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Acuerdo sobre lo fundamental: la vida y la democracia

Escrito por Quena Ribadeinera en Jun 13, 2025. Publicado en Opinión.

El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay es un hecho profundamente doloroso que conmociona a Colombia. A él, a su familia y a su equipo de trabajo, toda mi solidaridad. La violencia política, en cualquiera de sus formas y venga de donde venga, debe ser rechazada sin ambigüedades. Atentar contra la vida de una persona por sus ideas o por el lugar que ocupa en el debate público es atentar contra la democracia misma. Este episodio, como tantos otros en nuestra historia, nos recuerda que el país necesita un acuerdo sobre lo fundamental: respetar la vida y la humanidad del otro. En una nación herida por la violencia, donde aún pesan los ecos del conflicto armado, del exterminio político y de la persecución ideológica, es urgente renovar ese pacto ético mínimo.

Sin embargo, no podemos permitir que este hecho doloroso sea instrumentalizado como un comodín para agendas electorales ni como excusa para profundizar la polarización. Es inadmisible acusar al presidente de la República de estar detrás de este atentado, sin pruebas, sin hechos, solo con la intención de incendiar al país. Las voces que hoy culpan al gobierno, sin sustento, son las mismas que desde hace meses vienen atizando un discurso de odio y desconocimiento institucional que solo empeora el clima social y político.

Colombia conoce muy bien la violencia política. No es un fenómeno nuevo ni aislado. La historia de la Unión Patriótica es una herida abierta: más de 6.000 asesinatos sistemáticos, entre ellos alcaldes, concejales, congresistas y líderes sociales, producto de un genocidio político planificado para eliminar una esperanza de paz. Afirmar, como lo hizo recientemente el senador Humberto de la Calle, que ese exterminio fue responsabilidad de la «delincuencia común» es una tergiversación de la historia y una negación de la verdad que merecen las víctimas.

Tampoco podemos olvidar que desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 han sido asesinados más de 1.600 líderes sociales y cerca de 400 excombatientes. La violencia no distingue ideología. Por eso, el verdadero símbolo de unidad nacional debe ser la defensa de la vida de todos y todas, sin distinción política o partidaria. Ninguna persona debería morir por sus ideas. Esa es la base de una democracia real.

Llama la atención que muchas de las voces que hoy piden desescalar el lenguaje y “bajar la temperatura” sean las mismas que han promovido el desconocimiento del presidente Gustavo Petro como jefe de Estado, alimentando el ambiente de deslegitimación institucional. Reconocer al presidente no es una concesión: es un principio básico de convivencia democrática. No se construye paz llamando al caos ni se garantiza la seguridad incendiando el debate público con mentiras y estigmas.

Tampoco se puede usar este hecho para deslegitimar el deseo legítimo del pueblo colombiano de expresarse en una consulta popular por sus derechos y su dignidad. Colombia necesita más democracia, no menos. Y en un país donde el Congreso ha bloqueado durante dos años las reformas sociales, permitirle al pueblo hablar no debería ser motivo de miedo ni de manipulación.

Hoy más que nunca, la democracia necesita defensores sinceros, que rechacen la violencia venga de donde venga, que respeten la diferencia y que entiendan que el cuidado de la vida no puede ser selectivo. Ese debería ser nuestro acuerdo nacional. Porque sin vida, no hay democracia. Y sin democracia, no hay nación que valga la pena ser vivida.

Por eso, esta campaña electoral no puede convertirse en una competencia de miedos ni en una estrategia de terror emocional. Lo que Colombia necesita es un debate de ideas, propuestas y posibilidades reales de convivencia pacífica. Cerrar el conflicto social y político que arrastramos como país debería ser un pacto compartido, respetado y cuidado por todos los sectores. En medio de las múltiples crisis que enfrentamos, ese acuerdo por la vida, la paz y la democracia debe ser el pilar ético que nos guíe como sociedad. No hay causa más urgente ni símbolo más poderoso de un país que quiere un futuro distinto.

Quena Ribadeneira

La Rebelión del Águila y el Despertar del Dragón

Escrito por Columnista en Jun 13, 2025. Publicado en Opinión.

En los días posteriores al hechizo de los 90 días, los vientos geopolíticos comenzaron a soplar con más fuerza en el reino global. Aunque el pacto entre los dos grandes imperios aún estaba vigente, nuevas tensiones surgieron en los cielos comerciales.
Trump sorprendió a todos al levantar su báculo y apuntarlo hacia el Viejo Continente 🌍. “¡Europa debe pagar tributo!”, gritó desde su torre de X. Propuso hechizos arancelarios del 50% a sus productos y un 25% a los teléfonos mágicos fabricados fuera de sus dominios.

Mientras tanto, los sabios del Tribunal de Comercio Internacional decidieron rebelarse: declararon inconstitucionales sus conjuros arancelarios globales. Pero el emperador contraatacó con una apelación veloz, suspendiendo la decisión en cuestión de horas.

No bastando con eso, Trump acusó a China de romper el pacto de los 90 días y lanzó una nueva advertencia: ¡podrían volver los dragones arancelarios antes de lo previsto!

En la penumbra del tablero comercial, los magos de otros reinos comenzaron a leer las señales. ¿Y si este caos era solo el inicio de una reconfiguración del mapa? Muchos reinos se dieron cuenta de que dependían demasiado del oro de Occidente… y empezaron a mirar hacia nuevos aliados. Entre ellos, el misterioso Dragón del Este.

China, siempre astuto, comenzó a desplegar sus verdaderas cartas:

🔮 Las tierras raras, esos minerales mágicos esenciales para fabricar armas, chips, y artefactos tecnológicos, estaban bajo su control. Con el 38% de las reservas mundiales y seis compañías líderes en su extracción, su poder era inmenso. Si lograban aliarse con Brasil (poseedor de 21 millones de toneladas de estos recursos), el dominio sería casi absoluto.

🤖 La Inteligencia Artificial, el hechizo del futuro, también estaba en su radar. Quien domine esta magia, dominará la nueva era.

Y mientras el mundo debatía sobre minerales encantados y hechizos digitales, en las tierras de Colombia 🇨🇴, el reino local enfrentaba su propia batalla fiscal. El Consejo del Tesoro decidió aumentar la retención en la fuente para las casas comerciales. La idea era recolectar más oro rápidamente, para evitar que el déficit fiscal se tragara las arcas del reino.

Pero como todo buen conjuro, este también tenía su efecto secundario: podría debilitar a los comerciantes y traer una ola de incertidumbre mágica al mercado local.

Y así, entre hechizos, pactos rotos y alianzas secretas, el tablero global vuelve a agitarse.
¿Quién dominará esta nueva era de magia económica?

Fabian Herrera

Las firmas, ¿el truco de una candidatura independiente?

Escrito por Edgar Martinez en Jun 12, 2025. Publicado en Opinión.

Podría inferir que nuestra democracia electoral para elegir presidente en el 2026 ‘sigue viva’ como consecuencia de la oleada de pre candidatos inscritos durante los últimos días bajo la figura Constitucional de Grupos Significativos de Ciudadanos o por firmas, grupos en su mayoría liderados por figuras de larga trayectoria en la vida política que usan la estrategia de venderse ante los medios y la opinión pública como independientes y alejados de los ‘vicios’ politiqueros.

