El Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento con medida intramural en contra de los exministros, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por los señalamientos en su contra por el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
De acuerdo con el Tribunal, «los dos exministros del gobierno de Gustavo Petro, lideraron una organización criminal que direccionó millonarios contratos y convenios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías ( Invías)».
El Tribunal negó la petición de la defensa de otorgar la medida de casa por cárcel, dejando claro que ante la gravedad de los hechos era necesario imponer una medida mas grave y ordenar su reclusión en una cárcel.
La magistrada, Aura Alexandra Rosero Baquero, le dio validez a los testimonios aportados como prueba por parte de la Fiscalía que les imputó a los exministros los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
La Fiscalía General de la Nación pidió medida de aseguramiento domiciliaria para los exministros del gobierno de Gustavo Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su relación con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo.
“La Fiscalía concurre en esta segunda audiencia preliminar (…) con el propósito de solicitar la imposición de medida cautelar privativa de la libertad en lugar de residencia contra los imputados Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González. La solicitud se encuentra prevista en el artículo 250 de la Constitución”, indicó la Fiscalía.
Para el ente investigador, es claro que Velasco y Bonilla montaron un aparato para direccionar contratos y de esta manera lograr la aprobación en el Congreso de la República de proyectos claves para el Gobierno Nacional, a cambio de 74 proyectos radicados en Invías, por un valor de 571.701 millones de pesos, y cinco proyectos en la UNGRD, por 40.536 millones de pesos, para un total de 612.237 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación anunció la radicación de la solicitud de imputación de cargos contra los exministros -del Interior- Luis Fernando Velasco y -de Hacienda-, Ricardo Bonilla.
El ente investigador hará la diligencia judicial en el marco de la investigación por el caso de corrupción en la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo.
A ambos exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro se les atribuye presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, y pedirá para ambos una medida privativa de la libertad en centro carcelario.
Al exministro Ricardo Bonilla se le relaciona en el supuesto direccionamiento de proyectos hacia seis congresistas de las comisiones económicas de Senado y Cámara de Representantes, a cambio de su respaldo para aprobar cupos indicativos para el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Entre tanto, al exministro Luis Fernando Velasco, Velasco, se le atribuye una supuesta reunión con Velasco en 2023, en la que incluso se le habría indicado dónde y con quién debían ejecutarse los contratos.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que se le imputarán cargos al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.
El caso por el que el exministro de Hacienda del gobierno de Gustavo Petro será imputado tiene que ver con los hechos de corrupción que se presentaron en la Unidad Nacional Para el Riesgo de Desastres (UNGRD).
La fiscal del caso, María Cristina Patiño no descartó la posibilidad de solicitar la medida de aseguramiento en contra de Bonilla. En caso de llegarse a dar, será un juez quien tome la decisión y determine las condiciones, es decir, si es intramural o domiciliario.
El presidente de la república, Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter pidió la carta de renuncia del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reconociendo su capacidad laboral y lealtad con su programa de gobierno.
Conozco al profesor Ricardo Bonilla, y lo respeto muchísimo, por su profundidad intelectual como economista de verdad, comprometido con las necesidades de su pueblo
A veces lo intelectual separa del pueblo, te hace veleidoso, te genera una especie de aristocracia falsa que te… https://t.co/fQ9xsSh2Jg
Ricardo Bonilla sale del cargo en medio de señalamientos de haber ofrecido dádivas a congresistas a cambio de votos a favor de los proyectos que presentó el Gobierno Nacional a consideración del legislativo.
Los señalamientos vienen de parte de su exasesora, María Alejandra Benavides, quien en varias declaraciones a la Fiscalía ha señalado al funcionario involucrando además a varios congresistas, entre ellos, el actual presidente del Senado, Efraín Cepeda.
Los representantes a la cámara Los representantes a la Cámara Wadith Manzur y Karen Manrique renunciaron a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público en medio de las investigaciones por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Sobre sus espaldas pesan señalamientos presuntamente influir en el direccionamiento de contratos a cambio de respaldar con su voto la aprobación de créditos para la Nación.
