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A propósito del informe de la ANH

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Jun 8, 2025. Publicado en Opinión.

Acaba de revelar la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) su informe anual sobre el Balance reservas/producción de los hidrocarburos, el cual era esperado con mucha expectativa, sobre todo después que desde el mes de diciembre del año anterior, por primera en 45 años, Colombia se vio precisado a importar gas natural para cubrir la demanda esencial, esto es la requerida por las estaciones de compresión de la red de gasoductos, los usuarios residenciales y pequeños usuarios comerciales, el gas natural vehicular y las refinerías.

Analicemos el vientre de las cifras que nos trae este último reporte para desentrañarlas e interpretarlas desde la perspectiva de la dinámica de la actividad exploratoria de la industria, sus hallazgos, así como el comportamiento de las reservas, de su reposición y de la extracción de las mismas, así como su proyección hacia el futuro.

En materia de petróleo simplemente se detuvo la caída, pero las reservas probadas (pasaron de 2.020 millones de barriles a 2035 millones) siguen sin levantar cabeza. Pasar de una relación R/P de 7.1 años a 7.2 años es casi imperceptible. Además, cabe advertir que si se produce menos duran más las reservas, que parece ser el caso (777.016 barriles/día en 2023 vs 772.7 barriles/día en 2024). Dicho de otra manera, en este “quebrado” de la aritmética en lugar de aumentar el numerador, que es lo deseable, disminuye el denominador y de allí el resultado que se pretende mostrar como “un aumento de las reservas probadas”, que es sólo aparente y sólo atribuible a “reevaluaciones” de los cálculos, no a descubrimientos nuevos.

Por ello comparto el pronunciamiento de la Contraloría General cuando afirma que “aunque estas reevaluaciones ayudan a gestionar mejor lo ya encontrado y a retrasar la caída en autosuficiencia, no son una solución sostenible a largo plazo… Al cabo de unos años se agote esta opción y el país se vea abocado a importar permanentemente petróleo y gas”. Y concluyó diciendo: “no actuar ahora implicaría poner en riesgo la autosuficiencia energética del país, justo cuando las metas de transición energética aún enfrentan serias limitaciones técnicas y financieras”.

La perspectiva en materia de hidrocarburos es sombría y demanda una pronta rectificación de la política de marchitamiento prematuro de los mismos, como no lo ha hecho ningún otro país, el cual se ha traducido en un desaliento de la actividad exploratoria y prueba de ello es la dramática reducción del número de taladros activos en el país, los que están migrando a países vecinos como Guyana, Argentina y Brasil.

En cuanto al gas natural, según las reservas probadas siguen en caída libre, nada que hacer. Cayeron 13%, al pasar de 2.37 TPC a 6.1 y la relación R/P pasó de 6.1 años a solo 5.9 años. Más preocupante aún, pero la versión oficial es que “se advierte un cambio positivo en la tendencia de los últimos años”, cuando, la verdad sea dicha, la tendencia en los últimos años ha sido la declinación de las reservas probadas y el año 2024 no es la excepción sino que confirma la regla.

Para tratar de dorar la píldora y maquillar las cifras, que no mienten, se le da mucha relevancia al dato de las reservas posibles y contingentes cuando la verdad es que solo se puede contar con las reservas probadas. Cómo dice el adagio popular, más vale pájaro en mano que cien volando. La advertencia del Contralor General Carlos Hernán Rodríguez es clara: la limitada incorporación de nuevas reservas conlleva un riesgo inminente, “al cabo de unos años se agote esta opción y el país se vea abocado a importar permanentemente petróleo y gas”.

Cabe destacar que en el afán de justificar la absurda e inconveniente decisión de descartar la firma de nuevos contratos de exploración y de explotación de hidrocarburos, no obstante nuestras precarias reservas (en declinación) y la limitada producción, se concluye lo obvio de toda obviedad, que, en el caso del petróleo “entre el año 2018 y 2024 la incorporación de nuevas reservas por proyectos exploratorios fue del 2,8% (50 millones de barriles), mientras que la incorporación a partir de la gestión de volúmenes conocidos fue de 94% (1.693 millones de barriles). Esto muestra que resulta más eficiente gestionar sobre los volúmenes ya descubiertos, en los contratos vigentes”.

Y en el caso del gas natural, igualmente “la incorporación de nuevas reservas por proyectos exploratorios fue del 35% (201 GPC), mientras que la incorporación a partir de la gestión de volúmenes conocidos fue de 66% (385 GPC). Esto muestra que resulta más eficiente gestionar sobre los volúmenes ya descubiertos, en los contratos vigentes”. Esta treta es bien conocida: cuando no puedas convencer confunde!

Mientras tanto el Gobierno sigue con su cantinela de que aquí no hay escasez de gas ni necesidad de importarlo y que el alza en los precios y tarifas no obedece a la diferencia entre el precio del gas importado (US $15 – US $18 el MMPC) y el del gas extraído en el país (US $5 – US $7 el MMPC) sino a la especulación por parte de las empresas y azuzando a la superintendencia para que sancione a las empresas, sin fórmula de juicio, llevándose de calle principios tan caros al Estado de derecho como lo son la presunción de inocencia y el debido proceso, los cuales están mediados por una investigación previa y al hallazgo y disposición de un acervo probatorio por parte de la misma que dé lugar a ella y mucho menos a una sanción.

Amylkar Acosta

¡Salud, Bogotá!

Escrito por Juan David Quintero en Jun 8, 2025. Publicado en Opinión.

Aunque ya empezó a abrirse el mercado de aguardientes en la capital, todavía continua la batalla por independizarse de Cundinamarca

Desde antes de iniciar mi labor como concejal de Bogotá, ya me estaba preguntando por qué aguardientes diferentes al Néctar o al Antioqueño, como el Amarillo, el Blanco, el Líder y otros, no se podían vender en el Distrito Capital. Revisando el tema con mi equipo, encontramos que desde la colonia existe un monopolio rentístico de licores que permitió el desarrollo local y regional en el país.

Este mecanismo se incluyó en la Constitución de 1886 y, actualmente, se encuentra establecido en el artículo 336 de la Constitución de 1991 y regulado en la Ley 1816 de 2016. Si bien, el monopolio rentístico de licores destilados tiene como objetivo generar rentas para asegurar la prestación de servicios públicos esenciales a cargo del Estado, como la salud, la educación y el deporte, es una figura anacrónica que su finalidad se podría alcanzar por otros medios, como con tributación, sin afectar el mercado y a los consumidores.

Ese carácter anacrónico de este monopolio se puede ver en la Ley 1816. Por ejemplo, los incisos primero y segundo del artículo 28 de esta norma, establecían que los departamentos que ejercían el monopolio de producción quedaban facultados para suspender la expedición de permisos para la introducción y comercialización de aguardiente, nacional o extranjero, en sus territorios. Lo anterior, cuando existiera la posibilidad de un incremento súbito e inesperado de productos similares en sus territorios, que representara una amenaza de daño grave a la producción local.

Esto permitió el abuso y la arbitrariedad de varias gobernaciones, como Cundinamarca, que bloqueó el ingreso de otros aguardientes diferentes a los de la Empresa de Licores de Cundinamarca (ELC), como el Aguardiente Amarillo, al mercado de Bogotá y del departamento.

Afortunadamente, el pasado 4 de febrero de 2025, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los incisos primero y segundo del artículo 28 de la Ley 1816, debido a que afectaban la libre competencia y la libertad de elección de los consumidores. La Corte también aclaró que la protección del mercado de las licoreras departamentales no contribuía de ninguna forma al aumento del recaudo de rentas del monopolio.

A pesar que la decisión de la Corte se tomó en febrero, solo hasta ahora estamos empezando a ver su cumplimiento por parte de los departamentos. El 23 de mayo, Antioquia autorizó por 10 años la introducción y venta del Aguardiente Amarillo en su territorio. Por su parte, Cundinamarca, el 5 de junio, también autorizó por 10 años la introducción y comercialización de este aguardiente en Bogotá y el departamento.

Celebro que con estas decisiones se esté avanzando en la libre comercialización de licores destilados en el país. Sin embargo, todavía queda mucho por batallar y, concretamente, en el caso de Bogotá.

Esta ciudad es la capital de todos los colombianos y no debería tener un monopolio rentístico especial atado a Cundinamarca, en el cual, según el artículo 16 de la Ley 1816, solo recibe el 10,5% de lo que se causa por el consumo de licores destilados en su jurisdicción y Cundinamarca. Además, no puede ejercer ningún control sobre la ELC porque no hace parte de su Junta Directiva.

La ley que regula el monopolio rentístico de licores destilados en el país, además de ser anacrónica, permite que Cundinamarca tenga secuestrada a Bogotá. Esta norma debería garantizar que el Distrito Capital pueda gestionar sus recursos de manera eficiente y autónoma, asegurando que la mayor parte de estos ingresos se destinen a sectores cruciales como la salud y el deporte. Y más, si se tiene en cuenta que el mercado de Bogotá es mucho más grande que el de Cundinamarca.

Las cifras son contundentes. Según Hacienda Cundinamarca, en 2023, el departamento recibió alrededor de $256 mil millones por concepto de participación en el monopolio rentístico de licores destilados en su jurisdicción y Bogotá, mientras que el Distrito Capital solo recibió cerca de $30 mil millones.

Bogotá necesita gobernarse a sí misma, proteger sus rentas, hacer respetar su autonomía y liberar su economía. Entonces, el brindis es por el futuro y por la batalla que nos espera para lograr su independencia rentística de Cundinamarca.

Juan David Quintero

La IA como Motor de Oportunidades: Más Allá de la Brecha Digital

Escrito por Raúl Arce en Jun 6, 2025. Publicado en Opinión.