Dice la normatividad que un aspirante por firmas, en este caso presidencial, debe recolectar por lo menos, 630.000 validadas por la Registraduría, lo que significa una logística con acciones de amplia cobertura para acumular en cientos de formularios la tan anhelada cifra, para lo cual el candidato y su equipo de colaboradores literalmente se tomarán sus regiones, especialmente lugares de alta concurrencia de gente para vender su proyecto político y presentarse en el cara a cara con la ciudadanía. Según, la Registraduría Nacional, los grupos o movimientos significativos tienen como fecha límite el próximo 17 de noviembre para entregar sus rubricas. De verdad, toda una rebelión de las firmas.

Amigo lector, la carrera por la primera vuelta presidencial del 2026 es un hecho en un país en donde ‘la cosa política’ es el ‘pan nuestro de cada día’ así muchos expresen lo contrario. Insisto en que la fiesta electoral arrancó en firme con la inscripción de ‘pesos pesados’ como Claudia López, ex alcaldesa de Bogotá o David Luna, ex senador de la República. En esta primera tanda de pre candidatos por firmas aparecieron otras figuras públicas salientes del actual gobierno, ex concejales y vendrán, según las fuentes políticas, otros con títulos de ex periodistas, ex ministros, ex fiscales y ex integrantes de cualquier partido político. Todos ellos, amparados en el ‘cuentico’ de la independencia absoluta. Pura carreta populista.

Carreta populista porque en el caso de los aspirantes con una experiencia en altos cargos públicos a través de elecciones populares sienten el despreció de un alto porcentaje de los ciudadanos hacia la clase política tras sus constantes y sonados casos de corrupción, incumplimiento de sus agendas programáticas con el ‘pueblo’ y el marcado oportunismo en fechas electorales. Estas y otras variables hacen que los candidatos se desmarquen de sus bases tradicionales para buscar en el mecanismo por firmas una imagen independiente, fresca, diáfana y un discurso prometedor y emocional para aliviar los problemas coyunturales de Colombia. El objetivo inicial es venderse como el pre candidato a ‘kilómetros’ del politiquero profesional.

Lo más paradójico de todo esto es que ese Grupo Significativo y su aspirante, de conseguir las rubricas requeridas para el caso de las presidenciales, deberá alinearse o hacer alianzas, con los más cercanos a sus doctrinas políticas, a sus similitudes en agendas propositivas o sencillamente porque la ‘política es dinámica’, como apunta el adagio entre los lideres de opinión pública. Esto es que palabras más palabras menos un candidato por firmas, de llegar a estar entre los verdaderos presidenciables, finalmente tendrá que revolverse con izquierda, derecha, centro, extremos, partidos tradicionales e incluso otros con la noble imagen de independientes. Es decir, volverá a donde lo vieron nacer como político profesional. Todo un ‘truco’ o ‘juego’ electoral permitido por nuestra viva democracia participativa.

El ‘truquito democrático de candidatos por firmas o el aval del pueblo, como se le define a este arduo y extenso proceso previo a elecciones, deja un sabor amargo porque el político de profesión vendiéndose como autónomo amalgama toda una maquinaria, para finalmente buscar el respaldo de los caciques políticos y partidos tradicionales y, con ello, llegar con más opciones a la recta final”, resume un estudio sobre Ciencia Política

Por lo pronto, la acalorada recolección de trazos gráficos, manuscritos que representan el nombre y el apellido de un ciudadano, serán el juez y parte de un sin número de pre candidaturas que desde ya auguran una fiesta electoral para el 2026 sin precedentes.

“La carencia de liderazgos al servicio de los ciudadanos con rasgos honestos, serios, empáticos y visionarios es indudable, pero siendo honestos, la figura Constitucional de acumular firmas por parte de cualquier individuo o grupo para hacer política abre las puertas de la esperanza en medio de la crisis. La política (…) debe estar en todas las aguas de la vida pública y debe ser abierta, pluralista, cambiante, como lo necesita una democracia”, escribe Yolanda Ruiz en una de sus columnas en El Espectador.

Edgar Martínez Méndez

La ideologización en los colegios públicos

Escrito por León Ferreira en Jun 12, 2025. Publicado en Opinión.

La educación es un derecho, pero más que un derecho es un deber. La educación es la base de todo proceso social, sin adecuada y correcta educación las sociedades fracasan. Se debe educar para la formación de carácter, disciplina, criterio e independencia. La formación marca el devenir del individuo y de las sociedades. Países con altos niveles educativos están indefectiblemente sujetos a prosperar con ciudadanos exitosos. Para el caso colombiano, el País ha aumentado significativamente la cobertura educativa, no obstante, la formación que se imparte a niños, niñas y adolescentes desde las instituciones públicas es preocupante por la altísima carga ideológica con la que está contaminada.

La educación pública colombiana en los niveles básicos y de segundaria no es la mejor, muchas veces la planta física de los planteles es paupérrima, no cuentan con materiales pedagógicos adecuados, el programa de alimentación escolar no cumple con los requerimientos nutricionales adecuados y los docentes en algunos casos, no son los más competentes, pese a los ingentes esfuerzos del Gobierno por beneficiarlos con planes de formación a nivel de maestría y doctorado. Aunado a lo anterior, preocupa particularmente, la ideologización a la que están expuestos los menores por parte de algunos profesores que terminan por pervertir sus mentes. Para nadie es un secreto que la educación pública está en manos de un fuerte sector que hacen de la cátedra educativa una tribuna para impartir mensajes que rayan a veces con el odio y el resentimiento social. Docentes que en pleno Siglo XXI aún hablan de lucha de clases y desvirtúan la función de la familia en la sociedad.

Algunos docentes hacen de la educación una de las herramientas de la batalla cultural, propagada por intelectuales como el italiano Antonio Gramsci (1891-1937) y el francés Louis Althusser (1918-1990) quienes vaticinaron que el triunfo del comunismo se daría mediante la batalla cultural a largo plazo y no por la lucha de clases. La educación se utiliza como aparato ideológico del Estado. En tanto, el Estado detente la educación, habrá altas posibilidades de ideologización. Aspectos que en los últimos tiempos son cada vez más evidentes, instituciones educativas con nombres de anarquistas y revolucionarios.

Experimentos educativos como los de Fidel Castro (1926-2016) en Cuba, Hugo Chávez (1954-2013) en Venezuela y Evo Morales (1959) en Bolivia para el caso hispanoamericano, que cambiaron las tradicionales planas escolares de “Mi mamá me mima” por las de “Viva el socialismo del Siglo XXI”, han producido nuevas generaciones de ciudadanos resentidos y mentalmente adiestrados; terminan instrumentalizados para la mal llamada “Protesta social” que a veces raya con la violencia. Es urgente revisar las nuevas narrativas en el modelo educativo. La libertad de cátedra no es una patente de corso para convertir el arte de la enseñanza en un instrumento ideológico. No debería ser socialmente aceptado expresiones como brindar subsidios a jóvenes para que no delincan. Pagar por portarse bien es inmoral ¿Dónde queda el imperativo categórico kantiano? La escuela pública menos forma y educa, más adoctrina.

