El Gobierno de Perú ha roto este lunes las relaciones diplomáticas con México tras haber «conocido con sorpresa» que la ex primera ministra Bettsy Chávez, señalada como coautora del intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo a finales de 2022, estaría siendo asilada en la Embajada de México en Lima.
«El Gobierno de Perú ha decidido romper relaciones diplomáticas con México, debido a las reiteradas ocasiones en las que el Gobierno mexicano intervino en asuntos internos de nuestra nación», reza un breve mensaje en la red social X de la Presidencia del país sudamericano.
En el mismo, el Ejecutivo de José Jerí ha respaldado las declaraciones, horas antes, de su titular de Exteriores, Hugo de Zela, que en una rueda de prensa convocada a propósito del anuncio ha afirmado haber «conocido con sorpresa y con profundo pesar» que Chávez, «presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la Embajada de México».
«Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país (por Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente) han intervenido en los asuntos internos de Perú, el Gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México», ha manifestado.
De este modo, el jefe de la diplomacia peruana ha acusado a las autoridades mexicanas de «construir una realidad paralela frente a los acontecimientos» de diciembre de 2022, cuando Castillo llevó a cabo el intento de autogolpe y el Congreso lo destituyó, y de difundir «una versión tendenciosa e ideologizada» de los hechos.
«Han tratado de convertir a los autores del intento de golpe de Estado en víctimas, cuando la realidad demuestra que lo que los peruanos vivimos y queremos (es) seguir viviendo en democracia, tal como lo reconocen todos los países del mundo con la única y solitaria excepción de México», ha argumentado.
Las intervenciones de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien se manifestó en agosto a favor del «injustamente encarcelado» exmandatario peruano, han constituido para De Zela «expresiones inaceptables y falsas en el sentido de que Pedro Castillo es un perseguido político». «Ahora pretende sostener que la cómplice de Pedro Castillo, Betssy Chávez, también es una perseguida política», ha lamentado.
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«Eso es falso, se trata de dos personas que están siendo objeto de un proceso judicial con todas las garantías y que no están siendo sujetas a persecución política», ha subrayado, al tiempo que ha lamentado «profundamente» que el Gobierno mexicano persista en lo que ha calificado de «equivocada e inaceptable posición».
Con todo, el ministro de Exteriores ha asegurado que «no existe» la posibilidad de intervenir en la Embajada mexicana en Lima, como hicieron las autoridades de Ecuador en abril de 2024, cuando policías y soldados irrumpieron en la legación de México en Quito para arrestar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. «Perú es un país respetuoso con el Derecho Internacional y una acción de ese tipo no está prevista en ninguna norma del Derecho Internacional», ha atajado.
De Zela ha apuntado que la información acerca del asilo de Chávez habría llegado al Ministerio de Exteriores apenas unas horas antes, aquejando que, a este respecto, Lima aún no ha recibido una comunicación formal por parte de México acerca del asilo de la ex primera ministra.
Paralelamente, ha querido destacar que el haber roto relaciones diplomáticas con México no significa que se haya hecho lo mismo en cuanto a «relaciones consulares». «Nuestros compatriotas en México continuarán bajo la protección de nuestros cónsules en ese país, así como los mexicanos que viven en Perú continuarán bajo la protección de las autoridades consulares mexicanas en nuestro país», ha explicado.
El anuncio ha llegado menos de dos meses después de que la Justicia peruana impusiera sobre Chávez la obligación de contar con una autorización judicial para poder ausentarse de Lima, decretando además la realización de un control biométrico cada siete días al considerar la existencia de un riesgo de fuga de la ex jefa de Gobierno, después de que el Tribunal Constitucional ordenara la semana anterior su liberación tras pasar varios días en huelga de hambre y al declarar fundado el recurso de agravio constitucional interpuesto por su defensa.
Hasta entonces, Chávez estuvo recluida en una prisión de la provincia de Lima después de que en junio de 2023 se le impusiera prisión preventiva en el marco de la investigación por presunto delito de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Castillo.
México califica de exagerada la decisión del Perú
El Ministerio de Exteriores mexicano ha «lamentado y rechazado» la ruptura anunciada por el Ejecutivo peruano en un comunicado en el que ha considerado que se trata de una medida «excesiva y desproporcionada» ante lo que ha defendido como un «acto legítimo y apegado al Derecho Internacional de nuestro país».
La cartera diplomática ha criticado asimismo que Lima responda con esta acción «unilateral» a la protección concedida a la ex primera ministra Chávez, una medida que ha asegurado «en modo alguno constituye una intervención en los asuntos internos de Perú».
«México reafirma, como ha sido reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas, que el otorgamiento de asilo no puede ser considerado un acto inamistoso por ningún otro Estado», ha agregado tras recordar que los dos países forman parte de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 e indicar que ésta considera que «el único facultado para calificar la naturaleza de la persecución en contra de solicitantes de asilo es el Estado asilante, México en este caso».
El Ministerio ha recordado además que la exdirigente peruana ha denunciado haber sido «objeto de reiteradas violaciones a sus Derechos Humanos como parte de una persecución política del Estado peruano desde el momento de su captura en 2023» y ha asegurado que le concedió el asilo después de llevar a cabo una «evaluación minuciosa» del caso.
