En las cosas de la política analizamos las consecuencias del consejo de ministros del gabinete del presidente, Gustavo Petro, y la situación en la que quedaron el jefe de despacho, Armando Benedetti y la nueva canciller, Laura Sarabia.
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Acotando el shu shu shu del presidente Gustavo Petro en la crisis de las EPS, no es nuevo el renglón que tenemos actualmente en el sector energético con cada uno de los operadores de red, donde los subsidios no se han girado y la opción tarifaria genera un hueco fiscal, que hasta el alumbrado público está afectando de manera significativa.
La preocupación no solo es de los comercializadores, Armando Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Alumbrado Público (Anap), reflejó el reto que tiene el sector para este 2025, en 3 aspectos importantes:
Incertidumbre Jurídica en el Congreso: “tenemos incertidumbres jurídicas porque en el Congreso de la República hay proyectos e iniciativas de decreto expedidas por el Gobierno en las que se quiere alterar, sin un análisis profundo, la fuente con la cual remuneramos esas actividades que se denominan el impuesto al alumbrado público como sector y como gremio estamos dispuestos a analizar fórmulas, tal como se lo hemos dicho al Gobierno, pero esos proyectos menoscaban la renta, minimizan e impactan la voluntad de las entidades territoriales.” La preocupación no solo es de los comercializadores, Armando Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Alumbrado Público (Anap), reflejó el reto que tiene el sector para este 2025, en 3 aspectos importantes:
Renovación de infraestructura: “Creemos también que estos proyectos de iluminación urbana, que abarca alumbrado público como la iluminación arquitectónica, festiva y los desarrollos tecnológicos asociados a la iluminación son elementos claves en la estructuración de modelos de ciudad y territorio inteligente.”
Incertidumbre energética: “El tercer elemento que creó que impacta y genera incertidumbre en este 2025 tiene que ver con el suministro de la energía. Es un sistema de iluminación que tiene una infraestructura, unas luminarias, consumen energía y debe ser administrado en su integridad.”
La crisis en cada uno de los operadores de red por la falta de pago en los subsidios sigue creciendo, solo para mencionar unos pocos: Celsia, $ 226.000 millones; Afinia, $ 446.000 millones; Aire, $ 400.000 millones; EPM 4 billones de pesos; Electrovichada que tuvo un apagón en Puerto Carreño, su deuda asciende a $ 6.000 millones.
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Según (Asocodis) Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, sumando Subsidios, Opción Tarifaria y Entidades Oficiales, este año sobrepasa los $7 billones que afectando principalmente las regiones con menor musculo financiero como el Caribe, Chocó, Cauca, Putumayo y Nariño.
No es nuevo el problema y este año podemos tener un déficit de energía entre el 4% y el 6%.
Sí no tenemos proyectos y los que hay se desestiman por la falta de negociación o licenciamiento; para la muestra un botón: el proyecto eólico “Alpha & Beta” de la Portuguesa EDPR Renewables, quien anuncio que dejaría el país por falta de garantías, siendo inviable la construcción con sus equipos a la intemperie en Puerto Brisa, la Guajira, esperando una licencia y/o que suceda como los compactadores de nuestro presidente, cuando fue alcalde de Bogotá.
Tampoco hay avance efectivo de los proyectos en curso y esto genera un balance desfavorable sin incentivar la inversión en la generación de energía, que hasta el alumbrado público le preocupa.
Indudablemente la pandemia acentuó las desigualdades de la sociedad colombiana, que no eran nuevas pero lo poco que el país había avanzado en la distribución del ingreso, lo perdió y está retomando el camino siendo fundamental el aumento del salario mínimo.
Claro que las empresas necesitan condiciones para reactivarse, pero al enfrentar la situación económica con un salario bajo para darle mayores márgenes de rentabilidad a las compañías esperando que se dé por esta vía, no tiene ninguna lógica, se estaría realizando la recuperación a cambio del salario, siendo una concepción fracasada aplicada en los últimos 30 años en nuestro país.
El salario no se queda en los trabajadores, ellos no lo guardan en el banco, lo gastan generando demanda a las empresas y dinamizando la economía. Si bien las empresas necesitan otras herramientas como la liquidez, se pueden lograr a través del comercio internacional que tiene una estructura totalmente negativa para trabajadores y empresarios.