Vale la pena considerar planteles educativos concesionados a organizaciones privadas probas y con mucha experiencia pedagógica y administrativa, se debería volver a enseñar religión en los colegios públicos para que los valores judeocristianos sean retomados en la sociedad. Igualmente, no cualquiera debería ser docente. Enseñar es un arte que exige vocación, decencia y honestidad. Las escuelas y colegios públicos no pueden ser tribunas para quienes infestan de odio y desidia las mentes infantiles. Basta ya de la interrupción del servicio público educativo de niños, niñas y adolescentes por cuenta de los activistas disfrazados de docentes.

León SandovalFerreira

Somos más que la violencia

Escrito por Columnista en Jun 11, 2025. Publicado en Opinión.

El reciente atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay no solo es un ataque contra una persona o una corriente política: es un atentado contra la democracia misma, contra la posibilidad del debate y la diferencia, contra el derecho de todos los colombianos a vivir sin miedo. Como ciudadanos, más allá de las posturas ideológicas, debemos levantar la voz para rechazar de manera categórica cualquier forma de violencia política.

Colombia lleva décadas cargando con una historia marcada por la polarización, la intolerancia y la eliminación del otro como método de disputa. Esa historia ya nos ha costado demasiado: vidas, familias, territorios y oportunidades. No podemos permitir que el odio nos siga dictando el rumbo. La política no puede seguir siendo una trinchera de agresiones, sino un escenario de ideas y construcción colectiva.

El atentado contra Miguel Uribe debe dolernos a todos. Hoy es él, mañana puede ser cualquier otro. Nadie que participe en la vida pública —sea de derecha, de izquierda o de centro— debe temer por su vida por expresar lo que piensa. Si no hay garantías para disentir, entonces no hay democracia posible.

Es momento de reconocer que lo que nos une como colombianos es mucho más fuerte que lo que nos divide. Nos une el deseo de un país en paz, con oportunidades, con justicia. Nos une el anhelo de ver a nuestros hijos crecer sin miedo, de vivir en un país en el que no se asesine por pensar diferente. No podemos dejar que los violentos se adueñen del destino nacional.

La violencia no puede tener cabida en una sociedad que busca reconciliarse. Los verdaderos enemigos de Colombia no están en la otra orilla ideológica, sino en quienes usan las armas, el terror y la intimidación para imponer su voluntad. Contra ellos debemos unirnos, sin matices, sin excusas, sin cálculos.

Este momento exige grandeza, exige unidad. No para borrar nuestras diferencias, sino para reafirmar que por encima de ellas está el valor de la vida, el respeto por el otro y el compromiso con una nación que quiere dejar atrás el miedo. Rechacemos la violencia, defendamos la democracia y recordemos que no somos enemigos: somos compatriotas.

Gustavo García

Exviceministro del Interior

Miguel Uribe, 72 horas democráticas

Escrito por Luis Fernando Ulloa en Jun 10, 2025. Publicado en Opinión.

El senador y precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay se encuentra entre la vida y la muerte, después de un atentado en el reconocido barrio Modelia de la localidad de Fontibón de Bogotá. Al momento de escribir esta columna el pronóstico no es alentador y los reportes periodísticos informan que por la máxima gravedad de sus heridas, el líder del uribismo transitaría las 72 horas más críticas para su salvación.

En la tarde del pasado sábado 7 de junio un presunto sicario de 14 años –un niño convertido en arma política– accionó una pistola de gran poder contra el cráneo de Miguel Uribe en un mitin político al aire libre, consternando a los vecinos de un tranquilo barrio de Bogotá. Lo primero que tenemos que decir es que Miguel Uribe proviene del liberalismo y actualmente lidera las encuestas dentro del partido Centro Democrático alzando su voz política inconforme con el gobierno. El atentado contra su vida no es solo una tragedia personal, es producto de mentes débiles que amenazan la democracia y el respeto por la diferencia del disenso respetuoso, pues nada justifica la violencia política como el respeto por las ideas de todos.

Lo segundo es que cambia totalmente la escena política del país, sumado a que se entra en un espiral de revanchismo violento, como lo acaba de constatar el expresidente Álvaro Uribe mediante un mensaje donde manifiesta que también van a atentar contra su vida, igualmente se conoció el mismo plan contra las precandidatas Vicky Dávila y María Fernanda Cabal, lo que incendiaría de raíz el proceso electoral que se avecina.

Colombia revive sus fantasmas más oscuros, con un preocupante deterioro de la seguridad nacional y la escalada de un lenguaje de odio que rápidamente se materializa en violencia física. La estabilidad institucional pende de un hilo, no solo por el resurgimiento del sicariato y la narcoviolencia que creíamos superados desde los años ochenta, sino -y quizás más alarmante- por una retórica populista que sistemáticamente alimenta divisiones. Este discurso polarizador, cargado de señalamientos personales y un lenguaje de clases confrontacional, ha creado un clima social inflamable, sumado a las contradicciones incongruentes del presidente Petro, mientras condena el atentado contra Uribe Turbay como «un fracaso para el gobierno y el Estado», días antes había vinculado al senador con el polémico Estatuto de Seguridad de su abuelo, Julio César Turbay Ayala, afirmando que era hijo de quien torturó a 10 mil jóvenes. Esta ambivalencia discursiva entre condenar la violencia y al mismo tiempo avivar resentimientos históricos, ejemplifica precisamente el círculo vicioso que hoy amenaza la convivencia nacional.

Por su parte, las cortes colombianas en un comunicado conjunto, alzaron su voz para defender los pilares institucionales de la democracia, subrayando que el disenso político no debe fracturar el Estado de Derecho. Su mensaje central traza el camino a seguir, mediante la construcción de puentes mediante el diálogo genuino, sustentado en valores fundamentales como la justicia, la paz, el respeto a los derechos y libertades individuales, y -quizás lo más urgente en el actual contexto- el respeto por el equilibrio de poderes. Este llamado judicial no es retórico, toda vez que constituye un recordatorio solemne de que las instituciones son el último dique de contención contra la polarización que amenaza con desbordarse. En esencia, las cortes plantean que la fortaleza democrática se mide precisamente en la capacidad de convivir con quienes piensan distinto, sin que esas diferencias deriven en la erosión del sistema político que nos cobija a todos.

Por el lado de la derecha le contestan al presidente tildándolo de enfermo y drogadicto por sus intempestivas, continuas y prolongadas pérdidas de escena. Por los lados del centro político siguen sin rumbo, sin agenda, sin propuestas y sin una interpretación de la realidad nacional.

Como si fuera poco, por el lado de la fiscalía está la peor parte, porque no le ayuda para nada la hipótesis inicial que acaba de proferir la señora fiscal basada en que este grave atentado es producto del crimen para “desestabilizar el gobierno”, la señora fiscal debe aplicar celeridad en este caso y desmarcarse de la idea generalizada ante la opinión pública que ella está al servicio de los intereses del gobierno quien la ternó, sumado a los nubarrones judiciales que la ensombrecen con el caso de Odebrecht en Guatemala, de lo contrario, flaco favor le hace al país y al presidente con esta teoría baladí.