El año de las revoluciones silenciosas

Como ha sido una constante en este 2025, cada semana presenciamos avances vertiginosos en inteligencia artificial. Nos hablan de agentes autónomos cada vez más sofisticados, de capacidades mejoradas en la producción de texto y video que rozan lo indistinguible de lo humano, y de aplicaciones médicas que parecen sacadas de la ciencia ficción. Sin embargo, estas maravillas tecnológicas tienen, hasta ahora, un alcance limitado que amenaza con profundizar aún más la brecha digital existente.

Los números son contundentes: según el informe del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Microsoft llamado “Conectividad Rural en América Latina”, un 32% de la población de América Latina y el Caribe, o 244 millones de personas, no accede a servicios de internet.

La situación es particularmente alarmante en las zonas rurales, donde menos de un 37% tiene opciones de conectividad, frente al 71% en áreas urbanas. En Europa, aunque la penetración digital es mayor, persisten desigualdades significativas: según el estudio «Digital Divide in the European Union» de Gomes y Dias, Rumania, Grecia y Bulgaria registran las mayores proporciones de no usuarios, y existe una brecha de hasta 16 puntos porcentuales en habilidades digitales entre ciudadanos urbanos y rurales.

Esta realidad cobra mayor relevancia cuando observamos el panorama regulatorio. La reciente aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de la llamada «One, Big, Beautiful Bill» que prohibiría a los estados regular la IA durante 10 años, junto con las exenciones fiscales para personas de mayor patrimonio, sugiere una dirección preocupante: la concentración de beneficios en quienes ya tienen acceso y recursos.

El potencial transformador invisible

Pero aquí surge una paradoja interesante. Mientras las grandes corporaciones tecnológicas celebran la desregulación y los países desarrollados debaten sobre modelos de lenguaje y computación cuántica, en las periferias del mundo digital está germinando una revolución diferente. Una revolución que no necesita de infraestructuras multimillonarias ni de políticas gubernamentales grandilocuentes, sino de algo mucho más poderoso: el ingenio humano catalizado por herramientas accesibles.

Pensemos en una artesana textil de Otavalo, Ecuador, que nunca tuvo acceso a educación formal en marketing pero que ahora, con un teléfono básico y una conexión intermitente, podría usar asistentes de IA para traducir las descripciones de sus productos a cinco idiomas y optimizar sus publicaciones en redes sociales. O en un pequeño agricultor del interior de Brasil, que podría utilizar modelos de IA de código abierto para predecir patrones climáticos y optimizar sus cultivos sin depender de costosos servicios de consultoría agrícola.

Un estudio reciente del Banco Mundial titulado «Buffer or Bottleneck? Employment Exposure to Generative AI and the Digital Divide in Latin America» revela hallazgos cruciales sobre el futuro del trabajo en la región. Los investigadores encontraron que entre 30 y 40 por ciento de los empleos en América Latina tendrán algún tipo de interacción con la IA generativa.

Sin embargo, «exposición» no es sinónimo de «reemplazo». Los datos muestran una realidad esperanzadora: mientras que solo entre 2 y 5 por ciento de los empleos enfrentan riesgo real de automatización completa, entre 8 y 12 por ciento de los trabajos podrían transformarse positivamente. Es decir, por cada empleo en riesgo de desaparecer, hay aproximadamente tres que podrían mejorar y volverse más productivos gracias a la IA.

Más allá de la educación y la salud: El ecosistema invisible de oportunidades

Si bien los beneficios de la IA en educación y salud son innegables y ampliamente documentados, existe un territorio inexplorado de oportunidades que podría transformar radicalmente la base de la pirámide económica:

1. Democratización del conocimiento técnico especializado

La IA está eliminando barreras de entrada a campos que tradicionalmente requerían años de formación especializada. Un carpintero en Honduras puede ahora usar IA para generar planos arquitectónicos básicos, calcular estructuras y presupuestos. Una costurera en Albania puede crear patrones de moda personalizados y predecir tendencias sin haber estudiado diseño.

El estudio del Banco Mundial, mencionado anteriormente, encontró que ciertos trabajadores autónomos con potencial de “aumentación” incluyen arquitectos, agentes inmobiliarios, fotógrafos y músicos, mostrando cómo la IA puede potenciar tanto trabajos de alta como de mediana calificación.

2. Microemprendimientos hiperpersonalizados

La capacidad de la IA para analizar datos y personalizar servicios permite a pequeños emprendedores competir en nichos que antes eran inaccesibles. Según el artículo del Foro Económico Mundial «Trees, oceans and mental health: 3 ways entrepreneurs are using AI to solve global challenges», Wysa, una plataforma de apoyo mental basada en IA, ha mantenido más de 500 millones de conversaciones con más de 5 millones de personas en 95 países, demostrando cómo soluciones simples pueden escalar globalmente.

3. Cadenas de valor inclusivas

Los modelos de IA pueden conectar productores rurales directamente con consumidores urbanos, eliminando intermediarios y aumentando los márgenes de ganancia. Imaginemos cooperativas de café en Colombia usando IA para predecir demanda, optimizar rutas de distribución y hasta crear experiencias de realidad aumentada para sus clientes finales.

4. Servicios financieros verdaderamente inclusivos

Más allá del microcrédito tradicional, la IA permite crear perfiles de riesgo sofisticados basados en patrones de comportamiento alternativos, no en historiales crediticios tradicionales. Esto podría desbloquear capital para millones de emprendedores informales que actualmente operan al margen del sistema financiero formal.

La brecha digital: ¿Barrera o protección temporal?

Sin embargo, aquí es donde la realidad golpea con fuerza. El estudio «Buffer or Bottleneck?» del Banco Mundial revela que casi la mitad de las posiciones que podrían potencialmente beneficiarse de las mejoras están obstaculizadas por deficiencias digitales que les impedirán realizar ese potencial. Específicamente, 6.24 por ciento de los trabajos ocupados por mujeres y 6.22 por ciento de los ocupados por hombres se ven afectados debido a estas brechas.

La ironía es palpable: en las zonas más pobres, la falta de infraestructura digital podría ofrecer un amortiguador temporal del riesgo de automatización inminente para algunas ocupaciones, pero al mismo tiempo, esta misma carencia impide que millones accedan a las herramientas que podrían transformar sus vidas productivamente.

Algunas ideas para cerrar la brecha

Para América Latina:

1. Infraestructura compartida y sostenible En lugar de esperar mega-inversiones en fibra óptica, promover modelos de conectividad comunitaria usando tecnologías satelitales de bajo costo y redes mesh. Franz Drees-Gross, exdirector de Infraestructura para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, señalaba en 2021 que el costo de cerrar la brecha de banda ancha en Latinoamérica representaría solo el 0,12% del PIB anual de la región, una inversión mínima con retornos exponenciales.

2. Centros de IA comunitarios Establecer espacios físicos en comunidades rurales y barrios marginales donde emprendedores puedan acceder a computadoras con capacidad de procesamiento para entrenar modelos simples de IA, similar a los cybercafés de los años 90 pero enfocados en creación, no solo consumo.

3. Programas de «IA para el pueblo» Desarrollar interfaces de IA en lenguas indígenas y con metáforas culturalmente relevantes. Un asistente de IA que entienda quechua o guaraní no es solo inclusión lingüística, es validación cultural y apertura de mercados.

4. Alianzas público-privadas inversas En lugar de que el gobierno subsidie a grandes tecnológicas, crear incentivos para que startups locales desarrollen soluciones de IA para problemas locales, con la condición de que sean de código abierto y replicables.

Para Europa:

1. Programa «IA sin fronteras» Aprovechar la diversidad lingüística y cultural europea como laboratorio para desarrollar IA verdaderamente multilingüe y multicultural, priorizando las regiones con menor desarrollo digital como Romania, Grecia y Bulgaria.

2. Cooperativas digitales transfronterizas Facilitar la creación de cooperativas de trabajadores digitales que puedan ofrecer servicios potenciados por IA a través de las fronteras europeas, especialmente beneficiando a regiones con alto desempleo juvenil.

3. «Sandbox» regulatorios inclusivos Crear espacios de experimentación regulatoria específicamente diseñados para emprendedores de comunidades desfavorecidas, donde puedan probar soluciones de IA con apoyo legal y técnico gratuito.

4. Fondos de IA social Establecer fondos de inversión específicos para startups que usen IA para resolver problemas de las comunidades más vulnerables, con métricas de éxito basadas en impacto social, no solo retorno financiero.

La ventana de oportunidad

Estamos en un momento crítico. Mientras los gigantes tecnológicos pelean por regular o desregular la IA según sus intereses, existe una oportunidad única para que las comunidades marginadas tomen las riendas de su propio desarrollo tecnológico. La IA, a diferencia de revoluciones tecnológicas anteriores, tiene una característica única: su democratización es posible a través de modelos de código abierto, interfaces simplificadas y hardware cada vez más accesible.

Según el estudio «Empowering women entrepreneurs in developing countries» de Brookings Institution, cuando se combina acceso a capital con capacitación empresarial y cambio de mentalidad, el impacto en emprendedoras mujeres es significativamente mayor. La IA puede ser el catalizador que acelere estos tres componentes simultáneamente.

El futuro es descentralizado

La verdadera revolución de la IA no vendrá de Silicon Valley o de los corredores tecnológicos de Europa. Vendrá de millones de micro-innovaciones en las favelas de Río, en los pueblos andinos, en los pueblos de la España vaciada alejados de la modernidad. Cada vez que un emprendedor de la base de la pirámide usa IA para resolver un problema local, está escribiendo una línea de código en el sistema operativo del futuro.