Otro factor que no ayuda es el sistema pensional de Colombia (se ajustó en parte con la reforma), siendo uno de los mas inequitativos del mundo, solo para dar un dato, el 40% más pobre de la población recibe únicamente el 10% en pensión y casi todos los beneficiados de la seguridad social lo reciben los sectores altos, el 20 % de los colombianos se llevan el 80% de las pensiones.
Al gobierno nacional le ha faltado un programa de recuperación económica dentro de un marco de equidad, conciliación estatal y dejando de buscar culpables, comenzando por fomentar la inversión para impulsar sectores estratégicos como la construcción y las obras civiles y podrían superarse con una alianza inteligente entre Gobierno y privados.
Otra vía importante que el país debe revisar es la reactivación de sectores como la minería, la industria, y el comercio, que presentan una caída notable en su desempeño y tienen un peso considerable en el PIB, por lo que su recuperación es fundamental para revertir la desaceleración económica.
El gobierno debe tomar la iniciativa, la falta de oportunidades nos tiene en vilo… 4 de cada 10 emprendimientos surgen por necesidad según el Banco Interamericano de Desarrollo, y el 90% de esos emprendimientos no superan la curva de los 5 años, eso sin contar brechas como el aislamiento de regiones y el hecho de que gran parte del sector industrial esté en las principales ciudades que, con la falta de conectividad vial, generan un escenario de represión económica que es bueno discutir.
Que sea un 2025 donde el ejemplo de crecimiento no sea de análisis, indicadores y variables, un 2025 que a simple vista que cualquier colombiano lo pueda percibir.
El representante a la cámara, Miguel Polo Polo, fue seleccionado por Confidencial Colombia como el antipersonaje del año 2024 por sus desatinadas declaraciones.
El nivel de lluvias ha dado un fruto importante en nuestro país, así lo reporto XM, quien opera el mercado energético colombiano al pasar de 55,29% en octubre a 66,5% en noviembre, en ese orden, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) paso de estado de riesgo a vigilancia. Pero aún así, seguimos en crisis…
Esta semana luego de una visita a uno de los pueblos de la Guajira, en Dibulla, me di cuenta de lo critico que es el suministro de energía por la empresa Aire, intervenida por la superintendencia de Servicios públicos y de propiedad de Alberto Rios Velilla, que por su mal manejo, esta comunidad llevaba más de 3 días de suministro.
El problema no son los 3 días, que según ellos se repiten cada semana y los cortes son intermitentes.
Pero, hagamos historia… En el año de 1994 estuvimos como Ecuador hoy día, con apagones por la falta de fluido eléctrico debido a la corrupción de la administración pública hasta esta fecha, generando la apertura de la plaza para darle cabida al nivel privado, entrando al ruedo a administrar y dar un balance diferente.
Muchos de nosotros no conocemos los conceptos de una factura y como llegan a nuestros hogares, no sabemos sobre la generación, transmisión, distribución y comercialización junto con las pérdidas y que componen el sistema interconectado nacional.
Los generadores son los primeros jugadores, quienes explotan el recurso y lo venden, actualmente que puede ser hídrica que representa un 78,13% del total nacional, Térmica con un 16,77%, Eólica y Solar con 4,2%… algunas empresas: Isagen, Enel o Celsia.
De ahí pasamos a la transmisión, quienes se encargan de trasladar esta energía, encontramos El grupo de Energía de Bogotá o Isa.
Continuamos con la Distribución, son quienes nos trasladan la energía a nuestros hogares, son aquellos operadores de red como: Enel, EPM, Emcali, Afinia, Emsa o Aire.
Y los comercializadores, aquellos que la comercializan y la revenden, siendo uno de los negocios para muchos, de ahí contamos con cerca de 135 empresas activas que por sus condiciones y exposiciones pueden afectar la red de suministro energético en nuestros hogares.
Para hacernos una idea, XM suministra el 70% de la energía a través de compras a largo plazo a un precio fijo, el otro 30%, se deja para compra en bolsa que tiene una variabilidad por el nivel de los embalses donde se puede ganar o se puede perder.
Si nos damos cuenta, el precio kWh por el servicio de energía no ha bajado, esto se debe al déficit de las redes de transmisión que en estos momentos sigue y está sobrecargado. Al mirar la costa atlántica, no tiene la fuerza de llegada que requiere esta población de 7 millones de habitantes siendo el factor de corte de energía periódicamente.