El presidente Petro enfrenta una disyuntiva que debe resolver urgentemente: optar por la moderación mediante un acuerdo político que garantice seguridad para los candidatos y estabilidad institucional -aunque esto contradiga su talante – o persistir en su línea confrontacional impulsando la consulta popular por «decretazo», medida considerada ilegal e inconstitucional por amplios sectores, que alzaría las banderas Bolivarianas de «guerra a muerte» y profundizaría la fractura social. En este momento crítico, donde la democracia exige serenidad y apego a las reglas, el camino del diálogo y el consenso aparece como la única vía para evitar un choque frontal con todas las instituciones del Estado -Congreso, Cortes y organismos de control- que, de materializarse, podría desencadenar una crisis institucional sin precedentes y sumir al país en una espiral de violencia política difícil de contener.

Más allá de la tragedia personal, el país enfrenta el reflejo de un clima político donde la diferencia ideológica se ha deformado hasta el punto en que se expresa con violencia, y no con debate democrático. La pregunta urgente es si sobrevivirá la institucionalidad colombiana en las próximas 72 horas, pues insistir en la cuestionada consulta popular por decretazo sería cavar la tumba institucional. Urge un acuerdo mínimo que incluya el desmonte de la consulta, impartir justicia expedita y garantizar seguridad electoral. Si los señores de la política eligen la confrontación, resucitarán los peores demonios de nuestra historia, este es el momento definitivo que exige grandeza para dejar atrás los discursos de odio y priorizar la estabilidad democrática.

Luis Fernando Ulloa

Retención a la formalidad

Escrito por Simón Gaviria en Jun 10, 2025. Publicado en Opinión.

Una vez más, el Gobierno Petro elige la vía del decreto para cambiar las reglas de juego, esta vez aumentando la retención en la fuente con el Decreto 0572 de 2025. Este cambio, que podría parecer técnico, tiene un impacto de reducir la liquidez financiera, castigar la formalidad y desincentivar la inversión. Preocupa especialmente que se fijen umbrales de retención confiscatorios que signifiquen rentas efectivas de más del 100% de utilidades. Golpea especialmente fuerte la construcción de vivienda, la agricultura y la comercialización de oro. La Corte Constitucional debería declarar su inexequiblidad más temprano que tarde, antes de que empiece a hacer daño.

La retención en la fuente no es un impuesto nuevo, pero sí un mecanismo de recaudo anticipado. Cuando el Estado decide elevar la retención, está forzando a las empresas a prestarle dinero sin intereses. Las empresas pagan por adelantado, sin saber cuánto tendrán que tributar. Este es un crédito forzoso cuando se trata de calibrar por debajo de la utilidad esperada. Cuando se fija un umbral que supera la utilidad del sector, se vuelve inviable la actividad empresarial.

Según datos de la DIAN, en 2024 la retención en la fuente representó cerca del 30% del recaudo del impuesto de renta de personas jurídicas. Lo que no se dice es que ese recaudo anticipado generó saldos a favor por más de $12 billones: recursos que podrían haberse invertido en nómina, tecnología, o expansión. El Estado se los debe a las empresas, pero puede tardar más de 6 meses en devolverles ese dinero. Ahora, en 2025, el propósito del incremento radical es financiar billones en burocracia innecesaria.

El PIB apenas creció 1,7% en 2024, su quinto peor crecimiento en el siglo XXI. La esperanza de lograr un 2,5% en 2025 depende en parte de recuperar la inversión que colapsó el año pasado a 17,1% del PIB. El consumo está frenado, a mayo de 2025 la inversión extranjera cayó 28,8% anual y la confianza empresarial sigue en mínimos. En ese contexto, se resta liquidez cuando más se necesita, especialmente para las PYMES, que no tienen acceso fácil a financiamiento bancario.

Además, esta decisión contradice el discurso del Gobierno sobre justicia tributaria. No se está cobrando más a los evasores, ni a las multinacionales elusoras, ni se está fortaleciendo la fiscalización. Se está extrayendo más de quienes ya tributan, los que están en el radar de la DIAN. Se castiga al formal mientras el informal sigue fuera del sistema.

Según Fedesarrollo, por cada punto porcentual de aumento en la retención, el efecto sobre el recaudo neto es apenas del 0,2% del PIB, mientras que el costo en términos de liquidez empresarial es de 0,5% del PIB. Es decir, el daño es mayor que el beneficio. Y todo esto se hace sin debate público, sin pasar por el Congreso, sin una evaluación ex ante del impacto económico. Colombia no necesita más improvisación fiscal. Elevar la retención en la fuente no es una reforma estructural, es una señal equivocada. Solo nos queda confiar en la sabiduría de las Altas Cortes.

PS Podría hacer una columna entera sobre mi amigo Miguel, me duele mucho lo que está pasando, necesitamos que la fiscalía cierre el capítulo de violencia al que muchos tememos podamos volver: Cero impunidades. Ahora tenemos que estar más unidos que nunca.

Simón Gaviria Muñoz

El narcicismo presidencial, que lo convierte en víctima

Escrito por Jefferson Mena en Jun 10, 2025. Publicado en Opinión.

Quiero pensar que no hay colombiano que no esté orando para que el Dios de los cielos le salve la vida al Candidato presidencial Miguel Uribe Turbay; y la razón para hacerlo es una sencilla: Miguel Uribe es una buena persona. la cual, a pesar de las circunstancias que le tocó vivir, supo crecer sin rencor y sin ánimo de revancha; como el mismo dice, él perdonó pero no olvidó.

Las balas disparadas por el sicario no solamente afectaron al candidato, también afectaron a la democracia. Sí; el atentado a Miguel es un atentado a la razón misma de ser una república, una república que a pesar del tiempo no ha aprendido a vivir en paz, un país que sigue justificando la violencia, que sigue matando a sus congéneres sin ninguna razón valedera.

Pero como si esto no fuera demasiado, hoy el presidente de la república, en su delirio poético, que pocos entienden y que según él, logra hacer alarde de su brillante inteligencia, yo pienso todo lo contrario. y en su enamoramiento de su propio reflejo, salió a decir que este atentado tenía como objetivo dañar la imagen del Gobierno; es decir para el presidente Petro la víctima es él.

Producto de todo lo anterior, se levantan voces pidiendo que es necesario bajarle el tono a la discusión y a las ofensas. Con lo segundo estoy de acuerdo, con lo primero, no. La política se trata de confrontar ideas, debatirlas con pasión, desde luego pasión sana, alejada de la violencia; y esas discusiones generan tensiones y estas llevan a la polarización, pero este resultado final es fruto de la discusión y la discusión hace parte del ser de la política, así que no hay que tenerle miedo.

Pero lo que no puede pasar es que esa polarización sea utilizada, para señalar, para insultar gravemente, sea utilizada para promover violencia, como ya nos ha acostumbrado el flamante jefe de Estado que tenemos.

Estoy de acuerdo con aquellos que creen que el principal responsable político de lo que le sucedió a Miguel Uribe es el presidente; él nunca practicó ser el árbitro del terreno, nunca asumió que como jefe de Estado, tenía el deber de retirarse de cualquier discusión que tomara el camino equivocado de la violencia.

