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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Opinión

La Semana por la Paz: un clamor desde Colombia hacia el mundo

La Semana por la Paz en Colombia no es solo una conmemoración: es un recordatorio vivo de que la paz no puede quedarse en los discursos, ni en las páginas de un acuerdo firmado, sino que debe ser una práctica cotidiana, un compromiso real del Estado, la sociedad y la comunidad internacional.

El Acuerdo de Paz firmado en 2016 abrió una ventana histórica para transformar nuestro país. Sin embargo, hoy seguimos enfrentando deudas: líderes sociales asesinados, territorios sumidos en la violencia, y comunidades que aún esperan la llegada de la justicia social y la reparación. El llamado, más que nunca, es a cumplir el Acuerdo en toda su dimensión: la reforma rural integral, la sustitución de economías ilícitas, las garantías de participación política, la reincorporación con dignidad y seguridad. Sin paz completa, la democracia seguirá siendo una promesa incumplida.

 

En este contexto, las reformas políticas que hoy se debaten en Colombia deben leerse como parte del mismo proceso de construcción de paz. Reformar la política no es solo modificar leyes: es garantizar que la voz de los excluidos, de las mujeres, de los pueblos étnicos, de las juventudes y de las víctimas, tenga un lugar real en el poder. Sin cambios estructurales, la paz seguirá siendo frágil.

Colombia, además, debe mirarse en el espejo del mundo. En un escenario de transformaciones globales, nuestras relaciones con China se convierten en una oportunidad estratégica. No solo se trata de comercio o infraestructura, sino de imaginar un nuevo lugar de Colombia en el mundo: un país capaz de tender puentes, de abrirse a otras potencias sin renunciar a la soberanía, de aprender y de proponer. En tiempos de incertidumbre, diversificar alianzas es también una manera de construir paz.

Y mientras Colombia busca cerrar sus heridas, el clamor por la paz trasciende fronteras. Hoy, los ojos del mundo miran con dolor a Palestina, donde el sufrimiento humano exige una voz solidaria y firme desde todos los rincones. Así como pedimos verdad, justicia y garantías en Colombia, debemos exigir el cese de la violencia y el reconocimiento de la dignidad del pueblo palestino. La paz no puede ser selectiva ni parcial: debe ser un derecho universal.

En esta Semana por la Paz, recordamos que no basta con celebrar. La paz se construye con reformas, con valentía política, con solidaridad internacional y, sobre todo, con la convicción de que ninguna vida debe perderse en la guerra. Desde Colombia hasta Palestina, desde nuestras montañas hasta el horizonte asiático que nos conecta con China, el mensaje es uno solo: la paz es posible, la paz es urgente, la paz es ahora.

Marcela Clavijo

El consejo de los mercados y el eco del oro

En la aldea de los mercados, la semana parecía tranquila: no había anuncios de dragones ni conjuros nuevos… salvo uno pequeño, el dato de inflación PCE de los Estados Unidos.

Pero entonces apareció Jerome Powell, el hechicero mayor de la FED. Con voz solemne
advirtió a los mercaderes:

 

—Las acciones están sobrevaloradas y las tasas bajarán más lento de lo que sueñan.

El eco de sus palabras agitó el reino: el dólar rebotó como un caballero recuperando fuerzas, las acciones y los bonos cayeron como torres sitiadas, y el petróleo resurgió de sus cenizas como un fénix rebelde. La inflación, terca como una bestia indomable, complicaba cualquier intento de bajar las tasas pronto.

En los reinos vecinos, los mercaderes de EE. UU. detuvieron su festejo accionario y las monedas regionales, aunque sorprendidas, lograron un leve repunte.

Al mismo tiempo, en las tabernas de Wall Street, las voces crecían:

—¡Esto es una burbuja! —decían unos.
—No, la magia de la IA aún nos sostiene —respondían otros, mostrando sus amuletos tecnológicos.

El oro, ese viejo sabio que siempre camina en dirección opuesta a las acciones de EE.UU., volvió a brillar. Sus señales parecían anunciar correcciones en el Norte y mejores tiempos para los reinos emergentes. Incluso los grandes bancos centrales comenzaron a acumularlo como tesoro estratégico. En Colombia, sin embargo, el Banco de la República seguía desconfiando de ese metal volátil, prefiriendo otras armas en su arsenal.

Mientras tanto, en el mapa de las monedas, el peso colombiano seguía más al compás del dólar global (DXY) y del peso mexicano que de su propio petróleo.

En los pasillos del Tesoro de Colombia, los contadores anunciaron que el presupuesto 2026 tendría un recorte de 10 billones. Pero la bestia del déficit, que rondaba entre 7% y 8% del PIB, seguía amenazante.

La reforma tributaria se encogió de 26 a 16 billones, aunque pocos creían en su hechizo. Con nuevas estrategias de crédito público, la caja del reino llegó a 33 billones, un respiro, aunque solo temporal.

En la arena política, la consulta de la izquierda se canceló. Un riesgo menos para los mercados en el corto plazo, aunque la bruma de incertidumbre se mantiene hacia marzo o junio de 2026, cuando los nuevos aspirantes del pacto histórico podrían desafiar la confianza de los inversionistas.

Ahora, los sabios se preparan para la próxima semana: el Banco de la República decidirá si mueve las tasas, y en el Norte, los datos de empleo —más poderosos hoy que los de inflación— marcarán el rumbo de los mercados.

El consejo de los mercados aún no termina. Y el eco del oro sigue resonando en los pasillos del poder.

Fabián Herrera

La democracia amenazada

Paul Krugman, premio Nobel de Economía en 2008, ha lanzado una advertencia que trasciende las fronteras de Estados Unidos: la democracia más influyente del mundo está en peligro, y advierte que su deterioro no se debe únicamente a Donald Trump, es más estructural. En su más reciente artículo, Krugman sostiene que el expresidente es solo el síntoma de una enfermedad política más profunda, incubada durante décadas en el Partido Republicano, que hoy se ha convertido en una fuerza abiertamente autoritaria (1). Aquí sus principales planteamientos que resultan preocupantes para el mundo libre.

Una democracia iliberal

 

El economista cita a Bright Line Watch, grupo de politólogos que monitorea la calidad democrática global, según el cual Estados Unidos ya puede considerarse una “democracia iliberal”: un sistema donde las elecciones se mantienen, pero el poder del Estado se usa para castigar a los disidentes, manipular instituciones y premiar leales.

Krugman describe cómo la administración Trump, respaldada por aliados en la Corte Suprema, el Congreso y algunos medios ideológicos, instrumentalizó el aparato público como arma política, desde el Ejército hasta la justicia y las agencias reguladoras.

La banalización del autoritarismo

El fenómeno no pasa inadvertido, sino normalizado. Krugman critica que buena parte de los medios tradicionales sigan abordando los abusos de poder como si fueran simples escándalos, comparables a Watergate. Pero esa comparación, afirma, “es ridículamente ingenua”: lo que en los años setenta habría sido un delito de Estado, hoy ocurre varias veces por semana.

Esa banalización del autoritarismo no es solo estadounidense. Es global. Ocurre cuando el poder se disfraza de libertad y el discurso del “pueblo contra las élites”, el populismo, se convierte en coartada para vaciar la democracia desde adentro.

El centro político que desapareció

Krugman trae un muy interesante análisis que se apoya en los datos de Voteview que mide el comportamiento legislativo en el Congreso: en la época de Nixon existía un centro político que permitía acuerdos bipartidistas; muestra que ese espacio hoy ha desaparecido. Mientras los demócratas permanecen cerca de la socialdemocracia europea, los republicanos se desplazaron radicalmente hacia la derecha, al punto de parecerse más a los partidos ultranacionalistas de Europa oriental, como Fidesz en Hungría o AfD en Alemania.

Ese viraje tiene raíces históricas: el antiguo sur segregacionista, los Dixiecrats, abandonó el Partido Demócrata en tiempos de Reagan y colonizó el Partido Republicano con su carga ideológica de racismo, conservadurismo religioso y resistencia a la igualdad. El resultado: un GOP (Grand Old Party, sigla y sobrenombre que conserva el Partido Republicano) que ya no es un partido, sino un movimiento identitario cerrado sobre sí mismo.

El problema no es Trump, sino su ecosistema

Para Krugman, Trump es un hombre cruel y vengativo, “el peor que haya ocupado la Casa Blanca”, pero lo realmente grave es el ecosistema político que lo sostiene.

El Partido Republicano ha adoptado el Führerprinzip, el principio del líder, donde la voluntad del caudillo sustituye a la ley. Cuando la lealtad personal reemplaza la lealtad institucional, la democracia deja de ser un sistema de reglas y se convierte en un culto al mando.

Las raíces del malestar

Krugman no reduce el fenómeno a una sola causa. Lo explica como una tormenta de factores interconectados:

• El poder plutocrático, es decir, la captura del sistema político por una élite económica que concentra riqueza e influencia.
• El abandono de regiones enteras, víctimas de la desindustrialización y la desigualdad territorial.
• El declive del empleo masculino y la pérdida de estatus de los sectores blancos tradicionales.
• La fragmentación social provocada por Internet, que multiplica la desinformación y destruye los consensos.
• Y el racismo persistente, que reaparece con fuerza en tiempos de incertidumbre.
Todo ello alimenta una frustración colectiva que el populismo autoritario convierte en resentimiento político.

