La capital del país sigue sepultando su futuro bajo toneladas de basura. Según cifras de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Bogotá produce cerca de 6.000 toneladas de residuos sólidos cada día, y aunque el Distrito asegura que su meta es reducir esa cifra a 4.800 toneladas diarias en 2027, el recorte -de apenas un 20%- resulta insuficiente frente al crecimiento urbano y la emergencia climática que golpea al país.

El relleno sanitario Doña Juana, que ya opera al límite de su capacidad, continúa siendo el destino final de la mayor parte de los residuos. Mientras tanto, los avances en reciclaje apenas rasguñan la superficie del problema.

Uno de los pilares del nuevo plan de manejo de basuras es el proyecto piloto de rutas selectivas, en el que participan 58 organizaciones de recicladores que cubren 284 barrios en 18 localidades. Sin embargo, Bogotá tiene más de 2.500 barrios, lo que significa que el piloto alcanza tan solo el 12% de la ciudad.

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A esto se suma que desde hace más de una década existen normas que obligan a incluir a los recicladores en el sistema y a fortalecer el aprovechamiento. Desde la Sentencia T-291 de 2009, el Distrito debe reconocerlos como actores del servicio público de aseo, y el Decreto 564 de 2012 consolidó el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). En 2015, la Resolución 720 de la CRA incluyó oficialmente el aprovechamiento dentro del servicio público. Pero más de diez años después, Bogotá sigue dependiendo casi por completo del enterramiento.

En un reciente debate en el Congreso, el senador Carlos Eduardo Guevara (Partido MIRA) advirtió que “la crisis de basuras afecta la salud pública, el medioambiente y la calidad de vida de los bogotanos”. Según el legislador, la ciudad genera suficiente basura para llenar 18 estadios El Campín cada año, mientras más de 25.000 recicladores trabajan sin condiciones dignas.

El MIRA propuso crear un modelo tarifario incluyente, con auditorías en tiempo real a los operadores y un componente cultural que fomente la separación en la fuente, además de incentivos para pequeños comercios. “Necesitamos un modelo sostenible y transparente”, subrayó Guevara.

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Sin embargo, las respuestas del Distrito reflejan una preocupante falta de articulación institucional. La Secretaría de Gobierno reconoció que no tiene competencia técnica directa sobre el aseo, pero sí la función de coordinar esfuerzos entre las alcaldías locales, la UAESP y la Secretaría de Ambiente.

Por su parte, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) admitió que no lidera campañas de cultura ciudadana sobre reciclaje ni coordina con las Juntas de Acción Comunal (JAC), limitándose a remitir solicitudes a otras entidades.

Aquí entra el punto crítico: la cultura ciudadana:

Expertos coinciden en que ningún modelo de basuras funcionará si la ciudadanía sigue arrojando residuos en el espacio público, mezclando reciclables con orgánicos o sacando las bolsas en horarios no autorizados. Bogotá ha tenido campañas de cultura ciudadana en el pasado, pero estas han sido esporádicas, sin continuidad ni evaluación. Además, muchas se enfocan en “no botar basura” y no en cambiar hábitos cotidianos de separación desde el hogar, corresponsabilidad con los recicladores o cuidado del espacio público.

La desconexión institucional también afecta la cultura ciudadana:

Mientras la Secretaría de Gobierno dice coordinar campañas locales, el IDPAC admite que no lidera procesos pedagógicos comunitarios, y las JAC -que conocen el territorio- no han sido incluidas de manera efectiva. Esto genera un vacío: no hay un mensaje unificado, no hay pedagogía sostenida y la ciudadanía no sabe con claridad qué hacer, cómo separar o a quién acudir.

Esta desconexión fue señalada directamente por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien instó al IDPAC y a las JAC a involucrarse activamente en campañas de educación ambiental y cultura ciudadana, al considerar que son actores esenciales en el cambio de hábitos barriales.

Desde la UAESP destacan proyectos como la generación de energía con biogás en Doña Juana -con 5,3 MW instalados y 9,8 MW proyectados- y un plan para producir biometano para transporte en 2027. Pero aunque estos avances técnicos son valiosos, no atacan la raíz del problema: la falta de un sistema sólido de aprovechamiento y una corresponsabilidad ciudadana real.

Un informe reciente de la Personería de Bogotá, citado por Cambio Colombia, alertó sobre fallas en la recolección, puntos críticos sin atención y la inseguridad que enfrentan los recicladores en distintas zonas de la ciudad.

En conclusión, Bogotá cuenta con un marco legal robusto que ordena fortalecer el reciclaje y dignificar la labor de los recicladores, pero los resultados siguen siendo marginales. La ciudad continúa enterrando su basura mientras las estrategias de separación apenas cubren una fracción del territorio.

Además, sin cultura ciudadana y sin líderes comunitarios involucrados, cualquier plan técnico se queda corto.

La crisis de basuras, agravada por el cambio climático y la falta de coordinación institucional, exige mucho más que pilotos o promesas. La gran incógnita ahora es si Bogotá logrará consolidar un sistema realmente sostenible, capaz de unir a las entidades, los recicladores y la ciudadanía en una misma ruta hacia una ciudad más limpia y resiliente frente a un desafío ambiental que ya no da espera.