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La Gobernación de Antioquia anunció que no seguirá adelante con su propuesta de eliminar las estampillas del Politécnico Jaime Isaza Cadavid y de la IU Digital de Antioquia. Es una victoria del movimiento estudiantil, de los jóvenes que marcharon, se organizaron y defendieron con convicción el derecho a una educación pública sólida y sostenible. Es también una derrota para un modelo de gobierno que ha pretendido disfrazar el desmonte de lo público con discursos tecnocráticos de “austeridad” y “eficiencia”.

Durante semanas, el Proyecto de Ordenanza que buscaba acabar con las estampillas fue un símbolo del desprecio del Gobernador hacia las instituciones departamentales de educación superior. La propuesta no solo ponía en riesgo la estabilidad financiera del Poli y de la IU Digital, sino que respondía a un revanchismo político evidente contra los estudiantes que se han atrevido a cuestionar las políticas privatizadoras y excluyentes del actual gobierno departamental.

Conviene recordar que las estampillas no son un capricho, sino instrumentos legales creados por el Congreso de la República para garantizar recursos con destinación específica a instituciones públicas. La del Poli fue autorizada por la Ley 1320 de 2009 y la de la IU Digital por la Ley 2226 de 2022. Ambas fueron impulsadas, irónicamente, por congresistas del propio uribismo —Óscar Darío Pérez, Paola Holguín, Jhon Jairo Berrío y Juan Fernando Espinal—, lo que convierte este episodio en otro ejemplo del “fuego amigo” que caracteriza al Gobernador Andrés Julián Rendón, incapaz de respetar siquiera las banderas de su propio partido cuando se trata de atacar lo público.

La excusa de siempre —que la responsabilidad es del Gobierno Nacional— tampoco aplica. El Poli y la IU Digital son instituciones del orden departamental, por lo tanto su sostenibilidad depende directamente de la Gobernación. Mientras el Gobierno Nacional ha incrementado el presupuesto educativo a 72 billones de pesos y promueve en el Congreso una reforma estructural al financiamiento de las universidades públicas, la administración departamental se había propuesto eliminar una de las pocas fuentes estables de ingreso para la educación superior en Antioquia.

El argumento que pretendía justificar la eliminación de las estampillas —que así se garantizaba la sostenibilidad— no resistía el más mínimo análisis. Es un insulto a la inteligencia decir que una universidad puede fortalecerse quitándole recursos. La Gobernación prometía reemplazar ese dinero con una “política pública integral de educación superior”, pero sin ningún documento, proyección presupuestal ni fuente real de financiación. Era, en el mejor de los casos, un salto al vacío; en el peor, una trampa para someter a las universidades a la voluntad del Ejecutivo departamental.

Porque ese era el verdadero propósito: atar la autonomía universitaria al vaivén político del presupuesto, debilitando a las instituciones hasta volverlas insostenibles y abrirles la puerta a la privatización. No se trataba de mejorar la eficiencia, sino de concentrar el poder sobre el futuro de la educación superior en manos del Gobernador.

Por eso la movilización de los estudiantes del Poli y la IU Digital no fue una simple protesta, sino un acto de defensa del derecho a soñar, estudiar y construir un futuro digno desde la educación pública. Ellos entendieron que detrás de un tecnicismo fiscal se escondía un golpe al corazón del conocimiento y de la movilidad social en Antioquia.

Hoy, gracias a su persistencia, la propuesta fue retirada. Pero la batalla no termina aquí. El Gobernador deberá entender que no se gobierna contra la juventud, que Antioquia no se levanta debilitando sus universidades, y que ningún discurso de austeridad puede justificar el desmonte de lo público.
Esta vez ganaron los estudiantes, ganó la educación pública, y ganó la dignidad de Antioquia. Que quede claro: con el Poli y la IU Digital no se juega.