Una advertencia que nos incluye

Lo que Krugman denuncia sobre Estados Unidos no es una excepción, sino una advertencia universal. La captura del Estado por fuerzas que desprecian la democracia, pero saben usar su lenguaje, se repite, con variaciones, desde Washington hasta Budapest y también rondan en nuestras capitales latinoamericanas, donde la polarización erosiona el juicio al mismo tiempo en que la corrupción saquea las instituciones (en las últimas décadas también lo habíamos visto desde la extrema izquierda, en La Habana, Caracas y Managua).

Hoy, la amenaza a la democracia ya no necesita ni golpes ni tanques. Basta con el desgaste lento de las normas, la manipulación del discurso público y la indiferencia social ante la mentira.

Epílogo

Trump es solo un síntoma, dice Krugman. La enfermedad es más antigua y más profunda: un sistema político que perdió el sentido moral de la libertad y lo reemplazó por la voluntad de dominar.
Y esa enfermedad no se detiene en las fronteras estadounidenses. Su propagación en la era digital, del poder plutocrático y de la desinformación masiva, amenaza a todas las democracias. Defenderlas ya no significa solo votar, sino repensar la libertad bajo el lente de la ética. Su cura, si aún la hubiera, dependerá de recuperar el valor de la verdad, de los límites del poder y de la responsabilidad de la ciudadanía.


Notas
(1) Krugman, Paul, 2025. Declining American Democracy: Trump is a Symptom, Not the Cause. The modern GOP is inherently authoritarian. Paul Krugman Blog, Notes on economics and more. https://paulkrugman.substack.com/p/declining-american-democracy-trump?r=3r4l4j&utm_medium=ios&triedRedirect=true

Rafael Fonseca Zarate

Del dato al relato: ¿Quién decide la verdad económica?

El DANE reveló una cifra histórica: en agosto de 2025 el desempleo en Colombia cayó a 8,6 %, el nivel más bajo en lo que va del siglo. Un resultado que, con todas sus limitaciones, significa que más personas tienen trabajo y que sectores como la manufactura y la construcción lideraron la creación de empleo. Son buenas noticias.

Sin embargo, en espacios mediáticos dominados por voces pro-élite nunca hay lugar para reconocer avances. El guion es fijo: si el desempleo sube, se grita fracaso; si baja, se reduce a precariedad o burocracia inflada. Pase lo que pase, la conclusión está escrita de antemano: nada mejora. Así, en las últimas semanas se habló de que la creación de empleo se debió un empleo “mayoritariamente informal”, cuando los asalariados fueron los que más crecieron, y de un supuesto engorde de la nómina estatal cuando los empleados del gobierno incluso disminuyeron.

 

La misma táctica se repite en otros frentes. En las discusiones sobre el salario mínimo o la reforma laboral se difunden modelos económicos sofisticados que se instrumentalizan para anunciar catástrofes si se aprueban aumentos dignos o si se fortalecen derechos laborales. Se aprovechan de que estos modelos no están al alcance del ciudadano de a pie para revestir de autoridad lo que en realidad son simulaciones basadas en supuestos extremadamente restrictivos, metodologías frágiles y proyecciones presentadas con una confianza desmedida.

Por eso casi siempre circulan solo como documentos de trabajo: borradores sin revisión independiente de la comunidad científica.

La diferencia no es menor: la revisión por pares es el mecanismo que garantiza que los resultados resistan un escrutinio metodológico serio. Al saltarse ese filtro, lo que se difunde al público no es ciencia validada, sino hipótesis preliminares infladas como verdades incuestionables. Aun así, los medios los amplifican como si fueran diagnósticos definitivos para sembrar miedo. La evidencia de este año demuestra lo contrario: pese a los pronósticos de pérdidas masivas de empleo, el desempleo no solo no aumentó, sino que cayó al nivel más bajo del siglo.

La verdadera trampa consiste en presentar el conocimiento técnico como un monopolio de las élites, usándolo para blindar sus intereses y deslegitimar cualquier política orientada a ampliar derechos. En ese esquema, la prensa pro-élite actúa como caja de resonancia: no informa, sino que amplifica miedos prefabricados y convierte simulaciones en verdades causales.

Frente a esto, los movimientos sociales de base tienen una tarea urgente: disputar el uso democrático de los datos y la técnica. La estadística pública es un patrimonio colectivo, no una herramienta reservada a tecnócratas al servicio de los de arriba. Reconocer un avance —como el desempleo en mínimos históricos— no significa ocultar los problemas estructurales que persisten, sino construir sobre lo que mejora para transformarlo más a fondo. Para lograrlo, es indispensable dar la disputa política también en el terreno técnico, mostrando que los argumentos presentados como ‘científicos’ o ‘basados en la evidencia’ por los voceros proélite no son neutros ni autoritativos: esconden supuestos débiles y una fuerte carga de ideología reaccionaria.

Los datos no son neutrales, pero tampoco son propiedad de quienes los manipulan. Usados con rigor y compromiso social, se convierten en un instrumento de esclarecimiento y de lucha democrática. Por eso, no se puede ceder ese terreno: disputar el monopolio de la técnica implica también traducirla en pedagogía popular, acercar la estadística al lenguaje de la gente y mostrar cómo detrás de los números hay vidas concretas y derechos en juego. Hacer visibles esas verdades, y desnudar la manipulación sistemática de la prensa pro-élite, es indispensable para sostener un proyecto de país basado en la verdad, la justicia social y la participación ciudadana.

Dr. Andrés Zambrano-Curcio

Nueve años después del plebiscito por la paz

Nueve años han pasado desde el icónico plebiscito de la paz del 2 de octubre de 2016, cuando el país se dividió entre el sí y el no al acuerdo con las FARC. Hoy tenemos una moraleja que va del “Nobel de la Paz al Fracaso de la Paz Total” como lo recuerda el expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, cuyo episodio le dejó una herida que nunca cerró del todo, pero que marcó un punto de inflexión en la historia contemporánea de Colombia. En entrevista reciente con El Espectador, Santos vuelve a la escena pública no solo como expresidente, sino como potencial candidato a Secretario General de la ONU. Su diagnóstico sobre la “Paz Total” de Gustavo Petro no podría ser más severo: “ha sido un total fracaso”.

Lo que para Santos fue un proceso jurídico, verificable y monitoreado internacionalmente por el Consejo de Seguridad de la ONU, para Petro se ha convertido en una consigna difusa y oportunista que mezcla insurgencias, bandas criminales y estructuras narcotraficantes bajo un mismo paraguas discursivo. El resultado: más de 500 firmantes del acuerdo asesinados, una institucionalidad en crisis y un país que se siente más cerca de la guerra que de la paz.

Luis Fernando Ulloa

Santos señala que las disidencias de las FARC no son herederas de la guerrilla que firmó la paz, sino mutaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al control territorial. En sus palabras, “dejaron de existir cuando se firmó el acuerdo; lo demás son estructuras ilegales que nada tienen que ver con la política”. Sin embargo, el gobierno de Petro les otorgó un estatus jurídico al reconocerlas como “Estado Mayor Conjunto”, dándoles la apariencia de un actor político legítimo. El resultado fue una peligrosa confusión entre paz y sometimiento, entre justicia transicional y negociación con delincuentes.

Esa confusión no solo tiene consecuencias internas. En Nueva York, la ONU se prepara para emitir su octavo informe sobre la implementación del acuerdo de 2016, y el balance no es alentador. Los recursos destinados a los PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial), columna vertebral de la implementación, fueron reorientados por el gobierno hacia la llamada “Paz Total”. En otras palabras, los fondos concebidos para consolidar la paz territorial están hoy al servicio de una estrategia sin norte, sin indicadores y sin voluntad política.

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo —uno de los voceros del proceso de paz de Santos— lo advirtió en la ONU: se necesita un “plan de choque” para rescatar la implementación. Pero nada ha ocurrido. Petro prefiere hablar en los foros globales de Gaza o del antiimperialismo antes que enfrentar la realidad de los 500 municipios donde el Estado perdió el control frente a las BACRIM, el Clan del Golfo o las disidencias.

En su más reciente discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el mandatario colombiano propuso incluso conformar un “ejército internacional” para combatir el genocidio en Gaza. Santos, con ironía y claridad, le respondió: “Presidente, primero recupere el control del territorio nacional antes de irse a liberar a otros pueblos.” El comentario, más allá del tono, refleja un malestar nacional: el país percibe que su presidente gobierna más para la comunidad internacional que para los colombianos.

Petro parece obsesionado con su legado moral, no con sus resultados reales. Habla como un redentor del planeta, pero su gobierno se hunde en la inseguridad, la deforestación, el estancamiento económico y el aislamiento político. Colombia, que fue ejemplo mundial con el proceso de paz de 2016, hoy es vista como un experimento errático, un laboratorio de discursos y no de políticas.