Otro factor fue el fenómeno del niño, en los últimos cuatro años, casi que se duplico el valor del kWh como lo he manifestado en otras columnas.
En Bogotá seguimos en racionamiento, debido también a una sobredemanda de energía y pocas redes de transmisión que no dan para el nivel de 10 millones de habitantes. No somos capaces de construirlas, sin conciliación y falta de gestión con 8 proyectos en curso y nada que sale el primero.
Tampoco hay nuevos proyectos en construcción, la transición energética nos tiene en vilo y los pocos que han llegado al ruedo como Hidroituago está a media marcha… los proyectos de energía Eólica tampoco arrancan con equipos en preservación porque las licencias no avanzan.
En ese orden, cualquier planta en salida nos genera una crisis al sistema, y más allá de las lluvias, no tenemos la capacidad para el suministro sin dar lugar a la baja en las tarifas.
¿Ahora ven porque así llueva todo seguirá igual?
Es muy triste observar la semana anterior y ver las acciones en descenso de nuestra petrolera, viendo la acción cotizada en $1.597, y que, comparados con la pandemia en el mes de marzo de 2020, se cotizó en $1.575
En ese orden debimos preverlo, varios fondos y bancas internacionales como J.P. Morgan nos venían bajando la calificación principalmente por la incertidumbre del gobierno colombiano con su “transición energética que no se ha visto, pero si replicado hasta el cansancio” y la falta de idoneidad del personal, principalmente su presidente investigado Ricardo Roa.
Al bajar la acción un US $7,35, impactando un -4,18% , dio la posibilidad a muchos inversionistas para vender sus acciones generando volatilidad, falta de confianza y precio de bolsa al descenso y sin descanso.
Todo esto, también, al no ver un gobierno corporativo en la compañía, y, las decisiones se enfrascan principalmente por el gobierno de turno, al ser mas del 80% propiedad de estado basados en las políticas de turno… genera retrocesos, falta de gestión y baja continuidad por las políticas de estado que, aun mas, mal manejadas, impactan significativamente en los recursos de la nación.
La responsabilidad también lo evidenciamos en su presidente, Ricardo Roa, quien no responde de manera contundente ni al congreso, a los medios u otro que se le parezca al interrogarle sobre la caída de utilidades, importación de gas desde Estados Unidos, resultados de las acciones, planes energéticos de la compañía e inversiones en negocios fuera de Colombia.
Recordemos que hace un mes también estuvo relacionado con la tentativa de demanda de los accionistas minoritarios por el desistimiento de la compra de CrownRock en Estados Unidos. Esto puede llevar investigaciones o demandas por varias causas como esta al estar inscrita en el mercado bursátil de EE.UU. que al final nosotros pagamos.
Como lo manifestaba anteriormente, al ser político, y el paño de denuncias que está sobre su presidente, no es confiable en ninguno de los casos para experimentados inversionistas avanzar en una estabilidad cuando tenemos una imagen de desconfianza.
El señor Roa debería apartarse y dar explicaciones de lo sucedido con la campaña a la presidencia de Gustavo Petro ante el Consejo nacional Electoral y aparte, contestar si tuvo algún tráfico de influencias en los negocios de las Empresas de William Velez con Ecopetrol… y ya en tema personal, su apartamento 901, que, hasta el momento, “como el dinero con el que pagó, sigue en su caja, sin destapar”.
El presidente debería pensar que en 2 años de gobierno sus entidades ya deberían estabilizarse. Porque, si no hacen, dejen hacer, que el presupuesto de la nación no está de palo para cucharas.
Por: Iván Santisteban y Alejandro Poveda
La empresa de transporte Urbano conocida como La Rolita quedó en el limbo jurídico tras un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que consideró que al proyecto le faltaron los estudios, hecho que dejó la duda de si los concejales de aquel momento estudiaron y analizaron la iniciativa de la alcaldía de Claudia López.
Esta semana, escuchando las Conversaciones en las Regiones promovidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en la ciudad de Sincelejo, la gobernadora de Sucre, Lucy García hizo una solicitud bastante particular al proponer “subir el subsidio a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 a 250 kilovatios para que así pueda bajar el valor de la tarifa en el corto plazo”, del cual no estoy en todo de acuerdo y ya les explico por qué:
En primer lugar, tenemos una realidad y es que el fenómeno de la niña no ha despegado como esperábamos, eso ha hecho que el nivel de los embalses no sea el óptimo y que evidentemente se ve reflejada en la factura de energía, tal cual hila con lo reportado por el DANE a corte de septiembre, los precios de la energía en Colombia se han incrementado en promedio un 12,9%. Seguir subsidiando es aumentar el hueco fiscal.