Alejandro Toro

El gobernador, Andrés Julián Rendón, presentó la llamada “tasa de seguridad” como la solución definitiva al deterioro del orden público en Antioquia. Se vendió como una herramienta que blindaría al departamento frente al crimen organizado y que demostraría, según sus propias palabras, que “si el Gobierno Nacional nos deja solos, nosotros mismos nos defenderemos”. Sin embargo, a 15 de julio, el recaudo alcanzó apenas $19.354 millones frente a la meta de $45.217 millones. Aunque la Gobernación y El Colombiano matizaron el panorama afirmando que en realidad se han recogido $42.300 millones, el verdadero dato incómodo es otro: apenas se ha cumplido el 33% de la meta de recaudo para 2024, con solo cuatro meses por delante.

Para entender el problema, hay que recordar que la Constitución Política de Colombia establece, en su artículo 338, que los tributos, tasas y contribuciones especiales deben tener un hecho generador claramente definido, un sujeto pasivo determinado y, sobre todo, una destinación específica proporcional al costo del servicio prestado. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido insistente: una tasa no puede convertirse en un impuesto disfrazado. Su valor debe guardar relación directa con el beneficio recibido por el contribuyente.

En este caso, la Gobernación de Antioquia no ha demostrado de manera técnica ni documental cómo el pago de la tasa se traduce en un servicio concreto y proporcional para quienes la pagan. Empresarios, comerciantes y residentes de estratos altos no reciben un esquema de seguridad diferencial que justifique el cobro. En otras palabras, la tasa podría estar vulnerando el principio de equivalencia, abriendo la puerta a demandas de nulidad ante el contencioso administrativo.

Más allá de la discusión jurídica, el contexto político revela una jugada calculada. Desde el inicio de su mandato, Andrés Julián Rendón ha insistido en la narrativa de que el Gobierno Nacional “abandonó” a Antioquia en materia de seguridad. La tasa de seguridad no solo encaja en esa estrategia discursiva, sino que le da al Gobernador un argumento para mostrarse como el líder que “hace lo que el centralismo no quiere hacer”.

Pero hay un problema: el tiro le está saliendo por la culata. Quienes más se han visto afectados por el cobro son justamente sectores que tradicionalmente lo apoyaron: empresarios, comerciantes y ciudadanos de altos ingresos. La reacción ha sido evidente en la baja disposición de pago, al punto de que, incluso con la cifra de $42.300 millones que la Gobernación defiende, la meta anual sigue lejísimos de cumplirse.

Esta resistencia evidencia que el problema no es solo de recaudo, sino de legitimidad. Un tributo que no cuenta con aceptación social y que se percibe como improvisado carece de sostenibilidad. Y, como lo demuestra la experiencia de otros departamentos, una tasa de seguridad sin recaudo suficiente termina siendo más un gesto político que una política pública eficaz.

Supongamos que, milagrosamente, en los próximos cuatro meses se lograra recaudar la totalidad de la meta anual. ¿Sería suficiente para resolver la crisis de seguridad de Antioquia? Los expertos dicen que no. El crimen organizado, las economías ilegales, la violencia rural y la criminalidad urbana requieren intervenciones integrales que van mucho más allá del aumento del pie de fuerza o la compra de equipos. Se necesitan programas de prevención, inversión social y coordinación interinstitucional con la Policía, el Ejército, la Fiscalía y, por supuesto, el Gobierno Nacional.

Con un recaudo tan bajo como el actual, la capacidad de la Gobernación para implementar estas acciones es mínima. La tasa no alcanza para cerrar brechas, y la administración departamental no ha mostrado un plan claro de priorización del gasto. Esto deja a Antioquia en una situación peligrosa: con los mismos problemas de seguridad, un tributo cuestionado y una narrativa política que busca confrontar más que construir soluciones conjuntas.

La tasa de seguridad de Andrés Julián Rendón es un caso de manual sobre cómo una medida presentada como salvadora puede terminar revelando lo contrario: improvisación, debilidad técnica y cálculo político. Lejos de blindar a Antioquia, ha golpeado a su base social y ha abierto flancos jurídicos que podrían tumbarla.

