiplicándose las víctimas silenciosas del poder. Colombia no necesita más implacables sin verdad, necesita garantías, memoria y justicia real, el cambio es imperativo.

Alejandro Toro

¿Por qué le tenemos miedo a romper el monopolio de Thomas Greg & Sons?

Escrito por Alejandro Toro en Jul 13, 2025. Publicado en Opinión.

En mayo de 2023, la Cancillería declaró desierta una licitación por casi 600 mil millones de pesos destinada a la producción de pasaportes, luego de múltiples denuncias de amaños que favorecían abiertamente a la firma Thomas Greg & Sons. Hoy, un año después, ese episodio no puede considerarse aislado ni anecdótico. Revela un problema estructural que el país no puede seguir tolerando: la captura de funciones estratégicas del Estado por parte de un solo contratista que, además de producir nuestros pasaportes, controla también la logística de las elecciones nacionales.

Desde 2007, Thomas Greg & Sons ha tenido el control exclusivo de la elaboración de pasaportes en Colombia, gracias a contratos prorrogados sin competencia real durante casi dos décadas. El más reciente, declarado irregular por la Procuraduría, ascendía a 599.651 millones de pesos y fue revocado por el gobierno del presidente Gustavo Petro luego de que siete competidoras se retiraran de la licitación, denunciando requisitos amañados y condiciones que solo podía cumplir la empresa adjudicataria. Más grave aún, esta misma firma es hoy responsable de la logística de las elecciones de 2026, gracias a un contrato adjudicado por 2,1 billones de pesos. Sumados, los contratos que ha obtenido Thomas Greg & Sons con el Estado colombiano superan los tres billones de pesos. Se trata de una concentración de poder económico y funcional que debería alertar a todas las instituciones democráticas.

El país ha sido testigo de múltiples advertencias sobre este monopolio silencioso. No solo por las irregularidades que han salido a la luz —como la sanción contra el canciller Álvaro Leyva por haber prorrogado el contrato al margen del Congreso—, sino también por los riesgos que conlleva confiar a un solo operador privado funciones tan sensibles como la producción de documentos de identidad o el manejo de sistemas informáticos en procesos electorales. El presidente Petro ha sido enfático: en ninguna democracia seria se puede permitir que una sola empresa maneje, al mismo tiempo, la producción de pasaportes y la infraestructura electoral. El riesgo de un «fraude monumental», como lo ha denunciado, no es sólo técnico: es político, institucional y de soberanía.

Algunos han salido a matizar la gravedad de la situación, afirmando que Thomas Greg no tiene acceso directo a las bases de datos, sino que presta un servicio bajo supervisión estatal. Pero esa es una defensa pobre. La dependencia tecnológica, la ausencia de alternativas competitivas y la incapacidad del Estado para asumir estas tareas por sí mismo son, en sí mismas, amenazas a nuestra soberanía. Colombia no puede seguir dependiendo de una sola firma para garantizar derechos tan básicos como el de tener un pasaporte o el de votar libremente.

Por eso, respaldo la decisión del Gobierno Nacional de pausar los contratos y abrir el debate sobre la nacionalización de la producción de pasaportes. Esta no es una discusión técnica ni contractual, es una discusión profundamente política. El país debe invertir en fortalecer su capacidad institucional, y para ello es fundamental dotar a la Imprenta Nacional de Colombia de las herramientas necesarias para asumir esta tarea. Sabemos que no será inmediato, pero es un camino correcto y urgente.

Colombia no puede resignarse a la continuidad de contratos amarrados, ni seguir siendo rehén de empresas que han convertido funciones públicas en negocios privados. La defensa de nuestra democracia y nuestra soberanía exige que recuperemos el control sobre funciones esenciales del Estado. La producción de pasaportes debe volver a manos públicas. La logística electoral debe estar libre de conflictos de interés. Y el Congreso, que representa la voluntad del pueblo, debe asumir su responsabilidad para garantizar que esta transición sea una prioridad nacional.

Alejandro Toro

¿Qué pasó en la reunión de Fico con el clan Villamizar?

Escrito por Alejandro Toro en Jul 6, 2025. Publicado en Opinión.

En pasados días se conoció la imagen del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez abrazando a William Villamizar, gobernador de Norte de Santander y figura central de uno de los clanes políticos más cuestionados del país. Lejos de ser una coincidencia o un simple gesto de cortesía institucional, la foto parece ser una declaración política, un presunto retrato nítido de las alianzas que algunos intentan maquillar pero que delatan el regreso del viejo país, el de los clanes, las maquinarias y los pactos que sostienen el poder a punta de favores.