No. él tiene que ganar siempre, y para eso utiliza la elocuencia incomprendida para muchos – entre ellos yo- que conduzca a la gente a decir que es muy inteligente, porque si hay algo que definitivamente le rebosa al presidente es su ego. Este lo lleva a creer que en la discusión todo es permitido; hasta los insultos, los señalamientos, incluso la incitación al linchamiento como lo dio a entender en Barranquilla.

El resultado de su ejercicio es un hombre de 39 años con una bala en su cabeza; y no contento con eso, en la noche en la que decidió referirse al tema, volvía a utilizar el mismo método, el insulto rastrero, llamando truhanes y rata de alcantarilla a aquellos que no piensan ni actúan como él.

Con el atentado a Miguel Uribe Turbay, perdemos todos: ese atentado nos muestra lo enferma que está nuestra sociedad, pero también nos enseña, por vía del sicario, la poca esperanza que nos queda.

P.D: Estoy de acuerdo con todas las manifestaciones de solidaridad que se han mostrado; lo enferma de esta sociedad nos lleva a prejuzgar las intenciones de mostrar solidaridad y misericordia. Para muchos esto muestra oportunismo; ¿quién es quién para determinar las verdaderas intenciones que tienen aquellos que deciden suspender todo en su normalidad, para acercarse y preguntar cómo está Miguel. – incluso aquellos que no estaban de acuerdo con él -, y de paso manifestar su indignación por lo sucedido?

Jefferson Mena Sanchez

¿Y si bajamos el tono?

Escrito por Iván Santisteban | Opinión en Jun 9, 2025. Publicado en Opinión.

Estaba pensando en escribir sobre la importación de energía, pero llama aún más la atención lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país y lo sucedido con el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

Es cierto que una campaña política, la que sea y lo hemos visto, trata de debatir diferencias, propuestas y búsqueda de como hacer quedar a su contrincante sin palabras para luego declarase victorioso, buscando la credibilidad de la ciudadanía para tal fin.

En cierta ocasión le preguntaba al hoy alcalde de la capital Bogotana, Carlos Fernando Galán ¿Cómo hacer para que la polarización y el odio no acreciente en campañas electorales? Su respuesta más que lógica, fue contundente, “Es muy complejo ya que una alimenta la otra”.

Y desafortunadamente es lo que hemos visto en los precandidatos, Vicky Dávila su foco siempre será buscar donde, cuando y como esté el presidente para buscar el ataque… Gustavo Petro quien le ha dado todo el interés y ha buscado su escalada, le responde; pero más allá, las propuestas no se ven.

Claudia López, tiene que buscar en la centro derecha lo que perdió en la izquierda porque no es creíble, su tono ya no es de apoyo al presidente como en el año 2022, sino un tono de fracaso presidencial para la izquierda colombiana.

Paloma Valencia, aunque estudiosa, no puede quedarse atrás, el nivel debe subir y con la búsqueda de la seguridad sabe dónde darle duro al presidente; Maria Fernanda Cabal, es otra senadora que por su talante y papel político la ha llevado a confrontar de manera contundente buscando la herida.

Por otro lado tenemos un presidente que se le ha derrumbado el gobierno, que aunque no es un buen administrador sabe de política y entiende que su legado radica en la presión social, las reformas y en la búsqueda de un sustituto para que sus banderas tengan continuidad, llevándolo a retar a las instituciones, al congreso y sabiendo que es el todo o nada.

Lo que no entienden es que cuando sé es figura pública, se tiene una responsabilidad con la ciudadanía… con ella los intereses responden, así como lo hicieron con el Senador Miguel Uribe, así como lo pueden hacer con cualquier otro, porque el odio y la rabia se alimenta desde el discurso y es transmitido como orden hacia el pueblo.

Decirle a una persona que no piense diferente no tiene lógica, es más, desde la diferencia se construyen las propuestas más realistas porque se visualizan todos los frentes ocultos de sí mismo con el apoyo de otro pensar.

No quiero hablar del lenguaje específico que ha adoptado cada candidato, el tono hay que mesurarlo, no avivar el odio y la violencia… se trata de buscar consensos y de entender que un acuerdo o lenguaje mal interpretado puede ser la muerte de muchos en el territorio, en ese territorio para el que buscamos un beneficio con el líder que piensa construirlo y que debe ser diferente a la muerte.

Iván Santisteban

Una mochila llena de arena

Escrito por Almudena González Barreda en Jun 9, 2025. Publicado en Opinión.

Tengo a mis columnistas de cabecera, no los leo siempre, ni guardo sus escritos como un tesoro para ponerlos en mi pinwall, pero a veces los leo y me quedo pensando.

Este fin de semana el que me ha dejado pensando es de Ana Iris Simón, periodista y escritora de Feria (Ed. Círculo de Tiza) donde refleja la pobreza de la vida moderna y hace una oda a una España que ya ni existe ni volverá, en El País. Su artículo más reciente es La libertad no cabe en una mochila, y como diría mi padre; “tiene toda la razón en parte” si no llega a ser porque en él achaca al capitalismo la falta de tener hijos, la idea superficial de que la libertad está en elegir el placer por encima de la felicidad. Y claro, yo discrepo.

No son los sistemas económicos los que nos hacen elegir como vivir la libertad personal o donde poner nuestras esperanzas. Tampoco esas decisiones dependen del sistema de gestión política del momento. Tener más o menos hijos, vivir de un modo o de otro nuestras vidas, querer vivir y mostrar un aspecto determinado de ellas no lo marca el contexto político-económico, sino el contexto social y moral en el que uno se mueve, pero sobre todo el moral.

Cuando uno se mueve fiel a la moral que vive, esa que abraza al otro y es abierta a la vida esa que tiene al otro como centro de la propia existencia, por ejemplo, entonces ni capitalismos, ni socialismos, ni comunismos, ni feminismos, ni ideologías de moda.

Pero cuando se deja arrastrar y es permeable a cualquier corriente entonces será presa de lo que diga la mayoría y será como esas veletas decorativas que dirigen la mirada del espectador hacia la dirección que marca el viento del momento; de modo que, si toca viajar, viajará; si toca decir que los hijos son una lacra que impiden desarrollar la carrera, lo dirá; si hay que ir de pareja en pareja, irá…

Es el centro moral, la armadura del alma humana, el que ha de guiar las decisiones que afectan a la libertad. Uno podrá decidir si invierte su dinero en una empresa socialmente responsable, si lo da a una ONG determinada, si prefiere nadar con delfines o invertir en una casa en la playa y todo eso le dará un mayor o menor placer que podrá confundir con felicidad, aunque será pasajera. Pero el hecho de que cada vez haya más hombres y mujeres que no quieren tener hijos se debe fundamentalmente al endurecimiento del corazón humano. Yo lo llamo egoísmo, falta de perspectiva y apertura a la grandeza, aunque también pudiera llamarse apego seguro al bien material, al confort del placer primermundista, placer que no es nada desdeñable y ojalá lo tuvieran todos en el mundo.

Claro que lo social, lo político y lo económico inciden sobre determinadas elecciones, pero no hay que engañarse, toda decisión humana que implique cooperar en la creación reside en el corazón del hombre, y los hijos, el cuidado de los padres, el deber con los demás… están anclados ahí, y no, el sistema capitalista no te mueve a obrar de un modo u otro, lo que nos mueve es tener un buen armamento de valores, sólidos e inamovibles, que te hagan a su vez de guía en cada decisión de vida. Con esa perspectiva de la procreación en sistemas económicos podríamos decir que los sistemas comunistas tienen muchos hijos… y la ratio por hijo en China ( 1 hijo), en Rusia(1,5)… no dista tanto de países capitalistas como España (1,19) o Estados Unidos (1,62).

