Hace unos días, Bogotá volvió a vivir lo que más la paraliza: el caos en las calles por manifestaciones traumáticas y, en muchos casos, violentas que bloquearon el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Un nuevo bloqueo en la 26, en la 30, en el Portal Norte y en las Américas dejó a millones de personas caminando con maletas hacia sus destinos.

Vi ciudadanos desesperados por no perder su vuelo, madres con niños en brazos, trabajadores corriendo bajo la lluvia. Lo repito sin miedo: eso no fueron manifestaciones pacíficas, sino un constante castigo a los ciudadanos.

No me quiero quedar callado, a las y los moteros que bloquearon la semana pasada y a los capuchos que lo hacen cada tres días les digo: más de cuatro millones de personas dependen del SITP. Bloquearlo nunca es un acto democrático ni de justicia social, es un ataque directo a los derechos fundamentales de la mayoría de los ciudadanos.

Empatía no significa justificar el caos, significa evitarlo. Por eso el 28 de octubre radiqué con mi equipo, ante el Concejo de Bogotá, un Proyecto de Acuerdo para garantizar la prestación del servicio del SITP, cuando se presentan manifestaciones pacíficas o violentas y, así, garantizar los derechos fundamentales de millones de ciudadanos. Lo hicimos porque defender el servicio público de transporte masivo de la capital es defender a la mayoría.

Durante años, algunos han disfrazado la violencia de protesta. Pero cuando se rompe un bus, se incendia una estación o se bloquea una troncal, no se defiende un ideal: se violan los derechos fundamentales al trabajo, al estudio, a la salud y a la libre circulación.

El transporte público es un servicio esencial, así lo establece la ley. Y el Estado tiene la obligación de garantizar su debido funcionamiento, no de observar cómo lo destruyen y bloquean en nombre de falsas protestas.

Bogotá necesita orden y los hechos lo demuestran. Por ejemplo, la Secretaría Distrital de Gobierno estimó que 8 de cada 10 manifestaciones producen afectaciones a la movilidad por bloqueos de vías. También reportó 6.836 casos de manifestaciones públicas entre el 11 de marzo de 2021 y el 31 de mayo de 2025, de los cuales cerca del 80% generó algún tipo de afectación sobre las vías, ya fuera de forma intencionada o como un efecto secundario al desarrollo de la manifestación.

Según TransMilenio, entre enero de 2020 y junio de 2025, se identificaron 219 días afectados, con una pérdida estimada de 51,2 millones de validaciones y un ingreso no percibido de aproximadamente 105 mil millones de pesos, como consecuencia de las limitaciones en la prestación del servicio generadas por manifestaciones sociales. También la entidad advirtió que, al 7 de octubre, más de 14 millones de personas se han visto afectadas por estos hechos.
Y es que cuando se aplica el orden en la capital se nota. Durante el puente de Halloween, gracias al Decreto Distrital 528 de 2025 que adoptó restricciones transitorias a la circulación de motocicletas en la ciudad, se logró que las muertes por siniestros viales bajaran en un 75%, y los heridos disminuyeran en un 13%. Más de 3.500 uniformados y agentes civiles trabajaron día y noche para cuidar a la ciudadanía. Esa fue la prueba de que cuando la autoridad se ejerce con decisión, la ciudad gana.

Bogotá no puede seguir atrapada entre el miedo y el exceso de permisividad. Se convirtió en el escenario de un garantismo extremo que protege más a quien bloquea el sistema de transporte masivo que al ciudadano de a pie. El diálogo es esencial, pero también la defensa de los derechos fundamentales de más del 50% de la población de la ciudad.

Por eso, continuaré trabajando por blindar el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. No para silenciar las voces de quienes se movilizan, sino para lograr un verdadero equilibrio de derechos: el de manifestarse y el de moverse. Ambos valen, pero uno no puede destruir al otro.

Y si lo llevamos más lejos, ¿por qué no dejar que la gente decida? ¿Por qué no una consulta popular donde se les pregunte a los ciudadanos por el equilibrio que debe existir entre el derecho a manifestarse y los derechos de los usuarios del transporte público masivo? Tal vez llegó el momento de que Bogotá hable. Porque si queremos que la capital sea realmente una ciudad humana donde se pueda vivir feliz, el derecho a moverse también debe asegurarse.

Juan David Quintero