William Villamizar no es cualquier figura pública, es conocido por ser el jefe del Clan Villamizar, una poderosa maquinaria política de Norte de Santander, con tres periodos como gobernador a cuestas (2008–2011, 2016–2019 y 2024–2027), todos bajo la sombra de investigaciones por corrupción. Su nombre ha estado vinculado a múltiples escándalos de malversación de recursos públicos, contratos amañados y clientelismo regional. Su poder no se debe a una gestión impecable, sino a la habilidad de repartir puestos, controlar presupuestos y consolidar redes de favores que garantizan votos a punta de burocracia.

Pero el prontuario del clan no termina ahí. Vale la pena recordar a el exsenador Aliro Villamizar, pieza clave del infame «carrusel de las notarías«. Un esquema de corrupción con sello uribista, mediante el cual se entregaban notarías a congresistas como pago por votar a favor de la reforma constitucional que permitió la reelección de Álvaro Uribe Vélez. No era política, era chantaje institucionalizado, era la democracia convertida en trueque, en moneda de cambio.

Nota relacionada: Salpican al gobernador de Santander y al alcalde de Cúcuta en el crimen de un periodista

Y como si esto fuera poco, la Fiscalía General de la Nación ha anunciado recientemente la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre siete bienes que habrían sido adquiridos mediante actos de corrupción en Norte de Santander. A esto se suma una investigación aún más delicada, la presunta participación del actual gobernador William Villamizar en el asesinato de un periodista y veedor ciudadano. No estamos hablando de rumores, sino de indicios graves que configuran una alerta roja para cualquier líder político responsable.

Entonces, ¿qué hace el alcalde de Medellín sonriendo al lado de este personaje? ¿Qué mensaje transmite con esa imagen? Podría no tratarse de un simple desliz, sino presuntamente de una muestra de coherencia política. Porque, aunque ha intentado presentarse como un “político independiente” ajeno a las viejas prácticas, lo cierto es que sus campañas han estado al parecer respaldadas por las estructuras más tradicionales de la política colombiana. Detrás de su discurso anticorrupción podrían esconderse alianzas con sectores económicos poderosos, partidos cuestionados y clanes regionales que han hecho del poder un negocio de familia.

Ahora, no se trata solo de conjeturas. Esa misma lógica de alianzas cuestionables ya ha sido señalada en el pasado. El 24 de junio del presente año, alias “Douglas” declaró en RTVC Noticias que, junto a alias “Pesebre”, habrían apoyado políticamente a Federico Gutiérrez en su elección a la Alcaldía en 2016. Según sus propias palabras, ese respaldo incluyó reuniones clandestinas en el sótano de La Alpujarra y el nombramiento de Gustavo Villegas como secretario de Seguridad por solicitud directa de cabecillas criminales. Esa fotografía, entonces, no solo incomoda, podría confirmar un patrón, un presunto estilo de hacer política basado en alianzas con estructuras que este país debería erradicar, no perpetuar.

No podemos permitir que los pactos con estructuras criminales sigan marcando el rumbo de nuestra democracia. Colombia no necesita más pactos silenciosos con el nepotismo, el clientelismo y la corrupción disfrazada de institucionalidad, necesita ruptura y coherencia. No podemos seguir tolerando que quienes prometen renovación terminen arrodillados ante las mismas estructuras familiares y mafiosas que han capturado el Estado por décadas.

Alejandro Toro

¿La paz de Federico Gutiérrez fue darle las llaves de la Alpujarra a los combos?

Escrito por Alejandro Toro en Jun 29, 2025. Publicado en Opinión.

En política hay líneas que no se deben cruzar. Pero hay otras, incluso más peligrosas, que se borran en medio del doble discurso. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha sido uno de los más férreos críticos del presidente Gustavo Petro por su política de paz total, particularmente en lo que respecta a los procesos de diálogo urbano con estructuras criminales. Ha señalado al Gobierno Nacional de dialogar con delincuentes, de legitimar combos y de rendirse ante el crimen.

Sin embargo, esta misma semana, los testimonios de dos de los exjefes criminales más poderosos del Valle de Aburrá, alias “Pesebre” y alias “Douglas”, revelaron una realidad que muchos en Medellín conocen pero que pocos se atreven a decir en voz alta: que durante la campaña para su primera alcaldía y el posterior gobierno local de Federico Gutiérrez, se habrían hecho pactos de gobernabilidad con bandas criminales, y lo más alarmante: que estos jefes delincuenciales entraban a la Alcaldía en camionetas oficiales.