Ya hay demandas de nulidad contra la Ordenanza 50, que cuestionan el principio de legalidad y certeza del artículo 338 superior, y la tipificación misma del tributo. Si un juez le da la razón a los demandantes, no sólo caería el cobro futuro: podrían ordenar devolver lo recaudado, abriendo un hueco fiscal. Así las cosas, la “solución” financiera se convierte en riesgo contencioso.

Lo que el departamento necesita no es un nuevo capítulo en la novela de confrontaciones con el Gobierno Nacional, sino una estrategia integral de seguridad y convivencia construida de manera coordinada, con recursos garantizados y legitimidad social. Porque la seguridad no se decreta ni se cobra: se construye, y se construye con todos.

Por: Alejandro Toro

Mientras el gobernador Andrés Julián Rendón repite en medios y tarimas que su prioridad es la austeridad, que llegó a «poner la casa en orden» y que los antioqueños deben aguantarse recortes sociales en nombre del buen uso de los recursos, lo cierto es que su historial como administrador público demuestra lo contrario: un legado de contratos cuestionables, obras inconclusas, sobrecostos injustificados y una larga fila de investigaciones abiertas por los organismos de control. Hoy, como Representante a la Cámara por Antioquia y como voz crítica frente a este gobierno departamental, es mi deber denunciar con claridad que el supuesto «gerente eficiente» que hoy ocupa la Gobernación, tiene más explicaciones pendientes con la justicia que resultados efectivos para mostrar.

Empecemos por el caso más reciente: la ciclorruta del Oriente. Una obra anunciada con bombos y platillos en 2017, pero que para 2022 —cinco años después— apenas tenía un 37,2 % de avance. Hoy está completamente abandonada. ¿La consecuencia? Un proceso de responsabilidad fiscal abierto por la Contraloría General de la República bajo el número 145-22 por un posible detrimento patrimonial de más de 26.000 millones de pesos, en el que Andrés Julián Rendón fue vinculado en calidad de exalcalde de Rionegro. ¿Austeridad? ¿Eficiencia? ¿Gestión? Lo que hay es abandono, despilfarro e ineficiencia.

Pero la ciclorruta es solo una muestra del desastre. Durante su alcaldía también promovió la implementación de los famosos CAI Inteligentes. En papel, la idea era innovadora: dotar a Rionegro con centros de monitoreo policial con tecnología de punta. En la práctica, fue un despilfarro que superó los 13.000 millones de pesos, con CAI que nunca contaron con el aval de la Policía Nacional, sin personal, sin conexión operativa y que hoy son estructuras inservibles. La Contraloría y la Procuraduría han abierto investigaciones por posibles irregularidades en la planeación, contratación y ejecución de ese contrato. Lo que Rendón vendió como seguridad, terminó siendo cemento sin utilidad.

Y no para ahí. Una de las joyas de su cuestionada gestión en Rionegro fue la creación de la empresa SOMOS y el subsecuente sistema SITIRIO, el cual fue presentado como la solución definitiva para articular el sistema de transporte del Oriente antioqueño. Sin embargo, ocho años después y tras inversiones que superan los 36.000 millones de pesos, la empresa no ha cumplido con la construcción del supuesto tren ligero de Rionegro para el cual Andrés Julián viajó hasta Brasil para traerlo al municipio ni ha logrado poner en marcha un sistema integrado de transporte funcional.

Como si fuera poco, también se han presentado cuestionamientos sobre el manejo de contratos de infraestructura en su paso por la Alcaldía de Rionegro. Proyectos de adecuación vial y obras complementarias muestran inconsistencias en los pliegos, sobrecostos de hasta el 30 %, y fragmentación contractual para evadir licitaciones públicas. Y mientras esto ocurría, Rendón vendía la imagen de un alcalde “técnico”, mientras tejía redes de contratación que hoy están bajo revisión de los entes de control.

Entonces, ¿cómo es posible que este personaje tenga hoy el control del segundo departamento más importante del país? ¿Cómo puede hablar de recortes a la inversión social con una mano, mientras con la otra aparece involucrado en escándalos por millonarios detrimentos al erario?