Las denuncias y señalamientos también ensucian al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por presuntamente haber ofrecido dádivas a cambio de votos a los proyectos del Gobierno.
La renuncia de Manrique se dio luego de comparecer ante la Corte Suprema de Justicia, donde se acogió a su derecho de guardar silencio. Según su defensa, esta decisión se tomó debido a la falta de claridad sobre las imputaciones recientes en su contra.
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, anunció al país el recorte en el presupuesto de gastos del año 2024 por 28,4 billones de pesos, equivalentes a un 5,6 por ciento del total del Presupuesto General de la Nación (PGN) aprobado para el año.
La decisión fue tomada en el reciente consejo de ministros citado por el presidente de la república, Gustavo Petro, contemplando los 20 billones de pesos del aplazamiento presupuestal anunciado en junio, así como 8,4 billones de pesos adicionales que surgen como resultado del análisis de la situación económica actual de la Nación.
También se hará un recorte en el rubro de funcionamiento donde se recortarán 18,2 billones de pesos. Los sectores que tendrán mayores disminuciones en esa área son Hacienda con 11,8 billones de pesos, Trabajo con 3,9 billones de pesos, Defensa con 606.000 millones de pesos, Rama Judicial con 452.000 millones de pesos y Fiscalía con 347.000 millones de pesos.
Con este recorte en los gastos se espera garantizar la alimentación infantil, los derechos básicos de niños y niñas gratuidad en la educación superior y temas relacionados con el consumo del agua.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue enfático en advertir que si el Congreso de la República no aprueba el proyecto de reforma tributaria, el Gobierno Nacional volverá a presentarla.
El Gobierno espera recaudar $12 billones que tendrán como propósito financiar el presupuesto del año entrante por $523 billones.
“Nosotros tenemos que decretar el presupuesto y se decreta lo que quedó radicado. El 2 de enero sabremos si ese presupuesto está financiado o no. Si no está financiado el 2 de enero, tengo que hacer un decreto de suspensión de presupuesto en la parte que no esté financiado”, dijo el ministro Bonilla desde el Congreso de Asofiduciaria.
El ministro Ricardo Bonilla recalcó como noticia positiva, el crecimiento de las actividades primarias en el último dato de Índice de Seguimiento a la Economía (ISE), siendo el sector Agro el gran dinamizador en el mes de agosto.
“Es el sector agrícola el que está teniendo el dinamismo y particularmente por una mini bonanza de café. Hoy la expectativa es cerrar el año con un crecimiento económico de 2%. Una recuperación lenta pero segura”, resaltó Bonilla.
Además, el jefe de la Cartera destacó la importancia de continuar ajustando el precio del ACPM para tener unas finanzas públicas sanas y recalcó que el impacto en la inflación con los nuevos aumentos en el combustible, no es significativo.
“La inflación de septiembre fue de 0,24% en total y la de transporte fue solo 0,03%, ahí está el precio del ACPM. De tal manera que el imaginario que todo sube porque sube el precio de los combustibles ya tiene un efecto real cierto y es: la inflación sigue bajando”, señaló Bonilla.
En este sentido agregó que, con la caída del IPC, es hora de que las tasas de interés empiecen a bajar más de 50 puntos básicos. Esta decisión es indispensable para la reactivación económica del país.
“Seguimos teniendo una tasa contractiva muy alta, la solicitud al Banco de la República es a que acelere la reducción de intereses de tal manera que la tasa real se reduzca”.
Finalmente, destacó el Pacto por el Crédito como una de las medidas efectivas para la reactivación, teniendo en cuenta que impulsa a sectores estratégicos de la economía como el Agro y el Turismo. Esta iniciativa desembolsó a estos y otras actividades, $10,6 billones en el mes de septiembre.
La Asociación Bancaria presentó el primer informe del Pacto por el Crédito en donde se revela que durante el primer mes, el monto desembolsado a los cinco sectores estratégicos priorizados creció un 26 por ciento, alcanzando los 10,6 billones de pesos, superando la meta inicial de 9,6 billones de pesos proyectada por la banca.
