Lo que ocurrió en Bogotá el pasado 7 de octubre con las marchas a favor de Palestina y contra la guerra en Gaza fue una instrumentalización del derecho a la protesta social pacífica y a la libertad de expresión. Fue un mensaje político calculado. La ciudad colapsó, la movilidad se desplomó y el vandalismo reinó en varios puntos. Aunque comenzó como una protesta pacífica y legítima de muchos, terminó convertida en un laboratorio de caos por unos pocos, con miles de usuarios caminando por la 26 porque TransMilenio se bloqueó y nadie respondió.

Vi una capital secuestrada por intereses ajenos al bienestar ciudadano. Vi a padres que no pudieron recoger a sus hijos, trabajadores atrapados y estudiantes que caminaron kilómetros. Todo porque unos pocos decidieron que su causa valía más que el derecho a la movilidad y a la seguridad de miles de personas. Lo inaudito fue el silencio del Gobierno nacional, que aplaudió la “resistencia” mientras Bogotá ardía.

Cuando la autoridad se volvió espectadora, la capital se volvió rehén. Lo que comenzó como un acto de solidaridad con Gaza, terminó en caos y en una puesta en escena política. Me pregunté si había algo en común entre Daniel Quintero con la bandera de Gaza y los capuchos que incendiaron la movilidad. Pareciera que todo apuntara a un mismo libreto.

¿Usó Petro el conflicto de Gaza para activar una agenda interna de desestabilización y caos? Al parecer sí. Y ese caos se sintió aquí, en las calles de Bogotá, con una Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden – UNDMO desautorizada y una institucionalidad neutralizada por cálculo político.

Las cifras hablan por sí solas. El Distrito reportó bloqueos viales y agresiones a establecimientos de comercio, espacio público y buses troncales y zonales de TransMilenio. Concretamente, TransMilenio informó que 275.479 usuarios, 106 rutas y 63 paraderos resultaron afectados por los disturbios del martes 7 de octubre.

Esto no es nuevo en la ciudad. En agosto de 2025, TransMilenio reportó 751 protestas y disturbios en campus universitarios y zonas aledañas, 300 más que en todo 2024. Los daños por vandalismo en los últimos cuatro años le han costado a Bogotá más de 17.000 millones de pesos. Las troncales Caracas Centro, Américas y Carrera Décima fueron las más vulnerables. ¿Y quién asume estos costos? Todos los bogotanos.

La protesta pacífica es un derecho, pero cuando es instrumentalizado con fines políticos y convertido en caos y vandalismo, deja de serlo. No olvidemos que son fines esenciales del Estado garantizar nuestros derechos y asegurarnos una convivencia pacífica. Y que tenemos el derecho a circular libremente y a que se nos garantice la prestación de servicios públicos esenciales, como el transporte público.

Bogotá no soporta otro experimento de poder disfrazado de manifestación “pacífica”. Lamentablemente la protesta social se está instrumentalizando y convirtiendo en chantaje, y la movilidad, en rehén de un plan. Al final lo que sucedió el martes no se trató de una manifestación social, sino una estrategia de desgaste utilizada por unos pocos.

Los bogotanos no podemos permitir que nuestros derechos y libertades sean utilizados caprichosamente con fines políticos. Hacemos un llamado al alcalde Carlos Fernando Galán, a las autoridades distritales y a la Policía, para que defendamos nuestros derechos y el orden público.

La ciudad necesita convivencia pacífica y autoridad, no cálculo. Necesita orden, no manipulación. Lo que pasó con la protesta del martes sirvió para medir hasta dónde llega el guion de Petro: cuando la política reemplazó al liderazgo y a la unidad nacional, Bogotá terminó en caos y paralización.

Juan David Quintero