Es más, el placer de vivir, el sentir que la felicidad y la libertad caben en una mochila es más propio de una generación sin anclajes de que cualquier sistema económico actual. El tamaño y la sed de libertad caben en una mochila cuando el corazón y el alma humanas están llenas de arena. Cuando uno lo llena de valores arraigados, lo que llena de arena es la mochila con la que recorre el mundo.

Almudena González

Tres posibilidades y un hecho

Escrito por Juan Camilo Clavijo en Jun 9, 2025. Publicado en Opinión.

La noticia del atentado al precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay este sábado, cuando salía de una reunión política en Bogotá, estremeció al país sudamericano y le hizo recordar sus peores épocas de la violencia en las décadas de 1980 y 1990. (BBC, 8 de junio de 2025)

Aunque me hubiera encantado seguir escribiendo sobre sostenibilidad —centrándome en los retos de la economía verde, ESG, finanzas de impacto, entre otros—, me resulta imposible concentrarme en esos temas tras conocer las terribles noticias del atentado contra Miguel Uribe, precandidato presidencial de Colombia, ocurrido el sábado pasado. Al momento de escribir este artículo, el hospital que lo atiende ha confirmado que su estado es de máxima gravedad.

Hoy predominan la confusión y las especulaciones, alimentadas por mensajes, videos y fotografías que circulan en redes sociales. Sin embargo, lo primero y más urgente es rodear al señor Uribe y a su familia con solidaridad y esperanza, y desear profundamente su recuperación. La reacción inicial debe ser, sin duda, profundamente empática.

No obstante, esa empatía no debe impedir un análisis sereno de lo ocurrido. El humanismo que muchos expresan —producto del impacto de la noticia y del estupor que naturalmente genera— no puede reemplazar el examen riguroso de los hechos y de sus posibles repercusiones, no solo en el proceso electoral, sino también en lo que queda de la administración Petro. Empatía y análisis no se excluyen.

Lo primero que debemos entender —nos guste o no— es que, aunque no sea lo ideal ni una reacción deseable frente a una tragedia como esta, el atentado será instrumentalizado políticamente por algunos (o incluso todos) los partidos y actores políticos del país. Los fines de esa instrumentalización serán múltiples: influir en las elecciones, posicionar a un candidato, desprestigiar a un adversario, ralentizar aún más los trámites en el Congreso o ganar simpatías dentro de sus propias colectividades. Por eso, debemos —y ya deberíamos haberlo aprendido— estar preparados para este tipo de reacciones.

Lo segundo: este atentado no beneficia al actual gobierno. El contexto de esta administración en materia de seguridad es, en el mejor de los casos, muy desfavorable. La política de “paz total” ha fracasado estrepitosamente: falta de coordinación entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas, incremento de la violencia en regiones estratégicas, y expansión de grupos armados durante los ceses al fuego. A esto se suma la ausencia de una estrategia clara y realista para negociar con múltiples actores criminales, lo cual ha erosionado gravemente la credibilidad del Gobierno y sus resultados.

Por lo tanto, sería insensato pensar que el Gobierno podría haber buscado —o siquiera contemplado— una acción tan demencial como esta. No hay razón para sumarle más desprestigio a su ya cuestionada política de seguridad con un atentado contra un precandidato presidencial. Sería, criminal y absurdo. Al contrario, el Gobierno debe hacer todo lo posible para evitar quedar en la historia como aquel que permitió el regreso de los atentados políticos al más puro estilo de las décadas de los 80 y 90.

En tercer lugar, es previsible que la oposición salga fortalecida —e incluso, con algo de fortuna política, unificada— tras este atentado. Siguiendo la lógica de la instrumentalización, es probable que este hecho sirva como catalizador para reagrupar a las fuerzas opositoras. Los miembros de esas colectividades, y quienes comparten sus ideas, serán probablemente más contundentes, críticos y vocales en sus señalamientos contra el Gobierno.

Las tres ideas anteriores son escenarios posibles. Pero en cuarto lugar hay una realidad innegable que vivimos a diario: el discurso incendiario del presidente Gustavo Petro contribuye a crear un ambiente donde atentados como el ocurrido pueden volverse más probables. Aunque es evidente que ese discurso —cargado de división, antagonismo y confrontación— favorece políticamente al propio Petro, él y su equipo deben ser plenamente conscientes de que, en un país plagado de intereses oscuros e ilegales —narcotráfico, bandas criminales, disidencias armadas, corrupción— no es admisible lanzar ciertos mensajes.

Con tantas armas en circulación, como ocurre en Colombia, el jefe de Estado no puede permitirse agitar aún más los ánimos con afirmaciones como estas:

Contra las élites y el poder económico:

“La oligarquía colombiana es asesina, es mafiosa y se alimenta de la sangre del pueblo.”

(Discurso en campaña, 2022)

“Ellos, los ricos, han vivido del robo del Estado toda la vida. Ahora chillan porque llegó el pueblo al poder.”

(X, 2023)

“¿Quiénes han sido los verdaderos criminales de este país? ¡Los banqueros, los paramilitares de corbata!”

(Universidad del Valle, 2019)

Contra los medios de comunicación:

“Semana, Caracol, RCN… son el cartel mediático del odio. No informan, manipulan.”

(X, diciembre 2023)

“Los grandes medios quieren volver al uribismo porque es un régimen donde pueden vivir de la corrupción.”

(X, septiembre 2023)

Contra la fuerza pública y sus líderes:

“Hay generales que no quieren la paz porque perderían los negocios de la guerra.”

(Discurso en Cauca, 2023)

“Los altos mandos no sirven al pueblo, sirven a los terratenientes y a la mafia.”

(Entrevista en campaña, 2022)

Contra instituciones del Estado:

“La Fiscalía es un nido de ratas al servicio de los corruptos.”

(X, enero 2024)

“El Congreso se ha convertido en un burdel de intereses privados disfrazado de democracia.”

(Discurso en Plaza Bolívar, 2023)

Contra opositores y ciudadanos que no lo apoyan:

“Los que marchan contra el Gobierno son los idiotas útiles del poder mafioso.”

(X, noviembre 2023)

“No hay peor enemigo del pueblo que el propio pueblo cuando se arrodilla ante sus verdugos.”

(X, abril 2024)

La actual administración, hasta donde se sabe, no tiene relación alguna con el atentado —y es fundamental que así sea. Sin embargo, sí es urgente que revise su estrategia política y, en particular, el nivel de confrontación que ha adoptado en su discurso. No se puede deslegitimar a quienes disienten llamándolos “paramilitares” o “idiotas útiles”. No se puede gobernar desde la estigmatización constante del oponente.

Lamentablemente, Gustavo Petro, su partido y muchos de sus seguidores han caído en la misma lógica de polarización que criticaron durante años: la que durante más de dos décadas ha caracterizado al uribismo. En ese sentido, ambas facciones políticas —aunque en orillas ideológicas distintas— se parecen cada día más. Y Colombia sigue atrapada en ese círculo vicioso.