Pero más allá de la política interna, Santos aprovecha su tribuna para proyectarse como un reformista global. Aspira a liderar una ONU envejecida —diseñada en 1945— con una agenda que hoy luce obsoleta frente a las crisis ambientales y humanitarias. Como vicepresidente del grupo Guardianes del Planeta, promueve una reforma del sistema multilateral y la fusión de las cumbres climáticas (COP) y de biodiversidad, argumentando que “ambas son dos caras de la misma moneda”.

Su visión global contrasta con el ambientalismo retórico de Petro, quien busca ser recordado como el “presidente que salvó el planeta”, pero cuyo país sufre los peores índices de deforestación amazónica en una década. Mientras Petro denuncia el extractivismo mundial desde los atriles de la ONU, en el Parque Nacional Chiribiquete —el mayor tesoro ecológico del país— avanzan carreteras ilegales financiadas por mafias mineras y cocaleras. La minería ilegal, la contaminación de los ríos y la destrucción de los ecosistemas muestran que el discurso verde del gobierno es apenas un barniz ideológico sobre una realidad en descomposición.

Ahora bien, la aspiración de Juan Manuel Santos a la Secretaría General de la ONU tiene ciertos méritos: experiencia en negociaciones internacionales, un nombre con reconocimiento y una base diplomática latinoamericana sólida. Sin embargo, desde los países poderosos y los círculos globales especializados aún no aparece como favorito ni con respaldo claro en el centro del poder multilateral. Los vacíos en cobertura europea, los riesgos de polarización interna, la competencia internacional —especialmente de candidatas mujeres— y la necesidad de apoyo de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad son obstáculos serios. Es decir, su eventual candidatura podría convertirse en un nuevo ejercicio de diplomacia simbólica más que en una opción real de liderazgo mundial.

Pese a lo anterior y paradójicamente, Santos en la entrevista, implícitamente le recuerda a Petro, que el liderazgo global se construye desde los hechos: Colombia tiene el 70% de sus fuentes hídricas originadas en páramos delimitados, 40 millones de hectáreas agrícolas de las cuales solo se usan nueve, y dos océanos capaces de absorber el CO₂ que asfixia al planeta. Pero nada de eso sirve si el Estado no puede garantizar seguridad, inversión ni confianza.

En conclusión, el legado de Santos y el de Petro representan dos visiones de país: la institucionalidad versus la épica; el método versus la dialéctica. Santos buscó cerrar la guerra desde la ley y con verificación internacional; Petro pretende reinventar la paz desde la alegórica improvisación, entonces la “Paz Total” no solo ha fracasado, sino que amenaza con devorar los logros de la paz parcial que costó años de negociación, miles de vidas y un esfuerzo monumental del Estado colombiano a través de varios mandatarios.

Mientras nuestro actual gobernante juguetea a proyectarse como el líder del Sur Global y la voz moral del planeta, el país se desangra en sus propios territorios, y si bien las otrora poderosas FARC ya no existen como tal, hoy sus sombras crecen agigantadas; la paz no se consolida, y el Estado pierde legitimidad. Mientras la historia implacable terminará juzgando no al Petro que habló en la ONU, sino al Petro que no pudo garantizar la vida de los pobres colombianos.

 

Luis Fernando Ulloa

Cifras de violencia y delincuencia mal utilizadas

En los últimos días, se ha presentado una serie de polémicas en torno a la presentación de las cifras de violencia y delincuencia que se registran en el país. La más reciente entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán y la segunda entre el mismo presidente y la Defensora del Pueblo, Iris Marín, discusiones públicas sobre las cifras que no han pasado a la solución conjunta de los problemas de violencia y delincuencia por los que está atravesando el país.  

Entre números y tasas.

 

El primer caso, la afirmación del presidente en un acto donde estaba presente el comandante de la Policía Metropolitana y quien le dice “Donde más se mata en Colombia es en Bogotá” frase que fue hecha noticia por la W Radio https://x.com/WRadioColombia/status/1974217556471734277, frente a la cual el alcalde Galán reaccionó exponiendo cómo el presidente hizo mal uso de las cifras https://x.com/carlosfgalan/status/1974232632775815610?s=48&t=b7NyrWSvE0AXoQkZ9qjNxw

Como se puede oír y ver en los dos mensajes, los dos mandatarios no hacen uso adecuado de las cifras. En el caso del presidente, cuando se oye el audio completo, se puede decir que tiene parcialmente la razón cuando asegura que Bogotá, por número en el conjunto del país, es el territorio donde más se cometen homicidios. De acuerdo con las cifras de Medicina Legal, el año pasado en Bogotá se cometieron 1.208 homicidios, le sigue Cali con 949 casos. En este caso, el presidente debió utilizar el indicador más importante para determinar el nivel de riesgo frente a la violencia homicida en Bogotá, que es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes.  

Con base en la tasa el alcalde Galán también tiene en parte la razón, cuando asegura que Bogotá tiene una de las tasas de homicidio más bajas de las ciudades capitales en lo corrido del año. Sin embargo, al presentar cifras parciales, de enero a octubre, confunde y oculta el creciente problema de violencia y delincuencia que se presenta en la ciudad, dado que en las cifras que presenta, Bogotá aparece con una tasa de 11 homicidios por cada 100.000 habitantes (ver segundo mensaje en X reseñado aquí), cuando la tasa real anual de homicidios, de acuerdo con Medicina Legal, fue de 15,6 casos por cada 100.000 habitantes en 2024 y como van las cosas es posible que este año se tenga una cifra cercana a 15. Hay que reconocer que la tasa de violencia homicida en Bogotá ha aumentado desde el año 2023 en un 12%, como se puede ver en el siguiente cuadro:  

Mapas tomados por la delincuencia.

La segunda polémica en torno a la presentación de las cifras de violencia y delincuencia entre el presidente y la Defensora del Pueblo, tiene que ver con los mapas de una publicación del diario británico The Economist, en los que se muestra la presencia de grupos armados ilegales en municipios y departamentos del país entre 2019 y 2024, donde para este último año está complemente rojo, como si todo el país estuviera tomado por estos grupos.

Según el presidente la fuente de estos mapas era la Defensoría del Pueblo y reseñó que “no se puede hacer un mapa de violencia tiñendo un municipio de un millón de hectáreas de rojo, en donde en la mayor parte de la extensión no viven personas y donde ocurrió algún hecho de violencia en alguna vereda”. Desde su perspectiva, este tipo de representaciones gráficas, extienden la percepción de inseguridad a regiones enteras, cuando los incidentes se concentran en puntos muy específicos.

Frente al tema, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que el mapa que presenta The Economist, no es de la Defensoría del Pueblo. “Es una elaboración de ellos que se basa en un documento publicado antes de mi llegada a la institución. El mapa simplifica una realidad que no corresponde a la lectura del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Iguala en color rojo todas las zonas del país, haciendo parecer que el riesgo es extremo en todos los municipios o que los grupos tienen control general en todos ellos. Ninguna de estas dos conclusiones es cierta”, dijo Marín.

En este caso, los dos tienen la razón. Sin embargo, muchas instituciones públicas y privadas, siguen elaborando este tipo de mapas que no son tan precisos a la hora de poder determinar la verdadera dimensión del problema que se quiere presentar y que requiere solución, como se puede ver en el siguiente mapa de las Fuerzas Militares que intenta mostrar el aumento de las confrontaciones armadas en el país.

Hace cerca de 30 años en Bogotá se tuvo esta discusión, cuando presentaron en un consejo de seguridad, los mapas de delitos que se cometían en las 20 localidades de la ciudad y a simple vista parecía que toda ciudad estaba tomada por la delincuencia, lo que llevó a los servidores públicos a ser más precisos en la presentación de este tipo de información al bajarla a barrios y dentro de los barrios a sectores específicos donde ocurrían los delitos, tanto en días, como en horas, lo que permitió una intervención con resultados más efectivos de las autoridades de seguridad y justicia.

Las cifras sustentan la acción y los resultados.

En medio de estas discusiones queda la sensación que los que más preocupa a algunos servidores públicos nacionales y locales, es la imagen que proyecta la información mal utilizada y no la solución de los problemas que genera esa información.

El presidente Gustavo Petro debería dejar de abrir polémicas publicas en torno a las cifras y más bien trabajar en equipo con las autoridades de seguridad y justicia para solucionar los graves problemas que aquejan al país en materia de seguridad. Reconocer que como “Comandante Supremo de las Fuerza Pública” es responsable del orden público en todo el territorio nacional y quien debe garantizar, junto con los todos los alcaldes y gobernadores, la seguridad del territorio y de todos los ciudadanos, dejando de lado los intereses políticos, económicos, sociales, y religiosos, entre otros.

Para lograr lo anterior, hay que tener claro que el manejo del orden público no se descentralizó, se delegó en cabeza de los alcaldes y gobernadores y las órdenes del presidente en esta materia, prevalecen sobre las órdenes de los mandatarios locales, es decir el presidente es el jefe y responsable mayor del manejo del orden público y los mandatarios locales dependen de las órdenes que el primer mandatario imparta. Para solucionar los graves problemas de violencia y delincuencia que hoy tiene el país, se requiere coordinación permanente y trabajo en equipo entre el presidente y las demás autoridades de seguridad y justicia, que incluye a todos los gobernadores y alcaldes, pero parece que esto no va a suceder en lo que resta del gobierno del presidente Gustavo Petro.     

