La Universidad Nacional de Colombia, fundada en 1867, surgió como respuesta al propósito de consolidar un Estado moderno y comprometido con la educación superior y el progreso del país. Desde sus orígenes, ha encarnado la visión del Estado colombiano de garantizar una educación pública, gratuita y de alta calidad, entendida como un instrumento fundamental para el desarrollo nacional y la reducción de desigualdades. Más que una institución educativa, es un símbolo nacional y un motor de transformación social, reconocida como un bien común, y patrimonio colectivo que pertenece a toda la sociedad colombiana.
Aunque la Universidad ha enfrentado históricamente múltiples amenazas de origen político, ideológico, delincuencial y subversivo, la crisis de seguridad que atraviesa actualmente alcanza niveles alarmantes. Desde la llegada de Leopoldo Múnera a la rectoría, en mayo de 2024, la situación no solo ha empeorado, sino que parece haber quedado sin control. El campus ha sido escenario recurrente de disturbios protagonizados por encapuchados externos, ocupaciones ilegales, consumo y venta de alcohol, y lo más grave, casos de abuso sexual en eventos estudiantiles, microtráfico, hurtos, violencia de género, y amenazas contra docentes. A ello se suman disputas internas que han desdibujado la autoridad universitaria, y una preocupante denuncia por irregularidades en un contrato millonario de seguridad, que revela una gestión negligente y opaca. La falta de respuestas efectivas, la permisividad institucional y la pérdida de legitimidad han convertido a la Universidad en un lugar inseguro para quienes la habitan, mientras la administración parece más enfocada en agendas políticas que en garantizar el bienestar de su comunidad.
El aumento alarmante de la inseguridad en la Universidad no puede desligarse del enfoque permisivo de la administración encabezada por Leopoldo Múnera y la Vicerrectora Carolina Jiménez. La falta de firmeza frente a los disturbios estudiantiles, el uso de los espacios universitarios para la fabricación de artefactos explosivos y actos terroristas, el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, así como las denuncias de las agresiones sexuales dentro del campus[1], han deteriorado gravemente la convivencia. Esta permisividad, sumada al ingreso indiscriminado de personas externas, han creado un escenario de vulnerabilidad que amenaza no solo la seguridad de la comunidad universitaria, sino también la misión académica de la institución.
Esta creciente crisis de seguridad ha encendido las alarmas de docentes, estudiantes y padres de familia que hoy deben lidiar con el temor constante de que algo les ocurra a sus hijos dentro del campus universitario, y cómo explicar que, después de superar un proceso de admisión tan exigente, el mayor obstáculo para recibir una educación superior de calidad sea el de la inseguridad, la violencia y el terrorismo que se vive el interior de la universidad y que pone en peligro sus vidas.
La Universidad Nacional no puede seguir siendo un escenario donde la autoridad se diluye, los espacios comunes se degradan y las garantías mínimas de seguridad y convivencia desaparecen. La rectoría debe asumir una postura firme frente a estos hechos, con principios claros, que entienda que la defensa de los derechos humanos empieza por salvaguardar la integridad de quienes hacen parte de la comunidad universitaria.
Nosotros los ciudadanos no nos oponemos a la crítica ni al pensamiento libre. Al contrario, muchos creemos en el carácter democrático, plural y autónomo de la universidad. Pero la “autonomía universitaria” no puede ser excusa para la negligencia. El campus universitario debe ser un espacio de construcción, no de miedo. Lo que pasa el interior de la Universidad Nacional es un problema de todos y no podemos seguir evadiendo responsabilidades y confundiendo el significado de autonomía universitaria.
Se ha venido distorsionando gravemente el concepto de autonomía universitaria al interpretarlo, de manera equivocada, en el que se pretende excluir a los campus universitarios del marco legal vigente. Esta visión errada lleva a desconocer abiertamente la Constitución, las leyes penales y de policía, así como la legitimidad de los órganos de justicia y seguridad del Estado. Bajo esta lógica, se asume que dentro de las universidades no pueden operar la Fiscalía, la Policía ni otros organismos encargados de prevenir, investigar y sancionar los delitos, como si el campus fuera una zona al margen del orden constitucional.
Es un error profundo creer que las universidades, por el solo hecho de su autonomía universitaria, están llamadas a asumir funciones que les son ajenas, como la investigación criminal, la judicialización o la inteligencia, cuando estas competencias corresponden de manera exclusiva a las instituciones del Estado. La autonomía universitaria garantiza el autogobierno académico y administrativo, pero de ninguna manera implica la suspensión de la ley ni el desmonte de la institucionalidad.
Como bien dice el refrán: “zapatero a tus zapatos”. A quienes defienden la “autonomía universitaria” como un espacio fuera de la ley, donde las instituciones legalmente constituidas para asumir las responsabilidades de seguridad y protección de los ciudadanos, habría que preguntarles, ¿cuáles autoridades académicas están en capacidad legal, técnica y operativa de identificar y judicializar a los delincuentes que actúan dentro del campus? ¿Qué universidad cuenta con cuerpos de inteligencia, laboratorios forenses o fiscales capacitados para enfrentar delitos como el microtráfico, la violencia sexual o la extorsión? La respuesta es evidente: ninguna. Porque esas no son sus funciones.
Por tanto, es hora de decirlo con claridad, los delitos que se cometen dentro de una universidad deben ser enfrentados por los organismos que constitucionalmente están llamados a hacerlo, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Su presencia no puede ser entendida como una “intervención” arbitraria ni como una amenaza a la autonomía, sino como el ejercicio legítimo del Estado de Derecho en todos los rincones del territorio nacional, incluidas las universidades públicas.
La defensa de la autonomía universitaria no puede convertirse en excusa para la pasividad e inacción. Se requieren decisiones firmes, investigaciones serias y acciones judiciales que devuelvan la seguridad al campus. La omisión de la rectoría y la vicerrectoría, más que neutralidad, se ha transformado en permisividad frente a los actos violentos. La Universidad no puede seguir convertida en un territorio donde reina la inseguridad. Es tiempo de que la rectoría escuche no solo a los activistas, sino también a los todos los estudiantes y profesores, a los padres, madres y familias que confiaron en la institución y hoy sienten que esa confianza fue traicionada.
Mabel Cristina Quiroz Jiménez
[1] Triana, Santiago. Una denuncia de abuso sexual estremece a la Universidad Nacional de Colombia. EL PAÍS https://elpais.com/america-colombia/2024-12-20/un-caso-de-abuso-sexual-estremece-a-la-universidad-nacional-de-colombia.html?utm_source=chatgpt.com