Juan Camilo Clavijo

Nueva investigación al gobernador de Antioquia por detrimento de 26 mil millones de pesos

Escrito por Alejandro Toro en Jun 8, 2025. Publicado en Opinión.

Mientras el gobernador Andrés Julián Rendón repite en medios y tarimas que su prioridad es la austeridad, que llegó a «poner la casa en orden» y que los antioqueños deben aguantarse recortes sociales en nombre del buen uso de los recursos, lo cierto es que su historial como administrador público demuestra lo contrario: un legado de contratos cuestionables, obras inconclusas, sobrecostos injustificados y una larga fila de investigaciones abiertas por los organismos de control. Hoy, como Representante a la Cámara por Antioquia y como voz crítica frente a este gobierno departamental, es mi deber denunciar con claridad que el supuesto «gerente eficiente» que hoy ocupa la Gobernación, tiene más explicaciones pendientes con la justicia que resultados efectivos para mostrar.

Empecemos por el caso más reciente: la ciclorruta del Oriente. Una obra anunciada con bombos y platillos en 2017, pero que para 2022 —cinco años después— apenas tenía un 37,2 % de avance. Hoy está completamente abandonada. ¿La consecuencia? Un proceso de responsabilidad fiscal abierto por la Contraloría General de la República bajo el número 145-22 por un posible detrimento patrimonial de más de 26.000 millones de pesos, en el que Andrés Julián Rendón fue vinculado en calidad de exalcalde de Rionegro. ¿Austeridad? ¿Eficiencia? ¿Gestión? Lo que hay es abandono, despilfarro e ineficiencia.

Pero la ciclorruta es solo una muestra del desastre. Durante su alcaldía también promovió la implementación de los famosos CAI Inteligentes. En papel, la idea era innovadora: dotar a Rionegro con centros de monitoreo policial con tecnología de punta. En la práctica, fue un despilfarro que superó los 13.000 millones de pesos, con CAI que nunca contaron con el aval de la Policía Nacional, sin personal, sin conexión operativa y que hoy son estructuras inservibles. La Contraloría y la Procuraduría han abierto investigaciones por posibles irregularidades en la planeación, contratación y ejecución de ese contrato. Lo que Rendón vendió como seguridad, terminó siendo cemento sin utilidad.

Y no para ahí. Una de las joyas de su cuestionada gestión en Rionegro fue la creación de la empresa SOMOS y el subsecuente sistema SITIRIO, el cual fue presentado como la solución definitiva para articular el sistema de transporte del Oriente antioqueño. Sin embargo, ocho años después y tras inversiones que superan los 36.000 millones de pesos, la empresa no ha cumplido con la construcción del supuesto tren ligero de Rionegro para el cual Andrés Julián viajó hasta Brasil para traerlo al municipio ni ha logrado poner en marcha un sistema integrado de transporte funcional.

Como si fuera poco, también se han presentado cuestionamientos sobre el manejo de contratos de infraestructura en su paso por la Alcaldía de Rionegro. Proyectos de adecuación vial y obras complementarias muestran inconsistencias en los pliegos, sobrecostos de hasta el 30 %, y fragmentación contractual para evadir licitaciones públicas. Y mientras esto ocurría, Rendón vendía la imagen de un alcalde “técnico”, mientras tejía redes de contratación que hoy están bajo revisión de los entes de control.

Entonces, ¿cómo es posible que este personaje tenga hoy el control del segundo departamento más importante del país? ¿Cómo puede hablar de recortes a la inversión social con una mano, mientras con la otra aparece involucrado en escándalos por millonarios detrimentos al erario?

La ciudadanía debe saber quién es realmente Andrés Julián Rendón: no un gerente austero, sino un administrador cuestionado, señalado por negligencia e investigado por posibles actos de corrupción. Su imagen de eficiencia se desmorona frente a los hechos, y Antioquia no puede seguir pagando los platos rotos de su pésima gestión.

Alejandro Toro

Miedo a la democracia

Escrito por Clara López Obregón en Jun 8, 2025. Publicado en Opinión.

La reciente resistencia del empresariado colombiano a las reformas laborales propuestas por el Gobierno y su abierta celebración del hundimiento de la consulta popular en el Senado ponen en evidencia una interpretación preocupante del papel de los poderes establecidos en una democracia: una visión importada, elitista y ajena al contexto histórico y social del país.

Durante décadas, sectores económicos influyentes han adoptado sin matices la doctrina estadounidense del control contra mayoritario: esa idea, madisoniana en su origen, según la cual los jueces deben poner freno a las mayorías cuando estas amenazan el orden económico o los derechos individuales —entendidos casi exclusivamente como derechos de propiedad. En Estados Unidos, esta doctrina ha sido utilizada para blindar el capital frente al pueblo: contra sindicatos, contra regulaciones ambientales, contra leyes redistributivas.

Lo preocupante es que esta lógica, en un país como Colombia, se asume acríticamente por sectores empresariales que ignoran, o desprecian, la jurisprudencia de su propia Corte Constitucional. Esta ha desarrollado una interpretación distinta, más profunda y legítima del contenido de la Constitución: no como un muro de contención ante el cambio, sino como una herramienta para hacer posible una transformación pacífica de una sociedad profundamente desigual.

Desde las sentencia sobre la crisis humanitaria del desplazamiento forzado, hasta fallos que protegen a mujeres, pueblos indígenas, comunidades LGBTIQ+, o recicladores urbanos, la Corte ha puesto el acento no en el privilegio económico, sino en la protección de derechos fundamentales de quienes históricamente han estado al margen del contrato social.

Esa doctrina —acogida por académicos como Rodrigo Uprimny, Mauricio García Villegas y Manuel José Cepeda— sostiene que en Colombia el verdadero riesgo no es la dictadura de las mayorías, sino la persistencia de un orden oligárquico que impide el acceso equitativo a los derechos. En ese contexto, el juez constitucional y, desde luego el legislativo, deben ser actores comprometidos con la transformación y no garantes del statu quo.

Lamentablemente, buena parte del empresariado colombiano parece mirar hacia Washington y no hacia Bogotá, cuando se trata de definir su relación con la justicia y la democracia. En lugar de asumir el reto histórico de liderar una transición justa, prefieren invocar —selectivamente— el respeto al orden constitucional, siempre que ese orden sirva para impedir reformas sociales. De igual forma, los senadores pertenecientes a los partidos tradicionales que defienden los intereses de las élites y que conforman hoy la mayoría en el Congreso , no han tomado nota de que su rol no es conservar privilegios sino garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales, especialmente de quienes han sido históricamente excluidos.

Las democracias no se consolidan desde el miedo al cambio, sino desde la capacidad de dirigirlo. El empresariado tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de salir de esa zona de confort ideológico, vencer el miedo a la democracia y asumir su papel en la transformación que Colombia necesita. Porque si algo ha demostrado la historia reciente, es que sin equidad no hay estabilidad y sin transformación no hay paz duradera.

Clara López Obregón

La virulenta criatura

Escrito por Jaime Arango en Jun 8, 2025. Publicado en Opinión.