Hugo Acero

Una tierra en disputa: ¿Israel y palestina… que dice la historia?

Entrega No 1

Pareciera que dos hechos totalmente contradictorios están ocurriendo de forma paralela. Me refiero a que mientras la propuesta de los Estados Unidos avanza y es aceptada por la mayoría de los países del mundo, incluyendo aquellos que están en disputa, los cuales buscan encontrar una solución al conflicto, que en su versión actual, ya completa más de dos años y que involucra a los pueblos de Israel y Palestina.

 

Y digo que es contradictorio, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en Colombia alrededor del mismo tema. Pues, mientras que en Egipto se dialoga para ponerle fin al conflicto; en Colombia nuestro “Brillante” presidente, incita a las manifestaciones a favor de Palestina, las cuales terminan convirtiéndose en violentas. algo nada extraño, si se tienen en cuenta los antecedentes, en esta materia, del que hoy es presidente.

Mientras que al otro lado del hemisferio, se busca romper con la hegemonía de la guerra, por este lado, parece que esa búsqueda de la paz, produce todo lo contrario y es utilizada para profundizar la división y el caos, el cual resulta conveniente para un presidente incendiario.

Pero el tema que me lleva a escribir esta columna, es la pregunta que me surgió después de ver los destrozos que estas manifestaciones dejaron en varios lugares de la capital colombiana; y la pregunta fue: Cuántos de estos vándalos y de los que protestan realmente conocen la historia de esta confrontación que ya supera siglos?

Cuántos de los que protestan violentamente, se han tomado el trabajo de preguntarse de donde surge la confrontación y cuál es la verdadera razón para que la misma sobreviva a pesar de tanto tiempo?

Muy seguramente la historia nos pueda resolver estas preguntas; bueno, eso si los vándalos están interesados en conocerla, sino es así, al menos este escrito quedará como memoria histórica de lo que la historia dice sobre ese tema.

No sé cuántos artículos escribiré sobre este tema; lo que si se, es que trataré de hacer un recuento fidedigno de lo que he estudiado sobre el mismo.

Lo primero que tenemos que decir es que mientras la historia de nuestro país, relata los hechos relacionados con la independencia en cabeza de protagonistas como Simón Bolívar, o Santander, o el mismo Cr. Rondón, el mismo de “salve usted la Patria”. La historia de Israel relata los hechos que vivieron sus prohombres como Abraham o Moisés, y hasta el mismo David.

Estas figuras no son nuevas para nosotros, puesto que hacen parte de los relatos bíblicos que nos enseñan, o mejor tengo que decir, nos enseñaban en las escuelas y colegios. Así que para este pueblo que hace parte del conflicto que hoy reina en Gaza, hablar de ellos es hablar de su identidad religiosa, pero también de su historia que los llevo a convertirse en lo que son hoy.

Lo interesante de todo esto es que cuando revisamos los pueblos que han hecho parte del territorio que está en lucha, en esa historia nunca aparece un pueblo llamado Palestina. cuando vemos hacia atrás, vemos que en estas tierras que abarcaban lo que hoy son parte de los continentes de Asia, Europa y África, estaba ubicada una tierra llamada Canaán con su pueblo, los canaanitas.

Esta tierra era una tierra muy codiciada, puesto que su ubicación le permitía ser un punto de cruce de todos los comerciantes, que para esa época, transitaban con su mercancía, era algo así, como un paso obligado, no solo de los que comercializaban, sino también de todos los ejércitos que se movían entre Mesopotamia y Egipto.

Pero además de presentar ciudades fortificadas que daban cuenta de su poder, sus tierras eran las más fértiles de todas, lo cual la hacían aún más apetecida por todas las tribus que la rodeaban.

Pero a la par con su riqueza, campeaba la corrupción y un libertinaje que lo corrompía todo, así lo demostró el hallazgo arqueológico encontrado en la antigua ciudad costera de Ugarit, ubicada en la parte norte de Siria. Las tablas cuneiformes encontradas allí y los relatos que la contenían, llevaron al arqueólogo William Foxewell Albright afirmar que este pueblo de Canaanitas era una de las más aterradores pueblos de sus tiempos, debido a su brutalidad y falta de moral.

Canaán pues era una tierra de claros y oscuros, lo cual a la postre acabaría con su existencia, algo propio de los pueblos de ese entonces.

Muchos fueron las razas que buscaron conquistar y apoderarse de estas tierras, las cartas de Amarna las cuales fueron encontradas en Egipto, relatan como los líderes de estas tierras en diferentes tiempos, pedían ayuda a los respectivos faraones para impedir que diferentes pueblos invadieran su territorio.  Entre esos pueblos apareció el pueblo de Israel, quien venía de ser cautivo de los egipcios y que sin ninguna explicación natural, como lo describe el historiador Flavio Josefo en “Antigüedades Judías” en su libro V, logro derribar la fortaleza de una de sus ms fortificadas e importantes ciudades: Jericó.

Jefferson Mena

Ruido político, el comodín del aborto

Tal vez sí haya algo de Pedro Sánchez que haya que meritarle; su capacidad estratégica y manejo de la agenda política. Nadie como él, y su equipo de asesores -cuenta con 477, el más grande de la historia reciente- para enfurecer a la derecha, volver loco a los medios y redirigir a la opinión pública con el mítico “un burro volando”, para que todos se pongan a hablar del burro, buscar al burro y dejen de lado la falta de sentido democrático, desprecio a las instituciones, corrupción política sistémica, la ausencia total de ética y moral del gobierno, de sus socios y por su puesto del propio presidente de España.

Les hago un repaso de esta semana; nos despertábamos con la confirmación de que el hermano de Sánchez irá a juicio por prevaricación tal y como anunció la Audiencia de Badajoz, mas tarde la noticia era que la doctrina del Supremo abocaba a Begoña Gómez a sentarse ante un jurado si va a juicio por las cinco causas que tiene abiertas; tráfico de influencias, corrupción en el sector privado, apropiación indebida e intrusismo. Después, ya no recuerdo si fue martes o miércoles, saltaba por los aires la honestidad de María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, por un supuesto fraude en la adjudicación de contratos públicos. Chivite, mano derecha que fue de Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE y mano derecha, derechísima, de Pedro Sánchez y por el que muchos ministros han puesto la mano en el fuego y le han repudiado segundos después, que sigue en prisión por el caso Koldo… Simultáneamente a todo esto en el panorama internacional los buenistas de la izquierda más ñoña, con Greta a la cabeza, se hicieron a la mar para llevar ayuda humanitaria a Gaza. Acto loable, pero que no les ha servido de nada salvo para añadir un punto de tensión más a la zona en conflicto pues han acabado detenidos. ¿Dónde pensarían atracar los veleritos si Gaza no tiene ya puerto? Nada como vivir creándose necesidades y alejados de la realidad inmediata para salir al mar e hizar unas velas hacia el conflicto internacional. Pardillos.

 

Todo esta confusión y ruido sólo sive para que Sánchez y su ejército de asesores exploten globos sonda informativos y distraigan la atención del pueblo llano con nuevas polémicas informativas. La última: querer blindar el aborto en la Constitución española. ¿Tan desesperados están en Moncloa como para recurrir el viejo debate del aborto? Si, o eso parece. Este tema viene de lujo cuando no hay soluciones, propuestas y políticas, cuando no hay acuerdos, presupuestos y voluntad real de gobernar, sino de mantenerse a salvo en un barco que deriva en la supervivencia de aguas políticas turbulentas.

Blindar el aborto en la Constitución española, con lo difícil que es hacer cualquier cambio en la Constitución… y la derecha entera entra al trapo  y con razón. No hay debate social. La despenalización es cada vez mayor. Las cifras hablan solas. Ademas, elevar a derecho el aborto  colisiona ética y legalmente con el  derecho a la vida y la objeción  de conciencia de la profesión médica. Un médico que negara un derecho de enfrentaría a un juicio. ¡Menuda bomba distractoria!

Y nadie exige al gobierno, infestado y atufado de corrupción, de mentira, de falsedad, dimisiones. Nadie sale a pedir un mínimo de ética política, de saber estar, de coherencia, de señorío, de hidalguía. Nos hemos acostumbrado a la mediocridad y nos sentimos bien en ella o no tan mal, lo cual no sé si es peor. ¡Qué horror!

Reconozco que , por mi condición de fiel defensora de la vida, no voy a escapar de este globo sonda que es el informae sobre el aborto del ministerio de sanidad español, dirigido por MiMeMa (ministra, médico y madre) Mónica García, cuyos datos son espeluznantes sobre la tendencia abortiva en España. Les resumo:

En 2024 se registraron 106.173 abortos, unos 3.000 más que en 2023. En términos relativos, es una tasa de 12,36 por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, rozando el récord histórico (12,47), de 2011. La tendencia al alza es sostenida desde hace más de una década, y solo bajó durante el primer año de la pandemia (2020).