Las declaraciones fueron entregadas al canal público Señal Colombia y han causado conmoción nacional. No solo por lo que implican en términos de responsabilidad ética y política, sino por el contexto en que se producen: cuando el mismo alcalde que habría facilitado el ingreso de estos jefes criminales al poder local, hoy posa como el gran enemigo de los diálogos con grupos armados.

Y entonces cabe la pregunta: ¿quién está legitimando a los combos? ¿Quién está negociando con estructuras criminales?

Porque más allá del escándalo mediático, hay un asunto de legalidad y legitimidad institucional. La ley es clara: la única autoridad con facultades para llevar a cabo procesos de paz o sometimiento con estructuras armadas ilegales es el presidente de la República. Lo que hizo el presidente Petro al plantear una política de paz total con enfoque urbano fue, nos guste o no, dentro del marco legal y en diálogo con instituciones del Estado.

Lo que habría hecho Federico Gutiérrez, en cambio, fue sin facultades, sin controles, sin claridad, sin justicia ni garantías para las víctimas. Pactos por debajo de la mesa, con actores ilegales, para sostener una supuesta “paz urbana” que solo maquilló las cifras de homicidio mientras consolidaba el poder territorial de las bandas en las comunas.

Hoy, quienes respaldamos al Gobierno del presidente Gustavo Petro, lo hacemos también desde una convicción ética: los procesos de paz deben darse dentro del marco institucional, con enfoque restaurativo y con el compromiso de romper las cadenas del crimen que han golpeado históricamente a nuestros territorios. No se

trata de impunidad ni de claudicación, como pretende hacerlo ver la oposición, sino de una apuesta audaz por transformar las causas estructurales de la violencia.

Pero esa apuesta se ve entorpecida por el cinismo. Porque el actual alcalde de Medellín no puede exigir lo que él mismo no estuvo dispuesto a cumplir. No puede indignarse por los diálogos de paz cuando habría hecho acuerdos informales, sin transparencia, y utilizando los recursos públicos del municipio.

Lo que hizo Federico Gutiérrez debe ser investigado, para que las autoridades judiciales determinen si incurrió en delitos al negociar con estructuras criminales sin tener la competencia constitucional para ello. Hago un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y a la Contraloría para que actúen con diligencia y profundidad frente a estos hechos.

La seguridad no se construye con pactos oscuros. Se construye con instituciones fuertes, con justicia social y con voluntad política. Federico Gutiérrez no puede seguir construyendo su carrera presidencial a costa de ocultar su pasado. Medellín merece un debate sincero, sin hipocresías.

Alejandro Toro

Lo que Uribe quitó, Petro lo devolvió

Escrito por Alejandro Toro en Jun 22, 2025. Publicado en Opinión.

La aprobación de la reforma laboral representa una oportunidad histórica para dignificar a los trabajadores colombianos y fortalecer nuestra economía. Esta reforma no es solo una corrección técnica al mercado laboral; es una apuesta por una sociedad más justa, con mayor estabilidad para quienes construyen el país día a día.

Según cifras del Ministerio del Trabajo, con una mejora real del ingreso promedio cercano al 3 %, se proyecta una creación de 91.000 nuevos empleos y un crecimiento económico adicional de 0,37 % frente al escenario habitual. El incremento en el ingreso salarial impulsa el consumo, que podría crecer aproximadamente un 0,63 %, dinamizando así sectores clave como agricultura, comercio, industria y recreación.

En concreto, la reforma eleva los recargos por trabajo nocturno y festivo, fortaleciendo el ingreso de quienes laboran en condiciones más exigentes. Además, otorga estabilidad a los aprendices del SENA, asegurando que durante el primer año reciban el 75 % del salario mínimo y el segundo año, el salario completo, garantizando ingresos dignos para jóvenes en formación.

Pero esta reforma va más allá de cifras: busca dignificar el trabajo. La formalización ya no es solo un objetivo económico, sino también social. Los trabajadores ganan seguridad, protección y reconocimiento. Actores vulnerables como las trabajadoras domésticas, los repartidores de plataformas digitales, campesinos, personas con discapacidad, artistas y jóvenes encuentran en esta reforma un respaldo concreto.

Críticos advierten posibles efectos sobre la informalidad o los costos de las empresas. Estimados independientes sugieren que los costos laborales podrían aumentar entre 19 % y 35 %, y que la informalidad podría crecer hasta en 12 puntos porcentuales. No obstante, estos análisis se basan en versiones preliminares de la reforma. La versión finalmente aprobada incluye equilibrio: fortaleza de derechos laborales sin desconocer la necesidad de acompañar al sector productivo.

