Por: Doris Santa Fe

El Concejo de Bogotá se alista para debatir el Proyecto de Acuerdo 767 de 2025, una iniciativa de la administración distrital que busca promover la generación de empleo formal mediante incentivos tributarios. La propuesta, sin embargo, también contempla la creación y reglamentación del impuesto de alumbrado público, un tributo que recaería directamente sobre los usuarios de energía en la capital y que promete convertirse en uno de los puntos más sensibles de la discusión.

Incentivos tributarios para el empleo

En su primer componente, el proyecto plantea descuentos en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y en el impuesto de alumbrado público para aquellas empresas que generen nuevos puestos de trabajo formales.

La medida prioriza la contratación de poblaciones vulnerables como jóvenes entre 18 y 28 años, mujeres, personas con discapacidad y víctimas del conflicto armado. Según la Alcaldía, el objetivo es dinamizar la economía, reducir brechas laborales y apoyar a las compañías que decidan invertir en más personal.

El nuevo impuesto de alumbrado público

El punto más polémico del articulado está en el Capítulo III (artículos 11 al 20), que regula el cobro del impuesto de alumbrado público en Bogotá.

¿Quiénes pagan y cómo se cobra?

Están exentos los estratos 1, 2 y 3. Los hogares de estratos 4, 5 y 6 asumirían tarifas del 7 %, 8 % y 9 %, respectivamente, sobre el consumo de energía. El comercio, la industria y las entidades oficiales pagarían el 10 %. Los autogeneradores de energía y predios no conectados al servicio tendrían el impuesto vía sobretasa al predial (1 por mil sobre el autoavalúo).

El tributo se incluiría directamente en la factura de energía eléctrica. Las empresas comercializadoras serían agentes de recaudo y transferirían los recursos al Distrito.

¿Para qué se usa?

Los dineros se destinarían exclusivamente al mantenimiento, modernización y expansión del sistema de iluminación, así como a proyectos de alumbrado ornamental y navideño.

Lo que significa para los bogotanos

El cobro del alumbrado público significaría un nuevo cargo mensual en las facturas de energía para los estratos 4, 5 y 6, así como para comercios y empresas. Aunque el Distrito lo presenta como clave para modernizar más de 100.000 luminarias y reforzar la seguridad, muchos lo ven como “otro impuesto más” en medio de dificultades económicas. Críticos advierten que podría afectar la competitividad de las pymes y cargar a la clase media con varios miles de pesos adicionales al mes.

Voces en el Concejo

La concejal Diana Diago (Centro Democrático), una de las ponentes del proyecto, aseguró que se trata de una reforma tributaria que incluye la creación de un nuevo impuesto, incrementos significativos en el ICA —especialmente al comercio— e incentivos para fomentar empleo. “En el momento en el que está el país, lo más importante es generar confianza y analizar con sumo cuidado el impuesto al alumbrado público, porque los ciudadanos ya no aguantan más”, afirmó.

El concejal Emel Rojas (Colombia Justa Libres) coincidió en que Bogotá necesita modernizar su sistema tributario para simplificarlo y fortalecer el recaudo en sectores como el industrial y el comercial. Sin embargo, advirtió que el nuevo impuesto requiere un estudio más riguroso y un debate amplio: “Ya estamos pagando por este servicio, y la pregunta es cómo lo pagaríamos ahora con la reforma. Ese ‘cómo’ debe quedar supremamente claro”.

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Por su parte, el concejal Juan David Quintero (Nuevo Liberalismo – En Marcha) destacó que, aunque la reforma es bien intencionada, no tiene en cuenta la condición macroeconómica del país ni la coyuntura política. “Al mismo tiempo que el Gobierno Nacional anuncia una reforma tributaria, esta del alcalde Galán podría afectar la capacidad de consumo de comerciantes e industriales, incentivando la informalidad”, señaló. Agregó que los cambios al ICA y al alumbrado público preocupan porque buscan aumentar el recaudo sin optimizar primero el gasto de la Alcaldía.

Un debate abierto

El Proyecto de Acuerdo 767 de 2025 combina dos ejes: incentivos tributarios para promover empleo y un nuevo impuesto para financiar el alumbrado público. Mientras la administración lo defiende como necesario para la seguridad y el desarrollo urbano, concejales advierten que puede ser otro golpe al bolsillo de los bogotanos. El debate será clave: Bogotá deberá decidir si está dispuesta a asumir un tributo permanente en sus facturas de energía para mantener iluminada la ciudad.

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