La mayoría de las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos por motivos no médicos suponen un 94,6% del total. El informe muestra que una de cada dos mujeres que se sometieron a un aborto no usaba ningún método anticonceptivo. Algunas abortan con la misma agilidad que yo me tomo un ibuprofeno en cada jaqueca.

El aborto se ha convertido en el método anticonceptivo, lo han logrado y no me extraña. ¿Quién necesita un condón, si el aborto es gratis y se ha banalizado tanto ese acto tan atroz que ya se toma como la extracción de un molar ? ¿Quién va a asumir las consecuencias de un pasión desbocada cuando el discurso social, gubernamental y elitista es eminentemente que los hijos pesan, son cansinos, cuestan dinero y nos acortan la vida laboral -sobre todo a las mujeres- porque nos castran las alas del éxito, además ya somos muchos en el planeta y es mejor proteger al topo (rata, lobo, jabalie) de las laderas que al hijo que se desarrolla dentro de su madre? ¿Quién será la valiente que asuma una vida ajena sin “medios materiales básicos” para darle el confort que parece necesario para vivir en una sociedad, la nuestra, que sólo ayuda a matar y no ayuda a salir adelante? Si abortar es gratis y un hijo en este mundo es una carga mental, económica y social.

Un debate, el de la vida humana, superado por la ciencia, hay consenso científico en afirmar que la vida humana comienza en el momento de la fecundación, cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, formando una nueva célula llamada cigoto, que posee una dotación genética completa, única, propia, y que es la unidad básica de una nueva vida humana. Todo lo que interrumpa y acabe con esa vida que late y se desarrolla en el seno de su madre, si no es natural, es provocar la muerte a un ser vivo humano en estado de indefensión absoluta.

Nota recomendada: El aborto que duele y los abortos que liberan 

Matar a un hijo aun no nacido,  no entra dentro de las estadísticas de violencia domestica. Tampoco si ese hijo viene con algún síndrome o condición física, que haga la vida de los padres algo más complicada que uno sano, se cuenta como parte de ese genocidio silencioso que denunciaba la semana pasada.

La realidad se falsea, se cuenta como al político le conviene y a nuestra MiMeMa, Mónica, le conviene decir que el aborto no tiene consecuencias para la mujer. Tal vez no esté descrito científicamente el “síndrome post aborto”, pero que algo no esté aún definido no significa que no exista. Internet y las redes sociales están llenas de testimonios de mujeres que han abortado queriendo y viven enganchando relaciones destructivas, adicciones a sustancias, alcoholismo, van de depresión en depresión, sufren dolor físico y espiritual, viven ataques de ansiedad  y tienen lo que se llama  síndrome de estrés post traumático tras practicarse un aborto.

Negar esta realidad es falsear, ningunear y ejercer un tipo de violencia sobre la mujer que aborta, es mirar esta realidad desde el pensamiento único de una ideología que niega la biología. La mujer es la otra víctima de la política abortista. El menosprecio a los efectos post aborto es también una forma de violencia contra la ella. Lo que hace Mónica Gracía es un Mansplaining de libro, un modo condescendiente de ningunear el drama y el trauma del aborto que sufre la mujer. Un reflejo más de la violencia y maldad que se esconde tras este tipo de políticas que lejos de apostar por la libertad de la mujer, apuestan por la destrucción de mujeres a las que victimizan y ningunean de por vida, hundiéndolas en la práctica más dañina de todas: el asesinato del hijo, la negación de la culpa y el propio trauma.

Almudena González

Entre muros y oportunidades: una mirada al futuro migratorio en Estados Unidos

El presidente número 47 llegó con la promesa de reforzar el control sobre la migración irregular, y en efecto las cifras recientes, aunque no son claras, han alimentado este discurso de firmeza. Partiendo de que organizaciones como Pew Research Center hablan de 14 millones de migrantes irregulares para el 2023, una cifra exorbitante considerando que antes de la gran recesión en 2007 había llegado como máximo a 12.2 millones, sumado a que hubo un incremento de más de 3.5 millones en la población de migrantes, entre 2021 y 2023. Lo que dio a los votantes conservadores la razón para elegir poner mano dura contra la migración irregular.

Está claro: en EE.UU. el sistema migratorio no se la pone fácil a nadie, ha calado profundamente en la idea de los migrantes legales. Pero eso no significa que Estados Unidos haya dejado de ser un destino atractivo. Al contrario: las oportunidades siguen ahí, solo que ahora requieren más planeación y estrategia. Por lo que esta realidad no debe leerse como un cierre definitivo, sino como un recordatorio de que el país continúa valorando y recibiendo a quienes ingresan de manera planificada y documentada.
Lo legal: un camino firme hacia la estabilidad

 

Existen una gran variedad de visas para ingresar a los Estados Unidos y nuestra historia ha estado siempre muy ligada al país de los super superhéroes y las cheese burgers. Cuando decidimos migrar es importante revisar por ejemplo nuestra edad, estudios y capacidad de inversión.

La otra cara de la moneda, son quienes logran organizarse y aplicar por la vía legal. Y aunque es más exigente y a veces frustrante, abre caminos reales:

• Niñeras, campamentos de verano, trabajadores agrícolas, modelos, periodistas.
• Inversionistas que apuestan con capital y generan empleo a través de visas E-2 o EB-5.
• Profesionales calificados que aplican a visas como la H-1B o la EB-2.

¿Qué nos deja todo esto?

Las estrategias migratorias legales siempre estarán ahí para quienes puedan elegir planear en vez de arriesgar. No son perfectas, no son rápidas, pero sí ofrecen estabilidad, derechos y un futuro más claro.
En cambio, la vía irregular es un salto al vacío: incertidumbre, pérdidas y sanciones que se arrastran por años.

Más que un obstáculo, una oportunidad de planear

Migrar es un sueño legítimo. Y Estados Unidos sigue siendo un destino interesante, lleno de retos, pero también de posibilidades. La diferencia está en cómo se recorre el camino: arriesgando todo en una ruta incierta, o construyendo con paciencia un proceso legal que, aunque duro, es el único que asegura un futuro con menos miedo y más oportunidades.

La vía irregular puede parecer un atajo, pero en realidad multiplica los riesgos y prolonga la incertidumbre. En cambio, quienes deciden organizar su proceso encuentran no solo seguridad, sino también la oportunidad de crecer en un entorno donde el esfuerzo y la formalidad se convierten en ventajas.

Lo esencial está en comprender que el camino legal no es inmediato, pero sí ofrece garantías: derechos reconocidos, acceso a servicios y la tranquilidad de construir un proyecto de vida sin sobresaltos.
Es por eso que hoy quiero compartir una reflexión clara: migrar legalmente a Estados Unidos sigue siendo posible. Las reglas han cambiado, los procesos son más exigentes, pero las puertas permanecen abiertas para quienes se preparan y deciden recorrer este camino con estrategia. Por eso, la clave está en la preparación, la asesoría adecuada y la confianza en que migrar legalmente es la mejor manera de transformar un sueño en una realidad segura y sostenible.

Andrea Medina

El renacimiento del Antisemitismo

Bogotá enfrenta una nueva amenaza que no puede permitirse normalizar: el regreso descarado del antisemitismo. Este no es un debate abstracto sobre conflictos lejanos; es una realidad palpable que ya se manifiesta en vandalismo y agresiones en nuestras calles promovidas por Gustavo Petro.

Recientemente, se ha confirmado la reaparición de grafitis con consignas de odio en fachadas de locales y edificios del norte de la capital. La Zona T y la Carrera Séptima han sido escenarios donde consignas como «Israel genocida» se han pintado, afectando a establecimientos comerciales y conjuntos residenciales. Es vital trazar una línea: la protesta y la crítica política son bienvenidas en la democracia, pero el vandalismo, los mensajes de odio y las agresiones a personas son, sencillamente, crímenes de odio. El Antisemitismo es una muestra de racismo.

 

Nota relacionada: Andrés Barrios Bernal tilda a Gustavo Petro de «antisemita»

El fenómeno se está extendiendo. Hace apenas semanas, una sinagoga en Cali amanecía cubierta de grafitis abiertamente antisemitas, un hecho que la Confederación de Comunidades Judías denunció inmediatamente. La retórica antijudía nunca es gratuita; se traduce, inevitablemente, en agresiones reales. La ciudad no puede esperar a que el daño escale.

Lo más preocupante es la fuente de legitimación que impulsa esta hostilidad. Cuando la más alta figura del poder ejecutivo, el Presidente de la República respaldado por sus secuaces del Pacto Histórico, se permite escribir textualmente que «Hitler está vivo en la política del mundo» o compara repetidamente a sus adversarios con el genocida nazi, está haciendo algo más que una analogía de mal gusto.

La verdad incómoda es esta: Hitler está vivo en los discursos que reaniman el antisemitismo dentro de Colombia promovidos por la izquierda radical.