Respondiendo a esas inquietudes, el Ministerio de Hacienda y el de Trabajo han diseñado un esquema que reconoce el incremento de costos mientras promueve la productividad y la formalización a través de incentivos grupales, subsidios y mayor acceso a pensiones rurales .

El verdadero impacto de esta reforma no está en las frías estadísticas: está en la dignidad recuperada por millones de trabajadores. En los hogares que pueden contar con horas extras remuneradas de manera justa. En jóvenes que adquieren experiencia con condiciones salariales reales. En trabajadores que encuentran en lo formal no solo obligación, sino derecho.

Para avanzar, es vital acompañar esta reforma de políticas complementarias. Debemos simplificar cargas para microempresas, articular incentivos sectoriales, robustecer la inspección laboral y promover la formalización productiva en el campo y en plataformas digitales.

Como presidente de la Comisión Segunda, estoy convencido de que esta reforma sienta bases estructurales para una economía más inclusiva y sostenible. No puede ser una anécdota legislativa: debe ser el primer paso de un cambio profundo y duradero. Hagámosla realidad con visión, equilibrio y compromiso con cada colombiano que trabaja día a día por el progreso.

Alejandro Toro

Federico Gutiérrez llama dictadura a la voz del pueblo

Escrito por Alejandro Toro en Jun 15, 2025. Publicado en Opinión.

El pasado 11 de junio, el Gobierno Nacional dio un paso histórico al convocar, mediante decreto una consulta popular para el próximo 7 de agosto de 2025. Con esta decisión, el presidente Gustavo Petro y su gabinete disponen que sea el pueblo colombiano quien defina de forma directa y democrática aspectos esenciales de la reforma laboral. En un país donde durante décadas las decisiones trascendentales han estado en manos de élites políticas y económicas, esta consulta representa una apuesta valiente por devolverle al pueblo su papel protagónico. No es un atajo, es la ruta constitucional hacia una democracia más participativa.

Sin embargo, desde algunos sectores conservadores, la reacción no se hizo esperar. Uno de los más ruidosos ha sido el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien no dudó en calificar al presidente de “dictador” por atreverse a recurrir a un mecanismo legítimo y plenamente constitucional de participación ciudadana. Resulta paradójico que esa acusación provenga precisamente de quien representa al partido Creemos, una colectividad que nació para prolongar un modelo político sustentado en el miedo, la represión y los privilegios y que ha hecho de la oposición sistemática su única bandera.

Pero más allá del ruido mediático, lo que verdaderamente incomoda a Gutiérrez no es la consulta en sí, sino lo que representa, la pérdida del control absoluto sobre las decisiones del país. Le incomoda que las políticas públicas ya no se definan entre élites empresariales, comités cerrados y pactos entre poderosos. Le molesta que este Gobierno escuche a los trabajadores, a las mujeres cabeza de hogar, a los jóvenes aprendices y a los millones de colombianos que históricamente han sido excluidos del debate. Lo que está en juego no es solo una reforma laboral sino es el principio de que las grandes transformaciones ya no dependen de los de siempre, sino del pueblo y eso para quienes han tenido el poder como herencia, es insoportable.

Desde su curul como alcalde, Federico Gutiérrez ha decidido ejercer un liderazgo nacional de oposición. No gobierna para Medellín, gobierna para los titulares. En vez de enfocar sus esfuerzos en resolver los problemas estructurales de la ciudad como la desigualdad, la inseguridad, la precarización laboral y la desconfianza institucional, ha optado por lanzar ataques infundados contra el Gobierno Nacional.

Decir que el presidente está rompiendo el orden institucional por convocar una consulta popular no solo es falso, es peligroso. Es sembrar miedo en la ciudadanía y desconocer que estamos actuando bajo el marco de la Constitución. La Corte Constitucional será quien determine la validez del decreto, como corresponde en un Estado de Derecho. Además, el propio Gobierno ha sido claro al señalar que si el Congreso aprueba la reforma laboral antes del 20 de junio, el decreto quedará sin efecto. Aquí no hay ruptura, hay respeto. No hay imposición, hay democracia. No hay dictadura, hay soberanía popular.

Desde Antioquia, con la legitimidad que nos otorga el mandato popular y con el compromiso firme con la justicia social, respaldamos con convicción esta consulta popular. Lejos de ser una amenaza al orden institucional, el 7 de agosto será una demostración profunda de democracia real, porque cuando la ciudadanía participa y decide, ningún poder puede imponer el silencio. Colombia no avanza hacia el autoritarismo, sino hacia una democracia que se construye con inclusión, participación y sentido colectivo. Una democracia donde las decisiones no se concentran en élites, sino que reflejan la voluntad de las mayorías. Una democracia que no teme al pueblo, porque nace de él.