Como señala el Observatorio de Desarrollo Digital de la CEPAL, el 60% de las empresas de América Latina y el Caribe que utilizan internet tienen una presencia pasiva, es decir, no aprovechan esta herramienta para realizar transacciones. La IA podría ser el puente que transforme esta presencia pasiva en participación activa en la economía digital.

No necesitamos esperar a que la brecha digital se cierre para empezar a construir puentes. La IA, usada creativamente y con propósito social, puede ser el material con el que construyamos esos puentes. Y tal vez, solo tal vez, descubramos que quienes están del otro lado de la brecha tienen tanto que enseñarnos como nosotros a ellos.

El desafío no es solo técnico o económico; es fundamentalmente humano. Se trata de creer que cada persona, sin importar su código postal o su cuenta bancaria, tiene el potencial de ser no solo un consumidor de tecnología, sino un creador, un innovador, un emprendedor. La IA puede ser la herramienta que democratice esa posibilidad. La pregunta es: ¿estamos listos para una verdadera revolución desde abajo?

El futuro no se predice, se construye. Y es hora de que todos tengan las herramientas para construirlo.

Raúl Arce

¿Ecopetrol, llamado al orden?

Escrito por Luis Fernando Ulloa en Jun 3, 2025. Publicado en Opinión.

La reciente crisis en Ecopetrol, la empresa más importante del país y pilar de la economía nacional, ha destapado una serie de prácticas cuestionables que no solo afectan su reputación corporativa, sino que comprometen de forma grave la institucionalidad del Estado colombiano. Las investigaciones abiertas por la Procuraduría y la Contraloría contra Ricardo Roa, presidente de la compañía, y Alberto Vergara, vicepresidente de Ética y Cumplimiento, revelan un entramado de irregularidades contractuales, presuntos abusos de poder y posibles violaciones a la intimidad y al orden legal.

El detonante fue la ampliación irregular de un contrato por 5,8 millones de dólares con la firma Covington & Burling LLP, sin el aval de la junta directiva, para evaluar riesgos reputacionales ligados al pasado de Roa como gerente de campaña del presidente Gustavo Petro, enfrentando indagaciones por supuestas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial, además de la polémica compra de un apartamento de lujo con maniobras y personajes opacos. A esto se suma una política de “retención documental” implementada por Vergara, que permitió el monitoreo de comunicaciones de más de 70 funcionarios, incluyendo directivos, bajo un aparente marco de legalidad, pero que hoy es objeto de una investigación por presunto espionaje ilegal. Como si fuera poco, un informe de auditoría interna del 20 de mayo de 2025 señala a Vergara por acoso laboral, sexual y abuso de herramientas forenses.

Por otro lado, y con mayor peso internacional, encontramos la posibilidad de que organismos internacionales norteamericanos en transacciones irregulares de bolsa y lavado de activos como la SEC (Securities and Exchange Commission) y la OFAC (Office of Foreign Assets Control) investiguen las actuaciones de Ricardo Roa y de Ecopetrol extendiendo la crisis más allá de las fronteras nacionales, comprometiendo la imagen y estabilidad de la empresa en los mercados globales. La SEC, encargada de vigilar la transparencia y legalidad de las compañías que cotizan en la Bolsa de Nueva York, podría intervenir si se comprueba el uso indebido de recursos o la omisión de información relevante para los inversionistas. Por su parte, la OFAC, responsable de prevenir el uso del sistema financiero estadounidense para actividades ilícitas, podría activar mecanismos de control si se evidencian transacciones vinculadas con lavado de activos o conflictos de interés con implicaciones internacionales.

Los directivos de Ecopetrol involucrados en presuntas operaciones de lavado de activos enfrentan un riesgo creciente de extradición a Estados Unidos, especialmente si se comprueba que dichas actividades afectaron el sistema financiero de ese país o involucraron transacciones en dólares, cuentas bancarias o contratos bajo jurisdicción estadounidense. Dado que Ecopetrol cotiza en la Bolsa de Nueva York, está sujeta a la supervisión de la SEC, y cualquier irregularidad que implique fraude financiero, corrupción transnacional o uso indebido de recursos a través de firmas internacionales podría activar mecanismos judiciales en EE. UU. En ese contexto, y en el marco del tratado de extradición vigente entre Colombia y Estados Unidos, una solicitud de extradición es jurídicamente viable si se derivan pruebas sustanciales de delitos con efectos extraterritoriales, siempre que cuente con la anuencia del señor presidente de la república.

En el plano político, el caso golpea directamente al gobierno del presidente Petro. La cercanía de Roa con la Casa de Nariño y las decisiones contractuales tomadas en defensa de intereses personales proyectan la imagen de un Estado capturado y opaco. El escándalo también amenaza con descarrilar la ya frágil política de Transición Energética Justa. Ecopetrol es, hoy por hoy, el principal actor con capacidad técnica y financiera para liderar este proceso, pero su debilitamiento institucional, los cuestionamientos éticos y la pérdida de confianza del sector privado y organismos multilaterales generan un entorno de riesgo para las inversiones en renovables y retrasan la transformación del sistema energético colombiano.

El Congreso y los órganos de control, prenden alertas para investigar posibles sanciones, que podría derivar en destituciones, con efectos impredecibles para la agenda legislativa y el resto del gabinete. Aunque la respuesta del Gobierno no es inmediata y estructural, plantea una salida poco fiable basada en un “Enroque” cambiando al presidente de Ecopetrol por el ministro de minas para aforarlo ante la Corte Suprema de justicia, lo que le garantiza una corta bocanada de aire mientras se resuelve la continuidad del cargo de la cuestionada Fiscal General. Más allá de las salidas individuales, es urgente reformar los mecanismos de nombramiento, vigilancia y rendición de cuentas de las empresas públicas, blindarlas frente al uso político y garantizar que sus funciones respondan al interés general. La transición energética, la lucha contra la pobreza y la estabilidad fiscal del país no pueden depender de lealtades personales ni de cálculos electorales.

En síntesis, este escándalo no es un asunto técnico ni aislado: es un síntoma de una crisis más profunda en la relación entre política, Estado y corrupción. Esto no solo agrava el escenario jurídico y político, sino que refuerza la urgencia de recuperar estándares robustos de ética corporativa, transparencia y gobierno abierto en la política pública energética que no puede ser edificada sobre cimientos debilitados por la opacidad y la captura institucional.

Corregir el rumbo requiere decisiones valientes que refuercen la autonomía institucional, garanticen la ética pública y restauren la confianza en la principal empresa de todos los colombianos. De lo contrario, el país corre el riesgo de hipotecar no solo su estabilidad energética, sino su legitimidad democrática.

Luis Fernando Ulloa

Hundir reforma salud

Escrito por Simón Gaviria en Jun 3, 2025. Publicado en Opinión.

Entre 1993 y 2020, el país pasó de tener una cobertura en salud del 25% a cerca del 99%. Según The Lancet, el sistema colombiano tiene uno de los gastos de bolsillo más bajos del mundo, 20.6%, mientras en América Latina se paga el 42,7%. Dicho logro, sustentado en el modelo de aseguramiento de la Ley 100, permitió integrar a casi toda la población en un sistema mixto que combina subsidios públicos y gestión privada. Al sistema aún le quedan muchas cirugías por hacerle, pero tratar de sabotearlo como justificación para estatizarlo es incorrecto. El congreso debe hundir la reforma a la salud en la comisión vii.

En 2024, el gasto total en salud en Colombia alcanzó el 9,1% del PIB, uno de los más altos de América Latina. A pesar de ello, se acumulan obligaciones que superan los $15 billones con prestadores de salud, $4 billones con hospitales públicos, y más de 80% de los profesionales de salud trabajan bajo formas de contratación tercerizadas. En varias regiones como La Guajira, aún existen municipios sin médicos permanentes ni servicios básicos como rayos X o laboratorio clínico. Según la Defensoría del Pueblo, en 2023 se registraron más de 180.000 quejas por negación de medicamentos, retrasos en cirugías, y fallas en la atención de urgencias. Lo que dijeron que iban a hacer, no lo hicieron. La filosofía del gobierno solo ha hecho las cosas peor.

La reforma propuesta por el gobierno pretendía reemplazar el modelo de aseguramiento con un sistema estatal centralizado. Sin embargo, fue archivada por el Congreso en 2024, tras recibir fuertes críticas por su falta de claridad técnica, inviabilidad financiera, y riesgos de politización. En respuesta, el Ejecutivo intervino EPS como Sanitas, Nueva EPS y Compensar, concentrando la gestión en manos públicas sin una estructura de soporte suficiente. Hoy, estas entidades administran más del 60% de los afiliados del país, pero los retrasos en pagos y quejas aumentan. Lo que no pudieron hacer en el congreso, lo hicieron en intervención administrativa.

Mientras tanto, el ADRES gira más de $6 billones mensuales, pero la falta de auditorías efectivas y problemas en la trazabilidad de los recursos, hace el proceso inefectivo. El mecanismo de giro directo, diseñado para reducir la intermediación, es lo único que mantiene el sistema a flote. El sistema no resiste más diagnósticos sin tratamiento. La crisis ya no es silenciosa: se manifiesta en salas de urgencias colapsadas, médicos sin pago y pacientes que mueren esperando una cita. Si no actuamos con responsabilidad técnica, lo que fue una promesa de equidad social terminará como una advertencia regional de cómo no gestionar la salud pública.

Colombia necesita una reforma, pero no cualquier reforma. El fracaso de la reforma de salud de los profesores es una advertencia temprana sobre estas malas ideas, puede que sea una explicación por la falta de los profesores para salir a marchar a favor de la consulta popular. No se trata de destruir lo que existe, sino de intervenir con bisturí: fortalecer la red pública, garantizar atención primaria universal, blindar los recursos frente al desvío político y profesionalizar la gestión pública en salud. En otras palabras, el sistema necesita profundizar la figura del aseguramiento.

