El país recibe con bombas, metralla, balas y muertos dos grandes anuncios políticos respecto de las precandidaturas del senador Iván Cepeda (Pacto Histórico) y Miguel Uribe Londoño (Uribismo), es decir que nuevamente el Petro-Uribismo revivirá la promesa de seguridad entre atentados que golpearon al Valle del Cauca y Antioquia, el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay y la rápida designación de su padre como precandidato.

El último año del gobierno Petro estará marcado por un giro hacia un discurso de mano dura, al catalogar a los grupos criminales como “narcotraficantes” y “terroristas”, en respuesta al carro bomba en Cali, el ataque a una patrulla en Amalfi y el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Estos hechos debilitan la política de “paz total”, en un contexto donde el 36 % de los colombianos considera la seguridad como el principal problema del país, frente al 22 % que señala la política, mientras las cifras oficiales evidencian un aumento del 42 % en actos terroristas y más del 100 % en uniformados asesinados durante el tercer año de mandato.

Entre tanto, el presidente Petro responde con la controvertida tesis de una “Junta del Narcotráfico” con epicentro en Emiratos Árabes, sin respaldo institucional, pero útil para justificar la reclasificación de los grupos armados como terroristas, en un intento de reposicionar políticamente un discurso tradicionalmente asociado a la derecha. No obstante, este viraje se percibe como una aproximación táctica a la agenda de seguridad de Washington, que contrasta con la cooperación militar con el régimen de Nicolás Maduro. Esta dualidad —guiño retórico a EE. UU. y coordinación operativa con Caracas— sitúa a Colombia en un equilibrio inestable y ambiguo frente a los intereses estratégicos internacionales y la propia crisis de seguridad interna.

Lo que aún no resulta claro es cómo el uribismo logrará despertar verdadero fervor alrededor de la precandidatura de Miguel Uribe Londoño, percibida por amplios sectores como un gesto de oportunismo político. La opinión pública señala que su asesinato generó un consenso limitado, debido tanto a la carga negativa del apellido Uribe como a la sensación de manipulación mediática. Sin embargo, en el núcleo de la derecha uribista se le presenta como un candidato ungido bajo las banderas del mártir sacrificado por sus enemigos de izquierda, en medio de un Estado fallido que revive “los tiempos oscuros” de secuestros y bombas, con una seguridad relegada.

Al mismo tiempo, diversos sectores advierten el riesgo de que el magnicidio se convierta en un catalizador de mayor polarización, reavivando el fantasma de la violencia terrorista para imponer en la agenda pública la necesidad de un candidato que, en nombre de Miguel Uribe Turbay, retome con fuerza las banderas de la seguridad como eje central de la contienda electoral.

En cuanto a la precandidatura del senador Iván Cepeda, las percepciones apuntan a que busca la continuidad del proyecto político de Gustavo Petro, aunque ha negado públicamente ser “el candidato de Petro”, Cepeda se perfila como una figura esencial para enfrentar nuevamente al uribismo, apoyado en su discurso de justicia social, defensa de los derechos humanos y preservación de la paz. Al mismo tiempo, ha advertido que el asesinato de Miguel Uribe Turbay no debe convertirse en excusa para “estrategias de desestabilización”, lo que ha reforzado su imagen como “nuestro Iván”: un defensor de las víctimas y opositor a la violencia política, en una narrativa que recuerda la anterior estrategia de Petro por la carrera presidencial 2022 basada en la política del amor y la paz total.

En síntesis, Las precandidaturas de Iván Cepeda y Miguel Uribe Londoño emergen en un clima de violencia y dolor que recuerda los amargos años de magnicidios en la década de los años ochenta y noventa. Los atentados de Cali y Amalfi y el asesinato del senador Uribe Turbay devolvieron al primer plano el debate sobre la seguridad y la eficacia del Estado, y en este escenario, la campaña presidencial de 2026 se perfilará como un nuevo enfrentamiento entre el único partido que pareciera existir: el Petro-Uribismo. Donde la izquierda insiste en profundizar la paz y los derechos sociales mientras la derecha promete restablecer el orden. La irrupción del padre del senador asesinado como precandidato amplifica esa polarización en su discurso sobre “recuperar la seguridad” mientras que Cepeda defiende la Paz y la reconciliación.

Paralelamente, el giro retórico del gobierno hacia un lenguaje antiterrorista que califica a los grupos ilegales como “narcotraficantes” y “terroristas”, no se logra consolidar en transformaciones sustanciales de la política de Paz Total, lo que hace previsible que la escalada de violencia continúe mientras se mantenga una estrategia meramente reactiva.

En este contexto, el gran desafío para los extremos en disputa presidencial será superar las consignas de “orden” o “paz” y demostrar que cuentan con propuestas capaces de responder a la legítima demanda ciudadana de seguridad, sin convertirla en un pretexto para profundizar la confrontación entre petrismo y uribismo. Todo ello, además, bajo la sombra de un vecindario complejo, donde la connivencia de regímenes con carteles como el de los Soles o los mexicanos amenaza con exacerbar tensiones y ofrecer un terreno fértil a la injerencia pendenciera de los Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza de las temibles fuerzas armadas norteamericanas.

Luis Fernando Ulloa