Los sectores con mayores crecimientos fueron manufactura y transición energética, que registraron un aumento del 33 por ciento, con 6,7 billones de pesos; vivienda e infraestructura, con un aumento del 22 por ciento, para llegar a 2,2 billones de pesos, y turismo, que creció un 23 por ciento, alcanzando 330.000 millones de pesos.
“Es muy raro encontrar una variable de economía que crezca dos dígitos, pero una que crezca por encima del 20 por ciento es particularmente alta, incluso descontando el efecto de la inflación, estamos hablando de expansiones de más del 20 por ciento anual”, explicó Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria.
El dirigente gremial invitó a los colombianos y al sector privado a confiar en esta iniciativa y acercarse a las entidades financieras, «porque hoy las condiciones de liquidez de la economía son extraordinariamente buenas”, indicó.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que el sector financiero otorgó créditos en los 18 meses anteriores por 194 billones de pesos, en los sectores identificados y que “la meta es llegar a 249 billones de pesos en los siguientes 18 meses, de los cuales ya transcurrió el primero”.
Explicó que esos 55 billones de pesos del Pacto por el Crédito “son un esfuerzo adicional para el crecimiento económico. En ese esfuerzo adicional, el resultado del primer mes es que se colocaron desembolsos por 10,6 billones de pesos, 26 por ciento más frente al mismo mes del año anterior”, cuando se desembolsaron 8,4 billones de pesos.
“Ese resultado del primer mes es muy importante por el crecimiento que se ha dado; esa distribución de recursos va dirigida a que el sector de la industria de manufactura y el de la transición energética tuvieran unos recursos adicionales de 6,7 billones de pesos”, agregó el ministro de Hacienda.
La directora del DAPRE, Laura Sarabia, indicó que los sectores estratégicos que han podido obtener muchos más recursos “principalmente son los sectores de manufacturas y transformación energética, que crecieron un 33 por ciento respecto a los desembolsos del año anterior; vivienda e infraestructura, con 2 billones de pesos, que creció el 22 por ciento; el agro, que creció el 5,4 por ciento, y turismo, que creció el 26,1 por ciento”.
“Seguimos con una de las metas más importantes para el presidente y para el Gobierno, y es impulsar la economía popular, que en este mes tuvo un crecimiento del 4 por ciento, y que creemos que debemos impulsar más en los 17 meses que quedan”, dijo Sarabia.
La plenaria del Senado de la República negó la Moción de Censura propuesta en contra del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
La votación que salvó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue de 59 votos por el no y 19 votos por el sí. El debate respectivo tuvo lugar la semana pasada.
Llamó la atención el voto a favor del jefe de la cartera de Hacienda por parte de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien se ha caracterizado por sus críticas feroces al gobierno del presidente Gustavo Petro.
A favor del ministro Bonilla votaron los senadore de los partidos senadores de Comunes, del Pacto, Verdes, La U, liberales y conservadores, como el presidente Efraín Cepeda.
En dos años de gobierno son más los hechos económicos que confirman el buen manejo de la política económica que la supuesta creación de incertidumbre. La economía inició la senda de reactivación y se tramitan políticas para ayudar a impulsar la actividad económica, incluyendo sectores históricamente excluidos, como la economía popular y la micro y pequeña empresa.
Pero, no sólo el crecimiento económico refleja buenos resultados y crea un serio optimismo para los próximos dos años, los indicadores macroeconómicos también, por ejemplo, la inflación mantiene su senda descendente junto a la tasa de interés, la cual todavía podría acelerar sus reducciones. El objetivo de este balance es presentar una radiografía sobre la situación fiscal, económica y sectorial para aclarar información y precisar datos sobre lo que ha hecho el gobierno en dos años.