Simón Gaviria Muñoz

¿Quien piensa en los Embera? Parte 2

Escrito por Jefferson Mena en Jun 3, 2025. Publicado en Opinión.

Con base en mi artículo anterior se pueden concluir, que el territorio ocupado por esta comunidad es un lugar lejano, con muchas problemáticas. entre ellas, y como es de lógica suponer, la inseguridad: que es la responsable del desplazamiento que llega a Bogotá. Pero como si esto fuera poco, también se debe tener en cuenta los conflictos de tierras con otras comunidades indígenas que habitan la zona. Lo cual hace que la convivencia en el territorio sea cada vez más tensa; este conflicto lleva más de 5 décadas, y es una de las razones que alimentan la idea de estas comunidades de salir de sus tierras.

Salir de sus predios por más de 4 años tienen sus consecuencias; estos pueblos viven en la espesura de la selva Chocoana, en donde dejar la tierra, incluso por un período de tiempo no muy largo y sin un cuidado adecuado representa que la misma selva se encargue de destruir lo poco que comunidades como estas pueden construir, me refiero a la vivienda, a la parcela, a la cría de animales. Es lógico pensar que después de haber abandonado durante todo este tiempo sus tierras, lo que se van a encontrar es la ruina de lo poco que tenían.

Lo anterior permite que las solicitudes de la comunidad en este sentido caigan el terreno de lo razonable, pero tal parece que lo que cuenta con algún sentido para muchos, para el gobierno es totalmente irrazonable, puesto que hasta el momento en el punto de retorno, este tema hace parte de los incumplimientos de los que tanto se quejan los indígenas Embera.

¿Cuál es la solución? Lo he expresado hace mucho tiempo: lo que se tiene que construir es un plan de retorno que no puede ser inmediato, pero este debe partir del hecho que el responsable del mismo es el gobierno nacional. Es el ejecutivo el que tiene que encargarse de hacer las inversiones necesarias para garantizar las condiciones mínimas en el territorio para poder hacer dicho retorno, y esto va más allá de los llamados comité de Justicia transicional.

Son las diferentes entidades que hacen parte del ejecutivo nacional, las que deben dar un paso al frente para elaborar un plan que permite llevar a cabo la reconstrucción de las viviendas que por el paso del tiempo ya no son habitables, para eso se puede acordar con la comunidad la compra de los materiales necesarios por parte del gobierno para tal fin; la mano de obra sería la de la misma comunidad. Lógicamente esto debe ser monitoreado por funcionarios que verifiquen el cumplimiento del objetivo.

Nota relacionada: ¿Alguien piensa en los Embera?

Garantizar seguridad alimentaria por vía de la construcción o instalación de granjas productivas, que les provean del pan coger necesario para satisfacer las necesidades básicas, asegurar la prestación de servicio como la educación y salud, construcción de puentes que permita tener acceso a la comunidad incluso en temporadas de lluvia.

Pero mientras eso sucede en territorio, el Distrito se debe encargar de mantener en condiciones de dignidad a esta comunidad por el tiempo en que habiten en la capital; prestándole la atención adecuada. no viéndolos como el problema, sino como las víctimas que son de una situación que ellos no buscaron; brindándoles la oportunidad para que los niños estudien, las familias tengan acceso a la salud y a la alimentación, en una vivienda en donde puedan vivir de manera digna y no en el hacinamiento que actualmente padecen, con adecuado sistema de aseo y salubridad.

Jefferson Mena Sanchez

Nombran a Sanguino y se acuerdan del Carrusel de la Contratación

Escrito por Oscar Sevillano en Jun 2, 2025. Publicado en Opinión.

No quiero pensar que la justicia en este país no se aplica conforme lo establecen las leyes, si no por cuestiones políticas, pero desafortunadamente los hechos si lo lleva a uno a considerar que si puede ocurrir.

Es muy cierto que el caso judicial del Carrusel de la Contratación en Bogotá que demostró que durante la administración de Samuel Moreno Rojas se presentó un robo a manos llenas de miles de millones de pesos, no se ha investigado a fondo y que, aunque cayeron algunos como el difunto exalcalde y su hermano, Iván, por ejemplo, faltó mucho más.

Sin embargo, debo decir que me ha sorprendido que justo en el momento en que se nombra a Antonio Sanguino como ministro de Trabajo, la justicia se acuerda que debe terminar un asunto que dejó inconcluso y agarrado por las ramas y no por la raíz, es decir, sin mirar al fondo de la función pública en Bogotá donde desde mucho tiempo atrás se han configurado licitaciones a la medida de determinados empresarios, que tienen fichas en las entidades que ayudan en esta misión y que, con el respaldo de uno que otro político conformaron pequeños carruselitos de contratación, casi que en paralelo a los de Emilio Tapia, Los Nule y compañía, y que como bien lo dijo el entonces representante a la cámara, Simón Gaviria, enviaron miles de millones de pesos a paraísos fiscales a través de Interbolsa.

¿Recuperó la justicia estos dineros enviados al exterior?;¿escudriñó este asunto de corrupción en lo más profundo de la función pública en Bogotá?; ¿Revisó lo que estaba ocurriendo en las alcaldías locales?, a juzgar por los resultados podría apostar a que no.

Aun así, justo cuando el presidente Gustavo Petro escoge a Sanguino para que defienda la reforma laboral, la justicia se acuerda que debe darle continuidad y extrañamente escoge al recién nombrado ministro de Trabajo, que fue uno de los que ayudó a destapar la olla de corrupción en la alcaldía de Samuel Moreno.

Olvidan que Antonio Sanguino integró un grupo del que hicieron parte el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán y los exconcejales, Ángela Benedetti y Carlos Vicente de Roux quienes ayudaron a las investigaciones en aquella época – denunciando estos carteles de contratación-, llegando más allá de los que hasta el momento había indagado la Fiscalía poniendo en evidencia que del entramado de corrupción hizo parte el entonces contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi.

¿Puede alguien hacer parte de un cartel de corrupción y al tiempo denunciarlo y respaldar las acciones de la justicia y la Procuraduría?

Esta es una pregunta que deberían hacerse aquellos que desde la Fiscalía y desde la Corte Suprema de Justicia investigan este caso con ojos políticos. Pero no solo ellos, también aquellos periodistas que han hecho de la radio todo un centro de pensamiento político de los partidos de oposición. Aun así, estos señores que usan a diario unos micrófonos critican al gerente de RTVC, cuando ellos exactamente lo mismo que hace Hollman Morris, pero al revés.

No es posible que valiéndose de un rumor que en primer lugar no hubo manera de comprobar o descartar si es cierto o no que Antonio Sanguino influenció el nombramiento de una gerente de un hospital, porque el testigo clave, que era Samuel Moreno Rojas ya está muerto, ahora pretendan encarcelar a Sanguino con el ánimo de golpear moralmente a un Gobierno que sortea toda clase de obstáculos políticos en el Senado para sacar adelante una reforma laboral.

¿Si tantas ganas tenían de hacer justicia porque entonces nunca preguntaron a Samuel Moreno Rojas mientras estaba vivo?

¿Pretenderán ahora que el difunto alcalde se levante de su tumba para declaración? ¿es muy difícil comprobar si alguien llega a un cargo por nombramiento o por concurso público? ¿es acaso imposible establecer sí se dio algún de tipo de licitación para construir una obra en un hospital?

Si de verdad se tiene la intención de hacer justicia con Bogotá, deberían entonces investigar la manera como se han tejido redes de contratación en la administración pública, especialmente en las alcaldías locales, pero desde la raíz y no por las ramas y mucho menos con el ánimo de golpear moralmente a un Gobierno, en este caso al de Gustavo Petro.

Por cierto, ¿ya recuperaron los 70 mil millones de pesos de Centros Poblados extraviados en el gobierno de Iván Duque bajo el ministerio de las TIC de Karen abudinen? ¿ya juzgaron a todos los que hicieron parte de este entramado de corrupción?

Oscar Sevillano

Mi casa

Escrito por Almudena González Barreda en Jun 2, 2025. Publicado en Opinión.

No se si llegaron a ver esa película deliciosa de Frank Capra, You can’t take it with you, que traducido al español es Vive como quieras. Este largometraje está lleno de grandes momentos, pero lo que más me llama la atención es que en esa casa conviven locos y cuerdos en una armonía perfecta. Como en toda casa de bien.

En casa de mis padres, una casa grande y luminosa, es decir, numerosa y alegre, éramos tantas hermanas, todas de distinto carácter, que mi pobre hermano- que vivía en minoría- debía pensar que su futuro estaba abocado irremediablemente a la locura. Les adelanto que mi cuñada está tan loca como todas, tan cuerda como el resto, y entre los dos han formado una familia estupenda, numerosa y alegre.

Y es que mi casa, así como la de mis padres, la de cualquiera de mis hermanos y de muchos de mis amigos, es el lugar más libre del mundo. Uno llega y abre la puerta y salen los perros a saludar entusiasmados, coloca sus cosas y se acerca a la cocina- curioso porque allí siempre hay alguien- y se ponen al día del trabajo, de los estudios… llega alguien más y enseña un chiste de TikTok y otra muestra la última camisa que se ha comprado, de pronto todos escuchan el estruendo golpe a una puerta, hay un baño ocupado “busca otro” y hay truenos y relámpagos de voces, hasta que un adulto manda paz a esa tormenta de voces. Hay locura- de amor-, cordura – por el orden-.