La ciudadanía debe saber quién es realmente Andrés Julián Rendón: no un gerente austero, sino un administrador cuestionado, señalado por negligencia e investigado por posibles actos de corrupción. Su imagen de eficiencia se desmorona frente a los hechos, y Antioquia no puede seguir pagando los platos rotos de su pésima gestión.

Alejandro Toro

La conformación del Área Metropolitana del Oriente Antioqueño no es solo un debate administrativo, sino una maniobra política disfrazada de planeación. La propuesta de integrar municipios como Rionegro, La Ceja, El Retiro, La Unión, El Carmen de Viboral, El Santuario, Guarne y San Vicente Ferrer bajo una única autoridad se presenta como una solución a problemas de movilidad, ordenamiento territorial y servicios públicos. Sin embargo, en la práctica parece responder a intereses particulares que buscan concentrar poder y recursos en unos pocos actores políticos y económicos, entre ellos el actual gobernador.

Ahora, esta no es una idea nueva. En 2019, cuando Andrés Julián Rendón era alcalde de Rionegro, ya había intentado imponer esta figura en alianza con la bancada uribista del Congreso y el entonces gobernador Luis Pérez. Desde entonces, el objetivo ha sido claro y persistente, convertir a Rionegro en un centro de poder regional, subordinando al resto del Oriente Antioqueño a una lógica centralista.

Se argumenta que esta integración optimizaría la asignación de recursos y mejoraría la planificación territorial. No obstante, a diferencia del Valle de Aburrá, donde la conurbación es evidente, los municipios del Oriente Antioqueño conservan dinámicas autónomas y realidades socioeconómicas diversas, por lo que forzar una estructura metropolitana artificial ignora estas diferencias y pone en riesgo la identidad y el desarrollo propio de cada municipio.

Además, esta figura metropolitana abriría una puerta de consecuencias a Municipios como Corconá y San Francisco quienes dependen de Rionegro para acceder a servicios básicos, desataría un conflicto para definir competencias y articular la gestión en el borde urbano-rural de los nueve municipios, tal como ocurre en el Valle de Aburrá con el AMVA y Corantioquia.

Sumado a lo anterior, el impacto fiscal de esta decisión tampoco ha sido discutido con suficiente transparencia, teniendo en cuenta que la creación del Área Metropolitana implicaría nuevas cargas tributarias, como la sobretasa ambiental, afectando a una población que no ha sido consultada de manera efectiva. A demás, la exclusión de Marinilla del proyecto demuestra la falta de consenso, incluso entre los municipios más cercanos y desarrollados.

Por otro lado, la autonomía municipal también está en juego, pues bajo dicha figura, decisiones clave sobre ordenamiento territorial, movilidad y planeación quedarían en manos de una entidad supramunicipal, reduciendo la capacidad de gestión de las administraciones locales y aunque Rionegro ha renunciado al derecho de veto, su peso demográfico y fiscal lo convertiría en la autoridad predominante, generando una relación desigual con los demás municipios.

Más allá de los argumentos técnicos, la integración metropolitana profundizaría las desigualdades territoriales en el Oriente Antioqueño, mientras Rionegro y La Ceja continuarían acaparando inversión en infraestructura y servicios, municipios como Argelia, Nariño y Granada seguirían rezagados, lidiando con la falta de desarrollo y las secuelas del conflicto armado.

La imposición de nuevos tributos metropolitanos encarecería el costo de vida en municipios con menor capacidad económica, dificultando el acceso a servicios básicos y frenando su crecimiento. A esto se suma el riesgo de subordinación de los municipios más pequeños a las decisiones de Rionegro, consolidando un modelo de gobernanza desigual que beneficiaría a unos pocos en detrimento del equilibrio regional.

El Oriente Antioqueño no necesita una integración forzada, sino una planificación territorial que respete sus particularidades y garantice un desarrollo equilibrado, es fundamental abrir un debate técnico serio, escuchar todas las voces y priorizar el bienestar de la ciudadanía sobre los intereses políticos y económicos de unos pocos. Esperamos que la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes analice esta propuesta con rigor y evite que la supuesta integración termine siendo una imposición perjudicial para la región.