Deuda financiera y no financiera
En primer lugar, hay que decir que se está pagando la deuda contratada en la pandemia, destacando el pago cuantioso de la misma y el reducido tiempo que se fijó para pagar. Entre 2019 y 2020 la deuda aumentó de 48% a 61% del PIB, equivalente a $200 billones de pesos y buena parte se inyectó a la economía a través de transferencias, es decir, no fue invertida en apoyo a actividades productivas reales con capacidad de generar mayores ingresos que luego permitieran pagar la deuda generada. En otras palabras, el gobierno no sólo está pagando la deuda heredada ꟷcomo es su deberꟷ, sino que lo hace con los mismos ingresos de siempre, provocando presión presupuestal.
La deuda adquirida se inyectó a la economía y generó un impulso momentáneo durante la pandemia. Por esa razón el PIB pasó de -7,2% en 2020 a 10,8% en 2021, un salto normal después de las políticas de choque implementadas y del congelamiento de precios de los combustibles y de la energía, que se convierten hoy en deuda no financiera también heredada, pero con el desafío de tener que ajustar dichos precios y asumiendo el costo político que ello implica. Por supuesto que el gobierno nunca propuso aumentar dichos precios, pero la situación fiscal así lo obligan, como un acto de responsabilidad con las finanzas de la Nación y con el objetivo de corregir problemas.
Gráfico 1: Crecimiento anual de la economía colombiana (%)
Adicional a la deuda contratada a través del cupo autorizado al gobierno de entonces (USD$14.000 millones), hubo otra deuda comprometida por fuera del cupo en el marco de la emergencia decretada (USD$12.000 millones). El problema de esta última, donde se encuentra el compromiso con el FMI, es que se paga, pero no libera espacio o cupo. Por tal motivo el gobierno tuvo que presentar este año al Congreso un proyecto de ley de endeudamiento para sincerar las cuentas, es decir, incluir dentro del cupo aquellos compromisos que no estaban y así poder seguir pagando con la respectiva liberación de espacio. De aquí se concluye que este gobierno no ha endeudado más a la Nación y que la pandemia se pagó con deuda, mientras que la reactivación se está produciendo sin endeudamiento, honrando compromisos crediticios heredados y cumpliendo la regla fiscal.
Respecto a la deuda no financiera hay que hacer mención al precio de los combustibles ꟷgasolina corriente y ACPMꟷ. Ambos precios se congelaron desde enero de 2020 mientras el precio del petróleo aumentaba. Quiere decir que el precio de venta no cubría los costos y el diferencial se llevó con cargo al Fondo de Precios de los Combustibles ꟷFEPCꟷ, generando un déficit que en 2021 sumó $11 billones, en 2022 subió a casi $37 billones de pesos y en 2023 fue $20 billones, gracias a que se ajustó el precio de la gasolina, aclarando que no era una propuesta del gobierno, sino que corresponde a una medida de responsabilidad fiscal.
Este déficit del FEPC representa un subsidio que se tenía que pagar del Presupuesto General de la Nación sacrificando recursos para inversión social, dónde sí hay muchos compromisos del gobierno, en otras palabras, el congelamiento de precios de combustibles generó un subsidio para los consumidores, pero limitó la inversión social. Afortunadamente, el país y los gremios comprendieron que la situación tiene un componente de interés colectivo, el cual debe prevalecer sobre el individual, por ello ya se produjo el ajuste de la gasolina y empezó el primer ajuste de ACPM.
Inflación, tasa de interés y tasa de cambio
La inflación sigue mostrando una importante reducción desde marzo de 2023, cuando alcanzó su máximo de 13,3%. Se acaba de conocer que la variación anual en agosto fue 6,1%, mientras en el año corrido registró 4,3%, reflejando una buena noticia frente al cumplimiento de la meta que se tiene prevista para este año (5,5%). Un hecho destacable es que la variación del mes fue 0,0%.
La senda de descenso de la inflación ha estado acompañada de un ajuste en los ingresos en los hogares, pues atrás quedó la situación inequitativa donde la inflación de los pobres y vulnerables era mayor que la inflación de ingresos altos y clase media. Este fenómeno cambió y hace parte de la triste historia. Para el mes de agosto la inflación de pobres, vulnerables y clase media fue negativa, lo cual mejora aún más la capacidad de compra de estos hogares. Adicionalmente, la variación anual de estos mismos hogares está por debajo de la variación anual total.