El amor todo lo salva y lo supera, hasta el propio egoísmo, pero eso solo lo sabe el que ha tenido que renunciar incluso a sí mismo. A la luz del algoritmo veo que hay pocas familias que manejen bien la locura. Ésta siempre viene cargada de sentimientos y en esta sociedad de los sentidos, de manifestación exagerada de sentimientos, la locura está sobredimensionada. Lo arrasa todo y lo peor, lo rompe y destroza.

Así veo a madres jóvenes que no dejan de quejarse de lo duro que es criar, a padres obsesionados con el descanso o peor, con que sus mujeres son otras desde que nacieron sus hijos. Y así, entre las jóvenes familias se extiende ese vicio de la queja, de que su renuncia no ha sido lo que esperaban y veo a muchos tristes a los que me encantaría invitar a mi familia. Y es que, sin orden, la locura es destructiva.

El orden pone paz, y armonía, y alivia ese momento de susto, de última hora, cuando toca entregar un documento en el banco, un trabajo en la escuela, pero sobre todo el orden pone en su lugar los sentimientos, para que no crezcan por encima de la razón, para que no magnifiquen los detalles que molestan evitando así que se acumulen en una bomba explosiva, iniciando de nuevo un caos. El orden, pone en relación los acontecimientos, relativizando lo que nos pasa, porque nada es para tanto, aunque tanto sea demasiado y, sobre todo, ha de convivir con la locura para que la rutina y el deber hacer no acaben con la sana armonía de la casa. Nadie quiere llegar del mundo a un hogar sin corazón.

A todos nos agrada llegar a una casa en la que nos esperan, cada uno haciendo lo suyo, pero capaces de dejar de hacer cuando oyen la llave en la puerta

Por eso siento que es triste este tiempo que vivimos, porque queriendo todos más o menos lo mismo, se menosprecia la locura, el orden y sobre todo el hogar y todo lo que ahí dentro se edifica: niños que serán adultos mentalmente sanos, que formarán y edificarán una sociedad justa, equilibrada, sana, con su ración de locura, con su ración de orden, una sociedad que será hogar y en la que querremos quedarnos.

Utopía, tal vez, pero realizable, seguro. Yo siempre quiero volver a casa de mis padres o viajar para estar con algunos de mis amigos. Son esas pequeñas sociedades que, si funcionan a pequeña escala, ¿por qué no a una más grande?

¿Y si no hay niños? Los niños son un fruto del matrimonio, el natural, pero no es el único, y eso les toca a cada dos, o a cada uno- en caso de los solteros-, encontrar y trabajar su propósito, mientras haya equilibrio de locura, orden y darse uno mismo. Qué tal vez cuando no hay hijos, esto sea el punto decisivo.

Almudena González

Hablemos del Borde Norte de Bogotá

Escrito por Andrés Barrios en Jun 2, 2025. Publicado en Opinión.

Catorce días al año. Ese es el tiempo que estudiantes del norte de Bogotá están perdiendo atrapados en los trancones de la ciudad. Y no, no es una exageración ni mucho menos alarmismo. Es el resultado de un trabajo de campo que presenté en debate de control político al Distrito en el Concejo.

Esta realidad es inaceptable: la educación de miles de niños y adolescentes está siendo “secuestrada” por el colapso de la movilidad en una de las zonas de mayor crecimiento poblacional de la capital del país.

Cuando un niño pasa más de 105 minutos diarios dentro de una ruta escolar, sin contar los trayectos desde y hasta su casa, no solo está perdiendo clases, también horas de juego, descanso, socialización y bienestar emocional.

Está, literalmente, viendo cómo se le escapa la niñez por la ventana de un vehículo detenido. Las 350 horas anuales que pasan en el tráfico equivalen a dos semanas completas de su vida escolar, es decir, la duración de un periodo de vacaciones de un trabajador en Colombia.

Lo más preocupante es que esta situación no es nueva ni desconocida para los bogotanos. La congestión del corredor norte, que afecta Usaquén y Suba, además de los municipios cercanos de la Sabana, ha sido advertida por años; sin embargo, la respuesta institucional ha sido reactiva.

Ésta solo llega cuando se presentan emergencias, como por ejemplo las inundaciones del año pasado, cuando miles, entre esos niños y niñas, quedaron atrapados.

Apelando a la memoria y a información de hace una década, ante la problemática de movilidad en este sector de Bogotá, recordaremos que se habilitó el carril escolar preferencial, que buscaba ser una salida, reducir en un 18% los tiempos de viajes desde la calle 170 hasta la 198, y beneficiar a 21.000 niños. Sin embargo, hoy en día hay que admitir que esta medida se quedó corta, pues, actualmente, son cerca de 100.000 los menores de edad que transitan dicha zona.

Y es que las cifras hablan por sí solas, pues esta prometedora zona de Bogotá, cada vez crece más, tiene cerca de 304.000 estudiantes en el área, al menos 2.800 rutas escolares circulando a diario, y calles como la 222 repletas de huecos, sin andenes adecuados, en medio del caos del transporte intermunicipal desbordado. Y, para completar el cuadro, un sistema de videovigilancia a medias: solo 12 de las 19 cámaras del Borde Norte están operativas. ¿Dónde está la garantía de seguridad para quienes transitan la zona?

Lo que ocurre es una muestra más de cómo la planeación urbana y la inversión pública han fallado en anticiparse al crecimiento que se da a pasos agigantados. Lagos de Torca albergará cerca de 400.000 personas, que es casi el número de habitantes de una ciudad como Armenia.

Debo admitir que se trata de una de las pocas zonas de la ciudad que nació con una visión organizada en épocas de Peñalosa, pero que ha quedado sin apoyos suficientes por parte de las administraciones de turno, pese a que los privados le han apostado por una planificación urbana sostenible con el medio ambiente, aunque los radicales pretendan hacer parecer lo contrario. Si no fuera por esa planeación no existirían vías como la Santa Bárbara o El Polo, ad portas de ser inauguradas.

Entre tanto, la ciudadanía clama por obras como el proyecto Accesos Norte II, que sigue sin concretarse por culpa de la negligencia del gobierno nacional, que, como siempre, es el palo en la rueda para el desarrollo de Bogotá.

El falso populismo de la izquierda solo busca atacar a los privados con un discurso ambiental hipócrita, pues se rasgan las vestiduras selectivamente. Eso sí, guardan silencio cuando los terroristas atacan oleoductos y generan emergencias ambientales. Solo en este 2025 se han registrado más de 13 ataques a este tipo de infraestructura en todo el territorio nacional, afectando ecosistemas enteros.

Andrés Barrios Bernal

La soledad de los ciudadanos

Escrito por Jaime Arango en Jun 1, 2025. Publicado en Opinión.

“Rogamos a todos los dioses que concedan eterna prosperidad a esta ciudad y no permitan que desaparezca hasta que el hierro ardiente nade sobre el mar y las hojas no vuelvan a brotar en primavera”. Así rendían homenaje a Roma en su cumpleaños en la célebre Oración de los Griegos. La Tabula Peuntigerina, el único mapa de caminos que se conserva de Antigüedad tardía registra cuatro mil ciudades, fue en ellas donde sucedió todo. La historia de occidente es historia urbana y esa historia es la de la libertad, la de la comunidad de ciudadanos, donde las acciones del estado estaban sometidas a su voluntad y no al contrario, porque fue este sometimiento el que fue dando forma a las leyes y sentido al destino de la comunidad. Desde la ciudad antigua la delegación de fuerza no es delegación de derecho. La primera policía la creó Augusto, se llamaban Vigiles, pero ni el más humilde de los romanos pensó jamás que si los Vigiles no podían garantizar su seguridad, sus derechos como ciudadano, entonces él, no podía hacerlos valer. La inacción del estado no puede ser el final de los derechos del ciudadano porque el ciudadano es precisamente una entidad con derechos, independiente del estado, intangible y autónoma. El ciudadano es soberano.

Cuando la señora Yaneth Franco, enfrenta en las calles a los barbaros velados que atacan la ciudad está afirmando su soberanía y la de sus conciudadanos, su derecho, su libertad, las calles son suyas y las reclama porque el gobierno de la ciudad ha incumplido el pacto de protegerla, un pacto por el que ha pagado y que está escrito en la ley, porque ese gobierno es el que está sometido al ciudadano y este en su soberanía, con sus propios recursos, puede hacerla cumplir, porque es SU ley, no la de una abstracción que se llama gobierno incapaz de proveer el bien común pero si de establecer el mal común.

Se trata de la libertad como valor superior, los llamados bloqueos atentan gravemente contra ese valor y quienes lo llevan a cabo son una especie de no ciudadanos, tiranos de ninguna parte, la restricción física de la movilidad es una ofensa mayor y admisión de semejante acción, así sea temporal, implica que la autoridad ha abandonado a los ciudadanos en favor de los invasores y por lo tanto es la gente la que tiene que recuperar sus calles y hacer valer su derecho que no depende decisiones de gobierno, el derecho a bloquear no existe, el de la libre movilidad sí. Hay que ser claros en cuanto a que la delegación del uso de la fuerza en una organización estatal no es delegación del ejercicio de los derechos y si la organización delegada, si el gobierno de la ciudad no honra dicha obligación pierde de facto el monopolio de la fuerza y esta pasa al ciudadano. Esto es automático, las personas lo saben, por eso intentan, como se vio recientemente, romper los bloqueos y enfrentar a los ocupantes y cuando la autoridad se vuelve contra los ciudadanos y por lo tanto se pone del lado de la arbitrariedad y la violencia, cuando protege a los ocupantes, se pone fuera de la ley. La fuerza policial no se creó para mediar entre los ciudadanos y agresores, se creó para proteger a los ciudadanos y su libertad, en cualquier caso y bajo cualquier circunstancia.