El cambio ya no es un discurso, es una transformación que se vive en los territorios, en las calles, en las comunidades y también en las instituciones que hoy se abren al control ciudadano. Esta transformación no se detendrá por quienes, aferrados a sus privilegios intentan frenar el avance popular con discursos de miedo. A la democracia se le respeta y respetarla implica escuchar, consultar y actuar con el pueblo. Eso es lo que está haciendo este Gobierno, devolverle a la gente su voz, su poder y su dignidad.

Alejandro Toro

Nueva investigación al gobernador de Antioquia por detrimento de 26 mil millones de pesos

Escrito por Alejandro Toro en Jun 8, 2025. Publicado en Opinión.

Mientras el gobernador Andrés Julián Rendón repite en medios y tarimas que su prioridad es la austeridad, que llegó a «poner la casa en orden» y que los antioqueños deben aguantarse recortes sociales en nombre del buen uso de los recursos, lo cierto es que su historial como administrador público demuestra lo contrario: un legado de contratos cuestionables, obras inconclusas, sobrecostos injustificados y una larga fila de investigaciones abiertas por los organismos de control. Hoy, como Representante a la Cámara por Antioquia y como voz crítica frente a este gobierno departamental, es mi deber denunciar con claridad que el supuesto «gerente eficiente» que hoy ocupa la Gobernación, tiene más explicaciones pendientes con la justicia que resultados efectivos para mostrar.

Empecemos por el caso más reciente: la ciclorruta del Oriente. Una obra anunciada con bombos y platillos en 2017, pero que para 2022 —cinco años después— apenas tenía un 37,2 % de avance. Hoy está completamente abandonada. ¿La consecuencia? Un proceso de responsabilidad fiscal abierto por la Contraloría General de la República bajo el número 145-22 por un posible detrimento patrimonial de más de 26.000 millones de pesos, en el que Andrés Julián Rendón fue vinculado en calidad de exalcalde de Rionegro. ¿Austeridad? ¿Eficiencia? ¿Gestión? Lo que hay es abandono, despilfarro e ineficiencia.

Pero la ciclorruta es solo una muestra del desastre. Durante su alcaldía también promovió la implementación de los famosos CAI Inteligentes. En papel, la idea era innovadora: dotar a Rionegro con centros de monitoreo policial con tecnología de punta. En la práctica, fue un despilfarro que superó los 13.000 millones de pesos, con CAI que nunca contaron con el aval de la Policía Nacional, sin personal, sin conexión operativa y que hoy son estructuras inservibles. La Contraloría y la Procuraduría han abierto investigaciones por posibles irregularidades en la planeación, contratación y ejecución de ese contrato. Lo que Rendón vendió como seguridad, terminó siendo cemento sin utilidad.

Y no para ahí. Una de las joyas de su cuestionada gestión en Rionegro fue la creación de la empresa SOMOS y el subsecuente sistema SITIRIO, el cual fue presentado como la solución definitiva para articular el sistema de transporte del Oriente antioqueño. Sin embargo, ocho años después y tras inversiones que superan los 36.000 millones de pesos, la empresa no ha cumplido con la construcción del supuesto tren ligero de Rionegro para el cual Andrés Julián viajó hasta Brasil para traerlo al municipio ni ha logrado poner en marcha un sistema integrado de transporte funcional.

Como si fuera poco, también se han presentado cuestionamientos sobre el manejo de contratos de infraestructura en su paso por la Alcaldía de Rionegro. Proyectos de adecuación vial y obras complementarias muestran inconsistencias en los pliegos, sobrecostos de hasta el 30 %, y fragmentación contractual para evadir licitaciones públicas. Y mientras esto ocurría, Rendón vendía la imagen de un alcalde “técnico”, mientras tejía redes de contratación que hoy están bajo revisión de los entes de control.

Entonces, ¿cómo es posible que este personaje tenga hoy el control del segundo departamento más importante del país? ¿Cómo puede hablar de recortes a la inversión social con una mano, mientras con la otra aparece involucrado en escándalos por millonarios detrimentos al erario?

La ciudadanía debe saber quién es realmente Andrés Julián Rendón: no un gerente austero, sino un administrador cuestionado, señalado por negligencia e investigado por posibles actos de corrupción. Su imagen de eficiencia se desmorona frente a los hechos, y Antioquia no puede seguir pagando los platos rotos de su pésima gestión.

Alejandro Toro