Lo segundo, es que no podemos seguir generando campañas apuntándole a todos lados sin enseñarle a la población, industrias y empresas cómo lograr protocolos de operación, teniendo en cuenta sus equipos y oportunidades que se dan de manera específica en eficiencia energética. Decían las abuelas cuando que “al que no le cuesta lo vuelve fiesta” y con campañas tan globales nadie las personaliza.
En tercer lugar y lo escuchamos este mes, el precio de la energía en Colombia alcanzó máximo histórico en septiembre principalmente por sequías en promedio bolsa de $1.019,41 por kilovatio hora y como valor agregando, la activación del estatuto de riesgo de desabastecimiento superó los $7.000.
No me quiero imaginar los meses de sequia estacional que tenemos los meses diciembre a febrero. Recordemos que este año el panorama fue crítico extendiéndose el verano casi hasta el mes de mayo.
Si bien es cierto, el ministerio de minas ha mencionado que no se tiene un riesgo de desabastecimiento tampoco asegura que el precio no siga en ascenso. Mi recomendación es que no hay que fiarnos y dejarle la responsabilidad únicamente a quien nos entrega el servicio, considero que es momento de buscar nuevas alternativas en nuestro hogar, industria y empresas tal cual los siguientes elementos:
Empiece por analizar cuáles son los equipos que generan el mayor consumo en su operación.
Valide si esos equipos realmente necesitan estar conectados las 24 horas.
Inicie con el ahorro en un horario off, donde duerme la operación, desconecte equipos resistivos (estufas, hornos microondas, cafeteras), incluya aires acondicionados. En su casa igualmente, encárguese de que todos los equipos queden desconectados.
A la apertura valide qué equipos realmente necesitan conectarse y cuales podríamos correr el horario de encendido.
Valide y agrupe el encendido de acuerdo esa operación y escalónelos hora a hora.
Le aseguro que no afectara su operación y tendrá ahorros del 5 al 15% de acuerdo con cada oportunidad que identifique.
No siempre la responsabilidad puede ser de un tercero, escudarse es muy fácil cuando no ves una oportunidad más allá de lo que puedo hacer internamente.
Ahora, no estoy diciendo que no haya oportunidades de mejora de estos “terceros” y lo he descrito en varias columnas anteriores, por lo menos, esperemos que se ajuste indexador de los precios al IPC, o en su defecto, seguiremos pagando ese adicional.
No hay riesgo de desabastecimiento y el papel lo aguata todo, pero ¿El bolsillo?… Quien sabe.
Permitirán los senadores y representantes a la cámara la modificación al Consejo Nacional Electoral (CNE) durante la discusión del proyecto de acto legislativo presentado por el Gobierno de Gustavo Petro.
A pesar de que el hoy exsecretario general del Senado de la República, fue ternado por el presidente de la República para la elección del nuevo procurador general de la Nación, nada garantiza que seguirá sus instrucciones o que hará de la entidad un órgano de control independiente de la política y del mismo Ejecutivo.
Imaginarnos un escenario donde nuestros hogares y empresas puedan monitorear sus consumos de manera automática, curvas de carga las 24 horas del día… permitiéndoles analizar su operación de manera rápida y generando estadísticas sobre sus días de mayor consumo, hora pico y fugas que se podrían corregir por una operación mal administrada, es una oportunidad que cualquier empresario pensaría razonable en su operación.
Pero… ¿En qué va el proceso?
Devolviéndonos al pasado, en el año 2021 se presentó la ley 2099, que establecía algunos puntos que nos permitirían direccionarnos hacia la medición inteligente, y a cambio se obtendrían incentivos tributarios: “las empresas prestadoras del servicio de energía deberán asumir los costos asociados a la adquisición, instalación, mantenimiento y reparación de los medidores inteligentes de los que trata la presente Ley. De ninguna manera este costo podrá ser trasladado al usuario en la facturación o cualquier otro medio”.