La ciudad ha sido la cuna de la libertad, desde siempre, por eso la imagen de miles ciudadanos solitarios caminando las autopistas desiertas, en silencio, como quien camina al exilio, porque la autoridad se volvió contra ellos y los abandonó, prefirió la tiranía de los violentos y los ocupantes y ahora estos miles deberán caminar horas hasta sus hogares, sus trabajos, sus escuelas. Solos. Saben que un gobierno que no puede garantizar ni siquiera el transporte público no es nada, no gobierna y peor aún, cuando ellos, solidariamente, quisieron ayudar a recuperar ese servicio, su propio gobierno usó la fuerza en su contra, declaró libertad para las bandas criminales, anónimas y encapuchadas y para los ciudadanos la soledad.

Jaime Arango

El Caribe: despensa m-e del país

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Jun 1, 2025. Publicado en Opinión.

Se suele hablar de la Transición energética en singular, cuando la realidad es que estamos registrando la tercera transición. Me explico, la primera tuvo lugar cuando gracias al invento del motor de combustión interna, el petróleo y sus derivados desplazaron al carbón como combustible. Esto ocurrió a mediados del siglo XIX (1863 – 1893). La segunda transición tuvo como detonante la guerra del Yom Kipur, en octubre de 1973, cuando por primera vez en la historia se utilizó el petróleo como arma de guerra, al decretarle los países árabes un embargo petrolero a los países de Occidente aliados de Israel, encabezados por EEUU.

Notificados de que dicho embargo podía llegar a repetirse y conscientes de que las mayores reservas de crudo se concentraban en el golfo pérsico, las grandes potencias se propusieron blindar su seguridad energética disipando dicho riesgo, diversificando su matriz energética. Y fue así como el carbón, que había sido desplazado por el petróleo, volvió a vivir su segunda juventud al integrarlo a la misma y el gas natural, que hasta entonces sólo había sido un estorbo en la industria petrolera, también se integró a ella. Por su parte las grandes multinacionales petroleras, conocidas como las siete hermanas, entendieron también la inconveniencia de poner todos los huevos en la misma sesta y se dispusieron a diversificar el portafolio de sus inversiones. Y así se encontró el hambre con la comida.

En efecto dos empresas petroleras estadounidenses aterrizaron en Colombia, más exactamente en La Guajira, venían tras del carbón y el gas natural, una de ellas, TEXAS se asoció con ECOPETROL (mayo, 3 de 1974) para explorar y explotar el más gigante yacimiento de gas, con las mayores reservas, offshore (Chuchupa), Ballena y Riohacha y otra de ellas, la EXXON se asoció con la estatal CARBOCOL (diciembre, 17 de 1976), a través de su filial INTERCOR para explotar a cielo abierto el mayor yacimiento de carbón de Latinoamérica (El Cerrejón).

Feliz coincidencia, porque justamente en el año 1975 Colombia pasó de ser exportador, por décadas, de petróleo, a tener que importarlo por la súbita declinación de sus reservas, las de carbón y gas se convirtieron en el paño de lágrimas para la Nación, convirtiéndose la región Caribe en la despensa minero – energética del país. De no haber sido por ello las afugias fiscales del Estado y su balanza de comercio exterior habrían sido mayores de lo que fueron.

Pues, ahora, cuando estamos en la tercera Transición energética, que tuvo su largada con el Acuerdo de París (1975), que tiene como propósito la descarbonización de la economía, nuevamente la región Caribe le extiende la mano a Colombia, toda vez que el mayor potencial de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), especialmente eólica, solar – fotovoltaica y la biomasa están allí.

Sobre todo en momentos en los que Colombia, según lo que revela el más reciente Informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dando cuenta del Balance reservas / producción de gas natural en el país, las reservas probadas de gas natural siguen cayendo, esta vez (2023 – 2024) el 13%, debido a la acelerada declinación de los mayores campos productores situados en La Guajira y en los Llanos orientales. Y concomitantemente con la caída de las reservas probadas, que pasaron de 2.37 TPC a 2.06 TPC, ha venido cayendo también la producción. Mientras la relación R/P pasó de 6.1 a sólo 5.9 años, al tiempo que la producción bajó desde 1.170 MMPCD en 2023 a 1.707 MMPCD en 2024 y ya en 2025 vamos en 824 MMPCD.

Ello se ha traducido en un déficit de oferta de gas, que el Gobierno Nacional, con terquedad aragonesa se ha negado a aceptar, pues para él no se trata de una escasez sino de maniobras especulativas por parte de las empresas comercializadoras de gas natural. Lo cierto es que desde el 4 de diciembre del año anterior, Colombia se ha visto en la penosa necesidad de importar gas, por primera vez en 45 años, para cubrir la demanda esencial, esto es, las estaciones de compresión, la domiciliaria, pequeño comercio, industria, el gas natural comprimido (GNC) para los vehículos y las refinerías. Por lo pronto se están importando 40 MMPCD (4% de la demanda), pero hacia el futuro el déficit y los volúmenes de gas importados serán mucho mayores.

Se estima por parte de NATURGAS que este año el déficit de la oferta de gas se acrecentará hasta llegar al 7% y para los próximos años la cantidad de gas importado será del orden de los 190 MMPCD en 2026, 286 MMPCD en 2027 y 405 MMPCD en 2028. Y ello, en razón de que al tiempo que cae la producción crece la demanda de gas, cuanto más en cuanto que este es considerado como el combustible de la Transición energética. Ello desde luego ya está teniendo un duro impacto en el bolsillo de los usuarios, toda vez que el precio del gas importado es mucho mayor que el del gas extraído en el territorio nacional.

En tales circunstancias, en las que tanto la seguridad como la soberanía energética están en tan grave predicamento, una vez más el Caribe colombiano y La Guajira en particular le tienden de nuevo la mano al resto del país, pues, hoy por hoy, la mayor apuesta de Colombia para recobrarlas está en SIRIUS, un enorme descubrimiento de gas costa afuera, cuyas reservas se comparan con las del Campo de Chuchupa cuando fue declarado comercial y duplican las actuales reservas remanentes.

Amylkar Acosta

Ciudad de derechos vs asistencialismo: el retroceso en la política social de Galán

Escrito por Quena Ribadeinera en May 30, 2025. Publicado en Opinión.

La administración de Carlos Fernando Galán ha supuesto un preocupante retroceso en la política social de Bogotá. Aunque el discurso oficial habla de modernización y ampliación de la cobertura, lo que se evidencia en la práctica es un desmonte sistemático de los servicios sociales integrales que caracterizaban a la ciudad de derechos. Se está reemplazando el acompañamiento psicosocial, pedagógico y nutricional por simples transferencias monetarias, perdiendo la integralidad de la política social y debilitando la intervención estatal en territorios y poblaciones históricamente excluidas.

Durante las últimas dos décadas, Bogotá construyó un modelo de política social que trascendía la pobreza monetaria y se basaba en un enfoque de derechos. Alcaldes como Lucho Garzón y Samuel Moreno fortalecieron programas como los comedores comunitarios y apostaron por más presupuesto para educación y salud, que brindaban alimentación y atención psicosocial a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo. Gustavo Petro, con Bogotá Humana, consolidó servicios para la juventud, la comunidad LGBTIQ+ y los habitantes de calle y puso en marcha la estrategia de atención a la primera infancia con el programa “1000 días para cambiar el mundo”. Claudia López, por su parte, impulsó la consolidación del Sistema de Cuidado, priorizando la atención integral a personas mayores, mujeres cuidadoras y niños y niñas.

Estos programas no solo entregaban recursos: también fortalecían capacidades, generaban redes comunitarias y, sobre todo, dignificaban a las personas. Hoy, bajo la administración de Galán, se observa un desmantelamiento de estos logros, en favor de un modelo asistencialista que reduce la política social a simples transferencias monetarias a través del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG).

El proyecto de inversión 7938, que canaliza cerca de 2 billones de pesos en transferencias monetarias, ha convertido la política social en un mecanismo de distribución de recursos sin la debida integralidad. El 78% de las personas atendidas entre enero y abril de 2025 han recibido únicamente transferencias, mientras los programas de acompañamiento psicosocial y de inclusión productiva han sido relegados. Esta cifra revela la naturaleza asistencial y fragmentada del modelo de Galán, que ignora las causas estructurales de la pobreza y refuerza la dependencia.

El SISBÉN IV, utilizado como único criterio de focalización, excluye a miles de personas que enfrentan la pobreza multidimensional en la ciudad. Las cifras lo demuestran: según el DANE, la pobreza multidimensional en Bogotá aumentó 1.8 puntos porcentuales entre 2023 y 2024. La pregunta es clara: ¿cómo piensa esta administración garantizar que las transferencias no solo alivien el hambre temporal, sino que generen condiciones reales y sostenibles para superar la pobreza?

En servicios fundamentales como la atención a personas con discapacidad y personas mayores, la administración Galán ha debilitado los programas que proporcionaban acompañamiento integral. Estos sectores, que requieren más que un giro monetario, han quedado atrapados en la lógica de la transferencia sin acompañamiento, lo que profundiza la exclusión y niega el carácter transformador de la política social.

Además, no se puede pasar por alto que quienes más se benefician de este modelo no son necesariamente los hogares más pobres, sino el sector financiero, que cobra tarifas por cada giro a través de las billeteras digitales como Daviplata, Nequi, Bancolombia a la Mano y Dale. Mientras tanto, la Secretaría de Integración Social, con décadas de experiencia en la construcción de políticas para la inclusión social, queda reducida a un rol secundario y meramente operativo.