Gráfico 2: IPC total vs IPC por niveles de ingreso (%)
Otro efecto positivo del descenso de la inflación tiene que ver con la disminución en la tasa de interés de intervención. La Junta Directiva del Banco de la República ha venido haciendo reducciones que han llevado la tasa de 13,25% a 10,75% entre diciembre 2023 y julio 2024. Diversos analistas estiman que la tasa de interés termine alrededor de 8,5% al cierre de este año, mientras se espera que la inflación llegue a 5,5%. La invitación respetuosa al Banco de la República va en el sentido de acelerar la reducción de la tasa de interés, ya que la inflación está en la senda prevista, los precios están controlados y el país necesita menores tasas para la reactivación económica.
Gráfico 3: Inflación anual vs. Tasa de interés de política monetaria (%)
Con respecto a la tasa de cambio, que algunos consideran un indicador para medir confianza en la economía y el país, sabiendo que refleja otra cosa, su tendencia muestra una apreciación del peso. Al llegar el gobierno la tasa de cambio estaba en niveles de $4.300 y ahora se encuentra estable sobre $4.100, tendencia totalmente opuesta a los presagios y noticias que circularon en su momento.
Tierras
Los avances en materia de hectáreas adquiridas y formalizadas son incuestionables en apenas dos años de gobierno, derrumbando el mito de la expropiación (ver gráfico 3). Además, en Colombia existen 14 Zonas de Reserva Campesina y 7 han sido aprobadas durante este gobierno, las demás fueron aprobadas durante los gobiernos de Samper (2), Pastrana (3), Uribe (1) y Santos (1).
Gráfico 3: Hectáreas adquiridas y formalizadas
Fuente: Agencia Nacional de Tierras
Energía y transición energética
Al llegar el gobierno la capacidad instalada del sistema era 18,6 GW y en dos años se ha podido aumentar a 20,7 GW, donde casi la mitad de este aumento corresponde al aporte de la energía solar y se espera que siga aumentando durante este año. En los próximos dos años se proyecta aumentar la capacidad de generación de energía a partir de fuentes no convencionales con la entrada de 264 proyectos previstos. Sin duda estos logros representan un cambio en la matriz energética y un avance hacia la transición.
Turismo
Los resultados que arrojan las actividades turísticas comprueba que sí es posible diversificar la economía. El gobierno propuso en campaña que el turismo podría ser un sector determinante para la transición energética y con capacidad para la transformar la economía y generar más empleo e inversión. Pese a las críticas recibidas, los resultados ya son contundentes, por ejemplo, los visitantes no residentes crecieron el año pasado 30% con respecto a 2022 dejando un derrame económico importante; pero en lo corrido del año se registran 3,7 millones de personas, lo cual permite inferir que este año habrá nuevo registro histórico. El tráfico aéreo nacional e internacional durante 2023 aumentó 3,6% respecto a 2022 y en el primer semestre 2024 creció 17,6% respecto al mismo periodo 2023 y el turismo interno también crece, la llegada de pasajeros en vuelos nacionales regulares creció el primer semestre 13%.
Contrario a los presagios planteados al llegar este gobierno, se confirma que el turismo se ha recuperado de manera sostenida luego de la pandemia, especialmente en los últimos dos años, registrando máximos históricos y se ubica como una actividad que podría sustituir a otras, como el carbón, en materia de generación de divisas.
Inversión e Inversión Extranjera Directa ꟷIEDꟷ
La tasa de inversión fija es un cálculo que relaciona la inversión fija con respecto al PIB. El promedio histórico de dicha tasa entre 1975 y 2023 es 17,6%, justo el mismo resultado observado para 2003 y lo corrido de 2024. Dicha tasa tuvo su mejor resultado en 2014-2015 cuando alcanzó niveles de 23,4%, muy asociado al comportamiento del precio de los commodities. Pero desde aquella época viene decreciendo y este gobierno ha detenido esa tendencia.