Evidentemente para cualquier distribuidor o comercializador, no es atractivo realizar un recambio tecnológico sin ver un retorno de la inversión, implicándole un flujo de caja por cerca de $9 billones a costa de nada.
Teniendo esto sobre la mesa, la corte constitucional la declaro inconstitucional, mencionando que violaba la recuperación de los costos.
Mas adelante, para el año 2022, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) presentó la resolución 101 001, por medio de la cual se establecen las condiciones para la implementación de la infraestructura de medición avanzada.
En la resolución, las compañías deberían presentar un plan de trabajo, permitiéndoles desplegar dicha tecnología. Esto, en un periodo no mayor a 120 días, después de expedir la circular de la Creg con material, formatos, protocolos, procedimientos y contenido objeto de inicio.
Esta circular nunca les llegó y las empresas se quedaron en el aspirar. A hoy día, no hay un modelo de implementación de AMI en los comercializadores o distribuidores; muchos comercializadores lo vienen realizando por su modelo de negocio y valor agregado, que pudiese ser un piloto para el monitoreo no solo del flujo global de la energía de un cliente, sino también sus redes internas como valor agregado… generando fidelidad e ingresos extras para el negocio.
En este año, 2024, se han instalado cerca de 200.000 medidores inteligentes de acuerdo con las cifras entregadas por la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, ASOCODIS. Haciendo el cálculo, no es ni el 1%, si esperamos instalar más 14 millones de medidores en nuestros hogares y llegar al 75% de la meta para ese año (es decir 2 millones por año).
De acuerdo con la Cámara colombiana de Energía, la ruta crítica radica en El establecimiento del Gestor Independiente de Datos e Información (Gidi), “cuya creación depende al parecer de estudios en ejecución de la Creg… y que probablemente se publiquen en 2025”.
Evidentemente, no se va ha lograr la meta propuesta, según lo anterior, podríamos tener los planes piloto entre 2026 y 2027, además, teniendo varios componentes en política pública sin solucionar, principalmente en coste, sumándole la mano de obra y mantenimiento de los equipos.
Para llegar, se deben generar acciones más competitivos y tangibles que un beneficio tributario, donde, en ocasiones y de acuerdo al proceso, el usuario o las compañías ni lo pueden utilizar.
Pensar que importar gas natural de Venezuela es por gusto y que en Colombia tenemos de sobra, es lanzar dardos al aire sin conocer de fondo el problema, llamados por la alerta generada en las últimas semanas del desabastecimiento prolongado.
La falta de gestión en la última década por parte de los gobiernos de turno en la búsqueda, perforación y desarrollo de proyectos (que pueden alcanzar fácilmente los 12 años de maduración), han generado esta crisis, y seguramente el próximo año paguemos más por el m3 de gas que en la actualidad.
También lo advertía Fedesarrollo en su investigación Obstáculos para el desarrollo del gas natural en Colombia, entregada en el año 2003: “No hay oferta de gas porque la demanda es insuficiente y no se demanda más gas porque no hay disponibilidad. Hay que «jalonar» la demanda para ampliar la producción y buscar más gas. Explorar en búsqueda de gas vale lo mismo que explorar en búsqueda de petróleo por lo cual se requiere encontrar cantidades grandes y, consecuentemente, que exista una demanda que justifique tanto la búsqueda como el hallazgo.” Una senda dejada al costado desde los años 2015 a 2017, siendo esta una alerta inicial.
En la actualidad, alrededor de 11 millones de familias usan diariamente el gas natural, más de 670.000 vehículos y 145.000 comercios se abastecen como materia prima para la ejecución de sus actividades y dinamización de la economía, teniendo una demanda promedio diaria de 1.080 giga de unidades térmicas británicas.
A eso le sumamos la estimación de la oferta y la demanda en crecimiento del 25 % para 2026 y que se mantendrá hasta 2030, teniendo un déficit de 8% anual, llevándonos a importar gas desde el lugar más costo-eficiente… probablemente Venezuela mediante el gasoducto Antonio Ricaurte con la petrolera PDVSA, teniéndose parte de la infraestructura en pie y contratos vigentes a la fecha.
Otro plan alterno o diferente, de acuerdo a lo mencionado por Ecopetrol genera suspicacias, falta de claridad y sin ningún avance en perforaciones como, por ejemplo, a través del Fracking.