Al banalizar el nazismo, el poder legitima el lenguaje que da permiso a algunos para perseguir, para señalar comercios y para destruir fachadas de la misma forma que se hacía hace casi un siglo. Quienes protagonizan estos actos no están marchando solo contra la política de un Estado; están señalando y violentando judíos que viven, trabajan y estudian en nuestras ciudades. El antisemitismo, por definición, siembra el odio hacia los judíos.

Colombia debe combatir toda forma de violencia, especialmente el Antisemitismo, para que nunca más volvamos a repetir el Holocausto.

Andrés Barrios Bernal

Unitarios, Frente Amplio y la democracia interna que la Nación necesita

La construcción de un Frente Amplio creíble exige tanto contenidos programáticos como reglas de juego internas que permitan sostener la gobernabilidad colectiva. No basta con acordar plataformas de gobierno. Es imprescindible pactar públicamente la existencia de mecanismos de consulta interna y de gobernabilidad democrática que obliguen a quien sea elegido o elegida presidente a responder al colectivo. Sin esos acuerdos previos la unidad corre el riesgo de transformarse en una maquinaria que concentra poder, reproduce liderazgos unipersonales y traiciona la promesa de democracia profunda.

Un pacto público sobre gobernabilidad colectiva cumple funciones esenciales. Protege la coherencia política del proyecto al garantizar que las decisiones centrales se adopten con deliberación y no por decreto personal. Genera confianza social porque la ciudadanía puede verificar que hay rendición de cuentas y contrapesos internos. Reduce la posibilidad de captura por clientelismos y la peligrosa tendencia al personalismo que ha fracturado tantas experiencias progresistas en la región.

 

Ese pacto debe formalizar un mecanismo permanente de consulta interna que sirva para definir la hoja de ruta programática y las grandes decisiones de gobierno. Dicha consulta debe ser vinculante para las principales opciones de política pública que afectan derechos y recursos. Las personas electa debe asumir por escrito y de forma pública compromisos claros de colegiación en el ejercicio del gobierno y el legislativo, aceptar someter a instancias del Frente las decisiones de alto impacto político, presupuestal, social y territorial, y respetar límites frente al liderazgo unipersonal.

Además de la consulta vinculante son necesarias instancias de gobernabilidad colegiada con representación territorial y social que actúen como espacios de deliberación y control político. Estas instancias deben poder emitir recomendaciones públicas, convocar debates obligatorios sobre asuntos clave y supervisar criterios objetivos para nombramientos. Evitar la práctica de designaciones discrecionales que consolidan clientelas y fracturan la alianza es una condición ética y política que fortalece la credibilidad del Frente.

La transparencia y la rendición periódica de cuentas tienen que ser la norma. Informes públicos, comparecencias regulares y auditorías ciudadanas no son gestos ceremoniales, son herramientas para sujetar al poder a la deliberación. Igualmente necesarias son reglas operativas para la resolución de conflictos internos que privilegien la mediación, el cumplimiento de acuerdos y, en casos extremos, mecanismos de revocatoria interna que permitan al colectivo corregir rumbos sin expulsar la política del debate.

Estos acuerdos reducen la posibilidad de lo que algunos llaman mesianismo y otras formas de liderazgo carismático que eclipsan la deliberación. No se trata de debilitar la figura presidencial en caso de victoria, o la figura del congresista, sino de institucionalizar la corresponsabilidad. Un gobierno coherente con la promesa de paz y justicia social necesita una arquitectura de poder que lo haga resistente a tendencias autoritarias y que mantenga el vínculo con los territorios.

El logro democrático de una bancada parlamentaria mayoritaria es otra pieza decisiva dentro de esta estrategia. Una bancada cohesionada tiene la responsabilidad de tutelar los compromisos del Frente, de convertir las decisiones colectivas en proyectos legislativos y de blindar los recursos para las políticas de paz y desarrollo territorial. Para que esta bancada cumpla su función es imprescindible que rija por reglas internas públicas que privilegien la deliberación, la transparencia y la rendición de cuentas ante las instancias del Frente y ante la ciudadanía.

La política de los próximos años debe complementar el trabajo legislativo con espacios de diálogo social y acuerdos multisectoriales que convoquen a sindicatos, organizaciones sociales, gremios, comunidades étnicas y gobiernos locales. Estos espacios de diálogo permiten dirimir tensiones con legitimidad social, facilitar consensos de largo plazo y dotar de respaldo popular a las grandes reformas. Fortalecer el diálogo social no es debilitar al Congreso, es enriquecer la democracia y crear canales que acerquen las decisiones al territorio y a la vida cotidiana de la gente.

Evitar el protagonismo vacío exige una cultura política orientada por reglas y prácticas. Publicar criterios de selección para cargos de confianza, vincular designaciones a mérito y representación, y comprometerse a someter decisiones de alto impacto a procesos de consulta son medidas que protegen al Frente de los personalismos. La bancada debe invertir en fortalecimiento colectivo, capacitación política y en la conexión permanente con las bases territoriales. Hacer público el pacto desde el inicio evita rupturas posteriores y convierte la gobernabilidad en un activo colectivo. La colegiación no puede devenir en club de intereses, en el rencauche del llamado centralismo democrático, ni en excusa para la parálisis. Los procedimientos de control deben ser ágiles y deliberativos a la vez.

Unitarios y sus aliados tienen la oportunidad de convertir la prioridad por la paz y la justicia social en una práctica democrática ejemplar si pactan públicamente cómo van a gobernar internamente. Ese pacto debe incluir mecanismos vinculantes de consulta, órganos de gobernabilidad colegiada y el compromiso expreso de la persona elegida a cualquier cargo, a responder al colectivo.

Si la convergencia asume este compromiso con seriedad estará dando un paso político que trasciende el corto plazo. No solo aumentará la probabilidad de implementar reformas profundas, sino que también demostrará que es posible gobernar sin sacrificar la deliberación y la participación. La ciudadanía exige coherencia entre el discurso y la práctica. Pactar la gobernabilidad democrática es la mejor manera de honrar esa expectativa y de convertir la esperanza en capacidad de transformación duradera.

Luis Emil Sanabria D

¡El salvavidas de chuchupa!

Después de muchas idas y venidas, vueltas y revueltas, el Gobierno Nacional ha terminado por aceptar que en Colombia sí hay una escasez de gas, que esta es creciente, que la producción nacional del mismo es insuficiente para satisfacer la demanda esencial y que por lo tanto se requiere importarlo para conjurar un eventual racionamiento, dejando atrás el negacionismo de la ex ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, para quien, según ella, Colombia tendría asegurado el abastecimiento hasta el año 2042 y del ex ministro Andrés Camacho, quien sostuvo que aquí no había escasez sino acaparamiento por parte de algunas empresas que estaban acaparándolo y especulando con el mismo y ordenó investigaciones por ello a la Superintendencia de servicios públicos, las cuales nunca llegaron a ningún Pereira.

Luego de admitir, por fuerza de las circunstancias, la imperiosa necesidad de importar el gas vendría el embeleco de traerlo desde Venezuela primero y desde Catar después, al tiempo que el Presidente Petro, en una actitud errática primero le recrimina a ECOPETROL por estarle “mamando gallo en el tema”, porque “este Gobierno dijo; transición energética significa reemplazar , no acompañar los combustibles fósiles”  e interpeló a su Presidente Ricardo Roa con este interrogante: “¿por qué vamos a promover el uso de gas natural si eso es muerte?”. Pero ello no fue óbice para posteriormente, en medio de un Consejo de Ministros el 7 de abril, manifestarle que no entendía “por qué Ecopetrol no está importando gas. El simple hecho que Ecopetrol no importe el gas como sí importa gasolina no permite negociación con los colombianos (…) la orden que yo le doy al ministro de Minas es que mire a ver qué pasa en Ecopetrol y por qué no importa el gas” que requiere el país.

 

En el entretanto, la empresa ECOPETROL, consciente de la necesidad de su aprestamiento para importar gas, habida cuenta que al tiempo que es el principal productor de este energético es también el mayor consumidor, había dado los pasos conducentes para ello. En efecto, contrató para ello los servicios de la empresa Puertos Inversiones y Obras (PIO SAS), para la instalación de una Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSU, por sus siglas en inglés) en Buenaventura y una planta regasificadora en Buga (Valle del Cauca), hasta donde se transportará en camiones cisternas, una especie de isocontenedores, en estado líquido, a falta de un gasoducto, con el que no se cuenta. Operación esta compleja y costosa. Esta planta tendrá una capacidad muy limitada, de sólo 60 MMPCD, si se compara con la Sociedad portuaria del Cayao (SPEC), instalada en Barú (Cartagena), con una capacidad de 450 MMPCD y estará disponible en el segundo trimestre de 2026.

Es de anotar que actualmente sólo se cuenta con la regasificadora que instaló la Sociedad portuaria del Cayao (SPEC) en Barú, Cartagena, con una capacidad inicial de 400 MMPCD y actualmente, luego de su ampliación, es de 450 MMPCD, la cual se proyecta hasta 530 MMPCD para el 2026. La misma fue instalada gracias a la iniciativa del denominado Grupo térmico de la Costa, integrado por tres plantas generadoras (TEBSA, Termocandelaria y Celcia) y me correspondió como Ministro de Minas y Energía licenciar su proyecto mediante las resoluciones 062 de 2013 y 022 de 2014.