Alejandro Toro

Al gobernador de Antioquia pareciera molestarle la idea de que las tierras del suroeste antioqueño sean usadas para alimentar a la gente en vez de convertirse en una mina gigante. Su airada reacción en contra del establecimiento de una Zona de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) en la región bajo el argumento de que se trata de la imposición de un régimen comunista parece estar más bien alineado con el interés de las grandes empresas mineras.

Andrés Julián Rendón hace quizás de manera intencionada una interpretación errónea de lo que es una ZPPA y cuál es su alcance. No es expropiación ni acciones de una junta central socialista como ha afirmado el gobernador, se trata de un mecanismo indicativo para identificar áreas del territorio que, por sus características de uso, de suelo y el ordenamiento territorial que las determina deben ser protegidas para la protección de alimentos, teniendo en cuenta que el artículo 65 de la Constitución Política determina que la protección de alimentos goza de especial protección del Estado.

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La ZPPA responde a las solicitudes de organizaciones campesinas de la región para la salvaguarda de sus territorios ante los riesgos que representa principalmente la actividad minera. Rendón dice que la decisión la toma un burócrata en su escritorio en Bogotá, cuando fue la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria la que sí se sentó con las organizaciones de los 23 municipios del suroeste en múltiples encuentros desarrollados en territorio entre julio y agosto del 2024 donde los actores claves denunciaron que la actividad minera pone en riesgo los recursos hídricos de la región y fueron reiterativos en afirmar que se presenta un conflicto por el uso del suelo donde las actividades campesinas se ven desplazadas por la minería.

Es Rendón el que no tiene idea de cuáles son las solicitudes que se hacen desde el suroeste por estar más pendiente de lo que tienen por decir las grandes multinacionales mineras. No sabe que las áreas sembradas en el Suroeste han crecido en un 12% durante los últimos quince años, así como también ha sido constante el crecimiento en la producción de productos agropecuarios y que es la agricultura y no la minería la actividad que más emplea personas en la subregión, siendo la fuente del 38% de los trabajos.

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Quienes critican la priorización de la producción agrícola por sobre la explotación minera a gran escala sostienen el argumento de que la minería al ser una actividad económica más lucrativa trae consigo el desarrollo de las regiones. Lo que no dicen es que las ganancias obtenidas no se distribuyen de manera equitativa.

Miremos por ejemplo al Bajo Cauca, en donde se han priorizado los intereses mineros por los campesinos y que de acuerdo al Informe de Calidad de Vida en Antioquia para 2023 es la subregión con mayor incidencia de pobreza multidimensional, afectada en un 55% por bajo logro educativo y en un 37% por rezago escolar. Se pregunta uno a dónde va a parar la riqueza minera, porque en la población del Bajo Cauca no se queda.

A Rendón le parece inverosímil pensar que los campesinos de Antioquia, como lo serán los del suroeste a medida que vaya avanzando el proceso de la ZPPA, se organicen en torno a proyectos productivos agropecuarios en donde las ganancias fruto de su trabajo se puedan quedar en la comunidad, que mediante la economía solidaria la tierra sea usada por y para los campesinos con la ganancia extra de que se garantizará para la región y el departamento la soberanía alimentaria, en vez de tener que vender sus tierras y eventualmente su trabajo a la minería.

La protección del suelo para la producción de alimentos en el suroeste antioqueño no es una imposición arbitraria ni un capricho ideológico, sino una medida necesaria para garantizar la sostenibilidad, el empleo y la seguridad alimentaria de la región. Mientras algunos defienden la minería como motor de desarrollo, la realidad demuestra que sus beneficios no se traducen en bienestar para la población. Apostar por la agricultura no solo preserva el medio ambiente y los recursos hídricos, sino que también fortalece las comunidades locales y su derecho a una economía propia y digna.

Alejandro Toro