Va por ahí masticando el presente y escupiendo trozos del futuro. Dicen que en sillas de avión y paredes de oscuros hoteles va dejando un rastro excremental, una escatología mítica asociada a su personalidad desde siempre.

Va predicando su evangelio de venganzas, predicando que es mejor humillar que triunfar, que la ofensa es una forma de la victoria, atrapado en un insaciable apetito de deshonra. Siempre moviéndose, incansable porque como escribió Emil Cioran, “la dinámica es el privilegio de la hez”, o porque lo impulsa una fuerza impersonal y caótica. Ahora ha decido que existe una oposición entre derecho y mayoría, que él puede representar la ley pero sin legislación, que como lo expresó Carl Schmitt, “ el legislador está fuera del estado pero dentro del derecho; el dictador está fuera del derecho pero dentro del estado”.

La criatura intuye acertadamente que la división de poderes no es lo mismo que el balance de poderes y recurre a la división por la volonte genérale que dice representar. No hay un contrato general llamado constitución, sino un contrato entre él y el “pueblo”, un acuerdo exclusivo, por eso es él, exclusivamente, el que consulta al pueblo.

La Criatura no ha decretado una consulta popular, eso le parece banal, ha decretado su soberanía y con ello el cese indefinido de funciones de la magistratura. No obedece ya más a una ley o norma concreta sino a reglas generales y abstractas. La Criatura es por lo tanto ajurídica y como él y el “pueblo” tienen un contrato particular, que lo hace titular del poder constituyente, entonces está facultado para dar todas las constituciones que considere convenientes.

Esta faceta absolutista no es una forma de pensamiento de la Criatura, sino parte integral de su personalidad y es la razón por la cual, según dicen, en la banda criminal donde se formó era despreciado y marginado. Lo suyo es el procedimiento sumario.

Hace tiempo que las elites traicionaron la democracia y estamos todos fuera de la ley. La Criatura solo ha puesto esto en evidencia. La Carta Magna, es ya tan solo un cartita sin destinatario que no representa un contrato social real, un relato que ya no es compartido. Estamos en un escenario distópico en el que han desaparecido la protección jurídica, la regulación y la delimitación de competencias. Estamos frente un dilema claro, o bien el dictador está fuera de la ley y por lo tanto tiene que ser juzgado, o bien los ciudadanos estamos fuera de la ley y es necesaria la dictadura.

La virulenta criatura surgió precisamente en el pantano del pacto fracasado del 91 para convertirse en una especie Comisario Regio en el final de un experimento democrático que será el reino de la Criatura, o alguna nueva forma de autoritarismo. Ya no estamos más en un sociedad abierta.

Como dice Nick Land en The Dark Enlightenment, “tan pronto como los políticos aprenden a comprar apoyo político con el erario público y condicionan a los electorados a aceptar el saqueo y el soborno, el proceso democrático se reduce a la formación de coaliciones distributivas, mayorías electorales unidas por el interés común en un patrón colectivamente ventajoso de robo”. Es el final de la política y la atmosfera necesaria para la supervivencia de la Criatura.

Jaime Arango

Del derecho a decidir a la necesidad de organización

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Jun 8, 2025. Publicado en Opinión.

La propuesta de convocar una consulta popular sobre las reformas laboral y de salud ha puesto en evidencia la profunda disputa entre una democracia limitada al juego parlamentario y una democracia que aspira a ser verdaderamente participativa. Aunque la consulta es un mecanismo constitucional legítimo y democrático, su sola mención ha desatado una intensa reacción de rechazo por parte de sectores políticos conservadores, gremios económicos y grandes medios de comunicación que —más allá de los argumentos técnicos— temen que el pueblo se exprese directamente sobre los cambios que el país necesita.

Defender el derecho a la consulta es defender la soberanía popular, y oponerse a ella de manera sistemática revela no solo una resistencia a las reformas, sino una desconfianza estructural frente al juicio ciudadano. Sin embargo, también es necesario reconocer con madurez política que no basta con invocar este derecho o convocarla por decreto lesionando el contrato social de 1991. Las condiciones para una consulta victoriosa no están garantizadas sin un proceso previo de fortalecimiento social, pedagógico y político.

Por ello, si bien es justo defender la consulta como principio, también debe considerarse, si las condiciones no son favorables, la posibilidad de renunciar a su realización en este momento, no como un acto de debilidad, sino como una apuesta estratégica. Una retirada táctica y el reconocimiento de la fractura institucional existente generada por la oposición, que puede profundizarse al convocar la consulta por decreto, puede ser el primer paso de una victoria mayor, que debe incluir la obligación de reorganizar las fuerzas progresistas, fortalecer la base social, formar nuevos liderazgos y preparar con determinación el camino hacia 2026.

El objetivo estratégico debe estar claro. Construir un Frente Amplio capaz de conquistar las mayorías en el Congreso, de incidir en las altas cortes, de renovar los gobiernos locales y asegurar la continuidad del proyecto transformador. No basta con las mayorías simples que llevaron a la Presidencia al actual gobierno; hay que ganar otros sectores sociales, construir alianzas amplias, tejer un Acuerdo Nacional que haga posible la realización del Estado Social de Derecho y que enfrente, con legitimidad democrática, la pobreza, la corrupción, las violencias, las economías ilegales, la desigualdad y la exclusión.

En este camino, la organización social es insustituible. Debemos recomponer el tejido social que se ha debilitado, reanimar los espacios de base, volver a los territorios, formar políticamente a nuevas generaciones, y construir desde abajo la fuerza ciudadana que garantice que las reformas no dependan solo de decretos o voluntades individuales, sino de una sociedad movilizada, consciente y participativa.

En ese escenario, los sectores económicos y políticos de oposición que aún conservan su talante democrático, están obligados a reconocer que las reivindicaciones laborales incluidas en la reforma son más que justas. El derecho a la estabilidad, a la seguridad social, al trabajo digno y a jornadas decentes no puede seguir siendo visto como una amenaza para el desarrollo. Si realmente les interesa el empleo, deben comprometerse también con el apoyo decidido a las pequeñas y medianas empresas, que son quienes más generan trabajo en Colombia evitando la precarización.

En este marco, la paz como camino y como meta debe ocupar el centro de toda propuesta de cambio. Sin justicia social no habrá reconciliación verdadera. La paz exige transformar las condiciones estructurales que han alimentado el conflicto, como la exclusión económica, la precariedad laboral, la inequidad territorial y la falta de voz de millones de personas en las decisiones públicas.

La consulta, entonces, debe ser entendida como parte de una estrategia mayor, no como un fin en sí mismo. Si es viable, debe ser defendida con fuerza democrática y convicción ética. Pero si no hay condiciones políticas y sociales para asegurar su victoria, debe considerarse con responsabilidad renunciar a ella, en favor de un proceso de reconstrucción de alianzas y de fortalecimiento del bloque social y político del cambio.

El 2026 debe encontrarnos más fuertes, más organizados y con un proyecto claro que convoque a las mayorías por una Colombia democrática, justa, sostenible y en paz. Porque las transformaciones profundas no son producto del atajo ni del impulso inmediato, son el resultado de la claridad estratégica, la voluntad colectiva y la paciencia histórica de quienes luchan por una vida digna para todas y todos.

Luis Emil Sanabria D.