Fue inaugurada finalizando el 2016 y desde entonces le ha servido de fuente de abastecimiento del combustible a dicho parque térmico y así poder cumplir con sus obligaciones de Oferta de energía en firme (OEF) adquiridas por el Cargo por confiabilidad. De no haber sido por la SPEC el país se habría apagado el año pasado cuando la sequía que trajo consigo el fenómeno de El Niño puso a prueba el respaldo del parque térmico, operando a su máxima capacidad, hasta cubrir el 58% de la demanda de energía.

En este contexto y dado que las necesidades de importación serán mayores y crecientes ha surgido otra iniciativa que es a todas luces muy prometedora, por parte de la empresa transportadora de gas TGI, filial del Grupo energía Bogotá (GEB). Así lo anunció el Presidente de este Juan Ricardo Ortega. Según sus declaraciones, la misma consiste en conectar la red con el campo Chuchupa, uno de los históricos productores de gas en La Guajira, utilizando la licencia ambiental de una infraestructura ya existente, lo cual abreviaría los términos para su entrada en operación. Tiene, además la ventaja de contar con la infraestructura del gasoducto que opera HOCOL, empresa del grupo empresarial ECOPETROL, hoy subutilizado, pues de su capacidad de transporte de 500 MMPCD sólo esta transportando 70 MMPCD.

Según la compañía, esto permitiría arrancar operaciones en menos de un año. Como lo manifestó Ortega, “contamos con el barco, el capital y la capacidad técnica para poner en marcha esta solución”. Para luego es tarde. Queda en manos del Gobierno nacional apoyar esta iniciativa para garantizar el abastecimiento en los próximos años contando con esta otra regasificadora, que tendría una capacidad mucho mayor que la de Buga, pues estamos hablando de 260 MMPCD para el primer trimestre de 2027, justo cuando el país podría afrontar una crisis de desabastecimiento, la cual se escalaría hasta los 400 MMPCD para el 2029.

Este proyecto anunciado por Juan Ricardo Ortega es de tal importancia y urgencia para el país que amerita ser considerado como de interés nacional estratégico (PINE) y ser tratado como tal, en aplicación del Documento CONPES 3762 de 2013, en orden a agilizar sus trámites y poder contar más pronto con tarde con esta regasificadora. Tanto más en cuanto que, según el Gestor del Mercado de gas, Colombia tendrá una creciente necesidad de importar gas, con un déficit que pasará de 117 millones de pies cúbicos diarios en 2026 (16% de la demanda) a 224 millones en 2027 (37%) y 260 millones en 2028 (43%) para cubrir la demanda nacional. 

Por mi parte, yo insistiría en que, pensando en el mediano y largo plazo, se contemple instalar allí un complejo bidireccional, de tal suerte que lo urgente, que es ampliar la capacidad regasificadora, no impida que se disponga también de una planta de licuefacción, previendo que, cuando sea declarada la comercialidad de SIRIUS y recuperemos la autosuficiencia de provisión de gas natural, dispongamos de la facilidad para exportar los excedentes.

Amylkar Acosta

Una Narnia trágica

Se extiende a lo largo de 41 kilómetros por la costa sureste del mar Mediterráneo, al noreste de la Península del Sinaí. Fue hace miles de años ʿazzā o ʿazzat, que en lenguas cananeas y hebreo antiguo significa «fuerte» o «fortaleza». Fue también una de las ciudades de la Pentápolis filistea, fue un legendario punto de encuentro en la Vía Maris, la antigua ruta comercial que conectaba Egipto con Mesopotamia.

Egipcios, asirios, persas, griegos, romanos, bizantinos, árabes, otomanos y otros pueblos ya olvidados la gobernaron. Ahora se llama simplemente Gaza, como la llamaron los griegos y allí se libra una guerra. La guerra la trajeron un 7 de octubre unos hombres que se llaman así mismos como Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, que traduce Movimiento de resistencia islámica cuyo acrónimo es Hamás, una rama palestina de los Hermanos Musulmanes, organización esta que en su texto fundacional declara que «Alá es nuestro objetivo, el Mensajero es nuestro guía, el Corán es nuestra constitución, la yihad es nuestro camino y la muerte por Alá es nuestra aspiración más elevada».

 

Estas personas no representan los intereses, ni las aspiraciones del pueblo palestino que es socialista y laico. Su guerra es racial y religiosa, es contra los judíos, no contra Israel y el día 8 de octubre ya la habían perdido.

Israel interpretó correctamente la realidad del campo de batalla de Gaza como el centro nuclear de una guerra en la cual el estado judío era una fortaleza asediada y por lo tanto el objetivo estratégico era romper el asedio y lo hizo. Israel transformó por completo el balance de fuerzas de la región. En el Líbano Hezbolá fue expulsado del control político y su fuerza miliciana destruida con un simple mensaje de texto. En Siria, la dictadura de Al Assad fue derrocada y las FDI están creando una zona de seguridad fronteriza con sus aliados drusos y Hamás a dejado de existir militarmente.

Este escenario permitió que las fuerzas israelíes llevaran adelante las operaciones para degradar el programa nuclear Iraní y finalmente conformara un bloque de países árabes enfocados es aislar el régimen de los ayatolas. Estos eventos eran impensables hace dos años. Estos son los resultados geopolíticos de una guerra real en cual una acción terrorista particularmente brutal, produjo la derrota de las fuerzas asociadas a Hamás y la caída de sus socios políticos. Israel ha logrado, hasta ahora, todos sus objetivos estratégicos, sin embargo la victoria aún está lejos.

Pero también se está librando una guerra irreal en una Gaza-Narnia donde Hamás no existe y se dice que una fuerza invasora brutal está llevando a cabo un genocidio. Allí no hay combates, sino masacres y los eventos del 7 de octubre de 2023 fueron apenas un acto de vandalismo infantil que se falsificó para justificar el exterminio de la gente de Gaza. Es un territorio imaginario de opresión y muerte al que solo es posible acceder en flotillas salvadoras de elfos rojos, o mediate imágenes mágicas de dolor y opresión que eventualmente llegan desde allí.

Esta tierra fantástica se ha convertido en una señal para pertenecer a la tribu superior de los justos, si no estás en esta tribu eres cómplice de genocidio. La fuerza de este mito tiene su origen en la necesidad fanática de restablecer la figura de victima y mártir que los palestinos destruyeron el 7 de octubre cuando se convirtieron en cómplices de Hamás para perpetrar la masacre de civiles más atroz de nuestro tiempo y dejaron a los creyentes sin sus santos. Ahora mediante el tropo de genocidio han restablecido el símbolo del oprimido bondadoso y recuperado a la ruta al paraíso que verán solo quienes estén en la tribu de los justos.

Esta Narnia trágica persistirá necesariamente y tendrá un costo para la libertad como todos los mitos de reivindicación y no importa cuánto se argumente o se muestren datos. Dato no mata relato y este relato es demasiado importante para la cultura mágica contra la ilustración y el antisemitismo, no hay que dejarse arrastrar a esa narrativa, lo importante es la realidad de la guerra, lo hechos del campo de batalla que las personas que deben vivir en realidad del poder han recogido en el plan de paz para Gaza que no es otra cosa que el reconocimiento de que la paz viene de la victoria y la victoria es de Israel.

Jaime Arango

El gobernador de Antioquia fue derrotado por la resistencia de los jóvenes del poli y la IU digital de Antioquia

La Gobernación de Antioquia anunció que no seguirá adelante con su propuesta de eliminar las estampillas del Politécnico Jaime Isaza Cadavid y de la IU Digital de Antioquia. Es una victoria del movimiento estudiantil, de los jóvenes que marcharon, se organizaron y defendieron con convicción el derecho a una educación pública sólida y sostenible. Es también una derrota para un modelo de gobierno que ha pretendido disfrazar el desmonte de lo público con discursos tecnocráticos de “austeridad” y “eficiencia”.

Durante semanas, el Proyecto de Ordenanza que buscaba acabar con las estampillas fue un símbolo del desprecio del Gobernador hacia las instituciones departamentales de educación superior. La propuesta no solo ponía en riesgo la estabilidad financiera del Poli y de la IU Digital, sino que respondía a un revanchismo político evidente contra los estudiantes que se han atrevido a cuestionar las políticas privatizadoras y excluyentes del actual gobierno departamental.

 

Conviene recordar que las estampillas no son un capricho, sino instrumentos legales creados por el Congreso de la República para garantizar recursos con destinación específica a instituciones públicas. La del Poli fue autorizada por la Ley 1320 de 2009 y la de la IU Digital por la Ley 2226 de 2022. Ambas fueron impulsadas, irónicamente, por congresistas del propio uribismo —Óscar Darío Pérez, Paola Holguín, Jhon Jairo Berrío y Juan Fernando Espinal—, lo que convierte este episodio en otro ejemplo del “fuego amigo” que caracteriza al Gobernador Andrés Julián Rendón, incapaz de respetar siquiera las banderas de su propio partido cuando se trata de atacar lo público.