La política social debe ser mucho más que una política de transferencia de recursos. Debe ser una herramienta de transformación estructural que garantice derechos, fomente la inclusión y fortalezca las capacidades de las personas. Bogotá ya demostró que otro modelo es posible. La ciudad de derechos que se construyó con programas como los comedores comunitarios de Lucho Garzón, la consolidación de jardines infantiles de Samuel Moreno, el Sistema de Cuidado de Claudia López y la estrategia de atención integral a la infancia de Petro son prueba de que la inversión social puede ser integral, humana y transformadora.

Por eso, hoy más que nunca, es necesario exigirle a esta administración que recupere el acumulado institucional y humano de la ciudad. Que no lo deseche, sino que lo ponga al servicio de una política social que combine las transferencias monetarias con servicios de calidad, acompañamiento psicosocial y territorialización real. Solo así podremos tener una Bogotá que no solo reparta recursos, sino que también reparta oportunidades y dignidad.

Quena Ribadeneira

La Sentencia T-106 y el Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí: Curar y Curarnos

Escrito por Columnista en May 30, 2025. Publicado en Opinión.

Desde la playa se observaba cercana la bruma que para todo navegante amazónico precede la presencia de una cachivera. Cruzamos el río Apaporis, amarramos la lancha en la orilla opuesta y empezamos el descenso a la parte baja del raudal por entre la selva. Aproveché mi situación de forastera en el grupo para intentar documentar, de manera no muy prolija, las rocas que iban apareciendo en el camino. Salimos a la parte superior de la catarata y me detuve un rato a darle orden a la secuencia que ya tomaba forma en mi cabeza.

El hijo del payé, y quien dirigía la pequeña expedición del día, me preguntó sobre el bosquejo de columna estratigráfica que empezaba a aparecer en mi libreta amarilla. Cuando le comenté que en las que estábamos sentados eran rocas que, para nosotros los geólogos, son inmensamente significativas porque antiguas corrientes de agua dispusieron los materiales de los que están hechas hace fácilmente miles de millones de años, el hombre inmediatamente anotó: «cuando el cocodrilo le robó el fuego, Ayawa tumbó el Árbol de Remedio y así creó el río, los palos, los animales y las plantas. Y esas piedras que usted está pintando, son las astillas que quedaron de la caída del Árbol de Remedio».

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El habla se me escapó por un rato mientras reflexionaba sobre la bella coincidencia de que el origen del mundo cabiyarí estuviera en los mismos estratos que, para la geología, son algunas de las rocas sedimentarias más antiguas del planeta. Las palabras del payé en formación quedaron acompañando la descripción de las rocas de matriz rojiza que envuelve clastos alargados, aun más viejos, que fueron pulidos por antiquísimos ríos amazónicos.

Visitar el raudal de Jirijirimo, en el río Apaporis, es pararse en la médula del territorio de los Jaguares de Yuruparí. Esta región se extiende por ocho millones de kilómetros cuadrados y es el hogar de treinta comunidades descendientes de la anaconda, que hablan lenguas pertenecientes a tres familias lingüísticas. La que acabo de narrar no fue la única vez que sentí la sacudida de la selva. En las palabras que a diario nos entregaba con desprendimiento el payé era recurrente la idea del remedio y la curación. En esos días fui descubriendo una sociedad profundamente animista donde todas las entidades del universo, al poder sentir, pensar y desear, dialogan e interceden por la curación del mundo. Terminé entendiendo que el viaje por el río es también la anaconda y que someterse a la enorme serpiente es aceptar sanarse en el brutal viaje que por ratos es la vida.

La Sentencia T-106 proferida a fines de marzo por la Corte Constitucional es un bellísimo, exhaustivo y bien logrado ejercicio de escucha, estudio y diálogo que marca un hito en la administración de justicia hacia la apuesta por el reconocimiento de la diversidad cultural en Colombia. El texto en sí mismo resulta ser una lectura deliciosa que arranca con los antecedentes a la sentencia, que se remontan a la acción de tutela interpuesta por cinco autoridades indígenas respecto a los riesgos y afectaciones derivadas de la minería del oro y el uso de mercurio en esta región. En el acto legislativo, la Sala encargada estructuró el estudio a partir de tres líneas: el árbol de la vida o Libro Azul, que observa y describe el territorio y la identidad cultural; el árbol de las aguas o Libro Verde, que narra las afectaciones sufridas, se detiene en la minería y en el derecho al ambiente sano; y el árbol de los alimentos y el bienestar o Libro Amarillo, que mastica el acceso a la salud y la seguridad alimentaria. Finaliza señalando remedios en vez de culpables, con el Libro Raíz o el retorno, cerrando un periplo que reivindica la identidad, el conocimiento y el pensamiento de los Jaguares de Yuruparí, el Hee Yaia Keti OKa. Resultó ser un ejercicio de curación desde la perspectiva de la justicia dialógica que incluso limó mis viejas suspicacias hacia la cartografía, demostrándome que los mapas, más allá de ser una forma de representación y reproducción del mundo según los anhelos del proyecto imperial europeo, también pueden convertirse en elementos de auto observación y de remedio.

En buen momento llega esta sentencia porque no ha sido sólo Taraira en la región de los Jaguares, es también la engañosa bonanza del coltán en Guainía que deja cicatrices comparables con las del caucho, y ya lo empieza a ser el fetiche de los “minerales estratégicos” con la horda de habladores, oportunistas y apostadores que aderezan esta rapiña encarnados en agencias, organizaciones y personajes de todos los pelambres. La T-106 es una particular invitación a que los mineros entendamos que los fines de los minerales son muchos más que su producción, uso y acumulación o la creación de expectativas sobre su existencia.

Como documenta la Sentencia, los accionantes son categóricos al señalar que los minerales son elemento de curación para las comunidades a quienes representan. “Los minerales fueron dejados en lugares sagrados por los Ayawa para la curación del territorio”, aparece en el escrito de tutela, y es esta la función que ya están desempeñando allí. El remedio, como vocación vertebral del macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí, establece entonces la lógica de relacionamiento con los seres del suelo y del subsuelo. A diferencia de la visión dominante de los materiales inertes, los minerales acá tienen una función activa y viva, siendo preciso contemplar la del remedio dentro de los miles de transacciones económicas, culturales, afectivas, sociales e históricas que se gestan alrededor suyo en Colombia.

Me sumergí en la selva deslizándome en silencio sobre anacondas de agua. Aprendí a caminarla entre ramas y piedras sin golpearlas con malicia, y a observar las rocas sin codicia. Palpé en sus cerros los rastros dejados por el agua hace cientos de millones de años. Descansé en el recuerdo cálido de la respiración equina con el que serenaba la maloca en las madrugadas. A la sombra de inmensos árboles, me interné en ella en la compañía de gente de lengua Caribe que busca reconstruir su cultura luego de una masacre que hace cuatro décadas casi los desaparece; de antropólogos que trabajan con ellos por salvaguardar y revitalizar su lengua y sus saberes; y de la generosidad de una comunidad de políglotas que me acogió del lado que su macro-cosmos shamánico dispone para los aliados. Encontré remedio en el cazabe blanquísimo, en el mambe dulce, en las carnes pescadas y cazadas con respeto, en el tabaco y en el ají. Me sometí a la anaconda y volví a mi realidad curada de una malencia que me atormentó cuerpo y alma por cerca de una década, y que la medicina occidental, incapaz de entender, solo supo atacar. Viajé de vuelta al altiplano sobrevolando esta selva cuya espesura se rompe violentamente con la funesta cercanía de la “civilización”.

Inmensa gratitud a la agencia de los accionantes, al impecable trabajo de los magistrados, a la siempre comprometida labor de la Fundación Gaia Amazonas y a todas las personas que hicieron parte del estudio en esta sentencia, porque curar la tierra de los Jaguares es curarnos como nación. El diálogo, como lo permite el mambe, es una esperanza que se construye. La selva es grande, la selva es dulce, la selva es poderosa, la selva es generosa y, por encima de todo, la selva es sanadora.

María José Nieto-Oliveros

*Magíster en geografía y geóloga económica. Directora Dharena (Discursividades, Historias Ambientales y Reflexiones sobre Naturalezas)

El arte del buen vestir

Escrito por León Ferreira en May 29, 2025. Publicado en Opinión.

Dicen que el hábito no hace al monje y que la facha es lo de menos, pero no es cierto, son simples expresiones populares sacadas de contexto. El buen vestir pasa más por la higiene, lo púdico, el decoro y la ocasión. Hay ocasiones, momentos, dignidades, cargos y eventos que por respeto para consigo mismo y para con los demás exigen un traje adecuado. La pandemia del Covid en 2020 relajó las buenas maneras en el vestido, el trabajo remoto contribuyó con las malas formas en el vestir y, jubiló el uso de la corbata.

La corbata pareciera llamada a desaparecer, se ha llegado a un punto donde impera la chabacanería en el vestir. Las nuevas modas impuestas por los famosos “artistas” con prendas costosísimas y directamente en proporción, horrorosísimas, más parecen elementos de fiesta de disfraces, mandan la parada. La gente ya no se viste, se disfraza. Entre más excéntrica la pinta, ¡Más “fashion” “el outfit”, que llaman! El vestuario masculino va al declive junto a la virilidad. Por el vestido ya no es posible distinguir si quien lo porta es varón o mujer. La corbata es prenda de vigilantes, conductores y uno que otro oficinista. Es poco común que la usen los altos ejecutivos. Al parecer, la narrativa de la comodidad acabó con el buen gusto.