Erradamente el discurso del gobierno del cambio a través de nuestro presidente Gustavo Petro donde nuevamente en Davos mencionó “Hemos decidido no contratar más exploraciones de petróleo, gas y carbón como una muestra de la necesidad que tenemos de descarbonizar nuestra economía”, no ayuda a la crisis más allá de generar alarmas, polarización y asumir un costo político que no le pertenece porque no es el único responsable, y que, a sabiendas, su propuesta de transición energética no despega.
Tampoco es consistente con lo mencionado por Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, quien ha indicado proyectos en curso relevantes principalmente el mar Caribe, teniendo un potencial de aproximadamente 75 terapíes cúbicos y con inversiones para este año por 350 millones de dólares, donde esperamos sus frutos en el año 2029.
Lo cierto es que venimos de realidades económicas y de servicios como la pandemia, el fenómeno del niño… que nos llevó a racionamiento de agua, incremento de tarifas de energía y, ahora, viene el gas natural, que, sin depender de una condición climática hace parte del diario de un colombiano, motivándolo a seguir, preparando el bolsillo.
El Congreso de la República retoma sus actividades a partir del próximo 20 de julio.
Lo primero que hay que mencionar, es que las tarifas de energía no bajarán a nivel nacional ni para todos los sectores. Únicamente estará en población más vulnerable catalogado como residenciales, es decir, estratos 1,2 y 3, quedando por fuera el sector comercio y las industrias.
Lo sucedido con Aire en parte responde a las denuncias realizadas por una licitación mal lograda finalizando el año 2023, que lo puso en la mira de la Superintendencia a validar sus inversiones para el año anterior, evidenciando presuntamente datos erróneos y que llevaron a elevar las tarifas alrededor de 86 pesos/kWh en el costo unitario de prestación del servicio, sin haberse realizado dichos cambios.
El alza de las tarifas ha sido extremadamente abrupta para la costa atlántica y a nivel nacional; Air-e por ejemplo, desde mitad del año 2021 (junio) tenía un valor de 569 pesos kWh, y para el mes de marzo de este año 2024 su valor fue de 1.211 pesos kWh, correspondiendo a un alza de más del doble del costo de la energía en menos de 5 años para el mercado regulado.
Frente a la opción tarifaria se abre un debate interesante porque no es que los prestadores hayan optado por bajar la energía eléctrica… Una compañía difícilmente busca perder la utilidad y garantía del negocio dejado por el malogrado periodo de Iván Duque.
El gobierno nacional, en su preocupación por dar resultados, ya que ninguno de sus planes se ha aterrizado en transición energética y desarrollo regional, siente que el tiempo se le está saliendo de las manos y ha tomado la decisión de financiar la opción tarifaria para esta región del país en poblaciones más vulnerables.
Indudablemente el costo elevado de la energía no afecta a los ricos y megarricos de nuestro país, irónicamente afecta a una clase media que se endeuda en los bancos para sobresalir y no quebrar en su intento de reactivar económicamente su sector.
Mi preocupación va más allá… imaginémonos una pequeña empresa o microempresa (restaurante, cafetería, papelería, sastrerías, etc.) que además de la crisis económica que se vive en el país, les ha tocado hacerse a las dificultades para buscar pagar sus servicios públicos.
En nuestra querida Colombia hay 5,8 millones de micronegocios, que emplean a cerca de 21 millones de personas, es decir, el 67% del empleo en el país y el 79% cuando incluimos la pequeña y mediana empresa que contribuyen con entre el 35 y 40% del PIB anual.
Porqué el gobierno nacional no hace esfuerzos: primero por completar el nombramiento de un director con la experiencia y calidad que exige el Consejo de Estado y por buscar ultimar los seis comisionados que se exigen para decidir de manera satisfactoria en las decisiones de la Creg, donde injustamente llevamos más de 18 meses en vilo por falta de gestión.
Una vez teniendo eso, avanzar en todas las propuestas que se han planteado en el plan de desarrollo en el sector energético y porque no, eliminar la opción tarifaria, buscando un costo-beneficio en reactivación económica.
¿Será muy difícil? Si no podemos con los funcionarios, menos vamos a poder con la gestión.
La siguiente narración, al estilo de las Cosas de la Política, describe la polémica que se desató en el panorama político nacional por las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, sumado a la propuesta de la senadora Isabel Cristina Zuleta de una posible reelección del primer mandatario.