La excusa de siempre —que la responsabilidad es del Gobierno Nacional— tampoco aplica. El Poli y la IU Digital son instituciones del orden departamental, por lo tanto su sostenibilidad depende directamente de la Gobernación. Mientras el Gobierno Nacional ha incrementado el presupuesto educativo a 72 billones de pesos y promueve en el Congreso una reforma estructural al financiamiento de las universidades públicas, la administración departamental se había propuesto eliminar una de las pocas fuentes estables de ingreso para la educación superior en Antioquia.

El argumento que pretendía justificar la eliminación de las estampillas —que así se garantizaba la sostenibilidad— no resistía el más mínimo análisis. Es un insulto a la inteligencia decir que una universidad puede fortalecerse quitándole recursos. La Gobernación prometía reemplazar ese dinero con una “política pública integral de educación superior”, pero sin ningún documento, proyección presupuestal ni fuente real de financiación. Era, en el mejor de los casos, un salto al vacío; en el peor, una trampa para someter a las universidades a la voluntad del Ejecutivo departamental.

Porque ese era el verdadero propósito: atar la autonomía universitaria al vaivén político del presupuesto, debilitando a las instituciones hasta volverlas insostenibles y abrirles la puerta a la privatización. No se trataba de mejorar la eficiencia, sino de concentrar el poder sobre el futuro de la educación superior en manos del Gobernador.

Por eso la movilización de los estudiantes del Poli y la IU Digital no fue una simple protesta, sino un acto de defensa del derecho a soñar, estudiar y construir un futuro digno desde la educación pública. Ellos entendieron que detrás de un tecnicismo fiscal se escondía un golpe al corazón del conocimiento y de la movilidad social en Antioquia.

Hoy, gracias a su persistencia, la propuesta fue retirada. Pero la batalla no termina aquí. El Gobernador deberá entender que no se gobierna contra la juventud, que Antioquia no se levanta debilitando sus universidades, y que ningún discurso de austeridad puede justificar el desmonte de lo público.
Esta vez ganaron los estudiantes, ganó la educación pública, y ganó la dignidad de Antioquia. Que quede claro: con el Poli y la IU Digital no se juega.

Alejandro Toro

Climate Week NYC 2025: Entre el impulso financiero y la urgencia climática

La Semana del Clima en Nueva York 2025 dejó una sensación agridulce. Por un lado, Wall Street finalmente se presentó con toda su artillería: inversores, banqueros y gestores de activos llenaron las salas de conferencias, señalando que el capital natural ya no es una apuesta marginal de filántropos idealistas, sino parte de las finanzas convencionales. Por otro, los datos científicos siguen siendo alarmantes y la acción concreta continúa rezagada frente a la escala del desafío.

Lo más sorprendente de esta edición no fue cuántos retrocedieron en sus compromisos climáticos —a pesar del hostil clima político en Estados Unidos— sino cuántos mantuvieron o incluso ampliaron sus ambiciones. El Net Zero Stocktake 2025 reveló que países representando el 74% de las emisiones globales y el 77% del PIB mundial mantienen objetivos de cero emisiones netas, con casi dos tercios ya en legislación o política formal. En el sector privado, el 63% de las empresas del Forbes Global 2000 ahora tienen metas neto cero, representando 36.6 billones de dólares en ingresos.

 

Pero aquí está el problema: tener una meta no es lo mismo que cumplirla. Solo el 7% de las empresas, el 6.5% de las regiones y el 4% de las ciudades cumplen con estándares mínimos de credibilidad. Muchos compromisos carecen de hitos intermedios, no incluyen las emisiones de Alcance 3 (las más difíciles de medir y reducir), o son vagos sobre el uso de compensaciones de carbono. Es como prometer bajar de peso sin cambiar la dieta ni hacer ejercicio: suena bien en papel, pero los resultados no llegan.

La naturaleza también tuvo su momento estelar esta semana. El TNFD 2025 Status Report mostró que más de 620 instituciones con 20 billones de dólares en activos se han comprometido a alinear sus reportes con las recomendaciones de la Fuerza de Tareas sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza. Esto marca un cambio importante: por primera vez, la pérdida de biodiversidad y la degradación de ecosistemas se están evaluando como riesgos financieros sistémicos, no solo como preocupaciones ambientales.

Sin embargo, el entusiasmo por los reportes choca con una realidad incómoda: pocas organizaciones tienen las capacidades técnicas para realmente evaluar y gestionar sus riesgos relacionados con la naturaleza. Los datos son desiguales, las métricas son complejas, y hay una brecha masiva de talento profesional. Como se destacó en las discusiones de la semana, la demanda de profesionales capaces de tender puentes entre modelos de negocio sostenibles y finanzas está explotando, pero el talento disponible es limitado.

La presencia de Wall Street en la Semana del Clima es prometedora, pero el entusiasmo institucional aún no se traduce en flujos de capital suficientes. El dinero, o mejor dicho su ausencia, sigue siendo el elefante en la habitación. El Playbook for Climate Finance 2025 de The Nature Conservancy puso cifras contundentes sobre la mesa: aunque el financiamiento climático global superó los 2 billones de dólares en 2024, las necesidades anuales se estiman en 7.4 billones hasta 2030. Esa brecha de más de 5 billones no se cerrará con buenas intenciones.

Lo interesante es que las herramientas financieras innovadoras ya existen: desde fondos de inversión de impacto hasta refinanciamiento de deuda soberana, seguros de ecosistemas, mercados de carbono azul y finanzas combinadas para adaptación. El problema no es la innovación, sino el despliegue a velocidad y escala. Como se discutió ampliamente durante la semana, necesitamos hacer que las finanzas ambientales sean «aburridas» en el buen sentido: repetibles, bien estructuradas y lo suficientemente predecibles como para atraer capital institucional masivo.

Los mercados de carbono voluntario también acapararon atención. El reporte Catalyzing Carbon Markets del VCMI proyecta un crecimiento de 1.4 mil millones de dólares el año pasado a entre 40 y 250 mil millones en las próximas dos décadas. Las instituciones financieras tienen un papel clave que jugar en asesoría, estructuración de mercados de capital, gestión de fondos y mitigación de riesgos. Pero persisten barreras importantes: demanda incierta, riesgo reputacional, ambigüedad regulatoria y la falta de estructuras financiables para proyectos de carbono.

La buena noticia es que soluciones como seguros para mitigar riesgos de entrega y políticos, mecanismos de financiamiento diversificados y mayor alineación regulatoria podrían transformar los mercados de carbono de un espacio fragmentado y de alto riesgo en una clase de activo convencional. La pregunta es si las instituciones financieras están dispuestas a pasar de observar desde la barrera a realmente entrar al juego como líderes y tomadores de riesgo.

Y luego está la ciencia, que no espera a que nos pongamos de acuerdo. El Planetary Health Check 2025 confirmó que siete de nueve límites planetarios ya han sido sobrepasados. La temperatura global ha alcanzado 1.45°C por encima de niveles preindustriales, con un 50% de probabilidad de superar 1.5°C antes de 2030. Las poblaciones de vertebrados han caído un 69% desde 1970. La deforestación continúa a un ritmo de 10 millones de hectáreas anuales. Los sistemas de agua dulce están bajo estrés severo, con más de 2 mil millones de personas expuestas a alta escasez hídrica.

Lo paradójico es que mientras la capacidad de energía renovable se duplicó entre 2015 y 2024, los subsidios a combustibles fósiles alcanzaron 1.7 billones de dólares en 2024. Estamos pisando el acelerador y el freno simultáneamente. La brecha de financiamiento para biodiversidad se mantiene en 700 mil millones de dólares anuales, mientras que el financiamiento para adaptación se queda corto por más de 200 mil millones al año.

Lo que quedó claro en esta Semana del Clima es que la narrativa está cambiando. Ya no se trata de sostenibilidad como ideología, sino como pragmatismo económico. Identificar temas materiales permite diseñar soluciones innovadoras que impulsan valor, retorno de inversión y ventajas competitivas. Descarbonizar y adoptar economía circular no es solo mitigar impactos, sino reducir costes energéticos y de insumos, evitar riesgos, reducir volatilidad en la cadena de suministro y generar nuevas ventas.

Los datos y la tecnología son ahora el motor de esta transformación: teledetección, monitoreo de biodiversidad con inteligencia artificial, blockchain para seguimiento de créditos. Los datos se han convertido en la nueva moneda ecológica. Y aunque el carbono sigue siendo el principal impulsor de la primera ola institucional de inversión, la atención a biodiversidad y agua está creciendo rápidamente.

Al final, esta Semana del Clima reveló dos verdades incómodas pero no contradictorias: necesitamos regresar dentro de límites planetarios seguros, y al mismo tiempo debemos prepararnos para un mundo ya transformado. Las herramientas, el capital y el conocimiento técnico existen. Lo que nos separa del éxito no es la capacidad, sino la velocidad. Cada año de retraso no solo nos acerca a puntos de no retorno climáticos, también multiplica los costos de adaptación y reconstrucción. La ventana sigue abierta, pero se está cerrando rápido.

Raúl Arce