Lejos de las teorías sobre el libre juego del mercado sobre la oferta y la demanda, la erradicación de los cultivos de coca y la lucha contra las sustancias ilegales debe ser una tarea que desarrollemos con la plena convicción del deber moral que nos impulsa a salvar generaciones de las manos de las drogas; a enfrentar a los grupos que quieren hacer de la criminalidad un arte, y defender la necesidad que tenemos de convertir a nuestro país en un territorio de paz y armonía; esos objetivos no pueden ser una quimera.

Todo el país estaba a la expectativa de la decisión del gobierno de los Estados Unidos sobre la evaluación que este hiciera de Colombia sobre su lucha contra las drogas, esta decisión es importante porque marca un precedente de lo que será la relación de nuestro país con la principal economía del mundo; sobre todo bajo la administración de Donald Trump. Esto no es de poca monta, pues debemos de tener presente los desencuentros entre los dos presidentes, desencuentros que se han producido más por lo inoportuno de los comentarios que desde la administración colombiana han salido.

Pero además de lo anecdótico que pueda resultar los enfrentamientos, lo cierto es que no hay resultados muy significativos que podamos mostrar en esa lucha en los últimos 3 años. El presidente Petro desde el inicio de su mandato se ha mostrado contrario a lo que él llama la criminalización del productor y se ha mostrado inclinado en perseguir a los grandes comerciantes, lo difícil del tema para Colombia es que lo primero suena a poesía y lo segundo es solo una ilusión; al final ni lo uno, ni lo otro.

Colombia sigue ocupando el primer lugar en términos de producción, con nostalgia recordamos el breve momento en que gracias a una política decidida de la administración de Álvaro Uribe, delegamos ese deshonroso puesto a otros países de la región, gracias a la política de erradicación que se aplicaba con todo las de la ley, incluyendo fumigar.

 Esa política tenía todo para ser exitosa, las hectáreas erradicadas se contaban por miles, en el 2011 pasamos a tener menos de 45.000 hectáreas sembradas con mata de coca y todo parecía mostrar que estábamos aportas de ganar la batalla. Los cultivadores y los laboratorios ya contaban con la estrategia de moverse a países como Ecuador y Perú, pero en contra de todos los pronósticos llegó el acuerdo de paz y la necesidad de replantear esa lucha, y el gobierno del momento tomó la decisión de mover todo para que la Corte Constitucional prohibiera la fumigación con glifosato. y para esta decisión fue fundamental el concepto emitido por el entonces ministro de salud, con esta determinación los años dorados de la erradicación de cultivos ilícitos llegó a su final.

Pero este no sería el único golpe que se le asestaría a la lucha contra la producción de cocaína en nuestro país, en una decisión sin precedentes y absurda por demás, un juez de Nariño, una de las zonas con mayor cultivo de hoja de coca en el país, tomó la decisión que cualquier acción que se hiciera en los llamados territorios colectivos tendría que cumplir con el proceso de la consulta previa; al hacerlo fijó, como dicen los abogados jurisprudencia al respecto y desde luego la sentencia del juez se irradió por todo el país.

Desde ese momento, todo proceso de lucha contra las drogas quedó desahuciado; y con la llegada del gobierno Petro, el cual es abiertamente en contra de cualquier cosa que signifique lucha contra las drogas, los resultados son los que tenemos hoy: más de 250 mil hectáreas de coca sembradas en el país, el 30% de la cual se encuentra sembrada en los territorios colectivos, lo que significa que son prácticamente intocables por la decisiones de los jueces, en el Catatumbo parece que este gobierno tomó la decisión de entregarlo todo a los productores, es decir a la delincuencia de las disidencias de las FARC y a la ELN y como si fuera poco la atada de manos en la que se encuentra nuestra fuerza pública a la cual parece que se le ha ordenado no hacer operaciones, ni siquiera de inteligencia, en contra de los bandidos narcotraficantes.

Todas estas limitaciones son la explicación por la cual nuestra desertificación estaba cantada y a decir verdad son muy pocas las razones que podemos esgrimir para rechazar una medida unilateral como esa. es duro decirlo, pero no hemos hecho la tarea; es más, nos hemos esforzado para ponérsela fácil a los traficantes, a los productores, a aquellos que explotan a nuestros campesinos a los cuales se les paga poco más del mínimo por una carga de hoja de coca secada y triturada, pero que ellos venden después de transformarla en el producto final, en miles de dólares, los cuales son utilizados para promover la violencia en las mismas zonas en donde se cultivan.

Las comunidades étnicas deberíamos solicitar por iniciativa propia que nos quiten esa prerrogativa de los territorios colectivos, que sean estos escenarios donde la ley que se dicta por medio de la constitución se cumpla sin restricciones, que en estos predios el imperio de la ley del Estado opere sin restricciones de ningún índole, que se nos trate como colombianos en todo la dimensión de la palabra, para que nuestros territorios colectivos no sirvan de santuarios del delito, para que nuestras tierras disfruten del progreso y la inversión legal de recursos, para que no quepa duda de que lado de esta historia estamos.   

Jefferson Mena