En cuando a la inversión propiamente dicha es cierto que venía rezagada y al desagregar sus componentes se observaba que la actividad relacionada con infraestructura todavía no despegaba. Esta situación tiene mucha relación con la tasa de interés por ser variable determinante en los proyectos; sin embargo, los resultados del PIB para el segundo trimestre empiezan a despajar el panorama, pues la inversión pasó a terreno positivo y creció 2,2%. Con respecto a la IED la realidad es que viene creciendo en general y se observa que hay inversión que llega a sectores distintos a petróleo y minería, sin que dichos sectores hayan visto afectado su nivel de IED.
Riesgo y TES
Finalmente, los TES en pesos se están negociando, en promedio, por debajo de la tasa de intervención del Banco de la República (10,75%) y por debajo de los datos registrados antes de llegar el gobierno (entre 11 y 12,3%). En otras palabras, si el gobierno fuese creador de incertidumbre como se ha dicho, entonces la tasa de colocación de TES estuviera más alta, pero resulta que está por debajo del promedio negociado antes de llegar el gobierno. Lo mismo ocurre con los TES en UVR.
En definitiva, estos son algunos hechos que revelan avances del gobierno en dos años y las certezas económicas que ponen en evidencia el buen manejo de la política económica y la confianza que existe en el país y en su economía.
El jefe Económico de la OCDE participó de una rueda de prensa junto al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y aseguró que Colombia ha sacado adelante reformas que van por la vía correcta, como la de las pensiones y la tributaria.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley de Financiamiento que trae estímulos para la reactivación económica y busca generar un recaudo de $12 billones.
De acuerdo con el funcionario, » el proyecto está orientado a financiar la inversión en 2025, permitiendo medidas que contribuyan a la reactivación económica y que interioricen los efectos de la acción climática, apuntalando las finanzas públicas de 2026 en adelante y permitiendo sufragar gastos prioritarios que contribuyan al cumplimiento de las metas sociales del Gobierno».
La iniciativa contempla la reducción de la tarifa de renta de personas jurídicas y una serie de beneficios tributarios dirigidos a sectores estratégicos, turismo y energías limpias, factor que consolidará la reactivación económica sostenible.
La propuesta le permitirá al país, a partir de 2025, pasar de una tarifa de renta corporativa del 35% al 27% de forma gradual, acercándose al promedio regional. Tal medida no aplica a los sectores de carbón y petróleo.
Para el año gravable 2025, se aplicará una tarifa del 27% sobre las rentas líquidas gravables de hasta 6.285 UVT (unos $296 millones). Esta medida beneficiará a alrededor del 91% de las empresas del país (563.705 unidades).
Aquellas que se encuentren entre 6.285 (unos $296 millones) y 120.000 UVT (unos $5.648 millones) estarán sujetas a una tarifa del 34% que irá reduciéndose gradualmente hasta 30%. Esta medida beneficiará a 45.474 personas jurídicas. En cuanto a las compañías con rentas líquidas gravables superiores a 120.000 UVT (unos $5.648 millones), la tarifa se reducirá hasta el 33%.
El Gobierno extendió la invitación a todos los transportadores a dialogar, ante la persistencia de los camioneros con el paro que hoy completa más de 24 horas y que ha generado afectaciones en la movilidad en diferentes ciudades y puntos del pas.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dice que el ajuste en el precio del diésel es una medida necesaria para la sostenibilidad del país, y por esto mantiene de manera permanente mesas de trabajo e invita a continuar dialogando en las mismas.
Colombia registra el tercer precio de galón de ACPM más bajo de la región ($11.360), solo por encima de Bolivia y Ecuador. Países como México y Argentina, conocidos por ser mayores productores de crudo, reportan un galón de $19.997 y $19.257, respectivamente:
El ministro de Hacienda Ricardo Bonilla recordó a los camioneros que la movilidad del transporte de vehículos de organismos de seguridad, de salud, de atención de emergencias, de alimentos perecederos, de rutas escolares que llevan niños, niñas y adolescentes a sus hogares deben prevalecer por encima de todo.