El buen vestir es un arte que implica dignidad, autorrespeto y, sobre todo, aseo. No se puede pretender que los jeans rotos, las pintas estrafalarias, los colorines, las zapatillas deportivas, la ausencia de corbata para ministros y figuras de la alta dirección del Estado sean aceptados. En los ministerios no se distingue al ministro del muchacho de los mandados; por no hablar de las fachas de la figura presidencial, tenía más distinción Nerón Navarrete a inicios de los noventas.

Una anécdota local que vale la pena ser contada; hasta los sesentas se acostumbraba que, los docentes de la UIS usaran corbata, cuando llegó la revolución sesentera que serviría de caldo de cultivo para el nacimiento de la despreciable guerrilla del ELN a mediados de ese decenio, ciertos grupos estudiantiles maltrataban a los profesores que usaban corbata, y la exhibían como signo de imperialismo y colonialismo, por ello, el uso de la corbata empezó a decaer en esa comunidad académica. Hoy en las aulas universitarias, muchas veces no se distingue al maestro del alumno. Evidencia de las prácticas de los revolucionarios de popó: Dejaron de usar saco, corbata y zapatos de cuero de producción nacional, como los célebres La Corona, para usar los “revolucionarios” tenis Nike y Adidas, junto a las “insurgentes” prendas Balenciaga o Bershka, y los calzoncillos Calvin Klein, que réplicas o no, a mayor tamaño de la etiqueta mayor “progreso”.

Decantar las maneras en el vestir es un deber. El decoro al vestir forma parte de la vida buena. Los jeans y los tenis no deberían ser prendas para quienes gobiernan o para oficinistas. Vergüenza ajena producen los actuales funcionarios públicos colombianos cuya indumentaria alarma. Hay escenarios como la oficina, la iglesia, las notarías, las sinagogas, las universidades, las logias, los consultorios médicos, los juzgados, los aviones, entre otros tantos, que exigen códigos mínimos de indumentaria por respeto propio, al otro y al entorno. Resulta hilarante ver jueces en audiencias, que se sientan y por debajo de la toga sobresale el jean roto y el tenis sin medias. La majestad de la justicia debe ser total.

Los conductores de buses intermunicipales visten mejor que abogados y médicos, cuya moda del traje de mayo le dio la estocada a la corbata en dicho gremio. Como te vistes te tratan. El arte del buen vestir, la clase y la elegancia no riñen con la sencillez, la libertad, la limpieza y la comodidad.

León SandovalFerreira

Foro sin fundamento en Valledupar: ferrocarriles, discursos y silencios (1/2)

Escrito por Rafael Fonseca en May 28, 2025. Publicado en Opinión.

Resulta legítimo preguntarse qué motivó a la Contraloría General de la República a organizar un foro sobre laPolítica Pública del modo ferroviario en Colombia, avances y retos hacia un desarrollo más eficiente y sostenible, desde la perspectiva del Control Fiscal, si de esto último -que debe ser su foco de interés- poco o nada se habló.

La contraloría recordó cómo el trayecto La Dorada – Chiriguaná ha estado priorizado en el Plan Maestro de Transporte Intermodal y el Plan Maestro Ferroviario (2020), y celebró que se hubiera adjudicado la APP e invitó al Gobierno a seguir en este trabajo “garantizando que siempre haya suficiente carga y pasajeros a movilizar”, una invitación físicamente inviable y conceptualmente ingenua, si se analizan las condiciones reales del país. Dijo también que “persiste como tarea pendiente” la actualización tecnológica del sector y el cambio a trocha estándar (la red abandonada y la recuperada están en trocha yárdica, salvo el tren del Cerrejón).

En general, la lógica de estos planes ha sido recuperar las vías abandonadas, salvo la línea de El Cerrejón que fue concebida dentro del proyecto carbonífero para reducir los costos de transporte desde la mina al puerto (un pequeño trayecto, en un terreno plano, pero para millones de toneladas despachadas con mucha frecuencia, que justificaron financieramente su construcción). Por ejemplo, el trayecto Chiriguaná – Santa Marta, usando la infraestructura que había, y mejorada por el operador actual FENOCO, que reúne a exportadores de carbón del Cesar, aún en trocha yárdica ha sido exitosa para reducir el costo de transporte de millones de toneladas en una pequeña longitud y sobre terreno plano.

También en general, para que el transporte ferroviario se justifique se requiere una combinación de factores que no son fáciles de combinar en Colombia: largas distancias, terreno plano y mucha cantidad de carga en ambos sentidos. La mayor larga distancia y plana en el país se podría referir a Santa Marta – La Dorada, pero este puerto fluvial no es un centro de atracción y generación de cargas. A lo que debemos enfrentarnos ahora, como se hizo por fin con las carreteras desde los años 90, es a dominar la topografía montañosa donde están ubicados los centros de atracción o generación de carga, como Bogotá, Medellín o el departamento de Boyacá (carbón coquizable para producción de acero, que se exporta al mundo). Esto se hace a través de obras como túneles y viaductos que permitan mantener las pendientes entre 0% y 1.5%, rango en el cual la capacidad de carga y la velocidad son competitivas como modo de transporte, lo que implica grandes inversiones que entran también en la evaluación y toma de la decisión correspondiente. ¿Competitivas frente a qué? Expresado en términos más prácticos, que los fletes resultantes en tren compitan (sean menores) a los del modo que actualmente se utilicen, predominantemente los camiones. Pero hay condiciones adicionales como el tiempo total y la mayor certeza de entrega a tiempo, que no le son favorables al tren. Tampoco lo son las estaciones de transferencia de carga de un modo a otro, por los costos de la misma transferencia y los usualmente altos costos de último kilómetro, en camiones. O sea, hay una multiplicidad de factores propios de cada caso, lo que hace fácil comprender que también en cada caso hay que hacer las cuentas muy bien.

¿Por qué convoca la Contraloría un foro que, en la práctica, no lo es? Los foros suponen llegar a conclusiones o consensos a través de la discusión. Se ha vuelto costumbre que a estos llamados foros se invite a personas que representan diferentes temas, pero no necesariamente diferentes puntos de vista sobre un mismo tema. Pero también sucede que los invitados no discutan nada; solo exposiciones que no generan discusión. O sea, cada expositor está de acuerdo con los otros expositores, o quiere estar de acuerdo para no tener controversia. Deberían llamarse por su nombre, jornadas de conferencias sobre un tema común. Y para felicitar al Gobierno por un contrato e invitarlo a lo obvio, no se necesitaba toda esta reunión, y menos por ser citada por una entidad de control que anunció en el saludo que quería revisar el tema fiscal pero que no mostró ese alcance en el evento.

Estuvo como invitada central la Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla.

La ministra se aferró discursivamente a la visión ferroviaria expresada por el presidente Petro en estos años. Incluso su presentación magistral apuntaba insistentemente a demostrar que no era tan loco (literalmente) que se unieran el Pacífico con el Atlántico por tren, y por eso su reiteración en la conformación de la red, puesto que, con esa red ferroviaria se podría ir de Buenaventura hasta Santa Marta, e incluso hasta Puerto Bolívar. Recordamos que lo que dijo el presidente en esa intensa noche de campaña en Buenaventura era sobre una línea elevada de Buenaventura a Barranquilla, que eso sí era loco. Y que había que unir los puertos por tren; la Ministra habló de unir los centros de producción del interior con los puertos, lo cual es más apropiado como propósito en borrador. Probablemente nadie querría llevar su carga de Buenaventura a Santa Marta en tren, así se pudiera, por el costo y el tiempo no competitivos; de ninguna manera esto sería competencia para el Canal de Panamá, como sí pudiera serlo la línea especial Turbo – Cupica, pasando antes por fuertes análisis de vulnerabilidad estratégica y todos los de factibilidad económica.

Ya que se estaba hablando de política pública, entonces hay que hablar sobre lo hablado de política pública, lo cual exige atención en los conceptos sobre los cuales se construyó.

Conviene entonces revisar tres ideas que han hecho carrera a cuasi-dogmas, que impregnan todo el discurso sobre los trenes:

El primero, es “… reducir costos logísticos y agilizar el flujo de bienes de importación y exportación desde … (el) puerto”, en palabras de la Ministra. Ya desde la apertura, el Contralor había hablado de reducir los costos logísticos en un 26% (del Conpes).

El segundo es un relato que ya se ha vuelto generalizado: acabamos con los trenes en los años 70 por la desidia de los gobernantes de la época y que hay que recuperarlos porque este país sería otro si no se hubiesen desmantelado, expresado con una nostalgia sin base empírica. Otro cuasi-dogma adoptado. La Ministra lo evocó magistralmente en su presentación: “la sensatez de construir una red férrea con conectividad no solo en términos de transporte sino como articula y conecta regiones, de hecho la gente en La Dorada cuenta las historias de cómo usaba el tren el sábado, el domingo, visitaba sus familiares, almorzaba, tenía novio o novia por allá cinco pueblos adelante, iba a misa, almorzaba, visitaba su familia, pasaba el día, cogía el tren y visitaba uno u otro familiar y llegaba a su casa; el tren era integración”.

El tercero es que obsesivamente hay que lograr la red, por aquello de la integración regional, y poder llegar de Buenaventura a Santa Marta, incluso -siguiendo el discurso del presidente- unir los puertos, como requisitos de un país desarrollado.

Ninguna de estas expresiones se puede dar por cierta, simplemente por construir o haber recuperado los trenes. Con base en estos tres cuasi-dogmas no se puede plantear la política pública del transporte ferroviario en el país. Como sabemos, la política pública debería apuntar a la logística y no a uno de los modos de transporte, y con más alcance, para no equivocarse, debería estar enmarcada en la búsqueda de una mayor competitividad del país y en general, un mayor bienestar para los colombianos. (continuará).

Rafael Fonseca Zarate